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(El Economista, 13-11-2024) | Laboral

Los titulares de planes de pensiones afectados por la DANA podrán retirar fondos durante los próximos 6 meses

Las personas afectadas por la DANA que posean planes de pensiones podrán realizar retiros excepcionales de hasta 10.800 euros durante los próximos seis meses. Esta medida forma parte del segundo paquete de ayudas aprobado por el Gobierno para mitigar las consecuencias del temporal. Las gestoras deberán realizar el reembolso en un plazo máximo de siete días hábiles, ampliable a 30 días en el caso de planes de pensiones de empleo. Según lo establecido en el artículo 51 del BOE, esta disposición se dirige específicamente a cuatro colectivos: titulares de explotaciones agrarias, forestales, ganaderas, establecimientos mercantiles, industriales o de servicios afectados; trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia directa de la DANA; empleados afectados por ERTE en empresas impactadas por el temporal; y personas cuya vivienda habitual haya resultado dañada o destruida. Para acceder a esta ayuda, los beneficiarios deberán presentar documentación que acredite su situación o, en su defecto, entregar una declaración responsable a la gestora del plan de pensiones. La medida también abarca otros productos como planes de previsión social empresarial, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados. Los fondos retirados estarán sujetos a la fiscalidad aplicable a las prestaciones de planes de pensiones, que generalmente se tributan como rendimientos del trabajo en el IRPF. El Gobierno ha desplegado un conjunto de más de 100 medidas, valoradas en 3.765 millones de euros. Entre estas, destacan permisos remunerados por ausencias laborales vinculadas a la DANA, los cuales no deberán ser recuperados por los empleados, ya que las empresas asumirán el 100% del salario correspondiente. Asimismo, las ayudas directas para viviendas afectadas se extenderán a inmuebles alquilados, con un adelanto del 50% del importe a quienes las soliciten, evitando esperas prolongadas durante la tramitación del expediente. Por otro lado, Pedro Sánchez ha anunciado un incremento del 30% en el complemento de ayuda a la infancia, que beneficiará a hasta 10.000 familias. También se permitirá a las familias hipotecadas congelar el pago de sus cuotas durante un periodo de hasta 24 meses si enfrentan situaciones de vulnerabilidad económica. Además, el Gobierno destinará el suelo disponible de la Entidad Estatal de Suelo (SEPES) para acelerar la construcción de viviendas asequibles en las localidades afectadas y, a corto plazo, se pondrán a disposición los inmuebles de la Sareb para realojar a quienes hayan perdido su hogar.

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(El País, 13-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE y Consejo General de Economistas presentan una guía sobre los planes de reestructuración para negocios en situación de insolvencia

