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(El Economista, 20-11-2024) | Laboral

El Supremo sacude los despidos disciplinarios al blindar el derecho del trabajador a defenderse

La reciente decisión del Tribunal Supremo de modificar su propia doctrina para defender la necesidad de un trámite de "audiencia previa" en los despidos disciplinarios genera incertidumbre para las empresas que consideren cesar a empleados bajo esta modalidad. Este tipo de despidos representa el 54% de las bajas de afiliación por despido, alcanzando las 430.716 en lo que va de año, un aumento del 7,2%. En su sentencia, la Sala de lo Social aclara que el cambio jurisprudencial no tiene carácter retroactivo, como ocurre con las leyes, pero podría dar lugar a numerosas declaraciones de improcedencia si este trámite no se cumple a partir de ahora. Esto es especialmente relevante, considerando que el despido disciplinario se utiliza con frecuencia como alternativa al despido exprés, eliminado en la reforma laboral de 2012. El fallo altera la interpretación que España ha aplicado desde 1986 al artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras que el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores exige la audiencia previa solo para delegados sindicales y afiliados a sindicatos, el Tribunal Supremo concluye ahora que esta exclusión no se justifica en otros casos, basándose en el marco jurídico desarrollado en las últimas tres décadas. Aunque los juristas continúan evaluando las implicaciones del fallo, este no detalla aspectos clave como las consecuencias específicas de omitir el trámite o cómo debe implementarse. Ante esta falta de claridad, se especula que el Gobierno podría ajustar el artículo 55 del Estatuto para ofrecer mayor seguridad a empresas y empleados. Hasta entonces, las compañías deberán reconsiderar sus procedimientos para efectuar despidos disciplinarios. Este escenario es significativo, ya que más de la mitad de los despidos registrados en la Seguridad Social corresponden a causas disciplinarias. En septiembre, superaron las 54.000, un hito que ni siquiera se alcanzó durante la pandemia. Si bien los despidos ya efectuados no se verán afectados, el impacto de esta nueva doctrina se hará sentir en los futuros casos. Además, cabe señalar que los datos de la Seguridad Social, aunque actualizados, reflejan únicamente la baja inicial, siendo habitual que el despido disciplinario se utilice como una vía sencilla para negociar una indemnización posterior. Este tipo de despido no conlleva compensación automática y su tramitación es más simple: basta con una carta de despido, dejando el conflicto a resolver en conciliación con una compensación más alta. Según el Ministerio de Trabajo, la indemnización media en despidos disciplinarios es de 8.000 euros, frente a los 6.600 euros de los objetivos. Sin embargo, las estadísticas de Trabajo, más desactualizadas (correspondientes a 2022), muestran diferencias significativas con las de la Seguridad Social. Trabajo reporta 149.863 despidos disciplinarios, equivalentes al 29% del total, frente al 55% que reflejan los registros de afiliación. A pesar de estas discrepancias, ambas fuentes coinciden en el aumento de despidos desde la reforma laboral. Queda por ver el impacto real de la sentencia del Supremo en estas cifras. Desde 2021, las causas de nulidad en los despidos se han incrementado, y algunos expertos vinculan esto al auge de la contratación indefinida. Sin embargo, este argumento resulta controvertido, ya que sugiere un posible abuso de los despidos para tratar a los nuevos indefinidos como temporales. Aunque el empleo indefinido ha crecido, no lo ha hecho al mismo ritmo que los despidos, que se han duplicado desde 2021, con un aumento del 145% entre indefinidos. Los despidos disciplinarios, en particular, han crecido un 112%, y entre los contratos fijos el aumento es aún mayor, alcanzando el 185%.

