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(La Vanguardia, 11-03-2025) | Laboral

La Airef dictamina este mes si hay que subir cotizaciones para pagar las pensiones

El nuevo sistema de financiación de las pensiones enfrenta su primera gran prueba. Las reformas implementadas en los últimos años han elevado significativamente los gastos, principalmente debido a la indexación de las pensiones con la inflación. Para equilibrar este incremento, se diseñó un aumento de los ingresos que Bruselas aceptó bajo la condición de incluir una "cláusula de cierre". Esta cláusula se activa automáticamente si la brecha entre ingresos y gastos supera un umbral determinado. Este mes de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) debe evaluar, por primera vez, si ese límite se ha sobrepasado. El umbral establecido es un gasto neto promedio del 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. Si se rebasa, será necesario adoptar medidas correctivas. Inicialmente, el Gobierno y los agentes sociales intentarán negociar una solución, pero si no se alcanza un acuerdo, se aplicará un aumento gradual de las cotizaciones en un periodo de cinco años para corregir el desajuste. El proceso de evaluación llega en medio de la controversia, debido al marco que el Gobierno ha fijado para que la Airef realice sus cálculos. Un real decreto del 19 de febrero establece que, para medir los ingresos, se considerarán las transferencias del Estado a la Seguridad Social, el aumento de las bases máximas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad. Algunos economistas critican esta decisión, argumentando que distorsiona la cláusula de cierre al incluir partidas que, según ellos, no deberían contarse como ingresos. El punto más polémico es la inclusión de los 20.000 millones de euros anuales que el Estado transfiere a la Seguridad Social por gastos impropios. Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, señala que esta transferencia ya estaba prevista cuando se fijaron los criterios de la cláusula de cierre, por lo que incluirla ahora en los cálculos equivale a contabilizar la misma partida dos veces. En su opinión, esta estrategia permite evitar un ajuste en 2025, pero a costa de incrementar el déficit de las pensiones en el futuro. Desde la Seguridad Social rechazan estas críticas y defienden que el real decreto solo precisa qué se considera ingreso dentro del sistema para la evaluación de la Airef. Argumentan que estas fuentes de financiación ya están recogidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que no se está introduciendo ningún nuevo concepto de ingresos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sostiene que el desarrollo reglamentario es un procedimiento habitual para concretar la aplicación de las leyes y no puede modificar ni contradecir la norma que regula. Para su informe, la Airef cruzará dos datos clave: la proyección del gasto en pensiones, basada en el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea publicado en abril pasado, y su propia estimación del impacto de las medidas gubernamentales para incrementar los ingresos del sistema. Si la diferencia entre ambos supera el 13,3% del PIB de media en el periodo 2022-2050, será necesario tomar medidas correctivas de inmediato. En primer lugar, se abrirá una negociación con los agentes sociales para elaborar un proyecto de ley que entraría en vigor el próximo año. En esta fase, se podría ajustar la situación tanto por la vía de los ingresos como por la de los gastos. Sin embargo, si no se logra consenso sobre las medidas a tomar, el sistema activará el aumento automático de las cotizaciones del MEI en la cantidad necesaria para cerrar la brecha fiscal, distribuyendo este incremento a lo largo de cinco años.

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(Expansión,11-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos monetarios prevén que el BCE deje los tipos en el 2%

