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(El Periódico, 28-11-2024) | Laboral

Pepe Álvarez es reelegido como líder de UGT

Pepe Álvarez Suárez, asturiano nacido en 1956, ha sido reelegido como secretario general de UGT durante el 44º Congreso Confederal celebrado en Barcelona. Álvarez, quien inició su trayectoria profesional en esta ciudad y ascendió dentro del sindicato hasta ocupar el cargo más alto desde hace ocho años, fue respaldado con el 80% de los votos, una mayoría amplia aunque ligeramente inferior al 86% obtenido en 2021. Este resultado reafirma su liderazgo, que en 2016 comenzó con un ajustado 51%. Hoy se presentarán oficialmente los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Confederal y los órganos estatales como la Comisión de Garantías, la de Control Económico y la de Seguimiento y Evaluación del Código Ético. En la dirección confederal, los cambios son mínimos, destacando la sustitución de Cristina Antoñanzas como vicesecretaria general por Lola Navarro, de UGT Valencia. Desde 2016, Álvarez ha mantenido estable su núcleo de confianza, introduciendo modificaciones puntuales como el ascenso de Fernando Luján, funcionario de la Agencia Tributaria y figura clave en las negociaciones laborales, a una vicesecretaría general. Según los estatutos actuales, este será el último mandato de Álvarez, quien enfrentará desafíos tanto externos como internos. A nivel externo, UGT busca reforzar su posición en las negociaciones laborales con el Gobierno. Ha liderado iniciativas como el aumento del coste de los despidos improcedentes y las horas extras. El sindicato denunció estas cuestiones ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, logrando una resolución favorable sobre los despidos, al considerar insuficiente la indemnización actual en España. Sin embargo, la propuesta para legislar en esta materia cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero no del sector socialista del Ejecutivo. En cuanto al incremento del coste de las horas extras, la demanda presentada en enero de 2024 sigue en sus primeras fases, y el Gobierno ya ha mostrado oposición a esta medida. Otros asuntos pendientes incluyen la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025, el blindaje legal de sus actualizaciones y el desarrollo del estatuto del becario, acordado con el Ministerio de Trabajo en junio de 2023 pero aún sin avances significativos. Asimismo, UGT no consiguió incluir su propuesta sobre las horas extras en las negociaciones para reducir la jornada laboral, que concluirán previsiblemente en diciembre. En el ámbito interno, el principal desafío es mantener el crecimiento en la afiliación, que ha aumentado en los últimos años en paralelo con la recuperación del empleo. Actualmente, UGT cuenta con 983.521 afiliados, un 5,6% más que en 2019, aunque todavía por debajo de los 1.087.714 miembros de CCOO. En cuanto a representación sindical, UGT alcanza el 31,7% frente al 36,6% de CCOO. Además, la nueva dirección confederal seguirá gestionando temporalmente las secciones de Illes Balears y Castilla-La Mancha, donde no hay secretarios generales debido a disputas internas. Amparo Burgueño y Patricia Ruiz asumirán estas funciones de forma provisional hasta la celebración de congresos en 2025. Por otro lado, durante la gestión de Álvarez, el sindicato ha enfrentado casos de corrupción en sus estructuras regionales. Destacan las condenas a UGT Asturias en 2012 por fraude en subvenciones y, más recientemente, a ex altos cargos de UGT Andalucía por irregularidades en cursos de formación, según dictaminó la Audiencia de Sevilla este miércoles.

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(Cinco Días, 28-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las actas de la Reserva Federal dejan abierta la posibilidad de una pausa en las rebajas de tipos

