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(El Economista, 24-04-2025) | Fiscal

El Supremo respalda a Hacienda y permite que investigue años prescritos sin límite temporal

El Tribunal Supremo ha respaldado a la Agencia Tributaria al reconocerle la facultad de examinar ejercicios fiscales ya prescritos sin restricción temporal, siempre que las operaciones realizadas en esos años sean relevantes para calcular o regularizar la deuda tributaria de periodos que aún no han prescrito. Así lo establece una sentencia dictada el pasado 2 de abril, cuyo ponente fue el magistrado Francisco José Navarro Sanchís. En ella, el alto tribunal afirma con claridad que la reforma de la Ley General Tributaria de 2015 introdujo el "principio de imprescriptibilidad de las actuaciones de comprobación". Según esta resolución, la Agencia Tributaria puede revisar ejercicios prescritos si estos tienen repercusión en ejercicios posteriores aún abiertos. Para ello, el Supremo remite a una sentencia previa, del 11 de marzo de 2024, donde ya se fijó criterio en un caso similar. En aquella ocasión se concluyó que la reforma legal de 2015 amplió las competencias de la Administración para realizar comprobaciones retroactivas. El fallo subraya que la Administración puede investigar hechos, actos, operaciones, valores y demás elementos relacionados con la obligación tributaria, aunque correspondan a años ya prescritos, siempre que influyan en ejercicios no prescritos. Esta ampliación de facultades se considera plenamente constitucional, según el Tribunal, ya que fue expresamente prevista por el legislador. Además, recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en 2016 afirmando que la legislación tributaria retroactiva no contraviene la Constitución, dado que los ciudadanos tienen el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Sin embargo, la sentencia no está exenta de controversia. A pesar de ser el ponente, el magistrado Navarro Sanchís emitió un voto particular en desacuerdo con el resto del tribunal. En su opinión, el Tribunal Supremo debería reinterpretar la Ley General Tributaria para establecer límites claros a las comprobaciones retroactivas de Hacienda, en aras de salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Navarro Sanchís advierte que el hecho de que la ley guarde silencio sobre un límite temporal no debe interpretarse como una autorización para una actuación sin restricciones por parte de la Administración. Señala que ninguna ley debería aplicarse de forma que conduzca a resultados absurdos o que atenten contra otros derechos fundamentales, igualmente dignos de protección. El magistrado propone una reinterpretación más acorde con los principios constitucionales, que dé prioridad a la seguridad jurídica, al derecho de defensa de los contribuyentes y a la necesidad de limitar el alcance del poder administrativo.

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(El Periódico, 24-04-2025) | Fiscal

SEPI lanza un examen exhaustivo de sus empresas, alianzas y oficinas para blindarse por el impuesto a multinacionales

