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(El Economista, 27-12-2024) | Laboral

Sólo un 9,5% de empresas afectadas por la Dana piden un ERTE por las trabas

Casi dos meses después de que la DANA devastara varios municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, pymes y autónomos enfrentan grandes obstáculos para acceder a medidas como los ERTE de fuerza mayor, lo que lleva a muchos a optar por no solicitarlas. Según datos oficiales actualizados esta semana, solo 2.846 empresas han pedido acogerse a este tipo de expediente, lo que representa apenas un 9,5% de los negocios afectados, según fuentes del sector consultadas por elEconomista.es. Este bajo porcentaje se atribuye, según las mismas fuentes, a los estrictos requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo para los ERTE de fuerza mayor. Una alternativa para los trabajadores autónomos, como la ayuda por cese de actividad, tampoco resulta atractiva. De hecho, menos del 11% de los propietarios de negocios afectados han tramitado esta prestación. Uno de los principales motivos por los que las empresas evitan los ERTE es la imposibilidad de despedir empleados si es necesario realizar ajustes una vez que se recupere la actividad normal. Esto se debe a las estrictas condiciones asociadas a esta medida, que prohíben despidos por razones de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la situación extraordinaria, como ya ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Si una empresa incumple estas condiciones, debe devolver las ayudas recibidas y los despidos realizados serán considerados nulos. Una situación similar ocurre con la prestación por cese de actividad para autónomos, solicitada por solo 3.411 trabajadores por cuenta propia. Los principales obstáculos incluyen las condiciones impuestas para mantener la ayuda, como la obligación de participar en actividades formativas, de orientación profesional o promoción del emprendimiento organizadas por el SEPE, así como la suspensión de la prestación si el beneficiario realiza un trabajo por cuenta propia o ajena durante menos de 12 meses, entre otras restricciones. Otra medida ofrecida por el Gobierno, las líneas de avales ICO, también ha tenido una acogida limitada. Solo 2.673 personas han solicitado estos préstamos, ya que la incertidumbre sobre cuándo podrán reactivar sus negocios dificulta a los empresarios prever si podrán cumplir con los plazos de devolución, que rondan los 5.000 euros. En general, los estrictos requisitos y las condiciones asociadas a estas ayudas excepcionales generan dudas e incertidumbre entre empresarios y autónomos, quienes temen que estas medidas puedan agravar aún más sus ya complicadas situaciones financieras, llevándolos a rechazar estas opciones de apoyo.

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(El Economista, 27-12-2024) | Laboral

Los trabajadores no tendrán que devolver el paro recibido por error si la deuda es inferior a 18 euros

El Ministerio de Trabajo está elaborando una orden para fijar en el 3% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) el límite mínimo de deuda que los trabajadores deberán reembolsar al SEPE en caso de haber recibido de manera indebida una prestación o subsidio por desempleo. Este texto, sometido a consulta pública la semana pasada por el equipo de Yolanda Díaz y que se prevé aprobar en 2025, exime de esta obligación a quienes tengan una deuda inferior a 18 euros, dado que el IPREM lleva dos años establecido en 600 euros. El borrador de la orden explica que la cantidad considerada insuficiente para cubrir los costes de gestión y recaudación de las deudas se establece en el 3% del IPREM mensual vigente en el momento de la liquidación correspondiente. Esto implica que, si la deuda del trabajador no supera los 18 euros, no se iniciará el procedimiento de devolución, o se paralizará si ya estaba en marcha. Sin embargo, existe una excepción en el caso de deudas derivadas de herencias tras el fallecimiento del beneficiario original de la ayuda. En estas situaciones, el límite aumenta a 120 euros, siempre que el IPREM se mantenga en 600 euros mensuales, ya que este umbral se calcula como el 20% del indicador. El texto precisa que, en los casos de sucesión "mortis causa", este será el umbral para iniciar un expediente de derivación de responsabilidad. Si un individuo acumula varias deudas que individualmente no superan estos umbrales, el SEPE podrá decidir su acumulación o sumarlas a otras mayores para proceder con el cobro. Además, el organismo mantiene la potestad de reclamar aquellas deudas que considere oportuno gestionar o cuya notificación haya sido solicitada por los responsables de su cumplimiento. En los casos restantes, si se dicta una resolución que declare la percepción indebida de prestaciones, el procedimiento se dará por concluido y la deuda podrá anularse sin llegar a ser reclamada al trabajador. El Gobierno publicó el borrador el pasado 19 de diciembre, abriendo el plazo para que los interesados realicen aportaciones hasta el 14 de enero. Posteriormente, el texto será presentado ante el Consejo de Ministros, tras incorporar los informes de las secretarías técnicas de los ministerios de Trabajo y Economía Social, Hacienda, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Transformación Digital y Función Pública. Una vez aprobado, los cambios entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, ya que se trata de un reglamento que no requiere aprobación por parte del Congreso de los Diputados.

