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(La Vanguardia, 11-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez: “España ve a China como socio de la UE”

El acercamiento entre España y China se ha hecho evidente. Pedro Sánchez y Xi Jinping, presidentes de ambos países, consolidaron esta nueva etapa en su relación bilateral con una reunión en Pekín marcada por gestos cordiales y mensajes con fuerte carga política. Sánchez subrayó que "España considera a China un socio dentro de la UE", una declaración que evidencia una sintonía más estrecha de la habitual. Aunque la posición oficial de la Unión Europea define a China como "socio, competidor y rival sistémico", algunos líderes europeos, incluido Sánchez, abogan por replantear esta visión en el actual contexto de distanciamiento de Estados Unidos. Xi Jinping, por su parte, también expresó un mensaje de cooperación en un momento de fuerte tensión con Washington, agravada por la guerra comercial impulsada por Donald Trump. "Cuanto más compleja y cambiante sea la situación internacional, más necesario será mantener unas buenas relaciones entre China y España", afirmó Xi, en una referencia indirecta a las tensiones comerciales con EE. UU. Siguiendo el protocolo chino, los saludos iniciales entre ambos mandatarios se realizaron ante las cámaras, y en ese breve intercambio quedó patente no solo la cordialidad en las palabras, sino también en la actitud de ambos, que llegaron juntos al encuentro. Con este gesto, Sánchez hace oídos sordos a las advertencias lanzadas desde la administración Trump por su acercamiento a China, y también responde a las críticas internas, especialmente desde el Partido Popular. De hecho, el presidente español se convierte en el primer dirigente internacional que visita a Xi Jinping desde que estalló el nuevo episodio de tensiones comerciales con Estados Unidos, que ha elevado los aranceles a productos chinos hasta un 145%. La buena sintonía entre ambos líderes fue destacada por Xi Jinping al recordar que esta es ya la tercera visita de Sánchez a China en los últimos tres años, un reflejo -dijo- del interés y la voluntad del presidente español por fortalecer los lazos bilaterales. "Ambos hemos coincidido en impulsar una relación estratégica y de beneficio mutuo", remarcó el mandatario chino, quien insistió en que en un mundo cada vez más inestable y lleno de desafíos, solo mediante la cooperación internacional se podrá avanzar hacia la paz, la estabilidad y el desarrollo global. Xi también elogió a Sánchez por su reciente artículo conjunto con los presidentes de Brasil y Sudáfrica, en el que hacían un llamado a fortalecer el multilateralismo y rechazar el aislamiento y las políticas unilaterales, un posicionamiento contrario a la línea de Trump. Desde una óptica estratégica, Xi respaldó la idea compartida por Sánchez de fortalecer los vínculos entre China y Europa para contribuir a la estabilidad mundial. No obstante, el presidente español introdujo un matiz habitual en sus visitas a Pekín, al referirse al importante déficit comercial que España y la UE mantienen con China, el cual, según los europeos, se ve agravado por los obstáculos que Pekín impone a la entrada de productos y empresas extranjeras. Por ello, Sánchez insistió en la necesidad de construir unas "relaciones equilibradas". El jefe del Ejecutivo español también expresó un claro compromiso político con el fortalecimiento del vínculo bilateral: "Valoro este encuentro como una muestra de respeto y amistad hacia España. Refleja nuestro interés compartido por mantener una interlocución constante y de alto nivel, a la que hoy damos un nuevo impulso". Subrayó el interés mutuo por potenciar el comercio y la inversión de forma justa, fomentar el intercambio cultural, científico y académico, así como promover el turismo y el aprendizaje de los idiomas respectivos. "España, como usted sabe, es un país firmemente europeísta que considera a China un socio clave de la UE. Europa es un proyecto de paz, democracia, progreso y apertura económica, con un firme compromiso hacia el multilateralismo y la solidaridad internacional", remarcó Sánchez. Además, aprovechó la ocasión para marcar distancias con Washington en cuestiones globales como el cambio climático -recordando que EE. UU. se retiró del Acuerdo de París-, la lucha contra la pobreza o el acceso a financiación para países vulnerables. "Enfrentar los desafíos globales no puede esperar. La emergencia climática, los conflictos persistentes, la pobreza o la necesidad de financiación exigen una respuesta conjunta, decidida y urgente de toda la comunidad internacional", concluyó el presidente español.

