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(Cinco Días, 22-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España recibe más de 21 millones de pasajeros internacionales hasta marzo, un 6,4% más

Entre enero y marzo de este año, los aeropuertos de España registraron más de 21 millones de pasajeros procedentes del extranjero, lo que representa un aumento del 6,4% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, según los datos difundidos este lunes por Turespaña. Solo en marzo, llegaron al país 8 millones de viajeros internacionales, lo que supone un incremento del 5,7% respecto a marzo de 2024. En ese mes destacó especialmente el crecimiento del mercado italiano, que experimentó una subida del 19% interanual. Italia se posicionó así como el tercer país con más visitantes, por detrás del Reino Unido y Alemania, aportando el 10,6% del total de pasajeros internacionales. Reino Unido lideró el ranking con cerca de 1,6 millones de pasajeros en marzo, lo que representa el 20% del total de llegadas y un crecimiento del 2,3% respecto al año anterior. Canarias fue la región que más turistas británicos recibió, concentrando el 35,7% de los mismos. En cuanto a Alemania, los viajeros alcanzaron los 1,1 millones en marzo (13,7% del total), con una subida del 2,9%. La mayoría también optó por Canarias, aunque con un aumento más leve del 0,1%. Desde Francia llegaron en marzo 583.944 pasajeros, lo que equivale al 7,3% del total de viajeros internacionales, con un crecimiento del 6,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron los principales destinos, con un 31% y 26% del total de llegadas desde este país, respectivamente. Por otro lado, los Países Bajos representaron el 4,8% del total de viajeros internacionales, con 386.014 personas que visitaron España desde allí, lo que supone un incremento del 5,9%. Las regiones preferidas por estos visitantes fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, todas superando los 70.000 pasajeros. Las seis comunidades autónomas más visitadas concentraron el 97,5% del total de llegadas en marzo. Casi todas experimentaron subidas, destacando especialmente la Comunidad Valenciana, con un crecimiento del 17,2%. En contraste, Baleares fue la única que sufrió un descenso, con una caída del 2,1%. La Comunidad de Madrid lideró en número de pasajeros, con un 26,7% del total, siendo la preferida para vuelos de aerolíneas tradicionales, mientras que Cataluña encabezó las llegadas en compañías de bajo coste, con una cuota del 24,7%. En lo que respecta a los aeropuertos, el de Madrid-Barajas fue el más transitado en marzo, con 2,1 millones de llegadas, un 6,3% más que el año anterior. Le siguieron el aeropuerto de Barcelona, con 1,6 millones (un 2,9% más), y el de Málaga, con casi 797.000 pasajeros y un crecimiento del 9,8%. El mayor aumento interanual lo registró el aeropuerto de Valencia, con un notable 19,5%.

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(Expansión, 22-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía cita a las cúpulas del Banco de España y la CNMV para abordar la prevención y mitigación del riesgo