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(Expansión, 27-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El sector turístico supuso el 12,3% del PIB español en 2023 y el 11,6% del empleo total de la economía

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por el turismo, calculado a partir de la demanda final turística, alcanzó en 2023 un total de 184.002 millones de euros. Esto representa un 12,3% del PIB nacional, registrando un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según el informe de la Cuenta Satélite de Turismo de España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo en los sectores vinculados al turismo llegó a 2,5 millones de puestos de trabajo en 2023. Este dato equivale al 11,6% del total de ocupados en la economía, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a 2022. Dentro del consumo turístico interno, la principal contribución correspondió al gasto realizado por turistas extranjeros y no residentes, que representó el 55,0% del total. Este porcentaje supone un aumento de 2,1 puntos frente al año anterior, en un contexto en el que aún no se han incorporado los datos definitivos que podrían reflejar récords históricos. En conjunto, la demanda final vinculada al turismo creció un 24,5% durante el año.

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(El Economista, 27-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía cambiará la ley para que los clientes puedan cerrar los productos bancarios "online"

Las entidades bancarias y empresas que ofrezcan productos financieros a través de internet deberán garantizar a los consumidores la posibilidad de desistir de estos contratos de forma digital. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha lanzado una consulta pública para modificar la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de adaptar la Directiva sobre contratos de servicios financieros a distancia antes del 19 de diciembre de 2025. La normativa obligará a las empresas a incluir en sus páginas web una opción visible y fácilmente accesible para que los usuarios puedan desistir del contrato. Asimismo, los consumidores dispondrán de un plazo de 14 días para ejercer este derecho desde la firma del contrato o desde que reciban la información requerida, según cuál sea posterior. En caso de que el consumidor no reciba las condiciones contractuales o la información exigida, el periodo para desistir se ampliará a doce meses y 14 días tras la formalización del contrato. Si además no se informa al usuario de su derecho a desistir, el plazo no tendrá fecha de expiración. Por otro lado, las empresas estarán obligadas a proporcionar explicaciones claras y completas sobre los servicios financieros ofrecidos, de forma gratuita y antes de la firma del contrato. Esto permitirá al consumidor evaluar si los productos se ajustan a sus necesidades. Además, tendrán derecho a solicitar intervención humana durante la etapa previa al contrato y, en casos justificados, después de su formalización. Estas explicaciones deberán ofrecerse en la misma lengua utilizada para la información precontractual. Adicionalmente, las compañías no podrán estructurar ni diseñar sus interfaces digitales de forma que induzcan a error, manipulen o afecten de manera significativa la capacidad del consumidor para tomar decisiones libres e informadas. El documento en consulta menciona como prácticas prohibidas dar mayor prominencia a ciertas opciones en detrimento de otras cuando el consumidor deba tomar una decisión, o insistir reiteradamente en que elija una opción que ya ha rechazado, especialmente mediante el uso de ventanas emergentes que interfieran con su experiencia. También se establece que el proceso para cancelar un servicio no podrá ser más complicado que el procedimiento para suscribirse a él.

