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(Expansión, 10-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La banca prepara con el BCE el regreso a la barra libre de liquidez

Todo tiene su ciclo, y el periodo de gran liquidez del que ha gozado la banca europea tras años de fuertes estímulos del Banco Central Europeo (BCE) también llega a su fin. Aunque las entidades aún disponen de reservas considerables, ya anticipan un escenario en el que el exceso de recursos siga disminuyendo. Por ello, empiezan a prepararse para volver a solicitar financiación al BCE a través de sus mecanismos habituales: las subastas semanales (MRO) y las operaciones a más largo plazo (LTRO) con vencimiento a tres meses. Este fue uno de los temas centrales de la última reunión entre los bancos y el BCE, celebrada el pasado 13 de marzo bajo la presidencia de Christine Lagarde. Las propias entidades expresaron su disposición a reincorporar estas herramientas en sus estrategias de financiación, en línea con las recomendaciones que el BCE ha venido repitiendo públicamente. "Conforme disminuya el exceso de liquidez, el BCE, como organismo encargado de la política monetaria y la supervisión, espera que los bancos integren estas operaciones en su gestión habitual de liquidez", señalaron recientemente Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo, y Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE. Durante la pandemia, el sistema bancario europeo llegó a acumular hasta 4,7 billones de euros en exceso de liquidez, lo que representaba cerca del 14% del total de activos del sector. Esta situación, sumada al encarecimiento del crédito por las sucesivas subidas de tipos de interés, redujo considerablemente el interés de los bancos por acudir al dinero del BCE. El año pasado, las entidades afirmaron que solo utilizarían estas facilidades en situaciones excepcionales, pese a que el BCE había mejorado las condiciones para incentivar su uso, recortando en septiembre la diferencia entre el interés que cobra por los préstamos y el que paga por los depósitos a tan solo 15 puntos básicos. Sin embargo, la situación ha dado un giro. El exceso de liquidez ha bajado a 2,8 billones de euros, lo que supone el 8,5% de los activos, y todo indica que seguirá reduciéndose en los próximos años. Aunque aún no se ha producido un aumento notable en la demanda de financiación del BCE, tanto las autoridades como el sector financiero comienzan a prepararse para un nuevo ciclo. Tanto el BCE como los bancos coinciden en que es momento de reactivar el uso de las operaciones de financiación. Aunque la reunión tuvo lugar antes del reciente repunte de tensiones internacionales tras el movimiento comercial de Donald Trump, el nuevo clima de incertidumbre en los mercados ha añadido urgencia a la necesidad de que los bancos estén listos para utilizar todas las herramientas disponibles. En ese sentido, se propuso realizar pruebas periódicas para evaluar la capacidad de respuesta de las entidades a la hora de solicitar fondos al BCE. El objetivo de estas pruebas es asegurar que los bancos puedan calcular con rapidez cuánto dinero necesitan y movilizar los activos necesarios como garantía. Estos procesos son especialmente exigentes en los grandes grupos bancarios, que operan en múltiples países y deben coordinar sus sistemas internos de manera eficaz. "El BCE espera que los bancos cuenten con una infraestructura tecnológica robusta para identificar y movilizar garantías, así como con los acuerdos organizativos y contractuales adecuados", señaló la institución durante el encuentro, subrayando la importancia de seguir las mejores prácticas. Por último, además de manifestar su disposición a recurrir nuevamente a estas fuentes de financiación, los bancos pidieron al BCE que continúe trabajando para eliminar el estigma que aún rodea al uso de este tipo de liquidez. "El mayor uso de las operaciones de política monetaria por parte de los bancos en los próximos años no debe interpretarse como una señal de debilidad. Al contrario, será simplemente una forma de gestionar su liquidez en el marco operativo actual", concluyó el BCE.