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(El Confidencial, 20-11-2024) | Laboral

El Ministerio de Función Pública trabaja en un pliego para salvar Muface

El Gobierno vuelve a evidenciar divisiones internas en un asunto crucial: el futuro de Muface, que afecta a 1,5 millones de funcionarios que reciben atención sanitaria a través de un convenio con aseguradoras privadas. Las aseguradoras, por su parte, han manifestado su descontento ante la posibilidad de que se les imponga un impuesto adicional sobre los seguros de salud. El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García de Sumar, publicó este lunes un informe que plantea la desaparición de Muface. En este documento, Sanidad propone prorrogar los contratos actuales durante nueve meses para organizar la transición de los funcionarios al sistema de salud público. Según el informe, el modelo Muface es insostenible porque no cuenta con un equilibrio adecuado entre los usuarios que requieren más servicios y aquellos que hacen un uso menos frecuente. La decisión del Ministerio de Sanidad fue tomada sin consultar al resto del Ejecutivo. En respuesta, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, bajo la dirección de Óscar López del PSOE, trabaja contrarreloj para redactar un nuevo pliego que garantice la continuidad de Muface. Mientras Sumar respalda la propuesta de Sanidad, el PSOE intenta evitar un conflicto con los funcionarios. Fedeca, la federación de asociaciones de funcionarios, calificó el plan de Sanidad como "una ocurrencia que genera incertidumbre y desconcierto". La situación de Muface se complica aún más a medida que se acerca la fecha de vencimiento del actual convenio, el 31 de diciembre de 2024. Aunque el Gobierno tiene la opción de extenderlo nueve meses más, las aseguradoras advierten que esta medida podría agravar la crisis del sistema. En el último pliego, que quedó desierto, Función Pública ofreció un incremento del 17,2% en las primas para los próximos dos años, con asignaciones de 1.337 millones en 2025 y 1.344,5 millones en 2026. Sin embargo, las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV rechazaron participar, alegando pérdidas de 200 millones anuales en el convenio anterior. DKV, la más crítica, estimó que con las nuevas condiciones perdería 74 millones en dos años. A pesar de la urgencia, no se han establecido contactos al más alto nivel entre las aseguradoras y Función Pública, que espera ajustar las condiciones para que al menos dos aseguradoras acepten el nuevo pliego y así evitar el colapso de Muface. Entre tanto, persisten los temores sobre el impacto en los funcionarios, cuyos sindicatos han amenazado con movilizaciones, así como el posible colapso en la sanidad pública al recibir 1,5 millones de nuevos pacientes. También preocupa el efecto en el empleo y los servicios en la sanidad privada. Antes del verano, el Gobierno ofreció a las aseguradoras un aumento del 24% en las primas, considerado insuficiente pero aceptable como punto de partida. No obstante, días antes de publicar el pliego, la oferta se redujo al 14%, lo que generó malestar en las aseguradoras. Finalmente, se propuso un 17%, que tampoco ha sido suficiente para resolver el conflicto. A esto se suma el desacuerdo por la propuesta consensuada entre PSOE y Sumar de eliminar la exención del impuesto sobre primas de seguros para los seguros de salud, un tributo del 8% que podría agravar el aumento de precios en este tipo de pólizas.

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(El Periódico, 20-11-2024) | Laboral

