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(El Economista, 11-03-2025) | Laboral

Cuerva da marcha atrás en la reforma del voto tras sus dudas sobre la Asamblea de Cepyme

El presidente de Cepyme ha convocado para este martes al Comité Ejecutivo y a la Junta de la organización con el objetivo de debatir su decisión de paralizar la reforma del sistema de votación dentro de la patronal. Dicha reforma tenía como propósito limitar o incluso eliminar la delegación ilimitada de votos. Según fuentes empresariales, la principal razón detrás de la decisión de Cuerva radica en la incertidumbre sobre la postura que adoptará la Asamblea, el tercer pilar de gobierno de Cepyme, ante esta cuestión. Existe un riesgo significativo de que este órgano rechace la propuesta. En las últimas semanas, se ha evidenciado que la opinión de la Asamblea es imprescindible para una reforma de tal envergadura, ya que afecta directamente a cómo votarán sus aproximadamente 451 integrantes en las elecciones de la patronal. Se espera que en breve se confirme la fecha en la que se celebrarán dichos comicios, en un contexto de creciente tensión entre Cuerva y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien respalda la candidatura de la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. Los informes jurídicos encargados por el equipo de Cuerva para avalar su propuesta dejan claro que la Asamblea debe ratificar cualquier cambio en el sistema de votación. Esto significa que la aprobación que obtuvo la iniciativa en la Junta de Cepyme el mes pasado no es suficiente para garantizar su aplicación. En su momento, ese respaldo fue interpretado como un triunfo de Cuerva sobre los partidarios de Garamendi. Sin embargo, un reciente informe elaborado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, aunque apoya la eliminación de la delegación ilimitada de votos, también señala que cualquier modificación debe contar con la validación de la Asamblea para que tenga efectos definitivos. En caso contrario, la reforma podría ser impugnada legalmente. Este escenario plantea un dilema para Garamendi, ya que, aunque cuenta con apoyos en la Asamblea, convocar a este órgano tan cerca de las elecciones de la patronal implica un riesgo significativo. La votación de sus 451 miembros podría anticipar el resultado electoral, favoreciendo a Cuerva o a la candidata de CEOE, Ángela de Miguel. El desafío es tal que una eventual derrota de Cuerva en la Asamblea podría interpretarse como un revés definitivo para su reelección al frente de Cepyme. Por otro lado, los delegados también enfrentan una situación comprometida, ya que muchos de ellos dependen de CEOE en aspectos clave, como la financiación que reciben.

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(El Economista, 11-03-2025) | Laboral

CSIF anuncia movilizaciones desde el 19 de marzo para exigir al Gobierno la subida salarial de los funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado, mediante un comunicado, el inicio de movilizaciones a partir del 19 de marzo para exigir al Gobierno la negociación de una mejora salarial para los empleados públicos. En este sentido, el sindicato ha informado que la primera concentración tendrá lugar frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, con la previsión de extender las protestas en próximas fechas a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el país. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la negociación de un nuevo acuerdo retributivo, la equiparación salarial y la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público. "Nos preocupa profundamente la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la demora en las reformas de Función Pública, Sanidad y Educación, entre otros sectores. Exigimos la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas", advierten desde CSIF. En concreto, el sindicato reclama al Ejecutivo: La negociación de un nuevo acuerdo salarial, dado que el anterior finalizó el 31 de diciembre. CSIF demanda que las subidas salariales sean automáticas cada año, al igual que ocurre con las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional. La recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo el pago íntegro de la paga extra. Una nueva oferta de empleo público para 2025 sin la restricción de la tasa de reposición. Evaluación del plan de estabilización de plazas de personal interino, garantizando que el porcentaje de estos trabajadores no supere el 8% del total a finales de año. Implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en todo el país, así como el desarrollo de la carrera profesional en todas las administraciones y la regulación del teletrabajo. Igualdad salarial entre empleados públicos de distintas administraciones. Mejoras en las condiciones de jubilación y aprobación inmediata de la normativa que permita a funcionarios y personal estatutario acceder a la jubilación parcial, son otros puntos reclamados

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(La Vanguardia, 11-03-2025) | Laboral

La Airef dictamina este mes si hay que subir cotizaciones para pagar las pensiones

