(El Economista, 25-07-2024) | Laboral
UGT ha prometido que sus servicios jurídicos irán "juzgado por juzgado" y "despido por despido" para asegurar el cumplimiento de la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha fallado en contra de la legislación española sobre el despido improcedente, una decisión que la organización considera "histórica y justa".
Así lo ha expresado este miércoles el secretario general del sindicato en Aragón, José Juan Arceiz, durante una comparecencia para valorar la resolución del órgano europeo encargado de supervisar el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Sociales, firmada por España en 1996 y ratificada en su totalidad en 2021.
Este Comité, cuya resolución completa se dará a conocer el próximo lunes, ha concluido que la legislación española sobre el despido improcedente, reformada en 2012, no cubre adecuadamente los daños sufridos por los trabajadores despedidos injustamente y no tiene un efecto disuasorio suficiente para los empleadores.
Para José Juan Arceiz, el sistema español de compensación por despido improcedente, que establece 33 días por año trabajado con un límite de 24 meses, presenta "deficiencias significativas" en aspectos como la flexibilidad, la adecuación y la capacidad disuasoria. Según Arceiz, esto convierte el despido en algo "previsible" porque "se puede calcular su coste de antemano, no disuade al empleador de recurrir a él y no compensa todo el daño causado al trabajador". También mencionó el "coladero" en el que se ha convertido el despido disciplinario, con un aumento de más del doble desde la última reforma laboral.
El órgano europeo también señala, según Arceiz, que "pasa mucho tiempo" desde que el trabajador es despedido hasta que se resuelve el caso, por lo que ha reclamado la reintroducción de los salarios de tramitación, eliminados en la reforma laboral de 2012.
Tras conocerse la resolución, se ha debatido sobre si esta es vinculante para el Estado español. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, en una reciente entrevista, consideró al Comité como meramente "consultivo", cuya decisión "no obliga". Sin embargo, el secretario general de UGT Aragón ha defendido la obligatoriedad de su cumplimiento: "Lo que hace falta es voluntad y el Gobierno no puede decir alegremente que no es vinculante, porque si lo hace, habría que cuestionar la seriedad de España como país en el cumplimiento de compromisos internacionales", afirmó.
Arceiz recordó que países como Francia, Finlandia e Italia, que también suscribieron la Carta Europea, terminaron adaptando sus legislaciones tras las resoluciones del Comité en respuesta a recursos planteados por sindicatos de esos países. "Alemania y Austria, por ejemplo, no han suscrito la Carta y sus sindicatos no pueden plantear reclamaciones", explicó.
Por ello, Arceiz instó al Gobierno central a reformar rápidamente la legislación laboral. "Lo que nos gustaría es que esto se adapte rápidamente, no hay mucho que pensar, solo hay que cumplir la resolución y trasladarla al texto del BOE, nada más. Ahora mismo tenemos sobre la mesa del diálogo social asuntos como la Seguridad Social, la jornada laboral, el estatuto del becario... No habría problema en llevar también esta cuestión en paralelo", concluyó.