News

(El Economista, 18-11-2024) | Fiscal

Cataluña quiere fichar inspectores del Estado para su Agencia Tributaria

El Govern de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, sigue avanzando en la implementación del concierto económico pactado con ERC. Tras crear un grupo asesor encargado de definir los detalles del denominado modelo de financiación singular y designar al nuevo director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el Ejecutivo autonómico estudia diversas estrategias para fortalecer esta última institución. La principal opción sería incorporar a los altos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que operan en Cataluña. Actualmente, la "Hacienda propia" de Cataluña cuenta con 852 empleados, de los cuales solo el 34,2% pertenece a cuerpos especializados en la gestión e inspección tributaria. En detalle, el organismo dispone de apenas 23 inspectores y 269 gestores, cifras que palidecen frente a los casi 5.000 empleados que la AEAT tiene asignados en la región, incluyendo 1.612 técnicos y 498 inspectores. La ATC, de momento, tiene competencias limitadas a la gestión de tributos propios (como el impuesto sobre bebidas azucaradas o el canon del agua) y cedidos (como Sucesiones y Patrimonio), además de la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación ejecutiva de deudas tributarias y otros ingresos públicos de la Generalitat y administraciones catalanas. Illa y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, han planteado objetivos ambiciosos para expandir la ATC. Inicialmente, el president habló de cuadruplicar su tamaño, mientras que Romero sugirió un incremento hasta alcanzar entre 4.000 y 5.000 efectivos. Sin embargo, expertos consultados por elEconomista.es consideran poco probable que este crecimiento se logre exclusivamente mediante nuevas convocatorias de empleo público, dada la lentitud del proceso. De hecho, Romero ya ha mencionado que están explorando "incentivos" y una "fórmula jurídica" para atraer a los funcionarios de alto rango de la AEAT, aunque esta opción enfrenta obstáculos legales. En 2015, el Tribunal Supremo bloqueó el traspaso de inspectores de la AEAT a la ATC, lo que dificulta la implementación de esta estrategia. Además, si la Generalitat pretende asumir la gestión completa del IRPF en 2026, como establece el pacto entre PSC y ERC, necesitará reforzar significativamente su plantilla en un plazo corto, algo que parece inviable con los métodos tradicionales. A estas complicaciones se suma el retraso en los presupuestos autonómicos debido a la situación interna de ERC, lo que dificulta la planificación de nuevas convocatorias de empleo. Según datos recientes, la ATC ha realizado solo tres procesos selectivos en los últimos seis años. En 2022, por ejemplo, se convocaron 120 plazas de gestores tributarios, la mayor oferta en su historia, pero esta convocatoria se retrasó cuatro años y no se resolvió hasta 2023. En 2024, se han sumado 20 inspectores y 85 gestores estabilizados, cifras insuficientes para alcanzar los objetivos planteados. Ante este panorama, la opción más viable para aumentar rápidamente la plantilla sería captar empleados de la AEAT, una medida que ha generado controversia. Gestha ha calificado este objetivo como "irrealizable", argumentando que la mayoría de los funcionarios estatales no estarían interesados en integrarse en la ATC debido a la falta de incentivos suficientes y a las ya elevadas demandas de movilidad en Cataluña. Por su parte, IHE ha rechazado frontalmente cualquier intento de integración forzosa. En un comunicado, la asociación advirtió que tomará medidas legales para impedirlo, señalando que la ATC no puede considerarse una "agencia tributaria nacional catalana" dentro del actual marco jurídico español. Además, criticó al Govern por "engañar a la ciudadanía" con propuestas que consideran inviables.