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(El Periódico, 10-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo garantiza que habrá más avales para las empresas afectadas por los aranceles si estos se agotan

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles ante el Congreso de los Diputados que el Gobierno ampliará progresivamente los 5.000 millones de euros en avales públicos, así como el resto de instrumentos financieros disponibles, en función de la demanda de las empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos. "Conforme estos recursos se vayan agotando, se irán reforzando, de manera que ninguna empresa se quede sin acceso a ellos", afirmó el ministro. En su intervención, remarcó que no existirá competencia entre las compañías para beneficiarse de estas ayudas. Estas declaraciones se enmarcan en la presentación del llamado Plan de respuesta y relanzamiento comercial, una iniciativa con la que el Ejecutivo pretende movilizar unos 14.100 millones de euros para hacer frente al impacto de las medidas proteccionistas de la administración estadounidense. Durante el debate, el portavoz del Partido Popular, Juan Bravo, instó al ministro a incluir en dicho plan ayudas directas, incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y la actualización del IRPF para tener en cuenta la inflación. El PP pidió que estas propuestas se integren en el real decreto de medidas urgentes aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Bravo fijó un plazo de un mes para que el Gobierno lo haga, coincidiendo con el periodo máximo en el que el decreto debe ser convalidado por el Congreso. Carlos Cuerpo, por su parte, explicó que el plan gubernamental constituye solo una "primera fase" de una estrategia más amplia y flexible, pensada para evolucionar según las necesidades específicas de los sectores productivos, empresas y regiones más expuestas al mercado estadounidense. Reiteró su disposición a dialogar con todos los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, agentes económicos y empresas afectadas para consensuar el desarrollo futuro del plan. Entre las medidas ya aprobadas, el Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un Real decreto-ley de medidas urgentes frente a la amenaza arancelaria y de impulso comercial, que recoge distintas actuaciones financieras. En concreto, contempla avales públicos por valor de 5.000 millones, una nueva línea de crédito del ICO dotada con 1.000 millones, un refuerzo de 2.000 millones en el seguro de crédito a la exportación gestionado por CESCE y una aportación adicional de 200 millones al fondo de inversión productiva del Ministerio de Industria. Durante la negociación parlamentaria, el grupo Junts logró introducir en el decreto un compromiso expreso de que los instrumentos financieros recogidos en la norma se distribuirán de forma equilibrada entre territorios, en función del grado de afectación por los aranceles. El Gobierno ha asumido este acuerdo y garantiza que las medidas llegarán a todas las empresas que lo necesiten, sin importar su ubicación geográfica. Ante posibles dudas sobre si este "equilibrio territorial" podría suponer un reparto por comunidades autónomas, el ministro quiso dejar claro que el acceso a los fondos no estará condicionado por criterios territoriales estrictos: "No habrá competencia entre empresas por estas ayudas, y todas las que lo necesiten podrán acceder a ellas", concluyó.

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(El Periódico, 10-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España revisará a la baja la previsión de crecimiento por los aranceles de Trump