El nuevo sistema de financiación de las pensiones enfrenta su primera gran prueba. Las reformas implementadas en los últimos años han elevado significativamente los gastos, principalmente debido a la indexación de las pensiones con la inflación. Para equilibrar este incremento, se diseñó un aumento de los ingresos que Bruselas aceptó bajo la condición de incluir una "cláusula de cierre". Esta cláusula se activa automáticamente si la brecha entre ingresos y gastos supera un umbral determinado. Este mes de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) debe evaluar, por primera vez, si ese límite se ha sobrepasado. El umbral establecido es un gasto neto promedio del 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. Si se rebasa, será necesario adoptar medidas correctivas. Inicialmente, el Gobierno y los agentes sociales intentarán negociar una solución, pero si no se alcanza un acuerdo, se aplicará un aumento gradual de las cotizaciones en un periodo de cinco años para corregir el desajuste. El proceso de evaluación llega en medio de la controversia, debido al marco que el Gobierno ha fijado para que la Airef realice sus cálculos. Un real decreto del 19 de febrero establece que, para medir los ingresos, se considerarán las transferencias del Estado a la Seguridad Social, el aumento de las bases máximas, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad. Algunos economistas critican esta decisión, argumentando que distorsiona la cláusula de cierre al incluir partidas que, según ellos, no deberían contarse como ingresos. El punto más polémico es la inclusión de los 20.000 millones de euros anuales que el Estado transfiere a la Seguridad Social por gastos impropios. Miguel Ángel García, investigador de Fedea y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, señala que esta transferencia ya estaba prevista cuando se fijaron los criterios de la cláusula de cierre, por lo que incluirla ahora en los cálculos equivale a contabilizar la misma partida dos veces. En su opinión, esta estrategia permite evitar un ajuste en 2025, pero a costa de incrementar el déficit de las pensiones en el futuro. Desde la Seguridad Social rechazan estas críticas y defienden que el real decreto solo precisa qué se considera ingreso dentro del sistema para la evaluación de la Airef. Argumentan que estas fuentes de financiación ya están recogidas en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que no se está introduciendo ningún nuevo concepto de ingresos. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sostiene que el desarrollo reglamentario es un procedimiento habitual para concretar la aplicación de las leyes y no puede modificar ni contradecir la norma que regula. Para su informe, la Airef cruzará dos datos clave: la proyección del gasto en pensiones, basada en el Informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea publicado en abril pasado, y su propia estimación del impacto de las medidas gubernamentales para incrementar los ingresos del sistema. Si la diferencia entre ambos supera el 13,3% del PIB de media en el periodo 2022-2050, será necesario tomar medidas correctivas de inmediato. En primer lugar, se abrirá una negociación con los agentes sociales para elaborar un proyecto de ley que entraría en vigor el próximo año. En esta fase, se podría ajustar la situación tanto por la vía de los ingresos como por la de los gastos. Sin embargo, si no se logra consenso sobre las medidas a tomar, el sistema activará el aumento automático de las cotizaciones del MEI en la cantidad necesaria para cerrar la brecha fiscal, distribuyendo este incremento a lo largo de cinco años.

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(Expansión, 10-03-2025) | Laboral

