(Expansión, 22-11-2024) | Fiscal
Los socios parlamentarios del Gobierno que ayer respaldaron la reforma fiscal criticaron duramente el modo en que esta fue gestionada, señalando que se realizó "por la puerta de atrás". La normativa se articuló mediante enmiendas al proyecto de ley para la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global para multinacionales. También cargaron contra el "esperpento" que supuso el mercadeo de medidas con los distintos grupos políticos, llegando al punto de que algunos diputados confesaron no tener claro qué estaban votando. Como resultado de este desordenado proceso, el texto aprobado por el Congreso incorpora una decena de medidas tributarias clave, pero deja fuera unas seis que en algún momento se presentaron como definitivas.
La principal novedad de la votación fue la incorporación de un nuevo impuesto a las entidades financieras, que reemplazará al actual con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Aunque ERC y Bildu votaron en contra el lunes para presionar por la prórroga del impuesto a las energéticas, el compromiso de mantener este más adelante y endurecer el impuesto bancario permitió consolidar una mayoría a favor.
El nuevo tributo gravará, durante tres años, el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras con una escala progresiva: un 1% sobre los primeros 750 millones de euros; un 3,5% hasta los 1.500 millones; un 4,8% hasta los 3.000 millones; un 6% hasta los 5.000 millones; y, finalmente, un 7% a partir de esa cantidad. Además, Hacienda acordó repartir los ingresos generados por este impuesto entre las comunidades autónomas, de acuerdo con su PIB.
La reforma busca atender dos prioridades del Gobierno. En primer lugar, transponer antes de fin de año la directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación superior a 750 millones de euros. No hacerlo permitiría a otros países reclamar la diferencia tributaria a empresas españolas, además de que España enfrenta un posible expediente sancionador por parte de la UE tras un año de retraso en la implementación.
En segundo lugar, se reactiva el triple incremento del Impuesto de Sociedades aprobado en 2016 por Cristóbal Montoro, que fue anulado por el Tribunal Constitucional en enero debido a su tramitación mediante Real Decreto-ley. Hacienda debía subsanar esta situación antes de fin de año para evitar la pérdida de toda la recaudación de 2024, valorada en unos 5.000 millones de euros.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, se incluye también una reducción fiscal progresiva para pymes y cooperativas: del 23% al 17% sobre los primeros 50.000 euros y del 20% a partir de esa cifra.
Por otro lado, la reforma incrementa el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro, que sube al 30% para rendimientos de capital superiores a 300.000 euros; introduce un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos; aumenta los impuestos sobre el tabaco; y establece medidas para combatir el fraude en los hidrocarburos.
Como compromisos pendientes, se mantiene la intención de desarrollar un impuesto a las energéticas que excluya las inversiones en descarbonización y de promover en la UE la aplicación del IVA a los pisos turísticos.
Sin embargo, la reforma deja fuera varias propuestas significativas: la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis, el fin de la exención fiscal a las primas de seguros sanitarios y la creación de un impuesto sobre bienes de lujo como yates y jets privados.