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha anunciado este miércoles que el organismo revisará a la baja sus previsiones económicas, aunque sin precisar aún en qué medida. Esta corrección responde a la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles de hasta un 20% a productos procedentes de la Unión Europea. Hasta ahora, la previsión del Banco apuntaba a un crecimiento del 2,7% del PIB español en 2025. "La situación tiene el potencial de afectar de forma muy negativa a la actividad económica", ha advertido Escrivá durante una entrevista en TVE. El gobernador ha recordado que todas las previsiones están sujetas a revisión, sobre todo en contextos con tanta incertidumbre como el actual. "Existen factores que escapan a nuestras herramientas de análisis más habituales. Por eso, aunque estimamos que el crecimiento será menor al inicialmente previsto, todavía no podemos decir cuánto, porque ni tenemos los datos completos ni es fácil cuantificar este tipo de impactos", ha explicado. Escrivá ha señalado que el Banco de España está siguiendo de cerca los acontecimientos, dado que nos enfrentamos a una coyuntura económica y geopolítica extremadamente compleja. Aunque reconoció que las consecuencias pueden ser muy negativas y desiguales en función del país o región, también admitió que aún es pronto para saber cómo y cuándo se manifestarán con claridad estos efectos. A su juicio, la política arancelaria impulsada por Trump supone una "perturbación de oferta muy severa", que podría provocar una desaceleración relevante en economías que, como la española, están mostrando actualmente un crecimiento sólido. Sin embargo, descartó un escenario de recesión. Sí anticipó que estas tensiones comerciales podrían traducirse en subidas de precios, como consecuencia de las medidas que se están adoptando para contrarrestarlas. El gobernador también alertó sobre otros riesgos más difíciles de medir, como el posible deterioro de las cadenas de valor y suministro globales, fundamentales en la actual economía internacional. Estos cambios podrían fragmentar el comercio global y generar nuevas disrupciones. Además, subrayó que las percepciones de incertidumbre y las turbulencias en los mercados pueden enfriar el consumo y la inversión, y este efecto podría tardar un tiempo en notarse. "Todo esto dificulta mucho estimar con precisión cuál será el impacto final sobre el crecimiento y la inflación", recalcó. Respecto a los precios, Escrivá indicó que la inflación se ha moderado en los últimos meses y se sitúa en torno al 2%. Los datos disponibles hasta marzo se ajustan al escenario base previsto, que contempla una normalización progresiva de la política monetaria en un entorno sin restricciones. Según explicó, el Banco Central Europeo no toma decisiones de política monetaria por picos puntuales de inflación -que considera posibles pero poco relevantes en términos globales-, dado que Europa tiene un volumen de comercio mucho mayor con el resto del mundo que con Estados Unidos. Lo importante, añadió, es la evolución esperada de la inflación a medio plazo, en un horizonte de dos años. Por último, Escrivá apuntó que, aunque los choques de oferta suponen un riesgo al alza para los precios, también hay factores que presionan a la baja, como una posible caída del consumo, la inversión o la confianza de los agentes económicos. "Habrá que evaluar el equilibrio entre ambos elementos para entender cuál será el efecto neto sobre la inflación", señaló. En relación al empleo, advirtió que si la demanda se resiente con fuerza y las empresas perciben que esa situación se va a mantener en el tiempo, es posible que se ralentice la creación de empleo. No obstante, recordó que España parte de una posición sólida, con tasas de generación de empleo elevadas incluso en los primeros meses del año. "Es probable que los datos de empleo sigan siendo positivos a corto plazo, reflejo de la inercia previa al aumento de la incertidumbre, pero lo normal es que veamos una moderación en los próximos meses. Cuánto se desacelerará es aún incierto", concluyó.

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(Expansión, 09-04-2025) | Fiscal

Deducir en IRPF la reinversión en vivienda es un derecho

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido que la deducción por reinversión en vivienda habitual, dentro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), constituye un derecho del contribuyente y no una simple elección fiscal. Esto implica que se podrá ejercer dentro de los dos años siguientes a la venta del inmueble. En una resolución emitida el pasado 31 de marzo, el TEAC unifica criterio y amplía las posibilidades para que los contribuyentes se beneficien de esta deducción. En concreto, aclara que si una persona reinvierte las ganancias obtenidas por la venta de su vivienda habitual en la adquisición de otra que también será su residencia principal, podrá aplicar la deducción en la declaración correspondiente al ejercicio en el que se produjo la venta, o bien hacerlo más adelante mediante una declaración rectificativa, siempre dentro del plazo legal de dos años. La decisión del TEAC corrige el criterio sostenido anteriormente por la Agencia Tributaria y algunos tribunales, que consideraban que esta deducción sólo podía aplicarse en la declaración inicial del ejercicio correspondiente, al considerarla una opción tributaria inmodificable. El nuevo enfoque señala que no se trata de elegir entre regímenes fiscales diferentes, sino del ejercicio de un derecho, por lo que el contribuyente tiene más margen para aplicarlo conforme a sus circunstancias.

