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(El Economista, 23-12-2024) | Laboral

El coste laboral ha subido en 15 trimestres

El coste laboral de las empresas en España lleva acumulando incrementos anuales durante 15 meses consecutivos, pero su evolución muestra grandes diferencias territoriales. En este periodo, Baleares ha registrado un aumento del 32% y Canarias del 25,9%, mientras que en Madrid y Cantabria el crecimiento ha sido del 12,2%, menos de la mitad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta evolución ha contribuido a reducir la brecha entre las comunidades con los mayores y menores costes laborales. Mientras que en el primer trimestre de 2021 la diferencia era del 55,3%, a septiembre de 2023 se ha reducido al 41,7%. Excluyendo los casos extremos de los dos archipiélagos, por un lado, y Madrid y Cantabria, por otro, el incremento en el resto del país se ha mantenido dentro de un margen de cinco puntos porcentuales por encima o por debajo de la media nacional. El INE explica que los costes laborales incluyen las remuneraciones de los asalariados, las cotizaciones sociales a su cargo, así como gastos relacionados con formación profesional, impuestos y otros costes vinculados al empleo. Por comunidades autónomas, el coste laboral ha crecido un 19% en Extremadura, un 18,9% en La Rioja, un 18,8% en Andalucía, un 18,5% en Aragón, un 18,4% en Galicia, un 16,7% en Murcia, un 16,4% en Navarra y un 16,3% en la Comunidad Valenciana. Por debajo de la media nacional (15,9%), se encuentran Castilla y León con un 15,8%, Castilla-La Mancha con un 15,5%, Cataluña con un 15,4%, Asturias con un 14,3% y Euskadi con un 13,6%. En comparación con la media, Baleares ha registrado un aumento 16,1 puntos porcentuales superior, y Canarias, 9,9 puntos. Comunidades como Extremadura y La Rioja superan la media por 3 puntos, mientras que Andalucía, Aragón y Galicia lo hacen por entre 2,5 y 2,9 puntos. Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana están menos de un punto por encima. Por otro lado, Madrid y Cantabria se encuentran 3,7 puntos por debajo de la media, el País Vasco 2,4 puntos, Asturias 1,6, mientras que Cataluña y las dos Castillas están menos de un punto por debajo. Estos cambios han reducido las diferencias entre regiones y han modificado parcialmente el ranking por coste laboral, aunque las primeras posiciones siguen lideradas por Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña, las únicas comunidades que superan tanto la media nacional (3.020,71 euros) como los 3.000 euros. Madrid se mantiene a la cabeza con un coste laboral de 3.536,52 euros mensuales por trabajador, seguida por País Vasco con 3.532,78 euros, Navarra con 3.263,19 euros y Cataluña con 3.203,59 euros. En el extremo opuesto, Baleares, que en 2021 ocupaba la antepenúltima posición, ha escalado diez lugares gracias a su incremento del 32%, situándose ahora en el quinto puesto con 2.974,42 euros. Por el contrario, Castilla y León y Castilla-La Mancha han descendido tres posiciones, ocupando ahora el decimotercer lugar (2.701,41 euros) y el decimoquinto (2.667,50 euros), respectivamente. Cantabria ha bajado dos puestos, quedando octava con 2.790,56 euros, y Murcia, también con dos posiciones menos, es ahora undécima con 2.730,11 euros. Extremadura ha caído al último puesto, con el coste laboral más bajo del país, 2.490,56 euros al mes. Asturias (sexta con 2.945,08 euros) y la Comunidad Valenciana (novena con 2.764,38 euros) también han retrocedido un lugar. Por el contrario, Galicia ha subido al décimo puesto con 2.752,57 euros, y Canarias, tras un notable incremento, ha dejado de ocupar el último lugar, alcanzando los 2.553,91 euros mensuales.