Las actas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal reflejan incertidumbre sobre el rumbo a corto plazo del banco central. Algunos miembros destacaron el riesgo de un repunte en la inflación, mientras que otros se centraron en la posibilidad de que el mercado laboral se debilite más de lo previsto. Todos coincidieron en que las decisiones futuras dependerán de los datos económicos que se vayan conociendo. Advirtieron que podría haber una pausa si el progreso en la reducción de la inflación se detiene. Sin embargo, el tono general sugiere que, si las condiciones se mantienen, es probable que en diciembre se aplique un nuevo recorte de 0,25 puntos en los tipos de interés. Esta publicación llega en un contexto complicado, con el presidente electo Donald Trump amenazando con imponer altos aranceles a las importaciones de México, Canadá y China, lo que podría complicar la tarea del banco central. A pesar de ello, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, evitó adelantar cómo podrían influir estas políticas. En la reunión del 7 de noviembre, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) aprobó una rebaja de 0,25 puntos en los tipos de interés, situándolos en un rango del 4,5%-4,75%. Fue el segundo recorte consecutivo, tras el de medio punto de septiembre. Según las actas, los participantes prevén que, si la inflación continúa bajando de forma sostenida hacia el 2% y la economía se mantiene cerca del pleno empleo, sería adecuado avanzar gradualmente hacia una política más neutral. No obstante, subrayaron que las decisiones no siguen un rumbo fijo y dependerán de la evolución económica y de los riesgos asociados. La mayoría de los miembros del Comité consideraron que los riesgos para alcanzar los objetivos de inflación y empleo están equilibrados. Algunos percibieron una reducción en los riesgos a la baja para la actividad económica y el mercado laboral. Sin embargo, el texto destaca que la política monetaria debe equilibrar los riesgos de una relajación demasiado rápida, que podría dificultar el control de la inflación, con los de una relajación demasiado lenta, que podría debilitar la actividad económica y el empleo. En cuanto a la política monetaria futura, las actas indican que el Comité podría pausar las rebajas de tipos si la inflación permanece alta o acelerar la relajación si el mercado laboral se deteriora o la economía pierde fuerza. Muchos participantes señalaron que la incertidumbre sobre el nivel neutral de los tipos de interés complica evaluar el grado de restricción actual, lo que hace preferible reducir la restricción de manera gradual. Tras la reunión, Powell evitó dar pistas claras sobre la próxima decisión en diciembre. Según los mercados de futuros, existe un 60% de probabilidad de un nuevo recorte de 0,25 puntos y un 40% de que no haya cambios. En su mensaje, Powell reafirmó la independencia de la Reserva Federal frente a posibles interferencias de Trump, asegurando que no renunciará si se lo piden ni el presidente tiene facultad para destituirle antes de que termine su mandato. Días después, en un discurso en Dallas, Powell insistió en que no hay prisa por adoptar una política más neutral y que las decisiones se tomarán con cautela, basándose en los datos disponibles y las perspectivas económicas. Afirmó que la fortaleza actual de la economía permite mantener un enfoque prudente y que el rumbo de los tipos dependerá de la evolución de los datos y del análisis de los riesgos. Este mensaje fue reiterado en las actas publicadas este martes.

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(El País, 28-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez anuncia un tercer paquete de ayuda para los afectados por la DANA por valor de 2.274 millones

El Gobierno ha anunciado un nuevo paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros destinado a las personas afectadas por la DANA que impactó en la provincia de Valencia y otras zonas del país. El presidente Pedro Sánchez ha adelantado en el Congreso que estas nuevas medidas, compuestas por 60 iniciativas, se sumarán a las 110 ya aprobadas a principios de mes, con un presupuesto de 14.373 millones de euros. Este refuerzo será aprobado mañana en el Consejo de Ministros. Con este tercer paquete, el Ejecutivo moviliza más de 16.600 millones de euros en el marco del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento. Según Sánchez, las nuevas medidas están orientadas a las personas, los vehículos afectados y el tejido empresarial. Entre las acciones previstas, se amplían los beneficiarios de ayudas, permitiendo que personas no convivientes accedan a indemnizaciones por fallecimiento, y se otorgan también apoyos por daños en viviendas a los familiares de los fallecidos. Se incluirá una línea de 19 millones de euros para reponer libros y materiales escolares a los estudiantes de las zonas afectadas. Además, se prorrogará hasta el 31 de diciembre la consideración de incapacidad temporal como accidente laboral en casos relacionados con la DANA. Los autónomos acogidos a la tarifa plana podrán beneficiarse de una ampliación de la prestación por cese de actividad, y se establecerán protocolos en las empresas para afrontar catástrofes, con la participación de representantes laborales. En cuanto a los vehículos dañados, el Gobierno ha diseñado un plan de renovación con una dotación de 465 millones de euros. Los ciudadanos podrán recibir hasta 10.000 euros para adquirir nuevos vehículos o reemplazar los siniestrados, incluyendo compras realizadas desde el 29 de octubre, con carácter retroactivo. Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones gestionadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Para apoyar a las empresas, se destinarán 1.200 millones de euros a la reparación de instalaciones, equipos y stocks dañados, así como a nuevas inversiones. Además, se implementará un sistema de financiación rápida para proyectos de recuperación tecnológica e innovadora. También se habilitarán 240 millones para apoyar al comercio local afectado y una línea de ayudas enfocada en la internacionalización de empresas dañadas por la DANA. Asimismo, se pondrá en marcha un programa de préstamos bonificados por 300 millones de euros para pymes que necesiten renovar tecnología o maquinaria, con condiciones ventajosas y préstamos de hasta 6 millones de euros. Hasta el momento, el Gobierno ha recibido 273.600 solicitudes de ayuda y ha desembolsado más de 60 millones de euros. Para la próxima semana, está previsto el pago de otros 160 millones. Sánchez ha subrayado el esfuerzo realizado para movilizar recursos y agilizar los trámites, con el objetivo de que las ayudas lleguen a los afectados lo antes posible.