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(El País, 09-04-2025) | Laboral

La brecha salarial en puestos directivos en España vuelve a subir tras siete años de caída

En España, cada año aumenta el número de mujeres en puestos de alta dirección, pero este avance no se traduce necesariamente en una mejora salarial respecto a sus colegas hombres. Así lo constata un informe elaborado por la escuela de negocios Eada en colaboración con el grupo Icsa, que señala que en 2025 la presencia femenina en cargos de responsabilidad empresarial ha alcanzado el 16,9%, la cifra más alta registrada -salvo en 2021, año atípico por el impacto del COVID, que no se incluye por razones estadísticas- Sin embargo, el estudio también revela un retroceso preocupante: la brecha salarial entre hombres y mujeres en puestos directivos, que llevaba siete años reduciéndose, ha vuelto a ampliarse, situándose en un 12,9%. En cifras, los hombres directivos ganan una media de 95.541 euros brutos al año, frente a los 84.647 euros que perciben sus homólogas. Este aumento en la desigualdad salarial supone un retroceso respecto a 2024, cuando la diferencia era del 11,2%, y nos devuelve a niveles de hace tres años. El informe se basa en una muestra extensa y actualizada de 80.000 registros salariales recopilados hasta febrero de 2025, y marca un cambio de tendencia, ya que desde 2017 se venía observando una mejora progresiva. Los autores del estudio apuntan a diversas causas para explicar este repunte. Según Indry Canchila, directora de consultoría de Icsa, muchas empresas han relajado sus esfuerzos al considerar que, con la mayor visibilidad femenina, el problema está resuelto. "Hay una percepción de que el objetivo ya se ha cumplido", afirma. No obstante, también existen factores estructurales que afectan especialmente a las mujeres y que deben abordarse si se quiere avanzar. Por ejemplo, durante las negociaciones laborales, muchas mujeres priorizan la flexibilidad frente al salario. Además, los departamentos con mayor presencia femenina -como comunicación o recursos humanos- suelen estar peor remunerados que otros tradicionalmente dominados por hombres, como dirección general. También se valoran prácticas como el presencialismo y las horas extra, que tienden a ser recompensadas con bonificaciones y que muchas mujeres no pueden asumir por responsabilidades familiares, explica Aline Masuda, profesora e investigadora de Eada. Masuda añade que todavía existen expectativas sociales que limitan el acceso de las mujeres a posiciones de verdadero poder estratégico, pese a contar con la misma formación que los hombres. "No es un problema de capacitación, sino de estereotipos y prejuicios", advierte. Así, las mujeres ocupan tan solo el 9,2% de los cargos de dirección general, el 7,5% en dirección comercial, el 5,8% en producción y el 5,1% en tecnologías de la información. En contraste, representan el 40,9% en comunicación, el 34,6% en recursos humanos, el 32,5% en marketing y el 19,3% en administración y finanzas. Ernesto Poveda, presidente de Icsa, lamenta que muchas compañías no estén aprovechando el potencial de una parte muy bien preparada de la sociedad. También destaca que, si bien es más sencillo obtener datos sobre presencia femenina, la información salarial sigue siendo opaca. "No basta con que haya más mujeres en cargos de responsabilidad si no se les ofrecen las mismas oportunidades económicas", subraya Masuda, quien también insiste en la necesidad de fomentar la corresponsabilidad en el hogar y transformar las dinámicas empresariales. "La diversidad bien gestionada mejora la rentabilidad", recuerda, proponiendo como medida ejemplarizante la visibilización de hombres en puestos de liderazgo que también se acogen a permisos, vacaciones o reducciones de jornada. Respecto al futuro de esta tendencia, los autores del estudio esperan que el repunte de la brecha salarial no se consolide. No obstante, advierten que los cambios culturales en el entorno empresarial y político -influenciados en algunos países por movimientos reaccionarios- podrían frenar los avances logrados. "Afortunadamente, Trump no legisla en la Unión Europea, donde estamos más avanzados en materia de igualdad y diversidad", señala Poveda. Masuda, sin embargo, alerta de que tras años de presión social para fomentar la inclusión, ahora hay entornos donde estas políticas se perciben incluso como un obstáculo. "Las mejores empresas seguirán apostando por la diversidad, pero existe el riesgo de que otras se desincentiven", concluye. Aun así, se muestra optimista: "La equidad en el liderazgo tiene un efecto positivo claro: cuando hay justicia, las personas se implican más y rinden mejor en el trabajo".

