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(Expansión, 11-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno pide a las marcas que adelanten las ayudas al coche eléctrico

Desde su puesta en marcha, el Plan Moves ha recibido numerosas críticas, principalmente por el tiempo que los clientes tardan en recibir la ayuda, que puede superar el año. Aunque el sector del automóvil considera "adecuado" el importe de las ayudas públicas otorgadas por el Gobierno (7.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico si se achatarra un coche antiguo), solicitan que el incentivo se aplique al momento de la compra. Desde hace meses, el Gobierno y el sector automotriz están negociando los términos del Moves 2025, tras el aplazamiento de junio, buscando una fórmula consensuada. El sector aboga por una ayuda directa, pero la complejidad administrativa debido a las particularidades territoriales de España dificulta la implementación de esta opción. Fuentes cercanas informan a EXPANSIÓN que el Ejecutivo está considerando pedir a los fabricantes que adelanten el dinero de la ayuda para que los clientes la reciban de inmediato, con la compensación posterior a las marcas. Esto aceleraría el proceso y fomentaría las ventas de vehículos eléctricos, aunque representaría una carga financiera para las marcas, que probablemente trasladarían este coste a los concesionarios, como ocurre en Francia. El Gobierno pretende seguir el ejemplo de la bonificación aplicada a los carburantes, que se implementó debido a su alza de precios provocada por la guerra en Ucrania. "Algunas marcas ya están adoptando esta fórmula, por lo que es viable", señalan. Actualmente, Renault y Dacia, a través de RCI Bank, ofrecen un préstamo al 0% durante 18 meses por el valor de la ayuda del Moves. Otras marcas como Mazda, Hyundai, Peugeot, Fiat, Jeep, Opel y Citroën también han adelantado incentivos. No obstante, según ha podido conocer este diario, también se está considerando una fórmula intermedia en la que el Gobierno y los fabricantes compartirían la financiación de las ayudas. Este esquema ya se aplicó en la década de 2010 con el Plan PIVE, que incentivaba la compra de coches nuevos con 2.000 euros, financiados a partes iguales entre el Gobierno y las marcas, condicionado a la retirada de vehículos con más de diez años. Por ahora, no hay una propuesta definitiva debido a las dificultades para modificar el formato actual del Moves, que sigue gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las negociaciones están encabezadas por Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, y Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria, aunque la decisión final recaerá en el Ministerio de Hacienda, que actualmente tiene otras prioridades. Uno de los puntos clave del Moves 4 será determinar la fuente de financiación de las ayudas. Con la prórroga de junio, el Gobierno optó por un enfoque mixto: de los 350 millones de presupuesto hasta el 31 de diciembre, 200 millones provinieron de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y 150 millones de fondos europeos destinados a la recuperación post-Covid. Sin embargo, estos fondos europeos ya se han agotado y, por ahora, no hay nuevos PGE.

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(El Economista, 11-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación cae en Estados Unidos al 2,4% a menos de un mes de las elecciones

