La nueva obligación que el Gobierno ha impuesto a quienes reciben prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la Renta conllevará sanciones severas para quienes incumplan: la suspensión del cobro del paro y la posibilidad de enfrentar multas de hasta el 150% de la deuda tributaria.
El mismo Real Decreto-ley que establece la obligación de declarar el IRPF para los perceptores de prestaciones por desempleo, también dispone que, "en caso de incumplimiento", se suspenderá "el derecho a la percepción de la prestación" si la entidad gestora detecta que los beneficiarios no han presentado la declaración del Impuesto sobre la Renta en el plazo y condiciones establecidos por la normativa tributaria.
Además, es importante recordar que Hacienda aplica frecuentemente sanciones por no presentar la declaración cuando se está obligado a hacerlo. En el caso de que el contribuyente deba pagar al Fisco, la multa puede oscilar entre el 50% y el 150% del importe adeudado, pudiendo aumentar si Hacienda considera que ha sufrido un perjuicio económico o si el infractor es reincidente, según explican desde TaxDown.
Incluso aquellos contribuyentes a quienes les correspondiera una devolución por parte de Hacienda se enfrentarán a multas de hasta 200 euros por no cumplir con la obligación de presentar la declaración de la Renta.
La Hacienda foral está finalizando un proyecto de medidas fiscales que permitirá a los financiadores beneficiarse de las deducciones previstas para los desarrolladores de proyectos de I+D+i, aumentando el porcentaje de deducción del 30% al 70%. Además, se incrementa la deducción por financiación de iniciativas culturales, que pasará al 50%.
Esta nueva regulación, que será retroactiva desde el 1 de enero de 2024, tiene como objetivo fortalecer la financiación de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), mejorando las deducciones establecidas en el Impuesto sobre Sociedades para los financiadores de estos proyectos.
A partir de este año, los financiadores podrán aplicar los mismos límites de deducción que las empresas que llevan a cabo proyectos de I+D+i. De este modo, en lugar de tener un tope del 35% de la cuota líquida, podrán alcanzar hasta el 70%.
Asimismo, para facilitar el acceso a estos incentivos, Hacienda foral permitirá que el contrato de financiación se firme justo antes del inicio del plazo de declaración voluntaria del impuesto. Hasta ahora, se requería que el contrato se suscribiera antes del comienzo del proyecto de I+D+i o, al menos, en los seis meses posteriores.
Con la nueva normativa, será posible que la financiación cubra los gastos en los que haya incurrido la empresa antes de firmar el contrato. El proyecto de ley, que ya ha superado la fase de audiencia pública, también incluye modificaciones en el IRPF para ampliar el abanico de financiadores de proyectos de I+D+i, que hasta ahora se limitaba a personas jurídicas.
De ahora en adelante, las personas físicas que realicen actividades económicas también podrán aplicarse deducciones en el Impuesto sobre la Renta por su participación en la financiación de proyectos de innovación y desarrollo, así como en obras audiovisuales, espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales, y la edición de libros. El límite será del 25% de la cuota correspondiente a actividades económicas.
Además de los proyectos de I+D+i, las mejoras en el tratamiento fiscal para los financiadores también se aplicarán a las iniciativas culturales contempladas en la regulación tributaria foral actual, como las obras audiovisuales y los espectáculos teatrales y musicales. Como novedad, a partir de 2024, Bizkaia incluirá la financiación de la edición de libros dentro de estas iniciativas.
España presentará el próximo martes, 15 de octubre, a la Comisión Europea su plan de equilibrio fiscal a medio plazo, con el fin de alinearse con las nuevas normas fiscales de la Unión Europea, tal como se comprometió con Bruselas. Aunque los detalles del plan aún no se han revelado y el Gobierno ha dado poca información al respecto, el presidente Pedro Sánchez mencionó en su última intervención en el Congreso que el documento incluirá compromisos de responsabilidad en el gasto y nuevas inversiones, asegurando que no habrá recortes.
