A partir de hoy lunes, el Banco de España dejará de inscribir nuevas empresas en su registro de criptoactivos debido a la entrada en vigor del Reglamento sobre Criptoactivos (MiCA) en la UE, así como al inicio del periodo de transición en España para implementar esta nueva normativa. MiCA entra en vigor el 30 de diciembre de 2024, pero los países miembros de la UE tienen la opción de aplicar un periodo transitorio de hasta 18 meses (hasta el 1 de julio de 2026) para adaptarse a los cambios. En España, se ha establecido un plazo de 12 meses, hasta el 30 de diciembre de 2025.
Desde 2021, el Banco de España mantiene un registro en el que deben inscribirse todas las entidades que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas por monedas fiduciarias y de custodia de monederos electrónicos, siguiendo la ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de MiCA, este registro dejará de aceptar nuevas inscripciones, aunque seguirá siendo útil para verificar las entidades previamente registradas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asumirá la responsabilidad de autorizar las empresas de criptomonedas en España, y también existe la posibilidad de que una autoridad europea otorgue la autorización, permitiendo a las empresas operar en España con un pasaporte europeo. A finales de 2024, más de 130 empresas estaban registradas en el Banco de España, la mayoría con sede en España, pero también provenientes de países como Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, entre otros.
La CNMV ha emitido dos comunicados, uno dirigido a los inversores y otro al sector, para informar sobre la implementación de MiCA. En particular, ha detallado que las entidades que ya prestaban servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor de MiCA podrán acogerse al periodo transitorio para adaptarse a la nueva normativa, según lo estipulado por la legislación española. Las empresas inscritas en el registro del Banco de España antes del 30 de diciembre podrán seguir ofreciendo los mismos servicios sin necesidad de autorización adicional hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que se les deniegue la inscripción en el nuevo registro de MiCA.
Por otro lado, las entidades que no estuvieran inscritas en el registro del Banco de España, pero que prestaban servicios de criptoactivos conforme a la legislación vigente antes del 30 de diciembre de 2024, podrán seguir operando sin autorización hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que se les deniegue la inscripción en el nuevo registro.
Las empresas que ofrezcan servicios de criptoactivos en España a partir del 30 de diciembre de 2024 y no se ajusten a MiCA podrán ser sancionadas y aparecer en la lista de la CNMV de entidades no autorizadas, conocida como la "lista negra". Además, los proveedores de servicios que actualmente figuran en la "lista gris" de la CNMV serán eliminados de ella si obtienen la autorización de MiCA en algún estado miembro.
Según fuentes de la CNMV, las empresas ya inscritas en el registro del Banco de España solo deberán realizar una notificación, mientras que las nuevas entidades deberán completar todo el proceso de inscripción. Para facilitar estos trámites, la CNMV ha puesto a disposición un manual y un modelo de notificación detallando los pasos a seguir, y recomendó que las empresas de criptoactivos soliciten previamente una reunión con el equipo encargado de gestionar las solicitudes.
El mercado inmobiliario atraviesa uno de sus momentos más dinámicos desde la crisis de la burbuja inmobiliaria, y los analistas prevén que esta tendencia se mantenga en 2025, aunque con un ritmo algo más moderado que en 2024. ¿Los motivos? Por un lado, la reducción de los tipos de interés está facilitando la entrada de compradores particulares en un mercado previamente dominado por inversores. Por otro, la creciente brecha entre la oferta y la demanda continuará intensificándose debido a la escasez de nuevas promociones. Esto seguirá ejerciendo presión sobre los precios, tanto en el ámbito de la compraventa como en el alquiler. En este último caso, los propietarios podrán permitirse ser más selectivos, lo que podría excluir a inquilinos considerados de mayor riesgo, como inmigrantes y familias con hijos.