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(Cinco Días, 10-04-2025) | Fiscal

La subida del impuesto de transmisiones patrimoniales en Cataluña pone en riesgo la venta de carteras de viviendas

El aumento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en Cataluña, que pasará del 10% al 20% del valor del inmueble en el caso de grandes propietarios, podría frenar el dinamismo del mercado inmobiliario y dificultar tanto las ventas como las compras por parte de inversores. Entre los primeros afectados estaría el fondo alemán Patrizia, que desde octubre intenta vender un conjunto de 540 viviendas en alquiler en el área metropolitana de Barcelona por 150 millones de euros. El nuevo decreto ley fue publicado el 26 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat y entrará en vigor el 27 de junio. Este incremento fiscal no solo duplica el ITP para grandes tenedores -aquellos con más de diez inmuebles o cinco en zonas con precios tensionados-, sino que también elimina la bonificación del 70% para empresas inmobiliarias. Además, eleva del 2,5% al 3,5% el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Expertos del sector advierten que esta medida podría tener un efecto disuasorio para los grandes inversores en Cataluña, en un contexto en el que se requiere un fuerte impulso del alquiler, que usualmente depende del capital privado debido al elevado coste de inversión. Si las nuevas normativas dificultan las operaciones futuras, el capital -mayoritariamente extranjero y conservador- podría redirigirse a otras regiones con un entorno fiscal más favorable. Un ejemplo claro es el caso de Patrizia. Esta gestora compró en 2022 una cartera de 1.500 viviendas a BeCorp por 600 millones de euros, parte de las cuales ahora intenta vender. En concreto, quiere desprenderse de 540 inmuebles construidos entre 2020 y 2023 en localidades como Badalona, Abrera y Sant Just Desvern, por 150 millones. Para esta operación, ha contratado a la consultora JLL. Según fuentes del mercado, es posible que Patrizia reciba ofertas más bajas de lo previsto, o incluso que no encuentre un comprador dispuesto a asumir el impacto fiscal que también afectaría a futuras ventas. En ese caso, podría optar por vender las viviendas de forma individual, atendiendo a la alta demanda de compradores particulares, lo que reduciría aún más la oferta de alquiler disponible. Este modelo de venta ya lo adoptaron otros fondos tras la aprobación del control de precios en Cataluña, como Blackstone (a través de Testa), Cerberus (con Macc Residencial) y la socimi Vivenio, gestionada por Renta Corporación. Cabe señalar que Patrizia sacó esta cartera a la venta justo después de que se aprobara el límite de precios en los alquileres. A día de hoy, todos los pisos están alquilados, lo que refleja la fuerte demanda de vivienda en el área de Barcelona. El decreto contempla algunas excepciones y beneficios fiscales en ciertos casos: como para promotores sociales, cooperativas de vivienda, transformación de oficinas en vivienda protegida o si el inmueble se destina a sede corporativa del gran tenedor. Patrizia, uno de los mayores fondos europeos en el ámbito inmobiliario, tiene presencia en España en sectores como el residencial, logístico o residencias estudiantiles. La compañía ha preferido no hacer declaraciones sobre la operación en curso. Entre los principales propietarios de viviendas en alquiler en Cataluña se encuentran Caixabank (5.064 unidades), Blackstone (2.493, incluyendo otras firmas como Aliseda o Anticipa), Azora, CBRE Investment Management a través de Nestar (1.046), Cerberus (980) y Santander (575), según datos de Civio. Vivenio, por su parte, no ha especificado cuántos inmuebles tiene actualmente en esta comunidad, aunque al salir a Bolsa en 2018 contaba con 598.

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(Expansión, 10-04-2025) | Fiscal

España aprueba el Reglamento del Impuesto Complementario, ajustándose a las directrices de la OCDE sobre fiscalidad mínima global para multinacionales

El Gobierno ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Hacienda, al real decreto que aprueba el Reglamento del Impuesto Complementario, una norma clave para garantizar una tributación mínima global en grandes grupos empresariales, tanto multinacionales como nacionales. Esta medida desarrolla la Ley 7/2024, del 20 de diciembre, y responde a la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a la directiva europea basada en el Pilar II del plan BEPS de la OCDE, orientado a combatir la elusión fiscal y el traslado de beneficios a territorios con baja tributación. Con esta aprobación, se da un paso determinante hacia la plena implementación del Pilar II en el ámbito nacional, extendiendo su aplicación a todos los grupos empresariales que deban tributar por este nuevo impuesto. Así lo señala Ignacio López Tamayo, socio del área fiscal de PKF Attest, quien destaca que el nuevo reglamento permite alinear completamente el marco tributario español con los compromisos adquiridos ante la OCDE y la Unión Europea. Desde una perspectiva técnica, el reglamento aporta mayor claridad en puntos fundamentales como el cálculo de la base imponible ajustada, el tratamiento de los créditos fiscales (diferenciando entre los que pueden reembolsarse y los que no), y los impuestos diferidos. También se aclara cómo aplicar el impuesto en grupos donde las entidades operan con distintos ejercicios fiscales. La función del reglamento es doble: por un lado, desarrollar los criterios ya establecidos en la ley, y por otro, facilitar su interpretación conforme a las directrices tanto europeas como internacionales. Uno de los aspectos clave que regula el texto es la identificación de las entidades que quedarán fuera del alcance del impuesto. Se precisan las condiciones que permiten la exención de ciertas entidades, como aquellas que realizan tareas auxiliares para organizaciones sin ánimo de lucro, siempre que no superen determinados umbrales en su facturación. Asimismo, se establecen disposiciones específicas para que determinadas entidades de inversión relacionadas con mutuas de seguros puedan ser tratadas como transparentes a efectos fiscales. El reglamento también regula el cálculo de la base imponible y de los impuestos ajustados cubiertos, incluyendo normas específicas para aquellos grupos cuyas filiales no comparten el mismo año fiscal que la empresa matriz. Se prevén, además, ajustes especiales relacionados con inversiones en el extranjero o ingresos obtenidos por quitas, ofreciendo alternativas de tratamiento fiscal para estos supuestos durante períodos determinados. Otro elemento destacado es la regulación relativa a la exclusión de rentas asociadas a la sustancia económica. El reglamento detalla cómo valorar los activos materiales y el personal considerado admisible, incluso si son compartidos entre distintas jurisdicciones o pertenecen a diferentes grupos. Para ello, se establecen criterios claros para asignar estos elementos a una jurisdicción concreta, incluyendo mecanismos de prorrateo. En cuanto a los créditos fiscales, se definen las condiciones que deben cumplir para considerarse transferibles, incluyendo requisitos legales y de mercado, además de cómo deben reflejarse en la contabilidad de las empresas. La entrada en vigor de este reglamento supone un desafío importante para las compañías, especialmente aquellas con estructuras internacionales complejas. "Será esencial anticiparse y revisar a fondo los sistemas contables y fiscales para adaptarse adecuadamente", concluye López Tamayo.

