(El Periódico, 18-03-2025) | Laboral
Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, ha insistido en la necesidad de establecer un segundo acuerdo marco que aporte certidumbre y seguridad económica a los empleados públicos, quienes desde el 1 de enero desconocen con exactitud cuánto percibirán en sus salarios. Durante un acto de balance sobre la vigencia del acuerdo anterior (2022-2024), el sindicato ha delineado sus principales propuestas para el nuevo marco, entre las que destacan la eliminación de la tasa de reposición, la equiparación de los perfiles profesionales en las distintas Administraciones y la creación de una senda de crecimiento plurianual con incrementos salariales fijos y una cláusula de revisión ligada a la evolución del IPC.
"No podemos prever con exactitud el comportamiento del IPC, pero el mecanismo de incrementos salariales establecido en el anterior acuerdo ha permitido ofrecer estabilidad y seguridad a más de tres millones de empleados públicos. Debemos mantenerlo", ha subrayado Araque, instando al Gobierno a convocar cuanto antes la mesa de diálogo para comenzar a negociar el nuevo pacto.
La sindicalista ha criticado la demora en la negociación, recordando que el anterior acuerdo finalizó en diciembre y que, a punto de entrar en abril, los trabajadores públicos siguen sin certezas sobre sus retribuciones. También ha cuestionado la falta de comunicación por parte de Función Pública y ha exigido al Ejecutivo que aplique de inmediato el 0,5% pendiente de incremento salarial del acuerdo anterior. "No hay justificación para que no se apruebe en el Consejo de Ministros de forma inmediata", ha recalcado.
Entre las demandas clave de UGT figura la eliminación de la tasa de reposición, que limita las contrataciones en función de las bajas registradas. Araque ha señalado que este mecanismo representa un gran obstáculo para la Administración, especialmente cuando la edad media de su plantilla ronda los 53 años. "Es inaceptable que el proceso de incorporación de nuevos trabajadores se prolongue entre tres y cuatro años. Desde la publicación de una Oferta Pública de Empleo (OPE) hasta la incorporación efectiva al puesto, el plazo máximo debería ser de 18 meses", ha advertido, destacando la importancia de agilizar estos procesos para garantizar la renovación del personal en las Administraciones.
Otra de las reivindicaciones prioritarias de UGT es la equiparación de los perfiles de los empleados públicos en todas las Administraciones. Según Araque, es fundamental establecer criterios uniformes que permitan una clasificación adecuada del personal y faciliten la movilidad entre organismos. "Los trabajadores deben ser remunerados en función de sus funciones y su formación, algo que actualmente no está ocurriendo", ha señalado.
El alto índice de temporalidad en el sector público, que alcanzó el 30% a finales de 2024, también ocupa un lugar destacado en las preocupaciones del sindicato. Para combatir esta situación, Araque ha propuesto agilizar el acceso a la función pública y permitir que las bolsas de aprobados sin plaza sean tenidas en cuenta en futuras convocatorias, sin necesidad de repetir exámenes. Aunque reconoce que reducir la temporalidad al 8%, como establece la Ley 20/2021, es un reto difícil de alcanzar, considera que estas medidas serían claves para reducir la precariedad en el sector.
Además de fomentar la renovación generacional y la movilidad dentro de la Administración, UGT también reclama una mayor flexibilidad en los procesos de promoción interna. Araque ha sugerido que la experiencia laboral y la formación específica sean criterios válidos para ascender dentro de los distintos subgrupos, sin que la titulación académica sea un requisito excluyente. "No tiene sentido que un trabajador con años de experiencia y formación complementaria no pueda optar a una promoción por no contar con una titulación concreta", ha argumentado.
Preguntada sobre si estas propuestas han sido compartidas con el resto de sindicatos, Araque ha admitido que aún no, aunque ha expresado su deseo de lograr una plataforma conjunta para la negociación. Sin embargo, la unidad sindical no está garantizada: CSIF, otro de los principales sindicatos del sector, ha convocado una protesta para este miércoles, 19 de marzo, frente al Ministerio de Hacienda para exigir avances en materia de remuneraciones para los empleados públicos.