La caída del euríbor y la competencia entre las entidades financieras por captar nuevos clientes han impulsado las compraventas de viviendas en la segunda mitad de 2024, especialmente mediante hipotecas. Para 2025, se espera que esta tendencia continúe al alza, respaldada por nuevas bajadas de tipos de interés, aunque en niveles más contenidos. Según un consenso de analistas reunido por EXPANSIÓN, se proyecta un incremento anual del 6,5% en las transacciones, alcanzando más de 680.000 operaciones, el mayor número desde la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, se anticipa un cambio significativo: si anteriormente los inversores lideraban la demanda, ahora serán las clases medias y medias-bajas las que asuman ese rol, muchas veces con el apoyo familiar. Esto llevará a un desplazamiento de la presión de la demanda desde las grandes ciudades hacia municipios más pequeños y, dentro de las grandes urbes, desde las zonas céntricas hacia la periferia y barrios más económicos.
Esta creciente demanda, combinada con la insuficiencia de oferta, hará que los precios continúen subiendo en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024. Los expertos estiman un incremento del 6,2% este año, tras un aumento más acentuado en la segunda mitad de 2024. La escasez de obra nueva agudizará el déficit habitacional, pasando de 500.000 viviendas actuales a casi 700.000. No obstante, la búsqueda de opciones más asequibles por parte de los compradores y el margen limitado para reducir las cuotas hipotecarias moderarán las subidas. En el caso de la obra nueva, los precios podrían aumentar más significativamente, debido a las mayores exigencias de los compradores.
En el mercado del alquiler, el desequilibrio entre oferta y demanda alcanzará máximos históricos, con más de 100 solicitudes por inmueble en los primeros días tras su publicación, una cifra que se cuadruplica en Barcelona. Los analistas prevén un aumento de precios del 8,6%, algo menor que en 2024. Aunque la falta de vivienda seguirá siendo crítica debido a la inseguridad jurídica para los propietarios y los límites en la actualización de rentas, la bajada de las cuotas hipotecarias permitirá a algunos inquilinos optar por la compra, frecuentemente con ayuda familiar. Por otro lado, muchos propietarios preferirán ser más selectivos al elegir inquilinos, dejando fuera del mercado a aquellos con perfiles considerados más riesgosos, como trabajadores con contratos temporales o familias con hijos.
¿Hasta dónde llegará este auge? A diferencia de 2007, cuando el mercado estaba marcado por una burbuja especulativa, el actual aumento de precios responde principalmente a un desajuste estructural entre oferta y demanda, sin señales de corrección a corto o mediano plazo. Según Teresa Marzo, CEO de Elix, el alivio en los precios vendrá con políticas que incrementen la oferta, como la promoción de modelos residenciales alternativos, mayor seguridad jurídica para inversores y agilización de trámites para transformar suelos y edificios en viviendas, medidas que, por ahora, no se vislumbran en el horizonte. Patricia Rodríguez-Lázaro, directora de inversión en Clikalia, también subraya que la falta de oferta, tanto para venta como para alquiler, seguirá siendo el principal desafío, agravado por la escasez de suelo disponible y el aumento del número de hogares, lo que podría impulsar la rehabilitación como una alternativa frente a la limitada construcción de obra nueva.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó ayer un balance de la gestión de su gobierno durante 2024 y esbozó las principales prioridades para el próximo año. Según destacó, ha cumplido el 93% de los compromisos adquiridos para la legislatura en curso. Entre los logros más relevantes, resaltó la implementación del Plan de Empleo Joven, que ha beneficiado a 20.648 menores de 30 años desde su inicio en junio. Este plan incluye cincuenta medidas específicas para este colectivo, con una inversión de 200 millones de euros.
Díaz Ayuso recordó también que, a lo largo de este año, se han aprobado ocho leyes, entre ellas la de Presupuestos Generales, la de Economía Circular, la regulación de distinciones honoríficas, y medidas urbanísticas para fomentar la vivienda protegida. Además, mencionó la modificación de la ley para incorporar beneficios fiscales que faciliten el acceso a la vivienda, incentiven inversiones extranjeras y promuevan el cambio de residencia hacia municipios en riesgo de despoblación. Otras normativas incluyen la adaptación terminológica para referirse a personas con discapacidad y disposiciones para un desarrollo sostenible en materia ambiental y urbanística.