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(Expansión, 24-12-2024) | Fiscal

Batería fiscal de fin de año: se extienden las deducciones por obras en vivienda y se mantienen los límites para módulos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que incluye diversas medidas tributarias, como la extensión de deducciones en el IRPF relacionadas con la eficiencia energética y la compra de vehículos eléctricos, beneficiando tanto a hogares como a familias. Asimismo, se amplían hasta 2025 los límites excluyentes del método de estimación objetiva utilizado por numerosos autónomos, y se eleva el umbral que obliga a presentar la declaración de la renta, favoreciendo a los contribuyentes con menores ingresos. Entre las disposiciones aprobadas, destaca la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción por obras que mejoren la eficiencia energética en viviendas. Esta medida, ligada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permite deducir en el IRPF porcentajes del 20%, 40% o hasta el 60% del coste de dichas mejoras. También se extiende el beneficio fiscal por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, con una deducción del 15% del coste total. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se amplía la libertad de amortización hasta 2025 para inversiones en energías renovables, incentivando la transición energética y la competitividad empresarial, al tiempo que se refuerza la seguridad energética del país. Por otro lado, se prorrogan durante 2025 los límites cuantitativos del IRPF para el método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen límites específicos. En el IVA, también se extienden las condiciones del régimen simplificado y el especial de agricultura, ganadería y pesca. En relación con la renta, se incrementa de 1.500 a 2.500 euros el límite de ingresos procedentes de un segundo pagador para estar exento de declarar, beneficiando a quienes perciben hasta 22.000 euros siempre que el segundo pagador no supere dicho umbral. Esto reduce la carga fiscal para los contribuyentes con rentas bajas. Además, el decreto incluye a los artistas de arte sacro en el grupo 861 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, ofreciendo mayor seguridad jurídica a su actividad. También se pospone al 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos, otorgando tiempo adicional a los afectados para adaptarse. En el ámbito autonómico, se prorrogan las entregas a cuenta con los valores actualizados de 2024, a la espera de aplicar las de 2025, que serán las más altas registradas hasta ahora. Asimismo, se regula nuevamente el régimen excepcional de endeudamiento autonómico para 2025, permitiendo a la Comunidad Valenciana financiar gastos extraordinarios derivados de la DANA a través de mecanismos adicionales de financiación. Por último, se modifica la Ley de Contratos del Sector Público con el propósito de promover la vivienda pública, flexibilizando los procedimientos en los contratos de concesión para facilitar la construcción de viviendas sociales o asequibles en terrenos públicos.

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(Expansión, 24-12-2024) | Fiscal

El Gobierno firma la prórroga del impuesto a las energéticas pese al rechazo parlamentario

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para extender hasta 2025 el impuesto a las compañías energéticas, un gravamen que había sido derogado recientemente debido al rechazo de PP, Vox, Junts y PNV en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha confirmado esta prórroga, destacando que la principal novedad consiste en un incentivo fiscal que permitirá deducir del impuesto las inversiones estratégicas relacionadas con la descarbonización. "Incorporamos así incentivos a la transición energética", subrayó el presidente durante su intervención. No obstante, la convalidación de esta medida en el Congreso se anticipa complicada. La falta de apoyo de partidos como PNV y Junts hace poco probable que obtenga el respaldo necesario. De hecho, tras la reciente derogación del gravamen con los votos de PP, Junts, PNV y Vox, el Gobierno se ha visto obligado a aprobarlo de nuevo en lugar de simplemente prolongarlo como inicialmente previsto. Por otro lado, Podemos ya ha anunciado su oposición. Isa Serra, coportavoz del partido, afirmó en rueda de prensa que su formación no respaldará la prórroga del impuesto porque considera que incumple el acuerdo alcanzado con el PSOE para hacer permanente este gravamen. Además, expresó su rechazo a la propuesta de aumentar el impuesto al diésel, calificándola de injusta al trasladar el coste del cambio climático a las clases trabajadoras en lugar de a las grandes empresas. "Es absurdo eliminar impuestos a las grandes energéticas, principales responsables de la contaminación, y cargar más a las familias trabajadoras", criticó. En cuanto al aumento de la fiscalidad del diésel para equipararla con la gasolina, su aprobación sigue sin estar clara. El Gobierno está negociando esta medida en un real decreto ley independiente, que aún no cuenta con el consenso de sus socios.

