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(El Economista, 19-12-2024) | Laboral

Gobierno y sindicatos recuperarán la jubilación parcial de los funcionarios

El Gobierno y los sindicatos han firmado este miércoles un acuerdo que restituye el derecho de los empleados públicos a acogerse a la jubilación parcial, permitiéndoles compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la pensión. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, junto con Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Luciano Palazzo, coordinador de Área Pública de CCOO, sellaron este pacto tras semanas de negociación. La medida responde a una demanda histórica tanto del colectivo de empleados públicos como de los sindicatos, además de cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022. La implementación del acuerdo implicará modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Durante la firma, el ministro destacó: "Recuperamos un derecho eliminado con las medidas de austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en 2012 y eliminamos una desigualdad injusta con los trabajadores del sector privado". La reintroducción de esta modalidad en el sector público tiene como objetivo facilitar una transición gradual entre la vida laboral y la jubilación, al mismo tiempo que fomenta la transferencia de conocimientos entre generaciones. López subrayó que esta iniciativa busca garantizar que los empleados más experimentados compartan su experiencia con las nuevas generaciones de trabajadores. En el sector público, el puesto del trabajador que releva al jubilado parcial se regulará como personal funcionario de carrera. Las plazas deberán incluirse en las ofertas de empleo público o en los planes de planificación equivalentes del año en que se produzca la jubilación, garantizando así que esta medida no genere costes adicionales para el presupuesto. Además, el acuerdo establece que la jubilación parcial en el ámbito público se ajustará a lo dispuesto en la normativa de la Seguridad Social y Clases Pasivas, con las adaptaciones necesarias. Este marco se basa en el regulador pactado el 31 de julio de 2024 en la mesa de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO. El compromiso incluye trasladar de manera inmediata el contenido del acuerdo a la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas para iniciar el proceso de modificación normativa.

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(El Periódico, 19-12-2024) | Laboral

El Gobierno afirma que ya ha estabilizado más de 321.000 plazas hasta ahora ocupadas por interinos

Las administraciones públicas españolas han regularizado hasta la fecha un total de 321.776 plazas que estaban ocupadas por personal interino, según anunció el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre, fecha límite para que todo el sector público finalice la estabilización de trabajadores temporales en situación de fraude, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para la recepción de fondos europeos y tras las reiteradas advertencias de la justicia europea. En 2021, el Gobierno había identificado 300.000 plazas ocupadas por interinos en posiciones estructurales que debían estar desempeñadas por funcionarios de carrera. Tres años después, el número de plazas regularizadas asciende a 321.776, superando en 21.776 la previsión inicial. El Ministerio se refiere a "plazas" y no a "interinos", ya que algunos trabajadores eventuales han logrado consolidar su plaza, aunque en otro puesto, mientras que otros no han podido obtener ninguna. "Los sectores más beneficiados por la estabilización han sido el docente y el sanitario, esenciales para el mantenimiento del Estado del Bienestar", destacó el ministro, quien subrayó que "nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo". A pesar de estos avances, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados trimestralmente por el INE aún no reflejan plenamente este esfuerzo. En el tercer trimestre de 2023, la tasa de temporalidad en el sector público español se situaba en el 28,6%, dos puntos por debajo de 2021, pero lejos del objetivo del 8% fijado por el Gobierno. Según López, mientras en la Administración General del Estado (AGE) la temporalidad es del 5%, en las comunidades autónomas alcanza el 42% y en los municipios, el 41%. El pasado fin de semana, cientos de personas se manifestaron en Barcelona convocadas por plataformas de interinos y sindicatos como la IAC y la CGT, para exigir soluciones para aquellos trabajadores que no han logrado estabilizar su plaza. En el caso de la Generalitat, datos preliminares indican que más del 90% de los interinos que participaron en concursos de méritos u oposiciones han conseguido consolidar su posición. El ministro también anunció su intención de presentar en el Congreso durante la primera mitad de 2025 dos proyectos legislativos orientados a incrementar la transparencia en la administración. Por un lado, la Ley de Administración Abierta, que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas semestral y participación ciudadana. Por otro lado, la Ley de Grupos de Interés, conocida como "ley de lobbies", que establecerá un marco de transparencia e integridad en las interacciones entre los grupos de interés y el personal público del Estado.

