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(El Economista, 15-04-2025) | Laboral

La volatilidad define el mercado laboral español

Cuando se aprobó la reforma laboral a finales de 2021, no faltaron quienes advirtieran que sus efectos se notarían más en las estadísticas que en la realidad del mercado de trabajo. Desde entonces, el debate se ha centrado en la diferencia entre la "temporalidad contractual" -la que reflejan los contratos firmados- y la "temporalidad empírica", es decir, si la fuerte caída en la contratación temporal ha supuesto realmente una mejora en la estabilidad laboral. Los datos más recientes invitan a cuestionarlo: solo en marzo se registraron 1,86 millones de nuevas altas y 1,7 millones de bajas en la afiliación a la Seguridad Social, cifras que superan ampliamente las del año anterior (un 11,4% y un 19,6% más, respectivamente) y que marcan récords para ese mes. Para encontrar un marzo con tantas bajas de afiliación hay que retroceder hasta 2020, aunque el número de altas sí marca un nuevo máximo histórico. Parte de esta dinámica se puede atribuir a que hay más personas trabajando que nunca -más de 21 millones de afiliados-, lo que conlleva, lógicamente, un aumento en los movimientos de entrada y salida del mercado laboral. Sin embargo, este argumento parece entrar en conflicto con los efectos esperados de una reforma que ha elevado notablemente la contratación indefinida, supuestamente sinónimo de mayor estabilidad. Hoy en día, el 78,7% de los asalariados tienen un contrato indefinido, frente al 62,3% que había en 2019. Además, los contratos considerados de mayor calidad -los indefinidos a jornada completa- han subido del 48,8% al 58,3%. Entonces, ¿cómo se puede hablar de estabilidad cuando por cada 100 nuevas afiliaciones se producen 91,4 bajas? Desde 2012, año en que comenzó la serie histórica de la Tesorería General de la Seguridad Social, la volatilidad del empleo ha ido en aumento. Aunque existe variación mensual, los datos de marzo muestran que esta tendencia persiste en niveles muy altos, incluso tras la reforma laboral. Esto refleja un problema estructural del mercado laboral español: a pesar de que el balance entre nuevas contrataciones y bajas sea positivo (se genera más empleo del que se destruye), cualquier situación de incertidumbre puede revertir esta tendencia rápidamente. Esta es la razón por la que, durante las crisis, España pierde mucho más empleo que otros países europeos, y al mismo tiempo, en épocas de recuperación, crea más puestos de trabajo... aunque sigue manteniendo una tasa de paro muy elevada. Esta visión es compartida por Xavier Cuadras-Morató, presidente del Instituto Catalán de Estadística (Idescat), en un informe presentado en marzo durante el 'Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya' y que recientemente comentó en un acto de PIMEC. Aunque su análisis se centra en Cataluña, sus conclusiones son significativas, ya que esta es la comunidad con la menor proporción de contratos temporales: un 11,2%, frente al 15,5% del conjunto del país, lo que la sitúa a la par de la media de los países de la Unión Europea. No obstante, Cuadras-Morató introduce el concepto de "temporalidad empírica", desarrollado por investigadores como José Ignacio Conde-Ruiz y Florentino Felgueroso (de Fedea), quienes señalan que, aunque ha bajado el número de contratos temporales, la rotación en el empleo -altas y bajas- sigue siendo igual de intensa y con patrones estacionales muy similares a los de antes. Una de las claves de esta aparente contradicción está en el cambio de comportamiento dentro de los contratos indefinidos, especialmente en los fijos discontinuos (que representan solo un 5,6% del total), pero también en otras modalidades. En la práctica, estos contratos reproducen dinámicas propias de los temporales, lo que ha compensado la disminución de las bajas entre los empleados con contratos eventuales. En marzo, por ejemplo, hubo una media diaria de 19.600 bajas entre trabajadores con contratos indefinidos ordinarios y 19.300 entre fijos discontinuos, mientras que entre los temporales se produjeron 39.000 bajas.