Tras su viaje a Estados Unidos, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidido coordinarse con los principales organismos supervisores del sistema financiero español para preparar una respuesta ante la amenaza que suponen los nuevos aranceles anunciados por Donald Trump. Para ello, convocó ayer una reunión con los máximos representantes del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el fin de analizar conjuntamente el impacto de esta nueva guerra comercial, que ya está generando turbulencias en los mercados globales, desde las bolsas hasta los bonos soberanos, además de poner en riesgo el comercio mundial y la estabilidad de las cadenas de suministro. La cita tuvo lugar en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo de Estabilidad Financiera de la Autoridad Macroprudencial, órgano colegiado creado en 2019 y vinculado al Ministerio de Economía, cuya misión es contribuir a la estabilidad del sistema financiero mediante la detección y prevención de posibles riesgos sistémicos. Al encuentro asistieron el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y la subgobernadora, Soledad Núñez; por parte de la CNMV acudió su presidente, Carlos San Basilio, junto al director general José María Marcos, quien acudió en sustitución de la vicepresidenta Paloma Marín. También estuvieron presentes el secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo; la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe; y el director general de Seguros, José Antonio Fernández de Pinto. Antes del encuentro, Cuerpo reconoció que "la incertidumbre es el principal factor que está afectando a los mercados, la Bolsa y la confianza de los consumidores", y explicó que la reunión tenía como propósito revisar la situación actual, compartir las perspectivas del mercado, y conocer el análisis del Banco de España y la CNMV. Además, señaló que este intercambio de opiniones serviría de preparación para las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, que tendrán lugar esta misma semana en Washington. El ministro acababa de regresar precisamente de la capital estadounidense, donde se reunió con el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, para discutir la relación bilateral y los cambios en la política comercial impulsados por la nueva administración de Trump. El nuevo paquete arancelario estadounidense incluye un 20% sobre productos europeos, aunque temporalmente suspendido durante 90 días para abrir una ventana de negociación. No obstante, siguen vigentes otros gravámenes, como un arancel general del 10% para importaciones globales y recargos del 25% específicamente sobre acero, aluminio y automóviles. Cuerpo calificó su encuentro con Bessent como "sincero, directo y constructivo", y defendió una salida pactada al conflicto comercial con el que es el principal socio económico de España fuera de la Unión Europea, donde las empresas españolas suman inversiones por valor de 115.000 millones de euros. En una publicación en la red social X tras la reunión, el ministro destacó la "fortaleza de la economía española y la solidez del sistema financiero", aunque el propio gobernador del Banco de España ya había anticipado una revisión a la baja de la previsión de crecimiento económico, actualmente situada en el 2,7% para 2025, debido a los efectos de los aranceles. Por su parte, la AIReF mantiene por el momento una estimación de crecimiento del 2,5% para 2024, aunque advierte que la guerra comercial podría reducir el PIB en hasta medio punto este año y otro medio punto en 2026. Antes del encuentro con los supervisores financieros, Cuerpo también se reunió con representantes del sector bancario -la AEB, Ceca y Unacc- para debatir el papel de la banca dentro del Plan de Respuesta Comercial y las perspectivas del nuevo escenario económico global. En este contexto, el ministro subrayó que "la solidez del sistema financiero español es una garantía frente a posibles escenarios de inestabilidad", y calificó la reunión como "muy provechosa". Como respuesta inmediata a esta crisis, el Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medidas por valor de 14.300 millones de euros, principalmente en forma de líneas de financiación a través del ICO y la banca, con el objetivo de apoyar a los sectores exportadores más vulnerables ante la nueva coyuntura.

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(Expansión, 22-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El asalto de Trump a la Fed genera "un serio riesgo para el sistema financiero global"

Las grabaciones telefónicas recientemente desclasificadas de la Casa Blanca muestran cómo, en 1972, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ejerció presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para que redujera los tipos de interés. La Fed accedió a dicha presión, lo que contribuyó a la reelección de Nixon en las elecciones de noviembre de ese año, aunque tuvo como consecuencia una espiral inflacionaria. Actualmente, Donald Trump, al igual que Nixon, ha impulsado una serie de aranceles a las importaciones que probablemente incrementarán la inflación. Además, también está intentando influir en la Reserva Federal, aunque lo hace de forma mucho más abierta. A diferencia de Nixon, que actuaba a través de llamadas privadas, Trump ha criticado públicamente la política monetaria del organismo y ha amenazado con destituir a su presidente, Jerome Powell, cuyo mandato termina en 2026. Este conflicto provocó ayer nuevas caídas simultáneas del dólar, de las acciones en Wall Street y de los bonos del Tesoro, en una jornada marcada por la retirada de capital extranjero de los activos estadounidenses. Los mercados, ya golpeados por el proteccionismo comercial de la Casa Blanca, ahora enfrentan una lucha por el control de una institución clave para la economía global. La Reserva Federal, cuyas decisiones sobre tipos de interés, política monetaria y provisión de liquidez en dólares afectan al mundo entero, siempre ha operado con un alto grado de independencia del poder político. Analistas de Barclays no se anduvieron con rodeos al valorar el impacto de las presiones de Trump sobre Powell. "El mercado ya empezaba a hablar de una posible desdolarización, considerando el gran peso que tienen los activos estadounidenses en las carteras globales. Las declaraciones de Trump y su entorno sobre Powell solo alimentan esta tendencia. A diferencia de otros factores que explican la debilidad del dólar y que encajan en una narrativa más amplia (con posiciones bajistas sobre el dólar en niveles récord), este asunto es diferente. Cuestionar la independencia de la Fed, la institución más influyente del sistema financiero global actual, supone un riesgo grave no solo para la moneda estadounidense, sino también para la estabilidad financiera internacional", advirtieron. El banco británico cree poco probable que Trump lleve a cabo sus amenazas, pero considera que el temor a una Fed politizada podría hacer que el euro supere los 1,20 dólares. En ese contexto, el índice S&P 500 podría volver a situarse por debajo de los 5.000 puntos, como ya ocurrió tras la gran ofensiva arancelaria conocida como el "día de la liberación". En resumen, los acontecimientos en EE.UU. están llevando a algunos inversores a ver el país como si se tratara de un mercado emergente. Según varios analistas, exigir recortes de tipos pese al riesgo de inflación recuerda a lo que ha hecho en varias ocasiones el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Por esta razón, tanto los bonos del Tesoro como el dólar, lejos de actuar como refugios ante una posible recesión, están perdiendo valor. El temor a una inflación desbocada, alimentada por los aranceles y la presión sobre la Fed para bajar los tipos, está detrás de estas reacciones del mercado. Cabe recordar que, tras su reelección en 1972, Nixon no completó su segundo mandato y se vio obligado a dimitir dos años después por el escándalo del Watergate. En el caso de Trump, cuya figura ha sobrevivido a múltiples controversias, los expertos confían en que, frente a esta disputa con la Fed, termine moderando su postura, ya sea por estrategia o por presión de los mercados. "Su historial negociador -como se vio con los acuerdos con México, Canadá, Ucrania o en las disputas arancelarias- revela una tendencia a detenerse justo antes del precipicio. Por ello, aún se considera poco probable que acabe sustituyendo al presidente de la Fed", concluyen en Barclays.