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(El País, 10-04-2025) | Fiscal

El Gobierno deja en el limbo la mitad de la devolución del IRPF por el salario mínimo

La devolución del IRPF prevista para los trabajadores que cobran el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 se encuentra en una situación incierta debido, al parecer, a un error técnico del Ministerio de Hacienda que aún podría corregirse. El Gobierno, tras intensas negociaciones entre el PSOE y Sumar, acordó hace dos semanas que durante este año los trabajadores con SMI comenzarán a sufrir retenciones en sus nóminas, a cambio de recibir el próximo año una devolución equivalente a lo retenido. No obstante, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) advierte de que la medida se ha encuadrado dentro de un grupo de deducciones que tienen una doble vertiente: estatal y autonómica, cada una con un peso del 50%. El problema está en que la norma actual solo contempla la corrección de la parte estatal, dejando fuera la autonómica. Esto significa que, si no se modifica el diseño actual, los trabajadores afectados solo recuperarían la mitad de los alrededor de 300 euros anuales que se les retendrán este año. Es decir, la devolución se limitaría a unos 150 euros, y el resto quedaría pendiente. Según explica Raquel Jurado, técnica del área de estudios del REAF, la devolución del SMI se ha incluido como una enmienda dentro del proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que se prevé aprobar sin mayores obstáculos en las Cortes. Este mismo vehículo legislativo ha sido utilizado por el Ejecutivo para regular la devolución a los antiguos mutualistas, como recordaron los expertos del REAF durante la presentación del informe sobre la Declaración de la Renta y del Patrimonio de 2024. La enmienda que afecta al SMI modifica el artículo 67 de la Ley del IRPF, que regula la cuota líquida estatal, y confirma que habrá devolución. Sin embargo, no toca el artículo 77, que regula la parte autonómica. "Creemos que se trata de un descuido que puede subsanarse todavía, ya que la enmienda se encuentra en fase de tramitación y puede modificarse antes de la votación final", indica Jurado. Por su parte, desde Hacienda no aclaran si efectivamente se trata de un error, aunque reconocen que, de ser así, "aún hay tiempo suficiente para corregirlo". Si finalmente no se soluciona, los contribuyentes con SMI no recuperarán la parte autonómica del IRPF retenido. Esto supondría pérdidas anuales que varían según la comunidad autónoma: desde los 110,9 euros en la Comunidad Valenciana hasta los 178,7 euros en Asturias. Estas diferencias regionales se deben al diseño del IRPF, que incluye una parte estatal y otra autonómica, y donde las comunidades autónomas pueden aplicar su propia normativa, lo que provoca ligeras variaciones entre territorios. Así, en Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón y Murcia la cantidad no devuelta sería de 169,8 euros; en Baleares y Castilla y León, de 160,8; en Canarias, de 155,8; en Cantabria, de 151,9; en Andalucía, de 146,9; en Extremadura y La Rioja, de 142,9; en Galicia, de 139,3; y en Madrid, de 117,3 euros. Quedan excluidos de este sistema el País Vasco y Navarra, al contar con regímenes fiscales propios. Si se corrige la normativa actual, los trabajadores que cobran el salario mínimo recuperarían en 2026 el 100% de las retenciones aplicadas durante 2025, salvo en Asturias, donde seguirían pagando 8,7 euros anuales. Esto se debe, según Jurado, a que esta comunidad aplica un tipo mínimo del 10% en el IRPF, frente al 9,5% estatal que replican la mayoría de regiones. Cabe recordar que, con efectos retroactivos desde enero de 2025, el salario mínimo ha subido a 16.576 euros brutos anuales, 700 euros más que en 2024. Esta cifra representa un aumento del 61% respecto a 2018. Para el PSOE, este incremento justifica que los trabajadores con SMI comiencen a tributar. Por eso, Hacienda decidió no actualizar el mínimo exento en el IRPF, como había hecho en ejercicios anteriores, lo que supone que cerca del 20% de los perceptores del salario mínimo -especialmente solteros sin hijos- comenzarán a pagar retenciones por un valor medio de 300 euros al año. El resto, un 80%, queda fuera debido a su situación familiar. Esta decisión generó un fuerte conflicto dentro del Ejecutivo. Sumar defendía mantener exentos del IRPF a los trabajadores con rentas más bajas y exigía una actualización de los mínimos exentos. Tras semanas de negociación, se pactó una fórmula intermedia: en 2025 se aplicará un alivio fiscal para estos trabajadores, pero el beneficio será puntual y no se extenderá a ejercicios posteriores, en línea con la posición del PSOE.