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(El Periódico, 15-04-2025) | Laboral

La jornada laboral tardará hasta 30 años en bajar a 37,5 horas semanales sin una ley que la reduzca, según UGT

En 2005, los trabajadores acogidos a convenios en España tenían una jornada laboral media de 1.751 horas anuales, lo que equivale a unas 38,4 horas por semana. Dos décadas después, en 2025, la cifra apenas ha variado: ahora trabajan una media de 1.749 horas al año, es decir, solo dos horas menos, lo que representa una reducción diaria de apenas unos minutos. Así lo indican los datos más recientes publicados por el Ministerio de Trabajo. Según un estudio elaborado por la UGT de Catalunya, si esta tendencia continúa sin que exista una normativa que obligue a reducir la jornada, no se alcanzarán las 37,5 horas semanales hasta dentro de 30 años. El informe, presentado este lunes, analiza la evolución de la jornada laboral pactada en los convenios colectivos y plantea varias proyecciones a futuro. En el mejor de los casos, esa reducción podría lograrse en 13 años; en un escenario intermedio, en 18 años; y en el más pesimista, no se alcanzaría hasta dentro de 31 años. Y ese cálculo es solo una media. Si se considera cuándo todos los trabajadores catalanes podrían beneficiarse de una jornada de 37,5 horas semanales a través únicamente de la negociación colectiva, esa meta no se alcanzaría hasta el año 2150, es decir, dentro de 125 años. "Cuando la patronal tiene margen y la negociación colectiva no tiene suficiente fuerza, tiende a alargar la jornada", explicó Óscar Riu, secretario de política sindical de UGT, durante la rueda de prensa. De hecho, aunque hay sectores donde se ha reducido el tiempo de trabajo, en otros ha aumentado. UGT critica así el argumento utilizado por las patronales, que sostienen que la jornada ya se está reduciendo poco a poco gracias a las negociaciones colectivas, por lo que no sería necesaria una ley. El sindicato rebate esta idea señalando que incluso en sectores con fuerte representación sindical resulta difícil avanzar en este terreno. "Las patronales evitan entrar en el debate. Esto es una demanda social urgente y no podemos esperar décadas para lograr avances reales", insistió Riu. Los sectores más precarizados son, precisamente, los que más tardarían en ver reducida su jornada laboral. Entre ellos se encuentran el transporte de mercancías por carretera, la industria pastelera, las panaderías o las tintorerías, cuyos convenios siguen fijando el máximo de 40 horas semanales. En cuanto al panorama político, la aprobación de la ley que el Gobierno plantea para reducir la jornada laboral aún no está garantizada. El respaldo de Junts es clave para reeditar la ajustada mayoría parlamentaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, pero, por ahora, la formación catalana se inclina más por rechazar la propuesta. Con el objetivo de presionar, los sindicatos ya organizaron el mes pasado una movilización en Barcelona con miles de delegados para convencer a Junts. Además, la reducción de la jornada será una de las principales reivindicaciones en las manifestaciones del próximo Primero de Mayo. La incertidumbre en torno a esta ley también está teniendo efectos prácticos: muchas negociaciones de convenios están paralizadas, lo que implica una congelación temporal de los salarios. "Tenemos bloqueado el convenio del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD)", indicó Riu, quien también señaló que en breve comenzarán las negociaciones del convenio del metal, ya anticipando complicaciones por este mismo motivo.

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(Cinco Días, 15-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas europeas avanzan un 2%, pero la euforia se contiene ante el caos arancelario