READ MORE

(El Confidencial, 18-11-2024) | Fiscal

El bloqueo de la reforma fiscal prorrogará nuevamente los Presupuestos

El año 2025 comenzará nuevamente con los presupuestos de 2023 prorrogados. La falta de respaldo político ha llevado al Gobierno a desistir de intentar siquiera la tramitación de unas nuevas cuentas, a pesar de sus reiteradas declaraciones sobre cumplir con su responsabilidad constitucional. Desde el Ministerio de Hacienda ya han asumido que no será posible aprobar los presupuestos antes de fin de año. "Ya no hay tiempo", confirman fuentes ministeriales. Aunque la tramitación presupuestaria tiene carácter prioritario en las Cortes, el proceso requiere más de dos meses en el mejor de los casos, un plazo que ya no está disponible. El procedimiento incluye una serie de etapas, como las comparecencias de altos cargos, debates a la totalidad, discusión de enmiendas y, en caso de veto en el Senado, la devolución al Congreso para su aprobación definitiva. Incluso si el Gobierno contara con el apoyo necesario, los plazos hacen inviable completar el trámite. Sin embargo, el problema no es solo de tiempo, sino también de falta de apoyos. El Gobierno se ha visto obligado a posponer nuevamente la Comisión de Hacienda en el Congreso para ganar margen en la negociación de la reforma fiscal. Actualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado reconstruir la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Si se materializa una derrota en la votación de la reforma fiscal, prevista para la próxima semana, sería el tercer revés para la vicepresidenta en el camino hacia la aprobación de los presupuestos. Previamente, ya perdió la votación de la senda de déficit y tuvo que abandonar un segundo intento ante el rechazo de los partidos que respaldaron la investidura. Sin nuevos presupuestos, el Ejecutivo deberá buscar alternativas normativas para implementar las políticas de gasto previstas en los PGE. Algunas medidas, como la actualización de las pensiones, podrán aprobarse mediante real decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, como se ha hecho en años anteriores. Sin embargo, el incremento salarial de los funcionarios y la actualización del IPREM, índice vinculado a múltiples prestaciones públicas, sí requieren aprobación parlamentaria. En cambio, el Ingreso Mínimo Vital subirá automáticamente gracias a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2023. El retraso en la votación de la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda refleja la urgencia del Gobierno por encontrar nuevos recursos. El ritmo actual del gasto público complica el cumplimiento del objetivo de déficit para este año y el próximo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el déficit público alcanzará el 2,7% en 2024, dos décimas por encima del objetivo gubernamental. Además, esta previsión no incluye los gastos derivados de la DANA, que serán excluidos del cálculo del déficit. Respecto al límite de gasto, la AIReF estima que, manteniendo las políticas actuales, el gasto primario neto crecerá un 3,7%, alcanzando el tope permitido por la Comisión Europea. Esto implica que, sin nuevos ingresos fiscales, no habrá margen para aumentar el gasto público. Aunque el Gobierno aún tiene tiempo para prolongar las negociaciones de la reforma fiscal, los trámites pendientes (votaciones en la Comisión y el Pleno del Congreso, paso por el Senado y posible retorno al Congreso en caso de veto) tomarían al menos un mes. Incluso podría posponer una semana más la remisión al Pleno, pero el margen es cada vez más limitado. En cuanto a la senda de estabilidad, el plazo también está agotándose. En el mejor escenario, la propuesta llegaría al Congreso a finales de mes, y el Senado podría retrasar su aprobación un mes adicional. Esto obligaría a una vuelta al Congreso con un calendario muy ajustado. Sin embargo, la senda de estabilidad ha pasado a un segundo plano en las prioridades del Gobierno. Para desbloquear los presupuestos en el primer trimestre de 2024, el Ejecutivo necesita reconstruir sus alianzas parlamentarias. No obstante, los plazos siguen extendiéndose semana tras semana. Lo que ya es un hecho es que 2025 comenzará con las cuentas prorrogadas de 2023, una situación que en otros tiempos habría llevado a un Gobierno a dimitir, pero que ahora se asume con relativa normalidad. Mientras tanto, los socios de investidura siguen inmersos en una interminable negociación fiscal que abarca temas como la financiación autonómica, los objetivos de déficit, el aumento de impuestos y las quitas de deuda, sin concretar acuerdos en ningún ámbito.

READ MORE

(Expansión, 15-11-2024) | Fiscal

Los impuestos a la banca "no deben afectar ni a la solvencia del sector ni a la concesión del crédito

