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(Expansión, 06-03-2025) | Laboral

Las diferencias entre los presidentes de CEOE y Cepyme arrecian en la esfera pública

El presidente de la CEOE ha instado a dejar de lado los intereses personales, mientras que el líder de Cepyme ha dejado claro que no adoptará una postura "tibia" frente al Gobierno, pese a que algunos piensan que así le iría mejor. Aunque las diferencias entre ambos venían de tiempo atrás, fue a finales de enero cuando trascendió que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, buscaba promover un cambio en la dirección de Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas, apartando a su actual líder, Gerardo Cuerva, quien ya había manifestado su intención de presentarse a la reelección. Ayer, en medio de un clima de creciente tensión entre ambos, sus discrepancias quedaron en evidencia durante un acto público al que asistieron numerosos empresarios, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El desencuentro tuvo lugar en la gala de los XI Premios Cepyme, un evento destinado a destacar el papel de las pymes, pero que terminó convirtiéndose en un cruce de declaraciones entre Garamendi y Cuerva, reflejando el conflicto interno que rodea al proceso electoral en Cepyme. "Las organizaciones empresariales representan los intereses del sector ante los gobiernos, los partidos y los sindicatos", señaló Garamendi, subrayando la importancia de la unidad y apelando a la necesidad de actuar con generosidad y visión estratégica, dejando de lado los intereses individuales. El mensaje iba claramente dirigido a Gerardo Cuerva, quien, por su parte, defendió su liderazgo en Cepyme y trasladó a Pedro Sánchez el "clamor" de las pymes contra las políticas económicas del Ejecutivo. "Seguiré defendiendo a las pequeñas y medianas empresas y alzaré la voz por ellas porque es lo que necesitan las empresas y también España", afirmó. Cuerva fue más allá y, dirigiéndose a Sánchez, declaró: "Podría adoptar una postura más institucional, moderada y complaciente, lo que algunos consideran que me beneficiaría. Pero, presidente, creo firmemente que ser institucional no debe estar reñido con ser responsable". Ambos dejaron claras sus posiciones, evidenciando la intensidad de la disputa interna dentro de CEOE-Cepyme. El enfrentamiento se produjo frente al propio presidente del Gobierno y numerosos representantes del sector empresarial, apenas unas horas después de que se conociera que Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, disputará la presidencia de Cepyme a Cuerva, contando con el respaldo y la confianza de Garamendi. Durante su intervención, Cuerva reiteró su intención de presentarse a la reelección, asegurando que su compromiso es representar y dar voz a quienes lo eligieron. Asimismo, adelantó a Sánchez que, si continúa en el cargo, seguirá defendiendo a las pymes afectadas por el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y a aquellas preocupadas por la reducción de jornada que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Aunque destacó la buena relación con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su disposición a escuchar, también expresó dudas sobre el apoyo unánime del Ejecutivo al papel de las empresas. En particular, señaló que no estaba seguro de que todos en el Gobierno compartieran esa visión, en alusión a Yolanda Díaz, a quien acusó de haber marginado el diálogo social. La tensión entre CEOE y Cepyme se intensificó el pasado 18 de febrero, cuando Cuerva promovió una reforma en el reglamento interno de Cepyme para limitar la delegación de voto. La medida fue rechazada por la mayoría del Comité Ejecutivo, pero finalmente aprobada por la Junta Directiva, desatando un debate sobre su legalidad. Los críticos de Cuerva argumentan que la reforma no es válida, al haber sido rechazada inicialmente, mientras que un informe elaborado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, avala la decisión de Cuerva. Según este análisis, no existe ninguna irregularidad en la aprobación de la medida, ya que la propuesta del Comité Ejecutivo no tiene carácter vinculante en las modificaciones del reglamento interno de Cepyme.

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(El País, 06-03-2025) | Laboral

La presidenta de la patronal de Valladolid, Ángela de Miguel, disputará la dirección de Cepyme a Cuerva