A finales del año pasado, España aprobó de forma definitiva una reforma fiscal con la que se alinea con la iniciativa global impulsada por la OCDE y respaldada por el G-20 y la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar que las grandes multinacionales tributen al menos un 15% en el impuesto de sociedades. Esta medida pretende frenar las estrategias de optimización fiscal mediante las cuales muchas de estas empresas trasladan sus beneficios a territorios con baja tributación para reducir su carga fiscal. Según el Ministerio de Hacienda, esta normativa afectará en el caso español a alrededor de 125 grupos empresariales con sede en España y a más de 700 grupos internacionales con filiales en el país. En total, se estima que más de 800 grandes compañías con operaciones en España y con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros deberán pagar un impuesto adicional si su tributación efectiva se sitúa por debajo del 15%. Entre las entidades afectadas se encuentra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que agrupa participaciones directas en más de veinte empresas y participaciones menores en más de cien. Su facturación anual ronda los 6.000 millones de euros. Para adaptarse a las exigencias de esta nueva normativa, SEPI ha iniciado un proceso de revisión profunda de todas sus empresas participadas, alianzas estratégicas y presencia internacional. SEPI actúa como el brazo financiero del Estado en empresas públicas como Correos, RTVE, Navantia, Agencia Efe, Tragsa o Enusa, y mantiene también posiciones en compañías clave del sector privado como Telefónica (10%), Indra (28%), Hispasat (7,41%), Airbus (4,12%), Alestis Aerospace (24,05%), Ebro Foods (10,36%), Enagás (5%), Redeia (20%), IAG (2,53%) y Epicom (40%). El grupo deberá empezar a tributar según esta nueva regulación a partir de 2026, tomando como referencia los resultados obtenidos durante el ejercicio de 2024. Debido a la complejidad de su estructura, SEPI ha lanzado una licitación para contratar asesoría especializada en materia fiscal y contable. Esta asistencia externa, cuyo contrato se estima en unos 230.000 euros, tiene como objetivo garantizar que el grupo cumpla plenamente con sus nuevas obligaciones fiscales. El Gobierno quiere delimitar con precisión qué empresas dentro del grupo SEPI estarán sujetas al nuevo impuesto complementario. Para ello, se llevará a cabo un análisis detallado que abarcará tanto el territorio nacional como internacional, incluyendo sociedades con participaciones minoritarias, sucursales, oficinas permanentes, uniones temporales de empresas y alianzas estratégicas. La normativa europea contempla ciertas excepciones, conocidas como "puertos seguros", que permiten a algunas empresas quedar exentas del impuesto adicional si cumplen ciertas condiciones, como generar menos de 10 millones de euros en ingresos en un país determinado o si ya tributan allí por encima del 15%. SEPI también quiere que el asesor designado identifique estos casos dentro de su estructura internacional, y que calcule con precisión los importes adicionales que deberá pagar, así como los beneficios fiscales derivados de esas exenciones. Cabe recordar que España se adelantó a esta reforma global y ya desde 2022 aplica un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible del impuesto de sociedades para empresas con ingresos superiores a 20 millones de euros. La nueva norma, sin embargo, establece un tipo del 15% a nivel global que se calcula sobre el resultado contable ajustado, y afecta solo a los grupos que facturen más de 750 millones anuales. Ambas medidas coexisten, pero se ha diseñado un mecanismo específico para evitar que las empresas se vean obligadas a tributar dos veces por el mismo concepto.

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(El Economista, 24-04-2025) | Laboral

Seis de cada diez contratos eventuales duran menos de un mes

La reforma laboral ha generado un resultado inesperado en el ámbito de los contratos temporales. Si bien ha logrado reducir significativamente tanto el volumen como la proporción de estos contratos en el mercado de trabajo, también ha dejado al descubierto la fragilidad inherente a este tipo de empleo: en lo que va de año, el 37,3% de los contratos temporales firmados han tenido una duración igual o inferior a siete días, lo que supone un incremento de once puntos porcentuales respecto al periodo previo a la reforma. Desde que entró en vigor, esta modalidad ultra corta se ha convertido en la más común entre los contratos eventuales, sin que las medidas destinadas a combatir el abuso de la temporalidad hayan surtido un efecto claro. El resumen podría ser: "hay menos contratos temporales, pero son más precarios que nunca". Este fenómeno expone una de las debilidades de la reforma: si bien se ha limitado la temporalidad, no se ha conseguido mejorar las condiciones laborales de quienes siguen accediendo a contratos de corta duración. Dado que los contratos eventuales aún representan seis de cada diez nuevas contrataciones, que crezca el peso de los más breves resulta alarmante. Esta tendencia tiene una razón técnica: la reforma puso especial atención en eliminar los contratos temporales sin una fecha de finalización clara, en especial el contrato por obra y servicio, que desapareció en marzo de 2022 por considerarse una fuente habitual de precariedad, según los expertos. Como resultado, el número de contratos temporales cayó de 17,27 millones en 2021 a 8,94 millones en 2023, una bajada del 48,2%. La mayor parte de esta reducción corresponde al desplome de los contratos por obra y servicio, que pasaron de 5,76 millones a apenas 1,1 millones en 2024, una reducción del 83,5%. Los pocos que quedan son principalmente por sustitución o jubilación parcial. Los contratos temporales con duración superior a un mes también se redujeron, un 31,7%, quedando en 2,54 millones. Este descenso se debe a que, bajo las nuevas reglas, las empresas están obligadas a convertirlos en indefinidos si se prolongan, lo que ha incentivado el uso de contratos fijos discontinuos. Sin embargo, las conversiones reales de temporales a indefinidos siguen siendo muy limitadas, lo que sugiere que las empresas prefieren dejar vencer el contrato y firmar uno nuevo desde cero. Los contratos de menos de un mes se redujeron un 22,9%, quedando en 5,29 millones, de los cuales 3,3 millones fueron de siete días o menos (un 26,5% menos). Lo paradójico es que, a pesar de ser los más castigados por la reforma, estos contratos ultracortos son los que menos han disminuido. En lo que llevamos de 2025, los contratos inferiores a una semana han crecido un 2,59%, y los de menos de un mes un 1,79%. Así, los contratos de menos de siete días ya representan el 37,3% del total de temporales, frente al 36,8% con que cerraron 2024. Los contratos de menos de un mes alcanzaron su pico en 2024 con un 59,93% del total, veinte puntos más que antes de la reforma. En el primer trimestre de 2025 esta proporción ha bajado al 57,78%, influida por el descenso de los contratos de entre siete y treinta días. No obstante, estos datos aún no incluyen los efectos de la contratación de Semana Santa ni del inicio de la temporada turística, por lo que será necesario esperar para ver si se consolida una moderación o si, por el contrario, 2025 marca un nuevo récord.