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(Cinco Días, 19-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed recorta los tipos hasta el 4,5%, pero prevé menos rebajas en 2025

La Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en un cuarto de punto en su última reunión del año, pero dibuja un panorama más incierto para 2025, con una relajación de la política monetaria que será más lenta de lo que se preveía inicialmente. Se espera que solo se produzcan dos recortes en todo el año. Con esta decisión, los tipos en Estados Unidos cierran el año por debajo del 4,5%. Desde mañana, el rango del precio del dinero se ubicará entre el 4,25% y el 4,5%, cumpliendo así con el plan previamente establecido. Este recorte es el tercero y último de 2024. Tras mantener los tipos en un máximo histórico del 5,5% durante más de un año, el banco central estadounidense inició la reducción en septiembre con una significativa rebaja de medio punto, el doble de lo que el mercado anticipaba. Posteriormente, en noviembre, se efectuó un segundo recorte de un cuarto de punto, dejando entrever un tercer ajuste en diciembre, tal como lo anunció en su momento el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien defendió un enfoque gradual. La incógnita ahora radica en lo que sucederá en 2025. Según las proyecciones más recientes de la Fed, el ritmo de relajación será más lento de lo que se estimaba hace unos meses. En septiembre, las previsiones apuntaban a entre cuatro y cinco recortes para el próximo año, con la posibilidad de que los tipos cerraran 2025 por debajo del 3,25%. Esto habría supuesto una reducción acumulada de más de un punto durante el año. Sin embargo, las expectativas actuales son más moderadas, y la mayoría de los gobernadores (10 de 19) anticipan que los tipos terminarán el próximo ejercicio en un rango entre el 3,75% y el 4%. Esto se traduciría, probablemente, en dos recortes de un cuarto de punto cada uno. Para 2026, aunque las previsiones son menos consensuadas, se estima un ritmo similar de ajustes, con los tipos cerrando el año entre el 3,25% y el 3,5%. Desde la Fed insisten en la necesidad de actuar con prudencia ante las incertidumbres económicas, evitando referirse directamente a las políticas del presidente electo, Donald Trump, aunque estas podrían tener un impacto significativo en las decisiones del banco central. Expertos advierten que medidas como los aranceles y las deportaciones masivas anunciadas por Trump podrían intensificar las presiones inflacionarias, complicando el plan de la Fed. Algunos analistas incluso sugieren que estas circunstancias podrían forzar al banco central a revertir las bajadas y volver a subir los tipos. Por ahora, este escenario no se contempla, pero la Fed se muestra más cautelosa y anticipa menos recortes, combinados con pausas en el ajuste de la política monetaria. El mercado ya da por hecho que en la reunión de finales de enero el organismo mantendrá los tipos sin cambios, inaugurando el año con una pausa que podría extenderse al menos hasta marzo o incluso hasta la primavera. Desde la Fed subrayan la necesidad de observar avances más claros en la inflación hacia el objetivo del 2%. Sin embargo, en los últimos dos meses, la inflación ha mostrado una tendencia opuesta, con ligeros repuntes consecutivos que la situaron en el 2,8% en noviembre. En contraste, la economía sigue mostrando solidez. Aunque el desempleo ha aumentado ligeramente, se mantiene en niveles históricamente bajos. Al mismo tiempo, la victoria de Trump en las elecciones de noviembre ha generado euforia en los mercados, que han alcanzado máximos históricos en las últimas semanas, al igual que el dólar, que ha registrado un fuerte ascenso en el último mes y medio.

