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(Expansión, 21-11-2024) | Fiscal

Las energéticas condicionan 30.000 millones de inversión al impuestazo

La posibilidad de que el Gobierno mantenga el impuesto a las grandes compañías energéticas, conocido como "impuestazo", ha desatado una reacción sin precedentes en el sector. A pesar de que hace unos días parecía improbable, las principales energéticas, agrupadas en la asociación Enerclub, han tomado una postura conjunta y emitido un comunicado en el que alertan que, de persistir este gravamen, se paralizarán inversiones de 30.000 millones de euros en España. Enerclub, que agrupa a las cinco mayores empresas energéticas del país (Iberdrola, Repsol, Naturgy, Endesa y Moeve), además de otras como EDP, TotalEnergies y Acciona Energía, también incluye a entidades estatales como Adif y Red Eléctrica, dado su elevado consumo de electricidad y su papel en la gestión de infraestructuras clave. Además, participan otras compañías nacionales e internacionales como Vitol, Viscofan, Vinci, Redexis, Samca, RWE, Alcoa y Alpic. Esta acción conjunta refleja la magnitud de la preocupación en el sector ante la posible extensión de un impuesto que, inicialmente, se planteó como temporal. El "impuestazo", que también afecta a los bancos, fue introducido por el Gobierno con el objetivo de reducir lo que consideraba beneficios extraordinarios derivados del aumento de los precios de la energía y los tipos de interés. Para las energéticas, este gravamen se aplica a las empresas con ingresos superiores a 1.000 millones de euros anuales y equivale al 1,2% de sus ventas. Originalmente, estaba previsto que tuviera vigencia hasta diciembre de este año. Entre las empresas más afectadas, Repsol lidera con pagos de 443 millones de euros en 2022 y 350 millones en 2023. Iberdrola abonó 216 millones por el ejercicio de 2022 y 160 millones por el de 2023, mientras que Endesa pagó 208 millones en 2022 y 202 millones en 2023. La incertidumbre generada en los últimos días se debe al cambio constante en la posición del Gobierno, que en apenas cuatro semanas ha modificado su postura en varias ocasiones. Inicialmente, el pasado 30 de octubre, el Ejecutivo acordó con Junts y PNV eliminar el impuesto. Sin embargo, un acuerdo posterior con ERC, EH Bildu y BNG buscó mantenerlo. Hoy, el Congreso decidirá el futuro de este gravamen. Desde Enerclub se ha destacado la necesidad de garantizar un entorno estable que promueva la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria y fiscal, elementos esenciales para concretar los 308.000 millones de euros en inversiones previstas para la transición energética en España, de los cuales un 82% deberá ser aportado por el sector privado. La asociación advierte que prolongar o añadir nuevas cargas fiscales sobre el sector energético pondrá en riesgo la realización de inversiones necesarias, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como la viabilidad económica y financiera de los proyectos relacionados con la transición energética.

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(El Economista, 21-11-2024) | Fiscal

Las Comunidades Autónomas se repartirán los ingresos de la tasa bancaria según su PIB