Dos nuevas reducciones de los tipos de interés y fin del ciclo. Eso es lo que la mayoría de los expertos en política monetaria consultados por el Banco Central Europeo (BCE) prevén que sucederá en la entidad con sede en Fráncfort. Hasta ahora, este escenario estaba prácticamente asumido, pero en las últimas semanas la incertidumbre ha cambiado el panorama. "El contexto está plagado de incertidumbre, lo que nos obligará a estar especialmente atentos y reaccionar con agilidad a los datos. Tomaremos decisiones sobre nuevas bajadas o una posible pausa según lo que demande la situación", afirmó el pasado jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Las amenazas arancelarias de Donald Trump desde Estados Unidos y la creciente tensión por la guerra entre Rusia y Ucrania, junto con el anuncio de un aumento del gasto en defensa en la zona euro, podrían impactar significativamente en las economías. No obstante, los analistas más influyentes en política monetaria, consultados de manera regular por el BCE, creen que las dos rebajas de tipos se materializarán, dejando los tipos en el 2% y dando por concluido el ciclo de relajación de las condiciones financieras. Este nivel se sitúa en el rango estimado por el BCE para la denominada tasa neutral, el punto en el que la política monetaria ni impulsa ni frena la inflación, y que oscila entre el 1,75% y el 2,25%. Si se llevan a cabo estos dos recortes, el BCE habrá reducido sus tasas en un total de 200 puntos básicos. El precio del dinero se estabilizaría en el 2%, un nivel que no se veía desde diciembre de 2022. Aun así, los tipos seguirían 250 puntos básicos por encima del mínimo histórico del -0,5% que se alcanzó tras la crisis de deuda soberana. Sin embargo, no hay consenso absoluto entre los expertos consultados por el BCE. Aunque la mayoría coincide en la previsión de dos recortes adicionales, aproximadamente un 25% cree que las bajadas continuarán hasta alcanzar un 1,5% en diciembre de este año. Este grupo minoritario de analistas sostiene que el BCE mantendría ese nivel de tipos durante todo 2026 y que no sería hasta 2027 cuando comenzarían las subidas, con dos incrementos de 25 puntos básicos hasta situarse en el 2%, donde, según el consenso general, se mantendrían a largo plazo. Por otro lado, los inversores en los mercados financieros, que suelen ajustar sus previsiones con mayor rapidez pero también con más volatilidad, muestran mayor incertidumbre. Tras la última comparecencia de Lagarde y el aumento de la inestabilidad reciente, han reducido sus expectativas sobre la bajada de tipos a apenas una reducción y media. Esto implica que, aunque los mercados anticipan al menos una nueva bajada, hay una división total respecto a la posibilidad de un segundo recorte.

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(Expansión,11-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE espolea la inversión en Defensa pero insta a contener el resto del gasto

Bruselas advierte que la flexibilización de las normas fiscales se limita al incremento del gasto en defensa y mantiene su recomendación de una política fiscal restrictiva para el Eurogrupo. La UE confía en que el Plan de Rearme impulse el crecimiento y el empleo. Mientras tanto, los ministros de Economía buscan avanzar en el euro digital y en productos de ahorro conjuntos. Los ministros de Economía de la Unión Europea se reunieron en Bruselas con el objetivo de encontrar mecanismos para financiar el refuerzo militar común, impulsado por el nuevo contexto geopolítico. Durante una primera reunión con los representantes de la zona euro, la Comisión Europea anunció que aplicará una mayor flexibilidad en las normas fiscales, permitiendo a los países aumentar el gasto en defensa. Sin embargo, advirtió que, en otros ámbitos, la recomendación para el Eurogrupo sigue siendo mantener una política presupuestaria restrictiva, con el fin de equilibrar las cuentas públicas y contener la inflación. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, subrayó que esta mayor flexibilidad en el gasto en defensa responde a preocupaciones de seguridad y geopolítica, más que a cambios en las previsiones macroeconómicas. Además, reiteró que la recomendación de una postura fiscal contractiva sigue siendo válida, ya que la inflación aún supera el objetivo del Banco Central Europeo, a pesar del proceso de desinflación en curso. En la misma línea, el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohe, recordó que se mantiene la recomendación de evitar un aumento generalizado del gasto, ya que esto podría dificultar la reducción de la inflación. En consecuencia, la Comisión Europea ha decidido restringir la relajación de las normas fiscales exclusivamente a la inversión militar, dejando fuera otras áreas como el gasto social. Esto ocurre en un momento en que muchos países han tenido que presentar planes de ajuste fiscal a largo plazo para recuperar la disciplina presupuestaria. Bruselas espera que los presupuestos nacionales sean la principal fuente de financiación del Plan de Rearme Europeo, con una aportación de 650.000 millones de los 800.000 millones de euros que se pretende movilizar. Además, la Comisión propone la creación de un fondo de inversión conjunto de 150.000 millones de euros para gasto militar, complementado con recursos del presupuesto comunitario, fondos de cohesión y el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El propósito central del programa es reforzar la capacidad defensiva y ofensiva de la UE en un contexto de incertidumbre, especialmente ante la posibilidad de que Donald Trump regrese a la presidencia de EE.UU. y detenga el apoyo militar a Ucrania en su conflicto con Rusia. Según Dombrovskis, la Unión Europea debe asumir un papel más activo en su seguridad y defensa, al mismo tiempo que fortalece su competitividad y estabilidad económica. Argumentó que el Plan de Rearme podría movilizar 800.000 millones de euros, proporcionando un estímulo fiscal significativo con efectos positivos en el crecimiento y el empleo. Este impulso fiscal es visto como una oportunidad para reactivar las principales economías europeas, especialmente Alemania, en un momento en que la guerra comercial impulsada por Trump amenaza la economía global. El director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Pierre Gramegna, señaló que se espera un crecimiento económico en Europa ligeramente inferior al previsto, situándose por debajo del 1% en un contexto de alta incertidumbre. No obstante, afirmó que un mayor gasto en defensa podría generar confianza entre los inversores y dinamizar la industria, especialmente en sectores vinculados a la innovación. Aun así, advirtió que, a largo plazo, los países deben garantizar la sostenibilidad del gasto y mantener el equilibrio fiscal.