El desconcierto sobre las políticas comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump continúa generando inestabilidad en los mercados globales. Las decisiones de la Casa Blanca respecto a los aranceles cambian con tal rapidez que resulta complicado para los inversores anticiparse o reaccionar con claridad. Un día se anuncian exenciones para productos como teléfonos móviles, ordenadores o semiconductores; al siguiente, se aclara que la medida será provisional; y poco después, el propio Trump afirma que esos productos tendrán un arancel concreto que se definirá más adelante. Esta falta de coherencia refleja el mismo desorden que ha caracterizado su gestión desde que inició la imposición -y posterior suspensión parcial- de tarifas a países socios. La confusión genera un clima de indecisión en los mercados, donde los inversores optan por la cautela ante un escenario tan volátil. Aunque la noticia de una posible suspensión de aranceles sobre tecnología debería ser favorable para las grandes empresas del sector, el escepticismo prevalece y frena el entusiasmo general. La dificultad de tomar decisiones estratégicas en un entorno tan impredecible ha limitado el repunte de las bolsas. Aun así, este lunes, los principales índices europeos han registrado avances cercanos al 2%. El DAX alemán subió más del 2,4% y el Ibex 35 superó los 12.500 puntos con una ganancia del 2%. En comparación, los mercados estadounidenses muestran un rendimiento más moderado, con alzas alrededor del 1%, impulsadas por el respaldo económico de la Reserva Federal y buenos resultados bancarios. Apple, en particular, podría experimentar una recuperación tras perder un 12% desde el anuncio arancelario del pasado 2 de abril. El índice de volatilidad CBOE, que mide el nerviosismo del mercado, se mantiene cerca de 40 puntos, muy por encima de su promedio histórico. En Asia, el buen ánimo también se contagió y el Nikkei de Tokio cerró con un aumento del 1,27%. Desde Goldman Sachs advierten de un deterioro en la liquidez del mercado bursátil en las últimas semanas, debido al aumento de la volatilidad derivada de la preocupación por los aranceles. Esta situación es típica de momentos en los que el apetito por el riesgo cae y se endurecen las condiciones financieras. El temor a una posible recesión este mismo año también está dejando huella en los mercados de deuda, especialmente en Estados Unidos, tradicionalmente visto como un refugio seguro. Las decisiones impredecibles del presidente han incrementado la desconfianza de los inversores a niveles comparables con los vividos durante la pandemia o la crisis financiera global. Esto ha provocado una oleada de ventas en diferentes activos, afectando primero a la renta variable, luego a la renta fija y también al dólar. Este lunes, los bonos estadounidenses han registrado un leve respiro. El rendimiento del bono a 10 años -que se mueve en sentido inverso al precio- ha caído tres puntos básicos y se ubica por debajo del 4,5%. El dólar, por su parte, también se ve afectado por esta fuga de capitales de EE. UU., en un fenómeno conocido como "vender América". Se trata de una dinámica peligrosa: las ventas masivas pueden retroalimentarse y agravar la situación. Además, un encarecimiento del coste de financiación podría perjudicar seriamente a la economía estadounidense. La moneda norteamericana se encuentra en mínimos de tres años y el euro se intercambia a 1,13 dólares. En este contexto, monedas como el yen japonés y el franco suizo ganan protagonismo como opciones seguras ante la inestabilidad. "Los aranceles se han aplicado de forma errática y con dureza, lo que ha provocado una gran incertidumbre", señalan los analistas de IG a Reuters. "Las nubes no han desaparecido del horizonte". En cuanto a las materias primas, el precio del barril de Brent se mantiene estable, rondando los 65 dólares.

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(Expansión, 15-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump promete más aranceles en plena capitulación de los impuestos

