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(El Confidencial, 24-12-2024) | Laboral

El Gobierno duplica sus subvenciones a los sindicatos

La relación entre los sindicatos y el Gobierno de Pedro Sánchez es tan cercana que incluso el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha viajado a Waterloo para intentar mediar con Carles Puigdemont. La financiación pública destinada a las organizaciones sindicales ha experimentado un notable incremento desde que el líder socialista asumió la presidencia. A partir de 2022, el Ejecutivo se posicionó como el que más recursos asigna anualmente a subvencionar estas entidades. En una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros, se aprobó una partida de 32 millones de euros para 2025, casi duplicando los 17 millones actuales y alcanzando un récord histórico. Nunca antes un Gobierno había destinado tal cantidad anual a financiar sindicatos. La cifra supera ampliamente los precedentes históricos, siendo equivalente a cuatro años del mandato de Mariano Rajoy. Entre 2015 y 2018, durante el Gobierno del PP, se destinaron 35,5 millones de euros a estas organizaciones, una cantidad similar a la que el Ejecutivo actual prevé asignar solo en 2025. Bajo la gestión de Rajoy, en un contexto marcado por la crisis económica, las ayudas anuales a los sindicatos rondaban los 8,8 millones, lo que implica que el presupuesto actual representa un incremento del 263% respecto a esa etapa. Este crecimiento no tiene precedentes en la historia reciente de España. En comparación, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, las subvenciones sindicales se situaban en torno a los 15 millones anuales, y en el periodo de José María Aznar fueron de 10 millones. Estas cifras contrastan con las asignaciones actuales. CCOO y UGT son los principales beneficiados, en parte gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Las subvenciones sindicales comenzaron en 1982, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Desde que Sánchez asumió la presidencia, el gasto total en subvenciones sindicales asciende a 114,6 millones de euros. El presupuesto destinado a este fin creció significativamente en 2021 con la aprobación de los nuevos presupuestos. Las asignaciones pasaron de 8,8 millones anuales a 13,8 millones, y en 2022 subieron a 17 millones. La estrecha relación entre las organizaciones sindicales y Moncloa quedó reflejada en 2022, cuando el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, destinó 4,5 millones de euros a la reforma de la sede de UGT en Madrid. Además, el Ejecutivo reservó 100 millones de euros de los fondos europeos para la modernización de 42 sedes sindicales. CCOO y UGT han sido un pilar fundamental para el Gobierno de Sánchez en los últimos años, respaldándolo en negociaciones clave como la reducción de la jornada laboral, los ERTE durante la pandemia, el aumento de las pensiones y la subida del salario mínimo. Durante el 44º Congreso de UGT, Pepe Álvarez elogió a Sánchez, calificándolo como una persona "de palabra y de fiar", mientras el presidente era ovacionado con proclamas de "¡aguanta, Pedro!". El más reciente acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría ser una de las pocas victorias parlamentarias del PSOE en esta legislatura. Al igual que ocurrió con el Estatuto del Becario en 2023, este pacto fue alcanzado sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

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(El País, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre por el tirón del consumo privado y público

