(El País, 20-11-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado procedimientos sancionadores contra 106 empresas por presuntas infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales durante la reciente DANA. Las acusaciones apuntan a que estas compañías obligaron a sus empleados a trabajar a pesar de las alertas naranjas o rojas por fenómenos meteorológicos extremos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este lunes en Valencia que la normativa de prevención de riesgos laborales, de carácter estatal, se aplica en todo el país sin excepciones. "No hay ningún salvoconducto que permita eludir la ley", enfatizó Díaz durante su visita para abordar las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya había advertido días atrás sobre empresas que emitieron salvoconductos para justificar que sus empleados se desplazaran al trabajo pese a las alertas climáticas. Según trascendió, la Consejería de Interior y Justicia de Valencia habría emitido estos permisos a trabajadores de empresas como Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otras.
Díaz recordó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, establece claramente que un trabajador puede interrumpir su actividad o evitar desplazarse si considera que su salud o vida están en peligro. Asimismo, destacó que las recomendaciones de las autoridades no solo buscan garantizar la seguridad individual, sino también la colectiva. "Al desplazarse en alerta roja, no solo se pone en riesgo la vida propia, sino también la de los demás", añadió.
Pese a estas sanciones, la ministra destacó que la mayoría de las empresas cumplen con la normativa, calificando esta conducta general como "muy positiva". Sin embargo, animó a los trabajadores que enfrenten situaciones de riesgo a denunciar ante la Inspección de Trabajo. Recordó la existencia de herramientas como el buzón de fraude del Ministerio, que permite realizar denuncias de forma completamente anónima, y aseguró que los empleados no pueden ser represaliados por defender su seguridad. "En una democracia, ni trabajadores ni empresas están por encima de la ley", afirmó.
Además, Díaz indicó que los despidos realizados como consecuencia de esta catástrofe ambiental serán considerados nulos, lo que implica la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados. En relación con el impacto laboral de la DANA, el Ministerio informó que hasta el momento se han registrado en la Comunidad Valenciana 1.490 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que están ofreciendo protección a más de 18.600 personas. Este mecanismo, según la ministra, se está gestionando con un seguimiento diario y riguroso.
Durante su visita a Valencia, Díaz mantuvo reuniones con sindicatos, empresarios, autoridades locales y alcaldes de los municipios más afectados. Además, mencionó el plan dotado con 50 millones de euros destinado a la contratación de personas desempleadas en las zonas más perjudicadas, una medida que será gestionada directamente por los ayuntamientos de estas áreas.