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha elegido a Ángela de Miguel como su candidata para competir contra Gerardo Cuerva en la carrera por la presidencia de Cepyme, la patronal de las pymes. La noticia, adelantada por La Razón y confirmada por EL PAÍS, se da a conocer en una fecha clave: justo antes de la entrega de los Premios Cepyme, un evento que contará con la presencia de destacados empresarios y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De Miguel, presidenta de la CEOE en Valladolid desde 2014, también ocupa cargos de relevancia dentro de la organización empresarial, como la vicepresidencia y portavocía de CEOE en Castilla y León, además de ser miembro de la junta directiva de CEOE y Cepyme. En el ámbito profesional, es socia fundadora del despacho de abogados Negotia, especializado en internacionalización empresarial y Derecho Colaborativo, y tiene un papel destacado en diversas entidades empresariales, como la Asociación Empresarial México-España y AMMDE. Además, ejerce como profesora de Derecho Mercantil en el MBA CEU San Pablo. En un comunicado emitido este miércoles, la abogada ha expresado su entusiasmo por asumir este reto, destacando su compromiso con las pymes españolas. Asimismo, ha manifestado su preocupación por la gestión de Cuerva al frente de Cepyme, criticando la falta de convocatoria de elecciones dentro del plazo establecido y denunciando intentos de modificar el régimen electoral sin seguir los estatutos. La candidatura de De Miguel ha sorprendido, ya que su nombre no figuraba en las listas previas de posibles contendientes, donde sí aparecían empresarios como Salvador Navarro, presidente de CEOE en Valencia, y Fermín Albadalejo, líder de los jóvenes empresarios (Ceaje). Su designación ha sido vista como un movimiento estratégico en medio de la disputa interna entre la CEOE y Cepyme. El mandato de Cuerva concluye el 16 de marzo, y se espera que las elecciones sean convocadas en la junta directiva de Cepyme el próximo 11 de marzo, con una votación que, según los estatutos, debería celebrarse como máximo en mayo. Las tensiones entre CEOE y Cepyme se han intensificado desde que Garamendi respaldó la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz en 2021, una decisión con la que Cuerva no estuvo de acuerdo. Sin embargo, el conflicto se hizo más visible en enero de este año, cuando Garamendi anunció su intención de presentar un candidato alternativo a Cuerva y le propuso otro cargo dentro de la CEOE, oferta que fue rechazada. Desde entonces, la disputa ha escalado hasta llegar a un punto álgido el 18 de febrero, cuando Cuerva promovió una reforma para restringir el voto delegado en los órganos de gobierno de Cepyme. Aunque inicialmente fue rechazada en el comité ejecutivo, finalmente se aprobó en la junta directiva, generando un fuerte rechazo por parte de los partidarios de Garamendi, quienes incluso contemplan impugnarla en los tribunales. El enfrentamiento continúa abierto y, este martes, el comité ejecutivo de Cepyme volvió a reunirse sin lograr una conclusión definitiva sobre la validez de los cambios en el reglamento de votación. Este miércoles, la pugna por la presidencia de la patronal de las pymes suma un nuevo capítulo, con la presentación oficial de la candidatura de De Miguel en un evento de gran visibilidad.

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(El Economista, 06-03-2025) | Laboral

España, el país donde los nuevos trabajadores siguen siendo los que más probabilidades tiene de perder su puesto