Las inundaciones causadas por la DANA han puesto en peligro la supervivencia de numerosas empresas. Ante esta situación, los Planes de Reestructuración (PdR) se presentan como una opción para evitar la declaración de concurso de acreedores y garantizar la continuidad del negocio, especialmente si enfrentan posibles escenarios de insolvencia. Con este propósito, el Consejo General de Economistas y la CEOE han publicado una guía con cerca de 100 preguntas y respuestas para explicar qué son estos planes, cómo funcionan y qué se necesita para ponerlos en marcha. Desde su regulación en septiembre de 2022, su aplicación ha sido limitada, aunque los expertos consideran que "podrían ser clave para preservar la viabilidad de muchas empresas, incluidas las más de 72.000 afectadas por la DANA". ¿Qué es un Plan de Reestructuración? Es un mecanismo preconcursal diseñado para corregir problemas financieros y operativos en una empresa. Su objetivo es evitar el concurso de acreedores y permitir la continuidad del negocio mediante ajustes en la estructura de activos, pasivos o fondos propios, devolviendo a la empresa su viabilidad. ¿Qué permite hacer? Este plan permite renegociar deudas y modificar aspectos como plazos, intereses o montos de créditos. También puede incluir la venta de activos, la reducción de inventarios, la enajenación de partes del negocio y la renegociación de condiciones con los acreedores para aliviar la presión financiera. ¿Quién puede acogerse? Cualquier empresa que enfrente una situación de insolvencia actual o previsible puede optar por un plan de reestructuración. Esto incluye negocios de cualquier tamaño, desde microempresas hasta grandes corporaciones. No hay restricciones por sector, aunque hay limitaciones respecto a ciertos créditos públicos, como impuestos o seguridad social, que solo pueden incluirse si tienen menos de dos años y la empresa ha cumplido previamente con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo se formaliza? El plan debe ser presentado ante un juez para su homologación, lo que lo hace vinculante para todos los acreedores afectados, incluidos aquellos que no participaron o no estuvieron de acuerdo con los términos. La homologación requiere la redacción de un documento notarial que incluya certificaciones de cumplimiento de mayorías, emitidas por un auditor o experto independiente. ¿Qué requisitos debe cumplir? Para ser aprobado, el plan debe incluir: Identificación del deudor. Diagnóstico de la situación financiera y operativa de la empresa. Inventario de activos y pasivos. Relación de acreedores afectados y tipo de crédito. Medidas de reestructuración detalladas. Proyecciones financieras que demuestren la viabilidad del negocio bajo el nuevo esquema. Impacto en la plantilla y medidas laborales relacionadas. ¿Qué créditos pueden incluirse? En general, la mayoría de los créditos, excepto los laborales de alta dirección y algunos públicos con restricciones específicas. ¿Qué es un experto en reestructuración? Es un profesional independiente que asiste en la negociación del plan, supervisa su implementación y vela por los derechos de los acreedores. Puede ser designado por las partes implicadas, solicitado por el deudor o los acreedores, o nombrado por un juez si se requiere la homologación judicial. ¿Qué es una microempresa o pyme en este contexto? Pyme: Menos de 50 empleados, facturación anual menor a 10 millones de euros y no pertenecer a un grupo con consolidación contable obligatoria. Microempresa: Menos de 10 empleados, ingresos anuales inferiores a 700.000 euros y patrimonio total por debajo de 350.000 euros. ¿Qué sucede si no se logra un acuerdo? Si no hay consenso entre las partes, la empresa debe considerar la apertura de un procedimiento de concurso de acreedores en un plazo máximo de cuatro meses desde el inicio de la negociación.

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(Expansión, 12-11-2024) | Fiscal

Golpe fiscal a Socimis, ahorro, lujo y pisos turísticos

Los socios del Gobierno de coalición alcanzaron ayer un acuerdo sobre la reforma fiscal con el objetivo de cumplir los compromisos adquiridos tanto con la Unión Europea como con sus aliados parlamentarios, pese a su inestabilidad. Este pacto incluye medidas negociadas por el PSOE con Junts y el PNV, al tiempo que cede ante algunas demandas de Sumar, como la creación de un impuesto sobre bienes de lujo, la aplicación de un IVA del 21% a los pisos turísticos, y nuevos gravámenes a las Socimis, los seguros sanitarios y el ahorro. "Sumar y el PSOE hemos acordado un paquete fiscal para 2025 que busca garantizar recursos suficientes para ampliar derechos, reforzar políticas sociales y afrontar la transición ecológica y digital, además de otros retos importantes para nuestro país", señala el documento conjunto, al que ha tenido acceso Expansión. Asimismo, el texto menciona que "los efectos sociales y económicos de catástrofes naturales, como las que actualmente afectan a Valencia", requieren una política fiscal más activa. El acuerdo, logrado a última hora antes de que la Comisión de Hacienda en el Congreso aborde las enmiendas al proyecto de ley que adapta el tipo mínimo global del 15% para multinacionales, también ha provocado la posposición del debate hasta el jueves. En este plazo, el Gobierno buscará consolidar apoyos de ERC y otros socios habituales, mientras intenta evitar que Junts y el PNV se distancien del preacuerdo alcanzado con los socialistas. Pese a las reservas de Sumar, el pacto mantiene la decisión de eliminar el impuesto a las energéticas, como exigieron el PNV y Junts, a cambio de extender por tres años un tributo más moderado a las entidades financieras, que, según el acuerdo, "pagan menos del 3% de sus beneficios en impuestos, pese a registrar cifras récord". En contrapartida, el PSOE acepta varias propuestas de Sumar, entre ellas la creación de un impuesto sobre bienes de lujo, que gravará propiedades como aviones privados, yates y coches de alta gama, con el objetivo de fomentar una mayor equidad en la distribución de la riqueza. Además, se eleva en dos puntos el IRPF para las rentas de capital superiores a 300.000 euros, aumentando el tipo marginal del ahorro al 30%. Otra de las medidas destacadas es la introducción de un IVA del 21% para los pisos turísticos, tras la reciente autorización de la Unión Europea. Según el acuerdo, esta medida busca reducir la rentabilidad de estos inmuebles y promover su transformación en viviendas de alquiler permanente, especialmente en zonas con alta demanda habitacional. El pacto también incluye la eliminación del régimen fiscal especial para las Socimis, que actualmente tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades, al considerar que no han contribuido a mejorar la oferta de viviendas. Asimismo, se propone eliminar las exenciones fiscales de las primas de seguros sanitarios privados, argumentando que favorecen principalmente a familias de altos ingresos, aunque este punto podría generar tensiones con socios como Junts. Por otro lado, se contempla un despliegue del Estatuto del Artista, con beneficios fiscales específicos para el sector cultural, y una mejora de la fiscalidad de las cooperativas para fortalecer la economía social. También se mantiene el compromiso con las medidas acordadas previamente con Junts y el PNV, como restaurar los aumentos fiscales aprobados en 2016 por el exministro Cristóbal Montoro, que fueron anulados por el Tribunal Constitucional, y elevar los impuestos sobre el tabaco y los vapeadores para desincentivar su consumo. Aunque el documento no menciona explícitamente la equiparación fiscal entre diésel y gasolina a partir de abril, fuentes oficiales aseguran que la medida sigue vigente. Esto resulta clave para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, que incluyen una reforma fiscal de orientación medioambiental, el aumento de la recaudación para alinearse con la media europea y un ajuste fiscal de 4.500 millones de euros en 2025, necesario para desbloquear nuevas ayudas de los fondos Next Generation y mejorar las cuentas públicas.