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(El País, 09-04-2025) | Laboral

Un tercio de los accidentes laborales no habían hecho la evaluación de riesgos

En más de un tercio de los accidentes laborales registrados en España -concretamente en el 36% de los casos- las propias empresas reconocen que no habían realizado una evaluación de riesgos del puesto afectado. Según Unai Sordo, secretario general de CC OO, esto equivale a que el 36% de los siniestros de tráfico ocurrieran en cruces sin semáforos operativos: no es que alguien los haya ignorado, es que directamente no existían. Esta comparación la ha realizado durante la presentación del informe anual sobre siniestralidad laboral elaborado por su sindicato. Sordo ha calificado la siniestralidad laboral como "el gran drama silenciado" en España. A las 796 muertes laborales registradas en 2024, 75 más que el año anterior -un aumento del 10,4%-, hay que añadir, según ha dicho, muchas enfermedades de origen laboral que no se reconocen oficialmente, pese a que en algunos casos también terminan con la vida del trabajador. El secretario confederal de salud laboral de CC OO, Mariano Sanz, ha denunciado que cada día fallecen más de dos personas en su puesto de trabajo, y ha recordado el reciente accidente en una mina asturiana que costó la vida a cinco personas. Aunque el índice de incidencia de los accidentes laborales con baja durante la jornada ha bajado un 2,3%, los accidentes mortales en jornada laboral han subido un 8,6%, según el informe, que tiene en cuenta la evolución del empleo para que el aumento de la ocupación no distorsione los datos. Sanz atribuye parte de la reducción de la accidentalidad general a un cambio en la estructura económica: están creciendo sectores con menos riesgo, como la tecnología o las actividades científicas, mientras que pierden peso sectores tradicionalmente más peligrosos, como el agrario. Sin embargo, también ha señalado que los contratos temporales y fijos discontinuos siguen acumulando un mayor número de siniestros, tanto durante la jornada como en los desplazamientos hacia o desde el trabajo. Y destaca además una mayor incidencia entre las personas jóvenes. En cuanto a este colectivo, el informe explica que los trabajadores más jóvenes sufren más accidentes laborales con baja, una tendencia que disminuye con la edad y que se vincula a la falta de experiencia en el puesto. En cambio, los accidentes mortales afectan con más frecuencia a personas mayores, y esta tendencia va en aumento. La razón principal, según el sindicato, es el envejecimiento de la población ocupada: actualmente, el 35% de los trabajadores tiene más de 50 años, un aumento de 15 puntos en las últimas dos décadas. Este grupo enfrenta dificultades para adaptarse a tareas físicamente exigentes y tiene más probabilidades de sufrir patologías graves como infartos o ictus. Sordo ha insistido en que la ligera mejora en los indicadores generales no se debe a una evolución del sistema preventivo, sino a la transformación del tejido productivo. "El sistema de prevención en España está desfasado y no responde a las condiciones actuales del mercado laboral", ha sentenciado. Desde hace más de un año, el Ministerio de Trabajo mantiene abierta la mesa de negociación para reformar la ley de prevención de riesgos laborales. Hace apenas dos semanas presentó su primera propuesta, que incorpora aspectos como la salud mental, la crisis climática, la perspectiva de género y de edad. Pero desde CC OO advierten que no se puede seguir postergando el proceso. "Sé que esto no llena tantos titulares como la reducción de jornada, pero es mucho más grave. El Gobierno debe priorizar esta reforma", ha afirmado Sordo. Sanz, por su parte, espera que el diálogo concluya antes del verano. Ambos responsables sindicales han exigido también mejoras urgentes en la detección del origen laboral de muchas enfermedades. "Hay un infrarregistro vergonzoso de enfermedades profesionales. Miles de personas padecen dolencias graves e incluso mortales que nunca se reconocen como consecuencia de su trabajo", ha denunciado Sordo. Ha recordado en varias ocasiones que en más de un tercio de los accidentes ni siquiera se había evaluado el riesgo del puesto, una cifra que se repite año tras año, lo que, según el informe, evidencia una realidad persistente y un incumplimiento legal inaceptable. El texto denuncia una grave deficiencia en el sistema preventivo español.