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(El País, 24-12-2024) | Fiscal

Los recursos tributarios rebasan los 270.000 millones entre enero y noviembre

La recaudación de impuestos está en camino de alcanzar niveles récord históricos. Antes de la pandemia, los ingresos tributarios apenas superaban los 200.000 millones de euros anuales, un umbral que solo se había logrado antes del colapso de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, tras la crisis sanitaria, estas cifras han quedado atrás. Entre enero y noviembre de este año, los principales impuestos estatales han generado 273.993 millones de euros, lo que supone un aumento del 38% respecto al mismo periodo de 2019. El IRPF sigue siendo el principal motor del sistema tributario, aportando 121.069 millones de euros hasta la fecha, un 7,5% más que el año anterior. Según el último informe de la Agencia Tributaria, los ingresos totales crecieron un 8,3% en términos homogéneos hasta noviembre, con un incremento mensual superior a 19.000 millones de euros. El avance del IRPF, del 8,4% en los primeros once meses del año en términos ajustados, se debe al incremento de las retenciones sobre el trabajo y el capital, así como a los pagos fraccionados. Esto refleja la fortaleza del mercado laboral y las subidas salariales de los últimos años. Además, noviembre, mes clave para los segundos pagos de las declaraciones con resultado a ingresar, mostró incrementos cercanos al 10% tanto en el sector privado como en el público, incluyendo también las pensiones. Las retenciones por rendimientos de capital mobiliario crecieron un notable 40,6%, mientras que los dividendos y las ganancias patrimoniales en fondos de inversión mostraron aumentos excepcionales, superando el 67%. En el lado opuesto, las ayudas destinadas a paliar los efectos de la DANA en municipios valencianos han implicado un diferimiento en la recaudación de 307 millones de euros, que se ingresarán en febrero del próximo año. El impuesto de sociedades ha experimentado un crecimiento aún mayor que el IRPF, con un aumento del 9,5% hasta noviembre en términos homogéneos, gracias al incremento de los pagos fraccionados impulsados por la mejora de los beneficios empresariales. Este avance ha sido generalizado, beneficiando tanto a grandes empresas y grupos como a pymes, con un total de 33.926 millones de euros recaudados. Por su parte, el IVA acumuló un crecimiento del 6,6% en lo que va del año, alcanzando 86.374 millones de euros, en parte por la recuperación de los impuestos energéticos, como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que en noviembre aportó 484 millones tras su suspensión el año anterior. Además, la Agencia Tributaria anticipa que en diciembre comenzará a notarse el impacto de la eliminación gradual de las rebajas fiscales sobre los alimentos, que concluirá al inicio del próximo año. Los impuestos especiales, por su parte, han registrado un aumento cercano al 6%. El incremento de los ingresos fiscales ha contribuido a reducir el déficit de las Administraciones Públicas, que a finales de octubre se situaba en el 1,05% del PIB (16.671 millones de euros), un 15% menos que en el mismo periodo de 2023. La Administración central sigue siendo la principal responsable del saldo negativo, con un déficit del 1,48% del PIB, debido en parte a la liquidación de 2022 del sistema de financiación autonómica y local. En cambio, las comunidades autónomas y los municipios registraron superávits del 0,39% y el 0,06%, respectivamente. La Seguridad Social también mostró un ligero superávit del 0,04% del PIB hasta septiembre. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha informado que el déficit del Estado hasta noviembre alcanzó el 2,35% del PIB, equivalente a 37.228 millones de euros, en parte debido a las transferencias de fondos asociadas a la financiación autonómica y local, que supusieron un aumento del desajuste de 13.523 millones respecto al año anterior. Además, la actualización de las entregas a cuenta de 2024 representó un incremento adicional de 10.348 millones. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 3% para el cierre de este año.