El Gobierno reforma el reglamento de extranjería para sumar a casi 1 millón de migrantes al mercado laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma del reglamento de extranjería, con el objetivo de facilitar la incorporación laboral de cientos de miles de personas extranjeras que ya residen en España, ya sea como estudiantes o conviviendo con familiares. La reforma también agiliza los procesos para que familiares de residentes, como parejas, padres, hermanos o hijos, puedan obtener permisos de residencia y trabajo en el país. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva trabajando en esta reforma desde principios de año, con la intención de completar los cambios iniciados en 2022. Las modificaciones, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, entrarán en vigor dentro de seis meses, en mayo de 2025. Según explicó la ministra Elma Saiz tras la reunión del Consejo de Ministros, se espera que estas medidas permitan regularizar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Actualmente, los trabajadores nacidos fuera de España representan más del 13% de los afiliados a la Seguridad Social, contribuyendo significativamente al crecimiento del empleo, ya que más del 40% de los nuevos puestos de trabajo en el último año han sido ocupados por personas migrantes. La reforma introduce varios cambios importantes, según los últimos borradores revisados por especialistas. Uno de los más destacados es el fortalecimiento del arraigo por formación. Ahora, quienes cursen estudios de formación profesional o superiores podrán solicitar permisos para trabajar hasta 30 horas semanales, sin necesidad de que el empleo esté relacionado con la formación. Además, se amplía de tres meses a un año el plazo de los visados para la búsqueda de empleo. Otro cambio significativo es la reducción de los plazos para solicitar el arraigo social. Mientras que antes se requerían tres años de residencia en el país, ahora será suficiente con dos, siempre que se puedan acreditar vínculos familiares de primer grado con un residente. También se elimina la exigencia de presentar un precontrato laboral para obtener el permiso de trabajo, un requisito que complicaba la regularización. La reforma también busca facilitar la reagrupación familiar. Las personas con nacionalidad española podrán traer a familiares de primer grado (parejas, padres, hermanos o hijos) que llegarán con permiso de trabajo. Para ello, deberán demostrar que han sostenido económicamente a esos familiares en el país de origen durante al menos seis meses y acreditar ingresos mínimos equivalentes al 100% del IPREM más un 75% adicional por cada miembro adicional de la familia. Esta gestión podrá realizarse desde España, simplificando los trámites y evitando posibles trabas en consulados o embajadas. Además, se introduce una nueva vía para renovar los permisos de trabajo para aquellas personas que en el pasado contaron con autorización laboral, pero que la perdieron por diversos motivos. En términos generales, la reforma busca regularizar la situación de personas extranjeras que ya residen en España y facilitar la llegada de familiares de residentes, al tiempo que intenta contribuir al crecimiento económico y laboral del país. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las oficinas de extranjería para gestionar estas solicitudes de manera ágil y efectiva, ya que actualmente enfrentan importantes cuellos de botella.

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(Cinco Días, 19-11-2024) | Laboral

Sanidad considera que atender en la sanidad pública a todos los funcionarios de Muface es “viable y razonable”

El Ministerio de Sanidad está analizando la posibilidad de que todos los funcionarios adscritos a la mutualidad Muface sean atendidos exclusivamente por el sistema de salud pública. En un informe publicado este lunes, el departamento dirigido por Mónica García (Sumar) sostiene que, "por primera vez en años, la incorporación de los mutualistas a la sanidad pública se presenta como una opción viable y razonable". No obstante, la renovación del convenio entre Muface y las aseguradoras no depende de Sanidad, sino del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por el socialista Óscar López. Sanidad también minimiza el impacto que tendría la incorporación de los mutualistas al sistema público, indicando que el aumento promedio de pacientes sería del 2,12% en términos relativos. Además, señala que actualmente la sanidad pública ya atiende muchos de los casos más complejos que las aseguradoras privadas derivan, un fenómeno conocido como "selección de riesgos". El informe contempla que los recursos económicos destinados a pagar las primas de los seguros privados, que ascienden a más de 1.300 millones de euros anuales, podrían ser redirigidos a la sanidad pública. Esta cantidad corresponde a la licitación recientemente declarada desierta, ya que las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) no presentaron ofertas. La crisis actual de Muface, la mayor en sus 50 años de historia, afecta a un colectivo de 1,52 millones de personas, de las cuales 1,06 millones optan por la sanidad privada. Los funcionarios tienen la posibilidad de cambiar cada año entre sanidad pública y privada, una decisión que también puede revertirse. Sin embargo, las negociaciones para renovar el convenio que financiaría la cobertura sanitaria en 2025 y 2026 no prosperaron, a pesar de que la oferta incluía un aumento del 17,12% en las primas. Ante este escenario, el informe plantea dos alternativas: mejorar las condiciones para atraer a las aseguradoras o prorrogar el convenio actual por nueve meses, según lo permite la Ley de Contratos del Sector Público, mientras se planifica el traslado de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS). El análisis destaca que la integración total de los mutualistas en la sanidad pública supondría un aumento moderado del 2,12% en el número de pacientes atendidos. Las comunidades autónomas más afectadas serían Ceuta y Melilla, con un aumento superior al 5%, seguidas de Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%) y Andalucía (3,02%). Por otro lado, el impacto sería menor en País Vasco (0,65%), Navarra (1,00%) y Cataluña y Baleares (1,20%). El informe clasifica las comunidades en tres grupos según el impacto relativo. El primer grupo, que incluye País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares, afrontaría incrementos similares a los habituales por crecimiento poblacional. El segundo grupo, de impacto intermedio, incluye Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja, destacando el caso de Madrid, donde la mayoría de los mutualistas mayores de 65 años superan la media nacional. El tercer grupo comprende las regiones más afectadas: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, además de Ceuta y Melilla. Por último, el informe subraya que las aseguradoras privadas tienden a derivar a los pacientes con condiciones más graves y costosas a la sanidad pública, lo que refuerza la hipótesis de una selección de riesgos que ya beneficia al SNS.

