(El País, 14-11-2024) | Laboral
Las graves inundaciones provocadas por la DANA han obligado al Gobierno a priorizar las tareas de mitigación de sus efectos en Valencia, dejando en pausa varios temas relevantes, entre ellos, las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. Este aplazamiento se produjo justo antes de que la patronal comunicara oficialmente su decisión de no participar en un acuerdo para dicho recorte. Ante esta situación, el Ejecutivo retomará las conversaciones únicamente con los sindicatos CC OO y UGT para elaborar un texto que luego será llevado al Congreso. Según fuentes sindicales, aunque el trámite avance con rapidez, la ley no sería aprobada antes de la primavera.
La reunión tripartita prevista para el lunes 11 de noviembre, donde los empresarios iban a desvincularse formalmente de este pacto, fue cancelada por el Ministerio de Trabajo a causa de la DANA, y aún no hay fecha para retomarla. Una vez que se celebre, el Gobierno continuará adelante con el proyecto, negociando simultáneamente con los sindicatos y los grupos parlamentarios, ya que la ley requerirá una mayoría en el Congreso para su aprobación.
Las conversaciones con CC OO y UGT no presentan grandes dificultades, aunque los sindicatos insisten en que la norma debe entrar en vigor lo antes posible. "Si la patronal hubiera participado, habríamos contemplado una implementación más gradual, pero al estar fuera, esa opción desaparece", señalan fuentes sindicales, que, no obstante, aseguran que se evitarán complicaciones graves para las empresas. Aunque podría permitirse una ligera demora en su aplicación, no se aceptará que se espere a la finalización de los convenios colectivos actuales, como pedía la patronal. En caso de aprobarse bien avanzado 2025, la entrada en vigor sería inmediata o poco después, descartando una aplicación retroactiva desde enero.
Además de la reducción de la jornada laboral, los sindicatos buscan un cambio significativo en el sistema de registro horario. Aprovechando la ausencia de oposición empresarial, pretenden implantar un registro digital inviolable, accesible tanto para la Inspección de Trabajo como para los empleados. Proponen un sistema gratuito centralizado en el Ministerio de Trabajo, conectado con la Inspección y con requisitos técnicos uniformes para todas las empresas. "No se permitirá que las empresas ajusten manualmente los horarios de los empleados. Todo deberá estar predefinido y reglamentado", explican desde CC OO, destacando que los resultados deben ser fácilmente analizables, como ocurre con la factura electrónica conectada a Hacienda.
Otro punto clave es el endurecimiento de las sanciones por incumplimientos relacionados con el registro horario. Los sindicatos abogan por elevar las multas, que actualmente pueden llegar hasta los 7.500 euros, pero que en la práctica a menudo no superan los 750 euros. También plantean que las sanciones se apliquen de forma individual por cada trabajador afectado, en lugar de por empresa, especialmente en casos graves como la manipulación del registro o su inexistencia.
La cuestión pendiente es si se mantendrán las ayudas a las empresas para implementar la jornada reducida y los nuevos sistemas de registro. Durante las negociaciones tripartitas iniciadas en enero, el Ministerio de Trabajo propuso un paquete de bonificaciones para atraer a la patronal. Sin embargo, con su retirada, el Gobierno podría eliminar estas ayudas, aunque también podría reincorporarlas para asegurar apoyos parlamentarios, especialmente de partidos como Junts, que se muestra reticente a respaldar la medida. Desde los sindicatos confirman que no abordarán este tema en sus negociaciones con los grupos políticos, dejando la decisión en manos del Gobierno.