El presidente de Estados Unidos ha afirmado que pronto anunciará la imposición de aranceles al sector farmacéutico, aunque no ha aclarado si seguirá vigente la exención que beneficia a la industria tecnológica, mientras circulan rumores sobre una posible suspensión de los gravámenes aplicados al sector automotriz. Washington parece estar reculando en su estrategia arancelaria, aunque el mandatario, Donald Trump, continúa enviando mensajes contradictorios, evidenciando así la falta de una dirección clara en su política comercial. ¿Siguen libres de aranceles los productos tecnológicos y electrónicos frente al impuesto del 145% que EE. UU. ha impuesto a China? La versión oficial de la Casa Blanca indica que sí, que están excluidos. Sin embargo, Trump sostiene lo contrario: asegura que esos productos serán gravados, aunque aún no es el momento. Después de un fin de semana lleno de anuncios confusos y desmentidos por parte de su equipo -que parece no tener una postura definida-, el presidente había prometido aclarar la situación, pero no cumplió. En lugar de ello, desvió la atención con una vieja amenaza: impondrá aranceles a la industria farmacéutica "en un futuro cercano". ¿Cuándo exactamente? "Pronto", se limitó a decir. Tras reunirse con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Trump evitó referirse directamente a la posible exención del sector tecnológico, ni a las rectificaciones que ha ido haciendo en sus amenazas comerciales. Solo señaló que adoptará una postura "flexible" en cuanto a la imposición de aranceles a productos de Apple, como ordenadores y teléfonos. Por otro lado, ayer comenzaron a circular rumores sobre una posible pausa en los aranceles del 25% que se aplican globalmente a la industria automotriz. Si se confirma, esto supondría la retirada de casi todas las medidas proteccionistas anunciadas en el denominado Día de la Liberación, el pasado 2 de abril. Solo se mantendrían los aranceles a China, que aunque conservan el tipo del 145%, ahora se aplican a un menor número de importaciones. Actualmente, la atención de Trump está centrada en China dentro de su guerra comercial. Incluso no dudó en criticar el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo vietnamita, Luong Cuong, así como con To Lam, el máximo líder del Partido Comunista de Vietnam. Trump calificó la reunión como "encantadora y maravillosa", pero insinuó que ambos gobiernos buscan perjudicar a EE. UU. "Durante el gobierno de Biden, perdimos billones de dólares en comercio con China. Él permitió que nos explotaran, y eso ya no puede continuar. ¿Saben qué? No culpo a China. No culpo al presidente Xi. Me cae bien. Yo también le caigo bien", afirmó Trump. Pese a estas palabras, la relación entre ambos países está marcada por una creciente tensión comercial. Estados Unidos mantiene un arancel del 145% a productos chinos, mientras que Pekín responde con un 125% a las importaciones estadounidenses. En este escenario, Xi Jinping ha comenzado una gira por el Sudeste Asiático con la intención de fortalecer alianzas económicas y contrarrestar la influencia estadounidense en la región. De hecho, EE. UU. ya está negociando con países como Vietnam la posibilidad de suavizar los aranceles mutuos a partir del verano, tras una suspensión temporal de 90 días. No sorprende, entonces, que la primera escala del presidente chino haya sido Hanói. La visita fue muy simbólica, con una ceremonia de bienvenida en el aeropuerto encabezada por Luong Cuong, alfombra roja incluida, y un despliegue notable de banderas. En su agenda figura la firma de al menos una decena de acuerdos bilaterales, con los que China busca reafirmar su rol como socio confiable en la región frente a la ofensiva comercial de EE. UU.

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(El País, 15-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno confía en reforzar los puentes con Washington con la visita de Cuerpo al secretario del Tesoro

