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(Expansión, 14-02-2025) | Fiscal

Trump declara la guerra comercial a la UE por el IVA

El presidente de Estados Unidos ha señalado el IVA de la Unión Europea como una práctica comercial injusta que, según él, ha favorecido a Alemania en detrimento de su país. En respuesta, su gobierno busca medidas para contrarrestar este impacto. Asimismo, ha criticado el impuesto a los servicios digitales, conocido como "Tasa Google". Donald Trump ha anunciado la aplicación de "aranceles recíprocos" a varios socios comerciales, aunque no ha especificado ni la fecha exacta de su implementación ni el monto de estos tributos. Esta estrategia refuerza la percepción de que los aranceles serán utilizados como una herramienta de negociación para reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Entre los países más afectados se encuentra la Unión Europea, a la que Trump ha calificado como "brutal" en materia comercial. Las nuevas tarifas se adaptarán a cada nación con el objetivo de compensar no solo los impuestos que aplican a los productos estadounidenses, sino también las barreras comerciales no arancelarias, como subsidios e impuestos locales. En este contexto, Trump ha argumentado que el IVA europeo actúa como un "arancel encubierto" que ha favorecido a la industria automovilística alemana, mientras que ha perjudicado a la estadounidense. "Alemania vende más coches en Estados Unidos que nosotros en su país, y no es solo por calidad o diseño, sino por prácticas comerciales desleales. Es un arancel oculto", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa desde el Despacho Oval. Además, un informe de la Casa Blanca advierte que los países que han implementado la "Tasa Google" también podrían verse afectados por las nuevas tarifas. En este sentido, Canadá y Francia han sido los principales señalados, ya que, según el documento, recaudan más de 500 millones de dólares al año de empresas estadounidenses. España y otras naciones europeas también aplican este tipo de gravamen. Por otro lado, un alto funcionario del gobierno estadounidense mencionó a Japón y Corea del Sur como países que, según la administración de Trump, han aprovechado su relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, los nuevos aranceles no entrarán en vigor de inmediato, ya que todavía no han sido formalizados mediante una orden ejecutiva. En su lugar, Trump ha firmado un memorando que establece los lineamientos de su política comercial en este ámbito, lo que deja espacio para negociaciones, como ocurrió previamente con México y Canadá. Las tarifas podrían implementarse a partir de abril, según indicó Howard Lutnick, nominado a la Secretaría de Comercio, quien aseguró que el estudio de las medidas debería estar listo para el 1 de ese mes. Posteriormente, Trump tomará una decisión definitiva al respecto. "Voy a imponer aranceles recíprocos para garantizar la equidad: si un país impone un impuesto a Estados Unidos, nosotros aplicaremos el mismo gravamen, ni más ni menos", declaró Trump. "Durante mucho tiempo, el mundo ha sacado ventaja de nuestro país y hemos asumido un gran costo. Es hora de que nos traten de manera justa", añadió. De acuerdo con la normativa de la UE, el IVA se aplica a la importación de bienes y se cobra en el proceso de despacho aduanero. No obstante, cuando los productos son destinados a otro país dentro de la UE, pueden acogerse a un régimen suspensivo del IVA, lo que significa que este impuesto se pagará en el país de destino y no en el de entrada. En cuanto a los tipos impositivos, la UE establece un mínimo del 15%, aunque los países miembros pueden aplicar tarifas reducidas, siempre que no sean inferiores al 5%, en bienes específicos como alimentos, agua, medicamentos o transporte público. En algunos casos excepcionales, se permiten tipos aún más bajos para ciertos productos en determinados países. Trump ha expresado su descontento con la diferencia en los aranceles aplicados a los automóviles: mientras que Estados Unidos paga un 10% al exportar vehículos a Europa, los coches europeos solo pagan un 2,5% al ingresar al mercado estadounidense. Para él, esta disparidad es una muestra más de las prácticas comerciales desiguales que su gobierno busca corregir.