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(El Economista, 09-04-2025) | Laboral

La justicia condiciona la jornada adaptada para conciliar al horario del otro progenitor

Los tribunales reconocen que las empresas pueden tener en cuenta los horarios laborales del otro progenitor al valorar las solicitudes de adaptación de jornada presentadas por sus empleados para el cuidado de hijos menores. En consecuencia, las compañías están facultadas para pedir a los trabajadores información relativa a la situación familiar de la pareja antes de tomar una decisión al respecto. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, dictada el pasado 27 de febrero, en la que se aclara que el derecho a adaptar la jornada laboral por motivos de conciliación no es ilimitado. Está sujeto tanto a la capacidad organizativa de la empresa como a los derechos del resto de trabajadores que puedan verse afectados. Por tanto, es necesario analizar si las circunstancias del solicitante justifican la concesión del cambio horario. El tribunal señala que el trabajador debe facilitar a la empresa toda la información relevante para justificar el derecho, incluyendo tanto sus propias circunstancias como las del otro progenitor, con el fin de fomentar un reparto equitativo de las responsabilidades familiares. En el caso concreto, una empleada que trabajaba de noche y los fines de semana solicitó cambiar a un turno de mañana, de lunes a viernes, para atender a sus dos hijos menores. La empresa denegó la petición por motivos organizativos, pero ofreció tres alternativas, entre ellas un turno de 8:00 a 16:20 de lunes a viernes, incluyendo cuatro tardes al mes. La trabajadora rechazó estas opciones y presentó una demanda al considerar vulnerado su derecho conforme al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. La sentencia, tras evaluar la situación de ambos progenitores, concluye que la solicitud no se ajustaba razonablemente a las necesidades familiares. Indica que, con el horario propuesto por la empresa, la trabajadora podría llevar a sus hijos al colegio y el otro progenitor encargarse de recogerlos. Además, dado que el padre libra los fines de semana, no se justificaría la necesidad de que la madre también tenga esos días libres. El fallo también destaca que aceptar la propuesta de la empleada generaría un importante desequilibrio en la organización de los turnos, al concentrarse más personal en el horario de mañana y complicar la cobertura del turno de tarde, lo que requeriría una mayor rotación de otros trabajadores. Según el Estatuto de los Trabajadores, los empleados pueden solicitar una adaptación horaria para facilitar la conciliación hasta que sus hijos cumplan doce años. La empresa debe responder en un plazo de quince días. Si no lo hace, se entiende aceptada la solicitud. En caso de no concederla, debe justificar su negativa o proponer una alternativa razonada.

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(El Economista, 09-04-2025) | Laboral

Los jueces impiden que los trabajadores se afilien a un sindicato con el objetivo de blindarse del despido

