(El Economista, 14-04-2025) | Laboral
La cifra de paro registrado borra a 1,2 millones de personas que no trabajan
¿Cuántas personas quedan fuera de las estadísticas oficiales del desempleo? Esta es una de las preguntas más frecuentes en el debate sobre el mercado laboral, una cuestión que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años con el impulso a los contratos fijos discontinuos tras la reforma laboral. La respuesta, en principio, parece sencilla: de acuerdo con los datos del propio Ministerio de Trabajo, cada mes se excluyen del conteo oficial del paro registrado alrededor de 1,72 millones de personas que están inscritas como demandantes de empleo, lo que supone un aumento del 7% respecto a 2023. Sin embargo, ¿puede afirmarse que todas ellas son parados "encubiertos"? Lo cierto es que la cifra de quienes realmente se apuntan al servicio de empleo por encontrarse sin trabajo ronda los 1,2 millones. Aun así, se trata de un récord histórico, un 35,7% superior al nivel previo a la pandemia. Para entender esta cifra, hay que acudir al desglose que ofrece el Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, que identifica los distintos colectivos excluidos. La mayoría son demandantes que, aunque figuran como inscritos, tienen algún tipo de vínculo laboral activo, sumando en total 1,23 millones. De este grupo, 687.844 son trabajadores con contrato fijo discontinuo y otros 97.087 pertenecen al sector agrario, beneficiarios del antiguo PER. Ambos colectivos se inscriben como demandantes cuando están inactivos, sin cobrar salario ni estar dados de alta en la Seguridad Social, aunque su contrato siga en vigor y tengan garantizada la reincorporación. No se los cuenta como parados, no porque estén trabajando, sino porque se considera que no están buscando empleo de forma activa, ya que esperan volver a su puesto. Además, hay 440.559 personas clasificadas como "otros ocupados", lo que incluye tanto a asalariados como a autónomos con empleo en activo, así como a trabajadores en ERTE. Estos últimos, aunque no estén trabajando temporalmente, siguen dados de alta en la Seguridad Social. Si se descuentan estos casos, el número de personas con alguna relación laboral en vigor desciende a 784.971, lo que reduce la cifra total de excluidos a unos 1,28 millones. También se deben restar 68.682 personas que, aunque figuran como demandantes, están en huelga y por tanto en una situación especial de afiliación. Es importante aclarar que los casos de huelga, ERTE o cierre patronal no son comparables a los contratos con llamamiento, como ocurre con los fijos discontinuos o trabajadores agrarios. En estos últimos, los períodos sin actividad son frecuentes y forman parte del tipo de empleo. En cambio, los ERTE o huelgas son situaciones excepcionales, tras las cuales la reincorporación es inmediata. En el caso de los fijos discontinuos, existe cierta incertidumbre sobre si, al volver a trabajar, su estatus se actualiza correctamente, pasando a ser considerados "demandantes ocupados". Esta falta de precisión estadística se ve agravada por la alta rotación de estos contratos. En resumen, si restamos los 509.241 ocupados (entre trabajadores activos, en ERTE o en huelga), el resultado es que 1,21 millones de personas figuran como demandantes de empleo pero no se reflejan en las cifras oficiales del paro, pese a que no tienen trabajo ni reciben prestaciones. Esta cifra ofrece una imagen más ajustada del impacto de la pandemia en las estadísticas laborales, ya que entre 2020 y 2021 el aumento de excluidos se debió principalmente a los ERTE. Al eliminar este factor, los datos de 2024 marcan un nuevo máximo. Cabe destacar que este tipo de exclusiones no es algo reciente. Provienen de la definición de paro registrado establecida en la Orden Ministerial del 11 de marzo de 1985, que delimita seis grupos de personas que no deben computarse como paradas: ocupados, personas sin disponibilidad inmediata, quienes buscan empleos con características muy concretas, trabajadores agrarios eventuales, y aquellos que han rechazado acciones de inserción laboral (como ofertas de empleo o formación) y tienen suspendida la demanda. Estos grupos abarcan una gran variedad de situaciones laborales. Aunque el detalle de estos colectivos solo aparece en el Anuario, el Ministerio de Trabajo publica desde hace 20 años una estadística paralela a la del SEPE que permite conocer con más claridad la realidad de estas personas excluidas. Esto demuestra que, si quisiera, el Gobierno podría ofrecer estos datos de forma mensual.
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