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(Expansión, 22-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El sector legal cierra su mejor ejercicio en tres lustros

El sector legal en España atraviesa un periodo especialmente favorable. A pesar del panorama internacional marcado por la incertidumbre económica y geopolítica, las firmas jurídicas lograron en 2024 sus mejores cifras en los últimos quince años, recuperando por primera vez en ese periodo un crecimiento de dos dígitos. En concreto, la facturación aumentó un 10% interanual, pasando de los 3.810 millones de euros registrados en 2023 a un máximo histórico de 4.192 millones el año pasado. Este crecimiento prolonga la tendencia positiva que comenzó en 2021, tras el parón provocado por la pandemia. De hecho, el sector acelera su expansión y alcanza su ritmo de crecimiento más alto desde 2008, cuando las cifras mejoraron un 11,2% respecto al año anterior. Desde entonces, y a raíz de la crisis financiera global, no se había vuelto a alcanzar un avance tan significativo. En sintonía con esta recuperación, 16 de los 30 despachos con mayor facturación en España lograron incrementar sus ingresos en más del 10%, y seis de ellos superaron el 20% de aumento. Una de las novedades más destacadas en el top 10 de bufetes es la entrada de Andersen, que registró un crecimiento del 39,1%, aumentando su facturación de 47,3 millones de euros en 2023 a 65,8 millones en 2024. Este salto se debe a una estrategia de expansión ambiciosa, centrada en la integración de nuevos equipos. La firma prevé continuar por esta senda en 2025, estimando alcanzar los 90 millones de euros en facturación en Iberia, sumando sus oficinas en España y en Portugal, que aportaron 4,7 millones el año pasado. Para elaborar el ránking, se han tenido en cuenta únicamente los ingresos generados por las sedes españolas de cada firma y sus filiales mayoritarias que prestan servicios legales, excluyendo participaciones minoritarias. También se incluyen datos estimados de bufetes internacionales con ejercicios fiscales diferentes, y la cifra final de negocio refleja únicamente el importe neto, sin considerar ingresos bajo métodos como el de imputación de primas ni otros conceptos equivalentes. En el caso de las firmas especializadas en propiedad intelectual, se toma como referencia la cifra registrada en el Registro Mercantil, que contempla también los suplidos. Otros bufetes internacionales en el top 10 también mostraron un sólido desempeño en 2024. Baker McKenzie, por ejemplo, superó por primera vez los 100 millones de euros en ingresos en España, alcanzando los 115 millones, lo que representa un crecimiento del 15,5%. Linklaters, con el mismo porcentaje de incremento, sube un puesto en el ránking tras pasar de 74 a más de 85 millones de euros. Le siguen Clifford Chance, que creció un 3,8% hasta los 78,7 millones, y A&O Shearman, que experimentó un notable aumento del 17,7% alcanzando los 73 millones. Entre las firmas nacionales, el liderazgo sigue en manos de Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez, que mantienen posiciones privilegiadas en el mercado. También destacan Pérez-Llorca y Gómez-Acebo & Pombo, que siguen consolidando su crecimiento. Un caso significativo es el de RocaJunyent, que aumentó su facturación un 23,5%, impulsada por la incorporación de los socios y profesionales de DJV Abogados. Bufete Barrilero, por su parte, mantiene una trayectoria ascendente con un aumento del 20%, continuando la expansión iniciada tras su unión con Buigas en 2023. También destaca Carrillo Asesores, que se posiciona entre los 25 primeros del ránking gracias a un incremento del 39,6% en sus ingresos, impulsado principalmente por su asesoría fiscal en proyectos culturales. Cierra el top 30 Squire Patton Boggs, liderado por Teresa Zueco, que alcanzó los 25 millones de euros en facturación, lo que representa un aumento del 24,1% respecto al año anterior.