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(Expansión, 12-11-2024) | Fiscal

Las Haciendas vascas impulsan la previsión social y "miman" a los jóvenes

El País Vasco implementará incentivos fiscales para que los planes de pensiones puedan ser rescatados como renta, con el propósito de integrarlos como complemento de las pensiones públicas. Además, incrementará el umbral mínimo para declarar la Renta a 19.000 euros y centrará las ventajas fiscales en jóvenes para facilitar la compra y alquiler de vivienda. La reforma tributaria, que se aplicará en 2025 tras su aprobación prevista para principios del próximo año, abordará cambios limitados en IRPF y Sociedades, con un enfoque en previsión social, vivienda, juventud, transición verde y el reto demográfico. La revisión tributaria, calificada como moderada, dará un impulso significativo a las entidades de previsión social voluntaria (EPSV), la alternativa vasca a los planes de pensiones. Euskadi mantendrá los actuales límites de aportación (5.000 euros para aportaciones personales y 8.000 para contribuciones empresariales, con un máximo conjunto de 8.000 euros) y establecerá un tope de 4.000 euros para autónomos. Como novedad, el rescate en forma de renta será más favorable fiscalmente, integrándose al 60% en la base general y eximiendo la rentabilidad obtenida. Si se opta por el rescate en forma de capital, los intereses acumulados se incorporarán a la base del ahorro. La reforma también incentivará las EPSV de empleo con deducciones que oscilarán entre el 10% y el 25%, según el porcentaje del salario destinado. Los jóvenes recibirán un incentivo fijo del 25% independientemente del importe aportado, para fomentar contribuciones tempranas. Aunque la patronal Confebask ha solicitado una reforma más ambiciosa, los cambios en fiscalidad empresarial son limitados, aunque se prevén ajustes adicionales en 2025 para atraer talento, fortalecer las empresas y promover la sostenibilidad. En materia de transición verde, se aprobará una deducción del 35% para inversiones en descarbonización de activos industriales y se incrementará al 35% la deducción por gastos de I+D enfocados en reducir el impacto ambiental. También se incentivará la renovación de flotas con vehículos eléctricos, permitiendo una deducción del 35% tanto para empresas como para particulares, sumada a un 15% adicional por la instalación de puntos de recarga. En conciliación laboral, las empresas que ofrezcan medidas como flexibilidad horaria, guarderías gratuitas o teletrabajo tendrán deducciones especiales. En cuanto a vivienda, se elevará a 19.000 euros el mínimo exento del IRPF, superando el actual de 14.000 euros y el umbral nacional de 15.876 euros (equivalente al SMI). Las deducciones por compra de vivienda habitual se mantendrán en el 18%, aunque a partir de 2026 se excluirá de este beneficio a quienes tengan bases liquidables superiores a 85.000 euros. Para los jóvenes, definidos como menores de 36 años (seis años más que en la normativa actual), las deducciones por compra serán del 23%, con un máximo de 1.950 euros, y la cuenta vivienda se ampliará de seis a diez años. Además, las donaciones de familiares de hasta 30.000 euros estarán exentas. En el caso del alquiler, los inquilinos podrán deducir el 20% del gasto, ampliable al 35% para jóvenes y colectivos vulnerables. También se lanzarán beneficios para quienes cuiden de menores o personas dependientes, facilitando su reincorporación al mercado laboral. Para garantizar la aprobación de estos cambios, el Gobierno vasco (PNV y PSE) necesitará buscar apoyos en la oposición, ya que solo en Vizcaya cuenta con mayoría suficiente. En Álava y Guipúzcoa, dependerán de acuerdos con el PP o EH Bildu, lo que podría explicar la cautela en la amplitud de las medidas propuestas.

