(El Economista, 03-03-2025) | Laboral
El mercado laboral afronta un nuevo desafío en los próximos dos años: la jubilación de la generación del baby boom. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones debe encontrar estrategias para fomentar la jubilación activa entre los trabajadores autónomos que tengan 64 años o estén próximos a cumplirlos. El objetivo es minimizar el impacto que la salida de estos profesionales experimentados pueda tener en el mercado.
Según las previsiones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), para 2027, un total de 569.214 autónomos alcanzarán la edad de jubilación. De ellos, 189.300 ya superan los 64 años, mientras que 379.914 tienen entre 60 y 64 años. Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierten sobre la falta de incentivos que motiven a los autónomos a prolongar su actividad laboral. En este contexto, en abril entrará en vigor una reforma de la jubilación activa para autónomos, aunque antes de su implementación, las asociaciones empresariales ya han solicitado modificaciones.
UPTA califica el nuevo sistema como un "fracaso". Su presidente, Eduardo Abad, critica la reforma, señalando que "el Gobierno ha ideado una nueva fórmula para incentivar la continuidad de los autónomos que pueden prolongar su carrera profesional, pero ha cometido un grave error en el diseño de los mecanismos de estímulo".
Hasta ahora, los autónomos que alcanzaban la edad de jubilación y cumplían con el 100 % de la base reguladora podían compatibilizar su actividad con el cobro íntegro de la pensión si tenían empleados a su cargo. En caso de no contar con trabajadores, solo podían recibir el 50 % de la pensión, además de los ingresos de su negocio.
Con el nuevo modelo, que entrará en vigor en abril, los autónomos con trabajadores a su cargo recibirán el 75 % de la pensión, mientras que aquellos que no tengan empleados solo podrán percibir el 45 %. No obstante, este porcentaje aumentará progresivamente cada año hasta alcanzar el 100 %: un 55 % a los dos años, un 65 % a los tres años y un 80 % a los cuatro años.
Este cambio ha generado un fuerte rechazo por parte de UPTA, que ha presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda urgente para modificarlo. "Hemos enviado propuestas a los partidos políticos con representación parlamentaria para que los incentivos a la jubilación activa realmente favorezcan la continuidad de los negocios en lugar de perjudicarlos, como ocurre con la reforma actual impulsada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social", explica Eduardo Abad.
El motivo de este ajuste en la compatibilidad de la pensión con la actividad económica radica en la modificación de las bases reguladoras. Antes, para acceder a la jubilación activa, era necesario haber cotizado al menos 38 años, mientras que ahora el requisito se ha reducido a 15 años.
Además, para percibir el 100 % de la pensión en este régimen, el jubilado activo deberá seguir trabajando durante cinco años. Esto se debe a que el porcentaje de la pensión compatible con el salario aumentará en función del tiempo que se retrase la jubilación, de manera que por cada año adicional en activo se incrementará el porcentaje aplicable a la pensión.