En el ámbito económico, la presidenta afirmó que su gobierno seguirá impulsando la economía regional para mantener el liderazgo en indicadores clave como creación de empleo, atracción de inversiones y nuevas empresas. Subrayó que los principales eventos deportivos celebrados en la región han generado un retorno económico superior a 120 millones de euros, alcanzando una audiencia de cuatro millones de personas.
Además, anunció que la Fórmula 1 regresará a Madrid en 2026 tras cuarenta años de ausencia. El evento, gestionado por Ifema, generará, según estimaciones del gobierno regional, un impacto económico anual de 450 millones de euros y creará 10.000 empleos directos.
Entre los eventos destacados de 2024, Díaz Ayuso mencionó los premios Laureus World Sports, con un impacto económico de 20 millones de euros; el Rock 'n' Roll Madrid Maratón, que generó 64,5 millones; la Premier Pádel P1, que alcanzó 20 millones en retorno publicitario, y el Movistar Media Maratón, con 17,8 millones de euros. También se realizaron cerca de 130 eventos patrocinados o promovidos por el gobierno regional, en los que participaron alrededor de 500.000 personas.
En materia de sanidad, destacó que este año se llevaron a cabo cerca de 5.000 tratamientos bucales gratuitos para mayores de 80 años y se entregaron gafas graduadas a más de 11.000 niños menores de 14 años. Estas iniciativas, fruto de un acuerdo con el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, cuentan con un presupuesto de 7,5 millones de euros para 2024 y 2025, y se espera beneficiar a 135.000 menores. Finalmente, Ayuso mencionó las ayudas de 500 euros mensuales por bebé para madres menores de 30 años, que han alcanzado a más de 20.300 beneficiarias desde su implementación en 2022.
En el terreno fiscal, durante su discurso, Ayuso hizo gala de haber puesto en marcha treinta rebajas de impuestos durante su mandato; nueva de ellas entrarán en vigor en 2025. Son las siguientes: 1. Sucesiones y Donaciones. Está previsto que este año se inicie la tramitación para elevar al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad; este porcentaje se encuentra actualmente en el 25%. El ejecutivo autonómico estima que estas nuevas bonificaciones supondrán un ahorro de 130 millones de euros.
2. Deducción de mil euros por arrendamiento de viviendas que actualmente se encuentren vacías. Se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse veinte millones de euros, según estimaciones de la Comunidad de Madrid.
3. Deducción para amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos de interés, tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022. El límite será de 300 euros y se aplicará siempre que el inmueble hipotecado sea la vivienda habitual. Para poder acceder a esta bonificación la vivienda en cuestión no podrá haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no deberá superar los 30.930 euros. Se estima que esta deducción beneficiará a 450.000 hipotecados y la reducción en conjunto ascenderá a noventa millones de euros.
4. Se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. El gobierno madrileño calcula que, con esta medida, se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella. Esto generará, según la Comunidad de Madrid, un alivio fiscal adicional de cincuenta millones de euros anuales.
5.Deducciones para combatir la despoblación de los municipios rurales que cuenten con menos de 2.500 habitantes. Entre estas deducciones se encuentran las ayudas destinadas a los jóvenes menores de 35 años que decidan irse a vivir a estas pequeñas localidades y que fijen ahí su residencia habitual; podrán deducirse mil euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda. Además, se podrán deducir el 10% del precio de la compra (si optan por ello) con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula que podrán beneficiarse unos 1.200 ciudadanos, con un ahorro de 1,6 millones de euros.
6. Bonificación de del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para vivienda nueva. El gobierno madrileño calcula que el impacto previsto de estas bonificaciones será de cerca de siete millones de euros en ahorro para los madrileños.