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(El Periódico, 11-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El PP obligará a Sánchez a asistir mensualmente al control del Senado con una reforma del reglamento

Pedro Sánchez cumplirá esta semana un año sin asistir al Senado. Ante la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta, el presidente del Gobierno ha optado por no acudir a las sesiones de control que se celebran los martes por la tarde. Con el objetivo de poner fin a estas ausencias, los populares impulsarán una reforma del reglamento del Senado para hacer obligatoria la comparecencia del jefe del Ejecutivo al menos una vez al mes. Desde el inicio de la legislatura, Sánchez solo ha comparecido una vez en la Cámara Alta para responder a las preguntas de los senadores, el 12 de marzo de 2024. Desde entonces, no ha vuelto a acudir, ya que no existe una exigencia reglamentaria que lo obligue. Actualmente, el artículo 164 del reglamento del Senado establece que las preguntas deben ser respondidas por un ministro, impidiendo que el Gobierno delegue esta tarea en un secretario de Estado. El PP busca modificar este artículo para incluir la obligación de que el presidente del Gobierno asista a las sesiones de control al menos una vez al mes, salvo que exista una causa justificada. Gracias a su mayoría absoluta, los populares podrán aprobar esta modificación sin dificultades. Sin embargo, la semana pasada anunciaron que enviarían el texto a todos los grupos parlamentarios para intentar recabar apoyos durante su tramitación. En noviembre de 2023, el PP ya llevó a cabo una reforma del reglamento del Senado con el propósito de ralentizar la tramitación de la ley de amnistía. En aquella ocasión, también reforzaron la función de control de la Cámara Alta al introducir una enmienda que obliga al presidente del Gobierno y a sus ministros a comparecer en el pleno sobre cualquier asunto si así lo solicitan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores. No obstante, hasta ahora, los populares no han hecho uso de esta nueva herramienta y no han requerido la presencia de Sánchez en ninguna ocasión.

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(El País, 10-03-2025) | Fiscal

Las empresas ya aplican retenciones por IRPF a los trabajadores que cobran el salario mínimo

