(El Economista, 06-03-2025) | Laboral
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FesMC), integrada en la Unión General de Trabajadores (UGT), enfrenta siete denuncias ante la Inspección de Trabajo por presuntas irregularidades laborales, entre ellas, la vulneración del derecho a la libertad sindical. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, un grupo de delegados acusa al sindicato de no cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y de carecer de un protocolo específico para abordar los riesgos psicosociales, incumpliendo así la legislación vigente.
La Inspección de Trabajo constató que el sindicato no dispone de una evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de ser un requisito legal, y estableció un plazo para su cumplimiento, el cual posteriormente fue ampliado. Sin embargo, los denunciantes aseguran que, a pesar de la advertencia del inspector, la organización no ha implementado ningún cambio hasta la fecha. Además, presentaron otra denuncia por la ausencia de un protocolo de acoso moral, cuya resolución -según los afectados- fue errónea, ya que la Inspección lo confundió con el protocolo de acoso sexual.
El inspector advirtió a la federación que, en caso de no cumplir con las disposiciones legales, se procedería a imponer las sanciones correspondientes. Entre las denuncias interpuestas también se encuentran acusaciones por despidos improcedentes de trabajadores con discapacidad, así como represalias y amenazas contra quienes han expuesto estas irregularidades. Uno de los delegados sostiene que, debido a que han sido "incómodos" al señalar estos problemas ante la Inspección, la dirección del sindicato convocó elecciones sindicales anticipadas con el objetivo de apartarlos de sus cargos, a pesar de que solo llevaban un año de mandato.
Los denunciantes denuncian una "violación continuada de los derechos laborales" y represalias contra ellos. Según sus declaraciones, el sindicato no ha evaluado ni la carga de trabajo ni las condiciones de salud laboral de sus empleados, a pesar de las reiteradas solicitudes para hacerlo.
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de que empresas y organizaciones adopten medidas y realicen evaluaciones para prevenir riesgos laborales derivados de su actividad. Los delegados han recurrido las resoluciones de la Inspección de Trabajo tras el archivo de sus denuncias y han demandado a la organización por vulnerar su derecho a la libertad sindical. Mientras tanto, están a la espera del juicio, que se celebrará este mes de marzo.
Además, han solicitado información sobre la gestión económica del sindicato y los contratos con otras entidades, como el firmado con la empresa Civex para la prestación de servicios de asesoría jurídica, al sospechar posibles irregularidades en dicho acuerdo. No obstante, UGT se habría negado a proporcionar esta información. Ante lo que consideran una falta de actuación por parte de la Inspección de Trabajo, los denunciantes han decidido presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.