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(El País, 23-12-2024) | Laboral

Los trabajadores ganarán poder adquisitivo el año que viene con una subida media cercana al 4%

Con un IPC más controlado que en los últimos tres años (la tasa anual de variación fue del 2,4% en noviembre), los salarios en 2024 experimentarán un aumento promedio del 4%, según Mari Cruz Vicente, secretaria confederal de Acción Sindical de CC OO. Esto permitirá una recuperación del poder adquisitivo que no se veía desde entonces. Aunque esta mejora no compensará totalmente las pérdidas acumuladas desde 2021, los sindicatos buscarán profundizar en esta recuperación mediante la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). "Finalmente se produce una recuperación del poder de compra. Además, esta vez se distribuye de manera más equitativa, en lugar de concentrarse en los directivos, como suele ser habitual", señala Jorge Herraiz, director de Talent Solutions de AON. Las perspectivas para 2025 también son positivas. Las estimaciones más optimistas prevén un aumento similar del 4%, mientras que las más conservadoras sitúan el incremento en torno al 3,3%. El informe sobre incrementos salariales 2024-2025 de la consultora Peoplematters, elaborado por Victoria Gismera, apunta a una subida cercana al 3,5%, alineándose con las previsiones de Mercer, mientras que AON estima un incremento en la banda más alta. Sin embargo, los aumentos variarán según el sector. La industria farmacéutica liderará con incrementos promedio del 10%, seguida por el comercio con un 5%, mientras que en otros sectores las subidas serán más moderadas, según Randstad Research. "Estamos regresando a la normalidad. La etapa de congelación salarial y aumentos limitados tras la covid ha dado paso a una recuperación. Este año se han registrado incrementos promedio del 4,16% en el 96% de las empresas, y el próximo año también habrá subidas significativas", explica Susana Marcos, consejera delegada de Peoplematters. "La bonanza económica es real, aunque se perciba inestabilidad. Las empresas están adoptando una gestión más estratégica de la retribución, con una política conservadora pero efectiva", añade. Un ejemplo es Tabacalera, donde las revisiones salariales abarcan tanto el salario fijo como el variable, así como incentivos a largo plazo, explica María Martín, directora de Compensación y Movilidad Global. En 2025, estos conceptos aumentarán cerca del 6% en España, superando la media del mercado, que se estima en un 3,9%. "En los últimos tres años hemos duplicado nuestro negocio, y queremos que la compensación refleje este crecimiento y nos haga más competitivos en el mercado laboral", afirma. La mayoría de las empresas, alrededor del 60%, realizan las revisiones salariales durante el primer trimestre del año. Este ejercicio los incrementos han oscilado entre el 4% para administrativos y el 4,35% para técnicos cualificados, una diferencia mínima que se mantendrá en 2025. Según Peoplematters, las subidas oscilarán entre el 3,04% para operarios y el 3,48% para comerciales. Marcos destaca que el poder adquisitivo de la clase media ha disminuido considerablemente en los últimos años, pero los convenios colectivos están impulsando mayores subidas para este segmento. "El último acuerdo nacional se está cumpliendo e incluso superando", valora Mari Cruz Vicente, quien subraya que en 2025 los aumentos salariales deberían situarse a partir del 3% e ir acompañados de un incremento del salario mínimo.

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(Expansión, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid atrae 17.000 millones de inversión extranjera frente a los 3.453 de Cataluña