La inflación en Estados Unidos cayó al 2,4% en septiembre, su nivel más bajo desde febrero de 2021, cuando comenzó el aumento acelerado de precios que la llevó a sus máximos en cuatro décadas, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa interanual está ligeramente por debajo del 2,5% registrado en agosto, aunque no se enfrió tan rápido como esperaban los economistas, que proyectaban un 2,3%. Este dato del índice de precios de consumo (IPC) es el último que se publica antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Durante estos años, el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos, junto con el encarecimiento de otros productos, ha afectado la popularidad del presidente Joe Biden y de su vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, lo que ha favorecido a su oponente, Donald Trump, quien critica constantemente el aumento de precios. La inflación alcanzó su pico en junio de 2022 con un 9,1%, el nivel más alto en 40 años. Aunque ahora ha vuelto a acercarse al objetivo del 2%, los votantes aún sienten los efectos en su economía diaria, ya que, aunque la inflación ha disminuido, los precios siguen altos. Según una encuesta reciente de Gallup, la economía es el tema que más preocupa a los votantes, siendo extremadamente importante para el 52% y muy importante para el 38%. Este es un factor crucial para nueve de cada diez electores, un nivel de preocupación que no se veía desde las elecciones de 2008, en plena Gran Recesión. En comparación, la inmigración es considerada extremadamente importante por el 41% de los encuestados y muy importante por el 31%. Los datos de septiembre también muestran un aumento del 0,4% en los precios de los alimentos, lo que ha contribuido al incremento mensual del 0,2% en el IPC, superior al 0,1% que esperaban los analistas. Además, la reciente subida del precio del petróleo podría impactar en el costo de la gasolina, un gasto que los ciudadanos perciben directamente. Estos datos, junto con el informe de creación de empleo de la semana pasada, que redujo la tasa de paro al 4,1%, indican que la economía estadounidense se encuentra en un buen momento, acercándose a un "aterrizaje suave", que la Reserva Federal ha intentado alcanzar durante más de dos años. Jerome Powell, presidente del banco central, inició una reducción de tipos de interés en septiembre con una baja agresiva de medio punto, pero se espera que en futuras reuniones los recortes sean más moderados, de 0,25 puntos. La próxima reunión está programada para el 6 y 7 de noviembre, justo después de las elecciones. El dato de inflación de este jueves refuerza la idea de que la inflación aún no está completamente controlada. Las actas de la última reunión de política monetaria del banco central indican que no hay prisa por reducir significativamente los tipos de interés, especialmente cuando la economía sigue creciendo y generando empleo. La Reserva Federal tiene el mandato dual de garantizar la estabilidad de precios y maximizar el empleo. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, fue del 0,3% en septiembre y del 3,3% interanual, una décima más de lo esperado y también por encima del 3,2% registrado en agosto, lo que podría complicar aún más el trabajo de la Reserva Federal si los precios de la energía vuelven a subir. En la última reunión, hubo un voto en desacuerdo por primera vez en muchos años. La consejera Michelle Bowman votó en contra de la reducción de medio punto, argumentando que una rebaja inicial de 0,25 puntos sería más adecuada. Explicó que, aunque se han logrado avances importantes en la reducción de la inflación, con la inflación subyacente alrededor o por encima del 2,5%, consideraba que una acción más agresiva del Comité podría interpretarse como una declaración prematura de victoria sobre el objetivo de estabilidad de precios. "Aún no hemos alcanzado nuestro objetivo de inflación", afirmó en su comunicado.

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(Expansión, 10-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La oferta de pisos turísticos, imparable: 50.000 plazas más