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(El Periódico, 28-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Parlamento Europeo aprueba la Comisión de Von der Leyen con el voto en contra del PP español

Úrsula von der Leyen ha asegurado un segundo mandato al frente de la Comisión Europea tras obtener el respaldo del Parlamento Europeo, aunque con una mayoría más ajustada en comparación con su primera investidura. Con un discurso centrado en la defensa de la libertad y la democracia como pilares de la Unión Europea, Von der Leyen recibió 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones, en una cámara más fragmentada que nunca. Este apoyo le permitirá liderar el ejecutivo comunitario durante los próximos cinco años, con la española Teresa Ribera como su mano derecha. El respaldo obtenido es inferior al de julio, cuando logró 31 votos más, lo que evidencia las divisiones internas, incluso entre los grupos que inicialmente apoyaron a la alemana: populares, socialdemócratas, liberales y verdes. Los populares españoles, por ejemplo, votaron en contra, argumentando su rechazo a la designación de Ribera, aunque reiteraron su compromiso con el ejecutivo europeo a lo largo de la legislatura. "Trabajaré con todas las fuerzas democráticas proeuropeas de este Parlamento, como ya lo hice en mi primer mandato, siempre desde el centro, porque todos queremos lo mejor para Europa", señaló von der Leyen, quien llamó a la unidad en su intervención. Sin embargo, el debate previo al voto dejó en evidencia las tensiones y desconfianzas entre las principales familias políticas, lo que plantea un desafío para la estabilidad de la UE. Manfred Weber, líder de los populares europeos, hizo un llamamiento a actuar desde el primer día ante los desafíos globales, destacando la necesidad de impulsar la competitividad industrial, avanzar en el Pacto Verde y fortalecer las políticas de seguridad y defensa. Weber también subrayó la importancia de no dejar a nadie atrás frente a fenómenos como la inflación o la fragmentación social. Además, reconoció el papel de los partidos fundadores de Europa y la contribución de los verdes, así como de los conservadores liderados por Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni. Por su parte, la socialista española Iratxe García Pérez advirtió contra las alianzas con la extrema derecha, a las que acusó de poner en riesgo el proyecto europeo. "El apoyo a la Comisión no es un cheque en blanco", afirmó, exigiendo compromiso con los acuerdos alcanzados entre las fuerzas europeístas. En la misma línea, Valerie Hayer, líder de los liberales, criticó cualquier acercamiento a la extrema derecha, calificándolo como una amenaza para los valores democráticos europeos. El programa político presentado por von der Leyen, que ya había sido detallado en julio, establece como prioridad la descarbonización de la industria, el cierre de la brecha de innovación con Estados Unidos y China, y el refuerzo de la seguridad estratégica de la UE. Entre los comisarios, Teresa Ribera asumirá la vicepresidencia encargada de liderar una transición energética limpia, justa y competitiva, un nombramiento que recibió aplausos entre los eurodiputados, pero también críticas durante las audiencias parlamentarias. Una de las primeras iniciativas anunciadas por la nueva Comisión será la llamada 'Brújula de la Competitividad', basada en un informe de Mario Draghi, que busca modernizar la industria europea, avanzar en la descarbonización y reducir las dependencias estratégicas. Con este equipo, Von der Leyen inicia un mandato clave para afrontar los retos internos y externos que definirán el futuro de la Unión Europea.