La economía española continúa mostrando un crecimiento sólido, destacándose frente a la debilidad que presentan otras grandes economías de la eurozona, como Alemania y Francia. Según los datos confirmados este lunes por el INE, el PIB creció un 0,8% en el tercer trimestre, marcando cinco trimestres consecutivos con tasas del 0,7% o superiores. A este ritmo, los analistas prevén que el año cierre con un crecimiento del 3,1%, superando el 2,7% registrado en 2023. Los principales impulsores de este crecimiento han sido, por un lado, el consumo privado, que aumentó un 1,2% gracias a la mejora del empleo, la llegada de inmigrantes y la recuperación del poder adquisitivo en un contexto de moderación de precios y subidas salariales. Por otro lado, el consumo público creció un 2,5%, destacándose como un motor clave desde la pandemia, aunque representa solo el 20% de la actividad económica. Sin embargo, la inversión sigue mostrando señales preocupantes, con un retroceso del 1,3% en el trimestre, a pesar de los fondos europeos y las reducciones en los tipos de interés. Además, el sector exterior registró una leve contribución negativa debido a que el aumento de las importaciones (+0,9%) superó al de las exportaciones (+0,4%), impulsado por la recuperación del consumo doméstico. En cuanto a los sectores económicos, destacaron las actividades recreativas (+4,5%) gracias a la temporada estival, así como la agricultura (+1,1%), la administración pública, educación y sanidad (+1,4%) y las actividades financieras (+1,1%). Sin embargo, la construcción cayó un 1,5%, afectada por la falta de mano de obra a pesar de la creciente demanda de vivienda. En términos interanuales, el PIB aumentó un 3,3%, impulsado principalmente por el consumo público, que creció un 5,1%, en parte debido al incremento de presupuestos en personal, sanidad y educación por parte de las comunidades autónomas. El consumo privado también avanzó un 3%, favorecido por el crecimiento de la población inmigrante, que representó el 85% del empleo generado en los primeros nueve meses del año. Las exportaciones subieron un 4,3%, mientras que las importaciones aumentaron un 3,2%. La inversión, aunque creció un 1,6% interanual, sigue mostrando una evolución débil, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. No obstante, sectores como las manufacturas (+4,4%) y las actividades inmobiliarias (+7,6%) han mostrado un desempeño destacado. A pesar de que el PIB total se sitúa un 6,6% por encima de los niveles prepandemia, el PIB per cápita solo ha crecido un 3,1%, reflejando que parte del crecimiento se debe a la mayor población activa y no a mejoras en la productividad. Además, el consumo per cápita sigue un 0,7% por debajo de las cifras previas a la crisis sanitaria, lo que contribuye a la percepción de una recuperación económica más lenta. Mirando hacia 2024, los analistas anticipan una moderación gradual del crecimiento, que podría situarse en torno al 2,5%. Esto se explicaría por un menor impulso del consumo público, un turismo más estable y un incremento de las importaciones. Sin embargo, se espera que factores como la mejora de las rentas familiares, un repunte de la inversión y una mayor ejecución de los fondos europeos sustenten el crecimiento económico del próximo año.

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(La Vanguardia, 24-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga dos años el "escudo antiopas" para limitar inversiones extranjeras en sectores estratégicos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la extensión, hasta el 31 de diciembre de 2026, del régimen transitorio que suspende la liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España procedentes de países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Esta medida, conocida como "escudo antiopas", tiene como objetivo proteger sectores estratégicos y de interés nacional que puedan comprometer la seguridad, salud o el orden público. La prórroga afecta a las inversiones reguladas en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio. El régimen es aplicable a inversiones extranjeras directas que impliquen la adquisición de una participación igual o superior al 10% del capital social de una empresa española o la obtención de control sobre la misma, según lo estipulado en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. En el caso de empresas no cotizadas, el escudo se activa si la inversión supera los 500 millones de euros. Para las empresas cotizadas, afecta a aquellas con sede social en España y cuyas acciones, total o parcialmente, se negocien en mercados secundarios oficiales españoles. Asimismo, este régimen también cubre inversiones realizadas por residentes en España cuando el control efectivo de la inversión corresponda a personas o entidades residentes en países de la UE o la AELC. En este contexto, la titularidad real se define como la posesión directa o indirecta de más del 25% del capital o derechos de voto, o el control efectivo a través de otros medios. Con esta prórroga, el Gobierno refuerza su compromiso de salvaguardar sectores clave frente a adquisiciones que puedan poner en riesgo intereses estratégicos nacionales.

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(El Periódico, 24-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga el Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos hasta junio