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(El Economista, 14-02-2025) | Fiscal

La vicepresidenta Díaz presiona a Montero para incluir la ayuda de 200 euros por hijo en los Presupuestos

Sumar urge al PSOE a incluir en la ley de acompañamiento del proyecto de Presupuestos de 2025 la prestación universal por hijo de 200 euros mensuales. Mientras ambos socios de Gobierno continúan negociando contrarreloj, la formación liderada por Yolanda Díaz se ha visto obligada a reducir el alcance de su propuesta inicial. En un principio, la medida estaba dirigida a más de 7,7 millones de menores de 18 años, pero su elevado coste, estimado en 1.547 millones de euros al mes, llevó a Sumar a limitarla a los menores de seis años. Con este ajuste, los beneficiarios se reducirían a 2,68 millones y el gasto mensual se situaría en 536 millones de euros. "No es aceptable que España, siendo la cuarta mayor economía de la UE, mantenga niveles tan elevados de pobreza infantil", declaró la semana pasada Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso. La propuesta busca fusionar en una única prestación los actuales subsidios por hijo a cargo de la Seguridad Social, el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la deducción fiscal por madre trabajadora. Sumar plantea que el pago de los 200 euros mensuales se haga a través de un ingreso directo a las familias o mediante una deducción en el IRPF, esta última opción considerada más viable al no computarse como gasto público, sino como una reducción en los ingresos fiscales. Este punto es clave, ya que la Comisión Europea vigilará de cerca la evolución del gasto en España si finalmente se decide no suspender el retorno de las reglas fiscales europeas. Díaz aspira a que la prestación se ponga en marcha este mismo año, siempre que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consiga cerrar los Presupuestos y asegurar el respaldo parlamentario necesario para su aprobación. "Es una medida que permitirá a las familias mejorar su situación y garantizar un mejor futuro para los niños y niñas de nuestro país", subrayó recientemente la vicepresidenta segunda. Esta iniciativa complementa otra de las propuestas de Sumar: la "herencia universal", que consistía en un pago único de 20.000 euros a los jóvenes al cumplir 23 años. Para financiar esta ayuda, la formación planteaba un impuesto del 4% a las grandes fortunas, pero el Gobierno descartó la medida por la dificultad de su aplicación. Además de esta prestación, Sumar insiste en incrementar el gasto en protección social para familias e infancia, con el objetivo de acercar la inversión de España a la media europea. "Nuestro país solo destina el 1,6% de su PIB a esta área, muy por debajo del 2,4% que invierten de media los países de la UE", denuncia la formación, que calcula que para cerrar esa brecha sería necesario aumentar el gasto anual en 12.600 millones de euros. Sin embargo, las demandas de Sumar chocan con las limitaciones presupuestarias. El techo de gasto aprobado, de 195.353 millones de euros, deja a Montero un margen de 6.100 millones adicionales para negociar con los distintos grupos. Estas conversaciones, que llevan meses en marcha, serán clave para la aprobación de unas cuentas que aún acumulan retraso. Por otro lado, Sumar continúa su ofensiva en materia de vivienda, exigiendo que las ayudas del Estado a las comunidades autónomas estén condicionadas a la aplicación de la Ley de Vivienda, especialmente en lo referente a la regulación de precios en zonas tensionadas. Esta es una cuestión en la que el ala socialista del Gobierno ha mostrado reticencias. "La ciudadanía tiene claro que los poderes públicos deben intervenir en el mercado de la vivienda, y aquellos partidos que no lo entiendan están dando la espalda a la sociedad", afirmó el martes Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar. Asimismo, la formación de Yolanda Díaz quiere que los Presupuestos incluyan medidas fiscales que penalicen las viviendas de uso turístico. Entre ellas, propone elevar el IVA del sector al 21%, lo que, según sus cálculos, generaría unos ingresos adicionales de 300 millones de euros anuales para la Agencia Tributaria.

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(El País, 14-02-2025) | Fiscal

Sumar pide a Hacienda que convoque una reunión para solucionar la crisis del salario mínimo

