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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

El G20 insiste en la creación de un impuesto global a las grandes fortunas

Los países del G20 expresaron este lunes su respaldo a la implementación de una "tributación progresiva" que permita que las personas más ricas contribuyan de manera más efectiva al pago de impuestos. Asimismo, acordaron continuar analizando la propuesta de Brasil para la posible creación de un impuesto global dirigido a los superricos. "Respetando plenamente la soberanía fiscal, buscaremos colaborar para asegurar que quienes poseen un patrimonio neto extremadamente elevado tributen de forma efectiva", señala la declaración final del foro, publicada al término del primer día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Esta mención, de carácter general, hace referencia a la iniciativa presentada por Brasil, que propone la negociación de un acuerdo o tratado internacional para evitar que los multimillonarios evadan impuestos transfiriendo sus fortunas a países con legislaciones fiscales más laxas. De acuerdo con la propuesta brasileña, un impuesto global del 2 % aplicado a las fortunas de aproximadamente 3.300 multimillonarios podría generar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Estos fondos se destinarían a programas para combatir la pobreza, el hambre y el cambio climático. "Esperamos seguir discutiendo estos temas en el G20 y en otros foros relevantes, contando con el apoyo técnico de organizaciones internacionales, la academia y especialistas", afirmaron los líderes en el documento. Brasil ya ha iniciado conversaciones con un grupo de trabajo de la ONU sobre fiscalidad justa, con los países miembros de la OCDE y con Sudáfrica, que asumirá la presidencia del G20 en diciembre, para garantizar que el debate continúe en el foro. La inclusión de este tema en la agenda del G20 y el eventual inicio de negociaciones, que podrían extenderse durante años, fueron considerados un logro por la presidencia brasileña del foro. Los líderes del G20 destacaron que la cooperación en esta materia podría incluir el intercambio de mejores prácticas, el diseño de mecanismos para combatir la evasión fiscal y el análisis de prácticas fiscales perjudiciales. Coincidieron en que la tributación progresiva es una herramienta clave para reducir desigualdades, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar un crecimiento económico inclusivo y equilibrado, y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea, felicitaron a países como España por implementar reformas fiscales enfocadas en disminuir desigualdades y promover sistemas tributarios más equitativos. La redacción general y flexible de la propuesta permitió su aprobación, pese a la oposición de países como Estados Unidos y Alemania a la creación del impuesto global. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien también se ha mostrado contrario a esta medida y a cualquier tipo de intervención estatal en la economía, aclaró en un comunicado que apoyó la declaración únicamente para no bloquear el consenso, aunque no está de acuerdo con varios puntos del texto.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

Las empresas españolas lideran a nivel mundial en transparencia y sostenibilidad fiscal