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(El País, 19-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña pierde 275 empresas hasta septiembre, la mayoría con destino Madrid

La incertidumbre y la ausencia de reglas claras no son aliados para los negocios, y el sector empresarial en Cataluña está acusando la incertidumbre generada por el acuerdo entre ERC y el PSC para avanzar hacia la soberanía fiscal en la región. Aunque el impacto del procés ha disminuido en las urnas, con la pérdida de la mayoría independentista en las elecciones autonómicas de mayo, persisten las dudas sobre si la Generalitat asumirá la gestión de todos los impuestos generados en Cataluña (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, entre otros). Este escenario, sumado al temor de un posible incremento de la carga fiscal, ya elevada, ha reactivado la fuga de empresas, un fenómeno que afecta al tejido productivo catalán de forma continua desde hace años. Pese a que Cataluña sigue atrayendo empresas que deciden mudarse entre comunidades y algunas de las que se marcharon durante el procés consideran regresar (como Cementos Molins, primera cotizada en hacerlo), el número de compañías que abandonan la región supera al de las que llegan. Entre enero y septiembre, según datos de Informa D&B, 429 empresas se trasladaron a Cataluña, mientras que 704 se mudaron a otras regiones, dejando un saldo negativo de 275. En el tercer trimestre, el periodo estival no frenó esta tendencia, con la pérdida de 75 empresas. El saldo negativo de 275 empresas es el más alto registrado entre comunidades autónomas y triplica la cifra del mismo periodo de 2023, cuando se perdieron 80 compañías. Además, es el peor resultado desde 2021, cuando se registró una pérdida neta de 348 empresas. En los últimos años, los balances anuales fueron de 218 empresas perdidas en 2022 y 128 en 2023. Esto evidencia un resurgimiento de la fuga empresarial en los últimos trimestres, impulsado por factores como los ecos del procés, la dependencia del Gobierno central de los partidos independentistas y las dudas sobre la implementación de un modelo fiscal catalán. Mientras Cataluña sufre esta fuga, la Comunidad de Madrid continúa siendo la principal receptora de empresas que trasladan su sede social. Entre enero y septiembre, de los 4.020 cambios de domicilio registrados en España, 1.369 eligieron Madrid, el 34% del total. Aunque 1.170 empresas dejaron Madrid en ese periodo, la región terminó con un saldo positivo de 199 empresas, frente a las 38 ganadas en el mismo periodo de 2023. A pesar de haber registrado un saldo negativo en el tercer trimestre (-26 empresas), algo inusual, Madrid ha acumulado unas 5.500 compañías desde 2015, coincidiendo con las pérdidas de Cataluña, que no ha tenido un solo trimestre positivo en este periodo. La Comunidad de Madrid contrasta con Cataluña al ofrecer un entorno político y jurídico estable, favorable a la inversión, con impuestos moderados y una reducción gradual de las trabas administrativas. Tras Madrid, la Comunidad Valenciana fue la segunda región con mayor saldo positivo, sumando 87 empresas entre enero y septiembre, aunque será necesario esperar los datos del cuarto trimestre para evaluar el impacto de la histórica dana que azotó la región en octubre. Andalucía, Galicia y Baleares completan la lista de regiones con balances positivos, mientras que Navarra (-81), País Vasco (-60) y Murcia (-38) acompañan a Cataluña en las comunidades con pérdidas empresariales netas.

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(El Periódico, 19-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía acuerda con los ayuntamientos avanzar en una ordenanza tipo para la apertura de comercios en todos los municipios

El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han llegado a un acuerdo para avanzar en varias medidas clave: la implementación de una ordenanza tipo para la apertura de comercios en todos los municipios, el desarrollo del etiquetado digital, y la simplificación de los requisitos necesarios para autorizar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Asimismo, se ha decidido clarificar el papel de los técnicos cualificados para emitir certificados de eficiencia energética, con el objetivo de evitar la proliferación de normativas distintas en cada comunidad autónoma. Estas iniciativas están previstas para ser implementadas en algún momento de 2025. Estas acciones forman parte del primer "plan de acción" diseñado para reducir, simplificar y unificar trámites burocráticos en todo el país, impulsado por el Ministerio de Economía bajo el concepto de la denominada "comunidad autónoma 18" o "régimen 20", que incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado este plan antes del inicio de una reunión con representantes de comunidades autónomas, municipios y empresarios, celebrada en la sede del Ministerio. Este encuentro tuvo lugar en el marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, así como de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior. Según explicó el ministro, el concepto de la "autonomía 18" (o "distrito 20") representa una comunidad teórica donde se aplicaría un conjunto mínimo común de reglas administrativas para facilitar la actividad empresarial. La iniciativa está inspirada en el "Informe Letta", presentado en junio por el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que propone el "Estado 28" para la Unión Europea, buscando eliminar las barreras administrativas entre los países miembros. En este modelo, las empresas que acepten las reglas del "distrito 20" podrían operar en cualquier comunidad autónoma o municipio sin enfrentarse a requisitos adicionales específicos de cada territorio. En una reunión previa, celebrada el 18 de septiembre, el ministro propuso como punto de partida cinco sectores clave: comercio y hostelería, colegios profesionales, transporte, educación y la construcción de infraestructuras, como los puntos de recarga para vehículos eléctricos. En el encuentro de este miércoles, se presentó un "primer diagnóstico compartido" sobre las barreras y cargas administrativas que dificultan la actividad empresarial en diversas áreas. Además, se expuso el mencionado plan de acción, que pretende ser una herramienta concreta para superar estas barreras y avanzar hacia un marco regulatorio más homogéneo en 2025.

