(El Economista, 17-10-2024) | Fiscal
El Gobierno está evaluando una nueva subida del tipo máximo del IRPF para las rentas del capital, afectando principalmente a los tramos más altos de este impuesto, según se detalla en el plan fiscal que ha remitido recientemente a Bruselas. Para ello, el Ejecutivo ha retomado el "Libro Blanco" de la reforma fiscal, encargado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en 2022, y planea usarlo como base para la próxima reforma. En particular, el plan fiscal enviado a la Comisión Europea señala que el Gobierno implementará medidas fiscales con el objetivo de "hacer más eficaz el sistema tributario" e "incrementar los ingresos". Para ello, se basará en las recomendaciones del Comité de Expertos, que sugieren "promover la equidad" para aumentar la proporción de ingresos fiscales sobre el PIB en 0,3 puntos entre 2025 y 2031.
El capítulo correspondiente del "Libro Blanco" propone reformar el impuesto sobre la renta para corregir las distorsiones que afectan a la equidad del sistema y destaca que España es uno de los pocos países europeos que no aplican un sistema dual. Además, subraya que las rentas de capital están más concentradas en las capas altas de la población, y por ello considera que un aumento de los tipos impositivos sobre estas rentas podría tener un efecto redistributivo. El Comité también señala que algunas retribuciones de altos directivos y ejecutivos incluyen un componente que se grava como renta de capital, el cual tributa a un tipo inferior que las rentas del trabajo. En el caso de quienes ganan más de 480.000 euros, cerca del 40% de sus ingresos se gravan como rentas de capital, lo que muestra que la actual estructura del IRPF es regresiva y fomenta la desigualdad, con un impacto aún más significativo para aquellos con ingresos superiores a los 600.000 euros. Según los datos del Ministerio de Hacienda, un 55% de sus ingresos tributan bajo la base del ahorro.
Sumar, uno de los socios de Gobierno, ya defendió esta idea, proponiendo aumentar el tipo máximo de las rentas del capital al 33% y crear un nuevo tramo para las rentas del trabajo a partir de 150.000 euros. Con estas medidas, estiman recaudar 500 millones de euros anuales. Ambas propuestas forman parte de un plan tributario que Sumar busca impulsar a cambio de su apoyo a los Presupuestos, con el que espera recaudar 3.445 millones de euros al año.
Además, el Gobierno está preparando otras medidas dentro de la reforma fiscal. El plan estructural menciona que algunas de estas medidas estarán enfocadas en "apoyar la transición energética", un aspecto destacado por el Comité de Expertos. El documento base sugiere la creación de nuevos impuestos verdes que graven los billetes de avión, el uso de infraestructuras viarias, la gestión de residuos, grandes complejos industriales o la extracción de recursos hídricos. Esta revisión de la fiscalidad medioambiental busca alinear la política fiscal española con la del resto de la eurozona y podría generar entre 6.000 y 15.000 millones de euros en ingresos.
Los expertos que participaron en la elaboración del "Libro Blanco" señalan que los impuestos medioambientales son instrumentos que aplican el principio de "quien contamina, paga". Actualmente, la recaudación de España por este tipo de tributos es 0,5 puntos del PIB inferior al promedio de la UE, situándose en un 1,7% del PIB frente al 2,3% que recaudan otros países europeos. España es el tercer país de la UE con menor recaudación por impuestos medioambientales, solo por delante de Luxemburgo e Irlanda, mientras que países como Grecia, Croacia y Países Bajos logran entre un 3,4% y un 3,8% del PIB por esta vía.
En cuanto a la elaboración del futuro texto de la reforma, la ministra Montero está evaluando varias propuestas para aumentar la presión fiscal sobre la contaminación. Una de las propuestas de Ernest Urtasun sugiere la creación de un impuesto de solidaridad ambiental para gravar los aviones privados, yates, coches de lujo y otros bienes de lujo, con el que se espera recaudar alrededor de 100 millones de euros.
El plan fiscal estructural también incluye como objetivo revisar el "impacto de los beneficios fiscales", aunque no aporta más detalles. Sin embargo, el estudio dirigido por el catedrático Ruiz-Huerta, en el que se basa la futura reforma, subraya la necesidad de revisar el impuesto de Sociedades. Este informe insta al Gobierno a elaborar un informe sobre los beneficios fiscales dentro de este impuesto y a limitar la validez de estos incentivos a un máximo de cinco años.
Una vez transcurrido este plazo, Hacienda deberá encargar a un organismo independiente la evaluación de la eficacia de las deducciones fiscales basándose en análisis individualizados y criterios científicos. Los resultados de estas evaluaciones tendrán que ser accesibles para la comunidad investigadora. El Comité recomienda que los nuevos beneficios fiscales se implementen con carácter temporal, solo manteniéndose si se obtiene una evaluación positiva.
El impacto de los beneficios fiscales sobre la recaudación es limitado. En 2019, el gasto fiscal total generado por estos incentivos representó 0,1 puntos del PIB. Según la AIReF, solo un tercio de los contribuyentes con derecho a deducción en el impuesto de Sociedades pudo aplicarlos total o parcialmente, y las deducciones efectivamente aplicadas representan alrededor de una cuarta parte de las deducciones generadas.
Entre las deducciones más destacadas están las destinadas a las socimi, sicav, o a empresas que invierten en I+D+i. Estas últimas se aplican directamente sobre la cuota a pagar del impuesto, reduciendo la cantidad total a pagar. En general, estas deducciones cubren el 25% de los gastos en I+D+i realizados durante el periodo impositivo, aunque el porcentaje podría llegar al 42%.