El informe Global Tax Transparency and Tax Sustainability, elaborado por PwC Tax & Legal, analiza 872 empresas en 21 jurisdicciones y destaca que España se posiciona como líder en transparencia fiscal. Con una puntuación del 66,6%, España supera ampliamente a otros países como Alemania (50,2%), Reino Unido (44,3%) y Dinamarca (41,3%). Además, cuatro de las diez primeras posiciones del ranking global están ocupadas por multinacionales españolas, aunque el informe no especifica sus nombres por motivos de privacidad. Este liderazgo se atribuye tanto al desempeño empresarial como al sólido marco normativo español en materia de gobierno corporativo y fiscalidad. "El estudio demuestra que las empresas españolas son referentes globales, pero queda camino por recorrer, especialmente en el contexto de la aplicación de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa", explica Francisco González Fernández-Mellado, socio responsable de NewLaw, Tax Reporting & Strategy en PwC Tax & Legal. Sin embargo, este avance tiene lugar en un contexto de inestabilidad. Según Javier González Carcedo, socio de Fiscal y responsable de Mercados de PwC, "la polarización política está debilitando la seguridad jurídica del sistema fiscal, generando incertidumbre entre empresas, inversores y ahorradores". Además, menciona el posible impacto de aranceles internacionales dependiendo de los resultados electorales en Estados Unidos, lo que refleja la interrelación entre fiscalidad y sostenibilidad. El informe subraya que las iniciativas de gobierno corporativo e información fiscal en España, junto con las normativas de la UE y los estándares como el GRI 207, están impulsando prácticas de transparencia entre las empresas españolas. Este estándar, ampliamente utilizado, fomenta la publicación de información no financiera. Desde la perspectiva de sostenibilidad, Francisco González Fernández-Mellado enfatiza que "la fiscalidad debe considerarse un elemento estratégico para las empresas". Además de los impuestos que estas soportan, también juegan un rol clave en la recaudación de tributos como el IRPF o el IVA, colaborando directamente con el Estado. En España, la Ley de Sociedades de Capital establece desde 2015 ciertas responsabilidades clave para los consejos de administración de las empresas cotizadas. Estas incluyen gestionar y controlar los riesgos fiscales, aprobar inversiones con riesgos significativos y evitar operaciones complejas que puedan comprometer la transparencia. También deben definir la estrategia fiscal de la empresa y garantizar la supervisión de riesgos fiscales a través de los comités de auditoría. Asimismo, están obligadas a divulgar información fiscal país por país, como beneficios antes de impuestos y el impuesto sobre sociedades pagado. El Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria Española también fomenta la cooperación voluntaria entre empresas y autoridades fiscales. Según el informe, el 86% de las empresas del Ibex 35 está adherido a este código, y un 66% presenta informes de transparencia fiscal anuales, aunque no sea obligatorio. El documento destaca además la norma UNE 19602 de cumplimiento fiscal, que proporciona directrices para que las empresas implementen sistemas para gestionar riesgos fiscales y promover buenas prácticas. Cada vez más organizaciones están adoptando esta normativa como parte de su compromiso con la transparencia y el cumplimiento fiscal voluntario.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

El Gobierno promete un año más de gravamen a las energéticas para que sus socios apoyen el tipo mínimo a multinacionales

Cuando parecía que el proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global del 15% para multinacionales exigido por la Unión Europea estaba al borde del fracaso, Hacienda decidió maniobrar prometiendo extender un año más el impuesto a las energéticas para contentar a los socios de la izquierda, al tiempo que ofrecía a las derechas incentivos fiscales para las empresas afectadas y planteaba endurecer el gravamen a la banca. Esta estrategia busca recomponer los apoyos a una iniciativa clave en medio del desgaste del bloque de investidura. "La actitud del Gobierno es como si estuviéramos en una lonja, donde lanza propuestas y los grupos tienen que competir para mejorarlas", expresó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, reflejando el descontento generalizado. Incluso Sumar, el socio menor del Ejecutivo, criticó al PSOE por priorizar las demandas de Junts y PNV, como eliminar el impuesto a las energéticas, antes de integrar las propuestas de su propio bloque. La tensión alcanzó su punto álgido cuando ERC, Bildu y BNG bloquearon el lunes el nuevo tributo a la banca y amenazaron con rechazar todo el proyecto si no se reinstauraba el impuesto a las energéticas. Ante la negativa de la izquierda a ceder, y bajo las acusaciones del PP de "secuestro" tras un receso que se prolongó hasta la madrugada, Hacienda reaccionó prometiendo prorrogar el impuesto extraordinario a las energéticas hasta finales de 2025 mediante un Real Decreto-ley. Sin embargo, para evitar un choque con Junts, aseguró que se mantendrían los incentivos fiscales para las empresas que inviertan en descarbonización. El objetivo es equilibrar la balanza: extender el tributo pero con exenciones fiscales para minimizar el impacto en empresas como Repsol, que han advertido sobre posibles deslocalizaciones. Esta concesión fue suficiente para ERC, Bildu y BNG, pero Unidas Podemos rechazó la propuesta al considerarla insuficiente sin garantías de que Junts apoyará posteriormente el decreto, lo que pone en riesgo la reforma fiscal en la votación del jueves. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, criticó que algunos partidos "dejaron todo para última hora" y sugirió que la reforma se aprobará en los términos negociados por su grupo, sin aclarar su postura sobre el decreto del impuesto a las energéticas. Paralelamente, el Gobierno ofreció endurecer el gravamen a la banca, elevando del 6% al 7% la tasa máxima para las mayores entidades, como gesto hacia los partidos de izquierda. A pesar de las incertidumbres, la Comisión de Hacienda dio luz verde al proyecto, que incluye la transposición de la directiva europea, junto con medidas como el incremento del IRPF para ahorros superiores a 300.000 euros, un impuesto a los vapeadores, mayores tributos al tabaco, rebajas en el Impuesto de Sociedades para pymes y cooperativas, deducciones en eficiencia energética y beneficios fiscales para artistas y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Este paquete se someterá a votación final en el Congreso. La gran duda es si las últimas concesiones bastarán para reactivar mañana el impuesto a la banca y garantizar la prórroga del tributo a las energéticas, tras ser rechazados el lunes. En cambio, medidas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, la eliminación de beneficios para las Socimis, el IVA del 21% para pisos turísticos o el impuesto a bienes de lujo parecen destinadas al fracaso.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