Trimestre tras trimestre, la Comunidad de Madrid se consolida como el principal polo de atracción para la inversión extranjera en España, gracias a su favorable entorno fiscal, un marco institucional estable y predecible, y un ambiente empresarial diseñado para captar capital extranjero. Esta combinación de factores ha posicionado a Madrid como la región más competitiva del país y un motor clave para la economía nacional. En este contexto, entre enero y septiembre, España recibió un total de 23.607 millones de euros en inversión extranjera bruta, de los cuales 16.946 millones, casi el 72%, se dirigieron a Madrid, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio publicados ayer. Esta cifra supera ampliamente los 3.453 millones que recibió Cataluña, que en su momento lideró como principal economía regional, pero que ahora ocupa el segundo lugar, afectada por el impacto del procés y la incertidumbre generada por la inestabilidad política y jurídica. Este entorno ha erosionado la confianza tanto de los inversores extranjeros como del tejido empresarial local, donde las salidas de empresas se han intensificado ante las dudas sobre la cesión de soberanía fiscal a Cataluña. En los primeros nueve meses del año, el saldo neto de empresas en la región fue negativo en 275, más del triple que en el mismo periodo de 2023. Madrid y Cataluña concentran juntas más del 86% de la inversión extranjera directa recibida hasta septiembre (20.394 millones de un total de 23.607), dejando una participación significativamente menor al resto de comunidades. En tercer lugar, aunque a una gran distancia, se encuentra Asturias, con 596 millones de euros, seguida por Andalucía (481 millones), la Comunidad Valenciana (426 millones) y Aragón (364 millones). Si bien los 23.607 millones registrados entre enero y septiembre representan un aumento del 21,7% en comparación con los 19.392 millones del mismo periodo de 2023, las cifras no son estrictamente comparables. Esto se debe a que, a partir del primer trimestre de este año, el Gobierno comenzó a incluir un nuevo elemento en las estadísticas: la financiación intragrupo de empresas extranjeras con presencia en España (fondos recibidos de sus matrices fuera del país). Este cambio, introducido mediante un real decreto sobre inversiones exteriores en julio de 2023, ha inflado significativamente las cifras globales de inversión extranjera, que anteriormente solo consideraban capital y patrimonio. Sin incluir esta nueva variable, la inversión extranjera en España habría disminuido. Entre enero y septiembre de 2024, la inversión en capital y patrimonio alcanzó los 18.194 millones de euros, frente a los 19.391 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone una caída superior al 6%. Este ajuste metodológico ha beneficiado especialmente a Madrid, que añadió 4.897 millones a su total, y en menor medida a Cataluña, que sumó 299 millones. Sin contar la financiación intragrupo, la inversión en Madrid habría crecido un 6,4%, mientras que en Cataluña habría aumentado un 50,8%, favorecida por la pérdida de la mayoría parlamentaria independentista y la formación de un Govern no separatista, lo que ha reducido las reticencias de los inversores. Con la metodología anterior, Madrid habría captado el 66% del total. En cuanto a los países de origen, el Reino Unido lideró la inversión extranjera en España con 9.178 millones de euros, de los cuales 5.596 millones correspondieron a capital y patrimonio y 3.582 millones a financiación intragrupo. Le siguieron Estados Unidos, con 3.481 millones (617 millones de financiación intragrupo), y Francia, con 1.601 millones, íntegramente en capital y patrimonio.

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(El Economista, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno "cuela" en la ley de Justicia el traspaso de los interventores a Euskadi

El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un texto que el PSOE utilizó para asegurar uno de los pactos alcanzados con el PNV durante la legislatura anterior. La norma, que había sido previamente bloqueada por el PP en el Senado, incluye una disposición final que transfiere al País Vasco la gestión y regulación de los interventores, secretarios y tesoreros municipales. Estos funcionarios, aunque prestan servicios en los ayuntamientos, están formalmente vinculados al Estado como parte del cuerpo de habilitados nacionales. Aunque esta competencia ya había sido otorgada previamente al País Vasco, la nueva transferencia se plantea como una medida preventiva. Según fuentes conocedoras del asunto, existe el riesgo de que la última transferencia, aprobada mediante un real decreto legislativo, sea anulada en las próximas semanas. Esto se debe a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con una oferta pública de empleo que incluía 174 plazas y exigía el conocimiento del euskera como requisito obligatorio, en lugar de considerarlo un mérito. La semana pasada, el TSJPV suspendió cautelarmente dicha oferta mientras se resuelve el asunto. Ante esta situación, existe preocupación entre los partidos de que el Tribunal Constitucional pueda cuestionar la urgencia con la que se aprobó el decreto legislativo y anule nuevamente la transferencia, como ya ocurrió a principios de 2024. En aquella ocasión, el Constitucional consideró inconstitucional el traspaso, argumentando que la medida se había introducido en una ley acompañante de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, lo que excedía el ámbito permitido para este tipo de leyes. Además, el alto tribunal señaló que el contenido no estaba relacionado con el sistema retributivo de la función pública. Con esta última regulación, sería la cuarta vez que se aborda este traspaso. Entre 2007 y 2013, la competencia se transfirió a todas las comunidades autónomas, pero posteriormente se optó por recentralizar las convocatorias de plazas. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) ha criticado el procedimiento seguido en esta ocasión, dado que la modificación se incluyó como una enmienda en una ley orgánica que no guardaba relación directa con esta materia. El vicepresidente de Cosital, Rafael Santiago, expresó al Economista.es su preocupación por las implicaciones de este cambio. Destacó el riesgo de que los profesionales encargados de supervisar el gasto público de los ayuntamientos y garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales puedan verse influenciados por niveles de gobierno más cercanos, como el autonómico. En el actual contexto de retorno a las reglas fiscales en Europa, estos funcionarios tendrán un papel clave, lo que hace fundamental preservar su independencia. "Seguiremos trabajando a nivel legal", concluyó Santiago.

