El Govern de la Generalitat de Cataluña ha anunciado una nueva medida dentro de su plan para construir 50.000 viviendas protegidas antes de 2030. El president, Salvador Illa, informó ayer que el Consell Executiu aprobará el próximo martes la puesta en marcha de la primera convocatoria para reservar solares destinados a la construcción de viviendas asequibles.
Durante un acto en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), junto al presidente Pedro Sánchez, Illa explicó que todos los terrenos disponibles de la Generalitat se integrarán en la Reserva Pública de Suelo de Catalunya. Además, el objetivo es sumar también terrenos de los ayuntamientos y del Estado.
Los solares cedidos se ofrecerán en distintos lotes a promotores, quienes podrán presentar propuestas para construir viviendas sociales destinadas al alquiler asequible. El Govern tiene previsto lanzar una segunda convocatoria antes de que termine el año. "Cuando se trabaja en colaboración, los beneficios se multiplican", destacó Illa, reafirmando el compromiso de su gobierno para acelerar la construcción de viviendas de forma más eficiente y rápida.
En esta línea, el president adelantó que el próximo martes también se aprobará un conjunto de medidas destinadas a agilizar los trámites administrativos para la edificación de viviendas. Entre ellas, se plantea una reforma de la ley de urbanismo con el propósito de aumentar la capacidad de construcción en menos tiempo, lo que requerirá el respaldo del Parlament. Asimismo, se prevé la creación de una nueva licencia "básica" que facilitará el inicio de los trámites previos.
Como parte de su estrategia para ampliar el parque de vivienda social, el Govern del PSC ha concretado la compra de 1.200 pisos a las inmobiliarias InmoCaixa y Divarian, con el objetivo de destinarlos al alquiler asequible.
La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de enero fue del 2,9%, una décima superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Transporte, cuya tasa anual se incrementó siete décimas, hasta el 1,3%. Este comportamiento se debió a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en enero de 2024. Vivienda, que situó su variación anual en el 7,9%, lo que supuso cinco décimas por encima de la del mes pasado. Este aumento fue debido, en su mayor parte, a la subida de los precios de la electricidad, mayor que en el mismo mes de 2024.
Por su parte, entre los grupos con influencia negativa destacaron: Ocio y cultura, que situó su tasa en el 1,9%, 1,3 puntos por debajo de la del mes pasado. Este descenso se debió a los precios de los paquetes turísticos, que bajaron más que en enero del año anterior. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó dos décimas respecto a diciembre, y se situó en el 2,4%. En enero la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,2%.
Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vivienda, con una tasa del 3,8% y una repercusión de 0,461, a causa del incremento de los precios de la electricidad. Transporte, que presentó una variación del 0,8%, debida a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales. Este grupo repercutió 0,112 en el IPC general.
Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacaron: Vestido y calzado, con una variación mensual del -11,2%, debida a las bajadas de precios de la campaña de rebajas de invierno. Este grupo repercutió -0,445 en el IPC general. Ocio y cultura, con una tasa del -3,3%, consecuencia de la bajada de precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió -0,280 en el IPC general.
El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero. País Vasco presentó la tasa más elevada (3,5%) y Canarias la más baja (2,1%). En el mes de enero la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 2,9%, una décima más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del -0,1%.
El mercado de vehículos eléctricos ha iniciado febrero con un fuerte impulso en las matriculaciones, manteniendo la tendencia de crecimiento que cerró enero. Su cuota de mercado ha alcanzado un 8,1%, un récord sin precedentes en España. Según los datos de Ideauto hasta el 10 de febrero, las ventas de coches eléctricos han aumentado un 49,6%, con un total de 1.276 unidades registradas. Sin embargo, este crecimiento está influenciado por un factor excepcional: la marca italiana Fiat ha entregado cerca de 300 unidades en una flota empresarial, lo que ha impulsado sus cifras y la ha convertido en la firma más vendida dentro del segmento eléctrico.
En concreto, Fiat, perteneciente al grupo Stellantis, lideró las matriculaciones en España entre el 1 y el 10 de febrero con 335 unidades de su modelo Fiat 500, lo que representa más de una cuarta parte de los coches eléctricos vendidos en ese periodo. Más allá de esta circunstancia puntual, Tesla se mantiene en los primeros puestos con 175 matriculaciones, logrando una cuota del 13,7% en el segmento eléctrico. De estas, 118 corresponden al Model Y, mientras que el Model 3, el eléctrico más vendido en España en 2023 con 11.043 unidades, no ha alcanzado aún cifras destacadas este año, con solo 52 unidades en febrero. Este descenso podría deberse a retrasos en la llegada de embarques desde China, lo que provoca fluctuaciones en su disponibilidad.