Las empresas han comenzado a aplicar las retenciones correspondientes en las nóminas de los trabajadores que perciben el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), cuya actualización fue aprobada por el Gobierno a mediados de febrero. Con carácter retroactivo para todo 2025, el salario mínimo legal se ha fijado en 16.576 euros anuales distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 1.184 euros mensuales. Esto representa un incremento bruto de 700 euros al año respecto al mínimo anterior. Sin embargo, a diferencia de aumentos previos, esta subida no ha ido acompañada de una actualización del umbral exento de tributación en el IRPF. Como consecuencia, algunos de los trabajadores beneficiados por la mejora del SMI han comenzado a tributar por primera vez a través de las retenciones, es decir, los pagos anticipados que el empleador descuenta del salario y remite a Hacienda. "Las nuevas retenciones ya están reflejándose en las nóminas", confirman diversas fuentes del sector. Los empleadores actúan como intermediarios entre los trabajadores y la Agencia Tributaria, por lo que están obligados a retener IRPF a partir de un umbral que actualmente es de 15.876 euros, correspondiente al antiguo SMI. De este modo, las empresas aseguran el pago progresivo y periódico del impuesto sobre la renta. En el caso de grandes compañías, las retenciones se realizan mensualmente, mientras que en pequeñas y medianas empresas se aplican de forma trimestral. Este mecanismo, establecido por la ley del IRPF, permite que Hacienda recaude fondos de manera anticipada y evita que los contribuyentes deban afrontar pagos elevados en su declaración anual. Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, señala que la mayoría de las empresas han comenzado a aplicar estas retenciones en marzo. En febrero, debido al escaso margen tras la publicación del nuevo SMI en el Boletín Oficial del Estado, algunas no pudieron ajustar a tiempo sus sistemas de nóminas. "En teoría, las modificaciones deben implementarse de inmediato tras la entrada en vigor del nuevo SMI, pero existe un margen de adaptación para que las empresas puedan realizar los ajustes necesarios", explica Santiago Ollero. Una consultora especializada en gestión de nóminas confirma esta situación: "Nosotros empezamos a aplicarlas en marzo porque trabajamos con muchas pymes, y realizar los cambios de inmediato era más complejo". Isabel Briz Tomey, consultora laboral, fiscal y legal en SD Worx Spain, añade que en su empresa, especializada en gestión de recursos humanos, el ajuste comenzó en febrero. El último aumento del SMI, que ha crecido un 61% entre 2018 y 2025, ha beneficiado a unos 2,5 millones de trabajadores en España. No obstante, la mayoría de ellos pueden acogerse a las deducciones fiscales por circunstancias personales y familiares, por lo que solo un 20% de los afectados por la retención -aproximadamente 540.000 contribuyentes sin hijos y solteros- han empezado a tributar. En estos casos, el pago del IRPF se aplica sobre los 700 euros que exceden el umbral exento, con una retención anual de 300 euros, lo que se traduce en una reducción de unos 21 euros en cada una de las 14 pagas. Los gestores administrativos explican que, dado que el nuevo SMI tiene efecto retroactivo desde enero, las retenciones aplicadas desde marzo deben ajustarse para compensar la falta de deducciones en los dos primeros meses del año. "Por ello, es normal que las cantidades retenidas en este momento sean algo mayores de lo que correspondería en condiciones normales", señala Santiago Ollero. En la misma línea, Briz Tomey destaca que las retenciones se calculan considerando los ingresos anuales estimados, lo que obliga a regularizar tanto las retribuciones como los descuentos aplicados. El incremento del SMI fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de febrero y publicado en el BOE para su inmediata entrada en vigor. No obstante, la decisión generó tensiones dentro del Gobierno de coalición. Mientras que Sumar aboga por actualizar el umbral exento del IRPF para evitar que los trabajadores con el salario mínimo tengan que tributar, el PSOE sostiene que ya es momento de que estos contribuyentes empiecen a pagar impuestos. Desde el Ministerio de Hacienda argumentan que no se trata de aumentar la recaudación, sino de evitar una reducción de ingresos. Según sus cálculos, ajustar el IRPF al nuevo SMI supondría una pérdida de recaudación de entre 1.700 y 2.000 millones de euros, ya que sería necesario modificar los tramos del impuesto para evitar desigualdades entre distintos niveles de renta. Sumar y otros grupos de izquierda sostienen que la justicia fiscal debe centrarse en las rentas más altas y han propuesto eximir del IRPF a los perceptores del SMI. De hecho, Sumar, Podemos y el PP han presentado iniciativas legislativas en el Congreso con este objetivo. El líder de la oposición incluso ha amenazado con apoyar a Sumar y sus aliados para frenar la postura del PSOE. Aunque la tensión en el Gobierno ha disminuido en las últimas semanas, por ahora no hay negociaciones activas para modificar esta medida. Si finalmente se decide eximir del IRPF a los trabajadores con SMI, ¿qué pasaría con las retenciones ya practicadas? Según los gestores administrativos, en ese caso los afectados podrían recuperar lo retenido presentando la declaración de la renta en 2026, ya que actualmente no están obligados a hacerlo si tienen un solo pagador y ganan menos de 22.000 euros anuales. Otras fuentes sugieren que las empresas podrían ajustar las próximas nóminas para compensar las retenciones previas. También se baraja la posibilidad de que Hacienda realice devoluciones directas o que se efectúe un ajuste en las nóminas futuras para corregir lo ya descontado.