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(El País, 19-11-2024) | Laboral

El Consejo de Ministros aprobará la normativa que flexibiliza la residencia y el permiso de trabajo a decenas de miles de extranjeros

El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo reglamento de extranjería que busca simplificar y agilizar la regularización de personas inmigrantes. Inicialmente programada para la semana anterior, su aprobación se retrasó debido a las emergencias ocasionadas por la DANA en Valencia. Esta normativa, enfocada en atraer y retener talento extranjero y reducir la economía sumergida, entrará en vigor seis meses después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es la tercera reforma que el Ministerio de Migraciones realiza a esta norma en tres años, lo que refleja su adaptación a las necesidades laborales y demográficas de España, aunque también ha generado críticas por no permitir un análisis completo de los efectos de los cambios previos. El último borrador ha sido revisado por el Consejo de Estado y otros ministerios, realizando ajustes principalmente de forma y no de fondo, según fuentes involucradas en el proceso. Entre las modificaciones destaca la eliminación de la interpretación del silencio administrativo como aprobación automática, sustituyéndolo por una desestimación en caso de ausencia de respuesta, lo que podría perjudicar a quienes dependen de oficinas de extranjería con retrasos en los plazos legales. Entre las novedades, los extranjeros que hayan completado sus estudios en España podrán pasar más fácilmente de una autorización de estancia por estudios a un permiso de residencia y trabajo, siempre que consigan un contrato en un sector relacionado con su formación. Además, los visados para la búsqueda de empleo, dirigidos a descendientes de españoles o a determinados sectores y regiones, tendrán una vigencia de un año, en lugar de los tres meses actuales. El reglamento también introduce una nueva vía de regularización para solicitantes de asilo cuya protección haya sido denegada. Estas personas, que estén en situación irregular durante al menos seis meses al momento de la entrada en vigor del reglamento, podrán optar a un permiso de residencia por arraigo. Esta medida beneficiará a un amplio colectivo, ya que en 2024 se han registrado más de 140.000 solicitudes de asilo, la mayoría rechazadas. El Consejo de Estado ha señalado la falta de tiempo para evaluar adecuadamente el texto debido al uso del procedimiento de urgencia, algo que ya ha criticado anteriormente en otras normativas del Gobierno. También algunos ministerios, como el de Trabajo, propusieron modificaciones para facilitar el acceso a la documentación, como reducir el tiempo de estancia requerido de 24 a 18 meses o evitar el veto a los solicitantes de asilo para obtener un permiso por arraigo, aunque estas propuestas no fueron aceptadas. Entre las principales innovaciones, el reglamento reduce de tres a dos años el tiempo necesario para que una persona extranjera pueda solicitar un permiso de residencia y trabajo. Además, se crea la figura del "arraigo de segunda oportunidad", destinada a quienes perdieron un permiso de residencia y no pudieron renovarlo. También se agilizan los plazos, se eliminan ciertos requisitos y se amplían las renovaciones, facilitando la incorporación al mercado laboral. Otra novedad destacada es que quienes obtengan un permiso mediante el "arraigo para la formación" podrán trabajar hasta 30 horas semanales. Esta modalidad, que pasará a llamarse "arraigo socioformativo", fue creada en 2022 para regularizar a quienes llevan más de dos años en España y se matriculan en un curso de formación. Ahora, no será necesario un contrato para obtener un permiso de trabajo, ya que se otorgará automáticamente.