Sánchez también recordó que la presión fiscal en España es actualmente cuatro puntos inferior a la media europea, y destacó que el país está cumpliendo con sus obligaciones en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas. A la espera de que se conozcan más detalles tras la reunión del Consejo de Ministros, la senda de ajuste fiscal que exige Bruselas es específica para cada país, teniendo en cuenta los niveles de deuda pública y sus retos económicos particulares.
En cuanto al contexto macroeconómico de España, este está marcado por la reciente revisión al alza del crecimiento económico en 2021 (2,7%), 2022 (6,2%) y 2023 (6,7%), según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos datos mejoran las proyecciones de deuda del país, aunque sigue siendo elevada, por encima del 100% del PIB.
Además, es relevante que la Comisión Europea decidió no abrir un procedimiento de déficit excesivo contra España en 2023, a pesar de que el déficit superó el 3%. Este procedimiento se activa cuando un país incumple las normas europeas de déficit y deuda, siendo el primer paso hacia posibles sanciones. Sin embargo, los Estados miembros siguen obligados a presentar planes de equilibrio fiscal con metas plurianuales de cuatro años.
Los países pueden solicitar extender el periodo de ajuste fiscal de cuatro a siete años si implementan reformas e inversiones que fortalezcan su crecimiento y resiliencia, así como la sostenibilidad fiscal. Estas inversiones deben estar alineadas con las prioridades de la UE, como la transición ecológica y digital, la seguridad energética y el fortalecimiento de la resiliencia social y económica.
El plan debe asegurar que, al final del periodo de ajuste, la deuda pública siga una tendencia descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB, y que el déficit no supere el 3% del PIB de forma sostenida. Las nuevas reglas se enfocan en el crecimiento del gasto primario neto, en lugar de en el déficit estructural.
El Banco de España explica que el gasto primario neto excluye ciertos gastos, como los intereses de la deuda, programas financiados por la UE y las prestaciones por desempleo ligadas al ciclo económico. Cada país tendrá una cuenta de control para medir la desviación anual del gasto respecto a lo comprometido.
La reactivación de las reglas fiscales de la UE (60% de deuda y 3% de déficit) supone un desafío para la elaboración de los Presupuestos Generales de España para 2025, que el Gobierno ya está preparando, aunque aún no cuenta con los apoyos necesarios para su aprobación.
Por ello, el Gobierno español prevé un retraso en la presentación de su plan presupuestario a la Comisión Europea tras el 15 de octubre, aunque sí entregará el plan fiscal estructural a medio plazo en esa fecha. No obstante, la Comisión Europea ha advertido que hay "límites" a la flexibilidad en los plazos de presentación de los borradores presupuestarios para 2025.
En los últimos meses, España ha mantenido un diálogo técnico con Bruselas sobre la senda de gasto neto plurianual. Bruselas ya ha proporcionado una trayectoria de referencia para los países con deuda superior al 60% del PIB o déficit mayor al 3%, como es el caso de España. Una vez que se negocie la senda entre el Gobierno y la Comisión Europea y se reciban los planes de ajuste fiscal, la Comisión los evaluará en un plazo de seis semanas, con el 30 de noviembre como fecha límite.
Tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como el Banco de España han hecho sus propias estimaciones sobre el ajuste que España deberá realizar para cumplir con las nuevas reglas fiscales. Ambos organismos han lamentado que el Gobierno no haya hecho pública la trayectoria de referencia enviada por Bruselas.
Según la AIReF, España deberá realizar un ajuste equivalente a 0,4 puntos del PIB durante los próximos siete años (unos 6.000 millones de euros anuales), lo que implica que el gasto no podrá crecer más del 3% anual. Si el Gobierno opta por un periodo de ajuste de cuatro años, el ajuste anual sería mayor, de 0,63% del PIB (unos 9.000 millones de euros anuales).
Por su parte, el Banco de España calcula que será necesario un ajuste presupuestario de unos 0,5 puntos porcentuales del PIB al año durante siete años para cumplir con las normas europeas, aunque este escenario implicaría un menor dinamismo en la actividad económica.