Las mujeres ocupan los consejos, pero sin puestos de liderazgo

La presencia de mujeres en los consejos de administración avanza de manera lenta, en algunos países impulsada por normativas que establecen cuotas obligatorias. Sin embargo, los puestos de liderazgo continúan estando mayoritariamente en manos de hombres. Para apoyar a los inversores institucionales en sus decisiones sobre la composición de los consejos, el proveedor de índices MSCI elabora anualmente un informe sobre la representación femenina en los órganos de gobierno corporativo, incluyendo sus comisiones, y los retos en la retención del talento. Según el análisis, el año pasado las mujeres ocupaban el 27,3% de los puestos en los consejos de administración de las empresas incluidas en el índice MSCI ACWI, que agrupa compañías de gran y mediana capitalización en más de 50 mercados desarrollados y emergentes, sumando más de 2.600 empresas. Esta cifra supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, el 46,2% de las organizaciones contaba con al menos un 30% de consejeras. La participación femenina continuó en ascenso en prácticamente todas las regiones y mercados. No obstante, la tasa de crecimiento se ralentizó por segundo año consecutivo en los mercados emergentes (MSCI EM Index), con un aumento de apenas un 0,6%, alcanzando el 17,7%. Esto contrasta con las subidas del 1,2% en 2023 (hasta el 17,1%) y del 1,4% en 2022 (cuando llegó al 15,9%). Los mercados desarrollados (MSCI World Index) presentan la mayor proporción de mujeres en los consejos de administración, con una media del 34,6%, frente al 32,9% en 2023. Más de un tercio de las empresas en este índice (34,4%) tiene al menos un 40% de representación femenina, mientras que casi tres cuartas partes (71,7%) superan el 30%. Entre los países con mayor presencia de mujeres destacan Nueva Zelanda (47,8%) y Francia (46,9%). En el Reino Unido, el porcentaje es del 43,6%, superando en seis décimas la media de las 17 empresas españolas incluidas en el índice (43%). No obstante, la presencia de mujeres en cargos de liderazgo sigue siendo significativamente inferior. En 2024, solo el 9,1% de los presidentes de los consejos de administración del MSCI ACWI Index eran mujeres, manteniéndose en el mismo nivel que en 2023. En los mercados desarrollados, la cifra aumentó hasta el 10,5%, más de un punto porcentual respecto al año anterior, mientras que en los países emergentes descendió al 7,4% desde el 9% de 2023. En España, el porcentaje en las 17 empresas analizadas fue del 23,5%. También existen diferencias en la presencia femenina en el cargo de consejero delegado entre mercados desarrollados y emergentes. En los primeros, las mujeres representaban el 7,9% de los CEO en 2024, subiendo desde el 6,8% del año anterior. En los emergentes, sin embargo, el porcentaje bajó al 5,6%, frente al 6,2% registrado en 2023. La media global se situó en el 6,8%, con un leve incremento de tres décimas respecto al año anterior. Por otro lado, el porcentaje de mujeres en la dirección financiera registró su primera caída desde 2020, descendiendo cinco puntos porcentuales hasta el 18,3%. Esta reducción se debió, en parte, a los cambios en los índices de los mercados emergentes y en el índice de EE.UU. En los mercados emergentes, la proporción bajó del 21,3% al 19,4% en 2024, mientras que en EE.UU. descendió del 19,8% al 19%. En España, la cifra es aún menor, con solo un 11,8% de directoras financieras. El análisis también destaca que, aunque los consejos de administración integrados únicamente por hombres son prácticamente inexistentes en los mercados desarrollados, un alto porcentaje de sus comisiones sigue sin contar con presencia femenina. Además, las comisiones de nombramientos, que desempeñan un papel clave en la configuración del consejo, son las que tienen menos probabilidades de estar lideradas por mujeres.

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(El Economista, 10-02-2025) | Laboral

Un fallo pionero contradice al Supremo y hace indefinido a un interino con 18 años de contratos temporales

