(El Economista, 24-05-2024) | Laboral
El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones está preparando una Orden para actualizar el umbral del salario mínimo de referencia para la concesión de la Tarjeta Azul, que es el permiso de residencia para trabajadores altamente cualificados procedentes de fuera de la Unión Europea. En este proyecto de Orden se reducen los requisitos para poder contratar a este tipo de trabajadores, que están relacionados con el salario medio, que actualmente es de 25.896 euros anuales, según el INE. Anteriormente, se exigía que el salario fuera 1,5 veces el salario medio, es decir, más de 38.800 euros, para otorgar el permiso de residencia a trabajadores de fuera de la UE.
Con el nuevo indicador, este coeficiente se reduce a 1,4 veces el salario medio, es decir, 36.250 euros anuales. Para puestos de difícil ocupación y/o trabajadores jóvenes que se hayan graduado hace menos de tres años, las condiciones se flexibilizarán, requiriendo un salario de 29.000 euros. Al implementar esta Directiva europea en España, los trabajadores cualificados de terceros países que cumplan estos requisitos podrán obtener el permiso de trabajo y residencia en España.
El umbral salarial mínimo garantiza que los extranjeros ingresen al mercado laboral español con condiciones salariales equitativas, según explica el texto y confirma José Antonio Moreno, responsable confederal de Migraciones del sindicato CCOO y Consejero del Comité Económico y Social de la UE. Fuentes del Ministerio explican que la norma "pretende flexibilizar la atracción de talento a España".
La patronal defendía reducir al mínimo permitido este coeficiente, otorgando el permiso de residencia y trabajo a extranjeros cualificados que ganaran al menos un salario medio de 25.896 euros. Los sindicatos, en cambio, proponían un coeficiente de 1,6 veces el salario medio, es decir, más de 41.000 euros. Finalmente, se acordó fijar el coeficiente en 1,4.
El Ministerio quiere atraer a trabajadores que, como mínimo, tengan un título de grado o técnico, o bien acrediten al menos cinco años de experiencia profesional que pueda considerarse equivalente a dicha cualificación o al trabajo al que aplican. "Son elegibles para este tipo de permiso quienes tengan nacionalidades no comunitarias y acrediten una formación de enseñanza superior de al menos tres años y equivalente al Nivel 6 del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente", explica Elena Lozano, asociada en el área Laboral de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
El texto incluye varios casos particulares para facilitar la contratación de trabajadores altamente cualificados para puestos de difícil cobertura. Sobre el umbral mínimo general (36.250 euros brutos al año), se podrá aplicar un "elemento corrector" del 0,8 (29.000 euros anuales) si el puesto es de difícil ocupación y está contemplado en el catálogo elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del SEPE.
Las empresas o empleadores tendrán ciertas obligaciones para recurrir a estos perfiles externos a la Unión Europea. Tras acreditar la cualificación profesional y cumplir con los requisitos comunes para tramitar el permiso, "el empleador debe ofrecer un contrato de trabajo de duración mínima de 6 meses". Además, deberá ofrecer al menos un salario bruto anual equivalente a 1,4 veces el salario medio en España. Sin embargo, para contratar a altos cargos como directores y gerentes, y técnicos y profesionales científicos e intelectuales (grupos 1 y 2 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones), se aplicará el coeficiente reductor del 0,8.
También se aplicará esta excepción correctora para contratar a empleados recién graduados, un perfil 'junior', el principal objetivo del Gobierno. "Si el trabajador ha obtenido su titulación en los últimos tres años, también se aplica el 0,8. La Administración entendía que así se fomentaba la atracción del talento joven, aunque a los sindicatos no nos gustaba", indica Moreno. "Al reducir el salario exigido y mantener el coeficiente reductor, se busca incentivar la contratación de profesionales extranjeros altamente cualificados a través de este mecanismo", detalla Lozano desde el despacho de abogados mencionado.
La estrategia del departamento de Migraciones se enmarca dentro de otras iniciativas como la 'operación retorno' de españoles emigrados o la renovación del marco legislativo de la Ley de Extranjería, que ya está en proceso de negociación. La legislación se encuentra en proyecto de Orden y podrá recibir comentarios de ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por el proyecto normativo ya redactado hasta el 7 de junio.