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(Expansión, 10-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España perderá unos 1.500 millones de PIB por cada alza de 10 puntos en aranceles de Trump

La guerra comercial global impulsada por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca está llevando al mundo hacia un escenario de mayor fragmentación, menor crecimiento económico y un riesgo elevado de inflación. Así lo señaló ayer el servicio de estudios de CaixaBank en un informe en el que también advierte que, en el caso de España, cada incremento de 10 puntos en los aranceles de EE.UU. podría suponer una pérdida de aproximadamente 1.500 millones de euros en el PIB. "Trump emplea los aranceles como una estrategia de negociación, siguiendo un esquema similar al de su primer mandato: primero anuncia medidas drásticas, firma la orden ejecutiva y, posteriormente, retrasa su implementación para abrir un espacio de diálogo que, en ciertos casos, puede derivar en la reducción o eliminación del arancel inicial", explica CaixaBank Research. Hasta ahora, ya se han anunciado incrementos de 20 puntos en los aranceles para productos chinos; una subida de 25 puntos en las importaciones desde México y Canadá (10 puntos en el caso de la energía); así como un aumento de 25 puntos en el acero y el aluminio. Además, se prevé que aranceles similares sean aplicados de manera recíproca, afectando especialmente a la Unión Europea. "Nos encaminamos, por tanto, hacia un entorno con tarifas aduaneras más elevadas, lo que probablemente obligue a una reconfiguración de las cadenas de valor globales para intentar mitigar el impacto en la competitividad del mercado estadounidense", concluye el informe, advirtiendo de un periodo caracterizado por un menor crecimiento y una mayor presión sobre los precios. Incluso bajo el supuesto de una "guerra comercial moderada, sin una escalada significativa", CaixaBank Research ya ha revisado a la baja sus proyecciones para la economía de la eurozona en 2025, reduciendo el crecimiento previsto al 0,8%, y ajustando a la baja en cuatro décimas la estimación para 2026, situándola en el 1,4%. "Habrá que esperar para ver si se adoptan medidas fiscales que puedan estimular la economía en los próximos trimestres", señala el informe, destacando la respuesta coordinada de la Unión Europea para fortalecer su industria y servicios, así como la estrategia de Alemania, donde la CDU y el SPD han acordado aumentar el gasto en infraestructuras y defensa. El panorama de inflación y tipos de interés sigue siendo incierto, aunque CaixaBank Research advierte que el impacto no se limitará a Europa. "Las políticas de Trump tendrían un efecto negativo sobre el crecimiento y presionarían al alza la inflación en Estados Unidos", alerta el análisis. Para España, se estima que cada subida de 10 puntos en los aranceles reducirá el crecimiento del PIB en 0,1 puntos porcentuales. Por ello, aunque la previsión de crecimiento para 2025 se ha elevado del 2,3% al 2,5%, no se espera que vaya más allá, algo que sí podría haber ocurrido de no ser por la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Trump.

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(El Economista, 10-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La guerra comercial resta medio punto a la previsión de avance de la eurozona en 2025