El Gobierno ha decidido extender hasta el 30 de junio de 2025 las ayudas contempladas en el Plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta prórroga reafirma el compromiso del Ejecutivo con la movilidad sostenible. Además de esta ampliación temporal del programa, que cuenta con un presupuesto total de 1.550 millones de euros, el Gobierno ha prolongado también hasta el 30 de junio de 2024 la deducción fiscal del 15% para la compra de vehículos eléctricos. De esta manera, las comunidades autónomas podrán seguir gestionando las solicitudes de ayuda destinadas a la adquisición de vehículos cero emisiones, atendiendo a las demandas del sector automovilístico, que había solicitado la continuidad del programa ante la falta de incentivos adicionales. El Plan Moves III ya había sido prorrogado en junio pasado, tras la salida de Wayne Griffiths, ex presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y CEO de Seat/Cupra, quien había liderado varias iniciativas para fomentar la compra de coches eléctricos. El actual presidente de Anfac y CEO de Grupo Renault España, Josep Maria Recasens, señaló recientemente que mantenía conversaciones con el Gobierno para garantizar la continuidad de estas ayudas. Según Recasens, la estructura del Plan Reinicia Auto+, diseñado para atender a los afectados por la DANA en Valencia, podría servir como modelo para futuros programas de incentivos más efectivos y de mayor impacto en el mercado de vehículos eléctricos. Recasens destacó que el éxito del Plan Reinicia Auto+ podría sentar las bases para un Moves más ambicioso, asegurando que en su última reunión con el Ministerio de Industria recibió el compromiso del Gobierno de extender las ayudas para fortalecer el sector y fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible en España.

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(Cinco Días, 23-12-2024) | Fiscal

En vigor el impuesto a las comisiones y los intereses de la banca y tipo mínimo global del 15%

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el paquete fiscal aprobado el pasado jueves en el Congreso, que incluye un impuesto sobre las comisiones e intereses de las entidades bancarias, un tributo mínimo global del 15% para las multinacionales, un gravamen sobre los vapeadores y otras medidas impositivas. A través de un real decreto firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta reforma fiscal, respaldada en la Cámara Baja con los votos de partidos como ERC, Junts, Podemos, Bildu y Coalición Canaria, entrará en vigor el domingo, un día después de su publicación en el BOE. Uno de los puntos centrales de esta reforma, cuyo cumplimiento es necesario para desbloquear 7.200 millones de euros en fondos europeos, es la transformación del gravamen sobre la banca. Este, originalmente implementado como una prestación patrimonial vinculada a las medidas por la guerra en Ucrania, caducará el 31 de diciembre y pasará a ser un impuesto. Esto permitirá que las haciendas forales y las comunidades autónomas puedan gestionarlo directamente. El gravamen bancario tendrá un tipo progresivo, que oscilará entre el 1% para los márgenes de hasta 750 millones de euros y el 7% para aquellos superiores a los 5.000 millones de euros. La recaudación se distribuirá entre las comunidades autónomas de régimen común al año siguiente, en función de su PIB, siguiendo el modelo de financiación autonómica acordado entre el Gobierno y ERC. Además, la reforma incluye medidas para combatir prácticas fraudulentas en el sector de los carburantes, como las llevadas a cabo por las conocidas como missing traders, empresas que desvían el IVA cobrado en la venta de hidrocarburos a gasolineras, generando pérdidas para Hacienda. En cuanto a otros aspectos, se introduce una mayor fiscalidad sobre el tabaco y los vapeadores, un IVA armonizado a nivel europeo para alquileres de corta duración y la obligatoriedad de emitir facturas electrónicas en todas las transacciones comerciales entre empresarios y profesionales. El PNV logró incluir enmiendas que permiten que las deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en el País Vasco sean aprobadas por sus instituciones competentes, siempre que se ajusten al Plan de Recuperación. Asimismo, se han adoptado medidas para minimizar el impacto de una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parcialmente una reforma previa del Impuesto de Sociedades. El Ministerio de Hacienda busca limitar las deducciones de las grandes empresas para alinear su tributación efectiva con el tipo nominal. Por otro lado, se ha reducido el tipo del Impuesto de Sociedades para las empresas con facturación inferior a un millón de euros: las bases imponibles de hasta 50.000 euros tributarán al 17%, mientras que el resto lo hará al 20%. Este ajuste será gradual hasta 2027. También se incrementa en dos puntos el gravamen de las rentas de capital superiores a 300.000 euros, que pasa del 28% al 30%. Entre otras medidas destacadas, se aprobó una enmienda del PSOE y Junts para garantizar que las personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez no pierdan su pensión si intentan reincorporarse al empleo y no pueden continuar. Asimismo, se establece una bonificación para contrataciones en entidades deportivas no profesionales y exenciones para rendimientos artísticos obtenidos de manera excepcional. Finalmente, la reforma incluye una modificación en el régimen fiscal de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), permitiendo que estos fondos se destinen a la rehabilitación de viviendas protegidas para su arrendamiento a personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, manteniendo las ventajas fiscales asociadas.