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(Expansión, 27-11-2024) | Fiscal

El conocimiento tributario técnico se ha identificado como una de las mayores brechas de talento para las empresas

Las grandes empresas españolas están enfrentando uno de los mayores desafíos fiscales de las últimas décadas con la llegada de la reforma internacional de la OCDE, conocida como Pilar II. Esta nueva normativa introduce un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales, lo que obliga a las compañías a realizar una profunda transformación en sus funciones tributarias, procesos internos y sistemas contables. En este contexto, Deloitte ha presentado el informe "Comprometidos con el cumplimiento. Preparándose para el Pilar II", que recoge las opiniones de más de 500 responsables fiscales y financieros de empresas en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y el Pacífico. Este estudio analiza los principales retos de adaptación, preocupaciones clave y las medidas que deben adoptar las empresas para cumplir con esta nueva regulación. Pilar II tiene implicaciones que van más allá de lo tributario, ya que se espera que influya en la estrategia corporativa de las empresas, incluyendo reestructuraciones, fusiones, adquisiciones y otras decisiones de inversión. Según el informe, el 93% de los encuestados considera que esta normativa tendrá un impacto directo en estas operaciones. Además, el 69% cree que Pilar II supondrá una disrupción significativa en los procesos financieros y en las obligaciones de cumplimiento de las organizaciones. Este nuevo marco normativo representa un reto integral, que afecta no solo a los aspectos fiscales, sino también a las decisiones estratégicas, los sistemas contables y la estructura de los procesos empresariales. Por ello, las compañías están reevaluando sus modelos de gestión del talento. Entre las principales dificultades se encuentran la brecha de conocimientos técnicos tributarios y la necesidad de mayor formación en contabilidad del gasto por impuestos, señaladas respectivamente por el 39% y el 32% de los encuestados. Ante este panorama, muchas empresas están optando por invertir en tecnología para optimizar sus modelos de gestión y adaptarse al aumento de la carga administrativa. Un 66% de las compañías está considerando destinar recursos adicionales a soluciones tecnológicas, y el 63% planea incrementar sus presupuestos para cubrir los costos derivados de la implementación de Pilar II. En cuanto a los enfoques para cumplir con los nuevos requisitos, las organizaciones están explorando diferentes estrategias, como la subcontratación total (21%), modelos híbridos (46%) o la gestión interna (37%). Estas alternativas buscan equilibrar la eficiencia operativa con el control de costos y la capacidad de adaptación. Se prevé que Pilar II genere costos extraordinarios en un 70% de las empresas, tanto por el aumento de la tributación como por las inversiones necesarias para implementar las nuevas políticas, sistemas y procesos de cumplimiento. Este escenario representa un cambio trascendental para las multinacionales, en particular para aquellas con operaciones en más de cinco países y un ingreso anual superior a 750 millones de euros, que deberán realizar ajustes significativos en sus estructuras para alinearse con las nuevas exigencias fiscales globales.

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(Expansión, 27-11-2024) | Fiscal

Cataluña mantendrá el tramo más alto del Impuesto sobre el Patrimonio que puso en marcha en 2022

Es una medida que impactará a las rentas más altas, aquellas superiores a los 20 millones de euros. Surgió como respuesta a la implementación a nivel nacional del Impuesto a las Grandes Fortunas. Inicialmente, su aplicación estaba prevista solo para 2022 y 2023. El gravamen sobre las grandes fortunas actúa como un complemento al Impuesto sobre el Patrimonio, de ámbito estatal, aunque su recaudación se transfiere a las comunidades autónomas. Algunas regiones, como Madrid, Andalucía y Galicia, lo tenían bonificado al 100% y llevaron su creación ante el Tribunal Constitucional. Por otro lado, territorios como Cataluña se vieron obligados a modificar su normativa de Patrimonio para alinearla con los tramos del nuevo impuesto. En 2022, se introdujo un recargo adicional del 3,48% para garantizar que la recaudación no se destinara al Estado. Tras el rechazo del Tribunal Constitucional a las impugnaciones y la aprobación de un decreto ley que prolonga indefinidamente el gravamen a las grandes fortunas, el Govern realizó este martes ajustes técnicos. Ahora, el tramo más alto del Impuesto sobre el Patrimonio queda vinculado a la continuidad de este gravamen de alcance nacional. En Cataluña, las personas con un patrimonio neto superior al medio millón de euros deben asumir este recargo, que se aplica a los residentes fiscales de la comunidad.