Las principales ciudades españolas suman cerca de 400.000 plazas de alquiler turístico, aproximándose a las cifras de los hoteles. Este fenómeno está afectando la oferta de vivienda residencial, que ha perdido uno de cada tres inmuebles desde 2019. En lugar de reflejarse en un crecimiento significativo de la oferta hotelera, la demanda turística en España se ha traducido en un auge de los pisos turísticos. Durante el último año, las plazas en viviendas de uso turístico en las 25 principales ciudades han aumentado un 16,6%, alcanzando las 388.453, mientras que las plazas hoteleras apenas crecieron un 1,6%, llegando a 420.736, según datos de Exceltur, asociación que agrupa a algunas de las principales empresas del sector turístico. En la práctica, esto significa que casi existe una plaza turística por cada plaza hotelera, algo que hace diez años era impensable, ya que las plazas hoteleras superaban a las turísticas en una proporción de seis a uno. Entre las ciudades que han experimentado mayores incrementos de plazas turísticas desde el verano pasado se encuentran Zaragoza (36,9%), Valladolid (31%), Murcia (28,1%) y Valencia (26,8%). En Madrid, el crecimiento ha sido del 24,8%, mientras que en Barcelona ha sido más moderado, con un 8,6%. Por el contrario, algunas ciudades han registrado una disminución en las plazas turísticas, como Pamplona (-15%), Palma de Mallorca (-8,9%), Ibiza (-8,3%) y San Sebastián (-5,4%). "Continúa el crecimiento de la demanda de viviendas de uso turístico y sigue el aumento descontrolado de la oferta de pisos turísticos, que aportan menos beneficios sociales y económicos que los hoteles", afirmó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Si se excluyen Madrid y Barcelona, donde la oferta hotelera es considerablemente mayor, en el resto de las grandes ciudades las plazas hoteleras son inferiores a las de pisos turísticos, con 241.336 plazas de hotel frente a 242.899 plazas de alquiler turístico. El tema de las viviendas turísticas es delicado por dos razones principales: en primer lugar, su impacto en el turismo, un sector clave para la economía del país; en segundo lugar, su influencia en el mercado inmobiliario, agravando el problema de acceso a la vivienda. Respecto al turismo, Zoreda destacó que el sector merece reconocimiento y apoyo, subrayando que se espera que a finales de año el turismo represente el 13,4% del PIB nacional, consolidando 2024 como un año histórico para el sector. Exceltur considera que los pisos turísticos proyectan una imagen negativa del sector en España, ya que generan empleos de menor calidad y atraen a un tipo de turista que gasta menos que los que se alojan en hoteles. Además, fomentan la "turismofobia" en las áreas con mayor afluencia de visitantes. A esto se suma el problema de la ilegalidad, con un elevado porcentaje de pisos que no cumplen con la normativa, como en Madrid, donde se estima que el 92% de la oferta es ilegal. El creciente malestar ciudadano por el impacto del turismo es una preocupación tanto para el sector como para las administraciones. En respuesta, el Consejo Español de Turismo, que incluye al ministerio y a organizaciones públicas y privadas, emitió ayer una declaración instando a una "transformación del modelo turístico" que tenga en cuenta las demandas de la ciudadanía, especialmente para abordar los retos que plantea el turismo. Apaciguar el descontento ciudadano es uno de los mayores desafíos. Zoreda fue crítico con el papel de España en las instituciones europeas, calificándolo de "decepcionante" en cuanto al tratamiento de temas como las viviendas turísticas. Recordó que el Parlamento Europeo aprobó hace unos meses un reglamento para regular los pisos turísticos, que busca hacer el mercado más transparente y combatir la ilegalidad, aunque algunos actores del sector consideran que estas medidas son insuficientes: "falta valentía política para enfrentar la ilegalidad", concluyó Zoreda.

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(Expansión, 10-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las auditoras afrontan un alud de información "verde"