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(Expansión, 18-12-2024) | Fiscal

El Senado avala la reforma fiscal con los cambios del PP

El Senado aprobó ayer la reforma fiscal promovida por el Gobierno y sus aliados parlamentarios, tras incorporar una serie de rebajas y deducciones tributarias propuestas por el Partido Popular, que utilizó su mayoría en la Cámara Alta para influir en el texto. Entre las medidas añadidas destacan una reducción del IRPF para jóvenes, la bonificación de hasta el 100% del impuesto a la banca para aquellas entidades que faciliten el acceso a la vivienda, la aceleración de las rebajas fiscales a pequeñas y medianas empresas (pymes) y ayudas tributarias para los afectados por la DANA. Ahora, el texto vuelve al Congreso, donde mañana se decidirá su versión final. El movimiento del PP forma parte de su nueva estrategia, que evita oponerse de manera frontal a una reforma que considera un "hachazo fiscal" de 8.770 millones de euros. En su lugar, han optado por apoyarla para introducir enmiendas. Su objetivo es que algunas de estas propuestas logren el respaldo de partidos como Junts o PNV en la votación definitiva en la Cámara Baja. Una de las propuestas estrella del PP es una reducción del Impuesto sobre la Renta para jóvenes de entre 18 y 35 años que inicien su vida laboral. El propósito es que estos ahorros tributarios se destinen a facilitar el acceso a una vivienda, fomentar la formación de familias, mejorar su formación académica o iniciar proyectos empresariales. La iniciativa contempla una bonificación del IRPF del 100% durante el primer año, un 75% en el segundo, un 50% en el tercero y un 25% en el cuarto. Según el PP, esta medida supondría un ahorro total de 2.100 millones de euros para los jóvenes, con beneficios individuales de entre 10.000 y 12.000 euros. Además, ante la certeza de que el Gobierno sacaría adelante el nuevo impuesto a la banca, el PP ha propuesto bonificarlo completamente. La idea es que las entidades financieras puedan evitar hasta el 100% del pago si reducen el coste de las hipotecas o financian la construcción de viviendas a precio tasado, ya sea directamente o mediante acuerdos con las comunidades autónomas. En busca de apoyo por parte de Junts, el PP también ha planteado adelantar la aplicación completa de una de las medidas ya incluidas en la reforma fiscal. Actualmente, el texto prevé que las pymes con facturación inferior a un millón de euros vean reducido progresivamente el Impuesto de Sociedades hasta 2027, con una tasa del 17% para los primeros 50.000 euros de base imponible y del 20% a partir de esa cifra. La enmienda del PP propone que esta reducción total se implemente desde el 1 de enero de 2025, dos años antes de lo previsto. Por último, el PP ha añadido medidas específicas para los afectados por la DANA. Estas incluyen la exención del IVA y del impuesto de matriculación para quienes adquieran un vehículo en sustitución de uno perdido, un IVA del 0% en las obras de rehabilitación de viviendas dañadas, la prórroga de la suspensión del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante 2025, así como la exención fiscal para las ayudas de las empresas a sus empleados afectados. El Congreso decidirá si mantiene estas enmiendas o si aprueba la reforma fiscal en los términos originales planteados por el Gobierno.