Sumar considera urgente resolver la crisis para evitar que se agrave. Así lo ha manifestado su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, quien ha solicitado este jueves una reunión formal entre los socios del Gobierno con el fin de encontrar soluciones que brinden seguridad cuanto antes a los 2,5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI). La polémica surge a raíz de la decisión del Ministerio de Hacienda de no actualizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) tras la subida del SMI en 50 euros para este año, lo que obligará a tributar a ciertos beneficiarios. Mientras el PSOE defiende esta postura, Sumar insiste en que el SMI debe quedar exento de tributación. Esta división en la coalición ha dado margen al Partido Popular, que respalda la propuesta de Sumar. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si llega a gobernar, volverá a eximir al SMI del IRPF. Tanto el PP como Sumar y Podemos han registrado iniciativas en el Congreso con este objetivo, apoyadas también por formaciones como EH Bildu, ERC y BNG. Sin embargo, el Ejecutivo evita llevar este asunto a votación, pues supondría una derrota política para el PSOE y aumentaría la tensión dentro del Gobierno. Por ello, desde la formación liderada por Yolanda Díaz insisten en buscar una solución a través del diálogo. Consideran incomprensible que el PSOE no rectifique y advierten de que cuanto más se retrase la decisión, mayor será el daño político. "Pedimos que el Ministerio de Hacienda convoque una reunión formal con las partes implicadas, ya que Trabajo ya ha cumplido su papel al subir el SMI", ha declarado Barbero en el Congreso. Además, ha subrayado que Sumar desea alcanzar un acuerdo negociado, manteniendo un tono conciliador con sus socios de Gobierno. Pese a los intentos de mostrar unidad, las diferencias persisten. Desde París, donde se encuentra en viaje oficial, Yolanda Díaz ha negado las afirmaciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien había asegurado que Sumar estaba informado de la medida. "El lunes, Cuerpo dijo que la decisión no estaba tomada", ha explicado la vicepresidenta, afirmando que su partido se enteró por los medios de comunicación. No obstante, Díaz ha descartado una crisis en la coalición: "El Gobierno goza de buena salud". Aun así, el PSOE sigue firme en su postura de no modificar el IRPF. "El Gobierno ha subido el SMI y ha reducido impuestos. No tenemos intención de cambiar los tramos, ya se hizo", ha señalado Óscar López, ministro para la Transformación Digital. Según sus datos, solo dos de cada diez trabajadores que perciben el SMI deberán tributar, y quienes antes pagaban 800 euros ahora abonarán menos de 60. López ha evitado la confrontación directa con Sumar, pero ha reafirmado la posición del PSOE como partido mayoritario del Ejecutivo. En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busca capitalizar el debate presentándose como defensor de las rentas más bajas. Desde Lleida, ha criticado la política fiscal del Gobierno y se ha comprometido a revertir la tributación del SMI si llega al poder. "Este será el primer Gobierno que somete a tributación el SMI, y yo garantizaré que se elimine nuevamente", ha declarado en una comparecencia sin preguntas. Desde la izquierda, también presionan al Ejecutivo. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que existe un amplio consenso sobre la necesidad de eximir a los trabajadores con los salarios más bajos del IRPF. "Es una cuestión de puro sentido común que tiene mayoría en el Congreso y que se va a llevar a cabo", ha afirmado en una entrevista en TVE.

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(El Periódico, 14-02-2025) | Fiscal

Los expertos propusieron a Yolanda Díaz subir el SMI a 1.184 euros brutos sabiendo que iba a tener que pagar IRPF

Desde 2018, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado un incremento del 61%, pasando de 735,9 euros mensuales a 1.184 euros en 2025. Este aumento responde al objetivo de que el SMI represente el 60% del salario medio del país, en línea con lo estipulado por la Carta Social Europea. Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el Gobierno cuenta con un comité de expertos cuya función principal es asesorar sobre los ajustes anuales necesarios para mantener dicho porcentaje. En su último informe, entregado el 9 de enero a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los expertos subrayaron que el Comité Europeo de Derechos Sociales, encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social, establece que el salario mínimo no debe ser inferior al 60% del salario medio, considerando ambos en términos netos, es decir, después de impuestos. Teniendo esto en cuenta, cuando el comité propuso un aumento del SMI de entre el 3,44% y el 4,44% para 2025, lo hizo considerando que el SMI comenzaría a tributar en el IRPF, según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De esta manera, la recomendación fue elevar el SMI bruto dentro de esa horquilla para que, tras la aplicación del IRPF, el salario neto alcanzara el 60% del salario medio neto. Finalmente, el Gobierno optó por un aumento del 4,4%, situando el SMI en 16.576 euros anuales (1.184 euros mensuales en 14 pagas). Este incremento se ajusta a la previsión de que el SMI tribute en el IRPF. Sin embargo, los expertos advirtieron que, si el Gobierno decidiera modificar el IRPF para eximir al SMI de esta tributación -como propone Yolanda Díaz-, el crecimiento del salario bruto debería ser menor para mantener el mismo nivel de SMI neto. En otras palabras, si el SMI quedara exento de IRPF, el aumento debería ser inferior al rango del 3,44%-4,44% propuesto inicialmente. De no aplicarse la tributación del IRPF al nuevo SMI de 16.576 euros, su proporción respecto al salario medio neto se situaría en torno al 70%, superando ampliamente el umbral del 60% fijado como referencia por los asesores del Ejecutivo. El informe de los expertos, compuesto por 28 páginas, profundiza en la relación entre el SMI y los impuestos. Explica que, en España, tanto los trabajadores con salario medio como aquellos que perciben el SMI contribuyen a la Seguridad Social en el mismo porcentaje. No obstante, mientras los primeros sufren retenciones por IRPF, los segundos han estado exentos de dicho impuesto en los últimos años debido a decisiones del Consejo de Ministros, que mantuvieron el SMI en el límite de tributación del IRPF. El documento argumenta que, dado que el objetivo del SMI es garantizar un nivel de ingresos que cubra necesidades básicas, lo lógico es considerar el salario neto disponible para el trabajador, en lugar del bruto, ya que una parte de este último se destina a impuestos y cotizaciones. En España, las retenciones del IRPF pueden alcanzar aproximadamente el 17%, dependiendo de la situación personal y familiar, mientras que la contribución del trabajador a la Seguridad Social es del 6,47%. En sus estimaciones para 2022, 2023 y 2024, los expertos no tuvieron en cuenta la tributación del IRPF, ya que el SMI se mantenía por debajo del umbral de tributación. Sin embargo, para 2025, al prever que cualquier incremento del SMI lo haría tributar, se propuso un aumento del salario bruto de entre el 3,4% y el 4,4% con el fin de que el salario neto alcanzara el 60% del salario medio neto. El informe concluye que, si no se modifica el umbral de tributación del IRPF, este ajuste es necesario para mantener el equilibrio entre SMI neto y salario medio neto. En cambio, si se elevara dicho umbral -como propone Díaz-, habría que recalcular las retenciones, lo que implicaría una menor subida del SMI bruto para que el salario neto no supere el 60% del salario medio.