Fallo innovador del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife. La sentencia contradice al Tribunal Supremo y, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), otorga la condición de indefinida a una trabajadora interina que había acumulado más de 18 años de contratos temporales. La resolución, emitida el 19 de noviembre, determina que la Administración incurrió en abuso y fraude de ley al no convocar en plazo las pruebas selectivas para cubrir plazas con necesidades permanentes, en lugar de temporales. La demandante, que aprobó unas oposiciones sin obtener plaza, desempeñó durante 18 años la misma función que los funcionarios de carrera. Por ello, la sentencia establece que, conforme a la normativa europea y al criterio del TJUE, debe reconocerse su condición de trabajadora indefinida "en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera, sin que ello suponga vulnerar el ordenamiento interno ni los principios de igualdad, mérito y capacidad". El Tribunal Supremo ha sostenido en reiteradas ocasiones, la última en dos resoluciones del 25 de febrero, que la normativa española y la Constitución no permiten otorgar la condición de fijos a los interinos, ya que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, el Supremo argumenta que ni la normativa europea ni el TJUE obligan a España a hacer fijos a los interinos con contratos temporales sucesivos, sino que sugieren esta medida como una posible sanción a la Administración, siempre que no entre en conflicto con la legislación española. En este sentido, el Supremo considera que esta conversión vulnera tanto la normativa como la Constitución y, por lo tanto, no ofrece una solución a estos abusos. En contraste, el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife subraya que el TJUE, en su sentencia de junio, dejó claro que los jueces deben acatar la interpretación del derecho europeo realizada por este tribunal, incluso si entra en conflicto con la Constitución. Por este motivo, la magistrada aplica la doctrina establecida por el TJUE. "En consecuencia, el órgano jurisdiccional nacional no puede considerar que está imposibilitado para interpretar una norma nacional en conformidad con el Derecho de la Unión solo porque haya sido interpretada reiteradamente en un sentido contrario a dicho Derecho", argumenta la resolución. "En virtud del principio de supremacía del derecho de la UE y la obligación del juez nacional de seguir la interpretación del TJUE, se concluye que la demandante mantiene y mantendrá una relación laboral indefinida con la Administración demandada, en las mismas condiciones que los funcionarios de carrera", concluye la sentencia. El conflicto sobre la fijeza en la Administración se dirime por dos vías judiciales. Los tribunales de lo contencioso-administrativo, encargados de resolver litigios con la Administración, gestionan las reclamaciones de los interinos que aprobaron oposiciones sin obtener plaza. Por otro lado, los tribunales de lo social se ocupan de las demandas del personal laboral contratado directamente por la Administración. Las dos sentencias del Tribunal Supremo de febrero corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo y tratan sobre casos de interinos. Además, la Sala de lo Social del Supremo ha planteado una cuestión prejudicial ante el TJUE para clarificar la aplicación de la fijeza y las indemnizaciones en el caso del personal laboral.

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(El Economista, 10-02-2025) | Laboral

La prestación media por desempleo supera los 1.000 euros por primera vez

El desempleo sigue siendo una de las principales preocupaciones de la economía española, a pesar de los niveles récord de ocupación. El inicio de 2025 estuvo marcado por un aumento de más de 70.000 personas en las listas de parados, lo que eclipsó un hito importante: la prestación contributiva por desempleo ha superado, de media, los 1.000 euros brutos al mes. Desde diciembre pasado, esta ayuda ha seguido aumentando y en enero alcanzó los 1.019,8 euros mensuales, según datos del Ministerio de Trabajo, que siempre reflejan un mes de retraso. "El incremento de los salarios ha impulsado también el alza de las prestaciones contributivas", señala Marcel Jansen, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador asociado a Fedea. En enero, el número de beneficiarios de esta prestación -a la que acceden los desempleados que han cotizado al menos un año en los últimos seis- llegó a 958.000 personas, un 5,1% más que en 2024. A su vez, el gasto destinado a estas ayudas superó los 1.500 millones de euros tras crecer un 8,5% respecto al mismo mes del año anterior. Esto indica que los salarios de quienes se quedan sin empleo son ahora más altos, como consecuencia de las revisiones salariales acordadas tras la crisis inflacionaria de 2022 y los recientes incrementos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revelan que en enero se registraron unas 500.000 nuevas altas en la prestación contributiva. De ellas, la mayoría (66%) correspondían a personas que reanudaban el cobro tras haber dejado de recibir la ayuda durante unos meses. Además, el 51% de los beneficiarios ingresó en el sistema en el último mes debido a la finalización de un contrato temporal, seguida de los despidos individuales y la suspensión de la relación laboral en el caso de quienes retomaron la prestación. Sin embargo, el aumento en los últimos sueldos de los nuevos parados no es el único motivo detrás de esta evolución. Desde 2023, la prestación media ha crecido notablemente debido a la modificación del cálculo de la base reguladora (el promedio del salario cotizado en los últimos seis meses). Antes de la reforma de 2012, este porcentaje era del 60%, pero desde entonces se redujo al 50%. La última reforma, impulsada por el Ministerio de Trabajo, lo elevó al 70% durante los primeros seis meses de prestación y al 60% en el período restante, hasta un máximo de dos años. Asimismo, el aumento de las cotizaciones derivado de la última reforma de pensiones ha elevado el presupuesto destinado a estas ayudas. De hecho, el gasto medio por beneficiario, que incluye las contribuciones a la Seguridad Social, ha crecido un 13,4%, situándose en 1.253,4 euros por persona, un incremento muy superior al 3% que ha experimentado la prestación bruta sin considerar estas cotizaciones. Además, la cobertura de la prestación se ha extendido a nuevos colectivos, como empleadas del hogar y artistas, lo que también ha influido en el incremento del gasto. La reforma del subsidio por desempleo aprobada en 2024, que entró en vigor a finales de ese año, introdujo la posibilidad de compatibilizar la ayuda con un empleo tras un año de cobro. Esto permitirá que más personas sigan recibiendo la prestación mientras trabajan por un período determinado, en lugar de salir y volver a entrar en las listas del desempleo. En enero, el número de beneficiarios del subsidio por desempleo se redujo un 15%, mientras que los perceptores de la prestación contributiva aumentaron. No obstante, el gasto en subsidios creció un 5% y supera los 500 millones de euros mensuales. Aún es pronto para determinar una tendencia clara, ya que la reforma también ha trasladado a algunos colectivos al Ingreso Mínimo Vital (IMV), al considerar que su situación responde a problemas sociales más que a una falta de empleo.