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(Expansión, 23-12-2024) | Fiscal

El Supremo da alas a Hacienda para subir la tasación de vivienda en compraventas

El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado las comprobaciones del valor de los inmuebles basadas en tasaciones hipotecarias en ausencia del valor de referencia del Catastro. En estos casos, los contribuyentes podrán impugnar dichas valoraciones a través de un procedimiento de contradicción. Esta relevante sentencia otorga margen a Hacienda para incrementar la tasación de inmuebles en el momento de la compraventa, lo que puede derivar en un aumento de la carga fiscal correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD). El fallo introduce nuevos criterios jurisprudenciales en un asunto que ha generado mucha polémica en los últimos años: el valor de transmisión de los inmuebles. De acuerdo con la doctrina establecida, las autoridades fiscales podrán llevar a cabo comprobaciones basadas en tasaciones hipotecarias cuando no exista un valor de referencia catastral. Es decir, si Hacienda no está conforme con el precio declarado en la escritura, las administraciones autonómicas pueden iniciar un procedimiento para verificar el valor del inmueble utilizando la tasación hipotecaria, sin necesidad de justificar indicios de fraude. Según el Supremo, basta con que el valor de tasación sea superior al precio reflejado en la escritura de adquisición. Con esta decisión, el Supremo unifica la doctrina frente a los criterios divergentes de distintos Tribunales Superiores de Justicia, proporcionando claridad sobre cuándo se justifica que la Administración lleve a cabo estas comprobaciones. La jurisprudencia establece que la Administración puede considerar justificada la apertura de una comprobación cuando haya una diferencia significativa entre el valor declarado por el contribuyente y el valor asignado en la tasación hipotecaria. Esto es particularmente relevante porque ambos valores son conocidos simultáneamente por el interesado: en la escritura de adquisición y en la de préstamo hipotecario. Asimismo, el Tribunal señala que Hacienda puede basar su comprobación exclusivamente en la tasación hipotecaria, sin necesidad de realizar otras investigaciones. La Administración puede utilizar este medio de comprobación de valores conforme al artículo 57.1.g) de la Ley General Tributaria (LGT), sin estar obligada a demostrar previamente que el valor asignado en la tasación hipotecaria coincide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto ni a justificar la existencia de posibles elementos de fraude. No obstante, el Supremo también introduce garantías para los contribuyentes. En caso de que consideren que el valor declarado en la escritura refleja el precio real del inmueble, a pesar de que la tasación hipotecaria sea superior, pueden recurrir la liquidación a través de un procedimiento de contradicción. Finalmente, el Tribunal destaca que los contribuyentes pueden contradecir las comprobaciones realizadas por Hacienda, tanto en vía administrativa como judicial, en virtud del artículo 57.1.g) de la LGT. Sin embargo, también subraya la importancia de que los interesados presenten pruebas para refutar el valor comprobado por la Administración. En el caso concreto analizado, el Supremo menciona que los recurrentes no aportaron elementos probatorios de peso que desvirtuaran la tasación hipotecaria, lo que llevó a la resolución favorable para la Administración.

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(Expansión, 23-12-2024) | Fiscal