El Ejecutivo considera que, una vez más, la realidad ha desmontado las críticas del Partido Popular a la política exterior de Pedro Sánchez. Los populares arremetieron contra el presidente por su viaje a Pekín, especialmente por la reunión de tres horas con el mandatario chino, Xi Jinping, al considerar que esto podría generar tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, apenas unos días después, el Gobierno anunciaba un nuevo viaje a Washington del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con el objetivo de fortalecer los lazos con EE. UU. y tranquilizar a los inversores. En ese encuentro, Cuerpo se reunirá con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y miembro del equipo de Donald Trump, quien había criticado el acercamiento de Sánchez a China con una frase provocadora: "No sé si el primer ministro o el ministro de Economía de España dijeron que todos deberíamos acercarnos más a China, pero eso sería como cortarse la garganta". Desde el punto de vista del Gobierno, la visita de Cuerpo es la prueba de que las relaciones entre Madrid y Washington no atraviesan una crisis, como sostiene el PP. Aunque es evidente que Sánchez y Trump están muy alejados ideológicamente y no se prevé una reunión entre ambos -a diferencia de la ultraderechista Giorgia Meloni, que sí viajará a Washington-, fuentes del Ejecutivo insisten en que se mantiene el respeto institucional entre ambos países y que los canales de comunicación siguen operativos. Además, aseguran que el viaje de Cuerpo se ha coordinado con la Comisión Europea, al igual que ocurrió con el desplazamiento de Sánchez a China, desmontando así otra crítica del PP, que afirmaba que España actuaba de forma aislada y sin consenso europeo. Desde el Ejecutivo destacan que, antes del viaje, Sánchez habló con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y ella misma ha confirmado que también visitará Pekín en julio para participar en una cumbre bilateral entre China y la UE. "La posición de España es la misma que la de la Comisión", repitió Sánchez durante su estancia en Asia, que también incluyó una visita a Vietnam, país muy afectado por los aranceles impuestos por Trump. En ese contexto, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dejó claro que estrechar lazos con China no significa romper con Estados Unidos. Por su parte, tanto Albares como el ministro de Agricultura, Luis Planas, restaron importancia a las palabras de Bessent, calificándolas como un comentario informal hecho durante una cena y no como una postura oficial del Gobierno estadounidense. Además, subrayan que Trump no ha hecho ninguna declaración sobre España, y que incluso Marco Rubio, secretario de Estado con Trump, conversó con Albares antes del viaje a Pekín sin expresar ningún tipo de preocupación. Desde la perspectiva del Gobierno, la visita a China se enmarca dentro de una estrategia diplomática coherente y ha sido un éxito, consolidando las relaciones entre ambos países tras tres viajes oficiales de Sánchez a China en los últimos años. Xi Jinping agradeció este acercamiento y avanzó que algunas de las inversiones chinas en España podrían concretarse próximamente. Pese a ello, el PP mantiene su postura crítica. El viaje de Carlos Cuerpo no ha hecho que cambien su discurso, y consideran que el Gobierno debió "posponer" el encuentro con Xi. Además, señalan posibles intereses personales de José Luis Rodríguez Zapatero detrás de la visita, dado que el expresidente asistió días antes al foro económico de Boao, en China. "Hay que dar explicaciones sobre lo que se está negociando y qué papel tiene Zapatero en esta agenda exterior que puede perjudicar a nuestra economía", afirmó Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reforzó las críticas calificando el viaje a China de "imprudencia", y advirtió del "riesgo real" de que la administración Trump lo interprete como una provocación. Feijóo habló antes de conocer la visita de Cuerpo a EE. UU. y aseguró que no se ha informado con claridad sobre los objetivos del viaje ni los acuerdos alcanzados, a pesar de que Sánchez detalló en rueda de prensa varios pactos, como la apertura del mercado chino a productos españoles como la carne de cerdo, cosméticos y medicamentos. "Esperamos que no se interprete como una provocación", reiteró Feijóo. En cambio, salvo que el encuentro de este martes entre Cuerpo y Bessent termine en confrontación, el viaje parece indicar lo contrario. Por otro lado, Feijóo sí respalda la estrategia negociadora de la Comisión Europea respecto a los aranceles de Trump, una postura que Sánchez asegura compartir. El líder del PP no aclaró aún cómo votará su partido el decreto del escudo antiaranceles, aunque criticó al Gobierno por ignorar sus propuestas. Este martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar algunas medidas vinculadas a ese escudo, y el Ejecutivo confía en que, a su regreso de Washington, pueda convencer al PP de apoyarlo en el Congreso.

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(El Periódico, 15-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sanidad ratifica que las enfermeras podrán prescribir medicamentos pese al rechazo de los médicos

La nueva ley del medicamento ha generado una oleada de críticas por parte de diversos sectores, incluyendo a profesionales médicos, la industria farmacéutica, distribuidores y farmacias. Ante este panorama, el Ministerio de Sanidad ha convocado una rueda de prensa con el objetivo de aclarar puntos controvertidos del texto legal y responder a las inquietudes manifestadas. Durante el encuentro, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ratificó la intención del Gobierno de mantener la propuesta de que enfermeras y fisioterapeutas puedan prescribir medicamentos, siempre dentro del marco de sus competencias, a pesar del rechazo expresado por parte del colectivo médico. Padilla evitó entrar en polémicas entre los distintos profesionales sanitarios, aunque dejó claro que el Ejecutivo está abierto a revisar todas las alegaciones que se presenten y mantener el diálogo con todos los actores implicados. No obstante, subrayó que la prescripción por parte de enfermeras es una realidad ya presente en el sistema sanitario, por lo que su inclusión en la ley "es incuestionable". El anteproyecto, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, supone la primera gran reforma del ámbito farmacéutico desde los años noventa. Su presentación ha provocado múltiples reacciones, especialmente desde asociaciones médicas como la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), que considera que otorgar a enfermeros y fisioterapeutas la capacidad de recetar podría poner en riesgo la seguridad de los pacientes y alterar el actual modelo asistencial. En la misma línea, el Foro de la Profesión Médica -que reúne entidades como el Consejo General de Colegios de Médicos y la Federación de Asociaciones Científico Médicas- ha advertido que delegar nuevas competencias relacionadas con la prescripción a otros profesionales podría comprometer la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, incluso si el objetivo es agilizar los tratamientos. Este no es un debate nuevo: el año pasado, los médicos ya se opusieron a una modificación legal que permitió a los enfermeros prescribir determinados medicamentos, aunque de forma muy limitada. La nueva legislación, sin embargo, contempla una equiparación con otros profesionales sanitarios como podólogos u odontólogos, permitiéndoles recetar en condiciones similares, siempre dentro de sus respectivas áreas de conocimiento. Javier Padilla defendió que esta medida busca reconocer el nivel formativo de estas profesiones, señalando que en muchos países europeos ya se aplica y que en la práctica cotidiana del sistema sanitario español también ocurre. Como ejemplo, relató que durante su etapa como médico de familia, en numerosas ocasiones las enfermeras introducían directamente tratamientos en la receta electrónica, sin que él tuviera necesidad de modificar nada. A su juicio, si una enfermera administra una vacuna y sugiere qué medicamento tomar en caso de fiebre, debería tener la capacidad legal para prescribir ese tratamiento. Lo mismo, indicó, se aplica a fármacos para el cuidado de heridas, ya que son ellas quienes poseen mayor experiencia en estas situaciones. En todo caso, Padilla aclaró que la ley garantizará la seguridad jurídica, estableciendo claramente qué medicamentos pueden recetar y en qué contextos, algo que se especificará mediante un reglamento posterior.