El Gobierno y Junts han propuesto un modelo de distribución del impuesto a la banca que favorece a las comunidades autónomas con mayor PIB, beneficiando especialmente a regiones como Cataluña. Según una enmienda transaccional, que se votará este jueves en el Congreso y a la que ha accedido elEconomista.es, los ingresos se repartirán entre las comunidades de régimen común en función de su Producto Interior Bruto. Esto significa que regiones como Madrid, Cataluña o Andalucía concentrarán más del 50% de la recaudación, mientras que otras, como La Rioja, Cantabria o Extremadura, recibirán menos recursos. Sin embargo, el Ejecutivo podría optar por un reparto basado en el PIB per cápita, similar al criterio empleado en el sistema de financiación autonómica, lo que también aseguraría mayores fondos a Madrid, Cataluña y Baleares. Esta fórmula requeriría regular el impuesto como un tributo cedido, según explica Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense e investigador asociado de Fedea. Este planteamiento surge en medio del debate sobre la reforma de la financiación autonómica y las concesiones específicas a Cataluña. Según cálculos de Funcas, una financiación singular basada en el PIB trasladaría a las arcas catalanas 2.641 millones de euros, cifra que ascendería a 4.519 millones si el criterio fuese la población. A esto se añadirían los ingresos derivados del nuevo impuesto, cuya recaudación, según el documento, estará disponible anualmente para las comunidades de régimen común a través de operaciones de tesorería. Junts, uno de los impulsores de esta enmienda, refuerza así su posición en Cataluña, al igual que el PNV logró ventajas para las haciendas forales, como gestionar el impuesto directamente. Esto permitirá al Gobierno vasco modificar tipos, exenciones y bonificaciones, una opción que, según Onrubia, los nacionalistas vascos podrían usar para excluir de la tributación a entidades como BBVA o Kutxabank. Hasta ahora, la Agencia Tributaria ha recaudado 1.695 millones de euros en 2024 con el gravamen temporal a las entidades financieras, que no incluía asignación para las comunidades autónomas. Este monto podría incrementarse si prospera el acuerdo entre Moncloa y Junts. El nuevo modelo establece un sistema progresivo de tipos que llega al 7% para bancos con márgenes de intereses y comisiones superiores a 5.000 millones de euros, afectando a CaixaBank, Santander y BBVA. Otros tramos incluyen un 6% para bases mayores a 3.000 millones, un 4,8% a partir de 1.500 millones, un 3,5% desde 750 millones y un 1% para cifras inferiores. Esto supone una ampliación del gravamen temporal, que aplicaba un único tipo del 4,8% a partir de los 850 millones de ingresos anuales. Además, el nuevo impuesto incluye a bancos extranjeros con actividad en España, como BNP Paribas, que genera más de 800 millones de ingresos en el país.

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(El Economista, 21-11-2024) | Fiscal

Hacienda podrá gravar la compra de una vivienda "okupada" a valor de mercado

La compra de una vivienda okupada suele implicar una rebaja significativa en su precio, que puede oscilar entre el 30% y el 50% respecto a su valor de mercado. Sin embargo, esta reducción no conlleva necesariamente beneficios fiscales al momento de tributar la operación. Según la Dirección General de Tributos (DGT), la base imponible para calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (con tipos que varían entre el 6% y el 10% según la comunidad autónoma) puede ser el valor de mercado del inmueble, incluso si el precio pagado es inferior. En una resolución emitida el 18 de septiembre, Tributos aclara que, según la Dirección General del Catastro, un inmueble okupado no tiene un precio de referencia cuando no existe una relación legal regulada, como un contrato de alquiler, que permita al propietario disponer libremente de la vivienda. Por ello, en ausencia de un valor de referencia, la base imponible del impuesto será la mayor de tres opciones: el valor declarado por las partes, el precio de compraventa o el valor de mercado. En el caso de viviendas okupadas, el valor de mercado suele ser el más alto. A pesar de esto, los contribuyentes tienen opciones para impugnar el valor atribuido al inmueble si consideran que no es correcto. La primera opción es recurrir la liquidación del impuesto tras la compra. En este caso, la Agencia Tributaria solicitará al Catastro que confirme o rectifique el valor a la luz de las pruebas y alegaciones presentadas por el comprador. La segunda alternativa consiste en presentar alegaciones a los valores de referencia de los inmuebles, los cuales son determinados anualmente por el Catastro y publicados en su sede electrónica antes del 30 de octubre. Antes de esta publicación, se abre un trámite de audiencia colectiva, anunciado en el BOE, que permite a los ciudadanos presentar sus objeciones durante un período de 10 días. Finalmente, en los primeros 20 días de diciembre, el Catastro publica en el BOE la resolución definitiva sobre los valores de referencia, los cuales pueden ser impugnados en un plazo de un mes ante los tribunales económico-administrativos.

