(El Economista, 28-11-2024) | Laboral
En la última reforma de las pensiones, el Gobierno introdujo la denominada "cuota de solidaridad", una nueva contribución destinada a recaudar más ingresos de los salarios más altos. Su objetivo es que estos también aporten cotizaciones sociales por la totalidad de su nómina. Este nuevo gravamen, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, aplicará un tipo adicional que comenzará en el 0,92% y alcanzará el 1,17%, gravando exclusivamente el tramo salarial que supere la base máxima de cotización. Según cálculos oficiales, esta base se situará en torno a los 59.000 euros anuales en 2025, lo que afectará a más de un millón de nóminas que actualmente sobrepasan este umbral.
En la actualidad, la base máxima de cotización está fijada en 56.600 euros al año (4.720,50 euros al mes). Hasta ahora, los salarios que excedían este límite quedaban exentos de cotizar a la Seguridad Social, una situación justificada porque la pensión pública también tiene un tope. Sin embargo, con la reforma aprobada en marzo, este tramo salarial adicional comenzará a ser gravado, aunque este incremento no se reflejará en una mejora de las pensiones futuras.
La reforma busca incrementar los ingresos, introduciendo medidas como la cuota de solidaridad y el "destope" de las bases máximas, mientras que los ajustes en el gasto son mínimos. El objetivo es reducir la brecha con otros países europeos, donde las bases de cotización y los salarios suelen ser más altos. En España, ciertos trabajadores no contribuyen por todo su salario debido a los límites existentes, lo que también implica que las pensiones máximas sean más bajas.
A diferencia del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que aplica un recargo sobre todos los salarios, la cuota de solidaridad está dirigida únicamente a las rentas más altas. Esta cotización adicional tiene un carácter redistributivo más que contributivo, ya que no mejora la base reguladora para calcular la pensión del cotizante. Su finalidad es generar ingresos adicionales para financiar las pensiones futuras, pudiendo interpretarse como una suerte de impuesto. En 2025, se estima que esta medida recaudará unos 350 millones de euros.
El principal propósito de esta cuota es aliviar el impacto económico derivado de las jubilaciones masivas de la generación del "baby boom", aunque no tendrá ningún efecto en la cuantía de las pensiones de quienes deban pagarla. Según datos de la Agencia Tributaria, alrededor de 1,2 millones de contribuyentes tienen nóminas superiores a 60.000 euros.
La cuota de solidaridad se aplicará de forma progresiva sobre los tramos salariales que superen la base máxima, la cual se actualizará anualmente en función de la inflación más 1,2 puntos porcentuales adicionales. Así, para 2025, se prevé que la base máxima suba un 4,1%, situándose en 58.968 euros anuales. Sobre este excedente, se aplicarán los siguientes tipos:
0,92% para el tramo entre la base máxima y un 10% adicional de esta (hasta aproximadamente 65.000 euros en 2025).
1% para el tramo comprendido entre el 10% y el 50% adicional (entre 65.000 y 88.000 euros en 2025).
1,17% para los salarios que excedan el 50% adicional (a partir de 88.000 euros en 2025).
El reparto de estas cotizaciones seguirá el esquema habitual: por cada punto que aporte el trabajador, la empresa pagará cinco. Por ejemplo, en 2045, para un tramo con un tipo del 6%, el 5% corresponderá a la empresa y el 1% al empleado, según BBVA Mi Jubilación.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) será la encargada de calcular y aplicar estas cuotas tanto a empresas como a trabajadores. Las contribuciones aparecerán detalladas en el Recibo de Liquidación de Cotizaciones, aunque no se reflejarán en la Relación Nominal de Trabajadores, aclarando así posibles dudas administrativas.