(El Economista, 16-04-2025) | Laboral
El retraso en la reducción de jornada aboca a alargar hasta 2026 el plazo para ajustar los convenios
La rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales es una de las prioridades políticas de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para esta legislatura. De hecho, fue uno de los puntos más delicados en la negociación del acuerdo de gobierno con el PSOE. Sin embargo, tanto dentro como fuera del diálogo social crece el escepticismo sobre la posibilidad de cumplir los plazos inicialmente previstos, y ya se empieza a asumir que será necesario ampliar el tiempo de adaptación de los convenios colectivos hasta 2026. El acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO y UGT en diciembre establecía el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que empresas y trabajadores pactaran cómo implementar la reducción de jornada. En ese momento, aún había margen y el optimismo predominaba, con la previsión de que el trámite parlamentario se completara antes del verano. Sin embargo, el retraso en enviar el proyecto al Congreso está obligando a considerar una prórroga de los plazos, especialmente si se introducen modificaciones para contentar a partidos como Junts. Este calendario fue propuesto por los sindicatos, conscientes de la necesidad de adecuar la norma a los convenios existentes y minimizar los conflictos en su aplicación. En la práctica, esto significaba que la reducción no empezaría a aplicarse hasta 2026, a pesar de que el Gobierno había fijado 2025 como fecha objetivo. Pero si la ley no se aprueba hasta otoño, incluso ese horizonte podría quedar corto. El trámite legislativo no tiene plazos fijos, ya que depende de la voluntad política. Aunque una ley suele tardar entre cinco y seis meses en tramitarse, podría acelerarse si se opta por la vía urgente. El problema es que, a día de hoy, el texto ni siquiera ha vuelto al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, algo que debe ocurrir antes de enviarlo al Parlamento. Aún está pendiente de una segunda revisión con los cambios sugeridos por el Consejo Económico y Social (CES). El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró recientemente que, aunque entre la primera y la segunda vuelta del Consejo de Ministros suele pasar bastante tiempo, esta vez el proceso avanza con agilidad. A pesar de ello, en febrero desde el Ministerio de Trabajo se preveía que la norma llegaría al Congreso a finales de ese mes o inicios de marzo, mientras que desde Economía se apuntaba más bien a abril o mayo. Esta discrepancia evidencia un retraso respecto al calendario original, aunque Díaz evita fijar fechas públicamente. Desde Trabajo justifican este desfase por la complejidad técnica de algunos cambios sugeridos por el CES, y descartan modificar la disposición que fija el plazo de adaptación de los convenios. Esto, a pesar de que patronal y sindicatos solicitaron un periodo suficientemente amplio para permitir una negociación colectiva efectiva, teniendo en cuenta la diversidad del tejido empresarial español. No se descarta, sin embargo, que formaciones como Junts condicionen su apoyo parlamentario a un cambio en estos plazos o a la inclusión de ayudas específicas para pymes. Tanto Foment del Treball como Pimec han expresado su rechazo a la medida, alegando que interfiere en la negociación colectiva, y han presionado a los 'posconvergentes' para que voten en contra, aunque podrían llegar a acuerdos en el marco de negociaciones más amplias. Tras las tensiones iniciales entre los Ministerios de Economía y Trabajo sobre el contenido de la norma, fuentes del Ejecutivo indican que el texto ya no necesita pasar nuevamente por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Ahora, la atención se centra en el Parlamento, donde Junts jugará un papel clave. La ministra también ha señalado al Partido Popular, recordando que se abstuvo en una iniciativa parlamentaria previa sobre la jornada laboral y sugiriendo que podría cambiar su postura, aunque su cercanía con la patronal hace prever un voto en contra. Una vez que el proyecto llegue al Congreso, se abrirá una fase intensa de negociación. Los grupos parlamentarios tendrán 15 días para presentar enmiendas o propuestas para frenar su tramitación. Si no se presentan vetos o estos no prosperan, el texto pasará a la Comisión de Trabajo, donde se elaborará un primer borrador con las enmiendas aceptadas. Posteriormente, se debatirá junto a las llamadas "enmiendas vivas", y el texto resultante se votará en el Pleno. Solo si consigue el respaldo suficiente, pasará al Senado para su revisión final.
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