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(Expansión, 10-03-2025) | Laboral

Las mujeres ocupan los consejos, pero sin puestos de liderazgo

La presencia de mujeres en los consejos de administración avanza de manera lenta, en algunos países impulsada por normativas que establecen cuotas obligatorias. Sin embargo, los puestos de liderazgo continúan estando mayoritariamente en manos de hombres. Para apoyar a los inversores institucionales en sus decisiones sobre la composición de los consejos, el proveedor de índices MSCI elabora anualmente un informe sobre la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo, incluyendo sus comisiones, y los retos en la retención del talento. Según el análisis, el año pasado las mujeres ocupaban el 27,3% de los puestos en los consejos de administración de las empresas incluidas en el índice MSCI ACWI, que agrupa compañías de gran y mediana capitalización en más de 50 mercados desarrollados y emergentes, sumando más de 2.600 empresas. Esta cifra supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, el 46,2% de las organizaciones contaba con al menos un 30% de consejeras. La participación femenina continuó en ascenso en prácticamente todas las regiones y mercados. No obstante, la tasa de crecimiento se ralentizó por segundo año consecutivo en los mercados emergentes (MSCI EM Index), con un aumento de apenas un 0,6%, alcanzando el 17,7%. Esto contrasta con las subidas del 1,2% en 2023 (hasta el 17,1%) y del 1,4% en 2022 (cuando llegó al 15,9%). Los mercados desarrollados (MSCI World Index) presentan la mayor proporción de mujeres en los consejos de administración, con una media del 34,6%, frente al 32,9% en 2023. Más de un tercio de las empresas en este índice (34,4%) tiene al menos un 40% de representación femenina, mientras que casi tres cuartas partes (71,7%) superan el 30%. Entre los países con mayor presencia de mujeres destacan Nueva Zelanda (47,8%) y Francia (46,9%). En el Reino Unido, el porcentaje es del 43,6%, superando en seis décimas la media de las 17 empresas españolas incluidas en el índice (43%). No obstante, la presencia de mujeres en cargos de liderazgo sigue siendo significativamente inferior. En 2024, solo el 9,1% de los presidentes de los consejos de administración del MSCI ACWI Index eran mujeres, manteniéndose en el mismo nivel que en 2023. En los mercados desarrollados, la cifra aumentó hasta el 10,5%, más de un punto porcentual respecto al año anterior, mientras que en los países emergentes descendió al 7,4% desde el 9% de 2023. En España, el porcentaje en las 17 empresas analizadas fue del 23,5%. También existen diferencias en la presencia femenina en el cargo de consejero delegado entre mercados desarrollados y emergentes. En los primeros, las mujeres representaban el 7,9% de los CEO en 2024, subiendo desde el 6,8% del año anterior. En los emergentes, sin embargo, el porcentaje bajó al 5,6%, frente al 6,2% registrado en 2023. La media global se situó en el 6,8%, con un leve incremento de tres décimas respecto al año anterior. Por otro lado, el porcentaje de mujeres en la dirección financiera registró su primera caída desde 2020, descendiendo cinco puntos porcentuales hasta el 18,3%. Esta reducción se debió, en parte, a los cambios en los índices de los mercados emergentes y en el índice de EE.UU. En los mercados emergentes, la proporción bajó del 21,3% al 19,4% en 2024, mientras que en EE.UU. descendió del 19,8% al 19%. En España, la cifra es aún menor, con solo un 11,8% de directoras financieras. El análisis también destaca que, aunque los consejos de administración integrados únicamente por hombres son prácticamente inexistentes en los mercados desarrollados, un alto porcentaje de sus comisiones sigue sin contar con presencia femenina. Además, las comisiones de nombramientos, que desempeñan un papel clave en la configuración del consejo, son las que tienen menos probabilidades de estar lideradas por mujeres.

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(El Economista, 10-02-2025) | Laboral

Un fallo pionero contradice al Supremo y hace indefinido a un interino con 18 años de contratos temporales