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(El País,12-11-2024) | Fiscal

Los inspectores de la Hacienda local prevén que la nueva tasa de basuras ingrese 3.800 millones al año, solo por detrás del IBI

La nueva tasa de residuos, que comenzará a aplicarse en los Ayuntamientos españoles en abril, podría desatar un caos jurídico similar al que durante años generó el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal. Esta nueva tasa promete convertirse, además, en la segunda fuente de ingresos para los municipios, después del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Así lo advierte la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), que recientemente presentó un libro blanco con una serie de propuestas para reformar los principales impuestos municipales. Este documento incluye recomendaciones para mejorar la gestión de otros tributos como el impuesto de circulación, el de actividades económicas (IAE), y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Hasta la fecha, el servicio de recogida de residuos urbanos ha sido financiado con los ingresos generales de los consistorios. En algunos municipios se establecían tasas específicas para este servicio, pero siempre de forma opcional. Con la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía sostenible, aprobada hace más de dos años a raíz de una directiva europea, los ayuntamientos estarán obligados a implementar esta tasa para cubrir los costos de recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos. Este cambio normativo, según explica Juan Ignacio Gomar, portavoz de la asociación de inspectores, tendrá dos efectos inmediatos: un aumento de la litigiosidad y una subida considerable de la carga fiscal para los hogares, que se estima podría alcanzar los 3.800 millones de euros anuales. Por ello, la asociación solicita una moratoria para poder realizar los ajustes necesarios que mitiguen el previsible incremento de las reclamaciones. Gomar señala que, aunque no existen cifras oficiales sobre el costo de este servicio, varias entidades privadas, como la fundación ENT, calculan que el gasto supera los 3.800 millones de euros. Esto sugiere que la tasa de residuos podría convertirse en la segunda fuente de ingresos para los ayuntamientos, solo superada por el IBI, que recauda más de 13.000 millones de euros anuales en toda España, y por encima del impuesto de plusvalía, que tras su reciente reforma recauda unos 1.000 millones. En cuanto a la inseguridad jurídica, Gomar advierte que la nueva normativa es ambigua y delega gran parte de la responsabilidad en los ayuntamientos. Los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, han publicado una guía orientativa, pero sin fijar criterios claros para su aplicación. "No se han establecido los parámetros que cabría esperar", afirma el portavoz, y añade que se exige que cada contribuyente pague la tasa según la cantidad de basura que genere, algo que es "casi imposible de calcular". Ante esta falta de claridad, cada municipio podría aplicar criterios diferentes, lo que derivaría en miles de reclamaciones y en decisiones contradictorias por parte de los tribunales regionales, hasta que el Tribunal Supremo establezca un criterio unificado. Para evitar este problema, la asociación considera que hubiera sido preferible articular esta obligación a través de un impuesto común. En Madrid, por ejemplo, la cuota se calculará en función del valor catastral del inmueble, teniendo en cuenta su ubicación y el volumen de residuos generado por cada distrito. En cambio, en Barcelona se está considerando el consumo de agua como indicador para calcular la tasa, ajustando así la cuota al número de personas en cada vivienda. Por estas diferencias, Gomar pide una moratoria de al menos un año para establecer criterios comunes y delimitar el marco legal de forma uniforme. Los inspectores de la Hacienda local han presentado un libro blanco con más de 100 propuestas de reforma de la tributación municipal. En lo que respecta al IBI, plantean ajustes técnicos y una mayor coordinación en la gestión e inspección catastral y tributaria. Además, sugieren aclarar la tributación de las herencias yacentes y evitar la división horizontal fraudulenta de inmuebles. En cuanto a la plusvalía, proponen cambios técnicos que aclaren el régimen de valoración aplicable. Respecto al IAE, los inspectores consideran necesario actualizar su normativa, definir con mayor precisión a los contribuyentes, y establecer normas para el prorrateo de cuotas en cambios de titularidad. Para el impuesto de circulación, sugieren que se tenga en cuenta la capacidad económica del propietario del vehículo y se incorpore un factor ambiental que aplique el principio "quien contamina paga", promovido por la normativa europea.