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(El Periódico, 22-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Más de 800 pequeñas telecos europeas se movilizan contra la ola de fusiones que defienden los gigantes del sector

Las principales empresas de telecomunicaciones de Europa llevan años pidiendo a la Unión Europea que modifique la regulación del sector para fomentar la concentración en un mercado muy fragmentado, con el fin de crear grandes empresas europeas capaces de invertir en innovación y nuevas tecnologías. Compañías como Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom reclaman desde hace tiempo reformas legales que reimpulsen el sector de las telecomunicaciones y aceleren el desarrollo tecnológico en Europa. Desde distintos sectores, tanto empresariales como gubernamentales y dentro de la propia UE, se está empezando a considerar la posibilidad de abrir un proceso de fusiones en el sector de telecomunicaciones, primero a nivel nacional y luego a nivel transnacional. Ante la posible llegada de una ola de fusiones, las pequeñas operadoras de telecomunicaciones europeas se están movilizando en contra de las políticas y ayudas que promuevan la consolidación del sector. La patronal europea ELFA, que agrupa a más de 800 operadores locales y regionales de fibra óptica, se opone rotundamente a las "iniciativas políticamente forzadas" que buscan promover la concentración transfronteriza del mercado y la unión de grandes corporaciones. De igual forma, la asociación española Aotec, que representa a unas 150 empresas, se muestra "absolutamente en contra" de otorgar incentivos para la concentración de grandes empresas en el sector. Los cientos de operadores asociados a ELFA defienden que la presencia de múltiples actores en el sector es fundamental para un despliegue de redes "rápido y eficiente", como ha ocurrido con la fibra óptica en España. Los operadores alternativos de ELFA, responsables de más del 50% de las redes de fibra locales y regionales en Europa, aseguran que la diversidad de infraestructuras contribuye a la resiliencia de las redes, especialmente en situaciones críticas. Estas pequeñas operadoras argumentan que una menor competencia resultará en menos inversión e innovación, lo que perjudicará a los consumidores. ELFA señala que forzar la concentración del mercado mediante la reducción del número de operadores reducirá la competencia, afectando negativamente a los clientes en términos de oferta y precios. La organización defiende que se debe apoyar la diversificación de la propiedad y la inversión local, en lugar de promover fusiones transfronterizas a gran escala. Desde ELFA recalcan que el mercado europeo de telecomunicaciones ya es competitivo y funciona bien, señalando que los precios de la banda ancha fija y móvil en Europa son más bajos que en EE. UU., y que el despliegue de la fibra óptica es más rápido. La organización insiste en que cualquier movimiento de consolidación debe tratarse "en términos de mercado" y dentro del marco legal antimonopolio y de competencia de la legislación nacional y europea, sin aplicar incentivos públicos específicos. Durante las últimas dos décadas, la Comisión Europea ha centrado su política en garantizar una alta competencia en los mercados en beneficio de los consumidores, impidiendo fusiones y promoviendo la existencia de al menos cuatro operadores de tamaño considerable en cada país de la UE. En contraste, en mercados más grandes como EE. UU., China o India, hay entre tres y cinco grandes empresas dominando el mercado. Las grandes operadoras europeas denuncian que esta regulación ha impedido que las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones europeas alcancen el tamaño necesario para desarrollar su propia tecnología, invertir en infraestructuras y competir con sus rivales de EE. UU. y Asia en áreas clave como las redes de banda ancha de alta velocidad, 5G, computación, inteligencia artificial y fabricación de microchips.