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha determinado que los miembros del consejo de administración de una empresa, incluido el consejero delegado, deben recibir una remuneración separada por cualquier labor de representación que realicen en otras empresas vinculadas a la que administran. Si no se hace de esta manera, la Agencia Tributaria interpretará que se está encubriendo una parte de los ingresos para evitar tributar por el IRPF, bajo la premisa de que estas funciones de representación ya estarían incluidas en el salario como consejero.
El TEAC argumenta que la representación de la sociedad en otras empresas no forma parte de las responsabilidades inherentes al cargo de consejero, incluso si esas empresas están controladas por la firma principal. Por lo tanto, dicha función debe ser remunerada de forma independiente al sueldo de consejero, y además debe tributar en el IRPF por este trabajo.
La resolución del TEAC, emitida el 24 de septiembre, establece que si la empresa solo paga a su consejero por su cargo y no por su labor como representante en otras compañías del grupo, se trata de una operación vinculada que debe ser ajustada a precios de mercado. Esto implica que se debe calcular el valor de ese trabajo como si fuera realizado para una empresa externa al grupo.
En consecuencia, se debe ajustar el IRPF del consejero para incluir esta remuneración en su base imponible y tributar por ella. Al mismo tiempo, la empresa deberá incluir esta retribución dentro de sus gastos deducibles en concepto de salarios en el Impuesto de Sociedades.
El TEAC se pronunció a favor de la Agencia Tributaria, que había recurrido una resolución del Tribunal Económico Regional de Valencia. Dicho tribunal había permitido que las funciones de representación en dos empresas asociadas al grupo fueran incluidas en el salario del consejero.
En este caso concreto, el consejero delegado recibía un salario de 612.000 euros, que incluía, según el contrato, una compensación por sus funciones de representación en dos compañías vinculadas. No obstante, la inspección fiscal determinó que el valor de esas funciones de representación ascendía a 1,1 millones de euros, y ajustó tanto el IRPF del consejero como el Impuesto de Sociedades, incluyendo la diferencia entre ambos valores como salario adicional deducible.
El tribunal concluye que estas funciones no pueden integrarse dentro de las responsabilidades del consejero delegado, incluso si el contrato o los estatutos de la empresa lo estipulan, ya que deben considerarse y remunerarse por separado.
Las diversas deducciones autonómicas en el IRPF relacionadas con la compra o el alquiler de la vivienda habitual generan diferencias significativas en los pagos al fisco, con una variación de casi 300 euros al año entre los contribuyentes. La Comunidad de Madrid es la que ofrece mayores beneficios fiscales a sus ciudadanos, permitiendo un ahorro promedio de hasta 778 euros anuales en el IRPF, gracias a deducciones en gastos como el alquiler, los intereses de préstamos hipotecarios para menores de 30 años, la adquisición de vivienda por nacimiento o adopción, y el alquiler de la vivienda habitual.
En el otro extremo, los contribuyentes de la Comunidad Valenciana disfrutan de un ahorro menor, con una media de 510 euros al año, lo que supone una diferencia de casi 300 euros con respecto a los madrileños, según las Estadísticas de declarantes del IRPF de 2022 publicadas por la Agencia Tributaria. No obstante, la Comunidad Valenciana ofrece más deducciones, como las relacionadas con la adquisición de vivienda por personas con discapacidad, el aumento de los costes de financiación externa para la compra de una vivienda, o el alquiler en un municipio diferente al lugar de trabajo.
Entre las comunidades que más permiten ahorrar en el impuesto sobre la vivienda, después de Madrid, destacan Cataluña con un ahorro medio de 715 euros, Baleares con 695 euros, y Aragón con 683 euros. En contraste, las comunidades donde los contribuyentes ahorran menos son, además de Valencia, Extremadura con 534 euros, Galicia con 562 euros, y Canarias con un ahorro medio de 600 euros en el IRPF por este tipo de deducciones.