España es el país de la Unión Europea que más empleo genera, según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Sin embargo, esos nuevos trabajadores también son los más propensos a perder su empleo, lo que explica por qué España sigue liderando la tasa de desempleo en los Veintisiete. La clave de esta paradoja radica en la elevada transición del empleo al paro: cada trimestre, el 2,9% de los empleados en España pierde su trabajo, más del doble del promedio europeo, que se sitúa en el 1,3%. A pesar de la reforma laboral implementada hace tres años, esta brecha sigue sin cerrarse. Este fenómeno a menudo pasa desapercibido debido a la fortaleza del crecimiento económico español en un contexto europeo de estancamiento. Según los últimos datos comparables de Eurostat, en el tercer trimestre del año, alrededor de 761.000 desempleados en España encontraron trabajo, la cifra más alta de la UE. Esto representa el 27,1% de los desempleados, aunque España no encabeza la lista en términos de tasa de inserción laboral, ocupando la sexta posición detrás de Dinamarca, Países Bajos, Estonia, Austria e Irlanda. La razón es que estos países tienen una población desempleada mucho menor en comparación con España, que sigue teniendo el mayor número de parados de la UE. El problema persiste porque, en el mismo período, aproximadamente 605.000 trabajadores pasaron al desempleo, lo que equivale al 2,9% de los empleados del trimestre anterior. En este aspecto, España lidera tanto en términos absolutos como porcentuales dentro del continente europeo. A pesar de que el saldo neto sigue siendo positivo, esta tendencia plantea diversas incógnitas sobre la estabilidad del empleo. Un estudio reciente de Fedea y BBVA Research señala que este porcentaje ha disminuido significativamente desde 2016, cuando la media era del 4,2%. No obstante, los expertos advierten que la reducción se ha estancado desde 2022. Este estancamiento no concuerda ni con la mejora del empleo ni con los efectos de la reforma laboral sobre la reducción de la temporalidad, lo que indica que la nueva normativa no ha tenido impacto en la disminución de la pérdida de puestos de trabajo. A pesar de los avances en los últimos años, el hecho de que España siga teniendo la mayor probabilidad de pérdida de empleo no solo representa un problema para el mercado laboral, sino también para la competitividad de la economía. Esto resulta aún más preocupante considerando que la reforma laboral se planteó como una solución para reducir drásticamente la inestabilidad laboral. En los últimos tres años, España ha pasado de ser el país con más asalariados con contrato temporal al tercero, por detrás de Países Bajos y Portugal. Sin embargo, este cambio no se ha traducido en una reducción de las tasas de despido, que llevan prácticamente estancadas desde 2022. El estudio, dirigido por Florentino Felgueroso y Rafael Doménech, compara la evolución de España con la de otros países como Francia, Italia, Países Bajos y Portugal para analizar esta tendencia. Los datos de Eurostat muestran que solo Luxemburgo (2,6%), Estonia (2,2%) y Finlandia (2,1%) superan el umbral del 2% en la tasa de transición del empleo al desempleo, mientras que España se mantiene cerca del 3%. En el extremo opuesto, países como Bulgaria, República Checa, Polonia y Hungría registran tasas inferiores al 0,5%, al igual que Grecia, Italia y Alemania, que se sitúan en el 0,8%. Este análisis estaría incompleto sin considerar otro factor: los empleados que, tras perder su trabajo, no buscan uno nuevo de inmediato y, por lo tanto, no se contabilizan como desempleados en el trimestre siguiente, sino que pasan a formar parte de la población inactiva. En España, este grupo representa un 3%, lo que eleva la tasa total de salida del empleo al 5,9%. A pesar de ser un dato significativo, sigue siendo inferior al de Finlandia (7,8%) y Luxemburgo (6,2%).

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(El Economista, 06-03-2025) | Laboral

El Supremo aboca a los interinos a acudir al tribunal europeo de derechos humanos como última salida para lograr su fijeza

La negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicar la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conceder la fijeza a los interinos que han encadenado contratos temporales de manera abusiva les deja como única opción recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en busca de estabilidad laboral. Francisco Javier Ramón Sierra, socio responsable del departamento de Derecho Público en BDO Abogados, destaca que si un interino no consigue ser reconocido como fijo en España, aún puede presentar su caso ante las instancias europeas. El experto explica que, para acudir al TEDH, es necesario haber agotado previamente todos los recursos judiciales dentro del sistema español. Esto implica que cualquier funcionario interino que decida iniciar una reclamación debe primero presentar su caso por vía administrativa, recurrir ante los tribunales, agotar las instancias hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, finalmente, recurrir al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo. Solo tras este proceso, se habilita la posibilidad de presentar una demanda ante el TEDH, dado que, según su criterio, existe una vulneración de derechos fundamentales. El pasado 25 de febrero, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que rechazó la petición de fijeza de dos funcionarios interinos, aunque reconoció que habían sido víctimas de abuso en la contratación. El argumento del TS es que convertirlos en trabajadores fijos vulneraría la Constitución, ya que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizados a través de oposiciones o pruebas de acceso. No obstante, el TJUE, en su fallo de junio pasado, concluyó que la conversión en fijos es la medida más adecuada para corregir estos abusos. Además, señaló que si una norma española, incluso de rango constitucional, obstaculiza la aplicación efectiva de una directiva europea, debe ser dejada de lado. También recordó a los tribunales inferiores que, si la jurisprudencia nacional es contraria al derecho europeo, esta no debe prevalecer. Javier Ramón sostiene que las resoluciones del Supremo evidencian una vulneración de derechos fundamentales, como el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, señala que los funcionarios interinos españoles afectados por estos abusos están siendo tratados de forma distinta en comparación con otros trabajadores de la UE. En España, a pesar de que la normativa europea exige adoptar medidas para sancionar estos abusos y remediar la situación, no se ha implementado ninguna solución efectiva. "Se reconoce el abuso, pero como en nuestro ordenamiento jurídico no existen medidas para corregirlo y la única posible, que es la conversión a fijo, se descarta por ser contraria a la Constitución, no se toma ninguna acción", resume el abogado. La Directiva europea de 1999, diseñada para prevenir la precariedad derivada del empleo temporal, aún no ha sido transpuesta plenamente en España. Su único reflejo se encuentra en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que un trabajador con contratos temporales encadenados durante dos años debe ser reconocido como fijo. Sin embargo, esta disposición solo se aplica en el sector privado, dejando fuera a la Administración Pública. El TJUE insiste en que, ante la existencia de abuso en la contratación, el Estado debe implementar medidas para sancionarlo y prevenirlo. Si no existen tales medidas, la conversión a fijo se convierte en la solución adecuada. Según el socio de BDO Abogados, no se trata de otorgar derechos sin haber superado un proceso selectivo, sino de reconocer derechos cuando se ha producido una situación de abuso y precariedad laboral.