Por su parte, Kia continúa entre las marcas más vendidas gracias al EV3, modelo que lideró las ventas en enero y del cual ya se han matriculado 84 unidades en lo que va de mes. No obstante, a medida que avance febrero, es probable que el crecimiento del mercado eléctrico se modere debido a la ausencia de incentivos para la compra. El Plan Moves III, que ofrecía hasta 7.000 euros por achatarrar un vehículo de combustión y permitía deducciones de hasta 3.000 euros en el IRPF, quedó en suspenso tras la derogación del decreto ómnibus en el Congreso el pasado 22 de enero. Días después, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), organismo encargado de distribuir los fondos a las comunidades autónomas, emitió un comunicado en el que informaba de la paralización de las ayudas solicitadas hasta esa fecha. Sin embargo, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, desmintió esta información y aseguró que el Gobierno trabaja en reactivar los incentivos y que estos cubrirán las solicitudes presentadas en enero.
El Ejecutivo tiene previsto lanzar un nuevo programa de ayudas diferente al Moves III, con gestión estatal y entrega directa en el momento de la compra, evitando así los largos plazos de espera actuales. No obstante, aún no se ha definido un calendario concreto para su aprobación, limitándose el Gobierno a señalar que ocurrirá en "las próximas semanas".
Esta situación llega en un momento clave para la industria automovilística, que enfrenta una normativa más estricta de emisiones impuesta por Bruselas a través de la nueva regulación CAFE. Esta normativa reduce el límite de emisiones medias de los vehículos nuevos de 115,1 gramos de CO2 por kilómetro a 93,6 gramos.
Ante este escenario, fabricantes como Stellantis, Toyota, Mazda, Subaru y Ford han solicitado unirse a un pool liderado por Tesla, permitiendo que sus emisiones sean contabilizadas de forma conjunta en lugar de individualmente. A cambio, Tesla podría recibir hasta 1.000 millones de euros por la venta de sus derechos de emisiones a estas marcas. En contraste, Volkswagen y Renault han rechazado esta opción y han instado a la Comisión Europea a flexibilizar la normativa, algo que podría materializarse en marzo, cuando se presente un plan para mejorar la competitividad de las empresas europeas frente a las de EE.UU. y China.
A partir de las próximas semanas, las operadoras de telecomunicaciones como Telefónica, Masorange, Vodafone y Digi deberán bloquear los números de teléfono fraudulentos utilizados para cometer estafas mediante la suplantación de identidad de empresas o instituciones. Este tipo de fraude ha crecido un 500% en la última década, según señaló ayer Matías González, secretario general de Telecomunicaciones del Ministerio de Transformación Digital.
Estas medidas están recogidas en una Orden Ministerial firmada ayer por el ministro Óscar López, cuyas disposiciones comenzarán a aplicarse 20 días después de su publicación en el BOE. Sin embargo, algunos requisitos que requieren adaptaciones técnicas por parte de las operadoras o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contarán con un plazo más amplio para su implementación. El incumplimiento de estas normas será considerado una "infracción grave", lo que, según la Ley General de Telecomunicaciones vigente, puede acarrear sanciones de hasta dos millones de euros.
La primera de las medidas obliga a las operadoras a bloquear en sus redes las llamadas o SMS que utilicen numeraciones no asignadas a clientes finales ni a operadores de telecomunicaciones, como aquellas que comienzan con los prefijos 3 o 4. Este bloqueo se aplicará automáticamente desde la entrada en vigor de la orden ministerial.
La segunda obligación establece el bloqueo de llamadas y mensajes que provengan del extranjero pero que aparenten utilizar un número español, como aquellos que comienzan con el prefijo +34 91 (Madrid) o +34 93 (Barcelona). No obstante, estarán exentas las llamadas realizadas por usuarios en itinerancia internacional (roaming). Dado que esta medida requiere ajustes técnicos en las redes de las operadoras, su aplicación tendrá un plazo de implementación de tres meses.
En tercer lugar, la normativa regula el uso de etiquetas alfanuméricas en los SMS, como "CORREOS" o "C.MADRID", que los estafadores imitan para engañar a los ciudadanos. Para evitar esto, la CNMC creará una base de datos en la que se registrarán y verificarán estos códigos. Aquellos no registrados serán bloqueados, aunque esta medida no entrará en vigor hasta mayo de 2026, ya que se requiere un período de 15 meses para la creación e integración de la base de datos con las operadoras.