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(Expansión, 18-12-2024) | Fiscal

Polémica campaña en prensa internacional contra Hacienda

La controversia se propagó rápidamente entre abogados y expertos en fiscalidad en los últimos días. En la edición de fin de semana del Financial Times, un anuncio a página completa realizado por un bufete de abogados lanzaba duras críticas contra la Hacienda española. El impactante titular rezaba: "¡Peligro! Rateros españoles operando en esta área". Justo debajo, una referencia directa a los "Servicios Tributarios Españoles", acompañada de un lema provocador: "explotar, especular, discriminar". El responsable de esta polémica campaña es el despacho Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington D.C. Desde la firma explican: "Nuestro objetivo es desarrollar una respuesta colectiva para exponer prácticas engañosas e injustas y defender los derechos de quienes han sido perjudicados por la Ley Beckham en España". Según el bufete, un grupo de personas afectadas contactó con ellos para representar a aquellos que se sienten víctimas de auditorías arbitrarias, investigaciones cuestionables y reclamaciones financieras desmesuradas por parte de la Agencia Tributaria española. Aseguran que estas acciones carecen de fundamento. Los abogados señalan que "muchos ejecutivos extranjeros decidieron trasladarse a España junto a sus familias atraídos por la Ley Beckham, que ofrecía un tipo fijo de tributación sobre sus ingresos. Sin embargo, tras instalarse, las reglas cambiaron, lo que generó problemas para numerosos residentes". En su opinión, la Agencia Tributaria (AEAT) "ha mostrado un patrón de discriminación y persecución hacia residentes extranjeros con altos ingresos, vulnerando potencialmente sus derechos legales según varios tratados internacionales". El anuncio, que incluye el mensaje "No estás solo. Tienes derechos", ha generado un intenso debate en torno a la ética profesional. Expertos en derecho y fiscalidad consultados por EXPANSIÓN consideran inusual que un despacho utilice este tipo de estrategias publicitarias. Además, otros bufetes que trabajan con clientes acogidos a la Ley Beckham afirman no haber enfrentado los problemas que describe Amsterdam & Partners. Pese a ello, la firma insiste en sus acusaciones. "Lo que comenzó como una estrategia ingeniosa para atraer a trabajadores con altos ingresos se ha convertido en una campaña de engaño de enormes proporciones", asegura Robert Amsterdam, socio principal del despacho. Según él, el sistema fiscal español "viola principios fundamentales de justicia, derechos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Añade que el modelo actual está diseñado únicamente para maximizar los ingresos gubernamentales, dejando de lado la equidad, la proporcionalidad y el acceso a recursos legales. Aunque otros bufetes minimizan la relevancia de este conflicto, considerando que no ha causado una preocupación significativa más allá de las tensiones habituales, Robert Amsterdam subraya: "La respuesta a nuestra campaña ha sido abrumadora. Hay muchas personas afectadas por este régimen fiscal injusto". Por otro lado, es importante señalar que el Reino Unido eliminará su histórico régimen de impatriados, conocido como non-dom, vigente desde 1799. Este sistema, que protegió a 74.000 contribuyentes en el ejercicio 2022-2023, será derogado el 6 de abril de 2025 y reemplazado por un modelo basado en la residencia. Este cambio podría incrementar el atractivo de la Ley Beckham en España, consolidando su relevancia para atraer grandes patrimonios y profesionales de alto nivel.

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(El País, 18-12-2024) | Fiscal

La Autoridad Fiscal dice que el Gobierno “se aparta” de su recomendación de facilitarle más información