7. Nueva bonificación del 100% en el ITP para inmuebles de segunda mano, y en AJD para los de obra nueva, dirigida a las personas afectadas por las obras en la línea 7B de metro en San Fernando de Henares. La bonificación está dirigida expresamente a las personas que adquieran un inmueble que sustituya al que resultó dañado durante las obras.
8. Bonificación del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a mil euros. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para dejar constancia de estas donaciones.
9. Rebaja en el IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero. Será del 20% sobre la aportación realizada en obligaciones, bonos, letras del tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras, y será aplicable a los cambios de residencia realizados desde el ejercicio 2024. Para poder acogerse a esta rebaja se exigirá a estos nuevos contribuyentes mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años. Para tener derecho a ella el declarante deberá fijar su residencia fiscal en la región y no puede haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación. Además, y entre otras limitaciones, no se podrá invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco podrá ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha determinado que la Agencia Tributaria puede continuar revisando los gastos deducibles en proyectos de I+D, incluso cuando las empresas dispongan de un informe vinculante emitido por el Ministerio de Ciencia que respalde dichas deducciones.
Este fallo supone un nuevo capítulo en la prolongada disputa judicial entre las empresas y Hacienda por las deducciones fiscales vinculadas a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). Aunque el Tribunal Supremo, en una sentencia de octubre, parecía zanjar el conflicto al establecer que los informes vinculantes del Ministerio de Ciencia no podían ser cuestionados por la Agencia Tributaria, el TEAC ha matizado que este criterio solo aplica hasta el ejercicio fiscal de 2014. A partir de 2015, la normativa vigente permite al Fisco analizar y limitar los gastos que las empresas incluyen como base para estas deducciones.
La controversia surge porque las deducciones fiscales por I+D son de las más significativas en el Impuesto de Sociedades, lo que las convierte en un incentivo clave para fomentar la inversión empresarial en innovación. Sin embargo, Hacienda ha mantenido un control riguroso para verificar que los gastos declarados cumplan con los requisitos legales.
En su fallo, el TEAC especifica que el Tribunal Supremo basó su decisión en la normativa aplicable hasta 2014, mientras que, para los ejercicios posteriores, la Ley del Impuesto de Sociedades establece que los informes vinculantes del Ministerio solo obligan a la Administración en cuanto a la calificación de las actividades, no en lo referente a los gastos incluidos. Por ello, la Inspección Tributaria puede determinar cuáles de estos gastos forman parte de la base deducible.
El caso concreto que motivó este pronunciamiento trata de una empresa cuya deducción fue revisada por la Inspección de Hacienda. El Fisco determinó que de los 3,08 millones de euros declarados como gastos en proyectos de I+D, solo 1,08 millones eran reales, calificando los 1,99 millones restantes como "gastos simulados". Esta revisión resultó en un ajuste negativo en la base de deducción por un importe de 1,9 millones de euros, reduciendo significativamente la bonificación fiscal solicitada.
Este fallo del TEAC desestima el recurso de la empresa y refuerza la posición de la Agencia Tributaria para revisar los gastos deducibles en ejercicios posteriores a 2014, incluso cuando exista un informe vinculante a favor de las compañías.
La Agencia Tributaria ha modificado el procedimiento para realizar las devoluciones del IRPF a los jubilados que en su momento contribuyeron a antiguas mutualidades. A partir de 2025, aquellas personas que aún no hayan recibido la devolución correspondiente a los años 2019, 2020, 2021 y 2022 solo podrán solicitar la devolución de un ejercicio por cada campaña de la Renta.
Esto implica que los formularios previamente rellenados para reclamar estas devoluciones de manera conjunta, ya sea por los propios jubilados o por sus representantes, quedarán sin efecto. Los contribuyentes tendrán que presentar las solicitudes año por año y siguiendo el orden cronológico.