Las auditoras y las empresas, comenzando por las grandes y seguido de medianas y pequeñas, se preparan para incluir en sus cuentas anuales una gran cantidad de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, algo que hasta ahora no tenía tanta relevancia. La causa de este cambio es la adaptación de la directiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), publicada a finales de 2022, que actualmente está en el Consejo de Estado con el objetivo de ser aprobada en el Parlamento antes de que termine el año, ya que el plazo máximo se cumplió en julio. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, está a cargo de esta transposición, tras haber tenido un papel importante en los trabajos preparatorios y en el proyecto legislativo para su implementación en España. Aunque la transposición de la directiva anterior sobre información no financiera (NFRD) ya amplió las exigencias para las empresas afectadas, incluyendo más detalles en los contenidos del Estado de Información No Financiera (EINF) y la obligación de que esta información fuera verificada por un auditor independiente, la CSRD va más allá y prevé un cambio profundo: su objetivo es que la información sobre sostenibilidad llegue a ser tan importante y confiable como la financiera, permitiendo comparar y asegurar la veracidad de los datos. Las firmas de auditoría están trabajando con vistas a la aprobación de esta ley, que introduce importantes modificaciones tanto en la cantidad de requisitos como en su contenido. Uno de los principales cambios es la incorporación del concepto de doble materialidad. Como explica Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC, esto implica que las empresas no solo deben informar sobre cómo afectan al cambio climático, sino también sobre cómo el cambio climático impacta en su negocio. Además, el sistema de reporte también cambiará: el estándar Global Reporting Initiative (GRI), utilizado hasta ahora, será reemplazado por 12 nuevos estándares que incluyen más de 1.000 requisitos. También se incluye la cadena de valor en los reportes de doble materialidad y en las métricas cualitativas y cuantitativas, lo que obliga a las empresas a informar sobre el comportamiento de sus proveedores y los impactos generados a lo largo de toda la cadena de valor. Desde la perspectiva de las empresas, la CSRD exige un enfoque más integrado y transversal en su funcionamiento, según Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno en KPMG. En cuanto al asesoramiento, añade que los requisitos de la nueva directiva multiplican por cinco los de la ley anterior, lo que demandará más tiempo y recursos por parte de los equipos. Además, la supervisión de esta información también se intensificará. La transposición de la directiva hará que las autoridades vigilen cómo las firmas verifican esta información, con un régimen de sanciones y supervisión similar al de la auditoría financiera, lo que supone un cambio importante, según Bascones. Las sanciones abarcarán desde multas hasta la suspensión de la capacidad para realizar verificaciones de informes sobre sostenibilidad, dependiendo de la gravedad. De cara a la transposición de la directiva, que se espera para finales de año aunque podría retrasarse, el grado de incertidumbre es bajo. Lo único que queda por definir es si la normativa española incluirá modificaciones respecto a la norma europea. Por lo demás, Pueyo asegura que todas las grandes empresas españolas sujetas a la directiva ya llevan tiempo preparándose. Esta norma aplicará a las grandes empresas de interés público con más de 500 empleados, que deberán empezar a reportar sus informes en 2025, correspondientes al ejercicio de 2024.

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(El Periódico, 10-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Constitucional declara inconstitucional la obligación de proponer alquiler social de la ley catalana de vivienda

El Tribunal Constitucional ha fallado parcialmente a favor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en su recurso contra la ley del Parlament del 3 de marzo de 2022, que modificaba las normativas de 2007, 2015 y 2016 para abordar la emergencia en materia de vivienda. El tribunal ha declarado inconstitucionales varios artículos de la ley, incluyendo el que imponía la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social antes de presentar una demanda judicial y algunas de sus obligaciones contractuales. La sentencia rechaza el recurso en su totalidad por motivos competenciales, pero considera que algunos de los preceptos impugnados efectivamente invaden competencias estatales en cuanto a legislación procesal y las bases de las obligaciones contractuales. En un caso particular, también se vulnera el artículo 25.1 de la Constitución, lo que ha llevado a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de esos preceptos. En concreto, el Tribunal ha anulado el artículo 1.3 de la ley, que exigía ofrecer una propuesta de alquiler social antes de iniciar una demanda judicial, según lo previsto en la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia de vivienda y pobreza energética. Asimismo, se ha declarado inconstitucional el artículo 12, que extendía la obligación de proponer un alquiler social antes de iniciar ciertas demandas judiciales relacionadas con deudas hipotecarias o desahucios. Además, preveía la interrupción de los procedimientos en curso si no se demostraba que se había formulado dicha oferta. El pleno también ha anulado la obligación de ofrecer alquiler social en los procedimientos ya iniciados antes de la entrada en vigor de la ley. Varios otros preceptos también han sido declarados inconstitucionales por invadir competencias estatales sobre las bases de las obligaciones contractuales. Entre ellos se encuentra el artículo 11, que establecía la renovación de los contratos de alquiler social una sola vez al finalizar su vigencia, extendiendo esta obligación a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley. También ha sido anulada la disposición adicional primera que introducía el artículo 12 de la ley impugnada, que regulaba la duración del alquiler social. Además, el Tribunal ha invalidado el artículo 7, que imponía al comprador de una vivienda una especie de responsabilidad objetiva, haciéndolo responsable por actos de otros, lo cual contraviene el principio de culpabilidad. El resto de los puntos impugnados han sido desestimados, al no encontrarse vulneraciones competenciales o sustantivas en ellos.