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(El Periódico, 24-04-2025) | Laboral

El fraude en las bajas laborales se ha convertido en una preocupación significativa para las empresas

Esta problemática se manifiesta con especial intensidad entre los trabajadores autónomos que gestionan pequeños negocios, donde está generando un creciente malestar y desconfianza. Así lo señala Ignacio de la Calzada González (@un_tio_legal), abogado laboralista con más de 600.000 seguidores en redes sociales, donde ofrece asesoramiento jurídico. Según explica, en algunos casos, tras un desacuerdo o advertencia por parte del empleador, ciertos trabajadores optan por solicitar una baja médica, incluso sin presentar síntomas graves, alegando motivos como la "ansiedad". Durante ese periodo, continúan participando en actividades como cursos o formaciones, lo que pone en tela de juicio la veracidad de su situación de incapacidad. Este tipo de prácticas perjudica seriamente a los empleadores, quienes deben seguir pagando el salario del trabajador ausente durante los primeros días de la baja, generando frustración y desconfianza. Las bajas fraudulentas suponen un coste económico relevante, ya que la empresa asume una parte significativa del gasto, al menos hasta el día 15, cuando la Seguridad Social comienza a cubrirlo. A esto se suma el impacto sobre las arcas públicas, ya que el aumento en el número de bajas laborales ha hecho crecer notablemente el gasto estatal en prestaciones por incapacidad temporal. Tal como recuerda De la Calzada, "las bajas las financiamos todos a través de nuestros impuestos". Para hacer frente a este tipo de abusos, la Seguridad Social ha intensificado los controles sobre las bajas médicas. Se han aumentado la frecuencia y el rigor de las revisiones, con la participación activa de las mutuas y las propias empresas. Estas últimas están ahora obligadas a proporcionar informes que ayuden a comprobar si la condición alegada por el empleado es compatible con su puesto de trabajo. Estas acciones buscan detectar posibles fraudes y agilizar tanto la reincorporación laboral como la adecuada atención médica, evitando desajustes en el sistema. En casos más sospechosos, algunos empresarios optan incluso por contratar detectives privados. Estas investigaciones suelen incluir: observación directa del día a día del trabajador para identificar comportamientos que contradigan su estado de salud declarado; recopilación de pruebas en forma de fotos o vídeos; y elaboración de informes detallados que pueden ser utilizados en procesos judiciales o administrativos. Los empleados que cometen fraude simulando bajas médicas se exponen a consecuencias legales y laborales. Las empresas tienen potestad para imponer sanciones que van desde reducciones salariales hasta el despido por motivos disciplinarios. Además, una baja fraudulenta puede dañar seriamente la imagen profesional del trabajador, dificultando su acceso a futuras oportunidades laborales.