Fallo innovador del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia contradice al Tribunal Supremo y, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), otorga la condición de indefinida a una trabajadora interina que había acumulado más de 18 años de contratos temporales. La resolución, emitida el 19 de noviembre, determina que la Administración incurrió en abuso y fraude de ley al no convocar en plazo las pruebas selectivas para cubrir plazas con necesidades permanentes, en lugar de temporales. La demandante, que aprobó unas oposiciones sin obtener plaza, desempeñó durante 18 años la misma función que los funcionarios de carrera. Por ello, la sentencia establece que, conforme a la normativa europea y al criterio del TJUE, debe reconocerse su condición de trabajadora indefinida "en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera, sin que ello suponga vulnerar el ordenamiento interno ni los principios de igualdad, mérito y capacidad". El Tribunal Supremo ha sostenido en reiteradas ocasiones, la última en dos resoluciones del 25 de febrero, que la normativa española y la Constitución no permiten otorgar la condición de fijos a los interinos, ya que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, el Supremo argumenta que ni la normativa europea ni el TJUE obligan a España a hacer fijos a los interinos con contratos temporales sucesivos, sino que sugieren esta medida como una posible sanción a la Administración, siempre que no entre en conflicto con la legislación española. En este sentido, el Supremo considera que esta conversión vulnera tanto la normativa como la Constitución y, por lo tanto, no ofrece una solución a estos abusos. En contraste, el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife subraya que el TJUE, en su sentencia de junio, dejó claro que los jueces deben acatar la interpretación del derecho europeo realizada por este tribunal, incluso si entra en conflicto con la Constitución. Por este motivo, la magistrada aplica la doctrina establecida por el TJUE. "En consecuencia, el órgano jurisdiccional nacional no puede considerar que está imposibilitado para interpretar una norma nacional en conformidad con el Derecho de la Unión solo porque haya sido interpretada reiteradamente en un sentido contrario a dicho Derecho", argumenta la resolución. "En virtud del principio de supremacía del derecho de la UE y la obligación del juez nacional de seguir la interpretación del TJUE, se concluye que la demandante mantiene y mantendrá una relación laboral indefinida con la Administración demandada, en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera", concluye la sentencia. El conflicto sobre la fijeza en la Administración se dirime por dos vías judiciales. Los tribunales de lo contencioso-administrativo, encargados de resolver litigios con la Administración, gestionan las reclamaciones de los interinos que aprobaron oposiciones sin obtener plaza. Por otro lado, los tribunales de lo social se ocupan de las demandas del personal laboral contratado directamente por la Administración. Las dos sentencias del Tribunal Supremo de febrero corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y tratan sobre casos de interinos. Además, la Sala de lo Social del Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE para clarificar la aplicación de la fijeza y las indemnizaciones en el caso del personal laboral.

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(El Economista, 10-02-2025) | Laboral

La prestación media por desempleo supera los 1.000 euros por primera vez

El desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones de la economía española, a pesar de los niveles récord de ocupación. El inicio de 2025 estuvo marcado por un aumento de más de 70.000 personas en las listas de parados, lo que eclipsó un hito importante: la prestación contributiva por desempleo ha superado, de media, los 1.000 euros brutos al mes. Desde diciembre pasado, esta ayuda ha seguido aumentando y en enero alcanzó los 1.019,8 euros mensuales, según datos del Ministerio de Trabajo, que siempre reflejan un mes de retraso. "El incremento de los salarios ha impulsado también el alza de las prestaciones contributivas", señala Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador asociado a Fedea. En enero, el número de beneficiarios de esta prestación -a la que acceden los desempleados que han cotizado al menos un año en los últimos seis- llegó a 958.000 personas, un 5,1% más que en 2024. A su vez, el gasto destinado a estas ayudas superó los 1.500 millones de euros tras crecer un 8,5% respecto al mismo mes del año anterior. Esto indica que los salarios de quienes se quedan sin empleo son ahora más altos, como consecuencia de las revisiones salariales acordadas tras la crisis inflacionaria de 2022 y los recientes incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan que en enero se registraron unas 500.000 nuevas altas en la prestación contributiva. De ellas, la mayoría (66%) correspondían a personas que reanudaban el cobro tras haber dejado de recibir la ayuda durante unos meses. Además, el 51% de los beneficiarios ingresó en el sistema en el último mes debido a la finalización de un contrato temporal, seguida de los despidos individuales y la suspensión de la relación laboral en el caso de quienes retomaron la prestación. Sin embargo, el aumento en los últimos sueldos de los nuevos parados no es el único motivo detrás de esta evolución. Desde 2023, la prestación media ha crecido notablemente debido a la modificación del cálculo de la base reguladora (el promedio del salario cotizado en los últimos seis meses). Antes de la reforma de 2012, este porcentaje era del 60%, pero desde entonces se redujo al 50%. La última reforma, impulsada por el Ministerio de Trabajo, lo elevó al 70% durante los primeros seis meses de prestación y al 60% en el período restante, hasta un máximo de dos años. Asimismo, el aumento de las cotizaciones derivado de la última reforma de pensiones ha elevado el presupuesto destinado a estas ayudas. De hecho, el gasto medio por beneficiario, que incluye las contribuciones a la Seguridad Social, ha crecido un 13,4%, situándose en 1.253,4 euros por persona, un incremento muy superior al 3% que ha experimentado la prestación bruta sin considerar estas cotizaciones. Además, la cobertura de la prestación se ha extendido a nuevos colectivos, como empleadas del hogar y artistas, lo que también ha influido en el incremento del gasto. La reforma del subsidio por desempleo aprobada en 2024, que entró en vigor a finales de ese año, introdujo la posibilidad de compatibilizar la ayuda con un empleo tras un año de cobro. Esto permitirá que más personas sigan recibiendo la prestación mientras trabajan por un período determinado, en lugar de salir y volver a entrar en las listas del desempleo. En enero, el número de beneficiarios del subsidio por desempleo se redujo un 15%, mientras que los perceptores de la prestación contributiva aumentaron. No obstante, el gasto en subsidios creció un 5% y supera los 500 millones de euros mensuales. Aún es pronto para determinar una tendencia clara, ya que la reforma también ha trasladado a algunos colectivos al Ingreso Mínimo Vital (IMV), al considerar que su situación responde a problemas sociales más que a una falta de empleo.

