(El País, 11-12-2024) | Fiscal
El Partido Popular y Junts han dado un primer golpe al Gobierno tras llegar a un acuerdo para eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica en España, un tributo que genera entre 1.000 y 1.500 millones de euros anuales en ingresos. Este movimiento ocurre después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, instara al presidente Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza y condicionara su apoyo a los Presupuestos al cumplimiento de los pactos establecidos. Además, coincide con las negociaciones abiertas con el Ministerio de Hacienda sobre la prórroga del impuesto energético, que quedó fuera de la reforma fiscal aprobada recientemente en el Congreso, una reforma que sí contó con el respaldo de Junts.
El principal partido de la oposición y la formación catalana, que en varias ocasiones ha apoyado al Ejecutivo, pactaron incluir en el informe de la ponencia del proyecto de ley sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero la suspensión, a partir de 2025, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE). Este gravamen, instaurado en 2013 durante el mandato de Mariano Rajoy, pasaría del actual 7% a un tipo del 0%, siempre y cuando no exista déficit tarifario en el sistema eléctrico.
Este punto es crucial, ya que tras años de desajustes entre ingresos y gastos, el sistema eléctrico español ha conseguido generar superávits y reducir significativamente su deuda acumulada. Los ingresos del IVPEE han sido clave para reducir esta carga histórica, que se espera quede completamente saldada hacia el final de la década.
Según estimaciones del PP, la eliminación del impuesto podría suponer un ahorro de 400 millones de euros para las familias, 500 millones para las pequeñas y medianas empresas y 200 millones para la gran industria. En total, un impacto de 1.100 millones de euros, aunque el portavoz del PSOE, Patxi López, lo eleva a 1.500 millones. Por este motivo, López ha adelantado que su grupo intentará revertir la medida durante el trámite parlamentario, aunque no especificó qué estrategias se llevarán a cabo.
La enmienda propuesta por PP y Junts, que también recibió el apoyo de Vox, ERC y PNV, fue aprobada pese a los esfuerzos de PSOE y Sumar por frenar la reunión de la ponencia y evitar una nueva derrota parlamentaria. Según fuentes del Grupo Popular, esta iniciativa, impulsada por el PP desde 2018, busca aliviar las facturas de electricidad de familias y empresas, corrigiendo lo que consideran una "errática política energética" heredada del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
En la misma sesión, los grupos aprobaron otra enmienda relevante que garantiza la continuidad de la industria de cogeneración, nuevamente con la oposición de los dos socios de Gobierno. Ambas medidas están alineadas con el plan energético presentado por Alberto Núñez Feijóo en 2022, que prioriza la protección de hogares y empresas frente a los desafíos actuales.
Cabe recordar que el impuesto a la generación energética fue suspendido temporalmente por el Gobierno durante la crisis de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania. Aunque estaba dirigido a las empresas eléctricas, este impuesto repercutía casi íntegramente en el consumidor final, razón por la cual fue congelado en su momento para aliviar la presión sobre hogares y empresas. Sin embargo, con la progresiva normalización de los precios y la inflación, el Ejecutivo comenzó a reactivar el gravamen de forma paulatina.