La banca podrá repercutir el nuevo impuesto especial a sus clientes

El nuevo impuesto especial que sustituirá al gravamen aplicado a los bancos durante los últimos dos años presenta una diferencia clave: a diferencia del anterior, que prohibía explícitamente a las entidades financieras trasladar su coste a los clientes mediante créditos, depósitos o comisiones, el texto del nuevo tributo ya no incluye ninguna referencia a esta restricción, lo que permitirá a los bancos repercutirlo. Hace dos años, cuando el Gobierno, con la aprobación del Parlamento, instauró el gravamen especial para bancos y empresas energéticas debido a los beneficios extraordinarios que estas entidades estaban obteniendo, se estableció de forma expresa que ese coste adicional no podía trasladarse a los clientes. El preámbulo de la ley de diciembre de 2022 que regulaba dicho gravamen especificaba textualmente: "La nueva prestación no es deducible en el impuesto sobre sociedades y no puede trasladarse a los clientes, constituyendo infracción grave el incumplimiento de la prohibición". Para garantizar el cumplimiento de esta medida, se asignó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la supervisión de las entidades de crédito, con la colaboración del Banco de España. La CNMC debía elaborar un informe sobre el comportamiento de los bancos tras recabar información del Banco de España, aunque este informe aún está pendiente de aprobación. En su momento, tanto las asociaciones del sector bancario como diversas entidades recurrieron el gravamen en los tribunales, alegando que era discriminatorio al no aplicarse a todos los bancos, que suponía una doble imposición, que su cálculo basado en ingresos y no en beneficios era injustificado, y que la prohibición de trasladar el coste a los clientes contravenía la obligación de los bancos de considerar todos sus gastos al fijar las condiciones de créditos o depósitos. Dichos recursos judiciales aún no han sido resueltos. El nuevo impuesto introduce cambios respecto al gravamen temporal. Ahora se aplicará de manera progresiva a todas las entidades según el volumen de ingresos obtenidos por intereses y comisiones en España, con tipos que oscilan entre el 1% y el 7%. Sin embargo, esta progresividad no tiene en cuenta las particularidades de ciertas regiones donde pequeñas entidades generan mayor actividad. El cambio más significativo es la eliminación de la prohibición de repercutir el impuesto en las operaciones con clientes. Según un alto ejecutivo de una de las principales entidades, esto conllevará inevitablemente un "aumento en la curva de tipos de interés", es decir, un encarecimiento de los préstamos y otros servicios financieros. Esta observación coincide con la opinión del Banco Central Europeo, que advierte que el nuevo impuesto podría reducir los beneficios bancarios y, por ende, limitar la capacidad de las entidades para reforzar su solvencia. Esto podría traducirse en restricciones al crédito y condiciones menos favorables para los clientes, lo que también podría agravar la fragmentación del sistema financiero en Europa.

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(El País, 23-12-2024) | Fiscal

El Gobierno aprueba hoy la prórroga del gravamen a las energéticas

Este lunes 23 de diciembre, el Gobierno celebrará el último Consejo de Ministros del año, donde se espera aprobar un conjunto de medidas económicas, que incluyen la extensión del gravamen a las grandes energéticas hasta 2025, la prórroga de las bonificaciones al transporte público y el incremento de las pensiones. Entre las medidas previstas, se encuentra un real decreto ley que extenderá el gravamen a las grandes energéticas durante 2025. Este compromiso del Gobierno con sus socios (ERC, Bildu y BNG) podría no recibir el respaldo del Congreso debido a la oposición de PNV y Junts. Tras la reciente derogación del gravamen con los votos de PP, Junts, PNV y Vox, el Ejecutivo se ve obligado a aprobarlo nuevamente en lugar de prorrogarlo, como inicialmente había planeado. Por otro lado, aún no está confirmada la subida de la fiscalidad del diésel para igualarla con la de la gasolina, un ajuste que el Gobierno planea incluir en un decreto independiente que todavía está en negociación con sus socios. Según Ione Belarra, líder de Podemos, el Consejo de Ministros aprobará también la prórroga de las ayudas al transporte público durante el primer semestre de 2025. Esto incluirá la gratuidad de los abonos de Renfe en Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional por seis meses más. Además, se mantendrán las bonificaciones para determinadas líneas ferroviarias, la gratuidad de los autobuses estatales para viajeros frecuentes, los descuentos en los abonos de transporte en Canarias y Baleares, y las ayudas para reducir al menos un 50% el coste de los abonos y títulos multiviaje en transporte colectivo urbano e interurbano. El Gobierno seguirá subvencionando una rebaja del 30% en el transporte público para aquellas comunidades autónomas y entidades locales que completen los descuentos hasta alcanzar al menos el 50% en los servicios de su competencia. Otra medida destacada será la prórroga durante todo 2025 de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables, una iniciativa que se implementó en 2020 como respuesta a la pandemia. Sin embargo, no está claro si se extenderá la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables ni si se ajustará el calendario para reducir progresivamente el bono social eléctrico, cuya cobertura actual disminuiría en julio de 2025. Además, se aprobará un real decreto de prórroga presupuestaria para ajustar las cuentas de 2023, vigentes debido a la falta de aprobación de nuevos presupuestos para 2024. Aunque la prórroga es automática, requiere ajustes técnicos y políticos. En este caso, queda descartado incluir un incremento salarial para los empleados públicos, cuya negociación comenzará en enero. En cuanto a las pensiones, se prevé una revalorización del 2,8% para 2025, basada en la inflación interanual de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Sin embargo, aún no se ha detallado el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, que deberían incrementarse en mayor medida según la última reforma. También queda pendiente la actualización del ingreso mínimo vital (IMV) y la definición del salario mínimo interprofesional (SMI), que será prorrogado temporalmente hasta establecer una nueva cuantía con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En el ámbito de la movilidad, el Plan Moves III, que promueve la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de recarga, finalizará el 31 de diciembre si no se prorroga. La patronal Anfac señala que el Gobierno trabaja en una posible extensión de estas ayudas y solicita también prolongar la desgravación del 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos. Por otro lado, parece poco probable que se mantengan más allá de este año las rebajas del IVA aplicadas a alimentos básicos y electricidad, dado que estas medidas han ido ajustándose conforme el precio mayorista de la electricidad se normalizaba.