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(El Economista, 06-03-2025) | Laboral

UGT encara siete denuncias en Inspección de Trabajo por "vulnerar derechos laborales"

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FesMC), integrada en la Unión General de Trabajadores (UGT), enfrenta siete denuncias ante la Inspección de Trabajo por presuntas irregularidades laborales, entre ellas, la vulneración del derecho a la libertad sindical. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, un grupo de delegados acusa al sindicato de no cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y de carecer de un protocolo específico para abordar los riesgos psicosociales, incumpliendo así la legislación vigente. La Inspección de Trabajo constató que el sindicato no dispone de una evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de ser un requisito legal, y estableció un plazo para su cumplimiento, el cual posteriormente fue ampliado. Sin embargo, los denunciantes aseguran que, a pesar de la advertencia del inspector, la organización no ha implementado ningún cambio hasta la fecha. Además, presentaron otra denuncia por la ausencia de un protocolo de acoso moral, cuya resolución -según los afectados- fue errónea, ya que la Inspección lo confundió con el protocolo de acoso sexual. El inspector advirtió a la federación que, en caso de no cumplir con las disposiciones legales, se procedería a imponer las sanciones correspondientes. Entre las denuncias interpuestas también se encuentran acusaciones por despidos improcedentes de trabajadores con discapacidad, así como represalias y amenazas contra quienes han expuesto estas irregularidades. Uno de los delegados sostiene que, debido a que han sido "incómodos" al señalar estos problemas ante la Inspección, la dirección del sindicato convocó elecciones sindicales anticipadas con el objetivo de apartarlos de sus cargos, a pesar de que solo llevaban un año de mandato. Los denunciantes denuncian una "violación continuada de los derechos laborales" y represalias contra ellos. Según sus declaraciones, el sindicato no ha evaluado ni la carga de trabajo ni las condiciones de salud laboral de sus empleados, a pesar de las reiteradas solicitudes para hacerlo. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de que empresas y organizaciones adopten medidas y realicen evaluaciones para prevenir riesgos laborales derivados de su actividad. Los delegados han recurrido las resoluciones de la Inspección de Trabajo tras el archivo de sus denuncias y han demandado a la organización por vulnerar su derecho a la libertad sindical. Mientras tanto, están a la espera del juicio, que se celebrará este mes de marzo. Además, han solicitado información sobre la gestión económica del sindicato y los contratos con otras entidades, como el firmado con la empresa Civex para la prestación de servicios de asesoría jurídica, al sospechar posibles irregularidades en dicho acuerdo. No obstante, UGT se habría negado a proporcionar esta información. Ante lo que consideran una falta de actuación por parte de la Inspección de Trabajo, los denunciantes han decidido presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

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(Cinco Días, 06-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las Bolsas europeas rebotan con fuerza con el euro al alza