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(El País, 10-04-2025) | Fiscal

La tributación de las multinacionales españolas supera el 20%, seis puntos más que un año antes

En la actualidad, existen numerosos grandes conglomerados empresariales con filiales distribuidas por todo el mundo. Un claro ejemplo son las 142 multinacionales de origen español que, en 2022, lograron unos beneficios conjuntos de 97.895 millones de euros y abonaron impuestos por valor de 19.685 millones, lo que equivale a una tasa efectiva del 20,1%. Esta cifra representa un notable incremento respecto al 14,4% registrado el año anterior, según recoge el más reciente "Informe país por país" de la Agencia Tributaria. Este estudio también pone de manifiesto una elevada dispersión en los tipos impositivos que se aplican. Más de un tercio de las empresas incluidas tributaron por debajo del 15%, el mínimo acordado en el marco de la OCDE. Además, 23 grupos -que representaban el 10,2% de los beneficios declarados- apenas pagaron un 1,3%. Por otro lado, únicamente 43 multinacionales superaron el tipo nominal del 25%, que es el impuesto de sociedades estándar en España. El "Country by Country Report" (CbC, por sus siglas en inglés) no pretende reemplazar otras estadísticas fiscales, ni es directamente comparable con ellas. Su objetivo es ofrecer una visión de las operaciones internas de los grupos multinacionales en un mundo cada vez más globalizado, además de recopilar información sobre su fiscalidad. En 2022, las multinacionales españolas contaban con 14.564 filiales, de las cuales el 70% se ubicaban fuera del país. Solo los grupos con una facturación global superior a 750 millones de euros están obligados a presentar este informe. Los datos aportados por las empresas reflejan claramente el proceso de expansión internacional experimentado en los últimos años. Solo un 32% de las filiales españolas estaban ubicadas en el propio país en 2022, mientras que el 18% se situaban en el resto de Europa y el 50% restante en otras regiones del planeta. Aun así, la mayor parte de sus ingresos todavía se concentra en España, donde estas compañías generaron el 55,7% de su facturación mundial, el 46,4% de sus activos, el 41,8% del beneficio total y el 34,6% del impuesto sobre sociedades pagado. El informe también evidencia marcadas desigualdades entre los grupos analizados. Por ejemplo, las 23 multinacionales con menor carga fiscal, que tributaron a un tipo medio del 1,3%, declararon beneficios antes de impuestos por 9.517 millones, pero apenas aportaron el 0,7% de la recaudación total por este impuesto. En contraste, otros 28 grupos, con beneficios de 15.866 millones y un tipo efectivo del 17,7%, contribuyeron con el 17,5% del total recaudado. La elaboración de este informe responde a los compromisos internacionales de España en materia de transparencia fiscal, asumidos en el marco de la OCDE. Esta organización, que agrupa a las economías más desarrolladas, trabaja desde hace años en reformar el sistema de tributación internacional con el fin de combatir la elusión fiscal de las grandes corporaciones, una práctica que ha crecido con la globalización y el auge del entorno digital. En 2021, se alcanzó un acuerdo global entre más de 130 países para establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades, acuerdo que la Unión Europea incorporó a su legislación y que España ya ha implementado en su normativa interna. El primer informe CbC se publicó en 2019 con datos de 2016. Entonces, los 112 grupos analizados declararon beneficios por 91.849 millones y una tasa impositiva del 12,6%. Desde entonces, la presión fiscal ha aumentado, aunque de forma irregular: en 2017 se situó en el 17%, en 2018 en el 18,3%, en 2019 en el 16,7% y en 2020 -año marcado por la pandemia y la caída de beneficios- ascendió al 24,8%. Con la reactivación económica de 2021, el tipo volvió a bajar al 14,4%, debido a un fuerte incremento en los beneficios. En 2022, la tasa repuntó hasta el 20,1%, impulsada por una leve reducción del beneficio (un 0,5% menos) y un aumento notable del importe abonado en impuestos, que creció un 39%. Una diferencia clave entre este informe y las estadísticas tradicionales, como las cuentas anuales consolidadas del impuesto de sociedades, es la forma de calcular el tipo efectivo. En el informe CbC, el tipo se calcula a partir del beneficio neto (ya descontadas las pérdidas) generado por todas las filiales en un mismo país, y no sobre el beneficio bruto global. El cálculo, además, sigue las reglas fiscales específicas de cada territorio. Por otro lado, el tipo nominal del impuesto de sociedades en España es del 25%, pero este porcentaje se aplica sobre la base imponible, que suele ser inferior al beneficio contable. Esto se debe a que existen mecanismos de reducción y deducción, como la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o las bonificaciones por evitar la doble imposición de dividendos. Además, el cálculo del tipo mínimo global acordado en el marco de la OCDE utiliza una metodología distinta, con una base imponible armonizada y una serie de ajustes comunes para todas las jurisdicciones participantes.

