(El Economista, 27-12-2024) | Laboral
Casi dos meses después de que la DANA devastara varios municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía, pymes y autónomos enfrentan grandes obstáculos para acceder a medidas como los ERTE de fuerza mayor, lo que lleva a muchos a optar por no solicitarlas. Según datos oficiales actualizados esta semana, solo 2.846 empresas han pedido acogerse a este tipo de expediente, lo que representa apenas un 9,5% de los negocios afectados, según fuentes del sector consultadas por elEconomista.es.
Este bajo porcentaje se atribuye, según las mismas fuentes, a los estrictos requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo para los ERTE de fuerza mayor. Una alternativa para los trabajadores autónomos, como la ayuda por cese de actividad, tampoco resulta atractiva. De hecho, menos del 11% de los propietarios de negocios afectados han tramitado esta prestación.
Uno de los principales motivos por los que las empresas evitan los ERTE es la imposibilidad de despedir empleados si es necesario realizar ajustes una vez que se recupere la actividad normal. Esto se debe a las estrictas condiciones asociadas a esta medida, que prohíben despidos por razones de fuerza mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas a la situación extraordinaria, como ya ocurrió durante la pandemia de Covid-19. Si una empresa incumple estas condiciones, debe devolver las ayudas recibidas y los despidos realizados serán considerados nulos.
Una situación similar ocurre con la prestación por cese de actividad para autónomos, solicitada por solo 3.411 trabajadores por cuenta propia. Los principales obstáculos incluyen las condiciones impuestas para mantener la ayuda, como la obligación de participar en actividades formativas, de orientación profesional o promoción del emprendimiento organizadas por el SEPE, así como la suspensión de la prestación si el beneficiario realiza un trabajo por cuenta propia o ajena durante menos de 12 meses, entre otras restricciones.
Otra medida ofrecida por el Gobierno, las líneas de avales ICO, también ha tenido una acogida limitada. Solo 2.673 personas han solicitado estos préstamos, ya que la incertidumbre sobre cuándo podrán reactivar sus negocios dificulta a los empresarios prever si podrán cumplir con los plazos de devolución, que rondan los 5.000 euros.
En general, los estrictos requisitos y las condiciones asociadas a estas ayudas excepcionales generan dudas e incertidumbre entre empresarios y autónomos, quienes temen que estas medidas puedan agravar aún más sus ya complicadas situaciones financieras, llevándolos a rechazar estas opciones de apoyo.