La incertidumbre política en Francia y Alemania, la agenda de Donald Trump y la necesidad de incrementar el gasto en defensa impactarán negativamente en el crecimiento económico de Europa. Así lo señala el centro de estudios económicos de Caixabank en su actualización de previsiones macroeconómicas, donde proyecta un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona del 0,8% en 2025 y del 1,6% en 2026. Según el informe, Europa parte de una posición frágil. En 2024, el crecimiento de los países del euro fue prácticamente nulo, cerrando el año con un leve incremento del 0,1%. Las caídas del PIB en Francia y Alemania contribuyeron significativamente a este resultado negativo, debilitando aún más la capacidad de la Eurozona para afrontar los desafíos actuales. El documento de Caixabank destaca que, si bien los primeros indicadores de 2025 reflejan una estabilización de la actividad, no se espera una recuperación notable a corto plazo. Entre los principales retos que enfrenta la región, el informe menciona el posible incremento de aranceles por parte de Estados Unidos, la inestabilidad política en Francia -que podría derivar en elecciones legislativas anticipadas este verano-, los resultados de los comicios del 23 de febrero en Alemania -que han otorgado a la oposición la capacidad de bloquear cambios en la política de deuda-, la necesidad de consolidación fiscal y el aumento del gasto en defensa. Como consecuencia de estos factores, Caixabank ha reducido sus previsiones de crecimiento para 2025 y 2026 en 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. El centro de estudios también advierte sobre la incertidumbre que genera una segunda legislatura de Trump, considerándola "más impredecible" que la primera y con potencial para aumentar la volatilidad financiera. Además, señala que la subida de aranceles podría forzar una reestructuración en las cadenas de valor globales, buscando mitigar el impacto en el comercio con Estados Unidos. "Nos encaminamos hacia un mundo con mayor fragmentación, menor crecimiento económico y un posible repunte de la inflación", advierte el informe. En cuanto al impacto en los precios, el informe de Caixabank reconoce que la imposición de aranceles recíprocos podría impulsar la inflación. Sin embargo, este efecto podría verse amortiguado por la debilidad de la demanda interna, la limitada capacidad de trasladar el aumento de costes a los consumidores y la posible reorientación de los flujos comerciales desde China hacia Europa. Por ello, el banco mantiene prácticamente sin cambios sus previsiones de inflación, lo que también influye en las expectativas sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). "Después del recorte de 25 puntos básicos aprobado en enero, prevemos que el tipo de interés se sitúe en la parte baja del rango neutral (1,75%) antes de subir nuevamente al 2,0% en 2026", detalla el informe. Las estimaciones de Caixabank coinciden en gran medida con las del BCE, que recientemente redujo su previsión de crecimiento para la Eurozona en 2025 al 0,9% -dos décimas menos que su pronóstico de diciembre- y ajustó la expectativa para 2026 al 1,2%. También elevó su previsión de inflación para 2025 al 2,3%, retrasando hasta 2026 el objetivo del 2% que guía su política monetaria. Por otro lado, los datos de Eurostat muestran que, en el último trimestre de 2024, las economías con mayor crecimiento en la Unión Europea fueron Irlanda (3,6%), Dinamarca (1,6%) y Portugal (1,5%), mientras que Malta (-0,7%), Austria (-0,4%), Alemania y Finlandia (-0,2% ambos) registraron los mayores descensos. Además, Eurostat revisó al alza el crecimiento del PIB de la Eurozona en el cuarto trimestre, situándolo en el 0,2%. En cuanto a Estados Unidos, Caixabank Research prevé que la agenda de Trump podría frenar el crecimiento y generar mayores presiones inflacionarias. En este contexto, estima que el PIB estadounidense crecerá un 2,1% en 2025 y un 1,9% en 2026. Mientras tanto, la previsión de crecimiento para China se ha reducido en 0,5 puntos debido a los efectos de la guerra comercial. En contraste con el panorama europeo, Caixabank prevé que España crecerá un 2,5% en 2025, lo que supone un aumento de 0,2 puntos porcentuales respecto a su previsión anterior. No obstante, este pronóstico también ha sido revisado a la baja debido a las tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos.

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(El Periódico, 10-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Siete de cada diez empresarios españoles confían en incrementar sus ventas para 2025