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió este jueves que los impuestos dirigidos al sector bancario no deben comprometer la solvencia de las entidades ni limitar la concesión de crédito, enviando un mensaje claro al Gobierno español. Durante su participación en un encuentro financiero organizado por Deloitte y ABC, De Guindos fue consultado sobre el impuesto a la banca en España y señaló que no todos los gravámenes al sector son iguales, poniendo como ejemplo el caso de Italia. En el modelo italiano, explicó, los bancos pueden reducir la carga fiscal si destinan parte de sus beneficios a reforzar su solvencia, una medida que, según De Guindos, estaría en línea con los principios del BCE de no perjudicar la estabilidad financiera ni el acceso al crédito. Sin embargo, en el caso español, afirmó que desconoce el impacto que podría tener este impuesto, pero dejó claro que cualquier cambio será evaluado por el BCE con esos criterios en mente. Desde su anuncio, las entidades financieras en España han expresado preocupación por este tipo de impuesto, argumentando que es discriminatorio y podría reducir su capacidad para otorgar créditos al erosionar su capital. Sobre la situación económica en Europa, De Guindos reconoció que la recuperación no ha sido como esperaba el BCE, aunque destacó como positivo que la inflación haya disminuido sin que el continente haya caído en recesión. No obstante, subrayó que, pese a la mejora del poder adquisitivo por la combinación de menores precios y aumentos salariales, esto no se ha traducido en un incremento del consumo. Según el vicepresidente del BCE, esto podría deberse a que las familias anticipan posibles subidas de impuestos destinadas a reducir el déficit público, lo que las lleva a ser más cautelosas con sus gastos. De Guindos también enfatizó que la política monetaria tiene limitaciones y que el objetivo principal del BCE es controlar la inflación. El crecimiento económico, añadió, depende de factores como los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral, las reformas estructurales y la competitividad de cada país. Asimismo, destacó las disparidades entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea en términos de crecimiento económico, mencionando factores como el gasto público o el aumento de población derivado de la inmigración, como ha ocurrido en España. Por otra parte, alertó sobre el riesgo de una "guerra comercial" tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, si este decide imponer nuevos aranceles. Advirtió que una respuesta similar de otros países podría agravar la situación. Sobre las diferencias en la valoración bursátil de los bancos europeos frente a los estadounidenses, De Guindos señaló que en Europa las valoraciones son más bajas debido al menor potencial de crecimiento económico, la falta de una unión bancaria y la incertidumbre en torno a los impuestos. Sin embargo, rechazó la tesis de algunos banqueros españoles que atribuyen esta diferencia a la regulación. "Es fácil culpar a la regulación, pero creo que la brecha en las cotizaciones responde a otros factores", afirmó. Finalmente, abogó por avanzar en la integración europea y destacó la importancia de fomentar fusiones transfronterizas en el sector financiero.

READ MORE

(Expansión, 15-11-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid aprueba ocho bajadas fiscales con ahorro de 150 millones de euros en vivienda

La Asamblea de Madrid aprobó este jueves dos nuevas leyes que incluyen ocho recortes fiscales, centrados especialmente en la compra y el alquiler de vivienda, además de incentivos para atraer inversión extranjera. Estas medidas contrastan con la política del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, que desde 2018 ha implementado más de 80 subidas de impuestos y prepara 46 nuevos gravámenes. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha convertido la reducción progresiva de impuestos en un pilar de su estrategia económica, basada en la idea de que bajar impuestos fomenta la inversión, impulsa la actividad económica y el empleo, y genera más ingresos gracias al aumento de las bases imponibles. Este modelo, vigente en la región desde hace más de dos décadas, se ha acelerado bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, con más de 20 bajadas de impuestos desde 2019, a las que ahora se suman casi una decena más. Con la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, las nuevas leyes incluyen reducciones fiscales que supondrán un ahorro de 150 millones de euros solo en el ámbito de la vivienda. Además, se han introducido incentivos destinados a captar talento e inversión extranjera, en un contexto en el que la mayor presión fiscal a nivel nacional sobre sectores como la banca, las energéticas y grandes patrimonios ha dificultado la atracción de capital foráneo. En cuanto a vivienda, un tema prioritario para las Administraciones Públicas debido al creciente malestar social, se han aprobado cinco deducciones en el IRPF. Estas medidas van desde incentivos para promover el alquiler de viviendas vacías hasta bonificaciones para quienes trasladen su residencia habitual a municipios menos poblados de la región, pasando por ayudas para paliar el impacto del encarecimiento de las hipotecas. Entre las medidas destacadas se encuentra una deducción de 1.000 euros en el IRPF para pequeños propietarios que alquilen viviendas vacías durante al menos tres años, lo que beneficiará a unos 20.000 contribuyentes con un ahorro total de 20 millones de euros. Asimismo, para combatir la despoblación en municipios con menos de 2.500 habitantes, los menores de 35 años que establezcan su residencia habitual en estas localidades podrán deducirse 1.000 euros en el IRPF, ya sea que alquilen o compren vivienda. En caso de compra, podrán acceder a una deducción adicional del 10% del precio, con un límite de 1.546 euros anuales durante diez años, medida que se espera beneficie a unos 1.200 jóvenes con un ahorro total de 1,6 millones de euros. A estas deducciones se suma una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de viviendas de segunda mano, y en Actos Jurídicos Documentados para viviendas nuevas, lo que supondrá un costo fiscal de 7 millones de euros para la región. Otra medida aprobada amplía de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse el alquiler de vivienda habitual en el IRPF, beneficiando a 45.000 nuevos contribuyentes y generando un ahorro anual de 50 millones de euros. Además, se ha introducido una bonificación de hasta 300 euros al año para quienes afronten el encarecimiento de las hipotecas variables, lo que supondrá un alivio fiscal de 90 millones para 450.000 hipotecados. Finalmente, se ha aprobado una deducción del 20% en el IRPF para extranjeros o españoles residentes en el extranjero que establezcan su residencia habitual e inviertan en la Comunidad de Madrid. Aunque esta medida excluye la inversión en inmuebles, incluye activos como bonos, acciones y participaciones en empresas, siempre que la residencia fiscal y la inversión se mantengan en la región durante al menos seis años.