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(El Periódico, 21-11-2024) | Fiscal

Montero cifra en 5.000 millones el coste de la anulación de la reforma de sociedades

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estimó este miércoles en 5.000 millones de euros el impacto económico derivado de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades implementadas durante el gobierno del PP. Este coste, según Montero, se busca compensar con las medidas fiscales incluidas en el paquete que será sometido a votación en el Congreso este jueves. Montero calificó la situación como una consecuencia de las decisiones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, cuya reforma anulada por el Tribunal Constitucional "regalaría 5.000 millones de euros este año a las grandes empresas". En respuesta, el Gobierno ha propuesto ajustes en el impuesto de sociedades dentro del nuevo paquete fiscal, ya aprobado por la Comisión de Hacienda y pendiente de la decisión del Pleno del Congreso. Durante la sesión de control, Montero criticó la postura del PP, que ha anunciado su voto en contra del paquete fiscal, el cual también incluye medidas como un aumento del IRPF para las rentas del capital más altas, una reducción del impuesto de sociedades para las pymes y acciones para combatir el fraude en el sector de los hidrocarburos. Montero subrayó que la aprobación de estas reformas fiscales es crucial no solo para garantizar el equilibrio presupuestario, sino también para desbloquear el quinto tramo de fondos europeos comprometidos con la UE. Sin embargo, la ministra reconoció que la votación en el Congreso no está asegurada. Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, criticó duramente lo ocurrido en la Comisión de Hacienda el lunes, que se caracterizó por interrupciones y largas pausas. Gamarra acusó al Gobierno de generar inseguridad jurídica al pactar con diferentes socios el mantenimiento por un año más del impuesto a las energéticas, mientras dejaba caer otras propuestas. "Esto ahuyenta la inversión", afirmó Gamarra. La portavoz del PP también instó a Montero a "dejar de subir impuestos" y centrarse en las necesidades de los afectados por la DANA en Valencia. En respuesta, Montero aseguró que la reforma fiscal permitirá financiar emergencias y garantizar los salarios de los empleados públicos que trabajan en las zonas afectadas. El diputado del PP Jaime de Olano acusó al Gobierno de ser "una banda" y de escatimar en ayudas para los valencianos, alegando que el Ejecutivo valenciano solo ha movilizado 250 millones frente a los más de 14.000 millones aprobados por el Gobierno central. Montero respondió señalando que, además, se han adjudicado contratos relacionados con la DANA a empresas vinculadas a casos de corrupción del PP, lo que, según ella, resta credibilidad a las críticas de la oposición.

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(Expansión, 21-11-2024) | Laboral

Muface pide información al mercado, lo que retrasa la renovación del concierto

Los plazos se alargan. Muface informó el pasado 5 de noviembre que convocaría con urgencia una nueva licitación para el seguro que garantiza la atención sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Sin embargo, ayer comunicó la apertura de un plazo, que no estaba previsto, para realizar una consulta al mercado, lo que retrasa la renovación del acuerdo que regula esta cobertura. Las aseguradoras tienen 10 días hábiles, hasta el 4 de diciembre, para presentar sus propuestas, tras lo cual la Administración elaborará un informe final que será publicado, según lo indicado por Muface. Esto deja 17 días hábiles para que se complete el informe, se diseñe un nuevo acuerdo que, en teoría, incorporará las aportaciones de las compañías, y se otorgue un tiempo suficiente a las aseguradoras interesadas para estudiar y decidir su adhesión. En el convenio anterior contaron con tres semanas para este análisis. Todo este proceso debe completarse antes del 31 de diciembre, cuando vence la cobertura actual. Enero es el mes en el que los mutualistas tienen la posibilidad de cambiar de aseguradora o optar por la sanidad pública. La Administración ya ha señalado que, en caso de no lograrse una renovación a tiempo, el convenio actual podría prorrogarse hasta nueve meses por tratarse de un contrato de interés público. Esta opción resulta más plausible ahora, considerando lo ajustado del calendario, aunque también se contempla una prórroga breve si las propuestas de Muface logran convencer a las aseguradoras para que permanezcan en el convenio. El Gobierno ha solicitado a Adeslas, Asisa, DKV y otras aseguradoras interesadas que detallen sus condiciones para adherirse al acuerdo. Esta iniciativa se produce tras quedar desierta la licitación anterior, convocada el 5 de noviembre, debido a que estas tres compañías no participaron por considerar insuficiente la prima ofrecida, pese al incremento del 17% fijado por la Administración para 2025 y 2026, con un presupuesto total de 2.681 millones de euros. Las aseguradoras demandan un incremento de hasta el 40% en la prima bianual. El uso de una consulta de mercado en este tipo de procesos está previsto en la legislación vigente. En este caso, Muface solicita a las aseguradoras que presenten sus precios estimados para 2025, 2026 y 2027, ampliando el periodo de cobertura un año más respecto a la licitación anterior. El convenio actual, que abarca desde 2022 hasta 2024, tiene una duración de tres años. Según Muface, esta consulta preliminar tiene como objetivo preparar adecuadamente la nueva licitación y asegurar que el presupuesto base se ajuste a los precios de mercado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La norma establece que los presupuestos de licitación deben alinearse con los precios reales del mercado. La información requerida incluye la prima media que la Administración debería pagar a las aseguradoras en siete rangos de edad durante los próximos tres años, así como un desglose de los costes totales estimados para establecer estos valores. Los sindicatos CCOO y UGT solicitaron ayer al Ministerio de Función Pública, del que depende Muface, que acelere los trámites para formalizar el nuevo concierto "lo antes posible" y pidieron a las aseguradoras que actúen con "responsabilidad". Este proceso también afecta a la cobertura sanitaria de aproximadamente 8.000 funcionarios que trabajan en el extranjero y no tienen acceso a la sanidad pública, a diferencia de los mutualistas de Muface que sí cuentan con esa opción. Hasta el 31 de diciembre, estos empleados están cubiertos por DKV.