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(El Periódico, 12-11-2024) | Fiscal

Reducción del 25% de la tributación por módulos de los autónomos afectados por la DANA

Este lunes se ha aprobado una reducción del 25% en la tributación por módulos para los autónomos afectados por la DANA, así como un descuento del 25% en las cuotas correspondientes al régimen simplificado del IVA. Estas medidas beneficiarán a un mayor número de personas, ya que no será necesario que el domicilio fiscal esté ubicado en los municipios afectados, sino que bastará con que la actividad económica haya sufrido perjuicios debido a la catástrofe. Además, se ha habilitado una excepción para que autónomos y empresarios puedan renunciar al régimen de tributación por módulos en 2024, permitiéndoles regresar a este sistema en 2025 o 2026 si así lo prefieren. Los afectados también estarán exentos de pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a 2024 y recibirán una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del mismo ejercicio. Por otro lado, los autónomos dedicados a explotaciones agrarias en las zonas perjudicadas se beneficiarán de una rebaja en el IRPF y en el IVA aplicables a sus actividades. Asimismo, se incluye la exención del IBI de naturaleza rústica para 2024, afectando a cuotas sobre fincas, locales de trabajo y similares de agricultores y ganaderos que hayan sufrido pérdidas superiores al 40% de su producción. Tal como se había planteado la semana pasada, los damnificados no tendrán que abonar las tasas de Tráfico para dar de baja vehículos dañados o reponer carnés de conducir perdidos o deteriorados. Esta exención también se extiende a documentos personales como el DNI. Las ayudas por daños personales estarán exentas de IRPF, y el segundo pago del impuesto sobre la renta, cuyo vencimiento estaba fijado para el 5 de noviembre, se aplazará hasta 2025, beneficiando a aproximadamente 200.000 contribuyentes. Además, todas las ayudas serán inembargables. Por último, se permitirá a los municipios destinar su superávit a inversiones que sean financieramente sostenibles y necesarias para la reparación de los daños causados por la DANA. También podrán atender necesidades financieras específicas en 2024 y 2025 utilizando recursos del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

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(El País, 12-11-2024) | Laboral

