(El País, 26-11-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo está a punto de alcanzar un acuerdo con los sindicatos UGT y CC OO para reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales a partir de 2025. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, anunció este jueves que el pacto con los sindicatos es "inminente" tras la última reunión mantenida en el ministerio, aunque la CEOE ha reiterado su rechazo a esta medida. Además, Pérez Rey confirmó que este viernes se iniciará el trámite parlamentario con la apertura de la consulta pública. El Gobierno ha descartado implementar una jornada intermedia de 38,5 horas en 2024 debido a la falta de tiempo para llevarla a cabo.
"Estamos muy cerca del acuerdo, apenas faltan algunos ajustes técnicos", aseguró Pérez Rey, quien espera que el consenso con UGT y CC OO se cierre en los próximos días. Los representantes sindicales también se mostraron optimistas: Fernando Luján, de UGT, afirmó que solo quedan "detalles" por ajustar sobre el texto ya debatido en julio, mientras que Carlos Gutiérrez, de CC OO, reconoció que existe "una visión compartida" y que el acuerdo podría alcanzarse rápidamente. La reunión, que ha sido la última con los tres actores sociales (Gobierno, empresarios y sindicatos), tuvo una duración mucho menor de lo habitual, apenas una hora.
La negativa de la patronal, formalizada en el Comité Ejecutivo de la CEOE hace dos semanas, complica considerablemente la aprobación de la ley en el Parlamento, ya que, además del apoyo de la izquierda, se requeriría el respaldo de Junts y el PNV. Aunque los vascos parecen estar más cercanos al sí, los catalanes aún no han definido su postura, aunque fuentes empresariales afirman que están en contra de la reducción de la jornada.
El plan del Gobierno, presentado en junio y ajustado en julio, mantiene el límite de 80 horas extra al año, permite aplicar la reducción en cómputo anual y refuerza el registro horario. Esto último incluye sanciones individuales por empleado, lo que incrementaría los costos en caso de incumplimiento, y la obligatoriedad de un sistema de registro digital accesible directamente para la Inspección de Trabajo.
Quedan fuera del acuerdo las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y las bonificaciones a la contratación, propuestas inicialmente por Trabajo para intentar atraer a la CEOE. No obstante, fuentes cercanas a la negociación creen que estas medidas podrían incorporarse durante el trámite parlamentario, como estrategia para obtener el respaldo de partidos nacionalistas de derecha.
Pérez Rey criticó duramente la postura de las patronales, calificándola de "inexplicable" y subrayando que la patronal tendrá que justificar su rechazo ante los 12 millones de trabajadores que se beneficiarían de la medida. Según él, la reducción de la jornada es una "consecuencia lógica" de los avances tecnológicos, la automatización y el incremento de la productividad.
Desde Cepyme, la patronal de las pymes, advierten que estas empresas serían las más afectadas y defienden que la negociación colectiva es la única forma viable de implementar cambios en la jornada laboral.
El secretario de Estado expresó "sorpresa" por la postura de CEOE y Cepyme, señalando que tras 11 meses de negociaciones, ambas organizaciones insisten en que la reducción solo puede hacerse a través de convenios colectivos, cuando la jornada máxima ya está regulada en el Estatuto de los Trabajadores. Pérez Rey calificó esta actitud como "una tomadura de pelo".
Acuerdos laborales sin el respaldo de la patronal han sido frecuentes desde mediados de la anterior legislatura, como ocurrió con las subidas del salario mínimo o el estatuto del becario. El último acuerdo alcanzado con empresarios fue sobre la no discriminación del colectivo LGTBI+ en el ámbito laboral. Ahora, el trámite parlamentario se realizará por vía de urgencia, como confirmó la ministra Yolanda Díaz, para cumplir los compromisos del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar.
Sin embargo, fuentes empresariales consideran improbable que la norma prospere en el Congreso sin el respaldo de la patronal. En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha reiterado que la patronal no participará, animando al Gobierno a buscar el apoyo parlamentario necesario para su aprobación.