(Expansión, 09-10-2024) | Laboral
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha retomado el proyecto de ley sobre el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en las empresas, más conocido como el Estatuto del Becario. Díaz ha iniciado un proceso de consultas con los agentes sociales, sectores implicados y la ciudadanía para desarrollar esta normativa.
Con esto, la vicepresidenta vuelve a poner sobre la mesa el diálogo social y reabre un proyecto que quedó paralizado en la legislatura anterior debido a varios obstáculos. El proyecto encontró oposición por parte de la CEOE, Cepyme, los rectores universitarios y los ministros socialistas del área económica, incluidos la entonces vicepresidenta económica, Nadia Calviño. El ala socialista del Gobierno veía esta norma como una regulación que dificultaba la incorporación gradual de los jóvenes al mercado laboral.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) también se opuso por diversas razones. En primer lugar, consideraban que el Gobierno estaba negociando una reforma que les afectaba directamente sin contar con ellos. En segundo lugar, estaban en desacuerdo con la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los jóvenes en prácticas, aunque estas no fueran laborales. Finalmente, les preocupaban los nuevos requerimientos administrativos que esta medida implicaba.
Para paliar estas preocupaciones, la Seguridad Social decidió bonificar el 95% de las cotizaciones de los futuros trabajadores en prácticas. Actualmente, según la ministra Elma Saiz, alrededor de 800.000 jóvenes en formación cotizan a la Seguridad Social.
A pesar de estos avances, la CRUE declaró recientemente al Gobierno: "Queremos ser escuchados. Aunque no formemos parte de la mesa de diálogo social, el estatuto nos afecta directamente y podemos ofrecer conocimientos técnicos y señalar posibles problemas en su aplicación". Además, los rectores subrayaron que las prácticas académicas son competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de las propias instituciones universitarias.
Por su parte, fuentes de la patronal señalaron a EXPANSIÓN que no emitirán una opinión sobre el nuevo intento de Yolanda Díaz hasta que no tengan acceso a un borrador de la ley. Durante la legislatura pasada, la CEOE consideró que el proyecto era una nueva intervención del Gobierno en el funcionamiento interno de las empresas. A pesar de las contribuciones que, según Díaz, los empresarios hicieron al proyecto, no lograron llegar a un acuerdo, en parte porque el PSOE no respaldaba el Estatuto y lo detuvo.
En el actual acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, Díaz, con el apoyo de Pedro Sánchez, ha vuelto a incluir este proyecto. Según la ministra, las prácticas en universidades, centros educativos y empresas son uno de los últimos focos de precariedad laboral en España, donde a menudo se abusa de los falsos becarios. Por ello, el Ministerio de Trabajo justifica la nueva ley con el objetivo de "establecer reglas claras" para las actividades formativas en empresas, que no implican una relación laboral, y facilitar el trabajo de la Inspección de Trabajo y los tribunales.
La nueva normativa regulará el desarrollo y contenido de la actividad formativa en las empresas, su diseño, control y evaluación. Los trabajadores en formación deberán contar con tutorías tanto académicas como empresariales. Además, se estipula que las actividades formativas serán no laborales solo si están ligadas a una enseñanza reglada de cierta intensidad.
Asimismo, la ley garantizará la protección de los derechos de los jóvenes en formación, como la conciliación laboral y familiar, la prevención de riesgos laborales y el derecho a que las empresas y centros compensen los gastos derivados de su formación. En definitiva, se trata de una normativa destinada a evitar el uso fraudulento de las prácticas como sustituto del empleo formal.