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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Prospera el impuesto a la banca y decae el energético

El Parlamento dio ayer su aprobación final a la reforma fiscal promovida por el Gobierno, tras una ardua negociación con sus aliados parlamentarios, que dejó fuera varias medidas clave de recaudación. Además, se rechazaron la mayoría de las propuestas de rebajas fiscales impulsadas por el PP durante su paso por el Senado. No obstante, los populares consiguieron el respaldo del PNV y Junts para derogar formalmente el impuesto a las empresas energéticas, asestando un golpe al Ejecutivo. La reforma aprobada incluye un amplio paquete de medidas tributarias, como se refleja en su nombre oficial: "Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco". Una de las novedades destacadas fue el apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP que elimina el gravamen sobre las entidades energéticas, impuesto que el Gobierno planea prorrogar por decreto durante un año. Esta votación refleja el rechazo de PNV y Junts a dicho tributo, que podría quedar eliminado definitivamente. El núcleo de la ley parte de la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, siguiendo el acuerdo internacional de la OCDE conocido como Pilar 2. Esta medida busca evitar que las grandes corporaciones eludan impuestos operando en territorios con bajas tasas fiscales. La demora en la adaptación de esta norma a la legislación española ya había llevado a la UE a demandar al país ante el TJUE. Además, se introdujeron cambios mediante enmiendas, como la creación de un nuevo impuesto a la banca, que sustituirá al actual durante 2024-2026. Este gravamen, que afecta al margen de intereses y comisiones de las entidades, aplicará tasas progresivas según los ingresos, y su recaudación será distribuida entre las comunidades autónomas según su PIB. También se incrementó el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro del 28% al 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros. Entre las medidas de mayor impacto recaudatorio destaca la reactivación del alza en el Impuesto de Sociedades, que permitirá limitar la compensación de bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición en empresas con grandes volúmenes de negocio. Sin embargo, para las pymes con ingresos inferiores a un millón de euros, se prevé una reducción progresiva del tipo impositivo, que alcanzará el 17% sobre los primeros 50.000 euros en 2027. El paquete también incluye un impuesto al vapeo, incrementos en los tributos sobre el tabaco, medidas contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos y ajustes en la tributación de los artistas según sus ingresos reales. Durante la tramitación en el Senado, el PP intentó introducir enmiendas como una rebaja del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años y beneficios fiscales para las pymes y los afectados por la DANA. Aunque muchas no prosperaron, sí se aprobaron algunas excepciones, como la exención tributaria para ayudas a damnificados y la reducción del IVA en productos como yogures. El PP, que calcula que la reforma aumentará la presión fiscal en 8.800 millones de euros, celebró haber evitado subidas adicionales por 6.500 millones. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el respaldo mayoritario, tanto de la izquierda como de la derecha, a la reforma fiscal.

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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Hacienda prepara el alza al diésel y entierra la de las Socimis