Implementación permisos retribuidos y no recuperables por la DANA

Este lunes se han aprobado permisos retribuidos y no recuperables para cubrir ausencias laborales causadas por circunstancias excepcionales relacionadas con la DANA. Estas incluyen la imposibilidad de acudir o acceder al lugar de trabajo, la realización de labores de traslado, limpieza o acondicionamiento del hogar, o la desaparición o fallecimiento de familiares, entre otras situaciones. Asimismo, se ha anunciado la activación del Plan MECUIDA, que garantiza el derecho a la adaptación o reducción de jornada para atender responsabilidades de cuidado. Este plan protege a todas las personas trabajadoras, incluidas las empleadas del hogar, quienes también podrán beneficiarse de las medidas de protección relacionadas con la DANA, con las mismas condiciones que el resto de trabajadores. Por otro lado, el Gobierno destinará 50 millones de euros a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para contratar a personas desempleadas en las zonas afectadas, con el objetivo de colaborar en las labores de reconstrucción de los territorios dañados. La semana pasada, se estableció una nueva situación de incapacidad temporal (IT) con prestación incluida para quienes hayan desarrollado dolencias derivadas de la DANA. A diferencia de una baja laboral habitual, esta prestación se cobrará desde el primer día y el porcentaje de la base reguladora aumentará del 60% al 75%. Además, las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad provocadas por estas inundaciones se tratarán como accidentes de trabajo, lo que incrementará su cuantía. También se reactivó la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos, utilizada previamente durante la pandemia. Esta prestación podrá cubrir ceses totales o parciales de actividad, y representará el 70% de la base de cotización. Además, los autónomos quedarán exentos del pago de su cuota a la Seguridad Social. Para acceder a esta ayuda, no será necesario justificar fuerza mayor ni cumplir con un período mínimo de cotización. Por su parte, empresas y autónomos podrán solicitar aplazamientos o moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social, con un interés reducido del 0,5%. Estos aplazamientos se concederán mediante una única resolución, cubriendo hasta 16 meses de cuotas, y el primer pago se realizará un mes después de la resolución. Durante este periodo, los solicitantes serán considerados al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social. Además, se han modificado los procedimientos para tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados directamente a los daños causados por la DANA o a pérdidas de actividad indirectamente relacionadas. Para agilizar estos trámites, los informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social serán opcionales, sin perjuicio de verificaciones posteriores. Por último, la semana pasada se incrementó en un 15% el importe de las prestaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones no contributivas, que se abonarán automáticamente en noviembre, diciembre y enero. También se ampliaron los plazos para el pago de cuotas de la Seguridad Social previas al desastre natural y se suspendieron los procedimientos de recaudación.

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(El Economista, 12-11-2024) | Laboral

Los trabajadores que sumen tres impagos del salario al año podrán dejar su empleo

El legislador establece por primera vez los plazos específicos de retraso en el pago de salarios y los meses de impago necesarios para que un empleado pueda poner fin al contrato de trabajo de forma unilateral. Según la propuesta, los trabajadores que sufran un retraso de más de 15 días en el pago de su nómina y acumulen tres mensualidades impagadas en un año podrán rescindir su contrato laboral, recibiendo además una indemnización equivalente a la de un despido improcedente. El Gobierno ha incluido esta medida en una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia para modificar el Estatuto de los Trabajadores y clarificar cuántos impagos justifican la ruptura de la relación laboral sin consecuencias negativas para el empleado. El texto se votará en el Pleno del Congreso el próximo 14 de noviembre y, de ser aprobado (algo previsible dada la mayoría que suman PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el grupo mixto), será remitido al Senado para su aprobación definitiva. Hasta ahora, la decisión recaía en los jueces, quienes analizaban caso por caso la gravedad de los impagos o retrasos salariales sin contar con criterios concretos. Con esta reforma, se busca uniformidad. El texto establece que un retraso se considerará tal cuando el pago supere en más de 15 días la fecha acordada. La extinción del contrato podrá justificarse si, en un periodo de un año, el empleado acumula tres mensualidades completas de salario impagadas (aunque no sean consecutivas) o si se producen retrasos en el pago durante seis meses, también sin necesidad de continuidad. Aunque estas disposiciones aportan mayor claridad jurídica, la reforma también conserva la capacidad de los jueces para valorar si existe una "causa justa" que respalde la extinción del contrato por impagos o retrasos. Además, entre las enmiendas impulsadas por el PSOE destaca la eliminación completa de la Golden Visa, un mecanismo aprobado en 2013 para atraer inversión extranjera a cambio de otorgar la nacionalidad española. Inicialmente, se había planteado limitar esta medida eliminando la concesión de ciudadanía por la compra de viviendas de más de 500.000 euros, pero la nueva propuesta elimina la Golden Visa en su totalidad, afectando también a inversiones en depósitos bancarios, acciones, deuda pública o proyectos que fomenten la innovación o el empleo. Por otro lado, la futura Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia propone una transformación integral del sistema judicial con el objetivo de acelerar los procesos. Entre las medidas previstas, se destaca la eliminación de tareas administrativas para los jueces, el fomento de tecnologías avanzadas, la especialización de juzgados y la creación de Tribunales de Instancia que sustituirán a los órganos unipersonales. Esta reorganización busca optimizar los recursos humanos y materiales, permitiendo una asignación más eficiente según las necesidades específicas de cada territorio.