El IRPF está parcialmente cedido a las comunidades autónomas, que tienen la facultad de gestionar y recaudar el 50% de este impuesto, mientras que la otra mitad la administra el Estado. Dentro de las diferencias autonómicas, también destacan las deducciones por maternidad, aplicables por el nacimiento o la adopción de un hijo. Nuevamente, los ciudadanos de Madrid son los que más ahorran, con una media de 962 euros por persona, en comparación con los extremeños, que pueden reducir su factura en 851 euros por este concepto, lo que supone una diferencia de 111 euros.
Estas disparidades fiscales entre comunidades se acentúan cuando se analiza el ahorro global en el IRPF. Según las estadísticas de la Agencia Tributaria de 2022, los aragoneses logran un ahorro medio de 86 euros en el impuesto gracias a las deducciones autonómicas, mientras que los contribuyentes de Castilla y León alcanzan un ahorro de hasta 469 euros, lo que supone una diferencia de hasta 383 euros dependiendo de la región de residencia.
En este ranking, detrás de Castilla y León, se sitúan los valencianos con un ahorro medio de 444 euros al año en el IRPF, seguidos de los asturianos con 412 euros, los canarios con 362 euros, y los madrileños con 318 euros. Por el lado contrario, además de los aragoneses, los que menos ahorro consiguen son los catalanes, con 118 euros de media, y los extremeños, con 139 euros.
El Gobierno está dispuesto a apurar el último plazo disponible y esperar hasta el martes 15 de octubre para enviar a Bruselas el Plan Fiscal Estructural. Este documento detalla la senda plurianual de ajustes presupuestarios que las nuevas normas fiscales exigen a los países que no cumplen, explicando cómo reducirán su déficit y deuda excesivos. Aunque ha ganado casi un mes desde la fecha original del 20 de septiembre, el Ejecutivo se enfrenta a la elaboración final de este plan sin haber aprobado previamente la senda de déficit, ya que tuvo que retirar su propuesta para renegociarla debido a la amenaza de bloqueo por parte de Junts.
El Plan Fiscal Estructural es clave en la aplicación de las nuevas normas fiscales, que permiten a los países con un déficit superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% corregir su situación mediante un programa plurianual de ajustes. Este plan debe garantizar que la deuda entra en una clara senda descendente en un plazo de 10 años desde su implementación. Tras la reforma de las normas presupuestarias europeas, el enfoque se ha trasladado de la reducción del déficit a la limitación del gasto primario neto, para el cual Bruselas ha proporcionado una referencia a cada país, aunque España no la ha hecho pública aún. A partir de ahí, los países pueden optar por reducir el gasto, aumentar los ingresos o ambas vías, a lo largo de cuatro o siete años, dependiendo de si incluyen reformas estructurales.
Este plan es obligatorio para España, que cerró 2023 con un déficit público del 3,6% y una deuda pública del 105%. El país evitó la apertura de un procedimiento de déficit excesivo gracias a que la Comisión Europea, que considera este año de transición tras cuatro años de suspensión de las reglas fiscales, proyectó que España cerraría 2024 con un déficit del 3%. Sin embargo, la indulgencia de Bruselas ha sido cuestionada por la Junta Fiscal Europea.
En abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó que España debería incluir en su plan un ajuste de 9.200 millones de euros anuales durante cuatro años (equivalente al 0,63% del PIB), o de 6.300 millones durante siete años (0,36% del PIB) si se comprometen reformas estructurales. Esto representaría un ajuste total de entre 36.800 y 44.100 millones de euros. Sin embargo, tras la revisión al alza del PIB por parte del INE, que aumentó el tamaño de la economía en 36.400 millones, el ajuste será algo menor. Raymond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, señaló que la revisión del PIB tiene un doble efecto: reduce el peso relativo del déficit y la deuda, pero el déficit estructural podría ser mayor.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso que el Plan Fiscal Estructural incluirá "compromisos de responsabilidad en el gasto, pero también nuevas inversiones", y garantizó que "no habrá recortes". A su vez, destacó que la presión fiscal en España es unos cuatro puntos del PIB inferior a la media europea, un comentario reforzado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien añadió que "Europa exige una reforma fiscal". Con el PIB revisado, se necesitarían incrementos de impuestos por valor de unos 60.000 millones de euros. Aunque no se espera una subida inmediata, Hacienda ha confirmado su intención de cerrar esa brecha fiscal, lo que podría implicar nuevos compromisos de ingresos en el plan del martes.