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que no resulta sorprendente la decisión de Junts y PNV de alinearse con el PP para eliminar el impuesto a las empresas energéticas. A pesar de este revés, aseguró que el Gobierno continuará intentando reintroducirlo. Montero confirmó que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de este gravamen por decreto, aunque reconoció que, debido a la falta de apoyos, es probable que decaiga un mes después, cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo busca atraer el respaldo de Junts y PNV con posibles modificaciones al impuesto, como la introducción de significativas bonificaciones para incentivar la inversión en electrificación y descarbonización por parte de las empresas. También se plantea ceder completamente la gestión del tributo a los territorios forales, lo que implicaría convertir el decreto en un proyecto de ley. La oposición de los nacionalistas se fundamenta, en gran medida, en el temor a que empresas como Repsol trasladen sus inversiones fuera de España si se mantiene el gravamen. Desde el Ministerio de Hacienda asumen que, por ahora, no existen las condiciones para mantener este impuesto, que en el último año generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno evalúa sustituirlo por un aumento fiscal que equipare el precio del diésel al de la gasolina, con un incremento de unos 10 céntimos por litro. Esta propuesta, que estuvo cerca de incluirse en la reforma fiscal, fue bloqueada en última instancia por Podemos debido a lo que Montero calificó como un "error". La vicepresidenta adelantó que se negociará con el partido morado para asegurar su respaldo a esta medida, que el Ejecutivo espera aprobar también el lunes en el último Consejo de Ministros del año. La subida del diésel podría aportar unos 1.500 millones de euros anuales, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Europea dentro de su plan de ajuste fiscal para España. El objetivo del Gobierno es complementar los ingresos de la reforma tributaria con medidas de fiscalidad medioambiental, permitiendo así solicitar el quinto desembolso de los fondos Next Generation, condicionado a la adopción de nuevas medidas fiscales. Por otro lado, durante la negociación de la reforma fiscal quedaron descartadas varias propuestas relevantes. Entre ellas, destaca la creación de un impuesto a la tenencia de bienes de lujo, como jets privados, yates o vehículos de alta gama, impulsada por Sumar, pero finalmente rechazada. Asimismo, no prosperaron iniciativas como la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ni la supresión de la exención fiscal de las primas de seguros sanitarios, que habría incrementado el coste de los planes de salud privados.

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(El País, 20-12-2024) | Fiscal

Bruselas congelará fondos europeos si no se aprueba antes de marzo la subida fiscal al diésel

El Gobierno español debía aprobar más de una decena de normas con rango de ley para asegurar los próximos pagos de los fondos europeos. Entre estas se encuentran la ley de familias, la de servicios sociales, la reforma de beneficios fiscales, la ley de industria, un conjunto de reformas en el ámbito sanitario y farmacéutico, una normativa para reorganizar las subvenciones relacionadas con el ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga, aceptando retrasos en algunas de estas normativas a cambio de adelantar otros objetivos ya cumplidos, como inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, investigación y desarrollo, y ciberseguridad. Como contrapartida, Bruselas exige incluir el aumento de la fiscalidad sobre el diésel como un nuevo requisito vinculado a estos fondos. Según un documento al que ha tenido acceso El País, esta subida del impuesto al gasoil se ha incorporado como un compromiso para el quinto desembolso, en el que el Gobierno solicitará alrededor de 8.000 millones en ayudas directas y otros 16.000 millones de préstamos, sumando un total de más de 20.000 millones de euros. Si no se aprueba antes de marzo este incremento en la tributación del diésel, parte de estos recursos podrían ser retenidos por la Unión Europea. El acceso a los fondos europeos está condicionado al cumplimiento de metas específicas de reformas e inversiones. Una de ellas, la reforma fiscal conocida como hito 388, debía haberse implementado a principios de 2023 según las recomendaciones de un comité de expertos, quienes propusieron, entre otras medidas, eliminar los tipos reducidos del IVA y aumentar los impuestos medioambientales. Aunque esta reforma no se cumplió, ahora el texto incluye expresamente la entrada en vigor de un aumento en el impuesto al diésel como condición para acceder a los fondos. Este cambio implicaría un aumento de unos 11 céntimos por litro, lo que encarecería llenar un depósito de 50 litros en casi seis euros. El Gobierno ya intentó incluir esta medida en su paquete tributario reciente, pero la oposición de Podemos, que la consideró regresiva por afectar más a familias de bajos ingresos con vehículos de gasoil, bloqueó su aprobación. La fragmentación en el Parlamento complica su tramitación, pero ahora Bruselas ejerce presión adicional al vincular este requisito al acceso a los fondos. Si no se implementa antes de marzo, se retendría una parte de los recursos del quinto pago. En cuanto a los compromisos iniciales, se han reprogramado varias medidas. Por ejemplo, la ley de servicios sociales se sustituye por acuerdos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y una futura regulación ministerial, la ley de familias se retrasa al séptimo pago, y los cambios en beneficios fiscales se trasladan al octavo desembolso. También se eliminan ciertas iniciativas, como la inclusión de pymes en proyectos de hidrógeno verde, en favor de otros enfoques que no exijan la participación de pequeñas empresas. El plazo límite para ejecutar estos fondos es mediados de 2026. Si no se utilizan para entonces, podrían perderse. Esta es la tercera modificación del plan, y se prevé una cuarta en breve para reasignar recursos hacia territorios afectados por las inundaciones de la DANA, dentro de lo que se denomina el "componente Valencia", destinado a financiar la reconstrucción. El tiempo apremia, y el cumplimiento de los compromisos será clave para evitar perder estos recursos europeos esenciales.