¿Hay que pagar el IVA por el alquiler turístico? Tributos aclara cuándo

El aumento en la cantidad de viviendas destinadas al alquiler turístico ha generado un incremento en las consultas dirigidas a Hacienda sobre su tratamiento fiscal. Recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) se ha pronunciado sobre la aplicación del IVA en este tipo de servicios. Según los expertos de Audiconsultores ETL Global, la DGT ha establecido los criterios para determinar cuándo el alquiler de viviendas turísticas está sujeto o exento de IVA. En la consulta V1099-24, relacionada con una sociedad arrendadora que ofrece servicios adicionales como limpieza, cambio de ropa de cama y toallas, conserjería, consigna de equipajes, recepción operativa todo el año, gestión de taxis, información turística, impresión de documentos y atención multilingüe disponible las 24 horas, la DGT concluye que este tipo de arrendamiento no está exento de IVA. Considera que se trata de servicios propios de la industria hotelera, por lo que corresponde aplicar un tipo reducido del 10%. Por otro lado, en la consulta V1096-24, que aborda el caso de un arrendador que únicamente ofrece atención telefónica 24 horas y asistencia durante la estancia, la DGT determina que estos servicios no son característicos de la industria hotelera. En consecuencia, este arrendamiento está exento de IVA. Sin embargo, Tributos aclara que esta exención no afecta a los posibles servicios adicionales que puedan ofrecerse de forma independiente, los cuales deberán tributar según corresponda.

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(El Economista, 20-11-2024) | Fiscal

El Supremo aclara la tributación en el IRPF por la venta de todas las acciones de una empresa