Hacienda pondrá a disposición de los interesados, dentro del período habitual de la declaración de la Renta (primavera), un nuevo formulario en línea para este trámite. De esta manera, en 2025 se podrá solicitar la devolución del ejercicio 2019, en 2026 la correspondiente a 2020, en 2027 la de 2021, y en 2028 la de 2022.
Según establece la normativa aprobada junto al nuevo impuesto del 15% para multinacionales, las devoluciones se tramitarán según la antigüedad del período impositivo, a razón de un año por cada ejercicio natural a partir de 2025. En este sentido, las devoluciones relativas al ejercicio 2019 y anteriores no prescritos serán exigibles a partir del 1 de enero de 2025. Por ejemplo, durante la campaña de la Renta de 2025, correspondiente al ejercicio 2024, los antiguos mutualistas podrán ajustar su IRPF de 2024 y, además, solicitar la devolución de 2019 y años previos que no hayan prescrito.
Cabe destacar que el impacto de esta medida será limitado, ya que la mayoría de las devoluciones solicitadas a través del formulario habilitado en marzo de 2023 ya han sido procesadas. Según datos de la Agencia Tributaria, hasta noviembre de 2023 se habían devuelto 1.325 millones de euros mediante estos formularios o a través de ajustes reflejados en la Renta de ese año. Las devoluciones pendientes se deben principalmente a dificultades para acceder a la información de algunas mutualidades cerradas hace décadas.
Hacienda también recuerda que existen dos vías para reclamar el IRPF pagado de más por aportaciones a mutualidades: presentar una rectificación de la declaración de la Renta correspondiente al año en cuestión o solicitar una devolución por ingresos indebidos. Por ejemplo, si en 2020 se presentó la declaración y ahora se sabe que procede una devolución, se puede rectificar esa declaración. Si no se presentó declaración porque no se alcanzaban los ingresos mínimos, se debe solicitar la devolución de ingresos indebidos.
Por último, los pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades entre 1967 y 1978 pueden deducir en el IRPF el 25% de la parte de su pensión correspondiente a esas contribuciones. Por su parte, las prestaciones derivadas de aportaciones realizadas antes de 1967 están exentas de tributación.
El Gobierno ha propuesto una deducción dentro del impuesto a las energéticas para intentar ganar el apoyo parlamentario de Junts y el PNV a la prórroga del gravamen en 2025. El real decreto-ley aprobado este lunes por el Consejo de Ministros establece que las grandes empresas podrán deducir hasta el 30% de sus inversiones en transición ecológica, con un límite general del 10% del importe del gravamen, que podría llegar al 60% si las inversiones son muy elevadas. Aunque este texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes, se espera que su ratificación en el Congreso sea complicada.
A finales de octubre, Junts y el PNV llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para rechazar el gravamen extraordinario sobre las energéticas, ya que consideraban que afectaba a las inversiones de Repsol en Tarragona y el País Vasco. Sin embargo, la presión de otros socios parlamentarios del Gobierno obligó a Hacienda a comprometerse con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogar el gravamen un año más para salvar la votación del paquete fiscal aprobado la semana pasada.
Para satisfacer a todas las partes, el Ejecutivo ha decidido mantener el gravamen energético durante un año más, pero ha diseñado una deducción para las empresas que realicen inversiones estratégicas entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025. En el mejor de los casos, las empresas podrán deducir hasta el 60% del gravamen, pero siempre deberán pagar al menos el 40% de la cuota anual. Desde el PNV ya han expresado su desacuerdo, afirmando que la tasa va en contra del Concierto Vasco y que no aceptarán parches.
El Gobierno ha propuesto una deducción amplia, aplicable a las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización, como la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos o el almacenamiento energético. Las empresas deberán registrar sus proyectos en un Plan de Inversiones Estratégicas para la Transición Ecológica, y las inversiones deberán materializarse en un plazo de dos años y mantenerse en funcionamiento durante cuatro años.