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(Cinco Días, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los bonos soberanos europeos se convierten en refugio ante el pinchazo del imperio del dólar

Los mercados financieros comienzan a vislumbrar un escenario en el que tanto el dólar como la deuda pública de Estados Unidos podrían ver debilitado su papel dominante como referencias globales. Desde que Donald Trump oficializó su ofensiva comercial, la moneda estadounidense ha ido perdiendo valor, generando un entorno de inestabilidad financiera que aleja a los inversores. Las políticas económicas radicales del país están provocando un desvío de los flujos financieros hacia otras regiones del mundo, consolidando a la deuda soberana europea -especialmente la alemana- como un nuevo refugio seguro en medio de tanta incertidumbre. Mientras la deuda estadounidense sufre presiones ante un panorama de menor crecimiento económico y la ofensiva de Trump contra la independencia de la Reserva Federal, los intereses de los bonos europeos descienden, volviendo a niveles previos al anuncio del ambicioso plan de gasto del canciller alemán, Friedrich Merz. En este contexto, el euro ha ganado terreno frente al dólar, alcanzando su valor más alto en tres años. Otras monedas refugio, como el yen japonés y el franco suizo, también se han beneficiado del movimiento de capitales. El rendimiento del bono alemán, por ejemplo, ha caído al 2,45%, regresando a cifras anteriores al 5 de marzo, fecha en la que el "bund" experimentó la mayor subida de rentabilidad desde la reunificación alemana. En aquella ocasión, Merz presentó un programa de inversión pública sin precedentes, valorado en un billón de euros, para reforzar el gasto en defensa e infraestructuras, rompiendo así con la tradición de disciplina fiscal impuesta por la Constitución alemana. Esta transformación del enfoque económico tuvo un fuerte impacto en los mercados, provocando un aumento de la rentabilidad del bund hasta el 3%, efecto que se contagió a otros bonos europeos. Sin embargo, el temor a las consecuencias de la política comercial estadounidense ha desatado una oleada de ventas de deuda de EE. UU. y una mayor demanda de bonos europeos, considerados más seguros. El bono español a diez años también ha retrocedido, situándose en el 3,13% tras haber superado el 3,5%, aunque este ajuste ha incrementado ligeramente las primas de riesgo, hasta los 70 puntos básicos en el caso español y 116 en el italiano. "Todos los activos denominados en dólares están registrando salidas, salvo el oro", afirma David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. Según él, las decisiones económicas de Trump suponen un choque para EE. UU., pero para Europa podrían generar un efecto deflacionario: menores precios energéticos, una moneda más fuerte y una reducción del consumo. "La deflación sopla con fuerza en Europa, y ante la previsión de nuevas bajadas de tipos, la demanda de bonos europeos ha aumentado", añade. De hecho, el Banco Central Europeo ya ha iniciado ese camino, y el mercado anticipa recortes de hasta 70 puntos básicos en los tipos este año, mientras que se diluyen las expectativas de recortes en Estados Unidos. Finaccess Value es solo una de las muchas gestoras que han reducido su exposición a activos estadounidenses en favor de la deuda europea de mayor calidad crediticia, como los bonos a largo plazo de Alemania y Austria, ambos con calificación AAA. "En marzo el mercado reaccionó de forma exagerada ante la deuda alemana. Nosotros aprovechamos para vender bonos de EE. UU. y reforzar posiciones en Europa. En bolsa estadounidense solo mantenemos inversiones cubiertas en euros; hemos salido de la renta variable en dólares", explica Ardura. La última encuesta de gestores de Bank of America confirma este giro en las carteras. Por su parte, los inversores japoneses, tradicionalmente conservadores, han vendido más de 20.000 millones de dólares en bonos internacionales este mes, según el Financial Times. En un primer momento, los bonos del Tesoro de EE. UU. actuaron como refugio frente a los aranceles generalizados impuestos por Trump el 2 de abril, reduciendo su rentabilidad por debajo del 4%. No obstante, días después los inversores comenzaron a castigar duramente los efectos de estas políticas, llevando el rendimiento al 4,5%, debido al temor a un déficit fiscal creciente por el debilitamiento económico. Esta presión obligó a Trump a anunciar una tregua de 90 días en sus medidas arancelarias, aunque la rentabilidad del treasury se mantiene elevada, en torno al 4,3%, y la desconfianza persiste, agravada por los constantes ataques a la Fed. "Estamos ante un movimiento global de reubicación de capitales. No se trata solo de la política monetaria europea. Los inversores están abandonando bonos y activos en dólares y cambiando a euros o yenes, si no tienen el dólar como moneda de referencia. No se puede hablar aún de una huida total, pero sí de un cambio relevante en las carteras", concluye Francisco Chambel, director del mercado de capitales de Unicredit. Solo el tiempo dirá si los inversores volverán a cobijarse en el dólar. Pero si Trump no rectifica su rumbo económico, muchos analistas consideran que ya ha comenzado una rotación estructural de largo plazo hacia otros mercados y divisas, que podría extenderse durante años.