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(Cinco Días, 10-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euro se fortalece a niveles previos a la victoria de Trump y entierra el debate sobre la paridad

El titular estuvo a punto de hacerse realidad: "El dólar alcanza la paridad con el euro". No faltó mucho. La victoria de Donald Trump en las elecciones impulsó la moneda estadounidense y, el 13 de enero, el euro llegó a cotizarse a 1,0198 dólares, muy cerca de la paridad. Sin embargo, dos meses pueden marcar una gran diferencia en el universo Trump. Desde ese mínimo, la divisa europea ha recuperado un 6%, situándose en 1,08 dólares, un nivel que no se veía desde antes de los comicios de noviembre. Así, las expectativas de una inminente igualdad entre ambas monedas han quedado descartadas. ¿Qué ha sucedido en estas ocho semanas? Dos factores han sido clave en este cambio de tendencia. Por un lado, diversos indicadores económicos en Estados Unidos -como los datos de consumo, la confianza de los consumidores, las expectativas de inflación y el déficit comercial- sugieren una desaceleración de la economía. La Reserva Federal de Atlanta incluso anticipa una contracción del PIB para este trimestre. Un menor crecimiento económico ejerce presión sobre la Reserva Federal para reducir nuevamente los tipos de interés, debilitando así al dólar, como señala un informe de Bank of America. "Los mercados ya descuentan más recortes en las tasas de la Fed, lo que indica que el banco central priorizará la desaceleración económica sobre los riesgos inflacionarios". Al mismo tiempo, mientras las noticias negativas afectan al dólar, el euro se ha visto favorecido por factores positivos, generando una combinación perfecta para su recuperación. Alemania ha anunciado una reforma que elimina restricciones al endeudamiento, permitiéndole aumentar el gasto en infraestructuras y defensa. Esto, junto con el ambicioso plan de inversión militar de la Comisión Europea en respuesta a la amenaza rusa, representa un impulso para la economía del continente y, por ende, para su moneda. "Existe un riesgo a la baja en el crecimiento estadounidense y una tendencia al alza en Europa. Eso es lo que está fortaleciendo al euro. No es tanto que Trump prefiera un dólar débil, sino que sus políticas inestables están socavando el crecimiento de EE.UU.", explica Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners. Un análisis similar ofrece David Meier, economista de Julius Baer: "Las políticas erráticas, la incertidumbre comercial y la amenaza de estanflación están erosionando el atractivo del dólar como refugio seguro". Otros elementos han contribuido a la fortaleza del euro, como el reciente cambio de discurso del Banco Central Europeo. La institución dejó abierta la posibilidad de hacer una pausa en la reducción de los tipos de interés tras haber realizado seis recortes en siete reuniones. Además, existen posibles catalizadores adicionales: una resolución favorable del conflicto en Ucrania, como la firma de un acuerdo de paz, beneficiaría al euro, dado que Europa ha sido la región más afectada por la guerra debido a su proximidad y dependencia energética. Los expertos de Bank of America creen que el fortalecimiento del euro llegó para quedarse. Más aún, sus previsiones indican que lo ocurrido hasta ahora es solo el principio: estiman que el euro alcanzará los 1,15 dólares a finales de 2025 y los 1,20 dólares en 2026, lo que representaría un cambio significativo en el mercado de divisas. "Lo que ha sucedido en Europa esta semana es, en nuestra opinión, un punto de inflexión mucho más contundente y temprano de lo que anticipábamos", señalan. El consenso sobre el impacto positivo del plan alemán en el euro es casi unánime. "La promesa de Alemania de 'hacer lo que sea necesario' ha sido un impulso clave para la moneda", señala un informe de UBS, citando la famosa frase de Mario Draghi durante la crisis de la deuda en la eurozona. No obstante, el banco suizo mantiene cierta cautela: "El efecto final dependerá del alcance real de los fondos, el calendario de implementación y si el grueso del dinero se destina a empresas de defensa europeas o se fuga al extranjero". Pese al entusiasmo en los mercados, todavía existen factores que podrían revitalizar al dólar. Karsten Junius, economista jefe del banco J. Safra Sarasin, apunta a la solidez del mercado laboral estadounidense y al aumento de los salarios reales, lo que dificultaría una rápida reducción de la inflación. "Creemos que la Fed mantendrá una senda de recortes de tipos bastante gradual, lo que probablemente apoyará un dólar fuerte durante la mayor parte del año", afirma. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también se ha mostrado prudente al respecto. "No hay necesidad de apresurarnos, estamos bien posicionados para esperar mayor claridad", declaró en un evento en Nueva York. Por otro lado, Bank of America señala un posible obstáculo para el avance del euro: la implementación de aranceles agresivos por parte de EE.UU. contra la Unión Europea. Sin embargo, en caso de producirse, la entidad considera que el impacto en el dólar sería efímero, ya que las consecuencias negativas de una guerra comercial terminarían afectando al crecimiento estadounidense y, en última instancia, debilitando su moneda.