Los empresarios españoles han comenzado el año con una actitud positiva, con un 71% esperando incrementar sus ventas y un 53% con planes de aumentar sus inversiones. Así lo revela la encuesta Perspectivas España 2025, elaborada por la consultora KPMG en colaboración con la CEOE, que celebra su vigésima primera edición. Además, un 30% de los encuestados prevé que sus ingresos crezcan por encima del 5%, mientras que un 42% tiene intención de ampliar su plantilla, dos puntos más que en 2024. Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, destaca que "la economía española ha mostrado un buen desempeño y se espera que continúe en esta línea en 2025, aunque con un crecimiento más moderado. Las empresas aún cuentan con margen para invertir en su transformación y optimizar sus procesos, si bien deben desenvolverse en un contexto de incertidumbre creciente debido a la complejidad del panorama geopolítico". Durante 2024, España superó las previsiones de crecimiento y avanzó a un ritmo superior al de otros países europeos. Este dinamismo se vio impulsado por la llegada de fondos europeos, un sector turístico en niveles récord, con 93,8 millones de visitantes, y la integración de inmigrantes en el mercado laboral. Aunque se espera una desaceleración respecto a 2024, las perspectivas para 2025 siguen siendo favorables tanto en términos de PIB como de empleo. Sin embargo, persisten factores de incertidumbre, como la inestabilidad política en el ámbito nacional, el elevado nivel de deuda pública, el débil crecimiento europeo y el agravamiento de las tensiones geopolíticas, que podrían afectar el comercio internacional. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, subraya que "para garantizar un crecimiento sostenido y afrontar desafíos como la digitalización y la transición hacia una economía más sostenible, es fundamental contar con un entorno favorable para la actividad empresarial. Esto implica estabilidad jurídica y regulatoria, una fiscalidad equilibrada y unos costes laborales que permitan al sector privado generar riqueza, empleo y competitividad". Las perspectivas para los próximos doce meses son prudentes, pero más optimistas que en 2024. Mientras que en la edición anterior de la encuesta la mayoría de los empresarios esperaba un deterioro de la economía española, en esta ocasión el 51% considera que no habrá cambios significativos. Además, el pesimismo se ha reducido: el porcentaje de quienes prevén una evolución negativa de la economía nacional ha pasado del 45% en 2024 al 34% en esta edición. A pesar de este optimismo, los empresarios siguen atentos a ciertos riesgos. El 44% de los directivos identifica la incertidumbre política como la mayor amenaza para la economía en los próximos meses, seguida por la inseguridad jurídica (40%) y los cambios regulatorios (34%). Estos factores podrían tener un impacto adverso en el desarrollo de los negocios. De cara a 2025, las empresas españolas priorizarán la mejora de su rentabilidad, lo que implica optimizar procesos y operaciones. Los directivos son conscientes de la importancia de la transformación digital y el talento en este proceso, por lo que estos aspectos figuran entre sus principales áreas de inversión para el año. La internacionalización sigue siendo un eje estratégico para muchas compañías. Un 43% de los empresarios señala que su empresa ya opera en mercados exteriores y planea ampliar su presencia internacional este año, mientras que un 2% tiene previsto iniciar su expansión en 2025. Los sectores con mayor proyección global son alimentación, bebidas, bienes de consumo, industria y tecnología. En cuanto a los destinos de inversión más atractivos, destacan Estados Unidos (39%), México (29%), Francia (28%) y Alemania (24%). Cabe mencionar que la encuesta se llevó a cabo después de las elecciones en Estados Unidos, pero antes de conocerse el impacto concreto de las medidas proteccionistas impulsadas por la administración de Donald Trump, lo que podría modificar las estrategias de internacionalización de algunas empresas. En el ámbito tecnológico, 2025 se perfila como el año del despegue definitivo de la inteligencia artificial generativa. Un 85% de los directivos afirma haber invertido o tener planes de inversión en esta tecnología en los próximos meses, lo que representa un incremento notable respecto al 54% registrado en la encuesta anterior. Existen, no obstante, diferencias entre sectores: mientras que más del 80% de los empresarios de los sectores de seguros, turismo, banca e inmobiliario consideran que la situación actual es favorable, en el sector de la automoción este porcentaje cae al 20%, reflejando las dificultades estructurales que enfrenta esta industria. A nivel territorial, Baleares, Andalucía y Aragón son las comunidades donde un mayor número de empresarios prevé aumentar su facturación. En cuanto a la generación de empleo, Galicia, la Comunidad de Madrid, Baleares y Aragón encabezan las previsiones de creación de nuevos puestos de trabajo.

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(Expansión, 07-03-2025) | Fiscal