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(El Economista, 19-11-2024) | Laboral

El Supremo prohíbe el despido disciplinario si el empleado no ha podido defenderse

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido este lunes que, antes de proceder a un despido disciplinario, el empleador debe ofrecer al trabajador la oportunidad de defenderse frente a las acusaciones formuladas en su contra. Esta decisión refuerza la obligatoriedad del trámite de "audiencia previa" en este tipo de ceses, aunque la medida no tendrá efectos retroactivos. Según informó el Tribunal Supremo en un comunicado, la resolución, adoptada por unanimidad del Pleno de la Sala Cuarta, se fundamenta en la aplicación directa del artículo 7 del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en España desde 1986. Con esta sentencia, el Supremo modifica su doctrina previa, vigente desde los años ochenta, justificando el cambio en las transformaciones del marco normativo durante este periodo. Entre estas modificaciones se destacan la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina constitucional, los criterios sobre la calificación de los despidos y la inaplicabilidad de la norma más favorable de forma global. El Convenio de la OIT estipula que el empleador debe ofrecer una audiencia previa antes del despido, salvo en circunstancias excepcionales en las que no sea razonable exigirlo. En el caso en cuestión, esto se aplica a un profesor de la Fundació Escola Superior d'Art Dramàtic de Baleares, acusado por estudiantes de conducta inapropiada hacia alumnas. Según detalla Europa Press, el docente impugnó su despido, aunque inicialmente los tribunales desestimaron su recurso. Más tarde, el profesor apeló ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en febrero de 2023 declaró improcedente el despido y condenó a la Fundación a readmitir al trabajador en su puesto, abonándole los salarios dejados de percibir durante el proceso o, en su defecto, una indemnización de 64.178,28 euros. La Fundación, por su parte, presentó un recurso de casación ante el Supremo para unificar doctrina. El Tribunal Supremo ha reconocido que, en este caso, la empresa actuó conforme a un criterio jurisprudencial vigente hasta el momento, que no exigía el trámite de audiencia previa. Sin embargo, aclara que este requisito será aplicable únicamente a los despidos que se produzcan tras la publicación de esta sentencia, dejando a salvo las actuaciones anteriores.

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(Cinco Días, 18-11-2024) | Laboral

El Gobierno estudia que los funcionarios elijan “de una vez y para siempre” si quieren cobertura sanitaria pública o privada

