(El Economista, 20-01-2025) | Laboral
La Seguridad Social retomará este mes las reuniones con los agentes sociales para abordar una reforma pendiente. Durante los últimos años, el Gobierno ha promovido políticas dirigidas a aumentar la edad media de jubilación, introduciendo mayor flexibilidad para compatibilizar salario y pensión, además de endurecer las condiciones para las jubilaciones anticipadas. Ahora, el foco se centra en la jubilación flexible, una modalidad que permite a los pensionistas reincorporarse al mercado laboral mediante contratos a tiempo parcial. Siguiendo la línea marcada por la ministra Elma Saiz y su predecesor, José Luis Escrivá, la reforma, que se iniciará a finales de enero, busca incentivar este esquema para que más jubilados retomen la actividad laboral.
La normativa actual de la Seguridad Social es conocida por su rigidez en la regulación de las condiciones y los momentos para jubilarse. Este fue uno de los primeros desafíos que identificó el actual gobernador del Banco de España al asumir la gestión del sistema de pensiones. En un contexto de envejecimiento demográfico acelerado, la ley española establece, por norma general, la incompatibilidad entre el cobro completo de una pensión y los ingresos derivados de una actividad profesional.
Para abordar esta limitación, Escrivá impulsó medidas que ampliaron las posibilidades existentes. Originalmente, la jubilación demorada solo beneficiaba a autónomos con empleados, quienes podían recibir su pensión íntegra junto a los ingresos por su actividad. Con el tiempo, se han implementado penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y estímulos económicos para quienes decidan prolongar su vida laboral más allá de los 65 o 67 años, aunque estos incentivos aún tienen un impacto limitado.
La jubilación flexible, una modalidad aún poco conocida, quedó pendiente de reforma en la pasada legislatura. Esta opción permite a los pensionistas volver al mercado laboral como empleados a tiempo parcial, trabajando entre el 50% y el 75% de la jornada, siempre que acrediten al menos 33 años cotizados. A cambio, recibirían una proporción de su pensión equivalente al porcentaje trabajado. Para fomentar su adopción, el Gobierno podría flexibilizar los requisitos, eliminando la obligación de cotización completa, como ya ocurrió con la jubilación activa.
Un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analiza el sistema de pensiones español en un contexto de envejecimiento poblacional y creciente dependencia económica. El documento destaca la necesidad de una transición laboral más prolongada y flexible para mitigar el impacto de una tasa de dependencia cada vez mayor. Los autores, José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza, proponen una reforma estructural que permita compatibilizar plenamente el cobro de la pensión con ingresos laborales, sin límites económicos.
Según los expertos, es necesario dejar de considerar la jubilación flexible como una "jubilación parcial con reducción de pensión". Proponen que los pensionistas puedan reincorporarse al mercado laboral sin enfrentar penalizaciones económicas, lo que haría más atractiva esta modalidad para los trabajadores por cuenta ajena.
Además, sugieren la creación de un contrato laboral específico para jubilados activos o flexibles, con condiciones especiales, particularmente en los casos de despido o extinción contractual. Este tipo de contrato, argumentan, debería estar exento de costes indemnizatorios para las empresas, ya que los trabajadores jubilados cuentan con una renta asegurada en forma de pensión pública. Esta propuesta, subrayan, respetaría la Ley 15/2022 sobre no discriminación por edad y proporcionaría un marco jurídico especial para garantizar una transición laboral eficiente y equitativa.