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(El País, 07-03-2025) | Laboral

El salario medio en España ha ganado 578 euros anuales de poder adquisitivo desde 2022

El salario medio anual nominal en España ha mantenido una tendencia de crecimiento desde 2021, coincidiendo con la recuperación tras la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el Monitor Adecco, basado en cifras del INE, los salarios llevan 15 trimestres consecutivos al alza, alcanzando un promedio de 1.987 euros mensuales al cierre de 2024, lo que representa un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento no siempre se traduce en una mejora real del poder adquisitivo, ya que es necesario compararlo con la evolución de los precios. Según el estudio de la multinacional de recursos humanos, tras dos años de pérdida, el salario medio en España recuperó 2,5 puntos de capacidad de compra en el último trimestre de 2024. En términos económicos, esto equivale a un aumento de 578 euros anuales en comparación con 2022. No obstante, esta mejora no ha sido uniforme en todo el país. Mientras que la mayoría de las comunidades autónomas registraron aumentos en el poder adquisitivo, en Cantabria y Canarias los salarios perdieron valor en términos reales, con descensos de 72 y 209 euros anuales, respectivamente. En el otro extremo, Baleares lideró el incremento con una mejora de 1.351 euros anuales en el poder adquisitivo de sus trabajadores, seguida por la Comunidad de Madrid, donde el salario medio subió 1.213 euros en el mismo período. Ambas regiones duplicaron la media nacional. Otras comunidades que superaron este promedio incluyen Murcia, Extremadura, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana. Por otro lado, ocho comunidades autónomas experimentaron aumentos por debajo de la media, aunque aún positivos: Castilla y León (556 euros más); Cataluña (512 euros); Galicia (510 euros); Asturias (500); La Rioja (463); Castilla-La Mancha (332); Andalucía (198) y País Vasco (74 euros). En términos nominales, los salarios en todas las comunidades autónomas han alcanzado niveles récord. Por primera vez desde que hay registros, ninguna región tiene una remuneración media inferior a los 1.600 euros mensuales, que es el salario mediano en España. Cuatro comunidades superan la media nacional de 1.987 euros mensuales: Madrid encabeza la lista con 2.364 euros, tras un incremento del 4,1% en 2024; seguida del País Vasco con 2.248 euros (un aumento del 2,7%); Navarra con 2.154 euros (3,4% más); y Cataluña, con 2.120 euros (un crecimiento del 3,4%). En términos de crecimiento porcentual, Extremadura, a pesar de tener el salario medio más bajo del país (1.641 euros al mes), registró el mayor aumento, con un 7,4% de incremento en 2024. Le siguen Baleares, con un 5,5%, y Murcia, con un 5,4%. En estas regiones, el aumento del salario mínimo interprofesional, especialmente en sectores como la agricultura y la hostelería, ha influido en el crecimiento de las remuneraciones. En contraste, La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y Andalucía fueron las comunidades con menores incrementos, todas por debajo del 3%. A pesar de estos avances, Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, destacó que el poder adquisitivo del salario medio en España sigue siendo un 7,9% inferior al nivel más alto registrado en 2009. En aquel momento, los salarios aún reflejaban el auge económico previo a la crisis financiera, mientras que las empresas optaban por reducir plantilla en lugar de ajustar sueldos. El Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, en su decimotercera edición, analiza no solo la evolución salarial, sino también otros aspectos del mercado laboral. Evalúa cinco áreas clave: remuneración, seguridad en el empleo, oportunidades de desarrollo profesional, conciliación entre la vida laboral y personal, y conflictividad en el trabajo. Para medir estas condiciones, el informe asigna puntuaciones del 1 al 10 en 16 subcategorías. En la edición actual, la Comunidad de Madrid (7,2 puntos), Cataluña (6,9 puntos) y la Comunidad Valenciana (6,4 puntos) lideran el ranking con las mejores condiciones laborales del país, superando la media nacional de 6,3 puntos. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha (5,3 puntos), Asturias (5,2 puntos) y Canarias (4,2 puntos) presentan las peores condiciones laborales, siendo esta última la única en suspender.

