(Expansión, 22-01-2025) | Fiscal
En su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha revocado el acuerdo alcanzado con 140 países para establecer un impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas. Esta decisión abre la posibilidad de una guerra fiscal y arancelaria contra países que han adoptado esta medida, como España y los miembros de la Unión Europea.
"Hoy comienza la edad de oro de Estados Unidos. A partir de este momento, nuestro país prosperará y recuperará el respeto mundial. Seremos la envidia de las naciones y no permitiremos más abusos hacia nosotros. Cada día de mi Administración pondré a Estados Unidos en primer lugar", aseguró Donald Trump el lunes durante su discurso de toma de posesión como el 47º presidente del país. En línea con estas palabras, Trump rompió con el pacto global firmado por su predecesor, Joe Biden, para garantizar una tributación mínima a las multinacionales y dejó entrever el inicio de un conflicto fiscal global.
El fin de este acuerdo quedó formalizado en una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Según el documento, "el Acuerdo Fiscal Global de la OCDE, apoyado por la Administración anterior, permite una jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos de Estados Unidos y limita nuestra capacidad de implementar políticas fiscales beneficiosas para nuestras empresas y trabajadores". Además, Trump sostiene que este pacto y otras medidas fiscales internacionales "discriminatorias" podrían derivar en represalias contra las empresas estadounidenses. Por ello, decretó que "el Acuerdo Fiscal Global no tendrá fuerza ni efecto en Estados Unidos".
El acuerdo que ha sido descartado consistía en aplicar un impuesto mínimo global del 15% a las empresas que facturan más de 750 millones de euros anuales, un compromiso asumido por más de 140 países en 2021. Esta medida, conocida como el Pilar 2 de la OCDE, pretendía evitar que las multinacionales eludieran impuestos trasladando beneficios a territorios con baja fiscalidad. También se planteaba el Pilar 1, que buscaba redistribuir los ingresos fiscales de estas empresas entre los países donde operan, aunque no mantengan presencia física.
A pesar de que existían dudas sobre la implementación del Pilar 1, la retirada de Estados Unidos del Pilar 2 debilita una medida que ya está vigente en economías como Reino Unido, Japón, Canadá, la Unión Europea y España. En este último país, el Gobierno incluyó el impuesto en su reforma fiscal de diciembre pasado para cumplir con la directiva europea, que debería haberse adoptado un año antes.
"Había ciertas dudas sobre si Estados Unidos aplicaría el Pilar 2, pero la decisión de Trump confirma que la Unión Europea debe buscar una forma menos conflictiva de implementarlo", explicó Roberta Poza Cid, experta en política fiscal de Deloitte. De lo contrario, los Estados miembros podrían verse obligados a gravar a las empresas estadounidenses con el tipo mínimo, lo que podría desencadenar represalias por parte de EEUU, como aranceles más altos o nuevos impuestos.
Trump ya ha ordenado al secretario del Tesoro y al representante comercial investigar posibles violaciones de tratados fiscales o la existencia de impuestos "discriminatorios" contra empresas estadounidenses. En un plazo de 60 días, deben elaborar una lista de represalias que podría incluir gravámenes adicionales a empresas y ciudadanos extranjeros o aranceles contra los países que apliquen el impuesto mínimo global.
Empresas tecnológicas estadounidenses como Alphabet (Google), Apple, Amazon o X (antes Twitter) están entre las más afectadas por esta política. Curiosamente, algunos de sus líderes acompañaron a Trump en su investidura, y Elon Musk incluso formará parte de su administración. La asociación Gestha, que agrupa a técnicos de Hacienda, advirtió de las "graves amenazas arancelarias" para España que supone la decisión de Trump.
A pesar de esta ruptura, la OCDE reafirmó su compromiso de colaborar con Estados Unidos. "Seguiremos trabajando con EEUU y con todos los países para promover la cooperación internacional, evitar la doble imposición y proteger la base imponible", declaró Matthias Cormann, secretario general de la organización. Aunque los países firmantes pueden abandonar el acuerdo, Cormann destacó que las multinacionales seguirán interactuando con los sistemas fiscales de diferentes jurisdicciones soberanas.