El Gobierno central está evaluando la posibilidad de llevar a cabo una reforma de gran calado en Muface, la mutualidad que provee asistencia sanitaria a 1,52 millones de funcionarios y sus familias, con el objetivo de solucionar la crisis que atraviesa este sistema con casi 50 años de existencia, según han informado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Uno de los cambios más significativos que se plantean afectaría a un elemento fundamental del modelo actual: la posibilidad de que los beneficiarios elijan anualmente entre recibir atención en la sanidad pública o en la privada. Actualmente, esta decisión puede revertirse en años posteriores, permitiendo a los usuarios cambiar entre ambas opciones. Según estas fuentes, el plan en estudio implicaría que los empleados públicos cubiertos por el sistema mutualista realicen una elección única y permanente entre el régimen general de sanidad pública o el régimen especial de Muface, que incluye atención en la sanidad privada. Este enfoque busca garantizar una mejor planificación y sostenibilidad del modelo. La decisión de avanzar hacia esta reforma se ha visto acelerada por el rechazo de las principales aseguradoras médicas privadas (Adeslas, Asisa y DKV), que prestan servicio a 1,06 millones de usuarios, a participar en el nuevo convenio para 2025 y 2026. Este hecho ha llevado a los responsables del sistema a concluir que es necesario actualizar un modelo que no tiene equivalentes en otros países europeos. Desde el Ministerio de Función Pública destacan dos puntos esenciales. Primero, aseguran que los mutualistas pueden estar tranquilos, ya que el actual convenio sigue vigente hasta el 31 de enero, y la normativa permite mecanismos para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria en las mismas condiciones hasta que se firme un nuevo acuerdo. Segundo, insisten en que la falta de acuerdo en la licitación, incluso tras el mayor aumento de primas de la historia (17,12%), demuestra la necesidad de reformular el sistema para eliminar incertidumbres, asegurar su viabilidad y planificar adecuadamente su financiación. Esta reformulación también busca solucionar un problema recurrente: la elección anual entre sanidad pública y privada complica la previsión de ingresos. Con una elección definitiva por parte de los beneficiarios, será más sencillo conocer cuántos optan por el régimen especial y, en consecuencia, tomar decisiones más precisas sobre la financiación. La reforma toma en cuenta, además, la diversidad dentro del colectivo cubierto por Muface, que incluye funcionarios de la Administración General del Estado, profesores y policías, pero excluye a otros colectivos como investigadores científicos, técnicos de tráfico y personal de universidades. Asimismo, se subraya que la incorporación anual de nuevos mutualistas es relativamente baja: en 2023 fueron 62.500 personas, apenas un 4,1% del total. Además de la planificación de ingresos, el Ministerio está poniendo atención en los gastos. Esperan un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la gestión de Muface, previsto para finales de año, que analizará aspectos como la eficiencia. Algunas medidas en consideración incluyen la ampliación del uso de recetas electrónicas, la centralización de la compra de medicamentos y un control más estricto sobre el consumo excesivo de ciertos fármacos, como psicotrópicos. El gasto en recetas en 2023 ascendió a 340,8 millones de euros, un aumento del 5,32% respecto al año anterior. Este incremento supera al registrado en la sanidad pública, según datos del Ministerio de Hacienda, y refleja la necesidad de optimizar recursos. La segunda licitación del convenio también incluirá medidas para mejorar la transparencia. Las aseguradoras han solicitado un aumento de hasta el 40% en las primas, argumentando que el sistema está infrafinanciado. Sin embargo, los datos muestran que factores como el envejecimiento de los mutualistas y la tendencia de los nuevos funcionarios jóvenes hacia la sanidad privada, que genera menos costes, son los principales responsables de la crisis actual. Por último, poner fin a la elección anual entre sanidad pública y privada busca solucionar una de las críticas al modelo. Diversos estudios indican que las aseguradoras privadas tienden a derivar a la sanidad pública a los pacientes con problemas de salud más graves y costosos, mientras que se quedan con aquellos más saludables, generando desigualdades en el sistema.

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(Expansión, 18-11-2024) | Laboral

