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(El Periódico, 24-01-2025) | Laboral

Trabajo publica una orden para blindar el SMI en el nivel de 2024 tras decaer su prórroga en el Congreso

El Ministerio de Trabajo ha emitido un criterio interpretativo que insta a las empresas a garantizar que ningún salario sea inferior a 1.134 euros brutos mensuales, a pesar de que actualmente no está vigente la norma que regula el salario mínimo interprofesional (SMI). Esto se debe a que el Congreso rechazó el pasado miércoles el denominado "decreto ómnibus" del Gobierno, que incluía la prórroga del SMI, así como medidas como la revalorización de las pensiones y la bonificación del transporte. La caída de esta norma deja legalmente sin efecto el umbral mínimo salarial, lo que podría permitir a las empresas establecer nuevos contratos con sueldos por debajo de lo estipulado anteriormente. Con el objetivo de evitar "cualquier perjuicio para los trabajadores", según declaró el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la Dirección General de Trabajo ha emitido este criterio interpretativo. En dicho documento, el Ministerio establece que el SMI sigue vigente, basándose en la interpretación de diversos artículos del Estatuto de los Trabajadores, la Constitución y la Carta Social Europea. Según este criterio, sería incompatible con los principios fundamentales de la legislación laboral la eliminación de un mínimo legal para los contratos laborales. En España, el SMI afecta directamente a 2,5 millones de trabajadores, de los cuales 300.000 están en Cataluña. Para aquellos empleados con contratos ya existentes, la pérdida de vigencia de la norma que regula el SMI no tendrá un impacto inmediato. Las empresas no pueden reducir los salarios de estos trabajadores sin justificar una modificación sustancial de las condiciones laborales, lo que requiere una argumentación jurídica y económica, además de un período de preaviso y negociación. Sin embargo, el riesgo es mayor en los casos de empresas no reguladas por convenios colectivos o particulares que contraten, por ejemplo, a personal del hogar. Para evitar posibles abusos en estas situaciones, el Ministerio de Trabajo ha tomado medidas y ha solicitado que se mantenga la referencia del SMI. Además, advierte que cualquier incumplimiento podría ser denunciado ante los tribunales, donde es probable que los trabajadores afectados obtengan un fallo favorable. En un comunicado, el Ministerio de Trabajo ha asegurado que la Inspección de Trabajo velará por el cumplimiento de esta obligación empresarial y se encargará de verificar que los empleados reciban el salario correspondiente. Los trabajadores que consideren que están percibiendo un salario inferior al que les corresponde pueden presentar una denuncia, ya sea de manera presencial en las oficinas de Trabajo o a través de medios telemáticos, siendo esta última opción generalmente más ágil.

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(Expansión, 23-01-2025) | Laboral

