(Expansión, 18-11-2024) | Laboral
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Gobierno a agilizar la reforma del registro horario en las empresas para mejorar su funcionamiento, destacando que esta medida podría implementarse antes que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aunque ambas iniciativas se hayan debatido conjuntamente en la mesa de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales.
Álvarez también propondrá un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5% o 6% para 2025, lo que lo situaría cerca de los 1.200 euros brutos anuales en catorce pagas. En una entrevista con la agencia Efe, a pocos días del 44 Congreso Confederal donde se espera su reelección para un tercer mandato, Álvarez se muestra satisfecho con los avances logrados en los últimos cuatro años y decidido a seguir luchando por mejorar los derechos laborales.
El líder sindical subraya la importancia de que el SMI no se aleje del 60% del salario medio en España, que según datos de Eurostat, UGT calcula en 1.296 euros para 2022. Por otro lado, Álvarez reafirma su compromiso con la reducción de la jornada laboral, considerando que, ante la falta de acuerdo con la patronal, es momento de avanzar con una normativa que inicie su tramitación parlamentaria, un proceso que estima podría extenderse hasta el próximo verano.
Aunque la CEOE ha rechazado de momento la medida, Álvarez mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante el trámite parlamentario. "No cerramos el debate ni el diálogo con la CEOE. Creo que el proceso en el Parlamento puede brindar una nueva oportunidad para el consenso, y algunos grupos políticos que prefieren votar un acuerdo tendrán ocasión de presionar a la patronal para que negocie", reflexiona.
Sobre este tema, asegura con optimismo: "Haremos todo lo posible para que se apruebe, y estoy convencido de que lo lograremos". Junto a CCOO, UGT ya ha iniciado conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para recabar apoyos.
Respecto a la adecuación de las indemnizaciones por despido, un asunto en el que UGT ha logrado una victoria legal en Europa, Álvarez celebra que los tribunales ya estén aplicando sentencias que reconocen indemnizaciones más altas en casos de despidos improcedentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los trabajadores. Aunque considera que no hay urgencia para que esta cuestión se regule en la normativa española, confía en que su aplicación judicial anime a Gobierno y patronal a negociar un marco legal que cumpla con los estándares europeos.
Por otro lado, ha rechazado de manera tajante la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el "alta gradual", que permitiría a personas de baja reincorporarse parcialmente al trabajo. Álvarez considera esta medida "inoportuna" y basada en razones económicas, más que médicas. "Plantear esto desde una perspectiva económica me parece inaceptable. La visión de la CEOE, centrada en el absentismo, es deshumanizadora y, en algunos casos, indecente", ha afirmado. Con numerosos retos aún por abordar, Álvarez encara con ilusión lo que parece ser un nuevo mandato al frente de UGT, comprometido con avanzar en derechos laborales y sociales.