(Expansión, 29-01-2025) | Fiscal
Hasta el momento, alrededor de 140 países, incluyendo España, se han adherido al plan de la OCDE, y varios de ellos ya han implementado legislación o están evaluando la adopción formal del impuesto mínimo global. Sin embargo, la OCDE ha tenido que reaccionar ante la orden de Trump, lo que ha generado inquietud en el organismo con sede en París. Su secretario general, Matthias Cormann, reconoció que "han surgido preocupaciones" entre representantes estadounidenses sobre distintos aspectos del acuerdo fiscal global. No obstante, transmitió un mensaje de tranquilidad al afirmar que la OCDE seguirá colaborando con Estados Unidos y el resto de los países para fomentar la cooperación internacional, garantizar estabilidad, evitar la doble imposición y proteger las bases impositivas.
La incertidumbre entre los expertos en fiscalidad es notable. "El desacuerdo de Estados Unidos provocará ajustes y tendrá repercusiones regulatorias a nivel global. Se buscarán puntos en común y se avanzará hacia una simplificación del Pilar II", señala Cástor Gárate, responsable de fiscalidad internacional de EY Abogados. Explica que la normativa fiscal estadounidense actual no se alinea con el Pilar II, lo que significa que si una empresa estadounidense tributa por debajo del 15%, esa diferencia podría ser asumida por una filial europea del mismo grupo. En la práctica, los incentivos fiscales de EE.UU. perderían su efectividad económica al trasladarse la carga impositiva a otro país.
Además, Gárate advierte que este impacto perjudica las arcas estadounidenses y es visto por el ala republicana como una amenaza inaceptable a la soberanía fiscal del país. En su opinión, más que una salida del acuerdo, lo que se confirma es que EE.UU. nunca tuvo intención de adherirse al Pilar II, ya que sus principios implican ceder parte de la soberanía fiscal a organismos internacionales, algo que choca con la visión del legislador estadounidense.
Por su parte, Roberta Poza, experta en política fiscal europea en Deloitte, recuerda que desde el principio existían dudas sobre la implementación del Pilar II en EE.UU. En su opinión, reconocer el sistema Gilti (Global Intangible Low Taxed Income), que impone un impuesto mínimo pero con un cálculo global, sería una solución menos conflictiva. A diferencia del Pilar II, que exige alcanzar el umbral mínimo en cada jurisdicción donde opere un grupo, Gilti es una alternativa que, en gran medida, cumple con el objetivo del impuesto mínimo global.
Si EE.UU. no adopta estas medidas, los países europeos podrían aplicar la regla UTPR (Undertaxed Profits Rule) a las empresas estadounidenses, obligándolas a pagar en sus países de operación la diferencia hasta alcanzar el 15% de tributación efectiva. Esto podría derivar en represalias de EE.UU., como el aumento de aranceles, una reacción similar a la que tuvo cuando Europa implementó impuestos a los servicios digitales. En este contexto, Poza considera que Europa debería replantear su estrategia fiscal, especialmente si se tiene en cuenta la necesidad de políticas tributarias que fomenten la competitividad y la inversión empresarial, como sugiere el informe Draghi.
El plan de Trump de llevar a cabo la mayor reducción de impuestos en la historia de EE.UU. se vería obstaculizado por la imposición de un tipo mínimo en Sociedades. Más que el umbral en sí, el problema radica en la restricción que supondría para implementar incentivos a sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.
Actualmente, el impuesto de sociedades en EE.UU. es del 21%, aunque el tipo efectivo medio es algo menor, situándose en torno al 20%. Para las grandes multinacionales, la carga impositiva promedio ronda el 11%, lo que las convierte en las principales beneficiadas del anuncio de Trump.
En cuanto al respaldo de su partido, Trump no tendrá dificultades para lograr la prórroga de la reducción fiscal vigente, que él mismo impulsó durante su mandato al rebajar el impuesto de sociedades del 35% al 21%. Sin embargo, su ambición va más allá: busca reducir aún más la tasa hasta el 15%, lo que supondría un ahorro de aproximadamente 200.000 millones de dólares para las empresas.
Lograrlo no será sencillo, pero Trump ha demostrado su capacidad para alinear a los congresistas republicanos en torno a sus propuestas. Además, los estados controlados por el Partido Republicano utilizan la política fiscal como herramienta para atraer inversión. En regiones como Texas o Florida, los impuestos son considerablemente más bajos en comparación con los estados demócratas, donde la presión fiscal es mayor. Esto refuerza su interés en evitar cualquier avance hacia una armonización tributaria global.