El documento, sin embargo, no contará con una nueva senda fiscal aprobada que fije los objetivos anuales de déficit. Hacienda busca reducir el déficit al 3% del PIB en 2024, al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027, pero ha tenido dificultades para aprobar esta senda en el Parlamento. Desde septiembre, el Gobierno negocia con Junts y otros socios parlamentarios, buscando un acuerdo para repartir los esfuerzos entre administraciones, dando más margen de gasto a las comunidades autónomas a costa de la Administración Central. Aún si se logra un acuerdo, su aprobación en el Parlamento se retrasaría varias semanas. Si no se aprueba, se mantendría la senda actual, menos exigente, que prevé un déficit del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. La incertidumbre es tal que el Gobierno también ha retrasado la entrega del Plan Presupuestario anual, que Bruselas exige para el 15 de octubre, hasta tener definidas las cuentas de 2025.
El Gobierno de Portugal presenta hoy su propuesta de Presupuestos del Estado para 2025 en la Asamblea de la República, aunque su aprobación es incierta debido a la delicada situación parlamentaria. La principal novedad del proyecto incluye importantes beneficios fiscales para los menores de 35 años, quienes tendrán una tributación más reducida en el IRPF (IRS en Portugal) en comparación con los mayores de esa edad. En su primer año en el mercado laboral, los jóvenes estarán exentos del impuesto si sus ingresos no superan los 28.000 euros. Durante los siguientes cuatro años, solo tributarán por el 25% de sus ingresos; del sexto al noveno año, lo harán por el 50%; y en el último año con bonificación, por el 75%, siempre con el límite de 28.000 euros.
Aunque el IRS Joven no fue creado por el actual Gobierno de centro-derecha, el gabinete de Luís Montenegro ha ampliado considerablemente su alcance. Anteriormente, los jóvenes de entre 18 y 26 años que se incorporaban al mercado laboral después de estudiar contaban con ventajas fiscales durante cinco años. Con la reforma actual, estas ventajas se extienden hasta los 35 años, eliminando el requisito de haber completado la educación obligatoria y prolongando los beneficios durante una década. La primera propuesta del Gobierno generó críticas al plantear, de facto, un sistema fiscal diferenciado para los jóvenes, lo que fue considerado injusto por la oposición, ya que personas con los mismos ingresos tributarían de manera distinta solo por su edad.
La negociación entre el Gobierno y el Partido Socialista, con el objetivo de obtener su apoyo para aprobar los presupuestos, modificó la filosofía inicial del IRS Joven, añadiendo una mayor progresividad a las bonificaciones fiscales. El primer ministro, Luís Montenegro, reconoció en una entrevista en la cadena SIC que las modificaciones sugeridas por el PS mejoraron la propuesta original. Estas medidas implicarán una reducción en los ingresos fiscales de Portugal de unos 645 millones de euros.
El Fondo Monetario Internacional también cuestionó la propuesta de impuestos reducidos para los jóvenes del Gobierno portugués. En su informe anual sobre la economía del país, publicado a principios de octubre, el FMI señaló que los impuestos reducidos por edad tienen un alto coste y plantean problemas de equidad, además de dudar de su efectividad para frenar la emigración. El ejecutivo introdujo esta reforma para combatir la salida de jóvenes formados al extranjero, un problema que se intensificó entre 2008 y 2015, cuando un millón de personas abandonaron el país. Una encuesta de la Fundación Francisco Manuel dos Santos reveló que el 30% de los jóvenes de entre 15 y 30 años consideraba emigrar.