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(Expansión, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde ya detecta deterioro en el crecimiento europeo por los aranceles

Los efectos de la guerra comercial ya comienzan a sentirse en Europa. Así lo ha señalado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), quien reconoció que "estamos empezando a notar un empeoramiento en los datos de crecimiento económico". Aunque todavía no se refleja claramente en las exportaciones debido al aumento de los inventarios, Lagarde indicó que las tensiones comerciales ya están impactando en algunos indicadores clave como los índices PMI o las encuestas sobre expectativas de contratación, inversión y consumo. "Esta desaceleración es un fenómeno global", afirmó Lagarde. Durante un foro sobre liderazgo organizado por el Washington Post, la presidenta del BCE dejó entrever que el organismo podría revisar nuevamente a la baja sus previsiones de crecimiento en la reunión de política monetaria programada para junio. En su última actualización, en marzo, el BCE estimó un crecimiento del 0,9% para este año. Si se concreta una nueva corrección, sería el cuarto trimestre consecutivo en el que se recortan las expectativas de crecimiento del PIB. Por otro lado, los primeros cálculos de la Comisión Europea sitúan el impacto potencial de la guerra comercial en hasta un 0,6% del PIB europeo si los aranceles actuales se mantienen en el tiempo. En ese contexto, Lagarde recordó que, a pesar de la tregua acordada recientemente por Donald Trump, los aranceles que Estados Unidos impone a Europa se mantienen en torno al 13,5% de media. No obstante, el BCE no prevé que se produzca una recesión en el corto plazo como consecuencia directa de la guerra comercial, ya que, según Lagarde, "la economía europea ha desarrollado mayor capacidad de resistencia frente a los choques externos". Aun así, el debilitamiento de la economía podría venir acompañado de una moderación en la inflación. Tal como apuntó Lagarde, si no se responde con nuevas subidas de aranceles que eleven los precios, este tipo de choque externo tendería a reducir la inflación. Este escenario, a diferencia del estadounidense, podría abrir la puerta a nuevas bajadas de los tipos de interés por parte del BCE. En su última reunión en Fráncfort, el Consejo de Gobierno redujo los tipos al 2,25%, y no se descarta que puedan situarse incluso por debajo del 1,75% con el objetivo de reactivar la economía. Por el momento, el BCE no se atreve a anticipar con claridad la evolución futura de los tipos de interés, debido a la gran incertidumbre que rodea el contexto internacional. Aun así, Lagarde aseguró que la institución está "preparada y dispuesta" para intervenir si fuera necesario. Estas declaraciones han sido interpretadas por los mercados como una señal de que el BCE estaría dispuesto a realizar recortes más profundos de los tipos si la inflación se mantiene contenida. De hecho, el principal argumento del BCE para reducir las tasas no es tanto el débil crecimiento como la evolución de los precios. En un contexto en el que la guerra comercial podría ejercer una presión deflacionaria, el BCE considera necesario actuar para evitar que la inflación caiga demasiado por debajo del objetivo del 2% a medio plazo. Finalmente, a pesar del escenario adverso, Lagarde aprovechó su intervención para hacer un llamado a los líderes políticos europeos, instándolos a aprovechar la coyuntura actual para avanzar en reformas estructurales que impulsen la Unión de los Mercados de Capitales y refuercen la productividad de la economía en la región.

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(Expansión, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El PIB y el mercado laboral perderán fuelle en 2025 y 2026 por la guerra arancelaria