Los mercados recuperan la estabilidad. Tras varias jornadas marcadas por la incertidumbre y el nerviosismo, este miércoles las condiciones parecen propicias para una recuperación. Las declaraciones del secretario de Comercio de EE. UU. sobre la posible renegociación de los aranceles con México y Canadá, junto con el ambicioso plan de inversión en defensa e infraestructuras anunciado por Alemania, han impulsado tanto a las Bolsas europeas como al euro. La moneda común encadena su tercer día consecutivo al alza y alcanza los 1,07 dólares, su nivel más alto desde noviembre. Por su parte, el DAX alemán lidera las subidas en Europa con un avance del 3,3%, registrando su mejor sesión en más de tres años. El paquete de estímulo económico promovido por la coalición de gobierno en Alemania, formada por la CDU/CSU y el SPD, marca un punto de inflexión en la política fiscal del país, desafiando los límites de gasto establecidos en su constitución. Esta medida responde a la necesidad de revitalizar una economía que ha perdido dinamismo frente a otros países europeos. En 2024, Alemania sufrió una contracción del PIB del 0,2%, acumulando dos años consecutivos de caída, en contraste con el crecimiento del 3,2% de España o el 0,7% de Italia. El optimismo también alcanza al resto de mercados europeos. Después de una caída del 2,55% en la jornada anterior, el Ibex 35 rebota un 1,5%, aunque no logra mantener los 13.300 puntos alcanzados durante la sesión. Entre los valores con mayores subidas destacan el sector bancario, ACS y ArcelorMittal. La posibilidad de una renegociación de los aranceles con México y Canadá ha generado expectativas sobre una flexibilización de otras tarifas, como las aplicadas al acero y al aluminio. Como resultado, ArcelorMittal, que había sido duramente castigada en la sesión anterior, se recupera con un alza del 9,3%. El anuncio del plan de infraestructuras alemán, con una inversión de 500.000 millones de euros en la próxima década, ha favorecido especialmente a ACS, que sube un 8,28%, superando el incremento del 5,58% del sector constructor en Europa, el más beneficiado del día. La empresa, que es el principal accionista de la alemana Hochtief, experimenta un repunte del 15%. Según los analistas de Bankinter, "el aumento de la inversión pública impulsará la recuperación económica, beneficiando principalmente a sectores como infraestructuras, industria y defensa". Otro gran protagonista de la jornada ha sido Indra, que avanza un 5,5% gracias al incremento del gasto en defensa proyectado en Europa. La compañía acumula un espectacular crecimiento del 46,5% en lo que va de año, superando incluso a la banca como el valor con mejor desempeño en 2025. Las ganancias se replican en el resto de los principales índices europeos. El CAC 40 francés sube un 2,2%, el FTSE 100 británico un 0,56%, el Euro Stoxx 50 un 2,4% y el MIB italiano un 2,2%. Sin embargo, los expertos de Macroyield advierten que la recuperación podría no ser sostenida: "Los inversores buscan señales que indiquen que el conflicto comercial podría ser menos agresivo de lo previsto, basándose en ciertos comentarios recientes. No obstante, el rebote actual podría ser efímero, dado que nos encontramos en las primeras etapas de una nueva guerra comercial que promete ser aún más intensa que la anterior, con economías más frágiles en muchos países".

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(Expansión, 06-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE blinda las marcas de coches ante la amenaza de EEUU y China

La Comisión Europea (CE) ha revelado finalmente algunos detalles sobre su plan de apoyo al sector automovilístico europeo, en respuesta a la amenaza proteccionista de EE.UU. y la creciente competencia de China. Aunque el sector esperaba con gran interés el anunciado Plan de Acción, la reacción ha sido mixta: si bien se atiende su principal demanda, persisten dudas e incertidumbres en varios aspectos clave. Como adelantó la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el punto más destacado del plan es la flexibilización de los plazos para cumplir con la normativa europea de emisiones CAFE, cuyo estricto calendario ponía en riesgo la viabilidad de algunos fabricantes debido a las posibles sanciones millonarias. Con esta medida, Bruselas busca respaldar a su industria automovilística en un momento complejo, marcado por la caída de ventas en Europa y Asia, la incertidumbre regulatoria y la débil demanda de vehículos eléctricos en el continente. Los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial han invertido más de 200.000 millones de euros en el desarrollo de la tecnología eléctrica, impulsados por la exigente normativa europea que, a partir de 2025, imponía un límite de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro en las emisiones medias de los vehículos en la UE. Sin embargo, grandes marcas como Volkswagen, Stellantis y Renault están teniendo dificultades para recuperar esas inversiones, debido a la tibia respuesta del mercado. Para aliviar esta presión, Bruselas ha decidido conceder mayor flexibilidad en la aplicación de la norma CAFE, que contemplaba multas de 90 euros por cada gramo de CO2 excedido por vehículo a partir de 2025. Con la nueva medida, los fabricantes podrán superar los límites en 2025, 2026 y 2027, siempre que al final de ese período la media de emisiones se ajuste a los 93,6 gramos establecidos. Este enfoque, inspirado en el modelo británico, brinda a los fabricantes margen para seguir comercializando vehículos de combustión, especialmente híbridos, mientras el mercado de los eléctricos se fortalece. "Cumpliremos con los objetivos de emisiones pactados, pero con un enfoque más pragmático y flexible. Nuestro objetivo es una industria automovilística europea sostenible, competitiva e innovadora, que beneficie a la ciudadanía, la economía y el medio ambiente", afirmó Von der Leyen. La flexibilización de la norma CAFE también busca evitar que rivales estadounidenses como Tesla o chinos como BYD se beneficien de los pagos de los fabricantes europeos por la compra de derechos de emisión, ya que sus modelos eléctricos no generan CO2. Otro de los aspectos más esperados del plan era la posible implementación de un programa europeo de ayudas a la compra de coches eléctricos. Sin embargo, el documento no ofrece una respuesta clara y parece descartar esa opción en el corto plazo. La Comisión Europea deja abierta la posibilidad, pero enfatiza la necesidad de coordinar mejor los incentivos que ya han puesto en marcha los Estados miembros. "La CE iniciará de inmediato un trabajo conjunto con los Estados miembros para intercambiar buenas prácticas y experiencias sobre los programas de ayuda a los consumidores. Estas discusiones darán lugar a una recomendación de la Comisión, que también identificará fondos europeos que los países podrán utilizar para financiar estos incentivos", señala el documento. Si bien el plan no presenta un calendario preciso ni asignaciones presupuestarias detalladas, sí pone énfasis en la protección de la industria europea, con especial atención a la soberanía estratégica y al fortalecimiento de la producción de baterías para vehículos eléctricos en la región. En este sentido, la CE destinará 1.800 millones de euros en los próximos dos años, a través del Fondo de Innovación, para apoyar la fabricación de baterías en la UE y fomentar que los vehículos eléctricos comercializados en Europa integren componentes de producción local.