Las aseguradoras piden a Muface hasta 700 millones más para los funcionarios

El convenio de la Administración para la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas, que quedó sin adjudicar, contemplaba un incremento de 300 millones de euros en su presupuesto. Sin embargo, para cumplir con las exigencias más altas de las aseguradoras que prestan actualmente este servicio, Muface debería aumentar la prima del seguro de asistencia sanitaria entre 600 y 700 millones de euros. SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV decidieron no participar en la licitación, cuyo plazo cerró el pasado 5 de noviembre, al considerar insuficiente el incremento del 17,12% establecido por la Administración para los próximos dos años. Según las aseguradoras, esta subida no sería suficiente para cubrir las pérdidas acumuladas. DKV solicitó un aumento del 40% en el convenio bianual que comenzaría el 1 de enero, mientras que SegurCaixa Adeslas planteó una subida del 34%. Asisa, por su parte, no especificó el porcentaje que considera necesario. La propuesta más alta obligaría a Muface a destinar unos 700 millones de euros adicionales en comparación con el convenio actual. Esto elevaría la prima media por mutualista de los actuales 1.032 euros a unos 1.400 euros, implicando un incremento de más de 400 euros por persona. Con el aumento del 17,12% contemplado en el convenio fallido, la prima media habría subido a 1.209 euros, mientras que con la propuesta de Adeslas, rondaría los 1.400 euros. Por su parte, Muface sugirió un incremento del 25%, lo que situaría la prima media cerca de 1.300 euros. Aunque las aseguradoras argumentan que hay otros aspectos a revisar en el convenio, el precio sigue siendo el punto central de la disputa. Ante la falta de adjudicación, la Administración ha anunciado que lanzará un nuevo convenio en el menor tiempo posible, con condiciones más atractivas para las aseguradoras. La retirada de Adeslas, Asisa y DKV ha generado malestar entre distintas organizaciones de funcionarios, que exigen a la Administración garantizar esta cobertura. El lunes pasado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se manifestó frente al Ministerio de Hacienda para defender la continuidad de Muface. Se espera que esta semana la Administración comunique a las aseguradoras el nuevo precio del convenio, que podría ser llevado al Consejo de Ministros el 26 de noviembre. Una vez anunciado, las compañías tendrán un periodo para evaluar las condiciones y tomar una decisión. En la licitación anterior, las aseguradoras dispusieron de tres semanas para analizar la propuesta, que incluía un aumento del 17,12%. Si el plazo fuera similar en esta nueva convocatoria, la resolución final podría conocerse cerca de las fiestas navideñas. El convenio actual finaliza el 31 de diciembre, dejando dos posibles escenarios para el futuro de este servicio.

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(Expansión, 18-11-2024) | Laboral

Álvarez (UGT) aboga por una subida del SMI del 6% para superar los 1.200 euros en 2025

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Gobierno a agilizar la reforma del registro horario en las empresas para mejorar su funcionamiento, destacando que esta medida podría implementarse antes que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aunque ambas iniciativas se hayan debatido conjuntamente en la mesa de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Álvarez también propondrá un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5% o 6% para 2025, lo que lo situaría cerca de los 1.200 euros brutos anuales en catorce pagas. En una entrevista con la agencia Efe, a pocos días del 44 Congreso Confederal donde se espera su reelección para un tercer mandato, Álvarez se muestra satisfecho con los avances logrados en los últimos cuatro años y decidido a seguir luchando por mejorar los derechos laborales. El líder sindical subraya la importancia de que el SMI no se aleje del 60% del salario medio en España, que según datos de Eurostat, UGT calcula en 1.296 euros para 2022. Por otro lado, Álvarez reafirma su compromiso con la reducción de la jornada laboral, considerando que, ante la falta de acuerdo con la patronal, es momento de avanzar con una normativa que inicie su tramitación parlamentaria, un proceso que estima podría extenderse hasta el próximo verano. Aunque la CEOE ha rechazado de momento la medida, Álvarez mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante el trámite parlamentario. "No cerramos el debate ni el diálogo con la CEOE. Creo que el proceso en el Parlamento puede brindar una nueva oportunidad para el consenso, y algunos grupos políticos que prefieren votar un acuerdo tendrán ocasión de presionar a la patronal para que negocie", reflexiona. Sobre este tema, asegura con optimismo: "Haremos todo lo posible para que se apruebe, y estoy convencido de que lo lograremos". Junto a CCOO, UGT ya ha iniciado conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para recabar apoyos. Respecto a la adecuación de las indemnizaciones por despido, un asunto en el que UGT ha logrado una victoria legal en Europa, Álvarez celebra que los tribunales ya estén aplicando sentencias que reconocen indemnizaciones más altas en casos de despidos improcedentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los trabajadores. Aunque considera que no hay urgencia para que esta cuestión se regule en la normativa española, confía en que su aplicación judicial anime a Gobierno y patronal a negociar un marco legal que cumpla con los estándares europeos. Por otro lado, ha rechazado de manera tajante la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el "alta gradual", que permitiría a personas de baja reincorporarse parcialmente al trabajo. Álvarez considera esta medida "inoportuna" y basada en razones económicas, más que médicas. "Plantear esto desde una perspectiva económica me parece inaceptable. La visión de la CEOE, centrada en el absentismo, es deshumanizadora y, en algunos casos, indecente", ha afirmado. Con numerosos retos aún por abordar, Álvarez encara con ilusión lo que parece ser un nuevo mandato al frente de UGT, comprometido con avanzar en derechos laborales y sociales.