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(El Periódico, 10-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El turismo aumentará su peso en la economía hasta los 207.900 millones de euros este año, el 13,4% del PIB

El turismo sigue avanzando sin freno. Tras un inicio de año récord y un verano excepcional en cuanto al número de visitantes internacionales, el sector afronta el final del año con expectativas de seguir creciendo. Así, se consolida como un pilar clave de la economía nacional, generando una actividad económica estimada en 207.900 millones de euros para finales de 2024, según las proyecciones del lobby Exceltur, que agrupa a grandes empresas del sector como Meliá o Iberia. Durante el tercer trimestre, el turismo ha producido 77.156 millones de euros en actividad, un 4,8% más que el año anterior, con ventas que aumentaron un 6,3% en comparación con el mismo período del año pasado, impulsadas por el sólido comportamiento de la demanda extranjera -con un gasto medio por turista que creció un 4,8%- y una demanda nacional que "se estabiliza" -bajaron las pernoctaciones, pero mejoró el gasto con tarjeta-, según el informe de la patronal. Este buen rendimiento continuará en los próximos tres meses, ya que el lobby prevé que la facturación seguirá aumentando a un ritmo del 5,2%, gracias a la "progresiva desestacionalización" de los viajes. "El esfuerzo de reposicionamiento de la oferta -con una mayor presencia de hoteles de cuatro y cinco estrellas- está facilitando la desestacionalización, lo que permite alargar la temporada en los destinos más populares de sol y playa", explicó el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. "Además, el 40% de los empresarios a nivel nacional confía en mejorar sus ventas y continuar contratando más personal", añadió el representante de la patronal. Las empresas de transporte de pasajeros tienen las mayores expectativas de crecimiento en esta última parte del año (9,9%), seguidas por las empresas de ocio (6,4%) y las grandes agencias de viajes (4,9%). En contraste, el sector alojativo percibe un menor dinamismo (4%) en comparación con el crecimiento excepcional registrado en el último trimestre de 2023 frente al mismo período de 2022 (11%). Los destinos urbanos, que ya demostraron su fortaleza durante la temporada de verano, serán los más beneficiados en esta recta final del año, destacando ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Baleares y Canarias. En medio del debate sobre la reducción de la jornada laboral en España, la patronal del turismo advierte que la medida promovida por la vicepresidenta Yolanda Díaz será "muy complicada de aplicar" para 1,2 millones de trabajadores. En total, el sector emplea a 2,6 millones de personas, de las cuales 400.000 son autónomos, y un millón ya tiene una jornada inferior a las 37,5 horas. "Para esos 1,2 millones de trabajadores potencialmente afectados será muy difícil compensar la reducción de su jornada con un aumento en productividad, ya que ocupan puestos que requieren presencia física", explicó Óscar Perelli, director del área de Estudios e Investigaciones de Exceltur. La patronal estima que esta medida generaría un impacto de 2.348 millones de euros, al aumentar los costes en un 5,8% y reducir el beneficio medio de las empresas en un 8%.

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(Cinco Días, 09-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las letras a tres meses resisten por encima del 3% ante la menor demanda

La fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos y el alza del precio del petróleo están moderando parte del entusiasmo generado en torno a la flexibilización monetaria. Las rentabilidades de la deuda han frenado su tendencia a la baja, y un ejemplo claro es el resultado de la subasta del Tesoro. El organismo, dirigido por Paula Conthe, ha colocado 1.885,43 millones de euros en letras a tres y nueve meses con resultados mixtos. Mientras que los rendimientos de la deuda a corto plazo han subido ligeramente, los de los títulos a nueve meses han caído por debajo del 3% por primera vez desde febrero de 2023. La demanda total para ambas emisiones ha alcanzado los 4.490 millones, lo que supone una cobertura de 2,38 veces la oferta. La mayor parte de la emisión, 1.416,45 millones, ha sido en letras a nueve meses, con una rentabilidad marginal del 2,848%, frente al 3,027% de la subasta anterior. A medida que los rendimientos bajan, los pequeños inversores están comenzando a mirar hacia las ofertas de los bancos, que están lanzando productos en competencia directa con lo que hasta ahora era el activo favorito de los ahorradores. Las peticiones no competitivas, en su mayoría de inversores particulares, han alcanzado los 220,27 millones, por debajo de los 242,37 millones de la subasta anterior, marcando el nivel más bajo desde agosto, en plena temporada de vacaciones. En cuanto a la deuda a tres meses, el Tesoro ha adjudicado 468,98 millones. A diferencia de la deuda a nueve meses, la rentabilidad marginal ha subido ligeramente, pasando del 2,86% al 3,067%. Actualmente, solo las letras a este plazo siguen ofreciendo rendimientos atractivos. Aunque es la única deuda que se mantiene por encima del 3%, la demanda de los particulares ha vuelto a caer, situándose en 112,7 millones frente a los 155,98 millones de la subasta anterior. Con la inflación en moderación y signos de debilitamiento económico en la zona euro, los operadores anticipan que el BCE bajará los tipos de interés el 17 de octubre. El gobernador del Banco de Francia, François Villeroy, ha señalado en una entrevista que es probable que se reduzca el coste del dinero este mes. A pesar de que las tensiones en Oriente Medio han impulsado de nuevo el precio del petróleo, Villeroy minimizó el riesgo de que la inflación vuelva a dispararse como ocurrió en 2022 con la invasión de Ucrania. Los operadores otorgan un 95% de probabilidad a un recorte de 25 puntos básicos la próxima semana, y esta cifra sube al 105% para la reunión de fin de año.

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(El País, 09-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas avisa al Gobierno que el límite legal para remitir los planes presupuestarios es el 15 de octubre

A una semana de que venza el plazo para que los Estados miembros envíen sus planes presupuestarios a Bruselas, el Gobierno ha anunciado que retrasará su entrega. La Comisión Europea no ha recibido bien la noticia. Ayer ya advirtió que su "flexibilidad es limitada" y ha recordado a Madrid que la fecha límite para remitir los planes es el 15 de octubre. El Ejecutivo comunitario insiste en que los Estados miembros deben cumplir los plazos fijados, especialmente en estos últimos meses del año, que son cruciales antes de que en 2025 entren en vigor las nuevas reglas fiscales. Estas reglas establecen que el déficit y la deuda pública no deben superar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente. Aunque la fecha no es estricta, Bruselas espera que los Gobiernos presenten sus planes presupuestarios para el 15 de octubre o poco después. Esta expectativa de Bruselas choca con el calendario que maneja el Gobierno español, que ayer confirmó que se retrasará en la entrega de las cuentas de 2025 a la Comisión Europea. El secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, argumentó que la Comisión había solicitado a los países no enviar prórrogas de los planes presupuestarios, sino que estos incluyeran medidas concretas. Por ello, España retrasaría la presentación de sus cuentas. El tramo final del año será intenso tanto para Bruselas como para los Estados miembros. Con el regreso de las reglas fiscales, que habían sido suspendidas durante la pandemia, y un nuevo marco de gobernanza económica, los Gobiernos debían haber presentado sus planes de ajuste fiscal a cuatro años el 20 de septiembre. Sin embargo, Cuerpo advirtió que este plazo se pospondría al 15 de octubre para entregarlo junto con el plan presupuestario. A pesar de ello, ayer confirmó que, aunque se cumpliría con la entrega del primero de los documentos la próxima semana, las cuentas no llegarán a Bruselas hasta más tarde. La Comisión, en un esfuerzo por acelerar el proceso antes de final de año, había solicitado a los países que enviaran solo presupuestos que incluyeran medidas, pero esto no significa que puedan saltarse los plazos. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, fue claro al respecto. Ayer, en una rueda de prensa tras el Eurogrupo en Luxemburgo, afirmó que la "flexibilidad de la Comisión Europea es limitada". Además, explicó que el plan fiscal estructural y el plan presupuestario deben estar coordinados. De hecho, la presentación de un plan a cuatro años sin unas cuentas claras para 2025 dejaría sin efecto el plan fiscal del Gobierno español. El verdadero desafío radica en la capacidad del Ejecutivo español para aprobar unas cuentas en un Congreso donde tiene dificultades para asegurar los apoyos necesarios. La senda fiscal presentada en julio fue rechazada por Junts y no volvió a debatirse en el Congreso, como estaba previsto hace una semana, debido a la escasa probabilidad de que fuese aprobada. Esta senda es fundamental para elaborar los presupuestos. El envío de las cuentas solo requiere ser aprobado por el Consejo de Ministros para ser remitido a Bruselas, pero la senda fiscal es el paso previo necesario para delinear los presupuestos, que luego deben enfrentarse a su tramitación en el Congreso.