Además, el real decreto-ley establece que, en lugar de prorrogar el actual gravamen, se creará un nuevo gravamen que afectará a las empresas principales de los sectores energéticos en 2025. Este nuevo gravamen será similar al creado en diciembre de 2022, con un tipo del 1,2% sobre los ingresos obtenidos en España por las empresas con una facturación superior a 1.000 millones de euros en 2019, como Repsol, BP, Iberdrola, Endesa, entre otras.
Finalmente, el Gobierno se compromete a revisar la configuración del gravamen temporal energético y a hacerlo permanente a partir de 2025, en coordinación con las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. El gravamen energético de 2024 ha generado una recaudación de 1.164 millones de euros.
La sostenibilidad del sistema público de pensiones exige, año tras año, mayores esfuerzos por parte de empresas y trabajadores, más allá del pago habitual de cotizaciones, para cubrir el creciente gasto en pensiones y prestaciones contributivas que la Seguridad Social abona a más de 9,2 millones de beneficiarios. Este esfuerzo adicional no hará más que intensificarse en las próximas décadas, según las proyecciones del Gobierno y organismos como la Comisión Europea y la AIReF, que estiman que, para mediados de siglo, la vinculación de las pensiones al IPC incrementará el gasto en casi 40.000 millones de euros, sumándose a los más de 200.000 millones que se estiman para 2024.
Con el objetivo de enfrentar este aumento de gasto, el Gobierno implementó en la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 una serie de incrementos en las cotizaciones. Estos ingresos adicionales provendrán de tres medidas principales: el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el destope de las bases máximas de cotización y una nueva cuota de solidaridad aplicada a los salarios superiores a 59.000 euros anuales (límite máximo de 2025).
En el último Consejo de Ministros de 2024, se ratificaron estas medidas para su entrada en vigor en 2025. El MEI se incrementará al 0,8%, la base máxima aumentará un 4%, y la cuota de solidaridad oscilará entre el 0,92% y el 1,17% del salario bruto en su primer año de aplicación. Según la Seguridad Social, estas medidas generarán ingresos de aproximadamente 5.800 millones de euros. No obstante, estos ingresos resultarán insuficientes para compensar el aumento del gasto previsto: unos 5.000 millones derivados del incremento de las pensiones en un 2,8% y alrededor de 2.600 millones por el efecto del reemplazo entre prestaciones antiguas y nuevas, que son un 20% más elevadas en promedio.
La carga de estas nuevas aportaciones será desigual entre empresas y trabajadores. Según la orden de cotizaciones de 2025, el MEI aportará 4.404 millones de euros, el destope de bases máximas 996 millones y la cuota de solidaridad otros 400 millones. De estas cifras, el 83,75% será asumido por los empleadores, lo que implica que las empresas soportarán 3.732 millones del MEI y 335 millones de la cuota de solidaridad. En cuanto al destope de bases máximas, de los 996 millones previstos, 821 millones corresponderán a las empresas y 175 millones a los trabajadores, afectando a cerca de 1,2 millones de empleados con salarios entre el tope actual (56.646 euros anuales) y el nuevo límite (58.914 euros).
En total, las empresas asumirán aproximadamente 4.888 millones de euros, equivalentes al 84% de la recaudación asociada a estas nuevas cotizaciones. Adicionalmente, se espera que los ingresos ordinarios de las cotizaciones sociales crezcan en 10.850 millones en 2025 (un aumento del 6,5% respecto a 2024), alcanzando los 177.314 millones, lo que ayudaría a financiar el incremento del gasto en pensiones, estimado en al menos 7.600 millones más que el año anterior. Este gasto llevará la factura anual de pensiones a alrededor de 210.000 millones de euros.
Además, el coste de las prestaciones por incapacidad temporal sigue aumentando, con un crecimiento interanual del 15% en 2024, alcanzando los 15.673 millones previstos al cierre del año. En comparación, el gasto en pensiones ha crecido un 38% entre 2019 y 2024, mientras que el coste de las bajas laborales se ha incrementado un 62% en el mismo periodo.
