(El Periódico, 17-04-2025) | Laboral
Inspecció de Treball de Cataluña ha iniciado una campaña para perseguir a las empresas que hacen un uso fraudulento del periodo de prueba
La Inspección de Trabajo ha intensificado su vigilancia sobre uno de los vacíos legales más utilizados desde la reforma laboral de 2021: el abuso del periodo de prueba en los contratos indefinidos para sustituir los antiguos contratos temporales. La directora general de la Inspecció de Treball, Laura Freixas, ha anunciado en un encuentro con medios que, desde abril, se ha puesto en marcha una campaña específica centrada en detectar posibles fraudes en los despidos durante el periodo de prueba. Aunque este tipo de cese representa una parte menor de las bajas registradas en la Seguridad Social, su número ha crecido notablemente en los últimos años, duplicándose respecto a las cifras anteriores a la reforma laboral. El periodo de prueba tiene como objetivo verificar si un trabajador encaja en el puesto para el que ha sido contratado. Durante este tiempo, que varía según el tipo de trabajo y la cualificación, la empresa puede finalizar la relación laboral sin necesidad de justificación extensa, aviso previo ni indemnización. Sin embargo, la duración nunca puede superar los seis meses, según lo establece la normativa y los convenios colectivos. La Inspección sospecha que algunas empresas están utilizando este periodo como una forma encubierta de contratar temporalmente. Es decir, contratan con la apariencia de ser un contrato indefinido pero, en realidad, solo pretenden cubrir necesidades puntuales durante unos pocos meses y luego despiden al trabajador antes de que termine el periodo de prueba, evitando así costes de indemnización. Durante 2024 se contabilizaron 10,4 millones de bajas en la Seguridad Social de personas con contrato indefinido. De esas, 2,7 millones fueron ceses no voluntarios, y 713.414 se produjeron por no superar el periodo de prueba. Esto significa que el 26,2% de los despidos no voluntarios en contratos indefinidos se debieron a este motivo. En 2019, este porcentaje era del 11,8%, lo que muestra un incremento considerable tras la reforma laboral. Dado que la reforma limitó el uso de contratos temporales, algunas empresas están recurriendo a esta fórmula como una alternativa para cubrir necesidades estacionales o puntuales. Para combatir esta práctica, la Inspecció de Treball, junto con la Inspección estatal, está desarrollando campañas específicas y ha comenzado a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Mediante el cruce de datos de altas y bajas en la Seguridad Social, los algoritmos identifican patrones sospechosos en empresas con ceses reiterados por este motivo, lo que permite a los inspectores actuar con mayor eficacia. Uno de los principales obstáculos para intensificar esta vigilancia es la escasez de personal. En Cataluña, solo hay 307 inspectores para supervisar a más de 347.000 empresas, lo que representa una media de un agente por cada 12.377 trabajadores, lejos de la recomendación de la OIT de un inspector por cada 7.000. A pesar de esta limitación, en 2024 la Inspecció de Treball alcanzó cifras récord en su labor sancionadora, con 33.392 expedientes abiertos que supusieron multas por un total de 49,4 millones de euros. El número de denuncias ciudadanas también creció un 9%, alcanzando las 11.786, lo que muestra un mayor empoderamiento de los trabajadores y una mayor conciencia de sus derechos. Las principales infracciones detectadas estuvieron relacionadas con la economía sumergida (14,3 millones en sanciones), la falta de medidas de prevención que provocaron accidentes laborales (9,2 millones) y los abusos en la gestión del tiempo de trabajo, como las horas extras no pagadas o la ausencia de registro horario (3,6 millones).
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