READ MORE

(El País, 15-11-2024) | Fiscal

El Gobierno aplaza de nuevo la votación de la reforma fiscal ante la falta de apoyos

Para evitar su fracaso definitivo. Ante la falta de apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta tributaria, PSOE y Sumar decidieron suspender la votación por segunda vez en la misma semana, con el objetivo de ganar tiempo hasta el lunes para continuar negociando. Esta decisión deja en suspenso el futuro del paquete fiscal pactado por la coalición, que incluye nuevos impuestos a banca, vapeo y bienes de lujo, un aumento de la presión fiscal sobre el ahorro y las Socimis, así como la recuperación de subidas fiscales anuladas por los tribunales. Además, compromete los acuerdos de recaudación con la Unión Europea y la implementación del tipo mínimo global para multinacionales. En la construcción de esta reforma, el PSOE priorizó alcanzar un acuerdo con el PNV y Junts antes que con Sumar, su socio de coalición. Este pacto implicó renunciar al impuesto al sector energético, algo que ha generado el rechazo de Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, aliados habituales del Gobierno, que ahora son el foco de las negociaciones. Al constatar que no lograba el consenso necesario en la Comisión de Hacienda del Congreso, prevista para este jueves tras el Pleno, el Ejecutivo volvió a posponer la reunión hasta el lunes. Esta comisión debe debatir las propuestas fiscales presentadas como enmiendas al proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global del 15% para multinacionales, entre las que se incluye el paquete de reforma fiscal del Gobierno. El acuerdo inicial del PSOE con Junts y PNV incluyó la eliminación del impuesto a las empresas energéticas tras las amenazas de deslocalización de Repsol. A cambio, se acordó prorrogar durante tres años el gravamen a la banca, con condiciones más suaves, y compensar la eliminación del impuesto energético igualando los tributos sobre el diésel y la gasolina, aunque excluyendo el gasóleo profesional. Posteriormente, Sumar exigió incluir sus propias propuestas en la reforma, como aumentar en dos puntos el tipo marginal del IRPF sobre las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, hasta un 30%; reactivar alzas fiscales en el Impuesto de Sociedades previamente anuladas por el Tribunal Constitucional; implementar impuestos a bienes de lujo y vapeo; subir los gravámenes sobre tabaco; aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos; eliminar el régimen fiscal especial de las Socimis y las exenciones fiscales para seguros sanitarios. Sin embargo, estas propuestas de Sumar han llevado a Junts y PNV a reconsiderar sus apoyos, al tiempo que han generado nuevas demandas por parte de los aliados de izquierda, como Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, quienes insisten en mantener el impuesto al sector energético. Ante este panorama, el Gobierno suspendió la votación por segunda vez, tras haber hecho lo mismo el lunes pasado. Incluso, durante las negociaciones, se consideró como una posibilidad que la Comisión aprobara únicamente el proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global, dejando de lado la reforma fiscal para ser renegociada. El PP se ofreció a apoyar esta transposición si el Gobierno renunciaba a las medidas tributarias adicionales. A pesar de ello, el Ejecutivo decidió hacer un último intento para lograr un acuerdo contrarreloj. El Gobierno confía en que este retraso no impida aprobar la reforma antes de fin de año. Aunque la Comisión se ha pospuesto al lunes, la votación final en el Pleno del Congreso sigue prevista para el jueves siguiente. Incluso podría darse el caso de que las enmiendas no se cierren en la Comisión y sean debatidas y votadas directamente en el Pleno, lo que ampliaría el plazo de negociación hasta tres días más. Después de eso, el texto deberá pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría, y posiblemente volver al Congreso, lo que podría llevar las votaciones hasta las festividades navideñas.