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(El Economista, 07-03-2025) | Laboral

Más de un tercio de las autonomías tiene menos de dos afiliados por pensionista

El envejecimiento de la población representa uno de los mayores desafíos que enfrentará nuestro país en los próximos años. La jubilación progresiva de la generación del 'baby boom' ya comienza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones, pues el número de jubilados sigue creciendo en relación con la cantidad de trabajadores en activo que financian dichas prestaciones. En febrero, a pesar del buen momento que atraviesa el empleo, la proporción de pensionistas respecto a los ocupados se mantuvo en un 44%. Además, en seis de las 17 comunidades autónomas, la tasa de ocupados por pensionista fue inferior a 2, el umbral recomendado por los expertos, lo que representa el 35,29% del territorio nacional. Según los datos de la Seguridad Social, en el segundo mes del año se contabilizaron 21.196.154 afiliados al sistema, mientras que el número de pensionistas ascendió a 9.317.228. Esto significa que, por cada 100 trabajadores cotizando, 44 personas recibieron una pensión, o lo que es lo mismo, que por cada 10 empleados hubo más de 4 jubilados. Sin embargo, esta proporción varía significativamente entre comunidades autónomas. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y el País Vasco destacan como las regiones con la mayor cantidad de pensionistas en relación con los afiliados. En estas zonas, la cifra de trabajadores por jubilado es inferior a 2, con valores específicos de 1,41 en Asturias, 1,54 en Galicia, 1,67 en Castilla y León, 1,72 en Cantabria, 1,82 en Extremadura y 1,92 en el País Vasco. A nivel nacional, la media se sitúa en 2,27, aunque la última ratio oficial publicada en diciembre por el Ministerio de Seguridad Social fue de 2,44 cotizantes por pensionista. Este indicador es clave en el sistema español, donde los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. El director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, explica que la tasa de dependencia sigue en el 44% debido al retiro de la generación del 'baby boom' y al aumento de la esperanza de vida, factores que contrarrestan el impacto positivo del empleo. Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández-Bravo, advierte que, aunque el crecimiento del empleo es favorable, no es suficiente para sostener el sistema a largo plazo. "El incremento de la ocupación es positivo, pero la proporción de jubilados continuará en ascenso en las próximas décadas, por lo que confiar únicamente en el empleo para financiar las pensiones no es una solución sostenible", señala. Ambos expertos coinciden en que la situación actual de la Seguridad Social es compleja, aunque podría mejorar con reformas que promuevan el retraso en la jubilación y fomenten una mayor participación laboral. Desde la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, se han implementado diversas medidas para aliviar la presión sobre el sistema, como el incremento de la edad de jubilación, la introducción de nuevos esquemas de cotización como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la creación de incentivos para quienes decidan posponer su retiro, ya sea mediante la jubilación parcial, activa o demorada. Actualmente, el Ministerio estudia la posibilidad de una jubilación flexible, que permitiría a los pensionistas reincorporarse al mercado laboral. ¿Es posible frenar el aumento de la tasa de dependencia y, por ende, la presión sobre el sistema? Doménech cree que sí. "Retrasar la edad de jubilación, fomentar el empleo entre los mayores de 65 años y aplicar mecanismos automáticos de ajuste en las pensiones ayudaría a estabilizar la tasa de dependencia", explica. También considera que mejoras en la productividad contribuirían a mitigar temporalmente la presión sobre el sistema, aunque insiste en que es necesario reducir el actual desequilibrio financiero. Fernández-Bravo añade que, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es fundamental revisar aspectos como la edad de retiro, las contribuciones al sistema e incluso el modelo de pensiones, considerando la posibilidad de reforzar esquemas de ahorro privado o mixto. La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 mediante el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, introdujo medidas para incrementar los ingresos destinados a financiar el sistema, aunque muchas de ellas han recaído sobre las empresas, afectando su competitividad. En particular, Fernández-Bravo se refiere a la implementación del MEI, que supone una carga adicional para el sector empresarial. Según Doménech, hay tres posibles escenarios para el futuro del sistema de pensiones. En primer lugar, si no se realizan más reformas, la tasa de dependencia y el gasto en pensiones aumentarán, comprometiendo la viabilidad del sistema. En un segundo escenario, si se aplican ajustes graduales, como el retraso en la edad de jubilación, la presión se reduciría parcialmente, pero no sería suficiente. Finalmente, en un tercer escenario, una reforma estructural con medidas más profundas, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, adoptar un sistema de reparto basado en cuentas nocionales para corregir el desequilibrio financiero y mejorar la productividad, garantizaría la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