Sin embargo, a pesar de estas medidas, expertos como Javier Santacruz advierten que el aumento de ingresos no será suficiente para resolver los problemas estructurales del sistema público de reparto, que continuará enfrentando un déficit significativo. La AIReF evaluará el impacto de la reforma en un informe previsto para la primavera de 2025, y se anticipa que podrían ser necesarias nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema más allá de ese año.
Yaiza, localidad turística situada en el sur de Lanzarote, cuenta con cerca de 17.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 10.500 están afiliados a la Seguridad Social, mayoritariamente empleados en el sector hotelero. Entre sus residentes se incluyen unos 1.100 pensionistas. Según estos datos, el municipio presume de una envidiable situación financiera en materia de pensiones, con una proporción de nueve cotizantes por cada pensión abonada, la más alta entre los ayuntamientos españoles con más de 10.000 habitantes.
En el sistema de pensiones de reparto español, en el que las contribuciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados, esta relación es un indicador clave de la sostenibilidad del modelo. A mayor número de cotizantes por pensionista, mayores son las garantías para el equilibrio financiero actual y futuro. Además de ser de reparto, el sistema es contributivo y solidario, tanto entre generaciones como entre territorios. Esta solidaridad se refleja en mecanismos como los complementos de mínimos, que aseguran una pensión mínima para quienes tuvieron cotizaciones bajas, y los topes en las pensiones máximas, que limitan los beneficios de quienes más aportaron.
Actualmente, la media nacional es de 2,4 afiliados por pensionista, una ligera mejora respecto a la media de 2,3 registrada entre 2011 y 2020, atribuida a la creación de empleo. Con más de 21,3 millones de afiliados, la Seguridad Social destaca que el sistema funciona como una "caja única", en la que el Estado centraliza las recaudaciones y pagos, independientemente de dónde residan los cotizantes o pensionistas. No obstante, los expertos advierten que una ratio inferior a dos cotizantes por pensionista pondría en riesgo la viabilidad del sistema, y algunos consideran que incluso superar ese umbral podría no ser suficiente.
Existen importantes disparidades territoriales. Mientras municipios como Yaiza presentan ratios destacadas, muchas localidades de Galicia, la cornisa cantábrica y Castilla y León muestran cifras preocupantes, con menos de un cotizante por pensionista en algunos casos. Por ejemplo, Ourense cuenta con solo un afiliado por cada pensión, seguida de Lugo (1,1), León (1,2), Zamora (1,2) y Asturias (1,3). En esta última región, junto al País Vasco, las pensiones son más altas debido al impacto de la minería.
Entre los cerca de 800 municipios españoles con más de 10.000 habitantes, Badia del Vallès, en Barcelona, tiene la peor situación en términos de cotización por pensión. Este municipio, que se creó como tal en 1994, cuenta con algo más de 13.000 habitantes, de los cuales solo 1.000 están afiliados a la Seguridad Social, frente a 3.500 pensionistas. Esto se debe a que la mayoría de sus trabajadores activos desempeñan su actividad fuera de la localidad, resultando en una ratio de apenas 0,3 cotizantes por cada pensionista, la más baja de este grupo de municipios.
El Tribunal Supremo (TS) establece que, tras un divorcio, uno de los cónyuges tiene derecho a recibir una pensión económica del otro, incluso si tiene capacidad para trabajar o puede solicitar una ayuda pública. Según la sentencia del 28 de noviembre, redactada por el magistrado Antonio García Martínez, esta pensión busca equilibrar la situación económica desigual que se produce tras la separación, evitando que uno de los cónyuges quede en una posición significativamente peor que durante el matrimonio.