Funcas ha rebajado en tres décimas su previsión de crecimiento del PIB para este año y en cuatro décimas la del próximo, en su escenario más favorable, situándolas en el 2,3% y 1,6%, respectivamente. Esta revisión a la baja se debe al impacto de la guerra comercial y al freno de la economía estadounidense. Si la situación se complica aún más, la caída del PIB podría superar el punto porcentual. El aumento del proteccionismo afectará principalmente a las exportaciones de bienes, mientras que las de servicios no turísticos también perderán impulso debido a la desaceleración global. Además, el turismo crecerá a un ritmo menor que en años anteriores, tras la saturación registrada durante el verano. En su escenario central, Funcas no contempla la aplicación de aranceles mutuos con Europa, y respecto a China, parte de la hipótesis de una distensión progresiva. Carlos Ocaña, director general de Funcas, advierte que si la guerra comercial y la incertidumbre se prolongan, el efecto sobre la economía española podría traducirse en una pérdida de hasta 1,2 puntos del PIB entre este año y el próximo, reduciendo las tasas de crecimiento al 2% en 2025 y al 1,4% en 2026. Según el informe, aunque el buen cierre de 2024 y el positivo comienzo de 2025 podrían haber justificado una revisión al alza de las previsiones, esa posibilidad ha quedado anulada por la imposición de nuevos aranceles. Ocaña subraya que, en este contexto, el rumbo de la economía española y europea está condicionado por factores políticos externos. Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, prevé que los efectos de la guerra comercial comenzarán a notarse pronto, aunque estima que el impacto en las economías europea y española será moderado. Dado que Europa ya mostraba signos de estancamiento, cualquier impacto adicional la acerca más a la recesión. En el caso de España, sin embargo, ese golpe no impediría que el país mantenga un crecimiento superior al 2% en 2025. No obstante, el crecimiento será menos equilibrado que en años anteriores, ya que dependerá casi exclusivamente de la demanda interna, cuya contribución se estima en 2,6 puntos para 2025 y 1,9 en 2026. El sector exterior, en contraste, restará tres décimas al crecimiento tanto en 2025 como en 2026, lo que supone un giro respecto a los últimos tres años, donde aportó más del 30% del crecimiento. Dentro de la demanda interna, se espera un fuerte impulso del consumo, mientras que la inversión, especialmente en bienes de equipo, se verá lastrada por la incertidumbre internacional. El consumo privado mantendrá un ritmo elevado gracias al aumento de la renta disponible y al uso del ahorro acumulado durante los dos últimos años, cuando la tasa de ahorro de los hogares alcanzó un 13,6% de la renta disponible bruta en 2024. El consumo público también crecerá, aunque con menor intensidad debido a la prórroga presupuestaria y a los límites del sistema de financiación a comunidades autónomas. En cuanto a la inflación, se espera que continúe moderándose, con una tasa del 2,3% en 2025 y del 1,9% en 2026. Esta tendencia se vería favorecida por la apreciación del euro, la caída del precio de los hidrocarburos y la entrada de más productos importados, ante el cierre de facto del mercado estadounidense a las exportaciones asiáticas. Sin embargo, posibles medidas de represalia de la UE podrían alterar este escenario. En este contexto, sería plausible una reducción de los tipos de interés por parte del BCE, lo que situaría el Euribor a un año en el 2% a finales de 2025 y en el 1,75% en 2026. El mercado laboral también sentirá los efectos, con una menor creación de empleo. Funcas prevé la generación de unos 360.000 puestos de trabajo netos anuales en este bienio, frente a los 550.000 de media en los dos años anteriores, según la EPA. La tasa de paro bajaría hasta el 10% en 2026, seis décimas menos respecto a la anterior previsión. El déficit público se reduciría al 2,9% en 2025 (sin considerar el impacto de la DANA) y al 2,8% en 2026. No obstante, la deuda pública seguirá rondando el 100% del PIB, lo que limitaría la capacidad de reacción ante futuras crisis.

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(El País, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El sector turístico alerta de una caída del 15% de los viajes de españoles a EE UU por la guerra arancelaria