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(Expansión, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá: "El Banco de España se prepara para ejercer la supervisión de la IA en la banca"

La inteligencia artificial (IA) es ya una realidad y el sector financiero está en una posición privilegiada para aprovechar las oportunidades que esta tecnología ofrece. Así lo destacó José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, durante su intervención en el XV Encuentro Financiero EXPANSIÓN-KPMG, donde anunció que la entidad "se está preparando para supervisar el uso de la IA en la banca". Este evento fue organizado con la colaboración de KPMG, American Express, Cunef Universidad y Microsoft Surface. El reglamento europeo que regula esta nueva tecnología establece que, en el ámbito financiero, el Banco de España es la autoridad competente. Para fortalecer sus capacidades, Escrivá anunció la creación de un grupo de trabajo destinado a desarrollar las funciones de supervisión en el campo de la inteligencia artificial. "Desde el Banco de España vamos a apoyar a las entidades financieras para que aprovechen la inteligencia artificial y las tecnologías de digitalización ya implementadas", afirmó Escrivá, reconociendo que la inversión será significativa, pero subrayando que las entidades están en una posición sólida para afrontar este desafío. El gobernador aseguró que el Banco de España velará por un uso adecuado, transparente y seguro de esta tecnología. Asimismo, señaló que la institución se enfocará en aclarar las posibles incertidumbres regulatorias que puedan surgir durante su implementación, y en evaluar los nuevos riesgos que podrían afectar tanto a las entidades como a la estabilidad financiera y la política monetaria. "Debemos asegurarnos de que el despliegue que queremos promover se realice de manera ética y consciente de los riesgos", añadió. El grupo de trabajo tendrá un enfoque transversal, involucrando a diferentes áreas del Banco de España, como la supervisión de conducta y la supervisión microprudencial. Además, buscará aplicar la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de los propios procesos internos del banco. "Debemos desplegar nuestra capacidad de supervisión en este ámbito lo antes posible", subrayó Escrivá, añadiendo que es crucial definir lo que se puede y no se puede hacer para facilitar la implementación de la IA con los estándares adecuados. El Banco de España contribuirá principalmente con su visión especializada y conocimiento del sector bancario en la supervisión de procesos relacionados con la IA. Sin embargo, Escrivá reconoció que para los aspectos técnicos se requerirá el apoyo de la recién creada Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), dirigida por Ignasi Belda. Escrivá destacó el impacto disruptivo que la inteligencia artificial tendrá en la banca, especialmente en términos de productividad y eficiencia. Mencionó áreas como la ciberseguridad y la gestión de riesgos como las que más se beneficiarán de esta tecnología, y subrayó la importancia de que las ventajas de la IA lleguen también a autónomos y pymes. "Estoy muy enfocado en cómo la banca puede apoyar a las pymes mediante servicios basados en inteligencia artificial", señaló Escrivá, destacando que estas entidades ya forman parte de la cartera de clientes de los bancos, lo que facilita la adopción de esta tecnología. No obstante, advirtió que la IA también conlleva riesgos, ya que el reglamento europeo clasifica algunas aplicaciones como "de alto riesgo", especialmente en áreas como la clasificación crediticia y la solvencia de los ciudadanos. La normativa exige que se realice una evaluación de conformidad antes de que estas aplicaciones se introduzcan en el mercado, recomendando que dicha evaluación sea realizada por un tercero. Los usos de alto riesgo deberán ser valorados por una "autoridad notificada", cuya definición está prevista para agosto de 2025. Escrivá concluyó enfatizando la necesidad de garantizar que los algoritmos no generen comportamientos sesgados, respeten la protección de datos y sean transparentes en su funcionamiento.