Las comunidades autónomas dejan de ajustar el IRPF para paliar la inflación

Se produce un giro en la política fiscal autonómica. Tras varios años en los que hasta una docena de gobiernos regionales adoptaron medidas para mitigar el impacto de la inflación en el Impuesto sobre la Renta, ninguna comunidad ha optado por deflactar la tarifa del IRPF en 2025. En su lugar, la atención se ha desplazado hacia el problema de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, impulsando nuevas deducciones en este ámbito. Con el freno en el alza de los precios, las comunidades que venían actualizando sus tarifas autonómicas del IRPF para compensar la inflación han decidido dejar de hacerlo en 2025, según indicó ayer el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España, durante la presentación del informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025. Hace apenas un año, una docena de comunidades modificaron la escala regional del IRPF o implementaron otras reducciones para contrarrestar la llamada progresividad en frío, un fenómeno que se produce cuando el impuesto no se ajusta al crecimiento de precios y salarios, lo que puede hacer que los contribuyentes terminen pagando más impuestos a pesar de haber perdido poder adquisitivo. En 2024, estas medidas incluyeron la deflactación del IRPF, ajustes en los mínimos personales y familiares, así como reducciones en los tramos y tipos impositivos. Las comunidades que aplicaron estos cambios fueron Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Madrid, La Rioja y, posteriormente, Canarias, además de los territorios forales del País Vasco y Navarra. La mayoría de estos gobiernos están liderados por el PP, que en los últimos años ha defendido las rebajas fiscales y la necesidad de ajustar el IRPF, en contraste con la negativa del Ministerio de Hacienda. Desde el Ministerio que encabeza la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, se ha rechazado la deflactación argumentando que favorece a las rentas más altas, optando en su lugar por aplicar reducciones dirigidas a los contribuyentes con menores ingresos. Según el REAF, la falta de deflactación a nivel estatal ha supuesto un sobrecoste fiscal de 255 euros para quienes perciben 30.000 euros anuales, cifra que asciende a 427 euros para ingresos de 45.000 euros, 604 euros para los de 70.000 euros y hasta 1.500 euros para quienes ganan 350.000 euros al año. Estos ingresos adicionales han contribuido a engrosar la recaudación del IRPF en los últimos años, representando entre un tercio y la mitad del aumento, según estimaciones de Hacienda, el Banco de España y la Airef. Sin embargo, ahora que el IPC se ha estabilizado en torno al 3%, "las comunidades consideran que la inflación se ha moderado lo suficiente y que ya no es necesario deflactar la tarifa", explica Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF. A pesar de ello, la mayoría de los contribuyentes experimentará una reducción en su liquidación del IRPF de 2025, debido a la disminución de su base imponible derivada del aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social, según aclara Raquel Jurado, del gabinete de estudios del REAF.

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(Expansión, 07-03-2025) | Fiscal

Las CCAA retienen la recaudación patrimonial y suavizan Sucesiones

El Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, impulsado por el Gobierno, ha generado un gran impacto en la fiscalidad patrimonial en España. Como respuesta, varias comunidades que habían dejado de aplicar el Impuesto sobre el Patrimonio han optado por reactivarlo o modificarlo con el objetivo de retener para sí la recaudación que Hacienda pretende captar. Al mismo tiempo, las regiones continúan ampliando año tras año las bonificaciones y reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al menos mientras el Gobierno central no imponga un tributo estatal similar que les obligue a aplicarlo. "El Impuesto sobre las Grandes Fortunas apenas generará ingresos porque todas las comunidades han reaccionado adoptando medidas", explica Raquel Jurado, del gabinete de estudios del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), destacando que Extremadura es la única región que no ha tomado acciones en este sentido. Cabe recordar que el Gobierno creó este impuesto tras la decisión de comunidades como Madrid y Andalucía de bonificar al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio. Para contrarrestar estas bonificaciones, Hacienda estableció un tributo estatal en el que se permite deducir lo ya pagado en Patrimonio, asegurando así que las grandes fortunas contribuyan, ya sea a nivel autonómico o, en su defecto, directamente a la Administración central a través del nuevo impuesto. Ante este escenario, Madrid decidió restablecer el cobro del Impuesto sobre el Patrimonio tras 15 años sin aplicarlo, con el objetivo de mantener la recaudación en la comunidad. Por su parte, Andalucía, que inicialmente permitió a los contribuyentes elegir a qué Administración pagar, también ha optado este año por recuperar plenamente el tributo para no perder ingresos. Un camino similar ha seguido Galicia y La Rioja, que han ajustado sus bonificaciones para asegurar la recaudación del impuesto. Extremadura, en cambio, ha optado por bonificar al 100% el Patrimonio, dejando la recaudación en manos del Estado, dado que su impacto en la comunidad es limitado (apenas 7 millones de euros anuales). Por otro lado, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura han establecido mínimos exentos inferiores a los del impuesto estatal, mientras que Baleares los ha elevado. Solo ocho comunidades aplican actualmente la misma tarifa que la establecida a nivel estatal para el Impuesto sobre el Patrimonio. En este contexto, el economista Ángel Sáez ha recordado que, tras la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en 2014, su posterior reactivación, prórroga y conversión en permanente desde 2021 a través de reales decretos o Presupuestos Generales del Estado ha sido objeto de impugnaciones. Está pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, lo que podría poner en duda la validez de las liquidaciones realizadas en los últimos años, así como la deducción del tributo en el Impuesto sobre las Grandes Fortunas. "Ninguna ley ordinaria ha restablecido oficialmente este impuesto", afirmó Sáez, añadiendo que "no puede desaparecer lo que nunca ha nacido". Mientras tanto, el REAF señala que se mantiene la tendencia de reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mediante mayores bonificaciones y reducciones por parentesco. En particular, varias comunidades han mejorado las condiciones para herencias entre padres e hijos, así como para transmisiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Ante la posibilidad de que el Gobierno busque unificar su aplicación a nivel nacional, el REAF propone establecer una horquilla común de máximos y mínimos para garantizar una mayor coherencia en su tributación.