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(Expansión, 10-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los expertos de la autoridad monetaria estimaban que el PIB crecería en 2025 un 2,5%

Banco Central Europeo (BCE) para la publicación de sus proyecciones sobre la economía de la zona euro el próximo jueves, reflejarán con toda seguridad una mejora respecto a las previsiones que se hicieron en diciembre pasado para este año. En aquel momento, los especialistas de la autoridad monetaria estimaban que el PIB crecería un 2,5% en 2025, lo que suponía una clara desaceleración en comparación con las cifras de 2024. Por su parte, BBVA y CaixaBank manejaban una previsión algo inferior, situándola en un 2,3%. Como ocurrió con el resto de analistas, estas entidades también se sorprendieron cuando el INE informó que, en el último trimestre de 2024, el PIB se había mantenido estable en relación con el trimestre anterior y que, de manera provisional, se calculaba un crecimiento del 0,8%. Esto situaba el incremento anual de la economía en términos reales en un 3,2%. Esta cifra llevó a que, casi de inmediato, las principales firmas de análisis admitieran que sus previsiones anteriores habían quedado desactualizadas. Uno de los factores clave fue el llamado efecto arrastre, lo que los llevó a anunciar revisiones al alza en sus estimaciones, aunque aún había que esperar para determinar en qué medida. A lo largo de esta semana, con los datos recientes de enero y febrero y considerando la incertidumbre que genera la situación geopolítica, tanto el Banco de España como BBVA oficializarán dichas revisiones al alza. Si se aplicara directamente el dato del último trimestre, la estimación se vería incrementada en varias décimas. De hecho, el propio Gobierno ya tomó la iniciativa hace algunas semanas y ajustó su previsión desde el 2,4% registrado en septiembre hasta el 2,6% actual. Tanto el Banco de España como BBVA consideran que esta cifra encaja con sus nuevos cálculos e incluso dejan abierta la posibilidad de que pueda ser mayor. Un elemento que respalda una mayor aceleración del crecimiento es el comportamiento del empleo, medido a través del número de afiliados a la Seguridad Social en los primeros meses del año. En enero, la afiliación ajustada por estacionalidad habría aumentado en unas 30.000 personas, mientras que los datos de febrero reflejan una clara aceleración, con un incremento de 59.000 nuevos afiliados, casi duplicando la cifra del mes anterior. Según cálculos del BBVA, también los datos de la primera quincena de febrero muestran esta tendencia. Esto indicaría, según los expertos, que la actividad económica se mantendría dentro de un rango de crecimiento de entre seis y ocho décimas en el primer trimestre, lo que aseguraría que, para el conjunto del año, el PIB superará el 2,6%. Con la información disponible, el indicador de crecimiento en tiempo real elaborado por la Airef sitúa actualmente la previsión en un 2,9%. Esta cifra también es respaldada por los modelos de predicción inmediata utilizados tanto por el Banco de España como por BBVA.

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