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(Cinco Días, 24-12-2024) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba una subida del 2,8% de las pensiones contributivas

Las pensiones no contributivas subirán un 9% a partir del 1 de enero de 2025. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, el último del año aún vigente, la revalorización de las prestaciones sociales que cobran aquellas personas más vulnerables del sistema asistencial español. Algo más de 450.000 personas se verán directamente beneficiadas de dicho incremento, la mayoría de ellas mujeres. El Consejo de Ministros, además, ha formalizado la subida del 2,8% de las pensiones contributivas en 2025, de acuerdo a la inflación media de los 12 últimos meses, hasta noviembre pasado. Esa será la subida general. En particular las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarán un 9%. Si bien, con carácter general, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, no obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%. Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros). La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que uno de los pilares de la labor del Ejecutivo ha sido el fortalecimiento del estado de bienestar. "En el ámbito educativo, la inversión pública ha crecido de manera constante. Hemos alcanzado un récord histórico en la asignación de becas y hemos impulsado la formación profesional", ha afirmado. En lo que respecta a las universidades, Sánchez ha recordado la firma de un acuerdo con las comunidades autónomas para ampliar las plantillas de docentes en los centros públicos y aumentar las ayudas para estudiantes. "La universidad pública es fundamental para garantizar una sociedad basada en la meritocracia y en la igualdad de oportunidades". El presidente también destacó el refuerzo al sector cultural y aseguró que se han fortalecido tanto los servicios públicos como los servicios sociales. "Hemos protegido el poder adquisitivo de las personas mayores y, hoy mismo, hemos aprobado un incremento del 2,8% en las pensiones contributivas". Sin embargo, Sánchez reconoció que aún persisten desafíos, como los altos niveles de pobreza infantil, que calificó de inaceptables. "Debemos seguir avanzando. La prosperidad solo tiene sentido si es compartida por todos", concluyó.

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(El Economista, 24-12-2024) | Laboral

Un tercio de los despidos colectivos incluye prejubilaciones a los 55 años

Las prejubilaciones han adquirido un papel central, aunque poco discutido, en las políticas de empleo destinadas a los trabajadores de mayor edad. Este mecanismo, que facilita la salida anticipada del mercado laboral antes de alcanzar la edad legal de jubilación, resulta poco compatible con la creciente oposición social al "edadismo" y con las iniciativas gubernamentales para fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. A pesar de ello, sigue siendo una práctica común y, según un estudio de Cuatrecasas, está presente en el 30% de los despidos colectivos, afectando especialmente a empleados mayores de 55 años. El análisis de Cuatrecasas muestra que en el 62% de los procesos de despido colectivo, anteriormente conocidos como ERE, las prejubilaciones representan entre el 16% y el 24% del total de afectados. En un 31% de los casos, este porcentaje es inferior al 15%, y solo en un 8% supera la cuarta parte del total de trabajadores despedidos. De media, las prejubilaciones impactan a dos de cada diez empleados en los despidos colectivos donde se aplican. Aunque las prejubilaciones no están reguladas de forma específica ni cuentan con estadísticas públicas detalladas, desempeñan un rol clave en los ajustes de plantilla. Según el informe, esta medida permite a las empresas gestionar la salida de los trabajadores mayores de forma más ordenada y menos conflictiva, al tiempo que promueve la renovación generacional y la adaptación de las plantillas a las necesidades actuales. El estudio también señala que las prejubilaciones suelen recibir más atención que los despidos ordinarios en los anuncios públicos, dado que se consideran opciones más aceptables debido a los beneficios que ofrecen a los afectados. Sin embargo, no todas las empresas tienen capacidad para ofrecer condiciones atractivas. Estas prejubilaciones suelen ser voluntarias, con el trabajador aceptando su inclusión en el proceso de despido colectivo a cambio de una compensación económica que asegura un nivel de ingresos hasta la jubilación, asimilándose en ocasiones a las bajas incentivadas. En los casos de despidos colectivos, las prejubilaciones incluyen planes de rentas que garantizan un porcentaje del salario neto, generalmente alrededor del 80%. Estos ingresos suelen complementarse con prestaciones y subsidios por desempleo abonados por el SEPE, lo que convierte a los prejubilados en parados registrados. Además, los convenios especiales con la Seguridad Social permiten mantener las cotizaciones y garantizar los derechos de jubilación futuros, en ocasiones combinados con el subsidio para mayores de 52 años, mejorando así las futuras pensiones. La edad media de acceso a estas prejubilaciones es de 55 años, extendiéndose hasta los 63, lo que facilita la transición hacia una jubilación anticipada involuntaria con menores penalizaciones en la pensión, una ventaja que no tienen quienes no han pasado por un despido colectivo. Cabe destacar que los convenios con la Seguridad Social son obligatorios en despidos colectivos de mayores de 55 años, incluso cuando no incluyen planes de rentas. Según Cuatrecasas, un 49% de estos despidos suscriben convenios, y aunque un 19% de los procesos no contempla prejubilaciones, es habitual que ambos mecanismos se combinen, incrementando así el porcentaje de trabajadores mayores afectados.