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que el Gobierno no le ha proporcionado información suficiente o lo ha hecho de manera incompleta para cumplir con su labor de supervisar las cuentas públicas. En un comunicado emitido este martes, la AIReF destacó que el Ejecutivo "se apartó de la recomendación de facilitar más información [...] durante el proceso de aval" del plan de ajuste enviado a Bruselas. Este organismo, liderado por Cristina Herrero, basa su labor en el principio de "cumplir o explicar", lo que implica que las Administraciones deben acatar sus recomendaciones o justificar por qué no lo hacen. Durante el tercer trimestre de este año, la AIReF emitió nueve nuevas recomendaciones al Gobierno, sumando un total de 43 al considerar las dirigidas a diferentes entidades. Más de 30 estuvieron destinadas al Ministerio de Hacienda, mientras que el resto se repartieron entre el Ministerio de Economía, el INE y diversos ayuntamientos. Estas recomendaciones buscaban reforzar el cumplimiento de la regla de gasto -un compromiso con la UE para garantizar la estabilidad fiscal-, mejorar la transparencia y ajustar los calendarios de publicación al ciclo presupuestario. Según la AIReF, el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, solo aceptó parcialmente la recomendación relacionada con la regla de gasto. El INE accedió a adelantar algunas publicaciones, pero la mayoría de las sugerencias dirigidas tanto a Hacienda como al Ministerio de Economía fueron rechazadas. El organismo recomendó a ambos ministerios proporcionar más detalles sobre las medidas presupuestarias y fiscales que acompañan al escenario macroeconómico del plan de ajuste a medio plazo, un requisito de las nuevas reglas fiscales europeas. Este plan, presentado en Bruselas en octubre, no desglosaba las acciones específicas para controlar el crecimiento del gasto público. El Gobierno había asegurado que estas medidas se detallarían en el Plan Presupuestario, pero este documento y el proyecto de Presupuestos de 2025 aún no se han presentado. Ante esta falta de información, la AIReF propuso un proceso de aval en dos etapas: primero, abordar el cuadro macroeconómico sin medidas fiscales y, después, incluir las acciones concretas. No obstante, los ministerios respondieron que un procedimiento de este tipo no es compatible con la normativa actual y se comprometieron a trabajar con los datos disponibles. La AIReF insistió en que contar con información completa sobre las medidas es clave para garantizar la coherencia del escenario fiscal. En relación con los calendarios de publicación, la AIReF pidió al INE adelantar las estimaciones económicas de las comunidades autónomas para que estas pudieran planificar mejor sus presupuestos. El INE solo pudo adelantar los datos a octubre, lo que la AIReF considera insuficiente. Tampoco accedió a anticipar las cifras de contabilidad nacional, argumentando que el actual calendario asegura la consistencia de los resultados. Sin embargo, ofreció al Ministerio de Economía una estimación preliminar para el 1 de septiembre de cada año, bajo embargo. La AIReF también recomendó activar medidas preventivas para comunidades autónomas y 13 ayuntamientos con riesgo de incumplir la regla de gasto, además de proponer comparecencias en el Congreso para explicar posibles desviaciones. Hacienda respondió que ya realiza un seguimiento continuo y destacó los beneficios de las entregas a cuenta del sistema de financiación. A pesar de esto, la AIReF considera que el riesgo de incumplimiento sigue presente en varias comunidades y municipios. Finalmente, la AIReF sugirió que Hacienda publicara una guía para calcular el gasto neto conforme al nuevo marco europeo. El ministerio argumentó que es pronto para elaborar manuales, ya que el nuevo marco permite utilizar indicadores diversos. Sin embargo, la AIReF insistió en que ya se conocen los elementos fundamentales y que disponer de una guía es esencial para el primer año de aplicación.

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(El Periódico, 18-12-2024) | Fiscal

La factura electrónica no será obligatoria para los autónomos "hasta 2027", según Upta