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(Expansión, 13-02-2025) | Fiscal

Hacienda defiende el plan fiscal internacional frente a Trump

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, resaltó la importancia de respaldar los acuerdos fiscales internacionales ante la posible eliminación del impuesto mínimo en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia. Gascón enfatizó la necesidad de "aprender a gestionar la complejidad tanto a nivel nacional como internacional". Asimismo, subrayó la relevancia de apoyar las iniciativas impulsadas por la OCDE y mantenerse abiertos a nuevos debates en foros como Naciones Unidas. "Nos encontramos en un escenario inédito y altamente complejo", afirmó. En este contexto, mostró prudencia al referirse a la posición de Estados Unidos en la reforma fiscal global. "Esto hace que las expectativas de aprobación sean ahora mucho más reducidas", reconoció. Ante este panorama, Gascón propuso una respuesta coordinada a nivel europeo. "Habrá que analizar cuál será la reacción de la Unión Europea. En su momento, se consideró la posibilidad de un impuesto sobre los servicios digitales a nivel comunitario", recordó. En su intervención, también abordó la situación del impuesto a la banca, señalando que este tributo "continúa gravando el margen de intereses y las comisiones", con un esquema progresivo que contempla ciertas deducciones. "Tras su paso por el Parlamento, ha experimentado dos modificaciones importantes: su vigencia se ha fijado en tres años y la recaudación será destinada íntegramente a las comunidades autónomas", explicó. En cuanto al sector de la vivienda, Gascón reconoció la urgencia del problema y lo calificó como "una cuestión de máxima prioridad". Aunque no ofreció detalles concretos, mencionó la posible implementación de "diversas medidas en este ámbito". El secretario de Estado también destacó la necesidad de simplificar la regulación fiscal, en línea con el informe Draghi sobre competitividad en Europa. "Nos encontramos en un entorno regulatorio extremadamente complejo", afirmó. En este sentido, sugirió que las futuras directivas de cooperación administrativa (DAC) deberían orientarse hacia una mayor simplificación. Además, insistió en la importancia de adaptarse a los desafíos de la transición digital y ecológica, "las dos grandes transformaciones" que definirán el futuro económico. Gascón realizó estas declaraciones durante la jornada Novedades en fiscalidad empresarial para 2025, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC. En su intervención, reiteró la complejidad del contexto fiscal global y la necesidad de avanzar en la armonización fiscal dentro de la Unión Europea. "Creemos firmemente en la importancia del multilateralismo", subrayó. Por su parte, Natalia Jaquotot, subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurídicas en la Dirección General de Tributos (DGT), destacó que la aprobación de la Ley 7/2024, que incorpora la transposición de la directiva del Pilar II, ha supuesto un "alivio" para la DGT, tras la constante presión de la Unión Europea. "La UE nos preguntaba prácticamente a diario cuándo se aprobaría la norma", confesó Jaquotot. Explicó además que, tras su aprobación, se ha iniciado un proceso de "verificación simultánea", que consiste en "completar una serie de cuadros comparativos y presentar documentación a Bruselas" para que la UE valide que la transposición ha sido "plena y correcta". Asimismo, Jaquotot reveló que ya ha comenzado oficialmente el "proceso de revisión transitoria" ante la OCDE, un mecanismo de autoevaluación de la norma. Finalmente, aseguró que la DGT confía en que la Unión Europea considere que la transposición ha sido "completa", lo que permitiría cerrar el procedimiento de infracción abierto contra España.