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(El Periódico, 23-12-2024) | Fiscal

Moncloa subirá el mínimo exento del IRPF a 15.876 euros en el escudo social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto extender durante 2025 al menos cinco medidas del decreto anticrisis implementado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Entre estas se encuentran el aumento del mínimo exento para declarar el IRPF a 15.876 euros, la renovación escalonada del bono social eléctrico, la reducción del IVA del aceite de oliva al 4%, la suspensión de los desahucios para familias vulnerables y la prolongación por seis meses de los descuentos al transporte, medidas negociadas recientemente con Podemos. Estas iniciativas, dirigidas a los sectores más vulnerables, se anunciarán hoy y buscan aliviar el impacto sobre las cuentas públicas, que este año asumieron un gasto cercano a los 3.000 millones de euros debido a los paquetes de ayudas vigentes. El contenido del nuevo escudo social ya ha comenzado a perfilarse. Desde 2025, el límite exento en el IRPF será de 15.876 euros anuales, tras el ajuste vinculado al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), según lo aprobado en junio por el Consejo de Ministros. Esta medida beneficiará a 5,2 millones de contribuyentes con rentas bajas y medias, incluidos asalariados y pensionistas, generando un ahorro fiscal de 1.385 millones de euros, según Hacienda. En 2023, este umbral ya había subido de 14.000 a 15.000 euros. Asimismo, Podemos consiguió que se prolongara la suspensión de los desahucios durante todo 2025. Aunque el Congreso ya aprobó en junio extender esta medida para las familias vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028, algunos socios de investidura de Sánchez han solicitado convertirla en una norma permanente para evitar que futuros gobiernos puedan eliminarla. "El futuro sigue siendo incierto, como reconoce el Banco Central Europeo", señaló la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante el debate parlamentario sobre esta legislación, que contó con el apoyo mayoritario salvo la abstención de Vox. Por otra parte, la prohibición de cortes en los suministros básicos aún no está garantizada. Aunque Bildu logró negociar una prórroga de seis meses, esta medida caducará el próximo 31 de diciembre si el Ejecutivo no impulsa una nueva moratoria, como exige el partido. Dado que Hacienda está en plena negociación presupuestaria, Bildu podría utilizar esta situación para presionar y asegurar su extensión mediante decreto antes de fin de año. La renovación del bono social eléctrico sí está definida, pero con modificaciones. Los descuentos en la factura de la luz seguirán vigentes en 2025, aunque se reducirán gradualmente. Al inicio del año, los usuarios vulnerables recibirán una rebaja del 50%, y los vulnerables severos del 65%. Estas reducciones disminuirán un 7,5% cada trimestre hasta quedar en el 35% y el 50%, respectivamente. En comparación, hasta septiembre de 2024, los descuentos eran del 65% y 80%, respectivamente. En el ámbito fiscal, el IVA del aceite de oliva permanecerá reducido al 4%, una medida que inicialmente fue temporal pero que ahora se integrará en el sistema tributario, manteniendo este tipo impositivo por debajo del 10% que tenía anteriormente. Finalmente, el Gobierno también planea mantener las ayudas al transporte público, con descuentos del 50% en el metro y gratuidad en el Cercanías, tras llegar a un acuerdo con Podemos. Este pacto incluyó el compromiso del partido de no respaldar el veto del PP a la Ley de Eficiencia en la Justicia en el Senado.