READ MORE

(El Economista, 15-11-2024) | Fiscal

El golpe a las socimis pone en riesgo el 61% de la inversión inmobiliaria en España

La propuesta del Gobierno para eliminar el régimen fiscal de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) en España pone en peligro una parte significativa de la inversión inmobiliaria en el país. Según alertan los principales actores del sector, un cambio de esta magnitud podría "espantar al capital internacional". Desde 2014, la inversión extranjera representa, en promedio, el 61% del volumen total de transacciones en el mercado inmobiliario español, según datos de la consultora Savills. En lo que va de año, aunque este porcentaje ha bajado, todavía un 40% de los cerca de 9.000 millones de euros invertidos en bienes inmuebles corresponde a capital extranjero, lo que equivale a 3.533 millones de euros provenientes de inversores internacionales. El anuncio de esta medida coincide con un momento de recuperación del sector inmobiliario a nivel global, que se había visto paralizado en 2023 por la subida de los tipos de interés. Savills estima que la inversión en los principales 16 mercados inmobiliarios del mundo alcanzará este año los 747.000 millones de dólares, un aumento del 7% respecto a 2023. Además, proyecta que la inversión global se acerque al billón de euros en 2025, con un crecimiento del 25%. El impacto de la medida no solo afectaría a la inversión futura, sino también a la ya realizada por las socimis, que cuentan con una capitalización conjunta de más de 24.000 millones de euros repartidos entre más de 124 sociedades. Las dos mayores socimis del país, Merlin Properties y Colonial, ambas cotizadas en el Ibex 35, ya han advertido que considerarían trasladar sus sedes fuera de España si esta reforma se aprueba. La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) advierte que esta reforma fiscal podría poner en riesgo hasta 15.000 millones de euros de inversión acumulada en el sector desde 2014. "El Gobierno debería replantearse este cambio en el sistema tributario para no comprometer el éxito alcanzado por las socimis en España. Esta decisión podría llevar a estas sociedades a buscar otros países donde cotizar y desarrollar nuevos proyectos", afirmó Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la ACI. Merlin Properties, por su parte, compara el régimen de las socimis en España con los REITs (fondos de inversión inmobiliarios) internacionales y denuncia que las modificaciones propuestas suponen, en la práctica, la eliminación de este modelo fiscal. "El régimen de las socimis es un activo clave para el crecimiento económico de España", asegura la compañía dirigida por Ismael Clemente, que rechaza los argumentos que vinculan a las socimis con la problemática de la vivienda. En la misma línea, Juan José Brugera, presidente de Colonial, calificó la posible eliminación del régimen de las socimis como "muy grave" y advirtió que, de concretarse, España se convertiría en un "territorio prohibido" para la inversión internacional. "Este régimen es una adaptación al contexto español de estándares internacionales. Cambios de esta naturaleza hacen que el mercado español pierda atractivo para los inversores extranjeros", concluyó.