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(Expansión, 13-02-2025) | Fiscal

El REAF recuerda que, por regla general, los contribuyentes que perciben el SMI no están obligados a presentar la declaración de la Renta

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) recuerda que, en términos generales, quienes perciben el salario mínimo no están obligados a presentar la declaración de la Renta, ya que sus ingresos anuales no superan los 22.000 euros. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó este martes un incremento del 4,4% en el SMI, lo que equivale a una subida de 50 euros mensuales, situándolo en 1.184 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un aumento anual de 700 euros hasta alcanzar los 16.576 euros. No obstante, Gimeno recomienda a los contribuyentes que residen en comunidades autónomas donde la cuota a pagar es inferior a 300 euros -como ocurre en Madrid y la Comunidad Valenciana- que presenten la declaración del IRPF para solicitar la devolución correspondiente. Cabe destacar que, aunque en España hay alrededor de 2,5 millones de personas que perciben el SMI, el Gobierno estima que solo un 20% de ellas acabará tributando. Según la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), este grupo estará compuesto principalmente por solteros o separados sin hijos ni cargas familiares, así como matrimonios que declaran de forma individual con un hijo en común. El resto de los contribuyentes quedará exento gracias a las deducciones aplicables. Desde la plataforma digital TaxDown, especializada en la gestión y optimización de declaraciones de la Renta, aconsejan a todos los contribuyentes valorar la posibilidad de presentar su declaración, aun cuando no estén obligados, ya que la aplicación de ciertas deducciones podría reducir su carga fiscal. Por su parte, Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, señala que las comunidades autónomas, al gestionar el 50% del IRPF, tienen la capacidad de ajustar los tramos y tipos impositivos para reducir la carga fiscal sobre las rentas más bajas. "Cada región puede decidir si disminuye el umbral a partir del cual se empieza a tributar o si reduce los tipos impositivos. Ambas opciones dependen exclusivamente de las autonomías y podrían modificarse de cara al próximo año", explica Fernández. Esta posibilidad podría intensificar el debate sobre la fiscalidad del SMI. Hasta ahora, el Gobierno ha ajustado el mínimo exento en función de las subidas del salario mínimo. Sin embargo, tras un incremento acumulado del 61% desde 2018, Hacienda ha rechazado la petición del Ministerio de Trabajo de ampliar la exención fiscal, argumentando que seguir aumentando el SMI sin cambios en la fiscalidad reduciría significativamente la base de contribuyentes sujetos al IRPF. Esta decisión ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición, con el sector socialista manteniendo su postura en contra de la exención, mientras que Sumar cuenta con el respaldo de Podemos, BNG, ERC e incluso el Partido Popular. La presión podría incrementarse si los gobiernos autonómicos también entran en el debate. Por ahora, las diferencias en la tributación serán especialmente notorias en todo el país, dado que muchas personas que perciben el SMI residen en comunidades con regímenes fiscales muy distintos. Por ejemplo, en Cataluña, donde los impuestos son más altos, vive el 12% de los beneficiarios del SMI, el mismo porcentaje que en la Comunidad Valenciana, que aplica algunos de los tipos más bajos junto a Madrid, donde se concentra el 15,7% de los perceptores del salario mínimo. No obstante, Andalucía es la comunidad con mayor número de beneficiarios, alcanzando el 20,7% del total.

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(El País, 13-02-2025) | Fiscal

Los trabajadores afectados por el alza del SMI tendrán que pagar a Hacienda 300 euros, un tipo impositivo de cerca del 43%

El aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 16.576 euros anuales, lo que supone una mejora de 700 euros al año, se ha visto eclipsado por las diferencias dentro del Gobierno en torno a su tributación en el IRPF. Tras semanas de análisis, el Ministerio de Hacienda ha decidido no ajustar el impuesto sobre la renta a esta subida, a diferencia de lo que había hecho en ocasiones anteriores. Como consecuencia, algunos beneficiarios del SMI deberán tributar por primera vez. El PSOE justifica esta decisión argumentando que, desde 2018, el salario mínimo ha crecido un 61% y ha estado acompañado de diversas reducciones fiscales. Dado que cada vez hay más trabajadores afectados, el Gobierno considera que ha llegado el momento de que el SMI contribuya al IRPF. En el lado opuesto, Sumar, otros socios de la coalición de izquierda y el PP exigen una nueva actualización del impuesto para eximir de tributación el incremento del salario mínimo y han prometido insistir en este asunto. La razón es que los trabajadores afectados por este ajuste, aunque sean pocos, deberán destinar 300 euros de su aumento salarial al pago de impuestos, lo que supone una carga fiscal del 43%, resultado de una anomalía técnica en el cálculo del IRPF. Este porcentaje, inusualmente alto para rentas bajas, es el llamado tipo marginal, que representa el impuesto máximo que un contribuyente puede llegar a pagar en un tramo específico de ingresos. Debido al diseño progresivo del IRPF, el impuesto busca que quienes más ganan contribuyan en mayor proporción. Sin embargo, en ciertos casos concretos, como el de los perceptores del SMI, este tipo marginal se dispara debido a irregularidades en los tramos inferiores del impuesto. Esta distorsión se produce cuando un contribuyente supera determinados umbrales de ingresos, lo que implica que cada euro adicional ganado queda sujeto a una mayor carga fiscal. En general, este fenómeno afecta principalmente a solteros sin hijos (aproximadamente el 20% de quienes reciben el SMI), ya que el resto de trabajadores suele beneficiarse de deducciones fiscales por su situación familiar. El problema surge de la combinación de dos factores. Por un lado, el mínimo exento de tributación, que establece a partir de qué nivel de ingresos se debe pagar impuestos. Hacienda ha decidido mantenerlo en los 15.876 euros actuales, equivalente al SMI vigente en 2024. Por otro lado, están las reducciones aplicables a los rendimientos del trabajo. La interacción entre ambos elementos genera que los trabajadores con ingresos bajos soporten una carga impositiva excesiva en algunos casos, como ocurre con quienes perciben el salario mínimo. Esta distorsión se refleja en que, una vez superados ciertos umbrales, el tipo marginal disminuye significativamente hasta situarse en torno al 30%, para luego aumentar gradualmente a medida que crecen los ingresos. El origen de este problema radica en las reducciones por rendimientos del trabajo, que afectan principalmente a los asalariados. De manera general, todos los trabajadores tienen derecho a una reducción de 2.000 euros. Adicionalmente, quienes perciben hasta 14.852 euros anuales pueden aplicar una reducción de 7.302 euros, que va disminuyendo progresivamente hasta desaparecer en los 19.747,5 euros. En consecuencia, a medida que aumenta el salario, la ventaja fiscal se reduce, lo que provoca que el tipo marginal pueda superar el 40% en ciertos tramos de renta. Si Hacienda mantiene su decisión, los contribuyentes que ganen el nuevo SMI tributarán por los 700 euros adicionales, es decir, la diferencia entre el mínimo exento (15.876 euros) y el nuevo salario mínimo (16.576 euros). Con un tipo marginal del 43%, la retención será de aproximadamente 300 euros. No obstante, si se considera la retención sobre el total de ingresos, el tipo medio de tributación será de apenas el 1,8%. A partir de este punto, otras rentas bajas también experimentarán una carga fiscal similar. Por ejemplo, un trabajador con un salario de 17.000 euros tributará por 1.124 euros y pagará 483 euros a Hacienda, mientras que alguien que gane 18.000 euros abonará 913 euros. Para ingresos de 19.000 y 20.000 euros, los impuestos a pagar serán de 1.343 y 1.773 euros, respectivamente. Cabe señalar que estas cantidades suelen deducirse directamente de la nómina a través de las retenciones aplicadas por los empleadores, ya que los trabajadores con rentas bajas no están obligados a presentar declaración de la renta. El comportamiento irregular del IRPF en estos tramos de ingresos no es nuevo y se ha mantenido a lo largo de los años. En el pasado, Hacienda había ajustado el mínimo exento con cada aumento del SMI para reducir la carga fiscal sobre los salarios más bajos. Así ocurrió en 2024, cuando el salario mínimo y el mínimo exento pasaron de 15.000 a 15.876 euros. Sin embargo, ahora, con la nueva subida, Hacienda considera que el SMI ya debe tributar, de la misma manera que lo hace con las cotizaciones sociales.

