(El País, 28-11-2024) | Laboral
El Consejo de Ministros aprobará este jueves un conjunto de medidas destinadas a atender a los afectados por la DANA, que ha dejado más de 200 fallecidos en la provincia de Valencia. Entre estas iniciativas destacan varias de ámbito laboral, diseñadas para extender su aplicación más allá de esta emergencia. Entre ellas, se incluyen los denominados "permisos climáticos", una modificación en los permisos retribuidos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Con esta reforma, el Gobierno busca fortalecer el derecho de los empleados a ausentarse del trabajo durante catástrofes naturales. Además, se permitirá a los representantes de los trabajadores decidir la suspensión de la actividad en situaciones de alerta, y se exigirá que los convenios colectivos incluyan medidas específicas de prevención.
El texto que se aprobará introduce permisos de hasta cuatro días para aquellos trabajadores que no puedan desplazarse a su lugar de trabajo debido a estas circunstancias, con la posibilidad de prorrogar este período mientras persistan los impedimentos, según informó el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. En casos en que sea necesario un periodo más largo, las empresas podrán acogerse a ERTE por fuerza mayor, en los que habrá una corresponsabilidad con fondos públicos.
El desplazamiento de trabajadores durante la DANA, en momentos en que algunas zonas ya estaban inundadas, ha generado fuertes críticas. Muchas personas quedaron atrapadas en el temporal mientras iban o regresaban del trabajo, e incluso algunos se encontraban en sus puestos cuando se desató el desastre. Aunque la normativa actual ya protege el derecho de los empleados a no acudir al trabajo en circunstancias extremas, el Ministerio de Trabajo busca reforzar y concretar este derecho a través de un real decreto que modificará el Estatuto de los Trabajadores. La nueva norma entrará en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y deberá ser ratificada por el Congreso en un plazo de 30 días.
El marco legal vigente, que incluye la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 4/2023, establece protocolos para gestionar situaciones meteorológicas extremas y obliga a los empresarios a garantizar la seguridad de sus trabajadores. En contextos de peligro, como los provocados por la DANA, la jornada laboral puede ser modificada o suspendida para proteger a los empleados.
El Estatuto de los Trabajadores ya reconoce el derecho de ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor, como urgencias familiares o situaciones excepcionales. Algunos expertos interpretan que este artículo puede aplicarse también a catástrofes climáticas. La reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo busca consolidar esta interpretación, garantizando el derecho a ausentarse hasta cuatro días sin pérdida de salario en casos de catástrofes naturales.
La ministra Yolanda Díaz ha insistido en la necesidad de preservar la seguridad de los trabajadores y ha hecho un llamado a los empresarios para que prioricen la vida de sus empleados. "Nadie debe poner en riesgo su vida para trabajar", señaló, recordando que la Inspección de Trabajo está vigilando el cumplimiento de estas normas.
La reforma también introduce la obligación para las empresas de informar a los trabajadores sobre las medidas previstas ante alertas por catástrofes. Asimismo, los convenios colectivos deberán incluir protocolos específicos de prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos. En situaciones de riesgo grave e inminente, las empresas deberán interrumpir la actividad y mantenerla suspendida hasta que pase el peligro.
Otro aspecto novedoso de la reforma es que los representantes de los trabajadores, o en su defecto los delegados de prevención, podrán decidir paralizar la actividad laboral sin que ello conlleve perjuicio alguno para los empleados. El Ministerio de Trabajo asegura que las personas trabajadoras no podrán sufrir consecuencias negativas por la adopción de estas medidas. Por último, el Ejecutivo se compromete a desarrollar un reglamento en el plazo de un año para reforzar aún más la protección laboral frente a los efectos del cambio climático.