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(El Periódico, 07-03-2025) | Laboral

20.000 parados que han encontrado empleo ya combinan sueldo y subsidio

En los últimos cuatro meses, 20.000 personas que se encontraban en situación de desempleo han conseguido trabajo y están combinando su nuevo salario con el subsidio de paro. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó este jueves el primer balance de la reciente reforma del sistema de protección por desempleo, aprobada el año pasado y cuya aplicación se ha realizado por fases. Entre sus principales novedades destaca la posibilidad, en vigor desde el 1 de noviembre, de compatibilizar salario y subsidio, una opción que antes no estaba permitida y que busca fomentar la búsqueda activa de empleo. Esta semana, el Gobierno publicó los últimos datos sobre empleo y desempleo correspondientes a febrero, que reflejan que España ha alcanzado un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, con 21,19 millones de trabajadores en activo. No obstante, las cifras de paro aún no han regresado a los niveles previos a la crisis de 2008. Actualmente, 2,59 millones de personas están registradas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), de las cuales 710.114 tienen derecho al subsidio de desempleo, que asciende a 570 euros mensuales y está destinado a quienes han agotado o no cumplen los requisitos para acceder a la prestación contributiva. Desde el 1 de noviembre, este subsidio puede combinarse con un salario durante un máximo de 30 meses. Su importe varía según si el empleo es a jornada completa o parcial y disminuye progresivamente con el tiempo. En el caso de un contrato a tiempo completo, el trabajador recibe inicialmente 480 euros de subsidio, además de su salario, pero la ayuda se va reduciendo cada trimestre hasta alcanzar los 120 euros antes de extinguirse por completo. El objetivo de esta medida es incentivar la aceptación de empleo sin que los desempleados tengan miedo de perder el subsidio. Hasta ahora, muchos evaluaban cuidadosamente si aceptar un contrato, ya que, si este finalizaba en poco tiempo, podían quedarse sin sueldo y sin ayuda económica temporalmente. La reforma del sistema de desempleo sigue implantándose por etapas. Actualmente, la compatibilidad entre subsidio y salario solo se aplica a quienes perciben el subsidio, pero a partir del 1 de abril también podrá aplicarse, en algunos casos, a quienes cobran la prestación contributiva, que es la que recibe la mayoría de los parados. En este momento, 958.466 desempleados perciben esta prestación. El envejecimiento de la población también se refleja en el mercado laboral, con un aumento significativo del desempleo entre los trabajadores de mayor edad. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez desempleados en España tienen 45 años o más, un grupo que el Sepe considera de difícil inserción laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz destacó la evolución positiva del empleo en España, señalando que este dinamismo es clave para el crecimiento del PIB. Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos pendientes, especialmente la reducción del desempleo entre los trabajadores mayores y los menores de 30 años. Reformas como la compatibilidad del subsidio con el salario buscan contribuir a este objetivo. En paralelo, el Sepe continúa su proceso de transformación hacia la futura Agencia Española de Empleo. Este nuevo organismo, junto con los servicios autonómicos de empleo, deberá garantizar un mínimo de servicios a los desempleados para facilitar su reincorporación al mercado laboral. Entre sus funciones se incluyen la elaboración de itinerarios personalizados de formación e inserción y la gestión de vacantes en empresas privadas.