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(El Periódico, 07-03-2025) | Fiscal

Cataluña conserva en 2025 el IRPF más caro para las rentas entre 30.000 y 40.000 euros

Tras varios años de intensa actividad normativa en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a nivel autonómico, en 2025 se percibe una mayor estabilidad. Así lo refleja el informe anual Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral, cuya edición número 24 fue presentada este jueves por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) del Consejo General de Economistas. Esta estabilización se evidencia en el hecho de que las comunidades autónomas que en años anteriores habían ajustado sus tarifas del IRPF para corregir los efectos de la inflación han decidido no aplicar esa medida en 2025, al considerar que el incremento de precios ha entrado en una fase de moderación. El informe, que ya alcanza cerca de 450 páginas, vuelve a situar a Cataluña como la comunidad donde el IRPF resulta más elevado para los contribuyentes con ingresos entre 30.000 y 45.000 euros. Según los cálculos del Reaf, tomando como referencia un contribuyente soltero, sin hijos y con ingresos exclusivamente del trabajo, las rentas más bajas (de 16.000 o 22.000 euros) soportan una mayor carga fiscal en Navarra y en las tres diputaciones del País Vasco. Para quienes perciben 70.000 euros anuales, Extremadura encabeza la lista de tributación más alta, mientras que, para rentas superiores, la Comunidad Valenciana destaca con un tipo marginal del 54%. Por el contrario, la Comunidad de Madrid continúa siendo una de las regiones con menor presión fiscal en el IRPF para todos los niveles de renta analizados. Hasta 2024, autonomías como Madrid, Navarra, Aragón, Baleares, Cantabria, La Rioja, el País Vasco y Canarias habían aplicado ajustes en su tarifa del IRPF para mitigar el impacto de la inflación. Sin embargo, para 2025, ninguna de ellas ha optado por mantener esta estrategia, según explicaron los portavoces del Reaf durante la presentación del informe. El documento también analiza el impacto de la falta de ajuste por inflación en el tramo estatal del IRPF durante los últimos tres años, lo que ha supuesto una mayor carga tributaria para los contribuyentes. Según las estimaciones del Reaf, una persona con ingresos de 25.000 euros ha pagado hasta 207 euros más en total en ese período debido a la ausencia de deflactación. Para quienes perciben 30.000 euros, el sobrecoste asciende a 255 euros, mientras que en el caso de una renta de 45.000 euros, la cifra se eleva a 427 euros. En el tramo más alto, los contribuyentes con ingresos de 300.000 euros han acumulado un incremento de 1.510 euros en su tributación entre 2022 y 2024.

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(El Periódico, 07-03-2025) | Fiscal

El Supremo avala el impuesto medioambiental catalán cobrado a las compañías aéreas por sus vuelos

El Tribunal Supremo ha emitido varias sentencias en las que respalda la legalidad del impuesto catalán sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera generado por la aviación comercial cuando se realizan determinados vuelos. En sus últimas resoluciones, el alto tribunal revoca fallos previos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que habían dado la razón a Aerolíneas Argentinas y American Airlines, obligando a la Generalitat a reembolsar 11.113 euros a la primera por el ejercicio de 2015 y 11.756 euros por 2016, además de 58.031 euros a la aerolínea estadounidense. Las compañías aéreas habían impugnado ante la Agencia Tributaria de Cataluña lo que consideraban cobros indebidos derivados de este impuesto sobre la contaminación generada por sus vuelos. En 2022, el TSJC les dio la razón en varias resoluciones, apoyándose en una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establecía la devolución de tasas cuando estas implicaban una ayuda de Estado, lo que las aerolíneas interpretaban como motivo suficiente para invalidar los importes recaudados por la Generalitat a través de este tributo. En su recurso ante el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado de la Generalitat defendió que, aunque ciertas disposiciones del impuesto pudieran otorgar ventajas selectivas -como la exención para emisiones del transporte de mercancías, beneficios fiscales a aerolíneas con más de 20.000 vuelos o tipos impositivos reducidos para rutas de largo recorrido con conexiones fuera del Espacio Aéreo Común- y estas pudieran ser consideradas ayudas de Estado contrarias al derecho comunitario, ello no implicaba la nulidad del impuesto en su totalidad. Por lo tanto, las autoliquidaciones tributarias efectuadas por las empresas que no se beneficiaron de dichas ayudas debían mantenerse. Además, el argumento de la Generalitat señalaba que, aunque la regulación pudiera haber infringido la normativa sobre ayudas de Estado, esto no invalidaba el tributo en sí, especialmente tras su modificación legislativa para ajustarse a las exigencias europeas. El Tribunal Supremo ha acogido esta argumentación y ha recordado que el Tribunal Constitucional únicamente anuló aspectos relacionados con impuestos sobre la producción de energía nuclear, pero ratificó la constitucionalidad del tributo sobre la emisión de óxidos de nitrógeno derivada de la aviación comercial. En consecuencia, las aerolíneas no tienen derecho a la devolución de los importes abonados por este concepto. Para el alto tribunal, la posible ilegalidad de ciertas exenciones o supuestos de no sujeción al impuesto no afecta a la validez de la figura impositiva en sí misma. Por ello, los sujetos obligados al pago no pueden invocar esa circunstancia para evitar la tributación ni para justificar la rectificación de su autoliquidación y la devolución de los importes abonados. En definitiva, el Tribunal Supremo ha anulado las resoluciones del TSJC y ha rechazado las solicitudes de reembolso presentadas por las aerolíneas.