La facturación electrónica no será obligatoria para los trabajadores autónomos hasta, al menos, el año 2027, según ha afirmado este martes Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). La organización, presidida por Eduardo Abad, ha criticado a la Agencia Tributaria por generar confusión e incertidumbre entre los autónomos al no aclarar que la plena aplicación de la Ley Crea y Crece aún se encuentra a varios años vista. Upta ha explicado que la obligación de implementar la facturación electrónica se aplicará de manera progresiva. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar un reglamento que regule el proceso. Una vez aprobado, las primeras en adaptarse serán las empresas con una facturación anual igual o superior a ocho millones de euros, que dispondrán de un año para cumplir con la normativa. Posteriormente, los trabajadores autónomos tendrán un plazo de dos años para adaptarse, contado a partir de la entrada en vigor del reglamento. Cabe destacar que dicho reglamento aún no ha sido aprobado. El presidente de Upta, Eduardo Abad, ha subrayado la importancia de transmitir los cambios tributarios con la máxima transparencia y claridad. Según Abad, cualquier falta de información o interpretación errónea puede causar perjuicios económicos y burocráticos a los autónomos, que en su mayoría son pequeños empresarios. Por ello, ha instado a las administraciones a comunicar las modificaciones con mayor precisión. La introducción de la facturación electrónica tendrá un impacto significativo entre los autónomos, ya que, en su mayoría, siguen utilizando facturas en papel. Según un estudio realizado por TeamSystem, empresa especializada en software de facturación, el 69% de los autónomos y el 45% de las micropymes aún trabajan con facturas manuales, lo que refleja el retraso en la digitalización de este colectivo. Upta ha insistido en que es fundamental dar a los autónomos tiempo suficiente para adaptarse a esta nueva obligación y facilitar recursos que les permitan cumplir con la normativa sin que esto suponga una carga excesiva. La organización también ha señalado que es necesario un acompañamiento claro por parte de la Administración para evitar posibles problemas derivados de la implementación de la facturación electrónica.

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(Cinco Días, 18-12-2024) | Laboral

El Gobierno pagará un 33,5% más por la sanidad de los funcionarios para salvar el concierto con Muface

El Gobierno intensifica sus esfuerzos para salvar el concierto de Muface y garantizar la continuidad de la sanidad concertada para 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó una autorización presupuestaria destinada a una nueva licitación que incrementará en un 33,5% las primas que recibirán las aseguradoras interesadas en ofrecer este servicio. Hasta ahora, las empresas implicadas en el convenio vigente, Adeslas, Asisa y DKV, habían decidido no renovar su participación. Las aseguradoras consideraron insuficiente el incremento inicial del 17% propuesto por el Gobierno para cubrir los servicios sanitarios del colectivo, dejando el pasado 5 de noviembre desierta la licitación de Muface. Esta decisión puso en riesgo la atención médica de 1,5 millones de personas. Según las empresas, el convenio 2021-2024 les ocasionó pérdidas de 600 millones de euros debido a la insuficiencia de las primas, al aumento de sus costes y a una mayor siniestralidad. La nueva licitación, prevista para el periodo 2025-2027, contempla un incremento del 33,5% en las primas para las aseguradoras. En total, el Gobierno estima un gasto de 4.478 millones de euros en los próximos tres años para garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios adheridos a Muface, principalmente docentes. Este importe representa casi 1.000 millones más que el desembolso realizado en el convenio actual. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que esta medida demuestra el compromiso del Gobierno para lanzar una nueva licitación antes de que finalice el año. También transmitió un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos afectados, garantizando que podrán seguir recibiendo los servicios sanitarios en las mismas condiciones mientras se concreta el nuevo convenio. Muface, dependiente del Ministerio de Función Pública, será responsable de publicar la nueva licitación en el portal de contratación del Gobierno. En ese momento, las aseguradoras deberán valorar si las condiciones les resultan atractivas. Aunque la licitación está abierta a todas las aseguradoras de salud del país, las empresas actuales parecen las más interesadas. Fuentes del sector indican que Adeslas y Asisa están dispuestas a aceptar el aumento del 33,5%, mientras que DKV aún debe analizar la propuesta, ya que prefiere convenios anuales en lugar de trianuales. La incertidumbre generada por la decisión inicial de las aseguradoras activó los mecanismos de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, que trabajaron para presentar una oferta mejorada. Esta situación también motivó protestas del colectivo de funcionarios, quienes organizaron manifestaciones exigiendo al Gobierno que mejorara su propuesta para mantener el sistema sanitario concertado de Muface. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguró en todo momento que habría una nueva licitación antes de finalizar el año, y recordó que, como alternativa, el ministerio tiene la capacidad de prorrogar el convenio vigente hasta septiembre de 2025. Tras anunciarse la nueva oferta, el sindicato CSIF, promotor de la manifestación del pasado fin de semana en Madrid, pidió cautela hasta conocer la respuesta definitiva de las aseguradoras. Sin embargo, calificaron como positiva la mejora en las primas, al considerar que contribuirá a garantizar una atención sanitaria de mayor calidad.

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