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(El Economista, 18-11-2024) | Laboral

Los convenios colectivos "premian" la jubilación antes de los 65 años a 701.000 trabajadores

Los convenios colectivos y las cláusulas de jubilación están tomando un rumbo opuesto a la normativa de la Seguridad Social, con un notable aumento en los incentivos para jubilarse antes de los 65 años. Estas cláusulas, utilizadas como herramientas para la reestructuración y renovación de plantillas a través de bonificaciones económicas o premios, ahora afectan a más de 700.000 trabajadores, lo que equivale a uno de cada cinco convenios colectivos vigentes, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra supone un incremento del 85% respecto a los niveles registrados durante la pandemia, cuando 378.000 empleados estaban cubiertos por estas disposiciones. Este crecimiento refleja una tendencia vinculada al envejecimiento progresivo de la población activa. Según Alberto Novoa, miembro de la Junta Directiva de ASNALA, "los incentivos de jubilación en España muestran un aumento constante, tanto a nivel estatal como en los convenios colectivos", según declaró a elEconomista.es. Mientras el Gobierno ha endurecido las condiciones para las jubilaciones anticipadas mediante reformas del sistema público de pensiones, los acuerdos colectivos han optado por otra vía: la de compensaciones económicas. Estas pueden incluir indemnizaciones, pagos únicos o periódicos, que buscan mitigar los recortes en las pensiones, los cuales pueden superar el 20% para quienes adelantan significativamente su retiro. La negociación colectiva, que implica a sindicatos representativos y patronales, aborda aspectos esenciales como mejoras salariales, duración de jornadas laborales, formación y seguridad, entre otros. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023 se firmaron 1.773 convenios colectivos que cubrieron a más de 4,4 millones de trabajadores. Entre estos acuerdos, destacan las cláusulas relativas a la jubilación, especialmente aquellas que promueven la salida del mercado laboral antes de la edad habitual de 65 años, o de 66 años y 6 meses si no se cumplen los requisitos de cotización en 2024. Estas cláusulas son vistas como un mecanismo para renovar plantillas o reducir costes, además de señalar el final de la vida laboral. Actualmente, las que incentivan la jubilación anticipada abarcan algo más del 15% de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos, un porcentaje similar al de hace diez años, cuando se superaban los 811.000 empleados con estos incentivos. Aunque estas disposiciones chocan con las reformas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Social, que han endurecido las penalizaciones para jubilaciones anticipadas voluntarias, siguen siendo una práctica frecuente en sectores específicos. Según Novoa, estas medidas pueden tener un impacto negativo en el sistema de pensiones, al reducir las cotizaciones sociales que percibe la Administración, y también implican una pérdida de experiencia en las plantillas. A pesar de su alcance, la aplicación de estas cláusulas no es uniforme, y varía según el sector o la empresa. "En España, la diversidad en la aplicación de estos incentivos refleja la necesidad de adaptarse a las particularidades de cada caso", explica Novoa. Otros países también implementan estrategias similares, con modelos distintos para gestionar la transición a la jubilación. Novoa destaca que la jubilación anticipada y parcial sigue siendo una opción popular, y que los planes de pensiones complementarios están ganando terreno. Un ejemplo destacado en España es el reciente plan del sector de la construcción, creado en 2023 mediante convenio colectivo, que en menos de un año se ha convertido en el mayor del país.

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