La guerra arancelaria iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de reducir el elevado déficit comercial del país y repatriar parte de la producción industrial deslocalizada, ya está afectando las decisiones de viaje de los turistas españoles hacia destinos emblemáticos como Nueva York o Miami. "Los desplazamientos desde España hacia EE. UU. han caído un 15%, lo que refleja claramente las consecuencias de la situación política y económica actual, a pesar de que la paridad euro-dólar en principio podría haber favorecido estos viajes", señaló Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, durante la presentación del balance de la Semana Santa y las proyecciones para el cierre de 2025. Una visión similar comparte la agencia de viajes online Destinia. "Al comienzo del conflicto comercial no se observaban grandes cambios en el número de viajes desde España. Sin embargo, conforme la tensión fue en aumento, las búsquedas de vuelos y las reservas descendieron considerablemente. No solo por los aranceles, sino también por el temor que comenzó a calar entre los potenciales viajeros", explicó una portavoz de la empresa. Destinia considera a EE. UU. un mercado clave, tanto por representar ya el 5% de sus ventas globales, como por su intención de abrir una filial en ese país este año. Por el momento, este descenso en la demanda no se ha producido en sentido contrario. Estados Unidos sigue liderando como principal país emisor de turistas a España fuera de la Unión Europea, con 4,26 millones de visitantes en 2024. "Muchos de estos viajeros llegan a bordo de cruceros, y la asociación europea del sector, CLIA -que forma parte de nuestra organización-, nos ha confirmado que el crecimiento sigue al mismo ritmo que el año pasado", añadió Molas. En cuanto al turismo proveniente de grandes emisores europeos como Reino Unido, Francia y Alemania -que en conjunto representan más de la mitad del total de visitantes-, la tendencia sigue estable en comparación con el cierre de 2024, según los primeros datos recogidos durante la Semana Santa. "La ocupación en alojamientos turísticos aumentó un 6% respecto al mismo periodo del año anterior y, según nuestras estimaciones, el primer cuatrimestre cerrará con un incremento del 5%", apuntó Molas. Este avance se debe en gran medida al empuje del turismo internacional, especialmente desde Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia, que concentraron el 60% de la demanda. Por el contrario, el menor número de viajes hacia EE. UU. ha limitado el crecimiento del turismo emisor español. En lo que respecta a los destinos nacionales, Toledo fue la ciudad con mayor ocupación hotelera, alcanzando un 92% de plazas cubiertas, seguida por Sevilla con un 87% y Madrid con un 85%. Barcelona, en cambio, se situó algo por debajo de años anteriores con un 80%, debido al notable encarecimiento de los alojamientos. Molas también destacó el buen comportamiento de los destinos insulares: Baleares alcanzó un 76% de ocupación y Canarias mantuvo cifras positivas a pesar de la huelga convocada en el sector, que no tuvo un impacto significativo. Las perspectivas para el verano y el cierre del ejercicio son muy alentadoras, siempre que no se repitan eventos imprevistos como la guerra comercial iniciada por EE. UU. La Mesa del Turismo prevé un crecimiento sostenido del 5% para 2025, lo que permitiría cerrar el año con un récord histórico de 98 millones de visitantes extranjeros y una aportación al PIB del 13,2%. "A eso se sumaría un 8% adicional por impacto indirecto", concluyó Molas, quien considera que alcanzar los 100 millones de turistas ya no es solo un objetivo, sino una meta cada vez más tangible.

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(El País, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los extranjeros aceleraron la compra de casas de más de 500.000 euros en el último año