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(Expansión, 17-04-2025) | Fiscal

El Supremo tumba el castigo fiscal del justiprecio

El Tribunal Supremo ha establecido una nueva interpretación sobre cómo debe tributarse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ganancias patrimoniales derivadas de expropiaciones forzosas, particularmente cuando se produce una retasación del bien expropiado, algo relativamente frecuente debido a retrasos en los pagos por parte de la administración. El alto tribunal ha aclarado que esta retasación no genera una ganancia patrimonial independiente de la originada por la expropiación inicial. Es decir, considera que el aumento del valor reconocido no constituye un ingreso adicional, sino una actualización del valor ya generado en el momento en que se produjo la pérdida del bien. Por tanto, el valor de adquisición debe ser el que tenía el bien en el momento de su compra original, y no se puede considerar la retasación como un "justiprecio adicional" que origine una ganancia autónoma. En lo que respecta al momento en que debe declararse esta ganancia en la declaración de la renta, el Supremo mantiene el criterio de que debe imputarse al ejercicio fiscal en el que se dicte una resolución judicial firme que determine de manera definitiva e inmodificable el justiprecio. Esto se suma a la regla general que vincula la ganancia al momento en que se produce la ocupación del bien. Uno de los aspectos más favorables para los contribuyentes tiene que ver con la aplicación de los coeficientes reductores o de abatimiento recogidos en la disposición transitoria novena de la Ley del IRPF. El Tribunal señala que estos beneficios fiscales sí son aplicables a las ganancias patrimoniales derivadas de expropiaciones de bienes adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994 y que no estén afectos a actividades económicas, incluso si la retasación y la fijación del justiprecio se han producido con posterioridad a esa fecha. La clave está en la fecha de adquisición original del bien, no en la del reconocimiento del valor actualizado. Además, el Supremo ha determinado que los intereses de demora percibidos en estos procesos tienen también la consideración de ganancia patrimonial vinculada a la transmisión del bien expropiado. Por lo tanto, si se cumplen los mismos requisitos de antigüedad y no vinculación a actividades económicas, estos intereses también pueden beneficiarse de los coeficientes reductores. En definitiva, el Tribunal Supremo aclara que la retasación no constituye un hecho imponible nuevo, fija el momento en que debe declararse la ganancia en casos judiciales, y confirma que tanto el justiprecio como los intereses de demora pueden acogerse a beneficios fiscales si el bien fue adquirido antes de 1995 y no estaba afecto a una actividad económica. La sentencia en cuestión analiza un caso concreto de expropiación de un terreno recibido por herencia, cuya retasación se llevó a cabo dos años después.

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(El Economista, 17-04-2025) | Fiscal

La renuncia a herencias crece un 23% desde pandemia por el rechazo de los sucesores a recibir deudas

El número de personas que renuncian a herencias ha aumentado un 23% desde que comenzó la pandemia. Según datos del Consejo General del Notariado, en 2023 se registraron 54.837 renuncias, frente a las 44.585 de 2020, año marcado por la crisis sanitaria del Covid-19. El principal motivo que lleva a rechazar una herencia es la carga de deudas que la acompaña, ya sea con bancos, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, como resultado de sentencias judiciales, o por inmuebles con cargas pendientes. Sin embargo, desde el Notariado aclaran que no disponen de datos detallados sobre el tipo exacto de deudas implicadas. Aunque la cifra de renuncias en 2023 representa un leve descenso del 2,38% respecto a 2022, cuando se alcanzó el máximo histórico con 56.178 rechazos, el número sigue siendo elevado. A falta de los datos oficiales por comunidades autónomas para 2024, los del año anterior muestran que Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran el 59% de las renuncias, algo que se explica también por su alta densidad de población. Entre las regiones donde más creció la renuncia a herencias en 2023 destacan Murcia, con un aumento superior al 12%, Navarra con un 11% más, y tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana con incrementos del 5%. Por el contrario, Asturias y el País Vasco registraron las caídas más significativas en estos rechazos, con un descenso del 10% respecto al año anterior. Además de las deudas, la fiscalidad es otro factor que influye en la decisión de renunciar a una herencia, especialmente cuando se trata de bienes recibidos de parientes lejanos. En cambio, la mayoría de las comunidades autónomas aplican reducciones fiscales importantes cuando la sucesión se da entre familiares directos, como de padres a hijos. De hecho, regiones como Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana prácticamente eliminan la tributación en estos casos. En contraste, comunidades como Asturias y Castilla-La Mancha comienzan a aplicar impuestos a partir de un valor de herencia de 300.000 euros, mientras que en Cataluña las bonificaciones oscilan entre el 20% y el 99%, en función de la base imponible.