Luz verde a la reforma que permite cobrar un salario y el 100% de la pensión

Se ha validado el decreto que introduce mejoras en los incentivos para el retraso voluntario de la jubilación, además de incorporar cambios en la jubilación parcial y activa. Asimismo, se restablece el coeficiente multiplicador para calcular las prestaciones de los empleados fijos discontinuos. De los tres decretos aprobados a finales del pasado año, este es el único que ha recibido el respaldo del Congreso de los Diputados, gracias al apoyo del Partido Popular. Este decreto forma parte de la tercera etapa de la reforma de las pensiones impulsada por el Ministerio de Seguridad Social, que fue previamente negociada con la patronal y los sindicatos en la mesa de diálogo social en julio pasado. Sin embargo, su tramitación mediante decreto se debió a las discrepancias de algunos partidos políticos, incluyendo socios del Gobierno. De hecho, Bildu, Podemos, BNG y Vox votaron en contra. El decreto está enfocado en ampliar las opciones del sistema de Seguridad Social para compatibilizar trabajo y jubilación, buscando prolongar de manera voluntaria la edad efectiva de retiro. Entre las medidas aprobadas, se incluyen modificaciones en la jubilación parcial, la jubilación activa y los incentivos para retrasar el retiro. También se mejoran las condiciones de jubilación de los empleados fijos discontinuos, quienes recuperan el coeficiente multiplicador de 1,5 que se aplica para calcular el periodo de carencia necesario para acceder a pensiones de jubilación, incapacidad permanente y muerte y supervivencia. Estas medidas son clave, ya que el retraso voluntario de la jubilación, y por ende el aumento de la edad efectiva de retiro, representa la única vía de ahorro en pensiones contemplada en el balance financiero de la Seguridad Social tras la reforma. La jubilación parcial permite una transición gradual del mercado laboral al retiro. Hay dos modalidades: con contrato de relevo y sin él. En el primer caso, el acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo se amplía a tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, en lugar de los dos años actuales. Así, una vez que la edad de jubilación legal llegue a los 67 años en 2027 (o 65 años con 38 años y 6 meses cotizados), los trabajadores podrán acceder a esta modalidad hasta tres años antes, siempre que la empresa contrate a un trabajador para sustituir al jubilado. La jornada laboral para el jubilado parcial será del 25% al 75% (antes era hasta el 50%). No obstante, para anticipaciones superiores a dos años, la reducción de jornada durante el primer año será más limitada, entre el 20% y el 33%. Además, el contrato del relevista deberá ser indefinido y a tiempo completo, con la obligación de mantenerlo al menos dos años tras la extinción de la jubilación parcial. También se permite que los empleados fijos discontinuos actúen como relevistas. En cuanto a la jubilación activa, que permite compatibilizar pensión y trabajo, desaparece el requisito de contar con una carrera completa de cotización. Ahora será suficiente cumplir con el periodo mínimo necesario (15 años cotizados, de los cuales 2 deben estar en los últimos 15 años previos a la jubilación). Esta modalidad también es compatible con los incentivos por demora de la jubilación, que se calcularán en función de los años de retraso: 1 año de demora: 45% de pensión. 2 años: 55%. 3 años: 65%. 4 años: 80%. A partir del quinto año: 100% de la pensión. El incentivo por retraso también podrá percibirse cada seis meses en lugar de un año completo, con un incremento del 4% por año de demora, lo que permitiría sumar hasta un 10% adicional tras tres años y medio de retraso. Además, los incentivos podrán recibirse en un pago único, que promediaría 12.000 euros anuales por cada año de demora. Según la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, estas medidas buscan facilitar la compatibilización entre trabajo y pensión de manera voluntaria, sin obligar a nadie a retrasar su retiro.

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(Expansión, 23-01-2025) | Laboral

Gobierno y sindicatos rechazan, por insuficiente, el alza del 3% del SMI que plantea la CEOE

El Ministerio de Trabajo ha afirmado que "un incremento del 3% no es una propuesta adecuada", mientras que los sindicatos mantienen su postura de que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe seguir exento de tributar en el IRPF. En un contexto de inestabilidad política y decisiones legislativas apresuradas, el Gobierno afronta una situación peculiar. Mientras negociaba este miércoles con patronal y sindicatos la subida del SMI para 2025, el decreto ómnibus que prorrogaba el salario mínimo vigente fue rechazado en el Congreso. Esto ha dejado al SMI en un vacío legal, ya que, hasta que no se apruebe el nuevo incremento para 2025, técnicamente no hay un mínimo salarial aplicable en España. Aunque se prevé que este vacío no tenga efectos prácticos inmediatos, refleja el caos que atraviesa la gestión gubernamental, que ahora deberá agilizar la aprobación de la medida. En este contexto, la reunión entre el Gobierno, CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT concluyó sin un acuerdo definitivo. Los sindicatos rechazaron la propuesta de la patronal de un aumento del 3% (equivalente a 34 euros adicionales sobre los 1.134 euros mensuales vigentes en 2024), que además estaba condicionada a la vinculación del alza del SMI a los contratos públicos y a ayudas específicas para el sector agrícola. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, valoró positivamente que la CEOE haya presentado una propuesta concreta, pero fue tajante al señalar que "un incremento del 3% no es adecuado, ya que no cumpliría con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, asumido por este Gobierno con los ciudadanos". Pérez Rey también dejó claro que el Ejecutivo no apoyará un aumento inferior al rango recomendado por el Comité de Expertos de Trabajo, que oscila entre el 3,44% y el 4,41%. El Ministerio liderado por Yolanda Díaz se inclina por este último porcentaje, lo que supondría un incremento de 50 euros mensuales, situando el SMI en 1.184 euros por catorce pagas. Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT defienden un aumento aún mayor, entre el 5% y el 6%, para alcanzar un SMI de alrededor de 1.200 euros al mes. Aunque no han definido un porcentaje exacto que estarían dispuestos a aceptar, sí han insistido en que el SMI debe permanecer exento de tributar en el IRPF, ya que consideran que estos salarios mínimos son fundamentales para garantizar la dignidad y suficiencia económica de los trabajadores. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda parecen reticentes a renunciar a la recaudación fiscal derivada del incremento del SMI. Los agentes sociales se reunirán nuevamente la próxima semana, posiblemente el miércoles 29, con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo. Desde Trabajo confían en que la patronal flexibilice su postura y facilite un entendimiento con los sindicatos, aunque lograr un consenso no se vislumbra como tarea sencilla.

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(Expansión, 23-01-2025) | Laboral

El remanente del Fondo de Reserva crecerá un 49% por los ingresos procedentes del mecanismo de equidad intergeneracional

La reforma de las pensiones aprobada entre 2021 y 2023 sigue generando impactos significativos, especialmente en el fortalecimiento de los ingresos de la Seguridad Social. Este aspecto es clave dentro de las medidas adoptadas en aquel periodo, cuyo objetivo principal es financiar el notable aumento del gasto en prestaciones contributivas y no contributivas. Este incremento se ha visto reforzado por la revalorización de las pensiones según el IPC y la decisión de no introducir ajustes en el sistema. Según fuentes consultadas por EXPANSIÓN, el Gobierno prevé que el Fondo de Reserva de las pensiones alcance los 14.000 millones de euros en 2025, lo que supondría un aumento del 49% respecto al cierre de 2024, cuando los remanentes rondaron los 9.300 millones de euros. Esta proyección implica multiplicar por seis los recursos acumulados en los primeros tres años de implementación del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Este mecanismo, incluido en la reforma de las pensiones, tiene como objetivo nutrir el Fondo de Reserva para garantizar la sostenibilidad del sistema ante el alto coste previsto por las jubilaciones masivas de la generación del baby boom. Según la normativa del MEI, el Gobierno no podrá utilizar los fondos acumulados a través de este mecanismo hasta 2033. Además de los rendimientos que genera el Fondo de Reserva, el principal aumento del capital acumulado proviene de las aportaciones realizadas mediante el MEI, que se aplica a todos los salarios sin importar su cuantía, incluyendo a los trabajadores autónomos. Para 2024, esta cuota se incrementó al 0,8% del sueldo bruto, con un aumento progresivo previsto hasta alcanzar el 1,2% en 2029. Las aportaciones son asumidas mayoritariamente por los empleadores (83%), mientras que los trabajadores aportan el 17%. Estas contribuciones, destinadas específicamente al Fondo de Reserva, permitirán financiar las prestaciones contributivas cuando sea necesario, consolidando así el objetivo finalista del mecanismo. En 2024, el MEI generó ingresos de 3.576 millones de euros para el Fondo de Reserva, y según estimaciones del Comité de Gestión del Fondo de Reserva, reflejadas en la memoria económica de la orden de cotizaciones para 2025, se espera que en este año las aportaciones alcancen los 4.400 millones de euros. Este incremento se debe principalmente al aumento del 0,1% aplicado en la cuota para este ejercicio. Por otro lado, el MEI también funciona como un mecanismo de corrección semiautomático para reducir el déficit de la Seguridad Social. En este sentido, organismos como la Airef y el Banco de España han advertido que, a partir de 2026, podría ser necesario un incremento adicional de la cuota o medidas alternativas para garantizar el equilibrio del sistema. Esto dependerá del análisis que realizará la Airef en la primavera de 2025, cuando evaluará la eficacia de la reforma de las pensiones y determinará si es necesario activar la cláusula de salvaguarda contemplada en el mecanismo de equidad, que permite tanto un aumento de ingresos como una reducción del gasto. No obstante, el Gobierno ha descartado por el momento esta posibilidad. Según declaraciones recientes de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista con EXPANSIÓN, no está previsto un aumento adicional en la tasa del MEI para el próximo año ni la implementación de otras medidas para reequilibrar el déficit del sistema.

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(El País, 23-01-2025) | Laboral

El sector que más nuevos empleados por cuenta propia aportaron en 2024 fue el de la información y comunicaciones

Los datos de autónomos al cierre de 2024, publicados por el Ministerio de Trabajo, reflejan que los sectores con mayor incremento en nuevos trabajadores por cuenta propia fueron información y comunicaciones, junto con actividades profesionales, científicas y técnicas. Estas áreas suelen asociarse con salarios más elevados y jornadas laborales más reducidas. Por el contrario, los sectores que más decrecieron fueron el comercio y la agricultura, caracterizados por menores ingresos y condiciones laborales más exigentes. Aunque a primera vista los datos parecen indicar una evolución positiva del tejido productivo, similar a la observada en el empleo asalariado, las principales asociaciones de autónomos advierten sobre una realidad distinta. Señalan que muchas de estas cifras esconden la proliferación de falsos autónomos, especialmente en actividades liberales, que son las que más crecen. Además, califican de "alarmante" el descenso en sectores tradicionales. A pesar de que el número total de autónomos ha alcanzado un récord histórico cercano a los 3,4 millones, representan solo el 15,9% del total de afiliados, el porcentaje más bajo registrado. En 2024, el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas sumó 13.250 nuevos autónomos, un crecimiento del 4,1% respecto a diciembre de 2023, alcanzando un total de 336.377. Este sector incluye diversas ocupaciones de alta productividad, destacando publicidad y estudios de mercado, que incorporaron 3.462 autónomos (+8,6%), actividades jurídicas y contabilidad (+3.216), y consultoría (+2.198). También se registraron aumentos en investigación y desarrollo, con 1.158 nuevos trabajadores. El sector de información y comunicaciones fue el segundo con mayor crecimiento, con 7.623 nuevos autónomos (+9,6%). Dentro de este, las actividades relacionadas con programación e informática lideraron, sumando 5.874 autónomos (+13,8%). También destacaron las actividades cinematográficas, de vídeo y televisión, con 1.292 nuevos trabajadores (+8,8%). Otros sectores con incrementos significativos fueron la construcción (+6.844), actividades sanitarias y servicios sociales (+5.638), transporte y almacenamiento (+5.269), actividades administrativas y servicios auxiliares (+4.502), y educación (+3.967). En el lado opuesto, el comercio registró una pérdida de 8.854 autónomos, siendo los comercios minoristas los más afectados (-7.858, -1,6%), seguidos por los mayoristas (-1.466, -0,9%). La agricultura también disminuyó, con 4.076 autónomos menos, al igual que la industria manufacturera, que retrocedió en 2.190 trabajadores. Esta tendencia ya se había observado en 2023, con sectores como las actividades profesionales creciendo mientras que el comercio retrocedía. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la CEOE, subrayó que la "destrucción de autónomos" en sectores tradicionales como la agricultura, la industria y el comercio lleva años repitiéndose. Amor atribuye este fenómeno al impacto del aumento del salario mínimo, la inflación y una regulación más exigente. Destacó que el retroceso es especialmente grave en zonas rurales, con provincias como Lugo (-2,1%), Ávila (-2%) y Teruel (-1,5%) sufriendo fuertes caídas, mientras que regiones más dinámicas como Málaga (+3,8%), Las Palmas (+3%) y Madrid (+2,6%) registran incrementos.

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(El País, 23-01-2025) | Laboral

El sindicato CSIF llamará a la huelga a 600.000 funcionarios si el concierto de Muface queda desierto

El sindicato de funcionarios CSIF planea convocar una huelga el próximo lunes si el concierto sanitario para empleados públicos de Muface queda sin aseguradoras interesadas, cuyo plazo de licitación vence el 27 de enero. Aunque la fecha de la huelga aún no se ha concretado, se estima que más de medio millón de empleados públicos afectados por la crisis de la mutualidad sanitaria serán llamados a participar. Actualmente, solo Asisa está evaluando si participar en la licitación, mientras que Adeslas y DKV han decidido no hacerlo debido a las pérdidas que implicaría. Muface, una mutualidad administrativa dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, permite desde hace 50 años que sus afiliados (en su mayoría docentes) elijan entre sanidad pública o privada a través de un convenio con aseguradoras. Esta mutualidad cubre a 1,5 millones de personas, incluyendo a los empleados públicos y sus familiares, de los cuales el 70% optaron por la sanidad concertada en 2024. Si no se concreta el convenio, todos los afiliados tendrían que ser atendidos por el sistema nacional de salud, agravando su ya elevada saturación. CSIF ha advertido que, de no presentarse Asisa, la huelga será convocada para la primera quincena de febrero, afectando a diversos sectores estatales como educación, universidades, ministerios, organismos oficiales, delegaciones del Gobierno y Correos. Más de 600.000 funcionarios, excluyendo a jubilados y policías nacionales, podrían participar en el paro. La situación ha generado incertidumbre entre los empleados públicos, incrementando las consultas y reclamaciones por problemas en la atención sanitaria. Desde CSIF, aseguran estar apoyando a los funcionarios en sus quejas mientras informan sobre la gravedad de la situación a través de campañas en los centros de trabajo. La crisis de Muface comenzó en octubre, cuando las aseguradoras rechazaron participar en la primera licitación para el convenio 2025-2027, pese a que Función Pública ofreció un aumento del 17% en las primas. Una segunda licitación incrementó este porcentaje al 33,5% (4.500 millones de euros en tres años), pero Adeslas y DKV tampoco participaron, dejando a Asisa como única posible candidata. Esta situación es inédita en los 50 años de historia de Muface. Óscar López, ministro de Función Pública, ha intentado tranquilizar a los afectados asegurando que la prórroga del convenio actual (2021-2024) podría extenderse hasta septiembre, pero las aseguradoras se han mantenido firmes en su rechazo. Además, el Ministerio de Sanidad, bajo el control de Sumar, ha expresado su intención de integrar a los mutualistas en el sistema nacional de salud, cuestionando la viabilidad de la excepcionalidad de Muface. Las conversaciones entre el Gobierno y el sector asegurador han explorado compensaciones por las pérdidas acumuladas, que rondan los 600 millones de euros en los últimos tres años debido a la inflación y la insuficiente financiación del convenio. Adeslas calcula que habría perdido 250 millones de euros si hubiera participado en la licitación, y DKV estima pérdidas de entre 70 y 100 millones. La gran incógnita es si Asisa puede asumir el reto de presentarse en solitario al convenio, dado que hasta ahora gestionaba a 367.000 beneficiarios y tendría que ampliar su cobertura a más de un millón de personas, un desafío logístico y económico considerable.

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(El País, 23-01-2025) | Laboral

PP y Junts tumban el decreto que debía subir las pensiones contributivas, las mínimas y el IMV

El Gobierno ha iniciado la actividad parlamentaria de 2025 con una importante derrota. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, había expresado su confianza en la aprobación del real decreto 'ómnibus', que incluía medidas como la revalorización de las pensiones con el IPC, ayudas al transporte público y apoyo a los afectados por la DANA y la erupción del volcán de La Palma. Sin embargo, la falta de apoyo del PP y el voto en contra de Junts han llevado a su rechazo. Desde la tribuna del Congreso, Bolaños defendió el decreto acusando a los partidos de anteponer intereses partidistas al bienestar general: "Si votan en contra, están rechazando ayudas clave para pensionistas, usuarios de transporte y afectados por desastres naturales". Por su parte, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, criticó la falta de justificación para estas decisiones, lamentando que los partidos prioricen sus agendas políticas. El rechazo fue confirmado por Junts, cuyo portavoz, Miriam Nogueras, anunció la negativa de su partido a tres iniciativas clave: el decreto 'ómnibus', el impuesto a las energéticas y la reforma de las pensiones. Nogueras acusó al PSOE de "mentiras, chantajes y prepotencia" en su forma de negociar. Por otro lado, el PP también votó en contra, con el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, denunciando que el decreto incluía "recortes y chantajes" y mostraba un "desprecio al marco legal y a los ciudadanos". La derrota implica que las medidas incluidas en el decreto, como la subida de pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y las ayudas al transporte público y a los damnificados por la DANA, no se aplicarán. El PP, sin embargo, ha anunciado que presentará una propuesta para revalorizar las pensiones, aunque esto requerirá meses de negociación. El Gobierno podría desglosar las medidas en varios decretos independientes, tal como reclama Junts, pero de momento no ha definido una estrategia concreta tras este revés. Bolaños ha señalado al PP como principal responsable y ha advertido de las consecuencias para pensionistas y usuarios de transporte público: "Cuando vean sus pensiones reducidas o sus billetes más caros, que recuerden quién votó en contra", dijo sin mencionar directamente a Junts. Desde Moncloa, fuentes oficiales culpan directamente a Feijóo, acusándolo de priorizar sus intereses políticos sobre las necesidades de los ciudadanos. "El PP ha dado la espalda a los valencianos y a los más vulnerables", aseguraron, dejando entrever que el Ejecutivo retomará las medidas rechazadas en los próximos días. La derrota también evidencia la fragilidad de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. No solo Junts ha mostrado su desacuerdo, sino también Podemos, que ha condicionado la negociación de los Presupuestos Generales al resultado de estas iniciativas. La decisión de Junts llega tras suspender sus negociaciones con el PSOE debido a supuestos incumplimientos y a la negativa a debatir su propuesta de someter a Sánchez a una cuestión de confianza. El amplio alcance del decreto, que incluía medidas como la subida del 2,8% en pensiones contributivas, del 6% en pensiones mínimas y del 9% en las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, así como la prórroga de ayudas al transporte y la protección para consumidores vulnerables, fue criticado por casi todas las fuerzas políticas, incluidos socios del Gobierno. Esta situación deja en evidencia los retos a los que se enfrenta el Ejecutivo en el inicio del nuevo año legislativo.

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(El País, 23-01-2025) | Laboral

El Gobierno dejará que se vean los efectos del no del PP y Junts a la subida de pensiones

El Gobierno no anticipó que la situación llegaría a este punto. Desde La Moncloa, se confiaba en que, como ha ocurrido en otras ocasiones desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia, algún grupo parlamentario cedería a la presión de evitar ser señalado como el responsable de que 12 millones de pensionistas vean reducida su paga en febrero o que millones de usuarios enfrenten un incremento en el transporte público a partir de este viernes. Según fuentes gubernamentales, se mantuvieron negociaciones hasta última hora con Junts, aunque el partido independentista asegura que su rechazo estaba decidido desde el lunes y que no hubo más diálogo. Asimismo, el Ejecutivo confiaba en que el PP optaría por abstenerse ante la presión social. Sin embargo, tanto el PP como Junts han asumido el riesgo para asestar un golpe político al Gobierno, dejando a La Moncloa en una posición de debilidad evidente, sin mayoría para abordar asuntos clave. Ahora, el Ejecutivo buscará trasladar toda la presión hacia la oposición, especialmente contra el PP, que, al igual que el PSOE, cuenta con un amplio respaldo entre los pensionistas. La alianza entre PP y Junts ha bloqueado la revalorización de las pensiones, situando al Gobierno en una posición comprometida. A partir de ahora, se abre una batalla discursiva en la que tanto el Ejecutivo como el PP intentarán responsabilizar al otro de las consecuencias. Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez, quien siguió la crisis desde Davos, no planea convocar un Consejo de Ministros extraordinario ni aprobar un nuevo decreto de inmediato. Existe margen hasta mediados de febrero, ya que las pensiones de enero se abonarán con la subida prevista del 2,8% en general, 6% para las mínimas y 9% para las asistenciales, ya que no hay tiempo para revertir esos pagos. No obstante, el problema surgirá en febrero, cuando las prestaciones podrían regresar a los niveles de diciembre si no se aprueba una nueva normativa. La derrota en el Congreso supone un fuerte desgaste para el Ejecutivo, que trató de evitar este desenlace hasta el último momento. Ahora, el Gobierno busca aprovechar la situación para recordar a los pensionistas que, bajo su gestión, las pensiones han subido conforme al IPC cada año, mientras que el PP, durante el mandato de Mariano Rajoy, impulsó un sistema de corrección que habría reducido significativamente el poder adquisitivo de las pensiones, aunque finalmente no se aplicó tras un acuerdo con el PNV. De hecho, episodios como el enfrentamiento de Alberto Núñez Feijóo con la periodista Silvia Intxaurrondo en la campaña de 2023 han servido para remarcar que el PP no siempre garantizó la actualización de las pensiones con el IPC. Si no se logra convalidar un nuevo decreto, millones de prestaciones contributivas y no contributivas, incluidas las de funcionarios de clases pasivas, podrían volver en febrero a los niveles de diciembre, perdiendo la revalorización del IPC de 2024. Esto afectaría la subida general del 2,8%, el incremento del 6% para las pensiones mínimas y del 9% para las asistenciales y el IMV. El debate político ahora gira en torno a quién soportará más presión en las próximas semanas. El Gobierno considera que abrir esta discusión sobre las pensiones puede beneficiarle, ya que las cifras demuestran su compromiso con su revalorización, algo que el PP tuvo dificultades para defender durante la campaña electoral. Sin embargo, el Ejecutivo también debe decidir hasta dónde llegar, ya que permitir que millones de personas reciban menos en febrero sería un golpe muy duro. El mensaje del Gobierno es claro: las acciones de la oposición tienen consecuencias reales para la ciudadanía, y el bloqueo parlamentario no solo afecta al Ejecutivo, sino a millones de personas. Por su parte, el PP ya ha presentado una iniciativa en el Congreso para aprobar la revalorización de inmediato, mientras que Junts plantea la aprobación de un nuevo decreto centrado exclusivamente en pensiones, transporte público y ayudas relacionadas con la DANA. El discurso desde el Ejecutivo busca responsabilizar directamente al PP. Félix Bolaños, uno de los principales negociadores de Sánchez, declaró en el Congreso: "Cuando vea su pensión bajar en febrero, que el pensionista sepa que ha sido el PP en compañía de otros". A pesar de este enfrentamiento con los populares, las relaciones con Junts no están completamente rotas, y se reanudarán las negociaciones para intentar recuperar la revalorización de las pensiones. Sin embargo, Junts sigue insistiendo en que el PSOE no ha cumplido compromisos anteriores, como la transferencia de competencias de inmigración a la Generalitat. Mientras tanto, el Gobierno centra sus esfuerzos en trasladar toda la responsabilidad al PP y buscar apoyo ciudadano para presionar a la oposición.

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(El Economista, 23-01-2025) | Laboral

¿Qué pasa con la subida de las pensiones? El Gobierno garantiza su revalorización en enero, pero bajarán a partir de febrero

El Gobierno ha enfrentado un importante revés en el Congreso de los Diputados debido al rechazo del decreto Ómnibus por parte del PP y Junts, lo que genera incertidumbre sobre los pensionistas y otras medidas sociales. Este decreto contemplaba, entre otros puntos, la revalorización de las pensiones. Ahora, con su caída, surgen dudas sobre el futuro de las pagas actualizadas y las cotizaciones sociales. Aunque los pensionistas recibirán sus pensiones revalorizadas en enero, el Gobierno advierte que estas podrían reducirse a partir de febrero si no se aprueba un nuevo decreto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que el ajuste de las pensiones con la inflación, especialmente para las mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), solo está garantizado para enero. En caso de no lograr un acuerdo, las pensiones podrían ser más bajas a partir del próximo mes. Fuentes del ministerio aseguran que, aunque el pago en enero está cubierto gracias a la vigencia del decreto hasta ahora, los pensionistas enfrentarán reducciones si no se toman nuevas medidas. Además de la revalorización de las pensiones, el decreto también contemplaba un aumento en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasaría del 0,7% al 0,8% de la nómina. Esta sobrecotización está destinada a financiar parte de las pensiones de la generación del baby boom a través del Fondo de Reserva. Sin embargo, este incremento queda ahora en suspenso. Otro aspecto relevante en riesgo es la actualización de las bases máximas de cotización. El decreto proponía un aumento del 4% sobre estas bases, considerando el IPC medio más un recargo adicional, fijando la nueva base máxima en 58.900 euros anuales. También queda en el aire la aplicación de la llamada cuota de solidaridad, un tipo de cotización para los salarios que exceden la base máxima, con gravámenes previstos entre el 0,92% y el 1,17%. Desde la Seguridad Social se han dirigido críticas hacia el PP y Junts por bloquear el decreto, acusándolos de perjudicar a los pensionistas. "Este Gobierno ha revalorizado las pensiones un 26,6% en los últimos seis años, a pesar de la irresponsabilidad de algunos grupos políticos. Tendrán que explicar por qué han recortado las pensiones en 2025", señalaron. También destacaron que estas medidas han reducido la tasa de pobreza en un 16,4% en España y evitado que casi 8 millones de personas caigan en la pobreza extrema. El incremento aprobado por el Consejo de Ministros incluye una subida general del 2,8% en las pensiones contributivas del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado, beneficiando a quienes acreditan al menos 15 años de cotización. Asimismo, las pensiones no contributivas y el IMV, que protegen a más de dos millones de personas, recibirán un incremento del 9%. Las pensiones mínimas aumentarán en torno al 6%, acumulando un 12% de incremento en los últimos dos años, superando el IPC y fortaleciendo el poder adquisitivo de los pensionistas. El Gobierno insiste en que garantizar pensiones dignas es un compromiso no solo económico, sino también de igualdad y bienestar para toda la sociedad. Sin embargo, la incertidumbre generada tras la caída del decreto subraya la necesidad de consensos urgentes para evitar afectaciones a millones de ciudadanos.

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(El Economista, 22-01-2025) | Laboral

El Gobierno aprueba la subida de las pensiones contributivas, mínimas, no contributivas e IMV

El Consejo de Ministros aprobó este martes un Real Decreto que desarrolla y ejecuta el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, centrado, entre otros aspectos, en la revalorización de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social. El documento contempla las actualizaciones de las distintas pensiones para compensar el impacto de la inflación. En el caso de las pensiones más bajas, esta medida busca reducir la brecha económica de las personas más vulnerables respecto a los umbrales de pobreza. El incremento, que se aplica desde el 1 de enero, establece una subida general del 2,8% para las pensiones del sistema de Seguridad Social y del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Estas son las pensiones contributivas, destinadas a quienes han cotizado al menos 15 años. Asimismo, las pensiones no contributivas registran un aumento del 9%, al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda que actualmente beneficia a más de dos millones de personas y protege cada vez a más hogares. En el caso de las pensiones mínimas, el incremento ronda el 6%, lo que supone un aumento acumulado del 12% en los últimos dos años, superando el crecimiento del IPC. Este ajuste permite mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas y cumplir con la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, enfocada en garantizar la suficiencia y la solidaridad del sistema. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta revalorización se aplicará a más de 12 millones de pensiones y representará un coste superior a los 7.000 millones de euros durante este año. En línea con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023, el Gobierno diseñó un esquema de revalorización que refuerza especialmente la suficiencia económica de las pensiones mínimas y no contributivas. Para 2025, la pensión mínima para personas de 65 años o más, con cónyuge no a cargo, registrará un aumento del 11,74% en dos años, alcanzando los 830 euros mensuales (1.213 euros más al año). Las pensiones mínimas con cónyuge a cargo experimentarán un incremento del 16,7%, situándose en 1.127 euros mensuales (un aumento anual de 2.259 euros). Con esta revalorización, el Gobierno asegura que las pensiones más bajas reduzcan la brecha con el umbral de la pobreza y se atienda a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, las pensiones mínimas de viudedad para personas de 65 años o con una discapacidad igual o superior al 65% han crecido un 11,66% en los últimos dos años, lo que se traduce en un incremento de 1.128 euros durante este periodo.

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