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(El País, 27-11-2024) | Fiscal

Bruselas valida el plan de ajuste español pero exige subir los ingresos en “al menos” un 0,2% del PIB

España ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea para su plan de ajuste fiscal en el último momento. Este plan tiene como uno de sus pilares principales una reforma fiscal que fue aprobada recientemente por el Parlamento. Con este requisito cumplido, Bruselas ha validado la senda de gasto propuesta por España para los próximos siete años, lo que supone una extensión de tres años sobre los cuatro habituales que establece la normativa general, según anunció la Comisión este martes. Sin embargo, este aval es solo el inicio de un camino complejo. Como advirtió Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión y próximo comisario de Economía y Finanzas, "España enfrenta desafíos de sostenibilidad fiscal debido a su alta deuda pública en relación con el PIB y al déficit presupuestario actual". El informe publicado este martes señala que el Gobierno español debe incrementar los ingresos públicos en al menos dos décimas del PIB antes de que finalice el próximo año, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. Esta cifra supera los ingresos esperados por algunas medidas fiscales rechazadas recientemente, como el impuesto al diésel, que habría recaudado aproximadamente 1.000 millones de euros. Esta obligación está vinculada al plan de recuperación y se enmarca dentro de las nuevas reglas fiscales introducidas en los programas de consolidación fiscal. Para cumplir con las metas de ajuste, España deberá limitar el crecimiento del gasto público neto a una media anual del 3% entre 2025 y 2031, excluyendo intereses y gastos extraordinarios. Inicialmente, Bruselas había planteado un límite del 2,8%, pero la mejora reciente en los datos económicos y las previsiones de crecimiento permitió una flexibilización. El ajuste será gradual, comenzando con un aumento del gasto del 3,5% del PIB en el primer año, para luego reducirse progresivamente hasta el 2,4%. Además, el déficit público deberá disminuir cada año con el objetivo de reducir la deuda pública, que actualmente supera el 102% del PIB, a un 90,6% en 2031 y al 76,4% en 2041 si se mantiene la tendencia. Dombrovskis destacó que el cumplimiento será clave, subrayando que las nuevas reglas fiscales incluyen herramientas más estrictas para garantizar la implementación de los compromisos adquiridos. También recordó que los países con deudas superiores al 60% del PIB o déficits superiores al 3% pueden acceder a programas de ajuste de hasta siete años, en lugar de los cuatro habituales, si asumen compromisos reformistas e inversores. Este ha sido el caso de España, junto con otros países como Francia, Italia, Finlandia y Rumanía. Además de los compromisos fiscales, España deberá realizar evaluaciones de gasto para reducir este en una décima del PIB hacia 2028 y llevar a cabo reformas destinadas a aumentar el crecimiento económico potencial. Muchas de estas reformas ya están en marcha como parte del plan de recuperación, incluyendo medidas contra el fraude y la Ley de Cambio Climático. A pesar del aval de Bruselas, España aún tiene pendientes algunas tareas, como la presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, un aspecto que la Comisión Europea espera resolver pronto. Aunque el Ministerio de Hacienda ha estado involucrado en las negociaciones, esto será clave para cumplir con las exigencias del marco fiscal acordado.

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(El Economista, 27-11-2024) | Fiscal

El Tribunal Supremo complica la exención del 95% del Impuesto de Donaciones en la empresa familiar

La Sala establece que, para que los administradores puedan beneficiarse de tributar únicamente por el 5% del valor del bien transferido, los directivos que reciben la donación deben cumplir los requisitos exigidos en la fecha en que se realiza la donación, y no al cierre del ejercicio fiscal. Según la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la exención del 95% para donaciones en empresas familiares exige que la persona que ejerce la dirección del grupo obtenga más del 50% de su renta de estas funciones. Por ejemplo, si un administrador gana 40.000 euros anuales de la empresa familiar y 50.000 euros de otra actividad, no cumpliría con los requisitos, ya que la mayor parte de sus ingresos no provienen de la empresa familiar. En dos recientes sentencias del 31 de octubre y 13 de noviembre, siendo ponente el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, el Tribunal Supremo aclaró que el requisito de que más del 50% de la renta proceda de la dirección del grupo debe verificarse en la fecha de la donación. Así, si un padre transfiere participaciones a su hijo el 1 de julio, este último debe cumplir el requisito ese día, y no al 31 de diciembre, cuando finaliza el año fiscal. Carlos Muñoz, consejero delegado de CIM Tax & Legal, señala que, aunque muchos asesores fiscales ya aplicaban este criterio por precaución, existían dudas sobre cómo calcular la renta del directivo en el caso de donaciones. Subraya la importancia de planificar cuidadosamente las donaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos, ya que una planificación deficiente podría invalidar el régimen de empresa familiar y sus beneficios fiscales. Por ejemplo, si un administrador recibe de forma inesperada una remuneración en especie que altera su principal fuente de renta, podría perderse la exención. Muñoz también destaca la importancia de considerar no solo la tributación por la donación, sino también la plusvalía que el donante debe pagar por la transmisión. Por ejemplo, si alguien fundó una empresa hace décadas con un capital inicial de 500.000 pesetas y ahora las acciones donadas a sus hijos valen un millón de euros, deberá tributar por esa ganancia. Sin embargo, si se cumplen los requisitos de empresa familiar, esta plusvalía estaría exenta; de lo contrario, también se perdería ese beneficio. El Tribunal Supremo aclara que la confusión surgía porque el Impuesto sobre Donaciones se liquida en el momento de la cesión, mientras que el IRPF considera todo el año fiscal. Por ello, concluye que el momento para determinar si el donatario cumple con los requisitos de dirección retribuida es la fecha exacta en que se realiza la donación.