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(El Economista, 10-04-2025) | Fiscal

Las devoluciones a los mutualistas, en el limbo: el cambio legal deberá aprobarse antes del 30 de junio

El pasado 2 de abril, el PSOE introdujo una enmienda en el proyecto de ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, con el objetivo de solucionar el problema generado por el cambio normativo de diciembre. Dicho cambio impedía a los pensionistas que cotizaron a antiguas mutualidades recuperar de una sola vez el IRPF pagado en exceso. La nueva enmienda plantea abonar todas las cantidades pendientes en un único pago durante este año. Sin embargo, esta solución depende de que la ley se apruebe antes del 30 de junio. Si no se aprueba a tiempo, la enmienda no surtirá efecto. En ese caso, los pensionistas únicamente podrán recuperar este año el IRPF correspondiente al ejercicio de 2024 y al año 2019. Las cantidades de los años 2020, 2021 y 2022 se devolverían de forma escalonada: en 2025 el ejercicio de 2020, en 2026 el de 2021, y en 2027 el de 2022. La modificación de diciembre anuló las solicitudes de devolución que muchos pensionistas ya habían presentado por los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, obligándolos a volver a solicitarlas, pero solo una por año. Ante las numerosas críticas recibidas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció recientemente su intención de revertir la medida y proceder a una devolución única en 2025, siempre que se realice un cambio legal que lo permita. Con el inicio de la campaña de la Renta el 2 de abril, la Agencia Tributaria ha habilitado un formulario que permite a los mutualistas solicitar únicamente la devolución correspondiente al año 2019, según lo estipulado por la legislación vigente. No obstante, la enmienda presentada por el PSOE permitiría que, al presentar este formulario, se entienda que también se están reclamando los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE), dependiente del Consejo General de Economistas, advierten que si la ley no se aprueba antes de que finalice la campaña del IRPF, el 30 de junio, la devolución quedará limitada al ejercicio de 2019. Según su criterio, aunque los pensionistas ya hayan presentado el nuevo formulario, Hacienda esperará al desenlace legislativo para determinar si se devuelven todos los años o solo el de 2019. Cabe destacar que esta ley aún se encuentra en fase de tramitación. El Congreso todavía no la ha debatido en Pleno, y aunque se espera que se apruebe, posteriormente deberá ser revisada y ratificada también por el Senado.

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(Expansión, 10-04-2025) | Laboral