El Tribunal Supremo (TS) ha clarificado la forma en que debe tributar en el IRPF la venta del total de participaciones de una empresa por parte de un socio, resolviendo las discrepancias que existían en los juzgados sobre este asunto. En dos sentencias recientes, de los días 24 y 30 de octubre, el TS establece que la ganancia o pérdida derivada de esta operación debe calcularse tomando como referencia la diferencia entre el valor de adquisición de las participaciones y el valor de transmisión. Por ejemplo, si una participación fue adquirida por 100 euros y vendida por 150, se tributará por los 50 euros de ganancia obtenidos. El fallo, con ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, respalda la postura de la Agencia Tributaria, que defiende esta metodología, frente a la posición del contribuyente. Este último argumentaba que la venta del 100% de las participaciones constituía un caso de "separación del socio", lo que implicaría una tributación distinta. Según el artículo 37.1, apartado b, de la Ley del IRPF, la transmisión de acciones no cotizadas debe tributar por la diferencia entre su valor de adquisición y el de transmisión. No obstante, el apartado e del mismo artículo dispone que, en casos de separación de socio, las ganancias o pérdidas se calculan considerando la diferencia entre el valor de adquisición de las participaciones y su valor de mercado. La controversia radicaba en determinar si la venta del 100% de las participaciones de un socio a un tercero debía considerarse como una transmisión habitual o como un supuesto de separación del socio. El Tribunal Supremo zanja la cuestión al concluir que dicha operación debe tratarse como una transmisión ordinaria de participaciones no cotizadas, "independientemente de si la transmisión comprende todas las acciones o solo una parte". El TS aclara que la separación de un socio, según la Ley de Sociedades de Capital, implica un procedimiento formal en el que interviene la propia sociedad. Este proceso incluye varios pasos obligatorios, como informar al socio del valor de sus participaciones, realizar un informe de valoración, efectuar el pago o reembolso, y formalizar la escritura de reducción de capital o adquisición de las participaciones. En sus sentencias, el alto tribunal destaca que la separación de un socio genera implicaciones tanto para el socio como para la sociedad, ya que ambos pueden obtener ganancias o pérdidas patrimoniales. Por tanto, concluye que la pérdida de la condición de socio por la venta de todas las participaciones a un tercero no puede calificarse como una separación de socio a efectos tributarios. En consecuencia, las ganancias o pérdidas deben declararse en el IRPF calculando la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de las participaciones.

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(El Economista, 20-11-2024) | Fiscal

Los contribuyentes podrán desgravarse en la Renta más de una obra en su vivienda si reducen el consumo energético

La Dirección General de Tributos (DGT) ha confirmado que los contribuyentes que ya hayan realizado obras para mejorar la eficiencia energética de sus viviendas y hayan aplicado la deducción correspondiente en su declaración del IRPF pueden beneficiarse nuevamente de esta ventaja fiscal en ejercicios posteriores, siempre que realicen nuevas reformas en el inmueble. Esta aclaración surge en respuesta a una consulta de un contribuyente que llevó a cabo obras en 2023, aplicó la deducción en su declaración y posteriormente realizó nuevas reformas en 2024. La Ley del IRPF, en una modificación temporal vigente hasta el 31 de diciembre de este año, permite a los contribuyentes que realicen obras que reduzcan al menos un 7% el consumo de energía de su vivienda deducir hasta el 20% del coste de la obra en su declaración, con un límite de 5.000 euros. Por ejemplo, si se invierten 4.000 euros en las reformas, el contribuyente podría deducir 800 euros (20%). Sin embargo, si para esas obras se recibió una subvención o ayuda pública de 1.000 euros, esta cantidad debe excluirse del cálculo, por lo que la deducción se aplicaría sobre un coste neto de 3.000 euros, resultando en 600 euros. Si las reformas consiguen reducir el consumo energético en un 30% o más, el porcentaje de deducción aumenta al 40%, con un límite de 7.500 euros. En este caso, la DGT subraya la necesidad de contar con un certificado energético emitido por un técnico competente para demostrar la mejora en el consumo. Para una segunda obra, el certificado que debe aportarse es el que se obtiene tras finalizar la primera reforma. Es importante tener en cuenta que esta deducción solo aplica a mejoras realizadas en la vivienda habitual o en inmuebles destinados al alquiler como vivienda habitual. No se extiende a otras áreas como jardines, garajes o zonas utilizadas para actividades económicas, como oficinas o consultas dentro del inmueble.