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(El País, 21-11-2024) | Laboral

Los salarios de la eurozona suben a su mayor nivel impulsados por el tirón alemán

Los salarios negociados en los convenios colectivos dentro de la eurozona registraron un incremento del 5,42% durante el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informó este miércoles el Banco Central Europeo (BCE). Este aumento representa la mayor subida desde 1992 y supera en casi un punto porcentual el crecimiento observado en el segundo trimestre del año. El BCE destacó que los salarios negociados en la eurozona crecieron interanualmente un 5,42% entre julio y septiembre, en contraste con el 3,54% del segundo trimestre y el 4,77% registrado en los tres primeros meses de 2024. Este incremento se debe en gran medida al impulso de Alemania, donde los salarios pactados, incluyendo acuerdos adicionales, aumentaron un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la tasa más alta desde 1993, según datos del Bundesbank. No obstante, el Banco Central Alemán advirtió que este periodo podría marcar el punto más alto en los incrementos salariales, previendo un ritmo más moderado en el futuro. De hecho, el reciente acuerdo de IG Metall para el sector manufacturero estipula aumentos salariales más contenidos para los próximos dos años. Este repunte salarial, que rompe la tendencia bajista del segundo trimestre, alcanza niveles no vistos desde finales de 1992, cuando el incremento fue del 6,6%. La publicación de estos datos coincide con la proximidad de la última reunión del año del BCE, prevista para dentro de menos de un mes, en la que se espera una nueva reducción de los tipos de interés, la cuarta consecutiva. Sin embargo, el BCE proyecta una desaceleración significativa en los aumentos salariales para 2025 y 2026, lo que contribuiría a una estabilización de la inflación en torno al objetivo del 2%. Este crecimiento de los salarios, impulsado desde 2022 por la inflación y la falta de mano de obra en algunos sectores, ya había llevado a aumentos del 2,95% en 2022 y del 4,44% en 2023. En su reunión de octubre, el BCE subrayó que, aunque los salarios seguían creciendo a un ritmo elevado, las presiones sobre los costes laborales se están moderando paulatinamente, con las empresas absorbiendo parte del impacto en sus márgenes de beneficios. Philip Lane, economista jefe del BCE, señaló en ese encuentro que un mercado laboral más sólido podría facilitar la consecución del objetivo de inflación y que los aumentos salariales previstos para los próximos años serán más acordes con este propósito que los registrados antes de la pandemia.