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(El Periódico, 15-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La confianza empresarial repunta levemente en el segundo trimestre, según el INE

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), experimentó un ligero incremento del 0,1% en el segundo trimestre del año respecto al anterior, lo que supone una desaceleración frente al aumento del 0,5% registrado entre enero y marzo. El indicador se sitúa ahora en 137,1 puntos, una cifra que refleja una percepción positiva, al estar por encima del nivel neutro de 100 puntos. Este valor representa el segundo más alto desde que comenzó la serie estadística en 2013, sólo superado por los 138 puntos alcanzados en el segundo trimestre de 2024. A pesar del contexto global incierto -marcado por las tensiones comerciales derivadas de las políticas arancelarias de Donald Trump-, los empresarios españoles continúan mostrando una actitud positiva, aunque con un crecimiento más moderado. El alza general del indicador se debe al incremento del subíndice de expectativas, que mide las previsiones para el trimestre actual (abril-junio), mientras que el subíndice que evalúa la situación reciente (enero-marzo) muestra un retroceso. Concretamente, el balance de expectativas -diferencia entre quienes prevén una mejora y quienes anticipan un empeoramiento- alcanzó los 11,2 puntos en el segundo trimestre, frente a los 4,1 del anterior. Esto se explica porque el 22,8% de los encuestados cree que su negocio evolucionará favorablemente (tres puntos más que el trimestre previo), mientras que sólo el 11,6% espera un deterioro (cuatro puntos menos). El resto, un 65,6%, prevé una evolución estable. En contraste, el balance de situación actual descendió de 11,3 a 4,5 puntos. Esto refleja que menos empresarios consideran que su actividad fue favorable durante el primer trimestre, mientras aumentaron los que opinan que fue negativa. En cuanto a los datos concretos del primer trimestre de 2025, el 20,3% de las empresas consideró que su negocio funcionó bien, el 15,8% opinó que fue mal, y el 63,9% señaló una evolución normal. En comparación, en el trimestre anterior estas cifras fueron del 25,2%, 13,9% y 60,9%, respectivamente. El ICEA, que se publica cada trimestre y permite comparaciones a nivel europeo, se elabora a partir de encuestas a una muestra representativa de empresas españolas. En cuanto a las previsiones empresariales, sólo el 15,6% de los empresarios espera subidas de precios en el segundo trimestre, mientras que el 4,3% prevé bajadas. Respecto al empleo, el 12,9% cree que aumentará su plantilla, frente al 7,8% que anticipa recortes. De los cinco sectores económicos analizados, cuatro muestran un aumento de la confianza en este segundo trimestre, destacando transporte y hostelería con un alza del 1,6%. El único sector con un retroceso es el de "otros servicios", con una caída del 1,1%. Por tamaño de empresa, las más pequeñas (menos de 10 trabajadores) fueron las que mostraron mayor incremento de confianza (+0,7%), mientras que las grandes compañías (con más de 1.000 empleados) sufrieron la mayor caída, con un descenso del 1,4%. A nivel territorial, la confianza empresarial creció en diez comunidades autónomas y retrocedió en siete. Los aumentos más destacados se dieron en La Rioja (+3,7%), Baleares (+3%), Comunidad Valenciana (+2,6%) y Aragón (+1,9%). En cambio, en Catalunya apenas se notó un avance, con una mejora del 0,1%.