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(El Economista, 20-11-2024) | Fiscal

El TEAC facilita a las empresas las deducciones en el Impuesto de Sociedades por las inversiones que realizan en I+D+i

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha modificado su criterio para facilitar a las empresas la aplicación de deducciones en el Impuesto sobre Sociedades por las inversiones realizadas en actividades de I+D+i. En una resolución emitida el pasado 21 de octubre, el TEAC adopta la nueva doctrina establecida por el Tribunal Supremo el 8 de octubre. Según esta, el informe emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que evalúa si las inversiones y gastos de una empresa cumplen los requisitos para considerarse de I+D+i, es vinculante para la Agencia Tributaria. El Supremo determinó que Hacienda no puede cuestionar la deducibilidad de los gastos e inversiones que hayan sido validados previamente por el Ministerio de Ciencia. Siguiendo este principio, el TEAC ha ajustado su interpretación y ha establecido que el informe del Ministerio de Ciencia "vincula a la Administración Tributaria en todos sus aspectos" respecto a las deducciones por innovación tecnológica. Esto incluye tanto la calificación del proyecto como los gastos e inversiones que hayan sido evaluados favorablemente por el Ministerio tras su presentación.

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(El Periódico, 20-11-2024) | Fiscal

Garamendi, contra la reforma fiscal: "Su aprobación es una mala noticia pero lo peor es la falta de confianza"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes al Gobierno central tras la aprobación, en el último momento, de la reforma fiscal, resultado de una intensa negociación con sus socios parlamentarios. "Estoy asombrado por lo ocurrido. Es una mala noticia, pero lo peor es la incertidumbre y la falta de confianza. Nadie sabe qué va a suceder, es como lanzar un dado al aire", expresó Garamendi durante su intervención en los Encuentros Ser Andalucía en Sevilla. "A medianoche había una cosa y, cuatro horas después, otra distinta. Nadie sabe qué pasará el jueves en la votación del Congreso", añadió, cuestionando los "impuestos a la carta" dirigidos a la banca y las empresas energéticas. En la madrugada del lunes, la comisión de Hacienda aprobó el dictamen de la ley con los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox rechazaron enérgicamente la medida, calificando el proceso como un "secuestro" de más de cuatro horas, según informó El Periódico de España. Garamendi insistió en que "la confianza es clave para las empresas, y para ello son esenciales la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de las normativas". El denominado impuestazo, que amplía un año los tributos extraordinarios sobre la banca y las energéticas, tendrá, según Garamendi, un impacto negativo en el acceso a créditos, especialmente para los más vulnerables, estimando una afectación de 50.000 millones de euros. "Siempre son los malos de la película", señaló. En cuanto a las energéticas, subrayó que el plan de energías renovables en España requiere una inversión de 300.000 millones de euros. "Aunque lleguen fondos europeos, hacen falta 260.000 millones más de inversión privada, y esta no llegará si las reglas cambian constantemente, si los impuestos se modifican cada tres minutos", argumentó, poniendo como ejemplo la incertidumbre sobre grandes inversiones previstas en Huelva. En contraste con su postura hacia el Gobierno central, Garamendi elogió al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, destacando su moderación y su capacidad para generar confianza. "Es un placer trabajar con alguien que transmite paz", afirmó. Sobre la reciente DANA y sus consecuencias en Valencia, Garamendi destacó que la situación actual de las empresas es mucho más complicada que tras la pandemia. "Esto no es como el covid. Entonces, las empresas estaban fuertes; ahora están devastadas, no solo por la DANA, sino también por el saqueo posterior. Es un drama: 30.000 empresas han desaparecido", señaló, criticando la "demagogia" de quienes culpan al sector empresarial y sugirió que también se debería evaluar la actuación de las administraciones públicas durante el temporal. Respecto a la reducción de la jornada laboral, el líder de la patronal reiteró su rechazo, argumentando que cada intervención de la administración erosiona la confianza. Según el INE, explicó, la jornada laboral media ya se sitúa en 34,5 horas semanales si se considera el absentismo. "La negociación en este tema no es un diálogo, es un monólogo por parte del Gobierno", criticó, defendiendo que los cambios deben lograrse a través del consenso en el diálogo social. También recordó que la CEOE no habría firmado la reforma laboral si hubiera sabido de las modificaciones posteriores, como la prevalencia del convenio autonómico.