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(Expansión, 06-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump lanzará la gran guerra comercial con aranceles globales el 2 de abril

El presidente de Estados Unidos ha reafirmado ante el Congreso su compromiso con las políticas proteccionistas y ha confirmado que a principios de abril entrarán en vigor tanto los aranceles agrícolas como los recíprocos, sin intención de dar marcha atrás. El 2 de abril, Estados Unidos implementará estos aranceles, ampliando así el alcance de su guerra comercial a nivel global. Durante su discurso en el Congreso el martes por la noche (madrugada del miércoles en España), Donald Trump ratificó la fecha en una sesión marcada por la polémica, que incluyó la expulsión del congresista demócrata Al Green, obligando al presidente a interrumpir su intervención. "Los aranceles recíprocos se aplicarán. Si nos imponen tarifas, responderemos con las mismas medidas. Si nos excluyen de sus mercados, nosotros haremos lo mismo", afirmó Trump, señalando directamente a Europa, una de las principales afectadas por estas tarifas, diseñadas para equiparar los impuestos que gravan las importaciones en la UE, como el IVA, aunque con un funcionamiento distinto. En abril, la guerra comercial se intensificará en todo el mundo. Corea del Sur, mencionada por Trump en su discurso, negó estar aplicando aranceles a los productos estadounidenses y recordó que ambos países mantienen un tratado de libre comercio que impide tales medidas. A pesar de las críticas, Trump mantiene su postura firme: "No daremos marcha atrás". Sin embargo, los analistas advierten que en la Casa Blanca son habituales los cambios de estrategia de última hora. De hecho, aunque inicialmente se aplicaron aranceles del 25% a Canadá y México sin margen de negociación, en menos de 48 horas el gobierno estadounidense ya estaba considerando suavizar estas restricciones. Hasta el momento, la única modificación anunciada ha sido una moratoria de un mes en los aranceles para la importación de automóviles de Ford, GM y Stellantis. Por su parte, tanto China como Canadá han respondido con la imposición de nuevos aranceles de entre el 10% y el 25% a productos estadounidenses y han anunciado que llevarán el caso ante la Organización Mundial del Comercio. No obstante, estas acciones no parecen disuadir la estrategia proteccionista de Trump. Aunque la fecha del 2 de abril ya estaba fijada para los aranceles agrícolas, persistían dudas sobre la entrada en vigor de los recíprocos, ya que el Departamento de Comercio no tendrá listo su informe hasta el 1 de abril. Se esperaba que este retraso permitiera margen para negociar y que las medidas no se aplicaran hasta mayo, pero Trump ha dejado claro que no esperará ni un día más. No firmará la orden ejecutiva el 1 de abril solo porque coincide con el Día de los Inocentes en Estados Unidos, evitando así cualquier asociación con una broma. El presidente estadounidense quiere dejar claro a sus socios comerciales que la medida es definitiva y que tanto los aranceles recíprocos como los agrícolas se impondrán, aunque aún no se ha detallado su alcance ni su aplicación exacta. En respuesta, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró al sector empresarial que España actuará "con proporcionalidad" ante "cualquier ataque con aranceles injustos o amenazas a nuestra soberanía". Asimismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió a la Comisión Europea que adopte "de inmediato" medidas "con extrema firmeza" si se confirman los aranceles sobre productos agroalimentarios europeos por parte de Estados Unidos. Los técnicos de Aduanas, agrupados en la asociación Gestha, han llamado a la calma y consideran que el impacto de los aranceles agrícolas en España será limitado, afectando a menos del 5% de las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, aún falta evaluar el efecto de las tarifas recíprocas. En 2024, España exportó a Estados Unidos bienes por un total de 18.179 millones de euros, de los cuales cerca de una quinta parte (unos 3.500 millones) correspondieron a productos agroalimentarios. España es el cuarto mayor exportador de estos bienes a Estados Unidos dentro de la UE, solo superado por Italia, Francia y Países Bajos. Entre los sectores más afectados se encuentran el del aceite de oliva, el vitivinícola y las hortalizas en conserva. Aunque el impacto recaerá en ambos lados del Atlántico, algunos analistas ya alertan sobre una posible ralentización del crecimiento del PIB estadounidense en el primer trimestre. Trump admitió que "habrá turbulencias en el proceso", pero insistió en que los aranceles son el camino para "hacer que América vuelva a ser rica".

