(Expansión, 07-02-2025) | Fiscal
La decisión de Estados Unidos de retirarse del impuesto mínimo global para multinacionales frena el progreso hacia una fiscalidad común y exime a España y otros países de su compromiso de eliminar sus impuestos digitales. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado un impacto global, generando inestabilidad geopolítica, comercial y económica a nivel internacional.
Uno de sus primeros actos como presidente fue anular el acuerdo alcanzado por 138 países para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales. Esta medida no solo debilita el primer gran instrumento fiscal global, que la Unión Europea ahora trata de mantener sin sufrir represalias, sino que también frena las negociaciones sobre otros avances en materia tributaria y perpetúa la existencia de tasas digitales como la Tasa Google en España y otros países.
En menos de 24 horas en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que eliminó el Pilar 2 de la OCDE, por el cual 138 naciones habían acordado aplicar un tipo impositivo mínimo del 15% a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros en, al menos, dos de los últimos cuatro años.
"Estados Unidos ya está fuera del Pilar 2", señala Cástor Gárate, experto en fiscalidad internacional de EY Abogados, recordando que aunque Joe Biden firmó el acuerdo, nunca logró implementarlo, y ahora Trump lo ha descartado por completo. Esto implica que si una empresa estadounidense tributa por debajo del 15%, la diferencia deberá ser cubierta por alguna de sus filiales europeas, dado que la UE sí ha adoptado este impuesto. "Esto supone una pérdida de ingresos para EE.UU., lo que el sector republicano considera un ataque a su soberanía fiscal", explica Gárate. Como respuesta, Trump ha dado un plazo de 60 días para diseñar represalias contra los países que apliquen impuestos "desproporcionados" a empresas estadounidenses.
Gárate advierte que esta divergencia entre EE.UU. y el resto del mundo generará un reajuste en las regulaciones globales y forzará nuevas negociaciones para simplificar el Pilar 2. Roberta Poza, experta en política fiscal de la UE en Deloitte, coincide en que Bruselas tendrá que reconsiderar la aplicación del impuesto mínimo, prevista para 2026. Una opción viable sería reconocer el modelo GILTI (Global Intangible Low Taxed Income), que establece una tributación mínima calculada de forma global. De lo contrario, la UE tendría que aplicar la UTPR (Undertaxed Profits Rule) a las empresas estadounidenses, lo que podría desencadenar represalias de Washington en forma de aranceles. Poza considera que Europa debería replantearse su estrategia fiscal para fomentar la competitividad y atraer inversiones.
Mientras se decide el futuro del Pilar 2, lo que sí ha quedado descartado es el Pilar 1, que buscaba redistribuir los impuestos pagados por las multinacionales entre los países en los que operan, incluso sin presencia física. Su implementación dependía de la ratificación de al menos 30 jurisdicciones que representaran el 60% de las multinacionales, pero con EE.UU. controlando el 45%, la iniciativa ha quedado paralizada por completo tras la decisión de Trump.
Irónicamente, la eliminación del Pilar 1 consolida la permanencia de los impuestos digitales como la Tasa Google. En 2021, España, Francia, Italia y Reino Unido acordaron con EE.UU. suprimir estas tasas cuando Washington impulsara el Pilar 1, en un intento por cerrar la disputa arancelaria de la anterior presidencia de Trump. Aunque el convenio expiraba en 2024, ninguna de las partes lo había abandonado hasta ahora, cuando el regreso del republicano lo ha dinamitado.
"La retirada de EE.UU. ha hecho que los compromisos de eliminar estos impuestos se desvanezcan, por lo que muchos países comenzarán a aplicarlos inmediatamente", señala Gárate, quien prevé que EE.UU. responderá con medidas "contundentes y agresivas", posiblemente nuevos aranceles.
La Tasa Google, oficialmente el impuesto sobre determinados negocios digitales, grava con un 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital y venta de datos de empresas con ingresos globales de al menos 750 millones de euros (y tres de ellos en España). Aunque el Gobierno estimaba recaudar cerca de 1.000 millones anuales, los ingresos han sido inferiores: 166 millones en 2021, 278 millones en 2022, 303 millones en 2023 y 375 millones en 2024, según datos de Hacienda.
A la espera de si estos impuestos digitales vuelven a ser objeto de disputa en la guerra arancelaria de Trump, la ruptura del acuerdo fiscal global también pone fin a cualquier negociación para desarrollar una tributación común sobre la renta o el patrimonio, frenando así los avances logrados en la fiscalidad empresarial.