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(Expansión, 06-03-2025) | Laboral

Los trabajadores españoles no están motivados ni más contentos con su trabajo

La "gran renuncia", el aumento del absentismo laboral, la escasez de talento y la irrupción de la inteligencia artificial en la rutina de trabajo han sido algunos de los temas más destacados en 2024. A ello se suma el regreso del presentismo, una práctica que poco contribuye al bienestar de unos empleados cada vez más desencantados con su entorno laboral. Esta situación está generando un creciente desánimo entre los trabajadores, según revela el V Índice de Medición de Experiencia del Empleado de Lukkap, cuyos resultados adelanta EXPANSIÓN en exclusiva. Solo el 67% de los profesionales en España se siente a gusto en su empleo, un dato que, aunque positivo, dista del 80% que debería alcanzarse para que las empresas logren atraer y retener talento de manera efectiva. El informe indica una ligera mejora en aspectos como la experiencia diaria en el trabajo, el desarrollo profesional y el proceso de incorporación a la empresa. Sin embargo, persisten problemas en la relación con los superiores, la gestión de cambios de rol, las reestructuraciones y los despidos. La percepción del entorno laboral varía según el sector. El ámbito asegurador es el mejor valorado, superando la calificación de 6 en satisfacción y compromiso, y registrando un Employee Net Promoter Score (eNPS) positivo de 5. En cambio, sectores como gran consumo (-54), banca (-49) y retail (-38) presentan los índices más bajos. Uno de los datos más relevantes del informe es que, en promedio, el 13% de los empleados planea dejar su trabajo en el próximo año. Este porcentaje es aún mayor en sectores como retail (21%), construcción (16%) y servicios profesionales e industria (14%). En general, la satisfacción y el nivel de compromiso no superan el 6,5 en la mayoría de los sectores, salvo en educación (7 en compromiso) y seguros, que obtiene un notable con 7,4 en satisfacción y 7,2 en compromiso. Ningún sector alcanza el sobresaliente. El absentismo laboral sigue siendo un desafío para las empresas. Hasta septiembre de 2024, se registraron 468.093 bajas en la Seguridad Social por problemas de salud mental, representando el 7,1% del total. Además, su duración promedio es de 65 días, con un coste estimado de 6.000 euros por trabajador. En 2023, el impacto económico del absentismo para las empresas superó los 12.450 millones de euros. El malestar de los empleados se refleja en los datos del estudio: el 76% de los encuestados ha experimentado emociones negativas en el ámbito laboral. Como resultado, el eNPS ha descendido 50 puntos y la intención de abandonar el puesto de trabajo ha aumentado un 11%. El perfil predominante entre los afectados corresponde a profesionales técnicos sin equipo a su cargo, de entre 45 y 54 años, con más de quince años de antigüedad en la empresa. El informe destaca que el 25% de los trabajadores sufre síndrome de burnout, el 21% se siente frustrado y el 15% experimenta hastío. Según Lukkap, la experiencia del empleado se encuentra estancada, ya que tres de cada cuatro indicadores se mantienen sin cambios respecto al año anterior. Aunque la intención de salida ha disminuido un 4%, la falta de acción por parte de las empresas no contribuye a mejorar la situación. "No hacer nada no sirve de nada", advierte el estudio. En un contexto de creciente competencia por el talento, la falta de medidas concretas impide que los empleados se sientan más satisfechos en sus puestos de trabajo. El informe también señala que los sectores que invierten en la mejora de la experiencia del empleado obtienen mejores resultados. En estas empresas, el grado de recomendación mejora de -23 a 22, la intención de cambio baja al 10% y el compromiso de los trabajadores aumenta del 6,5 al 8. El liderazgo sigue siendo una asignatura pendiente en la gestión empresarial. Ser un buen líder no se limita a proporcionar retroalimentación, sino que implica guiar y acompañar a los empleados en su desarrollo profesional. Aunque el 65% de los trabajadores recibe comentarios sobre su desempeño, solo el 54% siente que sus superiores se involucran en su crecimiento profesional y les orientan sobre los pasos a seguir para avanzar en su carrera.

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