El informe del FMI también advirtió que los ingresos del IRS "no deberían reducirse más", dadas las necesidades de inversión y la necesidad de seguir reduciendo la deuda pública, que en 2023 cayó por primera vez por debajo del 100% del PIB. El Gobierno, sin embargo, ha respondido que la fuga de talentos es una emergencia que requiere medidas urgentes. "Es un drama que necesita una solución prioritaria", afirmó António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia, en respuesta al FMI. Otra reforma fiscal destacada en los presupuestos es la reducción del Impuesto de Sociedades (IRC) del 21% al 20%, medida que también ha sido criticada por el FMI. El organismo internacional sugiere en su lugar una reducción progresiva de las tasas adicionales.
En la entrevista con SIC, el primer ministro defendió la bajada de impuestos a las empresas como una estrategia para atraer inversiones, señalando la competencia de España en este ámbito. Originalmente, Montenegro propuso reducir el IRC en dos puntos, del 21% al 19%, pero suavizó el recorte tras las negociaciones con el Partido Socialista, cuyo líder, Pedro Nuno Santos, había señalado dos líneas rojas para aprobar los presupuestos: no reducir más el IRC y reformar el IRS Joven. Los socialistas estiman que la disminución de la recaudación fiscal será de 1.500 millones de euros a medio plazo. El gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, también advirtió sobre los riesgos de reducir impuestos y aumentar el gasto simultáneamente. En la presentación del boletín económico de octubre, destacó que el gasto público actual está creciendo a su mayor ritmo desde 1992, lo que puede causar problemas financieros similares a los enfrentados en el pasado.
La Moraleja sigue siendo imbatible como el barrio más rico de España, con una renta media disponible de 136.703 euros (después de impuestos), superando ampliamente a cualquier otra zona del país. Los ingresos de sus residentes son hasta 14 veces mayores que los de Torreblanca, en Sevilla, la zona más pobre, donde los vecinos declaran una renta de 9.693 euros. Así lo refleja la más reciente estadística del IRPF por código postal de la Agencia Tributaria, correspondiente a 2022, que analiza solo los municipios con más de 100.000 habitantes, excluyendo datos del País Vasco y Navarra. A pesar de una mejora general en las rentas con respecto al año anterior, la brecha entre las zonas más ricas y las más pobres se mantiene, sin compensar la alta inflación registrada en ese periodo (8,4%), frente a un crecimiento de rentas del 4,7% a nivel nacional. De hecho, en el 92% de los códigos postales, el aumento de la renta fue inferior a la inflación.
Situada al norte del área metropolitana de Madrid y famosa por sus lujosas residencias y vehículos de alta gama, La Moraleja (Alcobendas) lleva años encabezando la lista, con una ventaja que parece insuperable. No solo sus vecinos ganan mucho más que los habitantes de Torreblanca, sino que la brecha entre el barrio más rico y el más pobre ha aumentado un 2,6% respecto a la estadística anterior. También hay una enorme distancia con la renta media nacional (27.648 euros) y con el segundo barrio más adinerado, Vallvidrera Tibidabo i Les Planes en Barcelona, que ha escalado cuatro posiciones hasta alcanzar los 77.477 euros, arrebatándole el puesto a Ciutat Jardí (Lleida), que había sorprendido en la anterior edición al alcanzar el segundo lugar tras un aumento del 84% en los ingresos medios.
En tercer lugar se mantiene la zona de Goya, en el barrio de Salamanca (Madrid), con 73.446 euros, seguida por Aravaca (73.357 euros), Somosaguas-Humera (71.608 euros) y La Castellana (71.078 euros), todos en Madrid. El top 10 lo completan barrios de Barcelona, Valencia y Madrid, confirmando la tendencia de que las rentas más altas se concentran en las capitales y grandes ciudades, que atraen a grandes empresas y profesionales mejor pagados.
Por otro lado, las zonas con menores ingresos se encuentran principalmente en el sur de España y la Comunidad Valenciana, donde las tasas de desempleo son más altas y las actividades económicas menos productivas. A Torreblanca le sigue Nou Alacant (Alicante) con 13.962 euros, y Carrús (Elche) con 14.812 euros. Ninguno de los 10 barrios más pobres supera los 17.000 euros de renta media.
