(El País, 12-12-2024) | Laboral
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su preocupación por la situación que enfrentan las empresas con contratos adjudicados por la Administración Pública. Según Díaz, la Ley de Desindexación de la Economía, aprobada en 2015 durante la crisis financiera, está generando problemas para estas compañías, ya que les impide trasladar los aumentos en los costes laborales al ente contratante. Esto afecta especialmente a empresas que ofrecen servicios de mantenimiento o atención domiciliaria para ayuntamientos, las cuales emplean a numerosos trabajadores sujetos al salario mínimo interprofesional (SMI). Como resultado, estas empresas se ven obligadas a asumir estos costes adicionales, no previstos en contratos que a menudo tienen una vigencia de hasta cinco años, lo que reduce aún más sus ya ajustados márgenes de beneficio.
Díaz se ha comprometido a promover los cambios necesarios en la normativa a través del grupo parlamentario Sumar, luego de no lograr convencer al Ministerio de Hacienda sobre la urgencia de esta reforma. Esta postura cuenta con el respaldo tanto de la patronal como de los sindicatos, representados por alianzAS, CCOO y UGT, quienes se reunieron recientemente con la ministra. En un congreso de UGT-FICA, Díaz declaró: "Voy a seguir defendiendo públicamente esta causa y cumplir con mi compromiso como ministra de Trabajo".
Aunque la modificación de esta normativa no está dentro de sus competencias directas, Díaz considera fundamental abordarla en el contexto de las negociaciones del SMI. El Ministerio de Trabajo prevé iniciar pronto las conversaciones para definir el aumento del salario mínimo para 2025, una vez el grupo de expertos concluya su análisis sobre el impacto de mantener la remuneración en el 60% del salario medio. Cabe destacar que una de las condiciones planteadas por CEOE y Cepyme para aceptar un incremento del SMI en 2024 del 4% fue precisamente la reducción de las cotizaciones sociales al sector agrario.
En su intervención, Díaz subrayó la necesidad de sentido común en este tema: "Si yo subo el SMI y alguien participa en un proceso de licitación, esto debe reflejarse en las condiciones. Os pido cooperación, porque somos más y podemos lograr que esta lógica prevalezca". Desde 2018, el Gobierno ha impulsado un aumento del 54% en el SMI, lo que se suma a los costes derivados de la reforma del sistema de pensiones. A diferencia del encarecimiento de materiales, que sí ha contado con revisiones extraordinarias aprobadas por Hacienda, las empresas no han podido trasladar estos incrementos laborales a los contratos públicos.
Estas declaraciones han generado cierto alivio entre las empresas afectadas y sus trabajadores. Aunque Díaz no pudo garantizar una modificación inmediata de las leyes de desindexación y de contratos del sector público, manifestó su apoyo y el compromiso de Sumar para trabajar en este objetivo en el Congreso. Javier Sigüenza, secretario general de alianzAS, destacó la importancia del respaldo de la ministra y subrayó que el momento ideal para implementar cambios sería durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Por su parte, Daniel Barragán, de CCOO del Hábitat, valoró positivamente la disposición de Díaz para abordar los efectos negativos de la normativa actual.
El grupo formado por empresas del sector y los principales sindicatos ya tenía programada una reunión con Hacienda, aunque tuvo que posponerse debido a la DANA. Mientras tanto, continúan los contactos con grupos parlamentarios, incluyendo partidos nacionalistas clave para aprobar iniciativas en un Congreso dividido. Estas declaraciones adquieren especial relevancia en un momento en que el Gobierno se centra en las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos de 2025. Aunque la reforma no figuraba entre las prioridades de Sumar en su acuerdo con el PSOE, podría plantearse como una iniciativa independiente.