La justicia ha determinado que los empleados no pueden afiliarse a un sindicato con la única intención de protegerse frente a un despido ya previsto. El Juzgado de lo Social de Bilbao ha avalado la decisión de una empresa que cesó a un trabajador un mes después de haber sido designado miembro del comité de empresa. En una sentencia fechada el 10 de marzo, el tribunal considera que el trabajador actuó de forma fraudulenta para intentar evitar una medida extintiva que ya conocía de antemano. El caso se remonta a octubre de 2022, cuando el empleado -integrante del equipo directivo- participó como representante de la empresa en la negociación con los sindicatos sobre un proceso de despido colectivo que afectaba a varios puestos, incluido el suyo. El acuerdo definitivo sobre ese despido se alcanzó el 2 de febrero de 2023. Poco después, el trabajador notificó a la empresa que había sido designado delegado sindical y que formaba parte del comité de empresa. Sin embargo, en marzo, la empresa le comunicó oficialmente su despido. El afectado presentó una demanda, alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad sindical. No obstante, la sentencia concluye que existe una relación directa y clara entre la afiliación sindical del trabajador y el conocimiento previo del despido. Según el juez, el trabajador era plenamente consciente de que su puesto estaba incluido en el proceso de extinción, y su afiliación sindical solo respondía al objetivo de obtener una protección adicional ante una medida ya adoptada. La sentencia califica esta conducta como una maniobra con fines espurios, que constituye un uso abusivo de un derecho legítimo como es la libertad sindical, pero cuyo propósito no era representar los intereses colectivos de los trabajadores, sino beneficiarse personalmente frente al despido. En consecuencia, el tribunal considera que el trabajador actuó en fraude de ley y que su actuación no puede ser respaldada por la justicia.

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(El Confidencial, 09-04-2025) | Laboral

Las prestaciones por incapacidad permanente pendientes de resolver ascienden a 82.000 y más de 100.000 familias siguen sin respuesta sobre el IMV

Mientras los ojos del mundo miran a Estados Unidos, hay problemas domésticos que siguen a la espera de atención. Uno de los frentes que el Gobierno no ha conseguido sofocar es el colapso de la Seguridad Social, donde los directivos provinciales siguen con las huelgas tres días a la semana. Estos parones, motivados por la escasez de personal y la necesaria reestructuración de la entidad pública, se producen con 97.000 pensionistas a la espera de recibir atención, como afirman fuentes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En estos momentos, hay más de 42.000 expedientes de revisiones de pensiones por resolver, la mayoría por solicitudes de agravación de enfermedad y de jubilación. A esta cifra hay que añadir los 37.000 expedientes de reclamaciones previas de pensiones pendientes de respuesta, así como las más de 18.000 solicitudes de información sobre futura pensión que se encuentran pendientes de resolver. Denuncian que el Ministerio de la Seguridad Social, a cuyo frente se encuentra Elma Saiz, sigue sin dar respuesta a la "extenuante situación a la que se ven sometidas unas plantillas mermadas, envejecidas y sobrecargadas". Según ha podido confirmar este periódico, los subdirectores y secretarios provinciales emitieron un comunicado el pasado martes a la ministra responsable de la institución, Elma Saiz, sin haber recibido respuesta. Su silencio se suma al del secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, que solo ha mantenido un encuentro con el colectivo en casi dos años. Este personal se enfrenta a una avalancha de trabajo sin los recursos humanos necesarios, y que inciden en que los interinos que se han incorporado no cuentan con la suficiente formación y tampoco cubren las jubilaciones esperadas. A esta plantilla se le ha asignado la gestión de nuevas prestaciones "como el ingreso mínimo vital", una prestación a la que se suman nuevos complementos de las pensiones como el de la "maternidad para varones, cambios en los modelos de jubilación y el derecho a la información de los ciudadanos sobre su futura pensión, la llegada a la edad legal de la jubilación de la generación del baby boom, el imparable descontrol de las situaciones de incapacidad temporal" y así hasta un largo etc. La prueba de que el colapso de la Seguridad Social sigue in crescendo lo demuestran distintas cifras. Hay más de 82.000 expedientes de incapacidad permanente pendientes de resolver, lo que supone un aumento del 50% respecto a 2023. En cuanto a las bajas médicas, hay 133.000 trabajadores con más de 365 días, un 80% más que hace un año. En el mismo porcentaje se han incrementado los trabajadores con bajas médicas de más de 730 días (7.500). Más de 45.000 trabajadores se encuentran con bajas médicas de más de 45 días, plazo máximo legal previsto y otro incremento del 30% en solo un año. Respecto al ingreso mínimo vital (IMV), hay más de cien mil familias en situación de desamparo a la espera de respuesta por parte del INSS. Las quejas que presentan los ciudadanos por el mal funcionamiento del organismo público se han multiplicado por seis en dos años, alcanzando las 17.000. Los parones están empeorando aún más la situación mientras la respuesta del Ministerio de la Seguridad Social es el silencio. La huelga está teniendo un seguimiento masivo del 88% de las provincias y una participación total del 65% del personal. Estos funcionarios públicos alegan que su mano sigue tendida, pero el Gobierno no ha dado muestras de querer negociar. En la única reunión mantenida con el secretario de Estado de la Seguridad Social, este les dirigió para la mayor parte de las cuestiones al Ministerio de Hacienda. A la espera de una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, los paros continúan y el colapso de la entidad avanza.