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(El País, 21-11-2024) | Laboral

Casi 11.000 afectados han presentado ya las solicitudes para cobrar las ayudas directas por la DANA

El Ministerio de Hacienda abrió este martes, 19 de noviembre, el plazo para que empresas y autónomos soliciten ayudas económicas destinadas a paliar los daños provocados por la DANA. En tan solo 24 horas, se han recibido cerca de 11.000 solicitudes, según informó la Agencia Tributaria este miércoles. Este plazo estará disponible hasta el 31 de diciembre, y el real decreto ley que regula estas ayudas prevé beneficiar a más de 100.000 autónomos y empresas, lo que sugiere que las solicitudes seguirán incrementándose en los próximos días. La Agencia Tributaria, con el objetivo de agilizar el proceso, ha habilitado un formulario electrónico donde los solicitantes pueden indicar su cuenta bancaria para recibir los fondos. A partir del 1 de diciembre, las ayudas comenzarán a transferirse y estarán exentas tanto de IRPF como del impuesto sobre sociedades. El real decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 5 de noviembre, destina un presupuesto total de 10.600 millones de euros en ayudas directas y préstamos. Los beneficiarios serán autónomos y empresas cuyos negocios hayan sufrido daños, incluso si no están ubicados fiscalmente en los municipios afectados. En el caso de las empresas, el importe de las ayudas se determinará según el volumen de operaciones de 2023: Facturación menor a 1 millón de euros: 10.000 euros; Entre 1 y 2 millones: 20.000 euros; De 2 a 6 millones: 40.000 euros; Entre 6 y 10 millones: 80.000 euros y Más de 10 millones: 150.000 euros. Estas ayudas alcanzarán a más de 33.800 empresas de las zonas afectadas. Para los autónomos, se ha fijado una cuantía de 5.000 euros, beneficiando a más de 70.000 personas. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) estimó que la DANA impactó en unos 70 municipios clave para la economía regional y nacional, que representan el 34,5% del PIB provincial y el 22% de la Comunidad Valenciana. Esto afecta directamente a más de 400.000 trabajadores y equivale a un PIB de 28.000 millones de euros, superando la riqueza de comunidades como Extremadura, La Rioja o Asturias. Además de las ayudas económicas, el decreto incluye medidas fiscales como exenciones y devoluciones del IBI y el IAE para inmuebles dañados, flexibilización de plazos tributarios hasta el 30 de enero de 2025 y aplazamientos de pagos sin intereses durante los primeros seis meses. También se ha aprobado una reducción del 25% en la tributación por módulos para los autónomos, lo que supondrá un ahorro medio de 400 euros para más de 22.600 contribuyentes, así como un descuento similar en las cuotas del régimen simplificado de IVA, beneficiando a otros 4.900 autónomos. De forma excepcional, los autónomos podrán renunciar al régimen de módulos en 2024 y optar por la estimación directa, con la posibilidad de volver al régimen original en 2025 o 2026 si así lo desean.

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(El Economista, 21-11-2024) | Laboral

Trabajo busca el acuerdo con CCOO y UGT para llevar cuanto antes al Congreso la rebaja de la jornada