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(El Economista, 14-04-2025) | Fiscal

La justicia blinda el uso del valor catastral de la vivienda para fijar el pago de Transmisiones

Los tribunales han respaldado la práctica de Hacienda de utilizar el valor catastral de los inmuebles como referencia para calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Desde 2022, este valor ha sustituido al valor de mercado como criterio para determinar no solo este tributo, sino también otros como el de Sucesiones y Donaciones. Recientemente, los jueces han rechazado que los contribuyentes puedan recurrir este valor únicamente presentando una tasación del inmueble. Para que una impugnación prospere, exigen una justificación detallada del valor real, que puede incluir informes periciales. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, fechada el 11 de febrero, resuelve un caso en el que un ciudadano impugnó la liquidación del ITP. El contribuyente había adquirido una vivienda cuya tasación hipotecaria era de 216.967 euros, pero Hacienda aplicó un valor de referencia de 272.000 euros para calcular el impuesto. El tribunal recuerda que la normativa del ITP establece claramente que, en operaciones con inmuebles, la base imponible se determinará a partir del valor de referencia fijado por el Catastro, salvo que este exceda el valor de mercado. El contribuyente alegó que este era el caso, y para demostrarlo presentó la tasación hipotecaria como prueba. Sin embargo, los jueces consideran insuficiente la simple diferencia entre ambos valores si no se acompaña de una justificación técnica que evidencie un error en la valoración o explique por qué el valor de referencia es superior al de mercado. A su juicio, aceptar sin más la tasación como valor válido equivaldría a convertirla en base imponible siempre que fuera inferior, lo cual no es procedente. La sentencia aclara que la tasación hipotecaria podría tener valor probatorio si se sustenta con argumentos adicionales o se acompaña de pruebas como peritajes, pero en este caso no se ha acreditado que el valor de referencia sea superior al valor real del inmueble. El contribuyente también argumentó que Hacienda debió enviar un perito a inspeccionar la vivienda para determinar su valor. No obstante, el tribunal recuerda que el artículo 46.1 de la ley del impuesto impide expresamente esa comprobación cuando la base imponible es el valor de referencia. En estos casos, no se trata de una verificación del valor, sino de aplicar directamente el valor catastral asignado. Por último, el afectado denunció que el informe del Catastro no explicaba adecuadamente cómo se había determinado el valor de referencia, dificultando su comprensión y generándole indefensión. Aunque el tribunal admite que los cálculos necesarios son complejos y que los informes pueden resultar difíciles de entender para un ciudadano medio, considera que esto no implica una falta de motivación por parte de la Administración ni vulnera los derechos del contribuyente.

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(El Economista, 14-04-2025) | Fiscal

El Gobierno abre la puerta a exenciones fiscales para las compañías de productos sanitarios