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(Cinco Días, 17-04-2025) | Laboral

Europa ha vuelto a tirar de las orejas a España por el bajo coste del despido improcedente

El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) se ha manifestado recientemente en relación con una reclamación presentada por Comisiones Obreras (CC OO) en 2022 contra el sistema laboral español. Aunque aún no se ha hecho público el dictamen completo, se adelanta que el actual sistema de indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) no siempre compensa adecuadamente al trabajador ni cumple con el objetivo disuasorio frente al empleador. Tal como ha adelantado El País, el CEDS ha dado la razón a CC OO, considerando que España estaría incumpliendo la Carta Social Europea, especialmente en los casos de despidos injustificados a empleados con poca antigüedad en la empresa. Algunos jueces habían intentado compensar esta deficiencia con indemnizaciones adicionales -en ocasiones mucho más elevadas que las establecidas por ley-, pero el Tribunal Supremo limitó esa práctica. Ahora la responsabilidad recae en el Gobierno. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su intención de impulsar una reforma, aunque el ministerio esperará a la publicación oficial del dictamen, prevista para el 27 de junio, antes de actuar. El dictamen plantea varios puntos de discusión más allá del importe de la indemnización por despido. "También se abordan cuestiones relevantes como la eliminación de los salarios de tramitación tras la reforma laboral de 2012", explica Guillermo Barrios, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y asesor de Labormatters Abogados. Según declaraciones de CC OO a Cinco Días, la reclamación del sindicato busca reformar tres aspectos clave del sistema actual. Primero, proponen priorizar la readmisión frente al despido, dando al trabajador la posibilidad de decidir si desea volver a su puesto. "No es lógico que el empresario, que ha infringido la normativa, sea quien decida entre readmisión o indemnización", señala Raúl Olmos, de la Secretaría Confederal de Acción Sindical del sindicato. La idea es convertir el despido en una medida realmente excepcional para las empresas. En segundo lugar, exigen que los trabajadores tengan derecho a percibir los salarios de tramitación aunque no recuperen su empleo, ya que en el modelo actual no se garantiza la recuperación de los ingresos perdidos ni de las cotizaciones a la Seguridad Social. Finalmente, solicitan establecer una indemnización mínima para los empleados con escasa antigüedad, cuyas compensaciones actuales son, según Olmos, "insignificantes". Las decisiones del CEDS no son legalmente vinculantes. Es decir, aunque el dictamen considere que España viola la Carta Social Europea, no obliga automáticamente a modificar la legislación. Sin embargo, Guillermo Barrios advierte que este es un asunto delicado, y se espera que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se pronuncie próximamente. Aunque sin fuerza legal directa, el dictamen podría motivar un aumento en las demandas judiciales basadas en su contenido. Según Enrique Ceca, socio director en Ceca Magán Abogados, el dictamen del Consejo Europeo podría incentivar a más trabajadores a acudir a los tribunales para defender sus derechos. No obstante, aclara que los empleados deberán reclamar expresamente una indemnización adicional y justificarla correctamente, ya que los jueces no pueden otorgarla de forma automática. Víctor Canalda, abogado y graduado social, apunta que no será necesario mencionar directamente la resolución del CEDS en las demandas. Bastará con invocar el "control de convencionalidad" de los tratados internacionales ratificados por España. Aunque el dictamen del Comité Europeo no constituye jurisprudencia, algunos tribunales autonómicos, como los de Cataluña o el País Vasco, ya lo han tenido en cuenta al interpretar el artículo 10 del Convenio 158 de la OIT. Sin embargo, en diciembre pasado, el Tribunal Supremo rechazó estas indemnizaciones adicionales al considerar que el Estatuto de los Trabajadores ya cumple con dicho convenio. Cabe destacar que esta decisión se refería a un caso anterior a la ratificación por parte de España de la Carta Social Europea en 2021. Con el nuevo dictamen del CEDS, algunos jueces podrían apartarse de la doctrina del Supremo y volver a aceptar indemnizaciones superiores a las previstas legalmente. "Es posible que los tribunales de instancia consideren que la postura del Supremo no se ajusta a los compromisos internacionales, sobre todo si el trabajador fundamenta bien su reclamación invocando el artículo 24 de la Carta Social Europea", indica Enrique Ceca. Esto, añade, podría generar inseguridad jurídica debido a posibles fallos contradictorios en casos similares. El propio Tribunal Supremo podría ser el que provoque un cambio de criterio. Según Barrios, el Comité Europeo es el intérprete autorizado de la Carta Social Europea, y además, la reciente renovación de la Sala de lo Social podría haber modificado la correlación de fuerzas dentro del alto tribunal.