El Ministerio de Trabajo ha programado para mañana jueves, a las 16:00 horas, una nueva reunión de la mesa de diálogo social centrada en la reducción de la jornada laboral. La reunión anterior, que estaba prevista para la semana pasada, fue suspendida debido a la DANA y la necesidad de priorizar la gestión de la emergencia. Trabajo había establecido el 11 de noviembre como fecha límite para que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme dieran una respuesta definitiva, aceptando o rechazando su propuesta de reducir la jornada laboral semanal de las actuales 40 horas a 37,5 mediante una ley. Sin embargo, CEOE y Cepyme ya han manifestado su rechazo a esta medida, calificándola como una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva", según lo estipulado en el artículo 37.1 de la Constitución. Pese a la oposición empresarial, la vicepresidenta segunda ha garantizado que la jornada de 37,5 horas será implementada "antes de que finalice el próximo año". Con la negativa de las patronales, el Ministerio dirigirá sus esfuerzos hacia un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, con el objetivo de presentar la propuesta en el Congreso lo antes posible. Para ello, será crucial asegurar el apoyo político necesario para su aprobación. En este sentido, los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han iniciado contactos con formaciones políticas como el PNV y Bildu, buscando respaldos para la medida. Además, la postura de CEOE y Cepyme podría tener consecuencias adicionales, ya que las ayudas propuestas para apoyar a las pequeñas empresas en la transición hacia la jornada reducida podrían ser eliminadas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya había advertido que algunos elementos de la propuesta podrían modificarse si la patronal no aceptaba el acuerdo. Los sindicatos, por su parte, han adoptado una postura firme y no están dispuestos a hacer concesiones a las patronales si no se suman al pacto. El líder de UGT, incluso, ha instado al Ministerio a aprobar la reducción de la jornada "sin condiciones", sin ofrecer compensaciones a las empresas. Tanto CCOO como UGT han dejado claro que, en la reunión de mañana, pedirán a Trabajo que avance en la legislación para reducir la jornada laboral. Además de las reuniones con partidos políticos, los sindicatos han adelantado que podrían organizar movilizaciones en las próximas semanas para presionar en favor de la jornada de 37,5 horas, según afirmó Unai Sordo. En la última reunión de la mesa de diálogo, el Ministerio había incluido en su propuesta nuevas medidas con el objetivo de atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo. Entre estas, destacaba un programa de ayudas directas de hasta 375 millones de euros destinado a microempresas con menos de cinco empleados en sectores como hostelería, comercio, agricultura, limpieza y peluquerías. Trabajo también propuso dos nuevos programas de apoyo, inspirados en el Kit Digital y el Kit Consulting, que ofrecían hasta 6.000 euros por empresa, siempre que estas mantuvieran el nivel y la calidad del empleo durante tres años. Estas iniciativas se sumaban al 'Plan Pyme 375', diseñado para empresas con menos de diez trabajadores, que incluía asesoramiento y bonificaciones para fomentar el empleo fijo y convertir contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo derivados de la reducción de la jornada. Estas bonificaciones, cuyo alcance aún no había sido definido, podrían oscilar entre el 20% y el 100% de las cotizaciones empresariales, con incentivos adicionales para la contratación de jóvenes y mujeres, siempre y cuando el Ministerio mantenga estas medidas tras el rechazo de CEOE. Finalmente, además de la reducción de la jornada semanal, el Ministerio busca incluir en la legislación el derecho a la desconexión digital y establecer un registro horario digital e interoperable, supervisado por la Inspección de Trabajo, para garantizar el cumplimiento de la normativa.

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(El Economista, 21-11-2024) | Laboral

La Seguridad Social calcula que a partir de febrero los sectores con muchas bajas podrán pedir la jubilación anticipada

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha fijado febrero de 2025 como fecha para la entrada en vigor de los nuevos coeficientes reductores. Este reglamento permitirá que las organizaciones patronales y sindicales, en representación de los trabajadores de actividades con alta siniestralidad o numerosas bajas, puedan solicitar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. Según las estimaciones, algunos trabajadores podrían beneficiarse de esta medida hacia finales del verano, ya que el proceso entre la solicitud y su resolución toma aproximadamente seis meses. Cabe destacar que no se aplicará a sectores completos, sino únicamente a las ocupaciones consideradas más exigentes. "El pasado 22 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó esta normativa mediante tramitación urgente. Posteriormente, se sometió a audiencia pública como muestra de transparencia. Actualmente, los servicios técnicos y jurídicos están evaluando las alegaciones presentadas, y después se enviará al Consejo de Estado para que emita su dictamen en un plazo de 15 días", explicó Saiz, quien reiteró que el objetivo es implementar la norma lo más pronto posible, con vistas a febrero de 2025. La ministra subrayó que estos coeficientes reductores aportarán "certeza" y ampliarán los derechos laborales, avanzando en protección social. Según Saiz, es "prioritario" que cualquier colectivo que considere tener derecho a la jubilación anticipada pueda solicitarlo y obtener una respuesta objetiva, considerando tanto las exigencias físicas y psíquicas de ciertas ocupaciones como la perspectiva de género. Esta medida forma parte de la última reforma de pensiones, que fue aprobada con el respaldo de sindicatos y patronales. Su finalidad es reducir la edad de acceso a la jubilación para ocupaciones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, caracterizadas por altos índices de morbilidad o mortalidad. Para determinar estos índices se considerarán todas las bajas laborales, no solo aquellas derivadas de contingencias profesionales, en respuesta a las demandas de los representantes de los trabajadores. La norma abarcará tanto a empleados por cuenta ajena como a autónomos, exceptuando a aquellos que ya cuentan con sistemas propios de coeficientes reductores, como policías, marineros o mineros. No obstante, los beneficios se aplicarán únicamente a ciertas actividades dentro de cada sector, dependiendo de las características específicas de cada ocupación. Además, solo se activarán en los casos en los que no sea posible adaptar el puesto de trabajo. Durante su intervención en el Congreso, Saiz respondió a una pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero sobre la inclusión de cuidadores de personas con alto grado de dependencia en este sistema. Vaquero recordó que estas personas quedan excluidas porque la penosidad no deriva de una relación laboral, sino del cuidado en sí. Aunque insistió en la necesidad de buscar soluciones para quienes compatibilizan trabajo y cuidados, Saiz no ofreció una respuesta concreta al respecto. El proceso de solicitud se iniciará a instancia de los sindicatos o patronales representativos del sector, ya sea de forma conjunta o por separado. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tendrá un plazo de seis meses para resolver cada caso. Se espera que, una vez en vigor, el Ministerio reciba numerosas solicitudes de colectivos que llevan tiempo reclamando estos coeficientes, como transportistas, trabajadoras de ayuda a domicilio o camareras de piso. Si el reglamento comienza a aplicarse en febrero de 2025, los primeros beneficios podrían concederse entre agosto y septiembre. Según establece la normativa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe que evaluará la morbilidad y siniestralidad del colectivo, identificará los indicadores básicos, determinará sus umbrales y analizará el impacto del trabajo, considerando especialmente factores como la edad y el género.