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(El Periódico, 06-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Economía calcula que “aprovechar el mercado único de la UE” reduciría un 45% de los aranceles en comercio de bienes y del 100% en el comercio de servicios

El presidente del Gobierno ha equiparado la amenaza de una guerra comercial con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. En este contexto, Pedro Sánchez ha insistido en la importancia de actuar con "firmeza" y responder con determinación a Donald Trump -sin mencionarlo expresamente- con "toda la fuerza y solidaridad" de una Unión Europea "unida". Además, ha planteado una estrategia concreta dirigida a los Veintisiete: la reducción de las "cargas burocráticas" para avanzar hacia un "mercado único plenamente integrado". Durante la clausura de los XI premios Cepyme, defendió que eliminar las barreras administrativas dentro del mercado común europeo tendría un impacto positivo en el crecimiento económico, incluso mayor que las restricciones comerciales impuestas por otros bloques. Algunos economistas han definido estas trabas internas como una especie de "autoaranceles" de la UE. El Ministerio de Economía, encabezado por Carlos Cuerpo, estima -basándose en estudios del FMI- que optimizar el mercado único europeo equivaldría a reducir en un 45% los aranceles en el comercio de bienes y eliminar completamente los del comercio de servicios. Además de esta propuesta, el presidente del Gobierno aboga por acelerar la incorporación de la inteligencia artificial y la computación en la nube en las empresas, fortalecer el tamaño de las pymes y aumentar la inversión pública como motores de crecimiento. Esta estrategia busca ir más allá de una simple respuesta con aranceles recíprocos -como han anunciado países como México, Canadá o China- y se centra en reforzar la productividad y las capacidades del propio mercado único europeo. Paralelamente, la UE trabajaría en fortalecer lazos con otros aliados estratégicos sin depender exclusivamente de Estados Unidos. En este sentido, Sánchez destacó la importancia de India, con quien la UE pretende cerrar un acuerdo comercial antes de que finalice el año. Recordó que este país se convirtió en 2023 en el más poblado del mundo, superando a China, y que diversos estudios lo sitúan como la tercera economía mundial para 2030. "Debemos seguir por este camino y continuar las conversaciones con otros bloques", afirmó. El presidente también subrayó la necesidad de apostar por la cooperación, el multilateralismo y la defensa del orden internacional, sin aceptar imposiciones externas. En este punto, contrastó su "orgullo" por los valores europeos, poniendo como ejemplo la acogida de refugiados ucranianos, frente a "los líderes internacionales que critican el modelo de la UE", en una clara referencia a EEUU. Ante el riesgo de una guerra arancelaria, Sánchez ya había prometido la semana pasada medidas de apoyo para los sectores que puedan verse perjudicados. Esta declaración se produjo pocas horas después de que Trump amenazara con imponer a la UE aranceles del 25% tras la primera reunión de su gabinete en la Casa Blanca. "Hemos tomado una decisión y la anunciaremos muy pronto", afirmó el expresidente estadounidense, señalando que la nueva política arancelaria afectará a los automóviles y otros sectores clave. Durante su discurso ante el Congreso de EEUU este miércoles, Trump defendió su estrategia proteccionista y reconoció que podría generar una fase de "ajuste" y cierta "perturbación" en los mercados, como ya se ha reflejado en las bolsas. No obstante, descartó cualquier cambio de rumbo y fijó el 2 de abril como la fecha en la que entrarán en vigor más medidas arancelarias, incluyendo sanciones comerciales "recíprocas" para todos sus socios comerciales.

