(El Economista, 05-03-2025) | Laboral
El grupo parlamentario Sumar ha propuesto varias enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando en el Congreso de los Diputados con el objetivo de convertir en funcionarios o personal fijo a los interinos y trabajadores laborales que hayan sufrido contratos abusivos por parte de la Administración. Asimismo, plantea eliminar el límite actual de indemnización por cese para los interinos que pierden su puesto cuando la plaza es ocupada por un funcionario de carrera.
Con estas enmiendas, los socios del Gobierno buscan dar cumplimiento a dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas en febrero y junio del año pasado. En ellas, el tribunal instó a la Administración española a estabilizar a los empleados públicos que han encadenado contratos temporales durante años debido a la falta de convocatorias de oposiciones para cubrir esas plazas, privándolos de estabilidad laboral.
En concreto, Sumar propone que tanto los funcionarios interinos (quienes han superado los procesos selectivos sin obtener plaza o están en bolsas de empleo) como el personal laboral que haya sufrido abuso en la contratación-por haber trabajado más de tres años consecutivos en la misma plaza sin que se convoque un proceso selectivo o por haber sido cesado tras la llegada de un funcionario de carrera-sean estabilizados en su puesto como "funcionarios o estatutarios fijos a extinguir".
El partido argumenta que esta medida garantizaría el cumplimiento de la Directiva europea de 1999 sobre trabajo temporal y de las resoluciones del TJUE, que exigen a España poner fin a la precariedad laboral en la Administración. En muchos casos, los interinos llevan décadas desempeñando la misma función sin ninguna garantía de permanencia. Además, si finalmente el Estado convoca una oposición y estos empleados no la superan, son despedidos con una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de doce mensualidades.
Para corregir esta situación, Sumar ha presentado otra enmienda que suprime el límite máximo de 12 mensualidades en la compensación por despido. De esta forma, los interinos y el personal laboral temporal recibirían 20 días por año trabajado sin restricciones. Según la enmienda, este derecho a indemnización se generará desde la fecha efectiva del cese y la cuantía se calculará únicamente en función del contrato que originó el abuso.
Por su parte, Junts ha planteado una enmienda similar, en la que propone que los empleados públicos que hayan sufrido abusos en la contratación sean convertidos en funcionarios fijos. Según explica la formación, esta medida permitiría garantizar que el acceso al empleo público respete los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son fundamentales para la función pública.
Será el Pleno del Congreso quien decida qué enmiendas se incorporarán a la futura ley. Las distintas formaciones buscan resolver el incumplimiento de España en la adopción de medidas para eliminar los contratos abusivos en la Administración, tal como exige la Unión Europea y el TJUE. Sin embargo, el PSOE no ha presentado ninguna propuesta en este sentido.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha dictaminado en dos sentencias del 25 de febrero que la conversión de interinos y personal laboral en funcionarios fijos contraviene la Constitución española. De este modo, se aparta de los criterios del TJUE. Ante esta postura, el tribunal europeo advirtió en su sentencia de junio que los jueces españoles deben ignorar la jurisprudencia del Supremo si esta se fundamenta en una interpretación de la Constitución que contradiga los objetivos del Acuerdo Marco y la Directiva Europea, cuyo fin es prevenir abusos en la contratación temporal.