READ MORE

(Cinco Días, 14-11-2024) | Fiscal

La CNMV pide “extremar la cautela” ante el cambio en el régimen fiscal de las socimis

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo encargado de supervisar la Bolsa y las empresas cotizadas, ha instado a actuar con prudencia al abordar posibles cambios en el régimen fiscal de las socimis, las sociedades de inversión inmobiliaria que cotizan en los mercados. Esta semana, los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Sumar, han anunciado su intención de eliminar las ventajas fiscales de estas entidades, aunque no han especificado los detalles. Actualmente, las socimis disfrutan de un tipo del 0% en el impuesto de sociedades siempre que coticen en Bolsa y distribuyan el 80% de sus ingresos en forma de dividendos, un beneficio que se propone suprimir en los presupuestos de 2025, si estos son aprobados. En este contexto, la CNMV ha subrayado la importancia de valorar las posibles repercusiones de estas medidas. "Aunque desconocemos el detalle del debate, pedimos que se extremen las precauciones antes de modificar el régimen fiscal de las socimis", indican fuentes del organismo. También han recordado que este tipo de vehículo de inversión no es exclusivo de España, ya que existe en otros países europeos con características similares, concretamente en 14 jurisdicciones de la Unión Europea. La CNMV ha señalado el riesgo de deslocalización, un aspecto que han planteado también las principales socimis del país, Merlin y Colonial. "Un cambio en las condiciones fiscales podría tener un impacto considerable en el negocio e incentivar la salida de estas empresas a otros países", advierten desde el organismo. Este planteamiento coincide con el de las propias compañías, que han manifestado estar evaluando la posibilidad de trasladar sus sedes sociales si se concretan los cambios fiscales. En España, unas 120 empresas cotizan bajo el régimen de socimis, la mayoría en el mercado alternativo BME Growth, aunque solo Colonial y Merlin forman parte del Ibex 35. Estas dos compañías sufrieron importantes caídas en Bolsa el pasado martes y, aunque han recuperado algo de terreno, los analistas alertan de las consecuencias que estos cambios podrían tener en sus resultados financieros. La situación recuerda a lo ocurrido con las Sicavs, vehículos de inversión para grandes patrimonios que se beneficiaban de una tributación reducida del 1% en las plusvalías. En aquel caso, la CNMV también abogó por mantener su régimen fiscal para evitar la deslocalización, pero finalmente, en 2022, el Tribunal Supremo estableció que era la Agencia Tributaria, y no el supervisor, la encargada de determinar qué empresas podían acogerse a este régimen. Esto, sumado a nuevos requisitos como que los socios invirtieran al menos 2.500 euros, provocó que el 86% de las Sicavs optaran por disolverse o cambiar al régimen tributario general. Desde el sector financiero, se advierte que cualquier decisión sobre las socimis podría tener repercusiones importantes en el mercado de la vivienda, ya que estas no son simples vehículos de inversión, sino actores clave en el desarrollo inmobiliario. Por su parte, la CNMV se alinea con la estrategia de supervisores y reguladores europeos que buscan fortalecer los mercados de capitales para afrontar las crecientes necesidades de financiación planteadas en iniciativas como el plan Draghi.

READ MORE

(Cinco Días, 14-11-2024) | Fiscal

Las dos grandes socimis del país preparan planes legales ante la reforma fiscal y apuntan a salir de España