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(Expansión, 19-11-2024) | Fiscal

El Gobierno prorrogará el impuesto a las energéticas para tratar de salvar el tributo a las multinacionales

La mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso se opone a incluir un impuesto a las entidades financieras en el proyecto de ley que establece un tipo mínimo para las multinacionales. Sin embargo, la decisión definitiva será tomada por el Pleno el próximo jueves. El frágil equilibrio político que el Gobierno había intentado mantener para sacar adelante su reforma fiscal comenzó a resquebrajarse este lunes, cuando el Congreso mostró su rechazo a medidas como los impuestos a la banca, el diésel y las Socimis. Este revés pone en serio peligro el núcleo central del plan tributario de Hacienda, aunque el Ejecutivo podría intentar salvar el gravamen a las multinacionales a cambio de mantener el impuesto a las energéticas hasta 2025, una demanda de ERC, EH Bildu y BNG, pero que podría costarle el apoyo de Junts. Pese a los aplazamientos en la tramitación del proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global, que buscaban ganar tiempo para llegar a acuerdos, el Ejecutivo no ha logrado un consenso con todos sus aliados parlamentarios. Esto deja en incertidumbre las principales medidas recaudatorias de la reforma, pendientes de la votación final en el Pleno del jueves. Además, la prolongación del impuesto a las energéticas también enfrenta obstáculos sin un acuerdo con Junts y el PNV. El lunes, la mayoría de la Comisión de Hacienda rechazó dos veces el impuesto a la banca: tanto al intentar incluirlo como transacción en el proyecto de ley, como en forma de enmienda particular. Este rechazo refleja el descontento de ERC y Bildu por la retirada inicial del impuesto a las energéticas, una concesión del Gobierno a Junts y el PNV. Como respuesta, ERC y Bildu votaron en contra del tributo bancario, alineándose inusualmente con el PP y Vox, con el objetivo de presionar para renegociar el paquete fiscal. Aunque el Pleno del Congreso volverá a debatir la medida este jueves, la caótica votación del lunes, con recesos e intervenciones de los letrados de la Cámara, evidenció la falta de cohesión entre los socios habituales del Gobierno y la vulnerabilidad de su minoría parlamentaria. El Ejecutivo enfrenta ahora una reforma fiscal muy debilitada, a pesar de haberla comprometido ante la Unión Europea tanto en el Plan de Recuperación, que condiciona el desembolso de 7.200 millones de euros de ayudas Next Generation, como en el Plan Fiscal Estructural, que prometía aumentar los ingresos en 4.500 millones anuales a partir de 2025. Por el momento, el Parlamento parece inclinarse por rechazar tres de las medidas con mayor potencial recaudatorio de la reforma fiscal inicial: los impuestos a la banca y las energéticas, que juntos sumaron 2.860 millones de euros este año, y la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, estimada en 2.400 millones según la Airef. La votación también mostró la oposición a varias concesiones del ala socialista del Gobierno hacia Sumar, como la eliminación del régimen fiscal especial para las Socimis, la retirada de la exención tributaria en las primas de seguros médicos y la creación de un impuesto al lujo. Por otro lado, la Comisión de Hacienda aprobó la reactivación de la triple subida fiscal societaria introducida por Cristóbal Montoro en 2016 y anulada por el Tribunal Constitucional en enero, lo que evitaría una mayor pérdida de recaudación. También se dio luz verde a medidas como la rebaja del Impuesto de Sociedades para cooperativas y empresas pequeñas, la mejora fiscal para actividades artísticas, y bonificaciones a la Seguridad Social para clubes deportivos sin ánimo de lucro. Asimismo, se apoyó el incremento del tipo marginal del IRPF sobre los rendimientos del ahorro al 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, y se aprobaron nuevos impuestos sobre el tabaco líquido y alzas en el tabaco tradicional para desalentar el consumo. Finalmente, se aceptó una enmienda contra el fraude en hidrocarburos en el marco de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para grandes empresas, una medida que incluso el PP estaba dispuesto a respaldar si el Gobierno retiraba el resto de la reforma fiscal.