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(El Economista, 12-11-2024) | Laboral

Los funcionarios pagarán más del doble por su seguro de salud privado si se disuelve Muface

Los funcionarios adscritos a Muface se enfrentarían a un notable aumento en sus gastos si el sistema desapareciera y optaran por mantener un seguro privado. Según un informe de Roams Insurtech, la correduría de seguros del grupo Roams, los empleados públicos tendrían que desembolsar casi 750 euros más al año para acceder a este servicio. En la actualidad, el coste medio de un seguro de salud para los trabajadores públicos es de 478 euros anuales, según las tarifas de Muface, que establece cuotas mensuales en función del grupo o subgrupo profesional, directamente relacionado con el salario. La cuota más alta alcanza los 51,68 euros mensuales para quienes perciben un sueldo anual de 42.813 euros. Por otro lado, las aseguradoras privadas calculan sus primas en función de factores de riesgo como la edad, no del salario. En este contexto, la edad es determinante: cuanto mayor sea el asegurado, más cara será la póliza. Además, la mayoría de las aseguradoras realizan evaluaciones médicas previas para detectar posibles problemas de salud. Esto afectaría de manera significativa a los funcionarios, un colectivo con una media de edad elevada (57 años). De acuerdo con Roams, un asegurado de 54 años pagaría una prima anual media de 816,97 euros en un seguro privado, casi el doble de lo que actualmente abona a través de Muface. Si añadimos a una pareja y un hijo de 15 años, el coste total ascendería a 1.837,71 euros anuales. Las familias serían las más afectadas, con incrementos anuales que oscilarían entre 977 y 1.359 euros. En el caso de pólizas individuales, el aumento sería menor, pero aún significativo: entre 95 y 338 euros más al año. El precio de las pólizas también varía según el tipo de seguro. Pablo Pareles, director de Roams Insurtech, explica que los planes más comunes son los básicos (asistencia sanitaria) y los completos (con hospitalización y cirugías). Este último, especialmente si incluye hospitalización sin copago, es el que más se asemeja a las coberturas actuales de Muface. Mientras tanto, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, encargado de Muface, se reunió recientemente con los sindicatos para informarles de su intención de presentar una oferta "más atractiva" a las aseguradoras. Algunas compañías, como Adeslas, estarían dispuestas a aceptar la propuesta inicial de Muface -un incremento del 24% en las primas-, aunque solo por un año, con la intención de renegociar las condiciones para 2026.

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(El Periódico, 12-11-2024) | Laboral

1,5 millones de trabajadores faltan a diario a su puesto de trabajo

Un informe de la patronal catalana Foment del Treball revela que, en promedio, 1,5 millones de trabajadores faltan a diario a sus puestos de trabajo, lo que representó un coste total de 37.000 millones de euros en España durante 2023. Este elevado absentismo laboral preocupa tanto al Gobierno como a las patronales, especialmente al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Aunque la mayoría de las bajas por incapacidad temporal son legítimas, justificadas y responden a una cuestión prioritaria de salud y derechos laborales, también existen casos de fraude. Cuando un trabajador recurre a este tipo de engaño, debe ser consciente de las consecuencias que puede enfrentar si es descubierto, tanto por su empleador como por la Seguridad Social. Sin embargo, para proceder contra él, las pruebas presentadas deben ser claras y concluyentes. En ocasiones, las empresas recurren a detectives privados para recopilar las evidencias necesarias. Si se demuestra el fraude, el trabajador perderá la prestación por incapacidad temporal que estuviera recibiendo de la Seguridad Social. Además, la empresa tendrá la facultad de imponer sanciones, como la suspensión de empleo y sueldo, que puede oscilar entre 11 y 60 días, dependiendo de la gravedad del caso. En los casos más graves, esta sanción temporal podría derivar en un despido procedente, el cual podría ir acompañado de una penalización económica adicional.

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