El mercado inmobiliario español ha experimentado un notable aumento en la compraventa de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros, especialmente en propiedades de elevado valor. En 2024, las operaciones protagonizadas por compradores internacionales se aproximaron a las 93.000, lo que representa un incremento del 6,4% con respecto al año anterior, según el Colegio de Registradores. En particular, las adquisiciones de inmuebles por más de 500.000 euros crecieron un 20%, un dato significativo si se tiene en cuenta que esta era la cifra mínima para acceder a la conocida golden visa, recientemente suprimida. La eliminación de este visado de residencia para inversores extranjeros ha actuado como catalizador en los últimos meses, provocando un aumento de compras de alto importe antes de que dejara de estar disponible. A esta circunstancia se suma el encarecimiento general de la vivienda, lo que ha llevado a que más operaciones superen ese umbral de medio millón de euros. François Carriere, presidente de Coldwell Banker España y Andorra, reconoce un repunte en el interés por inmuebles de ese rango de precio, aunque subraya que solo un pequeño porcentaje (alrededor del 5%) de sus clientes extranjeros adquirían propiedades con el fin de obtener el visado de residencia. En su mayoría, estos compradores proceden de Estados Unidos, Turquía y países del Golfo. Introducidas en 2013, las golden visa buscaban atraer capital extranjero en plena crisis económica. Pero, con el cambio de contexto y el tensionamiento del mercado residencial actual -marcado por una escasa oferta de viviendas y el auge del alquiler turístico-, el Gobierno optó por suprimir esta herramienta como parte de una estrategia más amplia para mejorar el acceso a la vivienda. Rubén González, socio fundador de Mavericks Inmobiliaria, confirma que varios clientes, especialmente estadounidenses y costarricenses, se apresuraron a cerrar operaciones antes de la desaparición del visado, anunciada por Pedro Sánchez en primavera de 2024 y oficializada el 3 de abril. Las zonas costeras y turísticas como Baleares, Málaga, Alicante y las provincias catalanas, junto con grandes ciudades como Madrid y Barcelona, se mantienen como las favoritas de los inversores internacionales. Según el Anuario 2024 del Colegio de Registradores, los extranjeros representaron el 14,6% del total de las compraventas, el segundo porcentaje más alto desde que se recopilan datos. Las provincias donde más peso tiene este tipo de comprador son Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Málaga, todas con más del 30% de operaciones realizadas por foráneos. Fijando la atención en las viviendas de alto precio, el 10,76% de las compraventas realizadas por extranjeros en 2024 superaron los 500.000 euros, el nivel más alto registrado. Más de la mitad de estas transacciones fueron realizadas por ciudadanos extracomunitarios, que son quienes más se beneficiaban de las golden visa. Desde su puesta en marcha, España ha otorgado más de 22.400 visados dorados por inversión inmobiliaria, concentrados principalmente en ciudades como Barcelona, Madrid y zonas turísticas. La mayoría de estos permisos se concedieron a ciudadanos chinos, rusos, ucranianos y británicos. Además del factor legal, el aumento del valor de las viviendas ha influido en el auge de las transacciones de alto importe. En 2024, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.086 euros, un récord histórico. Las provincias más caras fueron Gipuzkoa, Baleares, Madrid, Barcelona, Bizkaia y Málaga. En palabras de González, el crecimiento de este tipo de operaciones se debe en un 80% al intento de aprovechar las últimas oportunidades para conseguir el visado de residencia, y en un 20% a la subida del valor de las propiedades. "Una vivienda que antes costaba 450.000 euros ahora supera fácilmente los 500.000", afirma. Aun así, considera que la desaparición de las golden visa no supondrá un cambio drástico: "España sigue siendo un destino atractivo para los compradores internacionales".

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(El Economista, 24-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Llega el esperado PERTE de vivienda

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, tiene previsto anunciar durante la feria de construcción industrializada Rebuild los detalles del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocado en vivienda, una de las 12 iniciativas clave que el Ejecutivo presentó en enero para frenar el aumento de los precios y facilitar el acceso a la vivienda. Según ha adelantado elEconomista.es, Sánchez estará acompañado mañana por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en un acto que tendrá lugar a las 11:30 horas en Ifema, en el marco del evento. Durante la presentación, se ofrecerán detalles de este plan, cuyo objetivo es "modernizar el sector de la construcción, fomentar su industrialización y lograr así viviendas más rápidas de construir, más económicas y sostenibles", según explicó el propio presidente en su momento. Se espera que también se anuncie una importante dotación económica al ICO para lanzar nuevas líneas de financiación dirigidas al sector. Fuentes del sector han indicado que estas nuevas líneas de crédito estarán orientadas a fortalecer el mercado de la construcción industrializada de viviendas, un segmento todavía incipiente en España pero con gran potencial, especialmente ante la escasez de mano de obra que sufre el sector. En su intervención de enero, Sánchez ya adelantó que este PERTE tendrá su sede en la provincia de Valencia, lo que también contribuirá a revitalizar el tejido económico de la zona, dañado por los efectos de la DANA. El anuncio ha generado altas expectativas en el sector inmobiliario, que desde hace tiempo solicita incentivos y reformas normativas que permitan impulsar esta modalidad constructiva. Especialmente, se reclama una regulación que facilite el acceso a financiación para las empresas dedicadas a la fabricación industrial de viviendas, muchas de las cuales son pequeñas y medianas empresas. "Este PERTE puede ser un impulso clave para que los pequeños productores de este ámbito logren escalar su actividad", señalan fuentes del sector. Actualmente, solo un 10% de las viviendas construidas en España incorporan elementos industrializados. No obstante, se espera que este porcentaje crezca progresivamente en los próximos años. La construcción industrializada, que implica la fabricación de viviendas en entornos controlados como fábricas, permite reducir significativamente los tiempos de entrega, mejorar la calidad de las obras y generar empleo más estable y cualificado. Además, este modelo mejora la eficiencia del proceso constructivo, ya que reduce residuos y optimiza el uso de materiales.

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