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(El Economista, 27-11-2024) | Fiscal

Los jubilados que cobren su pensión pública y quieran rescatar su plan de pensiones tienen la obligación de presentar la Renta si sobrepasan los 1.500 euros

La Dirección General de Tributos (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado las condiciones bajo las cuales se debe presentar la declaración de la Renta al rescatar un plan de pensiones. Según una consulta publicada el pasado 26 de septiembre, los jubilados que perciban una pensión pública y, además, deseen rescatar su plan de pensiones, estarán obligados a presentar la declaración si superan ciertos límites económicos. En estos casos, al combinar la pensión pública con los ingresos del plan de pensiones, se considera que el contribuyente tiene dos pagadores. Por tanto, se aplican los siguientes límites: los rendimientos del trabajo (que incluyen la pensión pública) no pueden exceder los 22.000 euros anuales, mientras que los ingresos provenientes de los demás pagadores (como el plan de pensiones) no deben superar los 1.500 euros anuales. Así, un jubilado que reciba una pensión pública de 15.000 euros al año y rescate 1.500 euros anuales del plan de pensiones no tendrá la obligación de presentar la declaración, según la DGT. No obstante, si el importe rescatado del plan supera esa cifra, deberá presentar la declaración incluso si la pensión pública no alcanza los 22.000 euros al año.

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(El País, 27-11-2024) | Laboral

La paga de Navidad a 9,3 millones de pensionistas eleva el coste mensual por encima de 25.500 millones

La Seguridad Social ha hecho efectivo el pago de la nómina de noviembre de las pensiones, que este mes incluye también la paga extraordinaria de Navidad. Un total de 9,3 millones de pensionistas han recibido 10,3 millones de prestaciones, entre las que se encuentran las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente y en favor de familiares. Así, al coste mensual habitual, que en noviembre alcanza casi 13.000 millones de euros, se suman otros 12.624 millones correspondientes a la paga extra navideña. En total, el desembolso de esta nómina supera los 25.500 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El gasto en pensiones contributivas ha experimentado un notable incremento del 7% respecto al año anterior. Esto se debe a la revalorización del 3,8% aplicada a principios de año, siguiendo la ley que ajusta las prestaciones al IPC promedio del año anterior; al aumento constante del número de pensiones, que en noviembre creció a un ritmo del 1,6% anual (medio punto más que al cierre del año pasado); y a la mejora de las carreras laborales de los nuevos pensionistas. Las nuevas pensiones de jubilación del sistema alcanzan una media de 1.567 euros mensuales, un 11,19% más que hace un año. En el caso del Régimen General, los nuevos jubilados perciben una media de 1.664 euros mensuales, lo que supone un incremento del 10% interanual. El Gobierno explica este aumento en las nuevas pensiones por varios factores: mejores carreras de cotización, con más años trabajados y mayores salarios; una disminución en las jubilaciones anticipadas tras la reforma de 2021 (actualmente representan el 29,1% de las nuevas altas, frente al 40% anterior a la reforma); y un aumento en las jubilaciones demoradas, que permiten obtener una pensión más alta al retrasar la edad de retiro. Estas jubilaciones diferidas representan ahora el 9,4% de las nuevas altas, frente al 4% previo a la reforma. En noviembre, los más de nueve millones de pensionistas han recibido una pensión media de 1.260,9 euros, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo mes del año pasado. Entre ellos, los pensionistas de jubilación, que representan más de dos tercios del total (6,4 millones de personas), han cobrado una media de 1.448,8 euros al mes, un 5,2% más que hace un año. Además, este mes han recibido una paga extra de 1.428,5 euros, alcanzando un total promedio de 2.877 euros. Por su parte, las beneficiarias de pensiones de viudedad, la mayoría mujeres (nueve de cada diez), han percibido en noviembre un total de 1.779 euros en promedio, sumando los 898,8 euros de la mensualidad ordinaria y los 880,4 euros de la paga extra.

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