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(El Periódico, 06-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El tipo de las nuevas hipotecas baja ya un punto porcentual desde los máximos de finales de 2023

La flexibilización de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE), en respuesta a la caída de la inflación y a la debilidad económica de la zona euro en los últimos meses, ya está teniendo un impacto notable en la oferta de crédito de los bancos. Como reflejo de ello, el tipo de interés medio de las hipotecas -tanto variables, como fijas y mixtas- concedidas por las entidades españolas en enero se situó en el 2,89%, el nivel más bajo desde noviembre de 2022, según datos del Banco de España. En términos comparativos, el interés medio de los nuevos préstamos para la compra de vivienda ha descendido un punto porcentual desde su pico más alto en octubre de 2023, cuando alcanzó el 3,93% en el contexto del endurecimiento de las condiciones financieras para frenar la inflación. Se espera que esta tendencia a la baja continúe en el corto plazo, aunque de manera más moderada, ya que la incertidumbre derivada de la posible guerra comercial con Estados Unidos y su impacto en la inflación introduce un factor de inestabilidad. Por ahora, la reducción del tipo de interés en las nuevas hipotecas y el efecto del recorte de tipos oficiales en el euríbor han llevado a que el tipo medio de los créditos hipotecarios en circulación se sitúe en enero en el 3,23%, su nivel más bajo desde junio de 2023. El coste de las nuevas hipotecas de tipo variable depende directamente del euríbor, que ha descendido del 4,16% en octubre de 2023 al 2,407% en febrero de este año. En el caso de las hipotecas a tipo fijo, el precio se vincula al rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que ha pasado de superar el 4% a rondar el 3,25% en la actualidad. A estos índices de referencia, los bancos añaden un margen que cubre sus costes operativos y la prima de riesgo asociada a posibles impagos. Otro factor clave en la evolución del precio de las hipotecas es el abaratamiento de los seguros que los bancos contratan para protegerse de pérdidas en créditos. Un indicador relevante en este sentido es el Interest Rate Swap (IRS), que refleja el coste del dinero a un plazo determinado sin incluir la prima de riesgo. Si el IRS disminuye, las entidades financieras pueden ofrecer hipotecas más asequibles sin incrementar su exposición a pérdidas. En febrero, el IRS a cinco años -referencia utilizada por el Banco de España- se ubicó en el 2,273%, lo que representa una caída de casi medio punto en comparación con el 2,734% registrado en febrero de 2023. Sin embargo, desde septiembre se ha mantenido en un rango estrecho (entre el 2,1% y el 2,4%), lo que sugiere que los recortes de los tipos de interés podrían estar llegando a su límite y que persisten dudas sobre los efectos de la política arancelaria impulsada por Donald Trump. A pesar de la evolución favorable de las hipotecas, el comportamiento de otros tipos de crédito no ha sido tan positivo para las familias. Los préstamos al consumo registraron en enero un tipo medio del 7,2%, inferior al del mismo mes de 2023 (8,06%), pero superior al de diciembre (6,97%) y noviembre (6,88%). Por otro lado, el resto de los créditos destinados a los hogares -incluyendo financiación para educación, viajes, adquisición de valores o compra de terrenos- alcanzó un tipo medio del 4,86%, por debajo del 5,85% de un año antes, aunque por encima del 4,73% registrado en diciembre. La otra cara de la reducción de los tipos de interés es la menor rentabilidad del ahorro depositado en los bancos. En este sentido, la remuneración de los nuevos depósitos a plazo descendió en enero al 2,09%, su nivel más bajo desde mayo de 2023 (1,87%). Además, el volumen de contratación de depósitos también ha disminuido progresivamente desde octubre, cuando se formalizaron 18.984 millones de euros en nuevos depósitos, hasta los 16.550 millones registrados en enero.

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