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(Cinco Días, 20-12-2024) | Laboral

Las consultoras acuerdan con los sindicatos una subida salarial de hasta el 10% en tres años

La patronal del sector y los sindicatos han logrado un preacuerdo para el nuevo convenio colectivo que beneficiará a más de 280.000 trabajadores. El acuerdo, alcanzado entre la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y los representantes de los empleados, será aplicable para los años 2025, 2026 y 2027. Tras meses de negociaciones iniciadas en primavera, la patronal, que reúne a empresas como EY, KPMG, Accenture y Deloitte, ha acordado con los sindicatos un incremento salarial acumulado del 10% en tres años: un 4% para 2025 y un 3% para 2026 y 2027. Este convenio colectivo impacta no solo en el sector de la consultoría, sino también en los trabajadores de empresas dedicadas a estudios de mercado y opinión pública. El preacuerdo no solo contempla las subidas salariales, sino también mejoras en las compensaciones económicas relacionadas con el teletrabajo, las dietas y el kilometraje. Además, se ha decidido crear un área funcional específica para la "consultoría en ciberseguridad", un ámbito en crecimiento constante. José María Beneyto, presidente de la AEC, calificó el acuerdo como "una excelente noticia" para el sector y sus trabajadores. Según Beneyto, las empresas buscan promover el empleo de calidad, el bienestar laboral, la diversidad y la formación de talento, todo ello manteniendo la competitividad de un sector clave para la modernización y transformación digital de la economía española. Por primera vez, este convenio, el número 19, abarcará un periodo de tres años, a diferencia de los anteriores que solían ser bienales. El convenio anterior, firmado en abril de 2023, estaba vigente hasta diciembre de este año, lo que motivó a ambas partes a sellar un nuevo acuerdo antes de que comenzara 2025. A diferencia del proceso anterior, que tardó casi tres años en concretarse, este nuevo texto fue negociado y acordado en solo seis reuniones. Desde CCOO celebraron que, por primera vez en el sector TIC, se haya alcanzado un convenio con mejoras considerables y sin retrasos respecto al vencimiento del anterior. El nuevo convenio entrará en vigor el 1 de enero de 2025 y beneficiará especialmente a los empleados del sector de consultoría, que a finales de 2023 contaba con 281.367 profesionales, un 6,3% más que el año anterior. Cabe destacar que casi el 30% de las nuevas contrataciones correspondieron a jóvenes recién graduados.

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(Expansión, 20-12-2024) | Laboral