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(El País, 23-12-2024) | Laboral

Las aseguradoras tendrán hasta el 15 de enero para presentarse al concierto de Muface

La administración pública ha reactivado los esfuerzos para garantizar la continuidad del modelo Muface, que ofrece atención médica privada a cerca de un millón y medio de funcionarios y sus familias. Tras el anuncio del Gobierno de incrementar un 33,5% el importe que perciben las aseguradoras por este servicio, se ha dado un nuevo paso con la publicación de los pliegos de condiciones en el Portal de Contratación del Estado. Este es el segundo intento de licitación, ya que el convenio inicial, publicado el pasado 5 de noviembre, quedó desierto porque las aseguradoras consideraron insuficiente el aumento propuesto. Ahora, las compañías tendrán hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas. El nuevo convenio, que tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, abarca un periodo de 33 meses. Durante el primer trimestre de 2025, las aseguradoras actuales (Adeslas, Asisa y DKV) seguirán prestando el servicio bajo una prórroga forzosa, aunque se les aplicará la nueva propuesta de incremento, que contempla una mejora del 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. El contrato tiene un presupuesto total de 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de 957 millones respecto al periodo anterior. La duración también se extiende de dos a tres años, distribuyendo los costos anuales en 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027. La prima por mutualista subirá un 33,5% a lo largo del periodo, casi el doble del 17,12% inicialmente propuesto por el Gobierno. De este modo, pasará de 1.032 euros actuales a 1.262 euros en 2027. Entre las novedades, destaca un cambio en el cálculo de la prima, que ahora será incremental según tramos de edad: se pagará más por asegurar a personas mayores y menos por las más jóvenes. Este modelo beneficia a 1,5 millones de personas, incluyendo titulares y beneficiarios, siendo el 65% docentes de distintos niveles educativos y el 17% funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado. El futuro de Muface ha generado preocupación entre los empleados públicos, habituados a elegir cada año entre sanidad pública y privada. La retirada inicial de las tres aseguradoras principales en noviembre provocó movilizaciones de sindicatos representativos de profesores, policías, funcionarios de prisiones y personal de Hacienda y Aduanas, quienes presionaron al Ministerio de Función Pública y a las aseguradoras para alcanzar un acuerdo. Además de la inquietud entre los mutualistas, la situación ha evidenciado tensiones dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, liderado por Sumar, elaboró un informe que sugería integrar a los funcionarios de Muface en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el ala socialista del Ejecutivo ha rechazado esta posibilidad, defendiendo la continuidad del modelo actual.

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