Adicionalmente, el Ministerio ha prohibido el uso de números móviles para realizar llamadas comerciales. Muchas estafas se producen cuando los ciudadanos reciben llamadas de números móviles desconocidos, lo que dificulta su identificación. Dado que la numeración móvil está destinada a identificar a usuarios finales y no a empresas, su uso en llamadas comerciales quedará prohibido a partir de mediados de mayo, tres meses después de la entrada en vigor de la orden.
Por último, la nueva normativa permitirá que los números de tarificación especial, como los 900 y 800, así como los números cortos (por ejemplo, el 1004 de Telefónica), puedan realizar llamadas comerciales. Hasta ahora, estos números solo estaban habilitados para recibir llamadas.
España ha sido el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más han aumentado las rentas disponibles de las familias en el tercer trimestre de 2024 en comparación con los tres meses anteriores. Este incremento, del 2,2%, se ha registrado después de descontar impuestos e inflación y al sumar las prestaciones sociales, como las pensiones. En términos de índice, este nivel ha alcanzado un máximo histórico, situándose más de seis puntos por encima del registrado antes de la pandemia. Según la OCDE, este crecimiento se debe principalmente a los "fuertes aumentos en el ingreso por propiedad". El organismo ha publicado datos de 19 de los 38 países que integran la organización, y en el conjunto del bloque el avance ha sido mucho más moderado, con un crecimiento medio del 0,2% en el mismo periodo.
El informe de la OCDE, con sede en París, destaca que el peso de las rentas de la propiedad -que incluyen ingresos por alquileres, intereses o dividendos- en España ha aumentado del 6,6% en el cuarto trimestre de 2019 al 10,4% en el tercer trimestre de 2024, una tendencia que también se ha observado en otros países europeos. "Este crecimiento en la participación de la renta de la propiedad en la composición de los ingresos también se ha registrado en otros lugares de Europa, especialmente en Grecia y Francia, donde ha sido el componente de mayor crecimiento entre finales de 2019 y el tercer trimestre de 2024", señala el documento.
Uno de los factores que ha podido impulsar este incremento es la revalorización de los inmuebles en España, que ha experimentado una subida sin precedentes en los últimos años, alcanzando precios similares a los de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo. Este fenómeno no es exclusivo del país, ya que el mercado de la vivienda ha mostrado una tendencia alcista en toda Europa, con variaciones según el país y la ciudad. Entre las causas de este fenómeno se encuentran la recuperación de la demanda tras la pandemia, un período en el que los hogares aumentaron sus niveles de ahorro, la escasez de oferta impulsada por el auge del alquiler turístico y la subida de los tipos de interés, que también ha influido en el mercado.
Por otro lado, las rentas derivadas de prestaciones sociales, como pensiones y subsidios por desempleo, han reducido su aportación en España tras alcanzar un pico en la última parte de 2020, durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19. En cambio, la remuneración de los empleados se ha mantenido estable en el periodo analizado.
La renta disponible de los hogares incluye tanto el gasto de consumo final como el ahorro de los hogares, y está compuesta por los ingresos del trabajo y de la actividad económica, así como por las pensiones, otras ayudas sociales y rendimientos de inversiones financieras. Aunque el ingreso medio de las familias ha aumentado ligeramente en el conjunto de la OCDE, la evolución ha sido desigual: 12 países han registrado incrementos, 6 han sufrido descensos y 1 ha permanecido sin cambios.
El PIB per cápita de los hogares ha crecido un 0,3% de media en el tercer trimestre de 2024 con respecto al trimestre anterior. Aunque este indicador es similar a la renta real, no son equivalentes, ya que el PIB per cápita mide los ingresos descontando la inflación según el deflactor del PIB. También en este caso, España ha superado la media con un avance del 0,6%, aunque el mayor crecimiento lo ha registrado Irlanda (3,23%), seguida por Lituania, México, Dinamarca, Israel, Países Bajos y Estados Unidos.
Después de España, los países que han experimentado los mayores aumentos en la renta real de los hogares han sido Grecia (1,3%) y Canadá (1,15%). Alemania ha registrado un leve avance del 0,1% tras haber sufrido una contracción en el trimestre anterior, mientras que su PIB per cápita ha crecido un 0,9%. En Francia, los ingresos disponibles de las familias han aumentado un 0,7%, acumulando cinco trimestres consecutivos al alza, impulsados principalmente por el crecimiento de los salarios. En este país, el PIB real per cápita ha subido un 0,3%. Italia y Estados Unidos han registrado incrementos más moderados en la renta real per cápita de los hogares, con un 0,4% y un 0,1%, respectivamente.