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(El Economista, 23-12-2024) | Laboral

Díaz da un año de margen para adaptar la reducción de la jornada en los convenios

El acuerdo alcanzado con CCOO y UGT para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales abre un plazo de un año para que sindicatos y patronal definan cómo implementar esta medida, siempre que el texto obtenga el respaldo necesario en el Congreso de los Diputados. La firma oficializada este viernes marca el inicio de una nueva etapa en la negociación, que ahora se traslada al ámbito político. En este contexto, las partes involucradas esperan que se incluyan ayudas adicionales para las pymes como estrategia para ganar el apoyo de los siete diputados de Junts. Tras la reciente disputa entre los ministerios de Economía y Trabajo, se presentó el texto final, que incorpora una disposición transitoria clave. Según esta disposición, las comisiones negociadoras de convenios colectivos con jornadas superiores a 37,5 horas semanales dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus acuerdos y cumplir con la nueva normativa. La transición gradual ya había sido un tema central en las discusiones entre patronal y sindicatos, cerradas a principios de año tras la convocatoria de un diálogo tripartito por parte del Ministerio de Trabajo. Según fuentes sindicales citadas por elEconomista.es, la inclusión de esta cláusula no responde a una imposición del Ministerio de Trabajo, sino a una propuesta de los propios representantes de los trabajadores, quienes buscan evitar fracturas en la negociación colectiva. Por su parte, tanto la CEOE como Cepyme habían rechazado una imposición directa de la reducción de jornada mediante ley, alegando su impacto en convenios vigentes con aumentos salariales ya pactados. Aunque los empresarios proponían extender el plazo de adaptación hasta el final del periodo económico de cada convenio, los sindicatos rechazaron esta opción porque, en la práctica, pospondría la reducción de jornada hasta 2028 o 2029 en ciertos casos, afectando incluso a convenios en ultraactividad. El texto acordado finalmente da un margen de unos meses para la implementación, si se cumple el objetivo del Gobierno de aprobarlo en primavera. Esta postura, defendida públicamente por el Ministerio de Economía, fue bien recibida por los empresarios, quienes consideran que una aplicación gradual tiene mayor coherencia que una entrada en vigor inmediata tras su publicación en el BOE, como planteaba inicialmente la ministra Díaz. Aun así, la redacción actual permite ambas interpretaciones. Sin embargo, fuentes empresariales afirman que el margen establecido no es suficiente para que respalden la medida, pues sigue siendo una imposición a la negociación colectiva. Tampoco convence a los diputados de Junts, cuyo apoyo será decisivo en el Congreso. Por ello, se prevé que se introduzcan nuevas medidas en el documento, como ayudas específicas a pymes y un plan de acompañamiento, similar al ofrecido en las primeras negociaciones a las patronales dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva. La posición de Foment del Treball está alineada con la CEOE, y fuentes empresariales aseguran contar con el compromiso de que el grupo de Miriam Nogueras votará en contra. No obstante, los acercamientos de la ministra Díaz a Pimec, patronal catalana integrada en Conpymes, han generado inquietud en sectores empresariales con sede en Madrid. Temen que Junts pueda cambiar su postura y apoyar la reducción de jornada a cambio de incentivos para las pymes. Aunque Pimec no mostró inicialmente mayor disposición que otras organizaciones empresariales, mantiene una actitud más abierta a negociar medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas durante la tramitación parlamentaria. Fuentes cercanas a Díaz creen que Junts cometería un error al alinearse con "la patronal española en Cataluña" y aseguran que se están manteniendo conversaciones "al más alto nivel" para garantizar el apoyo del partido catalán al proyecto de ley.

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