A pesar de las grandes diferencias entre barrios ricos y pobres, no ha habido cambios significativos respecto al año anterior. La Moraleja, por ejemplo, ha registrado solo un aumento del 2% en los ingresos de sus habitantes, mientras que en Travalón (Elche) se ha visto el mayor incremento, con un 47%. Sin embargo, su renta sigue siendo mucho más baja en comparación, alcanzando los 34.722 euros.
Otro caso notable es Massarrojos, en Valencia, donde los ingresos pasaron de menos de 36.000 euros en 2021 a 51.176 en 2022, el segundo mayor aumento registrado. Por el contrario, Ciutat Jardí (Lleida), que había ascendido al segundo lugar el año anterior, sufrió una caída del 43%, hasta los 43.153 euros. Este tipo de fluctuaciones suelen deberse a eventos puntuales, como la mudanza de un ciudadano de altos ingresos o la obtención de un gran premio.
En términos generales, la renta media disponible en los municipios con más de 100.000 habitantes subió de 26.397 a 27.648 euros entre 2021 y 2022. Aunque en la mayoría de los códigos postales las rentas han aumentado, en casi todos lo han hecho a un ritmo inferior a la inflación. Comparando con los niveles prepandemia, solo un 6% de los barrios han mejorado su poder adquisitivo.
Finalmente, destacan los códigos postales que han visto mayores aumentos desde 2019, como Travalón (Elche), Alcobendas y Massarrojos, mientras que otras zonas, como el paseo de Isabel La Católica (Valladolid) y Castellón de la Plana, han experimentado las mayores caídas. La Moraleja y la zona de Goya también han visto reducciones significativas en comparación con sus niveles precovid, con caídas del 20% y 26% respectivamente.
El Gobierno allanó ayer el camino para implementar subidas de impuestos que podrían alcanzar los 60.000 millones de euros. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mencionaron en sus intervenciones en el Congreso de los Diputados que España mantiene una "brecha fiscal" de cuatro puntos del PIB respecto a la media de la Unión Europea, una diferencia que, según Montero, la Comisión Europea exige cerrar mediante una reforma fiscal. Esto representa un claro aviso, justo una semana antes de que el Ejecutivo deba enviar a Bruselas, el próximo martes, el Plan Fiscal Estructural que exige la normativa fiscal europea, en el que se detallarán las medidas para corregir los excesos de déficit y deuda pública acumulados por el Estado.
Ayer, Sánchez compareció ante el Pleno del Congreso, a petición del Partido Popular, con el objetivo de explicar tanto la política migratoria del Gobierno como los ajustes necesarios para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y someter a votación el Plan de Equilibrio Fiscal. Sin embargo, en su discurso inicial, que duró casi una hora, no mencionó dicho plan, lo que provocó críticas por parte de la oposición.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, reprochó a Sánchez que "se está ocultando información" sobre el documento, calificándolo como "el más importante que España firmará para los próximos siete años", y recordó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha estimado que el ajuste necesario para cumplir las normas fiscales podría rondar los 39.000 millones de euros.
En respuesta, Sánchez confirmó que el Gobierno presentará un "Plan Fiscal Estructural" para adaptarse a las nuevas restricciones presupuestarias de la UE, destacando que el documento incluirá "compromisos de responsabilidad en el gasto, pero también nuevas inversiones para el futuro", asegurando además que "no habrá recortes". Añadió que "España está cumpliendo con los objetivos de déficit público y, por primera vez en más de una década, ha salido del procedimiento de déficit excesivo gracias a la política económica y social de este Gobierno". Además, subrayó que España tiene cuatro puntos menos de presión fiscal que la media europea.
Montero, por su parte, fue más explícita en su intervención, respondiendo a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien acusó al Gobierno de "asfixiar a los ciudadanos, familias y empresas con impuestos". Montero replicó que "en relación con la brecha fiscal, estamos cuatro puntos por debajo de la presión fiscal europea, y Europa exige al Gobierno una reforma fiscal que permita reducir esta diferencia".