El teletrabajo crece en España, pero sigue lejos de los niveles europeos

En España, el 14,4% de los trabajadores ocupados realiza su labor a distancia, lo que equivale a unos 3,2 millones de personas. Esta cifra representa un avance respecto al año anterior, aunque aún está por debajo del promedio de la Unión Europea. Contrario a lo que algunos sostenían tras la pandemia, el teletrabajo no fue una moda pasajera, sino una modalidad que sigue ganando terreno, aunque con menor fuerza que en otros países del entorno. Pese a que muchas empresas y directivos todavía desconfían de la eficacia del trabajo remoto y apuestan por el regreso total a las oficinas, los datos muestran una realidad diferente. Durante el último cuatrimestre de 2024, el número de teletrabajadores aumentó un 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 3,2 millones. Así lo confirma el segundo Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, que refleja una consolidación del trabajo a distancia. No obstante, España sigue lejos de la media europea, donde el 24,1% de los ocupados trabaja de forma remota. Según Eurostat, entre los 20 principales países europeos, España ocupa un modesto décimocuarto puesto en cuanto a implantación del teletrabajo. Este porcentaje es el más alto desde el tercer trimestre de 2021, cuando se alcanzó el 14,5%, aunque todavía se encuentra 1,8 puntos porcentuales por debajo del máximo histórico registrado en marzo de ese mismo año. El cambio es significativo si se compara con los niveles previos a la pandemia, cuando solo 1,64 millones de personas teletrabajaban. Durante el confinamiento del segundo trimestre de 2020, esa cifra se disparó hasta los 3,5 millones. Actualmente, el número ha descendido a 3,2 millones, lo que implica una pérdida de 360.700 teletrabajadores desde el pico pandémico, aunque aún se mantienen 1,5 millones más que en la etapa prepandémica. En comparación con nuestros vecinos, España presenta un crecimiento más lento. Nos separan casi 10 puntos porcentuales de la media europea (24,1% frente al 14,4%), y la diferencia es aún mayor respecto a países como Países Bajos (56%), Suecia (49,1%), Finlandia (45,1%), Luxemburgo (43,3%), Irlanda (39,8%) o Dinamarca (39,7%). En el extremo opuesto, Bulgaria y Rumanía apenas registran un 3,1% y 3,6% de teletrabajo, respectivamente. Por comunidades autónomas, Madrid continúa siendo el epicentro del teletrabajo en España. Allí, el 25,5% de los ocupados trabaja a distancia, muy por delante de Cataluña (15,8%) y la Comunidad Valenciana (14,3%). Aunque Madrid concentra el 15,9% de los trabajadores del país, aglutina al 25,5% de quienes teletrabajan. Cataluña, que representa el 17,7% de los ocupados, aporta el 15,8% de los teletrabajadores. Entre ambas regiones suman el 33,6% de los trabajadores del país, pero el 41,3% del total de teletrabajadores. En el cuarto trimestre de 2024, trece comunidades experimentaron un aumento interanual en el porcentaje de trabajadores en remoto. Además de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, destacan País Vasco (13,1%), Galicia (12,1%), Andalucía (11,9%), Aragón (11,5%), Baleares (11%), Asturias (10,3%), Castilla-La Mancha (10%), Extremadura (9,5%), Murcia (9,4%) y Castilla y León (9,3%). En este grupo resalta la Comunidad Valenciana, con 13 trimestres consecutivos de crecimiento, y el País Vasco, con subidas en 10 de los últimos 11 trimestres. Por otro lado, en tres comunidades el teletrabajo ha retrocedido. La caída más significativa se produjo en Canarias, con un descenso de 1,6 puntos hasta situarse en un 8%. También se observaron retrocesos en Navarra, La Rioja y Cantabria. El estudio señala que, en términos generales, el teletrabajo ha ido en aumento durante los últimos años. En comparación con 2022, Baleares lidera el crecimiento con un aumento del 31,5%, lo que equivale a 17.300 personas más trabajando desde casa. Le siguen Asturias, con una subida del 17,1%, y Aragón, con un 11,3%. En contraste, seis comunidades redujeron su número de teletrabajadores en 2024: La Rioja (-33,8%), Cantabria (-12,8%), Canarias (-10,6%), Extremadura (-9%), País Vasco (-6,3%), Murcia (-6,1%), Andalucía (-6%) y Navarra (-5,9%). A pesar de ello, doce regiones lograron encadenar al menos tres trimestres seguidos de crecimiento en el número de teletrabajadores.

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(El País, 10-04-2025) | Laboral

Los trabajadores de la construcción exigen a la patronal que apoye anticipar la jubilación y se manifestarán ante la Seguridad Social

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que representa al sector, ha manifestado su rechazo a los nuevos coeficientes reductores para la jubilación anticipada, a pesar de que han sido acordados por el Gobierno, sindicatos y otras patronales. Estos coeficientes permiten que ciertos trabajadores se jubilen antes, ya que cada año trabajado cuenta como más tiempo cotizado, algo que ya se aplica en profesiones especialmente duras, como la minería o el trabajo marítimo. La intención del Gobierno es extender este beneficio a otros sectores con condiciones laborales especialmente exigentes. "Nos gustaría poder adelantar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores", señaló recientemente Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, en respuesta a una pregunta de este diario. "El problema es que el sistema propuesto impone ese coste adicional tanto a las empresas como a los empleados. Es una carga económica que el sector no puede soportar en este momento ni bajo estas condiciones". Fernández Alén opina que debería ser la Seguridad Social quien asumiera estos costes en lugar de trasladarlos al ámbito privado. Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre la Seguridad Social, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CC OO y UGT establece que el impacto de estos coeficientes no debe afectar negativamente a las finanzas del sistema de pensiones. Con el sistema sometido a una gran presión debido al incremento de las prestaciones (causado por mejores salarios y el retorno de la revalorización con el IPC) y a un mayor número de jubilaciones (por la retirada de la generación del baby boom), la normativa exige que cualquier anticipo en la edad de jubilación sea compensado mediante una cotización adicional que equilibre el coste. Esto ha generado preocupación entre distintas patronales, incluida la de la construcción, por el incremento de los costes laborales. Aunque la Seguridad Social había anunciado que estos nuevos coeficientes estarían listos en febrero, el plazo no se cumplió. Posteriormente, la ministra Elma Saiz indicó en una entrevista que estarían disponibles en abril, cuando comenzaría la conformación de la comisión evaluadora que analizará cada solicitud. Según la normativa, el ministerio dispone de hasta cuatro meses para constituir esta comisión, aunque se espera que el proceso sea más ágil. Una vez formada, la comisión tendrá un plazo máximo de seis meses para emitir su dictamen, basándose en criterios objetivos como el nivel de siniestralidad o el número de bajas laborales del sector en cuestión. Los representantes sindicales Barragán y Hoya han anunciado que presentarán la solicitud para aplicar los coeficientes reductores en el sector de la construcción entre abril y mayo. Su petición abarcará a los trabajadores incluidos en los grupos 1 al 6 del convenio colectivo, lo que incluye prácticamente todas las categorías profesionales, desde peones hasta maquinistas, pasando por capataces, decoradores o talladores de piedra y mármol. "Hay dos formas de presentar esta solicitud: de manera conjunta, entre patronal y sindicatos, o a iniciativa de la Administración. Nosotros exigimos a la patronal que se sume a esta iniciativa común. Es una cuestión de justicia evidente", subrayó Barragán. La construcción es uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral en España, solo por detrás de la minería, el transporte, el suministro energético y la agricultura. En 2024, fallecieron 135 trabajadores del sector durante su jornada laboral. "La edad media en la construcción sigue aumentando, y es evidente que con los años las capacidades físicas se ven reducidas. Esta es una actividad muy exigente físicamente. Contar con estos coeficientes permitiría facilitar el relevo generacional, que tanto sindicatos como empresas consideramos imprescindible", añadió Hoya. Desde CCOO también se ha criticado la postura de la patronal, calificándola de incoherente: "No tiene sentido rechazar los coeficientes reductores y, al mismo tiempo, quejarse de los niveles de absentismo. Si se pudieran jubilar antes los trabajadores en condiciones más difíciles, se reducirían las bajas por motivos de salud". Además, ha destacado que el momento económico del sector es muy favorable, con una fuerte demanda de vivienda y buenos márgenes empresariales. "Las empresas están obteniendo grandes beneficios. La construcción está en un momento de solidez económica", concluyó.