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(Expansión, 08-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El acceso a datos de un móvil no está limitado a la lucha contra delitos graves

El 23 de febrero de 2021, durante un control antidrogas, agentes de aduanas en Innsbruck (Austria) incautaron un paquete dirigido a CG que contenía 85 gramos de cannabis. Dos semanas después, dos agentes realizaron una inspección en el domicilio del destinatario, donde le interrogaron sobre el remitente y revisaron su vivienda. Durante la búsqueda, solicitaron acceso a los datos del teléfono móvil de CG, y al negarse este, los agentes confiscaron el móvil, junto con una tarjeta SIM y una tarjeta SD, entregándole un informe de incautación. Posteriormente, el teléfono fue enviado a un perito para intentar desbloquearlo, pero al no lograrlo, se remitió a la Oficina Federal de la Policía Judicial en Viena, donde se intentó nuevamente acceder al dispositivo. La incautación y los intentos de desbloqueo se llevaron a cabo por decisión propia de los agentes, sin contar con la autorización de un fiscal o juez. El investigado impugnó la incautación de su móvil ante el Tribunal Administrativo Regional del Tirol, descubriendo durante el procedimiento que se habían intentado desbloquear su teléfono. Por esta razón, el tribunal planteó una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si la normativa austriaca que permite a la policía actuar de esta manera es compatible con el Derecho de la Unión. La corte europea comenzó su análisis señalando que la normativa de la Unión Europea no solo se aplica cuando se logra acceder a los datos personales de un teléfono móvil, sino también cuando se intenta acceder a ellos. El TJUE subraya que el acceso a todos los datos de un móvil puede representar una intromisión grave, o incluso muy grave, en los derechos fundamentales del individuo, ya que dichos datos, como mensajes, fotos o historial de navegación, pueden revelar información muy precisa sobre la vida privada de una persona, y podrían incluir datos especialmente sensibles. La sentencia aborda otro aspecto clave: la importancia del objetivo de la investigación. El tribunal destaca que "la gravedad del delito investigado es un factor central a la hora de evaluar la proporcionalidad de la intrusión en los datos personales del móvil, que permite obtener conclusiones sobre la vida privada del afectado". No obstante, el TJUE advierte que limitar el acceso a los datos del móvil solo para la investigación de delitos graves reduciría las capacidades de las autoridades y aumentaría el riesgo de impunidad para otros delitos, lo que pondría en peligro la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Sin embargo, cualquier intromisión en la vida privada y la protección de datos debe estar respaldada por la ley, lo que implica que el legislador nacional debe definir claramente los criterios que se deben considerar, incluyendo la naturaleza o gravedad de los delitos en cuestión. El tribunal concluye que "para garantizar el respeto al principio de proporcionalidad en cada caso, es fundamental que cuando el acceso de las autoridades a los datos personales pueda implicar una intromisión grave en los derechos fundamentales, dicho acceso esté sujeto a una autorización previa por parte de un tribunal o una entidad administrativa independiente", salvo en casos de urgencia justificada. Finalmente, la corte europea explica que este control debe asegurar un equilibrio justo entre los intereses legítimos de la investigación criminal y los derechos fundamentales a la privacidad y protección de datos personales.

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