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(Expansión, 09-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las claves del plan español de 14.300 millones frente al "mayor shock comercial de la historia"

Pocos días después del anuncio de Pedro Sánchez sobre su plan para hacer frente al impacto de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley con el objetivo de mitigar sus efectos sobre las empresas más afectadas y sus empleados. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, calificó la situación como el mayor golpe comercial del último siglo, destacando que el arancel uniforme del 20% aplicado por Estados Unidos a los productos de la Unión Europea afectará a cerca del 80% de las exportaciones españolas a ese país, lo que representa alrededor de 14.500 millones de euros de los 18.179 millones exportados en el año anterior. El impacto se concentra especialmente en unas 500 empresas, responsables de tres cuartas partes de las exportaciones a Estados Unidos, aunque también se prevén efectos colaterales debido a la fuerte dependencia de algunos países europeos del mercado estadounidense, como Alemania, que exportó bienes por valor de 161.000 millones de euros en 2024. A esto se suma la posición de España como segundo mayor productor de automóviles en Europa, con una industria vulnerable al deterioro económico provocado por esta nueva guerra comercial. Para hacer frente a esta situación, el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de medidas bajo el nombre de Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, que contempla movilizar hasta 14.320 millones de euros, en su mayoría a través de mecanismos financieros como avales y créditos gestionados por el ICO, además de ayudas directas. En la primera fase del plan, se activaron 7.720 millones de euros, destacando una línea de avales de 5.000 millones para proporcionar liquidez a las empresas exportadoras e importadoras afectadas, y otra línea adicional de financiación por 1.000 millones destinada a cubrir necesidades de capital circulante o inversiones. Además, se incrementó el límite de cobertura de Cesce de 9.000 a 15.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar 2.000 millones en seguros de crédito a la exportación. También se reactivó el uso del instrumento CARI, que protege a las empresas frente a los riesgos derivados de las variaciones en los tipos de interés. El Fondo para la Internacionalización de la Empresa fue reforzado hasta alcanzar los 720 millones de euros, con el objetivo de apoyar proyectos de exportación e inversión exterior de las compañías afectadas por los aranceles. Del total previsto, 7.620 millones serán nuevos recursos, mientras que los 6.700 millones restantes se reasignarán desde otros instrumentos financieros ya existentes, como el Plan de Recuperación europeo, el programa ICO-Empresas, el Fondo de Coinversión y el Fondo de Resiliencia Autonómica. También se incorporan recursos del Plan Moves III, que dispone de 400 millones para fomentar la movilidad eléctrica, y el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, con 200 millones para financiar proyectos de modernización o instalación industrial. El Icex diseñará un programa específico de apoyo para las 500 empresas que concentran el grueso de las exportaciones a Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer su posición en ese mercado y facilitar su entrada en otros destinos. El plan contempla además la activación del Mecanismo RED, un sistema heredado de los ERTE, que permitirá a las empresas más perjudicadas mantener sus plantillas. El acceso a las ayudas estará condicionado a que no se produzcan despidos ni deslocalizaciones. Por último, se ha acordado una prórroga de la moratoria contable hasta finales de este año, para evitar que las pérdidas derivadas de la guerra arancelaria se consideren causa de disolución empresarial. Esta medida, según el ministro, busca proteger a las compañías que aún no han logrado una recuperación plena tras crisis previas.

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