El sector inmobiliario enfrenta una fuerte sacudida tras la propuesta del PSOE y Sumar de eliminar el régimen fiscal de las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Dos de las principales compañías de este tipo en España, Merlin Properties y Colonial, están a la expectativa de si el Gobierno conseguirá los apoyos necesarios para implementar esta medida y, como consecuencia, consideran trasladar sus sedes fuera del país. Merlin Properties, la mayor socimi del Ibex 35, informó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está evaluando "todas las medidas legales a medio y largo plazo para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados". Según fuentes cercanas a la empresa, una de las opciones contempladas es trasladar su sede a otro país europeo, similar a lo que hizo Ferrovial al mudarse a los Países Bajos. Colonial, también presente en el Ibex 35, ha expresado su rechazo a la propuesta y estudia modificaciones en su estrategia, incluyendo un posible cambio de sede. Su presidente, Juan José Brugera, afirmó que si se aprueba la reforma del régimen fiscal de las socimis, la compañía analizará su estrategia de inversión, así como la ubicación de sus operaciones y estructura jurídica, para minimizar cualquier impacto negativo en la sociedad. Brugera ya lideró en su momento el traslado de la sede de Colonial de Barcelona a Madrid tras la crisis independentista de 2017. La incertidumbre generada por esta propuesta tuvo un impacto inmediato en la Bolsa: el martes, Merlin perdió un 7,3% de su valor y Colonial un 5,03%, aunque ambas experimentaron ligeras subidas del 0,5% al día siguiente. Merlin destacó en su comunicado que, a corto plazo, está evaluando el impacto en su flujo de caja, que considera limitado debido a otras normas fiscales. Sin embargo, a medio y largo plazo no descarta ninguna opción legal para salvaguardar sus intereses. La compañía, dirigida por Ismael Clemente, defendió el modelo de las socimis como una adaptación del régimen REIT internacional. Este sistema, señala Merlin, fomenta la creación de empresas activas con personal y recursos para desarrollar infraestructuras modernas y sostenibles en sectores clave como oficinas, centros comerciales, logística, hoteles y tecnología. Además, asegura que elimina la doble imposición fiscal, garantiza un nivel equilibrado de tributación efectiva y promueve la distribución de beneficios, contribuyendo al ahorro y a la inversión de fondos de pensiones, aseguradoras y particulares. Por su parte, Brugera calificó de "muy grave" la propuesta, argumentando que convertiría a España en un destino poco atractivo para la inversión internacional. Destacó que el régimen actual no solo atrae capital extranjero, sino que también es compatible con objetivos sociales importantes. No obstante, reconoció que la propuesta aún no tiene garantías de ser aprobada y subrayó que su viabilidad depende del respaldo de socios parlamentarios como ERC, PNV y Junts. Colonial, que opera gran parte de su negocio en París a través de su filial SFL, podría ver facilitado un eventual traslado de sus operaciones principales a Francia si se aprueba la reforma. Este vínculo con el mercado parisino de oficinas refuerza su capacidad para desvincularse del entorno español en caso necesario.

READ MORE

(Expansión, 14-11-2024) | Fiscal

Trump quiere aprobar una rebaja fiscal histórica en sus primeros 100 días

El futuro presidente de Estados Unidos ha movilizado a los legisladores republicanos para acelerar la implementación de una de sus principales promesas de campaña: una reforma fiscal con un impacto total estimado en 9 billones de dólares y un ahorro de 200.000 millones para las empresas. Esta ambiciosa medida, valorada en más de 9 billones de dólares (equivalentes a 8,5 billones de euros), busca consolidar su retorno al poder con un golpe de efecto en los primeros 100 días de su mandato. Dado lo complicado de cumplir con otras promesas, como la deportación masiva de inmigrantes en tan poco tiempo, Trump apuesta por materializar la mayor rebaja fiscal en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, este plan podría llevar el déficit público a niveles sin precedentes. Tras asegurar el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso, Trump ha dado instrucciones a Mike Johnson, portavoz de la Cámara de Representantes, para garantizar la unidad entre los congresistas republicanos y aprobar la reforma fiscal en un plazo de tres meses desde su toma de posesión. Incluso se especula que el anuncio de esta reforma podría realizarse el mismo día de su investidura, el 20 de enero de 2025. El Congreso, controlado ahora por los republicanos, entrará en funciones el 6 de enero. Esto brinda tiempo suficiente para unificar a las filas republicanas, que han estado divididas en los últimos años. Con el regreso de Trump al poder, se espera que estas disputas internas lleguen a su fin. En términos prácticos, gran parte del trabajo ya está avanzado. Trump planea extender la reforma fiscal que implementó en 2017 y que expira en 2025, considerada uno de los principales logros de su mandato anterior. Antes de las elecciones, los demócratas aspiraban a negociar ajustes en la reforma para aumentar los impuestos a las grandes fortunas y las multinacionales. Sin embargo, tras la victoria republicana, estas propuestas han quedado fuera de discusión. Aunque la reforma contempla una reducción general de impuestos, para la mayoría de los ciudadanos sería simplemente una extensión de los beneficios actuales, evitando que sus impuestos regresen a los niveles previos a Trump. Para las empresas, en cambio, se abre un panorama más favorable, incluso mitigando el impacto de aranceles y guerras comerciales. El núcleo de la propuesta es la reducción del Impuesto de Sociedades, que pasaría del 21% al 15%, lo que supondría un ahorro de 200.000 millones de dólares para las empresas. En contraste, los demócratas habían planteado subir este impuesto al 28%. Cabe recordar que en 2017 Trump ya lo redujo del 35% al 21%, posicionando a Estados Unidos como uno de los países con impuestos corporativos más bajos. A pesar de contar con una mayoría republicana en el Congreso, Trump aún necesita el respaldo de todos los legisladores de su partido para aprobar el plan. Sin embargo, la facción más conservadora podría oponerse si no se presentan medidas claras para contrarrestar el aumento del déficit público, que se estima en más de 5 billones de dólares solo por la extensión de las medidas actuales. A esto se suman otros 4 billones derivados de nuevas promesas. Entre estas nuevas medidas destacan la eliminación de impuestos sobre las horas extra, lo que añadiría 2 billones de dólares al déficit en una década, y la ampliación de créditos fiscales por hijos. Además, se propone eximir de impuestos las pensiones, las ayudas de la Seguridad Social y las propinas de sectores como la hostelería y el transporte, lo que implicaría un coste adicional de 1,6 billones de dólares. El plan no está exento de críticas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha alertado sobre los riesgos de aumentar el gasto público de forma descontrolada. Aunque evita comentar directamente sobre políticas específicas, Powell advirtió que el déficit actual sigue una trayectoria insostenible, lo que podría amenazar el crecimiento económico. Sin embargo, Trump parece estar dispuesto a ignorar estas advertencias, tal como hizo en 2017, cuando fue acusado de favorecer a las grandes fortunas con su reforma fiscal. Aunque las rentas más altas se beneficiaron significativamente, también lo hicieron los hogares con ingresos más bajos, que experimentaron reducciones fiscales en seis de cada diez casos. Queda por determinar dónde se aplicarán los recortes en el gasto público para compensar la caída de ingresos. Este desafío recaerá en Elon Musk, a quien Trump ha asignado la tarea de supervisar la reducción del gasto gubernamental. Áreas como educación y sanidad podrían enfrentar importantes ajustes presupuestarios.