Es importante señalar que la quinta entrega de los fondos europeos Next Generation está condicionada a una reforma fiscal que corrija esa brecha, aunque hasta ahora Hacienda consideraba que el ajuste estaba prácticamente completado tras reducir la diferencia entre la presión fiscal española y la europea de siete a tres puntos entre 2019 y 2023. Sin embargo, la reciente revisión al alza del PIB por parte del INE ha disminuido el peso relativo de la recaudación, lo que aumenta el reto pendiente.
En cuanto a las medidas concretas, Montero adelantó que el Gobierno llevará próximamente al Parlamento la propuesta de hacer permanentes los impuestos temporales a la banca y las empresas energéticas.
El respaldo de la Comisión Europea a la propuesta del G20 de establecer un impuesto global del 2% para las grandes fortunas con activos superiores a 1.000 millones de dólares ha provocado un intenso debate en el Parlamento Europeo. Este miércoles, el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, elogió la iniciativa durante su intervención en la cámara.
Schinas expresó que Bruselas "acoge con satisfacción" la propuesta y animó a la OCDE, que lidera actualmente las negociaciones sobre el impuesto mínimo a las multinacionales, a considerar este nuevo tema. "Todos los contribuyentes, especialmente los más adinerados, deben aportar lo que les corresponde", declaró el vicepresidente de la Comisión. Schinas destacó que "aunque varios países ya han implementado medidas para gravar a los ultrarricos, debemos reconocer que el capital puede trasladarse fácilmente de un lugar a otro".
Estas declaraciones generaron opiniones encontradas entre los eurodiputados. Los grupos socialdemócrata (S&D), liberal (Renew), Verdes e Izquierda mostraron su apoyo a la medida. La eurodiputada liberal Stéphanie Yon-Courtin abogó por "modificar las reglas del juego" para las grandes fortunas, tal como se ha hecho con las multinacionales.
Por otro lado, Fernando Navarrete, eurodiputado del Partido Popular, calificó como una "falacia" la idea de que gravar el patrimonio de los ricos contribuirá a disminuir la pobreza. Afirmó que "estas políticas suelen perjudicar a las clases medias, en lugar de beneficiar a quienes más lo necesitan".
La propuesta se basa en un informe encargado por Brasil durante su presidencia del G20, que plantea un impuesto global del 2% para las fortunas que superen los 1.000 millones de dólares. Según el documento, del que informó EXPANSIÓN en julio, los multimillonarios pagan actualmente el equivalente al 0,3% de su riqueza en impuestos. El informe estima que un impuesto del 2% generaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales.
Este nuevo impuesto seguiría una estructura similar a la del impuesto mínimo global sobre Sociedades. Se aplicaría a los multimillonarios que no pagan ya un mínimo equivalente al 2% de su riqueza en impuestos sobre la renta. Aunque el informe está en una fase inicial, varios países como Bélgica, Colombia, Francia, España, y el nuevo miembro del G20, la Unión Africana, han expresado interés en la propuesta, según el autor del documento encargado por Brasil. Ahora, la Comisión Europea se une a este respaldo a través de Schinas.
Para el gobierno brasileño, este tema es una prioridad durante su presidencia del G20. Felipe Antunes de Oliveira, coordinador general de Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Brasil, afirmó que "un impuesto mínimo global a los multimillonarios es una forma de obtener recursos para avanzar en la lucha contra el hambre, promover el desarrollo sostenible y reformar la gobernanza global". No obstante, admitió que la implementación será complicada. "Podemos esperar negociaciones prolongadas", añadió.
Esta no es la primera vez que la idea de un impuesto global a las grandes fortunas aparece en debates internacionales sobre política fiscal. Cada vez más voces lo plantean. El Observatorio Fiscal de la UE, un grupo de expertos independiente de la Escuela de Economía de París, ya había propuesto un impuesto similar en octubre del año pasado, coincidiendo con el economista que elaboró el informe actual encargado por Brasil.
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