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(El Economista, 10-04-2025) | Laboral

Las dimisiones siguen creciendo en España a pesar de la incertidumbre económica y política

A pesar del incierto contexto político y económico con el que ha comenzado 2025, las dimisiones laborales en España no solo no se han frenado, sino que siguen aumentando. En los dos primeros meses del año, 419.944 personas causaron baja voluntaria en la Seguridad Social, una cifra que apunta a un nuevo récord histórico y que supera en un 6,1% los registros del mismo periodo del año anterior. Este repunte afecta tanto a trabajadores con contrato indefinido como a temporales, que vuelven a registrar aumentos tras dos años consecutivos de caída. Este incremento, algo superior al registrado en los primeros meses de 2024 (5,9%), pone en entredicho la idea de que el auge de las dimisiones era solo una reacción puntual al nuevo marco laboral derivado de la reforma que favoreció la contratación indefinida. Lejos de estabilizarse, la tendencia continúa al alza, aunque con un crecimiento más moderado que el experimentado en 2022 y 2023. En los dos primeros meses de 2025, las dimisiones representaron el 13,1% del total de bajas de afiliación, por detrás del fin de contratos temporales (que sumaron 1,42 millones y supusieron el 44% del total) y de las transiciones a la inactividad de trabajadores con contrato fijo discontinuo (576.459 casos, un 18,1%). Si se observan solo los contratos indefinidos, las dimisiones ascienden al 23,1% de las salidas, mientras que los fijos discontinuos concentran el 41,3%. Por otro lado, los despidos y las salidas por no superar el periodo de prueba apenas suman el 9% del total de extinciones, aunque su peso entre los indefinidos se eleva al 18%. Aunque las renuncias han estado ligadas en los últimos años al incremento de contratos indefinidos tras la reforma laboral, esta tendencia no es nueva. Los datos comparables, disponibles desde 2012, muestran un crecimiento sostenido: de 117.000 dimisiones en febrero de aquel año, se pasó a 285.436 en 2019 y a 282.831 en 2020, justo antes del estallido de la pandemia. En 2021, debido a la caída de la contratación, descendieron bruscamente hasta 202.724. Durante todos esos años, los contratos temporales eran responsables de cerca del 60% de las renuncias, frente al 39% de los indefinidos. En cambio, en 2025 la situación se ha invertido: el 77% de las dimisiones proviene de trabajadores indefinidos, y solo el 21% corresponde a temporales. Este cambio refleja claramente el impacto de la reforma laboral. Aunque históricamente los asalariados indefinidos siempre han sido mayoría en España -representaban el 62,8% antes de la reforma-, actualmente su peso ha aumentado hasta el 78,2%, mientras que los temporales apenas superan el 60% de los contratos firmados. Este cambio estructural explica en parte el incremento de las bajas voluntarias. Hasta 2022, quienes más dimitían eran trabajadores con contratos precarios y escasa antigüedad, para quienes dejar el empleo implicaba un menor coste. Además, tenían mayores posibilidades de firmar otro contrato temporal rápidamente. Este contexto convertía a las dimisiones en un reflejo más de la precariedad y dualidad del mercado laboral. Con la reforma, las opciones de conseguir un contrato fijo mejoraron notablemente, lo que en un primer momento mantuvo las renuncias concentradas en los temporales. Pero a medida que disminuyó la contratación de este tipo de empleos, las dimisiones se trasladaron al ámbito de los indefinidos, lejos de disminuir. La gran pregunta ahora es por qué trabajadores con empleos estables, que ofrecen beneficios como la antigüedad y mejores condiciones salariales, deciden marcharse. Aunque los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social no ofrecen detalles sobre el perfil de quienes renuncian, todo indica que no se trata de empleados con larga trayectoria, sino de nuevos contratados, incluidos los fijos discontinuos. Varios estudios respaldan esta teoría, basándose en factores como la alta rotación laboral en España -la mayor de la Unión Europea- o el dato de que un 60% de los asalariados y un 70% de los indefinidos lleva más de tres años en su puesto. Aunque estos porcentajes han caído diez puntos en los últimos años, el motivo parece ser la entrada masiva de nuevos trabajadores con contrato fijo, no una salida masiva de empleados con experiencia. En definitiva, las dimisiones reflejan una nueva forma de dualidad en el mercado laboral español, que ya no se limita a la clásica división entre temporales e indefinidos, sino que se manifiesta ahora entre trabajadores indefinidos con trayectorias laborales muy distintas.