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(El Periódico, 13-02-2025) | Fiscal

PP y Sumar coquetean con una pinza en el Congreso para impedir que tribute el SMI

El Gobierno tiene la facultad de bloquear las tres propuestas de ley presentadas por el PP, Sumar y Podemos que buscan mantener exento del IRPF el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) tras el aumento de este año (50 euros al mes). La Constitución, en su artículo 134, establece que cualquier medida que implique un incremento del gasto o una reducción de los ingresos del Estado debe contar con la aprobación del Ejecutivo para su tramitación. En este caso, aceptar la propuesta de estos grupos y ajustar el IRPF a la inflación disminuiría la recaudación, lo que podría servir de argumento al Gobierno para vetarla. Para lograrlo, el Ejecutivo tendría que presentar un veto ante la Mesa del Congreso y evitar así que las proposiciones de ley sigan adelante. Sin embargo, en este órgano parlamentario, Sumar (socio de Pedro Sánchez) y el PP tienen mayoría, y ambos partidos han insinuado que podrían bloquear el intento del Gobierno de frenar estas iniciativas. Si Sumar y el PP se opusieran al veto, permitirían que las propuestas siguieran su curso legislativo. Además, podrían agilizar el proceso reduciendo los plazos para la presentación de enmiendas. Mientras en el PP algunos ven con cierto entretenimiento el enfrentamiento entre Yolanda Díaz (Sumar) y Pilar Alegría (PSOE) tras el Consejo de Ministros -cuando ambas defendieron posturas opuestas sobre la tributación del SMI-, otros en el partido dudan de la autenticidad de este conflicto y lo ven como una estrategia coordinada entre Sumar y el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alimentado esta teoría en la sesión de control al Gobierno, calificando la situación de "paripé" para dar protagonismo a Díaz, cuyo apoyo en las encuestas es débil. Además, ha insinuado que en tiempos de Pablo Iglesias esto no habría ocurrido. Si el Gobierno mantiene su postura de que el aumento del SMI debe tributar, el PP podría buscar una alternativa aprovechando su mayoría absoluta en el Senado. Desde la Cámara Alta, los populares podrían impulsar una norma que esquivara el veto gubernamental y enviarla posteriormente al Congreso. Allí, necesitarían el apoyo de Sumar en la Mesa para acelerar la tramitación y evitar que la propuesta quede paralizada.

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(El Economista, 13-02-2025) | Fiscal

Díaz y la patronal presionan a Hacienda para compensar el alza del SMI en los contratos públicos

El Gobierno aprobó el martes un incremento del 4,4% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elevándolo a 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta subida, respaldada por los sindicatos y basada en la recomendación más alta de los expertos, beneficiará a 2,4 millones de trabajadores. Sin embargo, también agrava la situación de las empresas que prestan servicios a la administración pública, ya que, debido a la Ley de Desindexación y la normativa de Contratos del Sector Público, no pueden trasladar este aumento de costes a sus contratos. Ante esta problemática, las compañías han encontrado en Sumar un aliado en su disputa con Hacienda. La formación política registró este miércoles en el Congreso una proposición de ley para modificar la normativa vigente y permitir la actualización de los precios en los contratos públicos cuando se produzcan incrementos salariales derivados del SMI, convenios colectivos u otras modificaciones legales. Según Sumar, la situación actual genera "graves disfunciones" en la ejecución de los contratos públicos, poniendo en riesgo su viabilidad. El grupo parlamentario argumenta que la falta de mecanismos para revisar el precio de las licitaciones ha llevado a la resolución anticipada de contratos y a que miles de lotes queden desiertos cada año, afectando la prestación de servicios públicos. En 2023, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) registró 20.609 licitaciones sin adjudicar, cerca del 8% del total. La propuesta de Sumar plantea modificar la ley de contratación pública de 2017 para introducir un artículo que permita la revisión de precios en contratos que destinen más del 30% de su presupuesto a costes salariales. Esta medida excluiría concesiones de obras y servicios, así como contratos de menos de un año. El ajuste no sería automático: la empresa debería solicitarlo al organismo contratante, que dispondría de 10 días hábiles para responder. Además, si no se recibe respuesta en ese plazo, la solicitud se entendería aceptada. También se propone reformar el artículo 100 de la ley para incluir la referencia explícita a los convenios colectivos y garantizar que los costes salariales sean un factor determinante en la revisión de precios. La Ley de Desindexación, impulsada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en un contexto de crisis, impide actualmente la actualización de precios en contratos de servicios como limpieza o mantenimiento, sectores con alta demanda de mano de obra y salarios ligados al SMI. En el caso de la construcción, el Ministerio de Hacienda permitió una excepción tras el aumento de costes derivado de la guerra en Ucrania. Sin embargo, la ministra María Jesús Montero ha rechazado aplicar la misma medida a los costes laborales, lo que ha llevado a las empresas a presionar al Ejecutivo para que permita ajustes en contratos afectados por subidas del SMI, cotizaciones y la futura reducción de jornada a 37,5 horas. La modificación de esta norma ha sido una de las condiciones planteadas por CEOE y Cepyme en las negociaciones sobre el SMI, y es una demanda compartida por los sindicatos. CCOO y UGT denuncian que el sector público está contribuyendo a precarizar las condiciones laborales de estos trabajadores, en su mayoría mujeres, al impedir que los incrementos salariales se reflejen en los contratos. Esta situación ha generado dificultades para actualizar los convenios colectivos y ha llevado a la existencia de dos tablas salariales diferenciadas entre empleados de contratas y el resto. Diversas patronales, entre ellas Aeesdap (deportes y salvamento), Aspel y Afelín (limpieza), Aeste y Fed (dependencia), Conacee (centros especiales de empleo), AMI (mantenimiento) y Food Service (restauración colectiva), se han unido en la plataforma AlianzAS para exigir un cambio legislativo. En septiembre, firmaron un documento conjunto con los sindicatos y, en diciembre, se reunieron con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien mostró su disposición a impulsar la reforma a través de Sumar. El principal obstáculo sigue siendo Hacienda, que hasta ahora ha sido reacia a modificar la normativa. No obstante, según Javier Sigüenza, secretario general de AlianzAS, en una reunión reciente con representantes del ministerio se percibió "cierta apertura", aunque sin un compromiso en firme. Próximamente, se espera una nueva reunión entre las patronales, los sindicatos y el Ejecutivo. Las empresas valoran este avance, ya que, en años anteriores, sus reivindicaciones no habían sido atendidas. Sin embargo, asumen que cualquier cambio normativo tardará en aplicarse, por lo que, de momento, deberán asumir la subida del SMI sin posibilidad de trasladarla a sus contratos, muchos de los cuales tienen una duración de hasta cinco años. Durante este periodo, el SMI ha aumentado más de un 20% y las cotizaciones han subido con la última reforma de pensiones, lo que ha reducido drásticamente la rentabilidad de estos contratos. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público también fue incluida en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado en 2023 por sindicatos y organizaciones empresariales. En él, se solicitaba la revisión de precios ante cambios normativos o de negociación colectiva que implicasen aumentos de costes laborales, una demanda que ahora cobra más fuerza ante la nueva subida del SMI.

