(El Economista, 07-03-2025) | Laboral
El envejecimiento de la población representa uno de los mayores desafíos que enfrentará nuestro país en los próximos años. La jubilación progresiva de la generación del 'baby boom' ya comienza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones, pues el número de jubilados sigue creciendo en relación con la cantidad de trabajadores en activo que financian dichas prestaciones.
En febrero, a pesar del buen momento que atraviesa el empleo, la proporción de pensionistas respecto a los ocupados se mantuvo en un 44%. Además, en seis de las 17 comunidades autónomas, la tasa de ocupados por pensionista fue inferior a 2, el umbral recomendado por los expertos, lo que representa el 35,29% del territorio nacional.
Según los datos de la Seguridad Social, en el segundo mes del año se contabilizaron 21.196.154 afiliados al sistema, mientras que el número de pensionistas ascendió a 9.317.228. Esto significa que, por cada 100 trabajadores cotizando, 44 personas recibieron una pensión, o lo que es lo mismo, que por cada 10 empleados hubo más de 4 jubilados.
Sin embargo, esta proporción varía significativamente entre comunidades autónomas. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y el País Vasco destacan como las regiones con la mayor cantidad de pensionistas en relación con los afiliados. En estas zonas, la cifra de trabajadores por jubilado es inferior a 2, con valores específicos de 1,41 en Asturias, 1,54 en Galicia, 1,67 en Castilla y León, 1,72 en Cantabria, 1,82 en Extremadura y 1,92 en el País Vasco. A nivel nacional, la media se sitúa en 2,27, aunque la última ratio oficial publicada en diciembre por el Ministerio de Seguridad Social fue de 2,44 cotizantes por pensionista. Este indicador es clave en el sistema español, donde los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados.
El director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, explica que la tasa de dependencia sigue en el 44% debido al retiro de la generación del 'baby boom' y al aumento de la esperanza de vida, factores que contrarrestan el impacto positivo del empleo.
Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández-Bravo, advierte que, aunque el crecimiento del empleo es favorable, no es suficiente para sostener el sistema a largo plazo. "El incremento de la ocupación es positivo, pero la proporción de jubilados continuará en ascenso en las próximas décadas, por lo que confiar únicamente en el empleo para financiar las pensiones no es una solución sostenible", señala.
Ambos expertos coinciden en que la situación actual de la Seguridad Social es compleja, aunque podría mejorar con reformas que promuevan el retraso en la jubilación y fomenten una mayor participación laboral. Desde la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, se han implementado diversas medidas para aliviar la presión sobre el sistema, como el incremento de la edad de jubilación, la introducción de nuevos esquemas de cotización como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la creación de incentivos para quienes decidan posponer su retiro, ya sea mediante la jubilación parcial, activa o demorada. Actualmente, el Ministerio estudia la posibilidad de una jubilación flexible, que permitiría a los pensionistas reincorporarse al mercado laboral.
¿Es posible frenar el aumento de la tasa de dependencia y, por ende, la presión sobre el sistema? Doménech cree que sí. "Retrasar la edad de jubilación, fomentar el empleo entre los mayores de 65 años y aplicar mecanismos automáticos de ajuste en las pensiones ayudaría a estabilizar la tasa de dependencia", explica. También considera que mejoras en la productividad contribuirían a mitigar temporalmente la presión sobre el sistema, aunque insiste en que es necesario reducir el actual desequilibrio financiero.
Fernández-Bravo añade que, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es fundamental revisar aspectos como la edad de retiro, las contribuciones al sistema e incluso el modelo de pensiones, considerando la posibilidad de reforzar esquemas de ahorro privado o mixto. La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 mediante el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, introdujo medidas para incrementar los ingresos destinados a financiar el sistema, aunque muchas de ellas han recaído sobre las empresas, afectando su competitividad. En particular, Fernández-Bravo se refiere a la implementación del MEI, que supone una carga adicional para el sector empresarial.
Según Doménech, hay tres posibles escenarios para el futuro del sistema de pensiones. En primer lugar, si no se realizan más reformas, la tasa de dependencia y el gasto en pensiones aumentarán, comprometiendo la viabilidad del sistema. En un segundo escenario, si se aplican ajustes graduales, como el retraso en la edad de jubilación, la presión se reduciría parcialmente, pero no sería suficiente. Finalmente, en un tercer escenario, una reforma estructural con medidas más profundas, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, adoptar un sistema de reparto basado en cuentas nocionales para corregir el desequilibrio financiero y mejorar la productividad, garantizaría la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.