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(Cinco Días, 10-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia una pausa de 90 días de los aranceles a los países que no tomaron represalias

Donald Trump decreta una tregua arancelaria de 90 días con casi todos los países, excepto China, en medio del caos financiero y temores de recesión en EE. UU. En un contexto de turbulencia en los mercados y creciente preocupación por una posible recesión y crisis de deuda en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha decidido suspender durante tres meses la aplicación de aranceles recíprocos a la mayoría de países afectados, con la notable excepción de China. El anuncio fue hecho por el propio mandatario a través de sus redes sociales, apenas un día después de que la Casa Blanca negara que esta posibilidad estuviera en consideración. "Más de 75 países han contactado para buscar una solución negociada... y han seguido mi recomendación de no tomar represalias", escribió Trump. Según explicó, ha autorizado una moratoria de 90 días que incluye una reducción temporal del arancel base al 10%, aplicable de inmediato. La confusión inicial sobre qué países estarían cubiertos por esta medida fue aclarada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien confirmó que los aranceles recíprocos no se implementarán hasta al menos el verano. Aunque se mantiene el arancel mínimo del 10%, Estados Unidos se muestra dispuesto a dialogar con todos los socios comerciales afectados, incluidos aquellos que enfrentaban tasas más altas, como la Unión Europea. La UE, que ha preparado medidas defensivas en respuesta a los aranceles estadounidenses al acero y aluminio, todavía no las ha puesto en marcha, lo que le permitiría acogerse a la pausa anunciada por Trump. De hecho, Bruselas ya había optado por retrasar su reacción hasta mediados de este mes para abrir espacio a la negociación. Entre los países que más se benefician de esta tregua se encuentra Reino Unido, que ya se enfrentaba al tipo mínimo del 10% y ahora dispone de tres meses para negociar una posible exención total. Sin embargo, los primeros diálogos se centrarán en países como Vietnam, Japón, Corea del Sur e India, duramente afectados por los aranceles. China, por su parte, queda fuera de cualquier alivio: no solo mantiene las tasas actuales, sino que verá un nuevo aumento inmediato hasta el 125%, frente al 104% previo, en respuesta al incremento de tensiones bilaterales en los últimos días. El anuncio llega en un momento especialmente delicado: los mercados atraviesan una fase de alta volatilidad y la política comercial de la Casa Blanca genera descontento tanto dentro como fuera del país. A pesar de los comentarios provocadores del presidente, que alardeó recientemente de que líderes internacionales "me están besando el culo" para lograr un acuerdo, la presión interna va en aumento. Incluso figuras influyentes del sector financiero, como el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, han advertido que la política arancelaria está llevando al país hacia una recesión sin precedentes. Este viernes, el banco presentará sus resultados trimestrales y se espera que incluya proyecciones económicas negativas vinculadas a la guerra comercial. Ayer, además, se registró una brusca caída en los precios de los bonos del Tesoro, lo que podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas estadounidenses. Algunos analistas no descartan que China, poseedora de unos 700.000 millones de dólares en deuda estadounidense, esté detrás de esta venta masiva como táctica de presión económica. También empieza a cuestionarse la fortaleza del dólar como moneda de reserva global y activo refugio, ya que no ha mantenido su comportamiento habitual en medio de la incertidumbre. Intentando calmar los nervios, Trump minimizó la caída de los mercados y animó a los inversores asegurando que era "un gran momento para comprar". Justo antes de la apertura de Wall Street, reiteró: "¡Tranquilos! Todo va a salir bien. ¡Estados Unidos será más grande y fuerte que nunca!". Pero sus palabras no bastaron y los mercados siguieron cayendo, obligándolo finalmente a anunciar la moratoria de 90 días, una estrategia que ya había utilizado en su momento con México y Canadá.

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