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(El Economista, 13-02-2025) | Fiscal

Hacienda facilita a los nuevos funcionarios la deducción de 4.000 euros en el IRPF por movilidad

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha flexibilizado el acceso a la deducción en el IRPF por movilidad geográfica para los nuevos funcionarios. Este beneficio permite a quienes acceden a un puesto en la administración pública en un municipio distinto al de su residencia deducirse hasta 4.000 euros en la declaración de la renta por los gastos derivados del traslado. Sin embargo, hasta ahora, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos (DGT) imponían restricciones que dificultaban su aplicación. Ambos organismos exigían que los aspirantes estuvieran inscritos como demandantes de empleo antes de la publicación de la lista de aprobados en las oposiciones. No obstante, el TEAC ha unificado el criterio y ha determinado que es suficiente con que la inscripción en la Oficina de Empleo se realice antes de aceptar el puesto de funcionario. Esta modificación supone un cambio significativo, ya que permite que una persona pueda estar trabajando mientras espera los resultados de su oposición. Una vez publicada la lista de aprobados, podrá dejar su empleo, inscribirse como demandante y, tras aceptar la plaza, beneficiarse de la deducción fiscal. El criterio previo de la Agencia Tributaria y la DGT obligaba a los opositores a no tener empleo hasta conocer los resultados y aceptar el puesto, lo que podía llevar a la pérdida de prestaciones por desempleo en caso de haber rechazado un trabajo temporal. Según la resolución del TEAC del 30 de enero, este requisito resultaba contraproducente, ya que podía desincentivar la aceptación de empleos temporales mientras se esperaba el nombramiento como funcionario de carrera. Por ello, el TEAC establece que el requisito de inscripción en la Oficina de Empleo debe cumplirse antes de la toma de posesión como funcionario, facilitando así el acceso a la deducción fiscal. El tribunal también ha aclarado la aplicación de esta medida en los casos en los que el acceso a la plaza requiera la realización de prácticas o cursos previos. En estos supuestos, el aspirante deberá inscribirse en la Oficina de Empleo antes del inicio de las prácticas. Además, la resolución contempla distintos escenarios de movilidad geográfica: Si tanto las prácticas como el empleo definitivo se desarrollan en el mismo municipio distinto al de residencia habitual, la inscripción deberá realizarse antes del inicio del curso, ya que la deducción solo podrá aplicarse la primera vez. Si las prácticas tienen lugar en una localidad y el puesto definitivo en otra, el opositor también deberá estar inscrito antes de la formación, dado que la deducción solo puede aplicarse una vez (el año del traslado y el siguiente), sin importar posteriores cambios de destino.

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