(El Periódico, 28-03-2025) | Fiscal

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estimado en "algo más de 200 millones de euros" el impacto económico de aplicar una compensación fiscal al 20% de los beneficiarios del nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 1.184 euros en 14 pagas, que estarían obligados a tributar en el IRPF. Durante la rueda de prensa en la que presentó los datos de déficit de 2024, Montero reconoció que aún persisten discrepancias entre su ministerio y el de Trabajo respecto a la fiscalización del nuevo SMI. No obstante, se mostró confiada en que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo en los próximos días.

La propuesta del Ministerio de Hacienda consiste en establecer una deducción específica para los trabajadores que perciban el nuevo SMI. Esta medida garantizaría que aquellos que deban pagar en su declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025 (a presentar en 2026) reciban una desgravación equivalente, de modo que su impacto final sea nulo. Según los cálculos de Hacienda, solo el 20% de los perceptores del salario mínimo deberán tributar en el IRPF, con un importe de hasta 300 euros, siendo este grupo mayoritariamente contribuyentes solteros y sin hijos.

La propuesta presentada por Montero este jueves es más limitada y menos costosa que las iniciativas planteadas por los grupos parlamentarios de Sumar, PP y Podemos, que han abogado por la exención total del SMI en el IRPF. En febrero, la ministra de Hacienda estimó que la aplicación de la propuesta defendida por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supondría un coste recaudatorio de hasta 2.000 millones de euros. Sin embargo, la deducción puntual que ahora plantea Hacienda tendría un coste significativamente menor, de poco más de 200 millones de euros, según explicó Montero en su comparecencia.

La vicepresidenta Montero considera que esta apertura de Hacienda a ofrecer una compensación fiscal para los perceptores del SMI debería facilitar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, evitando así un enfrentamiento institucional dentro del Gobierno de coalición. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un consenso. La propuesta de Hacienda limitaría la deducción a la cuantía actual del SMI (16.576 euros anuales), por lo que futuras subidas del salario mínimo no quedarían cubiertas por este mecanismo.

Este aspecto temporal es precisamente el punto en el que se concentran las principales diferencias entre los ministerios de Montero y Díaz. Según fuentes consultadas, la posición de Trabajo es que la deducción en el IRPF derivada del aumento del SMI debería mantenerse en los próximos ejercicios y aplicarse a futuros incrementos del salario mínimo.

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