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(Expansión, 17-04-2025) | Laboral

Marruecos, Rumanía y Colombia aportan el 31% del empleo extranjero en España

La presencia de trabajadores extranjeros en el mercado laboral español sigue en aumento. En marzo se alcanzó un récord histórico de afiliación a la Seguridad Social con 2.921.205 personas de origen foráneo, lo que supone 46.807 más que en febrero y un incremento de 187.086 respecto al mismo mes del año anterior. Este crecimiento implica que las personas nacidas fuera de España contribuyeron con el 29% de los nuevos empleos creados en marzo -sobre un total de 161.492 altas- y con el 41% del empleo generado en los últimos doce meses -de un total de 455.659 nuevos afiliados-. De hecho, la proporción de trabajadores extranjeros sobre el total de afiliados ha aumentado del 13% registrado el año pasado al 13,7% actual. Hace diez años, su peso era considerablemente menor, con apenas un 9,2%. A pesar de su creciente relevancia en la sostenibilidad del mercado laboral, en especial en sectores clave como los servicios, la aportación de estos trabajadores está marcada por una concentración geográfica. Entre los 2,9 millones de afiliados extranjeros, los tres países con mayor representación son Marruecos (355.296), Rumanía (339.527) y Colombia (224.501), que en conjunto representan el 31,5% del total de trabajadores extranjeros registrados. Les siguen Italia (197.113), Venezuela (181.917), China (121.237) y Perú (88.664). También hay una fuerte concentración sectorial. Según los datos de cierre de marzo, entre los asalariados extranjeros (2.439.776, es decir, el 83,5% del total), los sectores que más empleo concentran son comercio (311.280), hostelería (406.340) y agricultura (246.386), que en conjunto agrupan al 40% de los afiliados extranjeros al régimen general. Otro dato relevante es el crecimiento del número de extranjeros que deciden emprender por cuenta propia. Los autónomos foráneos ya representan el 16,5% del total de trabajadores extranjeros, con 476.039 afiliados en marzo. Esto supone 34.446 más que un año atrás y 4.522 más que en febrero. Dentro de este colectivo de autónomos, también se observa una clara concentración en determinadas actividades económicas. De los casi 500.000 trabajadores por cuenta propia de origen extranjero, el comercio reúne 103.937 afiliados, la hostelería 76.995 y la construcción 67.882, lo que representa en conjunto el 52% del total. En cuanto a la distribución territorial, el número de afiliados extranjeros creció en todas las comunidades autónomas en marzo, salvo en Castilla-La Mancha (-288), Navarra (-71) y La Rioja (-100). Los mayores incrementos se registraron en Andalucía (+12.129), Baleares (+9.201) y Cataluña (+8.435). La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha subrayado la "importancia vital" de este colectivo para rejuvenecer el mercado laboral ante el envejecimiento de la población, así como para garantizar el relevo generacional en sectores como el manufacturero. Saiz afirmó que sin la aportación de los trabajadores extranjeros "no se habría producido el crecimiento actual del empleo" y destacó su papel esencial para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. "Más de 4 millones de personas se jubilarán en los próximos diez años", recordó, remarcando la necesidad de contar con estos trabajadores para garantizar el futuro del sistema.