READ MORE

(El Economista, 14-11-2024) | Fiscal

Hacienda intensifica el control sobre los autónomos: pedirá a la banca los cobros que reciben cada mes

La Agencia Tributaria intensifica su vigilancia sobre autónomos y empresarios en su lucha contra la economía sumergida. Hacienda está preparando una reforma en las obligaciones de los bancos para informar sobre las cuentas y movimientos de sus clientes. Con este cambio, las entidades financieras deberán enviar información sobre los ingresos de los profesionales de manera mensual, en lugar de anual, incluyendo datos relacionados con pagos realizados mediante tarjetas, Terminales de Punto de Venta (TPV), datáfonos o aplicaciones como Bizum. El Ministerio de Hacienda argumenta que disponer de esta información con mayor frecuencia, como mensualmente, permitirá una evaluación más eficaz del riesgo recaudatorio, una investigación más ágil y la adopción más eficiente de medidas como embargos o cautelares. Según la propuesta, esta periodicidad será clave para detectar a tiempo actividades fraudulentas o ingresos ocultos por parte de empresarios y autónomos. La modificación estará en consulta pública hasta el 28 de noviembre. Además de aumentar la frecuencia de los reportes, Hacienda busca ampliar estas obligaciones a entidades no tradicionales que operan en España gracias a internet. Esto incluye entidades de pago, empresas de dinero electrónico y bancos extranjeros que ofrezcan sus servicios en el país. Estas entidades deberán informar sobre la titularidad de las cuentas de clientes españoles, los pagos realizados con tarjetas o aplicaciones como Bizum, los movimientos de efectivo y los cobros recibidos por profesionales y autónomos. Aunque este reporte sigue siendo anual para la mayoría de transacciones, los pagos a profesionales pasarán a ser mensuales según la propuesta. Hacienda también quiere supervisar los movimientos asociados a tarjetas menos tradicionales, como las de prepago o virtuales usadas para compras en línea. Las entidades tendrán que identificar a los titulares de estas tarjetas y reportar pagos o compras realizadas con ellas, especialmente si son de alto valor. Sin embargo, el borrador no especifica a partir de qué importe será obligatoria esta comunicación. El Ministerio liderado por María Jesús Montero señala que estas medidas buscan solucionar la falta de información de entidades financieras extranjeras que operan en España y combatir la evasión fiscal derivada del uso de entidades no obligadas hasta ahora a reportar datos. Con esta reforma, Hacienda pretende cerrar brechas en el control financiero y garantizar una mayor transparencia en las operaciones económicas realizadas en el país.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF