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(Cinco Días, 14-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor rompe la barrera del 2,5% por la incertidumbre económica y aligera la carga de los hipotecados

El euríbor ha registrado este miércoles un nuevo mínimo al situarse, en tasa diaria, por debajo del 2,5%, un nivel que no alcanzaba desde el 6 de octubre de 2022. En aquel entonces, el indicador hipotecario ascendía de manera constante en medio de la crisis inflacionaria. Ahora, el panorama ha cambiado completamente, con una clara tendencia a la baja. Entre los factores que influyen en este comportamiento se encuentran la incertidumbre política en Europa, marcada por las próximas elecciones en Alemania, cuyo sector industrial atraviesa una crisis que lastra su economía, y el impacto potencial de las políticas proteccionistas prometidas por Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos. Estas variables pesan más sobre el euríbor que un posible repunte inflacionario derivado de dicho proteccionismo, que podría ralentizar la política de recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esta caída representa un alivio para quienes tienen hipotecas variables. Si la media de noviembre se mantiene en el actual 2,495% -y hay previsiones que apuntan a descensos aún mayores-, los beneficiarios disfrutarán de un ahorro significativo. Por ejemplo, en una hipoteca promedio de 140.451 euros a 23 años, con un diferencial de un punto sobre el euríbor, el ahorro mensual sería de 129 euros, lo que equivale a 1.548 euros al año. Además, esta tendencia puede facilitar que más personas accedan a una vivienda en propiedad, ya que las cuotas más bajas amplían el número de solicitantes que cumplen los requisitos bancarios, los cuales suelen exigir que las mensualidades no superen un tercio de los ingresos. También brinda oportunidades para renegociar mejores condiciones con las entidades financieras o cambiar la hipoteca a otra más ventajosa. Según Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, el Gobierno probablemente no renovará el Código de Buenas Prácticas, que permite hasta fin de año cambiar una hipoteca variable por una fija o mixta con costes mínimos. Por ello, anima a aprovechar esta oportunidad antes de que caduque. El euríbor ha encadenado siete meses consecutivos de descensos, y noviembre apunta a ser el octavo. De las nueve jornadas transcurridas este mes, el indicador ha bajado en seis y subido solo en tres. Actualmente, la media mensual se sitúa en el 2,571%, inferior al 2,691% de octubre y muy lejos del 4,022% registrado en noviembre del año pasado. Con el BCE sin reuniones programadas en noviembre, las posibles alteraciones en la trayectoria del euríbor son limitadas. El próximo encuentro será en Fráncfort el 12 de diciembre, donde se espera que el Consejo de Gobierno mantenga su enfoque gradual, con otro recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés. No obstante, las implicaciones de la reciente victoria de Trump en Estados Unidos estarán en el centro del debate. En una entrevista previa a las elecciones, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió en Le Monde sobre las consecuencias de una mayor fragmentación comercial, que podría reducir el PIB mundial hasta en un 9% en un escenario extremo de desacoplamiento. La incertidumbre económica en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones europeas y receptor de importantes inversiones de empresas del continente, representa un desafío para las previsiones de crecimiento en Europa. Un menor crecimiento podría presionar al BCE para continuar reduciendo los tipos de interés, lo que impactaría directamente en el euríbor, que tiende a disminuir en línea con los recortes. En este contexto, la banca, que se ha beneficiado de los altos tipos de interés gracias al aumento en las cuotas hipotecarias, podría tener que ajustar su estrategia. Con menores ingresos por hipotecas, las entidades se verán obligadas a captar más clientes para compensar la caída en los pagos mensuales. Esto podría intensificar la competencia en el sector y beneficiar a los nuevos hipotecados con opciones más económicas.

(Expansión, 14-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los ingresos reales de los españoles caen pese al crecimiento económico

Mientras la economía europea muestra signos de debilidad, España mantiene un sólido ritmo de crecimiento. El PIB español ha aumentado a tasas trimestrales de entre el 0,8% y el 0,9% durante los tres primeros trimestres del año, y las proyecciones indican que podría cerrar 2024 con un crecimiento anual del 3%, casi cuatro veces superior al de la zona euro. Sin embargo, esta aparente prosperidad no se refleja completamente en el bienestar de los ciudadanos. Los ingresos reales per cápita de los hogares españoles disminuyeron un 0,43% en el segundo trimestre, en contraste con el aumento promedio del 0,36% registrado en los países de la OCDE. Estos datos, incluidos en un informe publicado recientemente por la OCDE, subrayan el desfase entre el avance macroeconómico y la situación económica de las familias. Aunque el PIB per cápita de España creció un 0,65% en el segundo trimestre, la renta real disponible de los hogares experimentó una nueva caída tras el repunte del 2% registrado en los primeros meses del año. Este patrón de deterioro ya se había observado al cierre de 2023, cuando también descendió un 0,32%. La diferencia entre el PIB per cápita y la renta disponible es crucial para entender esta desconexión. Mientras que el primero mide el crecimiento económico global de un país, la segunda refleja los ingresos reales de las familias, que determinan su capacidad de gasto y bienestar. Según la OCDE, que utiliza los ingresos reales per cápita como indicador del nivel de vida, este desacople es evidente en España. De los quince países analizados, España se encuentra entre los siete donde los ingresos reales per cápita de los hogares retroceden. Países Bajos (-2,25%), Irlanda (-2,22%), Chile (-1,16%) y Australia (-0,44%) registraron caídas más pronunciadas. En Alemania y Canadá, las reducciones fueron menores, con descensos del 0,24% y el 0,21%, respectivamente. En el caso de Alemania, esta caída se atribuye a un incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, junto con un débil crecimiento salarial. En España, los incrementos salariales y la moderación de los precios no fueron suficientes para mejorar la renta disponible. Por el contrario, en Portugal, los ingresos reales per cápita subieron un 2,13% gracias a un aumento significativo de los salarios, que han crecido un 23% en términos reales desde finales de 2021. Otros países con notables incrementos fueron Hungría (+1,47%), Austria (+1,14%), Reino Unido (+1,07%) e Italia (+1,04%). En menor medida, los ingresos también aumentaron en Estados Unidos (+0,43%), Francia (+0,35%) y Suecia (+0,23%). A pesar de estas subidas, el informe de la OCDE señala una desaceleración general en el crecimiento de los ingresos reales per cápita en la mayoría de los países analizados. En el segundo trimestre, el incremento promedio fue del 0,36%, notablemente inferior al 1,29% registrado en los primeros tres meses del año. Todo esto ocurre en un contexto en el que el PIB real per cápita apenas avanzó un 0,3% en el conjunto de países estudiados.

(La Vanguardia, 14-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se situó en el 1,8%

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de octubre fue del 1,8%. Esta tasa fue tres décimas superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Vivienda, que situó su variación anual en el 4,2%, lo que supuso 1,3 puntos por encima de la del mes pasado. Este aumento se debió, en su mayor parte, a la subida de los precios de la electricidad y el gas, frente a la bajada en el mismo mes de 2023. Transporte, cuya tasa anual aumentó nueve décimas, hasta el -3,0%. Este comportamiento fue consecuencia de la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en octubre del año anterior. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima respecto septiembre, y se situó en el 2,5%. En octubre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,6%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vestido y calzado, que presentó una variación del 8,5%, que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno. Este grupo repercutió 0,295 en el IPC general. Alimentos y bebidas alcohólicas, que presentó una variación del 1,4%, debida al aumento de los precios de las frutas y de las legumbres y hortalizas. Este grupo repercutió 0,265 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre. País Vasco presentó la tasa más elevada (2,3%) y Castilla-La Mancha la más baja (1,4%). En el mes de octubre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 1,8%, una décima más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,4%.

(El País, 13-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

CEOE y Consejo General de Economistas presentan una guía sobre los planes de reestructuración para negocios en situación de insolvencia

Las inundaciones causadas por la DANA han puesto en peligro la supervivencia de numerosas empresas. Ante esta situación, los Planes de Reestructuración (PdR) se presentan como una opción para evitar la declaración de concurso de acreedores y garantizar la continuidad del negocio, especialmente si enfrentan posibles escenarios de insolvencia. Con este propósito, el Consejo General de Economistas y la CEOE han publicado una guía con cerca de 100 preguntas y respuestas para explicar qué son estos planes, cómo funcionan y qué se necesita para ponerlos en marcha. Desde su regulación en septiembre de 2022, su aplicación ha sido limitada, aunque los expertos consideran que "podrían ser clave para preservar la viabilidad de muchas empresas, incluidas las más de 72.000 afectadas por la DANA". ¿Qué es un Plan de Reestructuración? Es un mecanismo preconcursal diseñado para corregir problemas financieros y operativos en una empresa. Su objetivo es evitar el concurso de acreedores y permitir la continuidad del negocio mediante ajustes en la estructura de activos, pasivos o fondos propios, devolviendo a la empresa su viabilidad. ¿Qué permite hacer? Este plan permite renegociar deudas y modificar aspectos como plazos, intereses o montos de créditos. También puede incluir la venta de activos, la reducción de inventarios, la enajenación de partes del negocio y la renegociación de condiciones con los acreedores para aliviar la presión financiera. ¿Quién puede acogerse? Cualquier empresa que enfrente una situación de insolvencia actual o previsible puede optar por un plan de reestructuración. Esto incluye negocios de cualquier tamaño, desde microempresas hasta grandes corporaciones. No hay restricciones por sector, aunque hay limitaciones respecto a ciertos créditos públicos, como impuestos o seguridad social, que solo pueden incluirse si tienen menos de dos años y la empresa ha cumplido previamente con sus obligaciones fiscales. ¿Cómo se formaliza? El plan debe ser presentado ante un juez para su homologación, lo que lo hace vinculante para todos los acreedores afectados, incluidos aquellos que no participaron o no estuvieron de acuerdo con los términos. La homologación requiere la redacción de un documento notarial que incluya certificaciones de cumplimiento de mayorías, emitidas por un auditor o experto independiente. ¿Qué requisitos debe cumplir? Para ser aprobado, el plan debe incluir: Identificación del deudor. Diagnóstico de la situación financiera y operativa de la empresa. Inventario de activos y pasivos. Relación de acreedores afectados y tipo de crédito. Medidas de reestructuración detalladas. Proyecciones financieras que demuestren la viabilidad del negocio bajo el nuevo esquema. Impacto en la plantilla y medidas laborales relacionadas. ¿Qué créditos pueden incluirse? En general, la mayoría de los créditos, excepto los laborales de alta dirección y algunos públicos con restricciones específicas. ¿Qué es un experto en reestructuración? Es un profesional independiente que asiste en la negociación del plan, supervisa su implementación y vela por los derechos de los acreedores. Puede ser designado por las partes implicadas, solicitado por el deudor o los acreedores, o nombrado por un juez si se requiere la homologación judicial. ¿Qué es una microempresa o pyme en este contexto? Pyme: Menos de 50 empleados, facturación anual menor a 10 millones de euros y no pertenecer a un grupo con consolidación contable obligatoria. Microempresa: Menos de 10 empleados, ingresos anuales inferiores a 700.000 euros y patrimonio total por debajo de 350.000 euros. ¿Qué sucede si no se logra un acuerdo? Si no hay consenso entre las partes, la empresa debe considerar la apertura de un procedimiento de concurso de acreedores en un plazo máximo de cuatro meses desde el inicio de la negociación.

(El País,12-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno adelantará de forma inmediata el 50% de la ayuda a todas las personas afectadas por la DANA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un conjunto de 110 medidas de emergencia, que se pondrán en marcha de inmediato para afrontar las graves consecuencias de la DANA. Este paquete de ayudas, valorado en 3.765 millones de euros, se añade al primer plan aprobado la semana pasada, de 10.609 millones, lo que suma un total de 14.373 millones de euros. El objetivo, según el mandatario, es "fortalecer el escudo social" para proteger a los sectores más vulnerables y facilitar la recuperación del tejido empresarial. Como parte de este esfuerzo, el Gobierno adelantará el 50% de todas las ayudas solicitadas, para evitar que los afectados tengan que esperar la resolución de sus expedientes. Además, el nuevo plan permitirá a los propietarios de viviendas alquiladas y afectadas por el temporal acceder a las ayudas, ampliando así el número de beneficiarios, ya que antes solo se cubrían primeras residencias. Asimismo, los inquilinos que hayan perdido mobiliario podrán solicitar ayudas, incluso si los bienes no son de primera necesidad. El Ejecutivo ha puesto a disposición de las familias damnificadas 150 viviendas de titularidad pública cercanas a las zonas afectadas, que podrán utilizar de forma gratuita e inmediata. Este esfuerzo se complementa con 25 millones de euros adicionales para aumentar la oferta de alojamiento, en colaboración con la Sareb. En el ámbito hipotecario, el Gobierno ha decidido extender por 12 meses la congelación de los pagos, alargando así el plazo establecido en el decreto de la semana pasada. Con esta medida, las familias en situación vulnerable podrán posponer sus pagos hasta noviembre de 2026, y solo se les cobrará el interés. Por ejemplo, Sánchez explicó que, en una hipoteca de 120.000 euros con una cuota de 600 euros, no se pagará nada durante tres meses y después solo se abonará la mitad. Los afectados tendrán tres meses para solicitar este beneficio desde la entrada en vigor del decreto. Sánchez también subrayó que el adelanto del 50% de las ayudas responde a la necesidad de dar asistencia rápida a las familias, para que puedan cubrir gastos urgentes sin esperar la conclusión del trámite. Entre otras medidas, se ha aprobado un aumento del 30% en el complemento para la infancia en las zonas afectadas, beneficiando a unas 10.000 familias vulnerables, para aliviar sus gastos básicos. En cuanto al sector agrícola, el Gobierno ha aprobado una línea de 200 millones de euros en ayudas directas para explotaciones con daños significativos. Además, se habilitarán 60 millones en créditos ICO para agricultores y ganaderos y un programa de reparación de infraestructuras agrarias de 175 millones, que será ejecutado por Tragsa. Esta línea de créditos se suma a los 5.000 millones gestionados por el ICO previstos en la normativa anterior. Para la restauración de infraestructuras, se ha destinado un plan de 45 millones de euros para restaurar la Albufera y otras cuencas fluviales afectadas por las inundaciones. También se asignarán dos millones de euros para apoyar a cines, librerías y entidades culturales que hayan tenido que cerrar por los daños del desastre.

(El Economista, 12-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Hernández de Cos será el próximo director del Banco de Pagos Internacionales

El Consejo del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) anunció este lunes el nombramiento de Pablo Hernández de Cos como próximo director general de la institución, cargo que asumirá el 1 de julio de 2025 por un periodo de cinco años. Hernández de Cos, quien partía como favorito para el puesto, sucederá a Agustín Carstens, cuyo mandato finalizará a finales de junio de ese mismo año. En su comunicado, el BIS destacó la significativa transformación y el fortalecimiento experimentado por la organización bajo el liderazgo de Carstens, quien implementó una estrategia ambiciosa de innovación. El presidente del Consejo del BIS, François Villeroy de Galhau, subrayó la importancia de contar con un líder "de excelencia" para continuar el trabajo de Carstens, a quien calificó como "extremadamente exitoso" en la conducción del BIS durante tiempos complejos. Además, resaltó la "notable capacidad" y la "amplia experiencia global" de Hernández de Cos como factores clave para su designación. Nacido en Madrid en 1971, Hernández de Cos es doctor en Economía y experto en macroeconomía, fiscalidad, política monetaria y estabilidad financiera. Durante su etapa como gobernador del Banco de España, cargo que ocupó hasta junio de este año, también desempeñó funciones destacadas como miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, integrante del Consejo de Estabilidad Financiera y del grupo de gobernadores del BIS, además de vicepresidente del Consejo de Estabilidad Financiera de la Autoridad Macroprudencial Española (Amcesfi). Actualmente, ejerce como profesor en el IESE Business School y colabora con instituciones como Bruegel y el Instituto Peterson de Economía Internacional.

(Cinco Días, 11-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas buscan cómo atajar una normativa sobre protección de datos cada vez más exigente

Las empresas en España cada vez están más conscientes de la relevancia de cumplir con las normativas de protección de datos. Casos como el de Santander, que sufrió una filtración de información personal de sus clientes, o el de Telefónica, que investigó una brecha de seguridad en mayo, han impulsado tanto a grandes corporaciones como a pymes a adecuar sus sistemas de privacidad a la legislación vigente para evitar sanciones. En este contexto, el despacho de abogados Écija, especializado en protección de datos, recomienda una mayor coordinación en las empresas y subraya la importancia de capacitar a los equipos para actualizar constantemente sus sistemas de privacidad y adaptarse a normativas cada vez más exigentes. En 2023, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto 357 sanciones a empresas, que suman más de 16 millones de euros por infracciones relacionadas con la privacidad. Una de las principales dificultades que enfrentan las empresas en materia de protección de datos es la "falta de personal especializado", según afirma el despacho de abogados. Para Daniel López, socio de Écija, aunque cada vez más corporaciones cuentan con un delegado de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés), las exigencias hacia esta figura aumentan constantemente. A nivel europeo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define funciones básicas para el DPO, como informar y asesorar a los empleados sobre sus responsabilidades en temas de privacidad. Sin embargo, la ley nacional (LOPDGDD) añade tareas como emitir recomendaciones, documentar vulneraciones relevantes o comunicar a los afectados las decisiones del responsable del tratamiento (artículo 36). Según López, el DPO "no puede encargarse de todo; es necesario redistribuir funciones con otras áreas". El auge de la Inteligencia Artificial también añade desafíos a las empresas en términos de cumplimiento de las leyes de protección de datos. Aunque la IA facilita la recolección de datos personales, plantea nuevos retos para el cumplimiento normativo. Para María González, socia de Écija, es clave que las empresas "solo recojan información necesaria y relevante sobre el cliente" y "verifiquen siempre la procedencia de los datos obtenidos por IA". Las empresas deben saber evaluar los riesgos de aplicar IA a nivel interno e informar a los clientes sobre el propósito de recopilar datos. "Cualquier tratamiento de datos puede ser crítico", subrayó González en un evento reciente con más de 90 representantes de firmas como BBVA, Iberdrola, Michelin, Prisa e Inditex. Jesús Yáñez, socio de ciberseguridad de Écija, destacó que el sector financiero es uno de los más afectados por las normativas de protección de datos. Además del reglamento europeo DORA, que establece requisitos de seguridad en redes, los bancos deben cumplir con la normativa PS2, que regula los servicios de pago. "La normativa exige ser diligente", comentó Yáñez en el evento. Écija considera esencial que las empresas exijan medidas de seguridad específicas a sus proveedores mediante auditorías y cuestionarios. Según Yáñez, "el 80% de las brechas en privacidad podrían haberse evitado con medidas de seguridad adecuadas". En cuanto a ciberseguridad, todas las empresas con más de 50 empleados en sectores clave como energía, transporte, banca o sanidad deben cumplir con la directiva NIS2, la normativa europea actualizada sobre ciberseguridad, que incluye sanciones de hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio anual global para entidades esenciales. Jesús Rubí, encargado de protección de datos en Écija, subrayó que el RGPD ha introducido recientemente el concepto de responsabilidad proactiva para empresas y administraciones. Para asegurar el cumplimiento normativo, las empresas deben adoptar medidas tanto antes de iniciar el tratamiento de datos personales como durante su desarrollo y ejecución. Rubí, quien fue subdirector de la Agencia Española de Protección de Datos, destacó que esta institución gubernamental ha ampliado sus "medidas correctivas". Han aumentado las "guías y herramientas" para ayudar a las empresas, como los Códigos de Conducta para fomentar buenas prácticas o Comunica-Brecha para asistir en la notificación de brechas de seguridad a las personas afectadas. Finalmente, Rubí enfatizó la importancia de una coordinación interna eficiente y constante sobre protección de datos en las empresas. Marina Torres, mánager de secretario y gobernanza en Écija, reforzó la necesidad de formación y actualización continua para cumplir con todas las normativas.

(Expansión, 11-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Relevo en la CNMV en pleno cambio económico mundial

El ministro de Economía cuenta con poco más de un mes, si desea respetar el plazo fijado, para proponer al Gobierno el nombre de la persona que reemplazará a Rodrigo Buenaventura al frente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Buenaventura finaliza su mandato de cuatro años y ha anunciado su decisión de asumir la secretaría general de Iosco, la organización internacional que agrupa a las comisiones nacionales de valores. Es posible que Montserrat Martínez, actual vicepresidenta de la CNMV, quien también termina su mandato, se sume a la salida de Buenaventura o, por el contrario, lo suceda en el cargo, o permanezca como vicepresidenta por dos años más. La situación está abierta, aunque expertos del sector apuntan que sería un inconveniente que el Gobierno optara por alguien externo al ámbito financiero, contrario a la práctica de los últimos ocho años. "Sería muy perjudicial para la institución", comentaba el máximo responsable de uno de los principales despachos de asesoría en mercados, durante el reciente evento del 35 aniversario de la creación de la CNMV y la transformación profunda que esta trajo al mercado. A lo largo de sus 35 años de historia, la CNMV ha pasado por momentos turbulentos, en ocasiones debido a problemas internos y en muchas otras por situaciones que han cuestionado la transparencia del mercado por acciones reprobables de ciertos actores. En este contexto, los cuatro años de mandato de Buenaventura han sido relativamente tranquilos en términos de conflictos internos, aunque ha tenido que lidiar con casos empresariales complejos, como el retorno del Estado al accionariado de empresas destacadas como Telefónica e Indra, la entrada de capital extranjero de países árabes y otros en algunas compañías como Telefónica o Naturgy, las disputas de poder en empresas cotizadas como Indra o Unicaja, y el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. El nombramiento de Buenaventura y Martínez al frente de la CNMV marcó la primera vez que ambos líderes tenían gran parte de su experiencia profesional dentro de la propia comisión, un hecho muy valorado estos días. Antes de Buenaventura, solo Sebastián Albella, su predecesor, había tenido experiencia previa en la CNMV en distintos cargos. El Congreso de los Diputados tendrá que confirmar la ausencia de conflictos de interés en los candidatos que proponga el Gobierno para dirigir la CNMV. El presidente actual es el décimo en la historia de la institución. A excepción de Albella, los anteriores presidentes provenían de sectores ajenos a los mercados de valores. Luis Carlos Croissier fue el primer presidente y el único que repitió mandato, seguido por Juan Fernández Armesto; Pilar Valiente, Blas Calzada, Manuel Conthe, Julio Segura, Elvira Rodríguez, Juan Manuel Santos-Juárez y Albella. Ninguno de ellos tuvo un mandato fácil, debido a factores externos y, en varias ocasiones, a diferencias internas entre presidente y vicepresidente. Todavía no se sabe quién será el próximo presidente de la CNMV, pero deberá afrontar desafíos importantes, como el aumento del proteccionismo con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, una posible guerra comercial con China, la presión inflacionaria en EE. UU., la reducción de los tipos de interés del BCE y la persistente alta liquidez en los mercados, que por ahora no tiene un final claro.

(El País, 11-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El presidente de la Reserva Federal subraya que no piensa dimitir y que Trump no puede echarle

La Reserva Federal ha seguido su línea habitual este jueves. En medio de la conmoción tras la contundente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, el banco central de Estados Unidos ha reducido los tipos de interés en 0,25 puntos, una medida ampliamente anticipada. El Comité Federal de Mercado Abierto ha situado el rango de interés entre el 4,5% y el 4,75%. Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reafirmó su compromiso con la independencia del banco central frente a las posibles presiones de Trump, declarando que no renunciará incluso si se lo solicitan y recordando que la ley impide al presidente cesarlo a él o a otros miembros del consejo antes de que terminen sus mandatos. Trump representa una amenaza para la autonomía del banco central, la cual está protegida por ley. Un presidente no puede socavar esta independencia de manera unilateral, y tanto republicanos como demócratas en el Congreso coinciden en que es positiva. Powell ha sido claro al expresar que no cederá ante presiones políticas. Sin embargo, el escenario podría complicarse en el futuro. El mandato de Powell (quien fue nombrado por Trump en 2018 y renovado por Biden) finaliza el 15 de mayo de 2026 como presidente y el 31 de enero de 2028 como miembro del consejo. En el pasado, Powell ya había subrayado la relevancia de la independencia del banco central en la lucha contra la inflación. Trump busca influir en la política de tipos de interés, y este jueves se le preguntó a Powell si estaría dispuesto a renunciar si se lo pidieran. Su respuesta fue un firme "No", recalcando que la ley no permite remover a los miembros del consejo. Aunque evitó responder a otras preguntas de índole política, también descartó temer interferencias del nuevo presidente. El mercado prevé un posible recorte adicional de un cuarto de punto en diciembre, aunque comienza a ajustar sus expectativas debido a las posibles consecuencias inflacionarias de las políticas comerciales y fiscales del presidente electo, que podrían complicar un aterrizaje económico suave en EE. UU. Cuando se le preguntó si esto podría modificar la política monetaria, Powell prefirió no adelantar nada: "No adivinamos, no especulamos y no suponemos", señaló. La alta inflación durante el mandato de Joe Biden ha generado malestar, que Trump ha capitalizado para ganar el apoyo de la clase trabajadora, afectada especialmente por el aumento de los precios. Trump asume el cargo con la inflación controlada y cercana al objetivo de estabilidad del 2%, pero la Reserva Federal aún no declara una victoria total. Curiosamente, algunas de las propuestas de Trump podrían tener efectos inflacionarios. Los aranceles, al elevar el costo de las importaciones, y una política fiscal expansiva basada en rebajas fiscales, aumentarían la demanda. Además, la anunciada deportación masiva de inmigrantes podría reducir la oferta de mano de obra, lo que presenta un panorama desafiante para Powell, reflejado en el aumento de los tipos de interés a largo plazo tras la victoria de Trump. Powell, consciente de que le preguntarían sobre el tema, respondió leyendo su respuesta preparada: "A corto plazo, las elecciones no afectarán nuestras decisiones". Esto fue interpretado por el mercado como una señal de que podría haber otro recorte de tipos en diciembre, salvo que surjan sorpresas. La Reserva Federal no actuará preventivamente frente a las posibles complicaciones derivadas de las decisiones de Trump y del Congreso, aunque no descarta del todo tener que aumentar los tipos en 2025 si fuera necesario. Powell explicó que muchos factores influyen en la economía, y es difícil hacer predicciones a largo plazo sobre el impacto de los cambios políticos. "No sabemos cuál será el momento ni la naturaleza de las políticas, ni sus efectos específicos sobre la economía. Si resultaran significativas, se integrarían en nuestros modelos para el máximo empleo y estabilidad de precios", dijo. Aunque evitó mencionar las rebajas fiscales de Trump, Powell sí insistió en que la trayectoria fiscal de EE. UU. es "insostenible". "La deuda en sí no es insostenible, pero el ritmo de crecimiento sí lo es", advirtió. El mensaje de Powell sobre la "fortaleza" de la economía contrasta con el discurso pesimista que ha promovido Trump en su campaña. Aunque Powell admitió que la economía "funciona bien", reconoció que "la gente sigue sintiendo el impacto de los altos precios". Añadió que "la inflación global ha afectado a todos, y aunque los precios no bajan, necesitamos años de aumentos salariales reales para que la gente se recupere, y en eso estamos trabajando". Powell considera que la economía está en el buen camino, aunque tomará tiempo antes de que las personas recuperen la confianza. La Reserva Federal realizó aumentos de tipos agresivos, no vistos desde los años 80, para contener la inflación. Con la situación relativamente controlada y un enfriamiento en el empleo, en septiembre comenzó un ciclo de recortes de tipos con una bajada de 0,5 puntos. Se anticiparon otros dos recortes de un cuarto de punto para este año, uno de ellos este jueves y otro en la reunión de diciembre, aunque han enfatizado que las decisiones dependerán de la evolución de los datos económicos.

(Cinco Días, 08-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los hoteleros ultiman la batalla legal contra el registro de viajeros de Interior

La fecha está marcada en el calendario y parece inevitable. El 2 de diciembre es el día que el Ministerio del Interior ha fijado para que entre en vigor el Real Decreto 933/2021, después de tres aplazamientos. Este decreto establece nuevas obligaciones para el registro de datos de viajeros en hoteles y agencias de viajes. Desde esa fecha, salvo que se realicen cambios, deberán facilitar hasta 42 datos por cada viajero, frente a los 14 actuales. Quienes no cumplan podrían enfrentarse a sanciones que van de los 601 a los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, debido a la falta de los registros requeridos para actividades relacionadas con la seguridad ciudadana o por no comunicar la información de forma obligatoria. Los hoteleros han manifestado su rechazo a esta normativa, que les exige recopilar información a la que, en muchos casos, no tienen acceso, y que podría llevarlos a incumplir leyes de protección de datos. "Hemos mantenido contacto constante con la Secretaría de Estado de Turismo, pero no nos hemos reunido con Interior desde el pasado 4 de octubre, pese a nuestras solicitudes", señala Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a 16.000 hoteles y alojamientos. "Queremos que se nos libere de estas obligaciones por varias razones. La principal es que la mayoría de las reservas se realizan a través de agencias de viajes en línea o bancos de camas, por lo que no sabemos quién está detrás de cada reserva. Tampoco tenemos acceso a información como el teléfono móvil, correo electrónico, relación entre los viajeros o el precio de la estancia", comenta Estalella, quien añade que proporcionar esos datos vulneraría la normativa de protección de datos. Además, "se nos exige también datos del medio de pago, como número de cuenta o tarjeta, lo cual infringe la normativa comunitaria sobre protección de datos". Los hoteleros están dispuestos a recopilar y enviar a las fuerzas de seguridad únicamente la información que aparece en el DNI o pasaporte, como ya lo hacen actualmente, pero insisten en que necesitan garantías legales. Ante la posibilidad de que Interior implemente el registro sin considerar sus preocupaciones, los hoteleros se preparan para una batalla legal contra el real decreto. Su principal argumento es la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitida el 21 de junio de 2022, que señala que las medidas de tratamiento masivo de datos personales contempladas en el decreto infringen las normas comunitarias sobre privacidad y protección de datos, incluidas las que afectan a los datos de pago. Otra línea de defensa radica en que el decreto se está tramitando por vía de decreto ley. "Nuestros asesores ya nos han advertido que es ilegal aprobar una norma que afecta derechos fundamentales como la privacidad mediante decreto ley; esta debería aprobarse con una norma de rango superior", explican. Los hoteleros también denuncian que el sistema tecnológico que Interior ha dispuesto para el intercambio de datos no funciona adecuadamente y que esta nueva exigencia convertiría a España en el único país de la UE con tales obligaciones. Además, han expresado sus dudas sobre la capacidad de fiscalización de estos datos en las viviendas de uso turístico. Las agencias de viajes también se verían afectadas por el nuevo registro. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), asegura que la prioridad es excluir a las agencias de este ámbito. "Las agencias no están incluidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, de la cual deriva este real decreto, y la norma vulnera la protección de datos y supone cargas desproporcionadas para nuestro sector", señala. La Confederación está en contacto con asesores legales y prepara un plan alternativo si el registro entra en vigor el 1 de diciembre. "Interior trabaja en una orden ministerial, pero no está claro si se aprobará. Nuestro plan b incluye esta orden para reducir los datos a proporcionar en un primer momento y excluir a actividades como el turismo corporativo, eventos y congresos, que representan una parte importante del negocio de las agencias de viajes".

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