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(El País, 17-04-2025) | Laboral

La renta de los mayores de 65 años en España rebasa un 6,4% a la europea

La renta mediana de los mayores de 65 años en España -ajustada al nivel de precios de cada país mediante euros PPS- supera en un 6,4% la media de la Unión Europea. Esta diferencia se acentúa cuando se considera el nivel educativo: los mayores con estudios medios ganan un 26% más que sus equivalentes europeos, y los que tienen estudios superiores, un 18% más. Sin embargo, esta situación contrasta con la de los menores de 65 años, cuya renta, a igualdad de formación, es un 7,3% inferior a la media de los Veintisiete, según revela el estudio Formación, transición digital y calidad de vida de los mayores en España, elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). El informe también destaca que, en comparación con el resto de la población, las personas mayores en España disfrutan de condiciones económicas más favorables. Los hogares encabezados por personas mayores acumulan más patrimonio neto: mientras que los hogares con jefes de familia entre 35 y 44 años poseen una riqueza media de 76.000 euros, esta cifra asciende a 226.000 euros en los hogares cuyos cabezas tienen entre 65 y 74 años, y a 221.000 euros en los de más edad. Aproximadamente un tercio de los mayores en edad de jubilación dispone de rentas que superan en al menos un 30% la mediana nacional. En contraste, el 23,2% de la población entre 18 y 64 años declara dificultades para llegar a fin de mes, frente al 15,9% entre los mayores. El envejecimiento poblacional en España es evidente: el grupo de personas de 55 años o más ya representa el 34,6% de la población, y se espera que esta proporción suba al 43,3% para 2070. La esperanza de vida también ha aumentado notablemente -9,6 años desde los años 70- alcanzando los 83,2 años. Aunque hay desigualdades dentro del colectivo de mayores, estas son menos pronunciadas que entre los más jóvenes. La renta disponible del 20% más rico entre los mayores quintuplica la del 20% más pobre, mientras que entre el resto de la población la diferencia es aún mayor, con una proporción de 5,6 a 1. Dentro del grupo de mayores, el nivel educativo marca diferencias clave. Los mayores de 65 años con solo estudios básicos tienen una renta mediana de 16.807 euros. Esta cifra asciende a 23.134 euros (un 37,6% más) entre quienes tienen estudios medios y a 30.864 euros (un 83,6% más) entre los que cuentan con formación superior. El patrimonio neto también varía significativamente según el nivel de estudios: mientras que los mayores con formación básica acumulan una mediana de 140.000 euros, esta sube a 243.000 euros para los de estudios medios y llega a los 503.000 euros para quienes tienen educación superior. Gracias a estos mayores ingresos y patrimonios, los más formados están menos expuestos a situaciones de pobreza o exclusión social, y disponen de una mayor capacidad para afrontar imprevistos. Además, sus ventajas se extienden al ámbito del bienestar: presentan mejores condiciones de salud, una vida más activa, mayor implicación en actividades culturales y políticas, y un uso más frecuente de la tecnología. También mantienen relaciones sociales más estrechas, lo que se traduce en una mayor sensación de felicidad. La formación también influye en la prolongación de la vida laboral. Entre las personas mayores de 55 años, solo un 7,5% de quienes solo terminaron la primaria sigue trabajando, mientras que la tasa de actividad alcanza el 47,5% entre quienes tienen estudios superiores. No obstante, España registra una menor participación laboral de los mayores de 65 años respecto al promedio europeo: su tasa de actividad es del 3,7%, frente al 6,6% en la UE. El estudio también pone el foco en el elevado número de mayores que ni estudian ni trabajan. Aunque el fenómeno de los "ninis" se suele asociar a los jóvenes -el 16,1% de los españoles entre 25 y 34 años no estudia ni trabaja-, este porcentaje asciende al 38,1% en la franja de 55 a 64 años, y al 90,4% entre los de 65 a 74 años. Según los expertos, esta situación se explica por las pensiones relativamente generosas respecto al salario y la escasez de fórmulas de jubilación flexible o parcial. Pese a esta baja participación, las condiciones laborales de los mayores de 65 años que sí trabajan son, en muchos casos, mejores que las de otros grupos de edad con el mismo nivel de formación. Así, el 90% de los mayores universitarios con empleo cuenta con un contrato indefinido, diez puntos por encima de los universitarios más jóvenes. Además, los salarios también son más elevados: quienes tienen entre 65 y 74 años ganan, de media, un 11,9% más que los trabajadores de entre 25 y 54 años con el mismo nivel de estudios. Esta diferencia llega al 25% en el caso de los titulados superiores.

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