Muface aplicará a la prórroga del seguro de salud

El incremento total previsto para los tres años del próximo concierto será del 33,5%, distribuido de la siguiente manera: un 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. Según la propuesta enviada el pasado martes a las aseguradoras, las compañías que participan en el concierto actual recibirán, el día 1 de cada mes durante la prórroga, la prima establecida para las entidades que formen parte del nuevo acuerdo, que en 2025 será del 19,37%. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública ha decidido extender el concierto vigente hasta la entrada en vigor del nuevo, añadiendo un mes adicional para que los mutualistas puedan cambiar de aseguradora o elegir la sanidad pública, como informó ayer el diario EXPANSIÓN. Aunque no se ha especificado una fecha concreta para la ampliación, se prevé que esta cobertura se extienda desde el 1 de enero de 2025 hasta, al menos, finales de febrero, dependiendo de cuándo se firme el nuevo convenio, algo que podría ocurrir en enero. El concierto actual finaliza el próximo 31 de diciembre y, como de costumbre, los mutualistas dispondrán del mes de enero para decidir si permanecen con su aseguradora, eligen otra o optan por la sanidad pública. El retraso en la renovación del nuevo concierto ha afectado a los plazos habituales. El ministro Óscar López aseguró ayer que la prórroga del seguro de salud tiene como objetivo garantizar que "nadie quede sin cobertura" mientras se resuelve la licitación. La normativa de contratos del Estado permite prorrogar servicios públicos esenciales hasta nueve meses si no hay otra alternativa. Esta medida se ha activado después de que la primera licitación, lanzada en octubre con un aumento de la prima del 17,12% para 2025 y 2026, quedara desierta. Aunque algunas aseguradoras expresaron dudas sobre la legalidad de la prórroga aplicada al concierto actual, han descartado emprender acciones legales al respecto. Tras esta situación, el Gobierno ha presentado una nueva oferta. "Estoy convencido de que habrá un acuerdo para renovar el concierto de Muface por tres años más", afirmó López, quien envió un mensaje de tranquilidad a los mutualistas durante la presentación de la nueva versión de la Carpeta Ciudadana. El convenio establece que, aunque una aseguradora decida no participar en el nuevo concierto, deberá garantizar las prestaciones a sus asegurados hasta el 31 de enero de 2025. Además, deberá continuar brindando asistencia hospitalaria y para embarazos con fecha prevista de parto en febrero. En caso de hospitalizaciones prolongadas, la cobertura se extenderá hasta finales de marzo de 2025, momento en que la nueva aseguradora elegida por el mutualista asumirá la responsabilidad. Hoy se darán a conocer los detalles del nuevo concierto para los próximos tres años, incluyendo las condiciones para las aseguradoras interesadas y el plazo que tendrán para analizar los términos y decidir si participan o no.

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(Expansión, 20-12-2024) | Laboral

La Audiencia Nacional ratifica el derecho de la empresa a revisar el correo electrónico de los trabajadores con la finalidad de controlar el uso profesional del mismo

La irrupción del teletrabajo durante la pandemia de Covid se dio de forma repentina, lo que llevó a que muchos acuerdos laborales relacionados con esta modalidad terminaran en los tribunales. En muchos casos, estos acuerdos no cumplían con la normativa vigente o incluían cláusulas que resultaban abusivas para los empleados. Diversos niveles judiciales, incluida la Audiencia Nacional (AN), han tenido que pronunciarse sobre estas disputas. Un ejemplo es el caso de un sindicato gallego que demandó el contenido de un acuerdo de teletrabajo de una empresa de telemárketing. Según la demanda, el acuerdo no se había negociado con la representación legal de los trabajadores (RLT) y contenía cláusulas que debían considerarse nulas por ser abusivas o contrarias a la Ley de Trabajo a Distancia. La sala de lo social de la AN comenzó examinando si la empresa cumplió con la consulta a la RLT. El sindicato argumentaba que la empresa solo informó sobre las cláusulas estándar que se aplicarían en los contratos individuales, sin tener en cuenta las aportaciones de la parte social. Sin embargo, la AN concluyó que, de acuerdo con los artículos 64.4 y 64.5 del Estatuto de los Trabajadores, el deber de la empresa se limita a informar y consultar, pero no obliga a negociar los términos concretos de los acuerdos de teletrabajo. Por otro lado, la sala también evaluó la legalidad de ciertas cláusulas incluidas en el acuerdo. En cuanto a la devolución de los medios proporcionados por la empresa al finalizar la relación laboral, la AN determinó que esta práctica no es abusiva, ya que la retención en el finiquito, en caso de no devolver dichos medios, es legítima. Sin embargo, consideró que el plazo de 24 horas para la restitución era excesivamente breve y, por tanto, lo declaró nulo. Respecto a la cláusula sobre los medios de control de la actividad, la AN avaló el derecho de la empresa a revisar el correo electrónico corporativo de los trabajadores para garantizar su uso profesional, siempre que exista una política que prohíba expresamente el uso personal del ordenador. Según la sala, esta medida respeta el derecho a la intimidad y se enmarca en las facultades de dirección y control de la empresa. En resumen, este fallo de la Audiencia Nacional busca equilibrar el control empresarial con la protección de los derechos laborales en el contexto del teletrabajo, proporcionando pautas claras para que las empresas elaboren acuerdos ajustados a la normativa vigente, según explica Silvia Palacios, socia directora del área laboral de Selier Abogados.

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