El Ejecutivo ha dado el primer paso hacia la puesta en marcha del Plan Protech. El anteproyecto de la nueva ley del medicamento -aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros- incluye el diseño de un programa de incentivos fiscales para las compañías que desarrollan y comercializan productos sanitarios. Esta iniciativa, similar al Plan Profarma que beneficia a la industria farmacéutica, también alcanzará a aquellas empresas que distribuyen productos sanitarios sujetos a prescripción médica en oficinas de farmacia, según ha informado la patronal del sector, Fenin, a elEconomista.es. La propuesta está incluida en la Disposición Adicional Sexta del texto legislativo y ha sido impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria nacional de tecnología sanitaria. Según el borrador, el incremento de la competencia en este tipo de productos -actualmente con precios sin revisar desde hace más de dos décadas- podría generar un ahorro potencial de hasta 100 millones de euros. Sin embargo, parte de esta cantidad debería destinarse a ajustar los precios antiguos que están ocasionando problemas de abastecimiento, lo que situaría el ahorro neto estimado en torno a los 50 millones de euros. El Plan Profarma, que sirve de modelo para esta nueva iniciativa, consiste en un sistema de bonificaciones para las farmacéuticas que invierten en producción e I+D en España, y que contempla la reducción de las aportaciones económicas que estas empresas deben realizar al Sistema Nacional de Salud, conforme a la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Su última edición se desarrolló en 2022 y el Ministerio de Industria pretende relanzarlo en 2025. Aunque el Plan Protech aún está en fase de desarrollo, el anteproyecto establece que su diseño y aplicación seguirán criterios similares a los del Profarma. Entre los factores que se evaluarán para conceder los incentivos estarán el volumen de producción en España, la inversión en investigación y desarrollo, así como aspectos relacionados con la sostenibilidad, como el impacto ambiental y la huella de carbono, indicadores que se han añadido recientemente a la normativa. Desde Fenin han acogido con satisfacción esta medida, que consideran una demanda histórica del sector. "Este plan debe contribuir a reforzar la innovación y la competitividad, premiando a las empresas que apuestan por invertir y producir en España, desarrollan I+D y mantienen compromisos con la sostenibilidad", señalaron desde la organización. También agradecieron la iniciativa a los ministerios implicados y manifestaron su disposición para colaborar en el diseño y puesta en marcha del futuro Plan Protech. Actualmente, el anteproyecto se encuentra en fase de Audiencia Pública, y se podrán presentar alegaciones hasta el próximo 30 de abril.

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(El Economista, 14-04-2025) | Fiscal

Las indemnizaciones por despido, accidente y divorcio quedarán exentas de IRPF sin necesidad de que las fije un juez

A partir del 3 de abril, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, ya no será necesario que un juez determine el importe de ciertas indemnizaciones para que estas queden exentas de tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta modificación supone un importante cambio para quienes reciben compensaciones por despidos, accidentes o pensiones alimenticias derivadas de un divorcio, ya que hasta ahora solo estaban libres de impuestos si eran establecidas por vía judicial. Con la nueva normativa, estas indemnizaciones pueden acordarse fuera del ámbito judicial sin que ello implique la obligación de tributar por ellas. Por ejemplo, según el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), cuando una aseguradora paga una compensación por daños físicos o psicológicos conforme a lo establecido en el baremo del tráfico, esa cantidad estará exenta de IRPF, incluso si no media una sentencia. En cuanto a las indemnizaciones por despido, la ley especifica que no se considerará que el cese fue pactado entre la empresa y el trabajador si la cuantía ha sido determinada por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) u otro organismo administrativo competente. De esta forma, el trabajador podrá beneficiarse de la exención fiscal -hasta el límite legal de 180.000 euros- sin necesidad de un fallo judicial. Asimismo, en los casos de separación o divorcio en los que se establece una pensión alimenticia, bastará con acudir a un notario o a un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para que fijen la cantidad correspondiente. Esto garantiza que los hijos que reciban dichas prestaciones no tengan que tributar por ellas en su declaración del IRPF. Más allá del ámbito fiscal, la ley busca también descongestionar los tribunales, estableciendo la obligatoriedad de intentar resolver previamente los conflictos civiles y mercantiles -incluidos los de carácter internacional- por vías extrajudiciales antes de presentar una demanda judicial. Esta exigencia responde a la intención de evitar el uso abusivo del sistema judicial, reservando el litigio para cuando no haya sido posible alcanzar un acuerdo por otros medios. Para ello, las partes deben intentar solucionar el conflicto mediante mecanismos conocidos como MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que incluyen la mediación, la conciliación, la intervención de un tercero imparcial o la presentación de ofertas confidenciales y vinculantes. Si no se llega a una solución por estas vías, entonces sí será posible acudir a los tribunales, pero será imprescindible presentar un documento que acredite el intento de resolución previa. Este justificante podrá ser un informe del tercero neutral que haya intervenido o un acuerdo entre ambas partes en el que conste que se inició un proceso de negociación. En caso de que una de las partes haya impedido o rechazado ese intento de conciliación, podría ser condenada a pagar las costas del proceso, incluso si gana el juicio.

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