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(El País, 07-03-2025) | Laboral

El salario medio en España ha ganado 578 euros anuales de poder adquisitivo desde 2022

El salario medio anual nominal en España ha mantenido una tendencia de crecimiento desde 2021, coincidiendo con la recuperación tras la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el Monitor Adecco, basado en cifras del INE, los salarios llevan 15 trimestres consecutivos al alza, alcanzando un promedio de 1.987 euros mensuales al cierre de 2024, lo que representa un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento no siempre se traduce en una mejora real del poder adquisitivo, ya que es necesario compararlo con la evolución de los precios. Según el estudio de la multinacional de recursos humanos, tras dos años de pérdida, el salario medio en España recuperó 2,5 puntos de capacidad de compra en el último trimestre de 2024. En términos económicos, esto equivale a un aumento de 578 euros anuales en comparación con 2022. No obstante, esta mejora no ha sido uniforme en todo el país. Mientras que la mayoría de las comunidades autónomas registraron aumentos en el poder adquisitivo, en Cantabria y Canarias los salarios perdieron valor en términos reales, con descensos de 72 y 209 euros anuales, respectivamente. En el otro extremo, Baleares lideró el incremento con una mejora de 1.351 euros anuales en el poder adquisitivo de sus trabajadores, seguida por la Comunidad de Madrid, donde el salario medio subió 1.213 euros en el mismo período. Ambas regiones duplicaron la media nacional. Otras comunidades que superaron este promedio incluyen Murcia, Extremadura, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana. Por otro lado, ocho comunidades autónomas experimentaron aumentos por debajo de la media, aunque aún positivos: Castilla y León (556 euros más); Cataluña (512 euros); Galicia (510 euros); Asturias (500); La Rioja (463); Castilla-La Mancha (332); Andalucía (198) y País Vasco (74 euros). En términos nominales, los salarios en todas las comunidades autónomas han alcanzado niveles récord. Por primera vez desde que hay registros, ninguna región tiene una remuneración media inferior a los 1.600 euros mensuales, que es el salario mediano en España. Cuatro comunidades superan la media nacional de 1.987 euros mensuales: Madrid encabeza la lista con 2.364 euros, tras un incremento del 4,1% en 2024; seguida del País Vasco con 2.248 euros (un aumento del 2,7%); Navarra con 2.154 euros (3,4% más); y Cataluña, con 2.120 euros (un crecimiento del 3,4%). En términos de crecimiento porcentual, Extremadura, a pesar de tener el salario medio más bajo del país (1.641 euros al mes), registró el mayor aumento, con un 7,4% de incremento en 2024. Le siguen Baleares, con un 5,5%, y Murcia, con un 5,4%. En estas regiones, el aumento del salario mínimo interprofesional, especialmente en sectores como la agricultura y la hostelería, ha influido en el crecimiento de las remuneraciones. En contraste, La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y Andalucía fueron las comunidades con menores incrementos, todas por debajo del 3%. A pesar de estos avances, Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, destacó que el poder adquisitivo del salario medio en España sigue siendo un 7,9% inferior al nivel más alto registrado en 2009. En aquel momento, los salarios aún reflejaban el auge económico previo a la crisis financiera, mientras que las empresas optaban por reducir plantilla en lugar de ajustar sueldos. El Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, en su decimotercera edición, analiza no solo la evolución salarial, sino también otros aspectos del mercado laboral. Evalúa cinco áreas clave: remuneración, seguridad en el empleo, oportunidades de desarrollo profesional, conciliación entre la vida laboral y personal, y conflictividad en el trabajo. Para medir estas condiciones, el informe asigna puntuaciones del 1 al 10 en 16 subcategorías. En la edición actual, la Comunidad de Madrid (7,2 puntos), Cataluña (6,9 puntos) y la Comunidad Valenciana (6,4 puntos) lideran el ranking con las mejores condiciones laborales del país, superando la media nacional de 6,3 puntos. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha (5,3 puntos), Asturias (5,2 puntos) y Canarias (4,2 puntos) presentan las peores condiciones laborales, siendo esta última la única en suspender.