El TS aclara que el hecho de que la persona en desventaja pueda trabajar o acceder a una ayuda pública no garantiza que efectivamente consiga empleo o reciba esa ayuda. El caso resuelto por el tribunal aborda el divorcio de un matrimonio donde la mujer reclama una pensión de 700 euros mensuales tras haber estado casada 33 años, dedicándose al cuidado de los hijos y del marido, quien tenía problemas de visión, alcoholismo y drogadicción. A pesar de recibir una pensión de invalidez de 2.300 euros al mes, el hombre rechazaba concederle la pensión argumentando que ella podía trabajar.
Sin embargo, el Supremo determinó que, durante el matrimonio, la mujer se dedicó al cuidado de la familia, lo que limitó sus oportunidades de formación y desarrollo profesional. Además, su edad (58 años) y su falta de cualificación reducen considerablemente sus posibilidades de inserción en el mercado laboral y su capacidad para generar ingresos propios suficientes. Por el contrario, el exmarido percibe ingresos que le permiten cubrir las necesidades de ambos.
La sentencia también señala que el hecho de que la mujer esté físicamente apta para trabajar no implica que pueda encontrar empleo, especialmente considerando su edad y falta de formación. Tampoco se puede asumir que accederá fácilmente a ayudas públicas, ya que estas dependen de trámites administrativos complejos, no son inmediatas ni están garantizadas.
El Tribunal Supremo concluye que la pensión compensatoria tiene como finalidad corregir el desequilibrio económico derivado del divorcio, y no sustituirlo con ayudas estatales destinadas a situaciones de vulnerabilidad. La posibilidad de que la mujer solicite ayudas públicas no elimina el desequilibrio ni exime al exmarido de su responsabilidad de contribuir económicamente a través de una pensión.
Casi dos meses después de que la DANA devastara varios municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, pymes y autónomos enfrentan grandes obstáculos para acceder a medidas como los ERTE de fuerza mayor, lo que lleva a muchos a optar por no solicitarlas. Según datos oficiales actualizados esta semana, solo 2.846 empresas han pedido acogerse a este tipo de expediente, lo que representa apenas un 9,5% de los negocios afectados, según fuentes del sector consultadas por elEconomista.es.
Este bajo porcentaje se atribuye, según las mismas fuentes, a los estrictos requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo para los ERTE de fuerza mayor. Una alternativa para los trabajadores autónomos, como la ayuda por cese de actividad, tampoco resulta atractiva. De hecho, menos del 11% de los propietarios de negocios afectados han tramitado esta prestación.
Uno de los principales motivos por los que las empresas evitan los ERTE es la imposibilidad de despedir empleados si es necesario realizar ajustes una vez que se recupere la actividad normal. Esto se debe a las estrictas condiciones asociadas a esta medida, que prohíben despidos por razones de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la situación extraordinaria, como ya ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Si una empresa incumple estas condiciones, debe devolver las ayudas recibidas y los despidos realizados serán considerados nulos.
Una situación similar ocurre con la prestación por cese de actividad para autónomos, solicitada por solo 3.411 trabajadores por cuenta propia. Los principales obstáculos incluyen las condiciones impuestas para mantener la ayuda, como la obligación de participar en actividades formativas, de orientación profesional o promoción del emprendimiento organizadas por el SEPE, así como la suspensión de la prestación si el beneficiario realiza un trabajo por cuenta propia o ajena durante menos de 12 meses, entre otras restricciones.
Otra medida ofrecida por el Gobierno, las líneas de avales ICO, también ha tenido una acogida limitada. Solo 2.673 personas han solicitado estos préstamos, ya que la incertidumbre sobre cuándo podrán reactivar sus negocios dificulta a los empresarios prever si podrán cumplir con los plazos de devolución, que rondan los 5.000 euros.
En general, los estrictos requisitos y las condiciones asociadas a estas ayudas excepcionales generan dudas e incertidumbre entre empresarios y autónomos, quienes temen que estas medidas puedan agravar aún más sus ya complicadas situaciones financieras, llevándolos a rechazar estas opciones de apoyo.
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