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(El Periódico, 21-11-2024) | Laboral

Cataluña simplificará los trámites online para pedir las ayudas a la dependencia o el reconocimiento de una discapacidad

Solo el 4% de las personas que inician el trámite de solicitud de una pensión por invalidez en línea logra completarlo con éxito en el primer intento. Las cifras no son mucho mejores para quienes tramitan un título de familia numerosa (7%) o una prestación social para personas con discapacidad (10%). Realizar gestiones administrativas puede convertirse en un desafío, y los portales online a menudo se perciben más como barreras que como soluciones. Ante esta problemática, la Generalitat de Cataluña ha decidido tomar medidas. Como parte del plan de modernización de los servicios públicos impulsado por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la Generalitat se ha comprometido a reformular en los próximos 12 meses los 10 trámites administrativos más demandados. Entre ellos se incluyen solicitudes como el reconocimiento del grado de discapacidad, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ayudas a la dependencia, al alquiler, y la matrícula universitaria, entre otros. Estas gestiones, que en conjunto sumaron más de medio millón de usuarios el año pasado, serán las primeras en ser revisadas. Este miércoles, el Govern reunió a 68 expertos, organizados en 12 comisiones, para lanzar oficialmente este proceso de reforma. "Existe un consenso entre la ciudadanía y el sector privado de que hay una desconexión con la administración", afirmó Dalmau durante el acto de presentación. La reforma busca simplificar, agilizar y hacer más accesibles los trámites. Aunque todavía no hay un plan cerrado, los cambios se centrarán en modificar los procesos y mejorar la información que reciben los usuarios sobre el estado de sus solicitudes. Para identificar áreas de mejora, se llevará a cabo una encuesta durante el primer trimestre de 2025, dirigida a 120.000 personas que hayan realizado trámites recientemente, con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias. Además, la Generalitat pondrá en marcha un observatorio de la administración digital, que publicará indicadores clave para medir la eficiencia de los servicios públicos. Entre estos, se incluirán datos como el tiempo promedio de respuesta, la cantidad de trámites que pueden realizarse online, el número total de solicitudes gestionadas y la valoración ciudadana de la atención recibida. Aunque los 10 trámites priorizados son solo el inicio, la reforma abarcará también gestiones dirigidas a empresas. Los expertos tienen un plazo de 10 meses para presentar propuestas, que incluirán desde cambios en el silencio administrativo para trámites empresariales, hasta la modernización del proceso de selección de empleados públicos, que actualmente puede demorar hasta dos años desde la convocatoria hasta la incorporación del funcionario. Otras áreas de mejora incluirán la actualización de normativas como la ley de urbanismo, vigente desde 2002, y la despolitización del nombramiento de directivos públicos, priorizando criterios de mérito y capacidad sobre designaciones partidistas. "Esta vez va en serio", aseguró Dalmau, reforzando el compromiso de llevar adelante una transformación profunda de la administración catalana.

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