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(El Economista, 07-03-2025) | Laboral

Más de un tercio de las autonomías tiene menos de dos afiliados por pensionista

El envejecimiento de la población representa uno de los mayores desafíos que enfrentará nuestro país en los próximos años. La jubilación progresiva de la generación del 'baby boom' ya comienza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones, pues el número de jubilados sigue creciendo en relación con la cantidad de trabajadores en activo que financian dichas prestaciones. En febrero, a pesar del buen momento que atraviesa el empleo, la proporción de pensionistas respecto a los ocupados se mantuvo en un 44%. Además, en seis de las 17 comunidades autónomas, la tasa de ocupados por pensionista fue inferior a 2, el umbral recomendado por los expertos, lo que representa el 35,29% del territorio nacional. Según los datos de la Seguridad Social, en el segundo mes del año se contabilizaron 21.196.154 afiliados al sistema, mientras que el número de pensionistas ascendió a 9.317.228. Esto significa que, por cada 100 trabajadores cotizando, 44 personas recibieron una pensión, o lo que es lo mismo, que por cada 10 empleados hubo más de 4 jubilados. Sin embargo, esta proporción varía significativamente entre comunidades autónomas. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y el País Vasco destacan como las regiones con la mayor cantidad de pensionistas en relación con los afiliados. En estas zonas, la cifra de trabajadores por jubilado es inferior a 2, con valores específicos de 1,41 en Asturias, 1,54 en Galicia, 1,67 en Castilla y León, 1,72 en Cantabria, 1,82 en Extremadura y 1,92 en el País Vasco. A nivel nacional, la media se sitúa en 2,27, aunque la última ratio oficial publicada en diciembre por el Ministerio de Seguridad Social fue de 2,44 cotizantes por pensionista. Este indicador es clave en el sistema español, donde los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. El director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, explica que la tasa de dependencia sigue en el 44% debido al retiro de la generación del 'baby boom' y al aumento de la esperanza de vida, factores que contrarrestan el impacto positivo del empleo. Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández-Bravo, advierte que, aunque el crecimiento del empleo es favorable, no es suficiente para sostener el sistema a largo plazo. "El incremento de la ocupación es positivo, pero la proporción de jubilados continuará en ascenso en las próximas décadas, por lo que confiar únicamente en el empleo para financiar las pensiones no es una solución sostenible", señala. Ambos expertos coinciden en que la situación actual de la Seguridad Social es compleja, aunque podría mejorar con reformas que promuevan el retraso en la jubilación y fomenten una mayor participación laboral. Desde la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, se han implementado diversas medidas para aliviar la presión sobre el sistema, como el incremento de la edad de jubilación, la introducción de nuevos esquemas de cotización como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la creación de incentivos para quienes decidan posponer su retiro, ya sea mediante la jubilación parcial, activa o demorada. Actualmente, el Ministerio estudia la posibilidad de una jubilación flexible, que permitiría a los pensionistas reincorporarse al mercado laboral. ¿Es posible frenar el aumento de la tasa de dependencia y, por ende, la presión sobre el sistema? Doménech cree que sí. "Retrasar la edad de jubilación, fomentar el empleo entre los mayores de 65 años y aplicar mecanismos automáticos de ajuste en las pensiones ayudaría a estabilizar la tasa de dependencia", explica. También considera que mejoras en la productividad contribuirían a mitigar temporalmente la presión sobre el sistema, aunque insiste en que es necesario reducir el actual desequilibrio financiero. Fernández-Bravo añade que, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es fundamental revisar aspectos como la edad de retiro, las contribuciones al sistema e incluso el modelo de pensiones, considerando la posibilidad de reforzar esquemas de ahorro privado o mixto. La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 mediante el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, introdujo medidas para incrementar los ingresos destinados a financiar el sistema, aunque muchas de ellas han recaído sobre las empresas, afectando su competitividad. En particular, Fernández-Bravo se refiere a la implementación del MEI, que supone una carga adicional para el sector empresarial. Según Doménech, hay tres posibles escenarios para el futuro del sistema de pensiones. En primer lugar, si no se realizan más reformas, la tasa de dependencia y el gasto en pensiones aumentarán, comprometiendo la viabilidad del sistema. En un segundo escenario, si se aplican ajustes graduales, como el retraso en la edad de jubilación, la presión se reduciría parcialmente, pero no sería suficiente. Finalmente, en un tercer escenario, una reforma estructural con medidas más profundas, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, adoptar un sistema de reparto basado en cuentas nocionales para corregir el desequilibrio financiero y mejorar la productividad, garantizaría la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