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(Expansión, 19-11-2024) | Fiscal

La competitividad fiscal de la economía española se desploma en cinco años

La reforma fiscal que impulsa el Gobierno de coalición no solo ha generado tensiones políticas significativas entre Sánchez y sus aliados parlamentarios, sino que también ha suscitado preocupación entre los actores económicos y las organizaciones empresariales. Estas alertan que la presión fiscal en España ya es "excesivamente elevada" y que "no existe margen para aumentarla más" sin el riesgo de agravar la fuga de inversiones, que aún se encuentran por debajo de los niveles de hace cuatro años, y de fomentar la deslocalización empresarial. Así lo señaló este lunes Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), durante la presentación del informe Competitividad fiscal 2024. En este documento se destaca que las continuas subidas de impuestos impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Sánchez constituyen un "lastre para el crecimiento económico". Según Fernández de Mesa, "una presión fiscal empresarial mayor a la de los países vecinos genera deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y pérdida de competitividad para los residentes". España es uno de los países desarrollados que más ha incrementado los impuestos en los últimos años, con un aumento de la recaudación de 1,8 puntos del PIB entre 2018 y 2023, frente a una reducción de 1,1 puntos en el promedio de la UE. Esto sitúa a España como el tercer país de la UE con mayor incremento de la carga fiscal en dicho periodo, solo superado por Chipre y Lituania. Además, la presión fiscal normativa (la carga tributaria potencial sobre la economía, independientemente de la recaudación real) es un 17% superior a la media de la UE. Por otro lado, el esfuerzo fiscal ajustado por renta per cápita de los españoles supera en un 13,7% el promedio del bloque europeo, cifra ya elevada dentro del contexto internacional y por encima de otros países de la OCDE, según el informe elaborado por el servicio de estudios de CEOE. Otro factor preocupante es el aumento de la carga fiscal sobre las empresas. En España, estas aportan más del 32% de la recaudación pública total, frente al 25,8% de media en la UE, lo que agrava aún más su competitividad. Como resultado, el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation sitúa a España en el puesto 33 de 38 economías desarrolladas en 2024, después de caer diez posiciones desde 2019, cuando ocupaba el puesto 23. Solo Islandia, Portugal, Francia, Italia y Colombia están por debajo. Íñigo Fernández de Mesa también criticó que "los impuestos a menudo se utilizan como una herramienta política en lugar de un instrumento para recaudar de manera justa y eficiente". Según el IEE, el problema fiscal en España no radica en una falta de ingresos tributarios, sino en el continuo incremento del gasto público, que supera el crecimiento de la recaudación. A pesar de que esta última alcanzará los 295.000 millones de euros en 2024, según la Airef, marcando un récord histórico con 95.000 millones más que en 2019, el déficit público no ha logrado bajar del 3% exigido por las reglas fiscales de la UE, y la deuda pública sigue creciendo en términos absolutos, alcanzando 1,63 billones de euros en septiembre, según el Banco de España. El IEE subraya que la reforma fiscal demandada por la Unión Europea no implica necesariamente subidas de impuestos. "Lo que la UE busca es potenciar el crecimiento económico, algo que se logra más eficazmente reduciendo impuestos que incrementándolos". El think tank de la CEOE insiste en que cualquier aumento en la recaudación debería basarse en ampliar las bases imponibles y combatir el fraude fiscal, en lugar de incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga elevada en comparación con otros países. Además, advierte sobre los efectos negativos de los impuestos selectivos, como los aplicados a bancos y energéticas, al enviar un mensaje disuasorio a la inversión internacional. Según Gregorio Izquierdo, director general del IEE, "los impuestos discriminatorios con nombre y apellido son los más perjudiciales, ya que aumentan significativamente el riesgo de deslocalización empresarial".

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