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(El Periódico, 07-03-2025) | Laboral

20.000 parados que han encontrado empleo ya combinan sueldo y subsidio

En los últimos cuatro meses, 20.000 personas que se encontraban en situación de desempleo han conseguido trabajo y están combinando su nuevo salario con el subsidio de paro. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó este jueves el primer balance de la reciente reforma del sistema de protección por desempleo, aprobada el año pasado y cuya aplicación se ha realizado por fases. Entre sus principales novedades destaca la posibilidad, en vigor desde el 1 de noviembre, de compatibilizar salario y subsidio, una opción que antes no estaba permitida y que busca fomentar la búsqueda activa de empleo. Esta semana, el Gobierno publicó los últimos datos sobre empleo y desempleo correspondientes a febrero, que reflejan que España ha alcanzado un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, con 21,19 millones de trabajadores en activo. No obstante, las cifras de paro aún no han regresado a los niveles previos a la crisis de 2008. Actualmente, 2,59 millones de personas están registradas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), de las cuales 710.114 tienen derecho al subsidio de desempleo, que asciende a 570 euros mensuales y está destinado a quienes han agotado o no cumplen los requisitos para acceder a la prestación contributiva. Desde el 1 de noviembre, este subsidio puede combinarse con un salario durante un máximo de 30 meses. Su importe varía según si el empleo es a jornada completa o parcial y disminuye progresivamente con el tiempo. En el caso de un contrato a tiempo completo, el trabajador recibe inicialmente 480 euros de subsidio, además de su salario, pero la ayuda se va reduciendo cada trimestre hasta alcanzar los 120 euros antes de extinguirse por completo. El objetivo de esta medida es incentivar la aceptación de empleo sin que los desempleados tengan miedo de perder el subsidio. Hasta ahora, muchos evaluaban cuidadosamente si aceptar un contrato, ya que, si este finalizaba en poco tiempo, podían quedarse sin sueldo y sin ayuda económica temporalmente. La reforma del sistema de desempleo sigue implantándose por etapas. Actualmente, la compatibilidad entre subsidio y salario solo se aplica a quienes perciben el subsidio, pero a partir del 1 de abril también podrá aplicarse, en algunos casos, a quienes cobran la prestación contributiva, que es la que recibe la mayoría de los parados. En este momento, 958.466 desempleados perciben esta prestación. El envejecimiento de la población también se refleja en el mercado laboral, con un aumento significativo del desempleo entre los trabajadores de mayor edad. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez desempleados en España tienen 45 años o más, un grupo que el Sepe considera de difícil inserción laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz destacó la evolución positiva del empleo en España, señalando que este dinamismo es clave para el crecimiento del PIB. Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos pendientes, especialmente la reducción del desempleo entre los trabajadores mayores y los menores de 30 años. Reformas como la compatibilidad del subsidio con el salario buscan contribuir a este objetivo. En paralelo, el Sepe continúa su proceso de transformación hacia la futura Agencia Española de Empleo. Este nuevo organismo, junto con los servicios autonómicos de empleo, deberá garantizar un mínimo de servicios a los desempleados para facilitar su reincorporación al mercado laboral. Entre sus funciones se incluyen la elaboración de itinerarios personalizados de formación e inserción y la gestión de vacantes en empresas privadas.

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