Por el contrario, los descensos más acusados en la renta real de los hogares se han producido en Dinamarca (-1,8%) y Portugal, que también ha experimentado una caída cercana al 1%.
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a España y a otros seis países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado a su legislación nacional la directiva sobre préstamos dudosos. Además, como parte de sus procedimientos de infracción del mes de febrero, Bruselas ha emitido un ultimátum a España por no aplicar la normativa comunitaria destinada a agilizar la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha informado que España, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Austria, Bulgaria y Hungría serán llevados ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado las disposiciones de la directiva sobre préstamos dudosos. Esta normativa, aprobada en 2021, busca desarrollar un mercado secundario eficiente para la compraventa de estos préstamos, estableciendo reglas para su autorización y supervisión. Además, fija criterios armonizados para la comercialización de estos productos financieros dentro de la Unión Europea, garantizando un marco regulador común.
La directiva introduce medidas de protección para los consumidores, como la posibilidad de refinanciar créditos, aplazar pagos, modificar los tipos de interés y mejorar la transparencia en la relación con los acreedores. Los Estados miembros tenían hasta el 29 de diciembre de 2023 para implementar estas disposiciones, un plazo que la mayoría ha cumplido. No obstante, España, junto con Bulgaria, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia, aún no ha informado a Bruselas sobre su aplicación.
La remisión del caso al Tribunal de Justicia de la UE representa la última fase del procedimiento de infracción de la Comisión Europea. Previamente, Bruselas había enviado cartas de advertencia a estos países el 24 de enero de 2024 y posteriormente dictámenes motivados el 25 de julio de 2024. Al considerar que los esfuerzos de estos Estados han sido insuficientes, la Comisión ha decidido llevar el caso ante la Justicia europea.
Además de la acción judicial, Bruselas pedirá que se impongan sanciones económicas a los países incumplidores. El monto de estas multas se calculará en función de la gravedad y la duración del incumplimiento.
Por otro lado, la Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y a otros siete países por no haber incorporado a su legislación nacional la normativa comunitaria destinada a acelerar la tramitación de permisos para energías renovables. Esta directiva debía haberse adoptado en julio de 2024, y la advertencia de Bruselas marca el segundo paso del procedimiento de infracción. Los países afectados disponen de dos meses para responder y, en caso de no cumplir con la exigencia, podrían ser llevados también ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a España, Francia, Italia, Países Bajos, Chipre, Bulgaria, Eslovaquia y Suecia, instándolos a adaptar su normativa a la directiva que agiliza la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.
Esta directiva introduce modificaciones en la normativa sobre energías renovables, estableciendo procedimientos más ágiles y plazos más cortos para la concesión de permisos, tanto para los proyectos de generación de energía limpia como para las infraestructuras necesarias para su integración en la red eléctrica.
Asimismo, la legislación comunitaria establece plazos concretos para la aprobación de proyectos de energías renovables y reconoce que estos, junto con las instalaciones de almacenamiento y redes eléctricas asociadas, son de interés público. También obliga a los Estados miembros a definir "zonas de aceleración de renovables", donde los proyectos puedan beneficiarse de tiempos de tramitación reducidos debido a su bajo impacto ambiental.
El proceso de infracción comenzó en septiembre pasado, cuando la Comisión envió advertencias a 26 países por no haber transpuesto completamente la directiva a su ordenamiento jurídico. Tras analizar las respuestas de los Estados miembros, la Comisión ha decidido intensificar su acción contra España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia, por no haber notificado las medidas de transposición, y contra Bulgaria, Francia y los Países Bajos, por no haber proporcionado información suficientemente clara sobre su cumplimiento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que ha llegado a un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para iniciar "negociaciones de inmediato" con el fin de poner término a la guerra en Ucrania.
Según Trump, el acuerdo se alcanzó tras una "larga y muy productiva conversación" de 90 minutos con Putin, en la que ambos líderes coincidieron en la urgencia de detener las muertes derivadas del conflicto. Posteriormente, Trump adelantó desde la Casa Blanca que prevé reunirse con Putin, posiblemente en Arabia Saudí, en lo que sería el primer encuentro entre un presidente estadounidense y el líder ruso desde la reunión de Putin con Joe Biden en 2021.
El anuncio de las negociaciones ha generado una reacción en los mercados, impulsando el euro hasta los 1,04 dólares, mientras que el precio del petróleo Brent, referencia en Europa, cayó un 2%, situándose en 75,4 dólares. A su vez, los bonos ucranianos en dólares han subido de valor tras los comunicados de ambos mandatarios. Desde el Kremlin han descrito la conversación como "muy extensa", señalando que también se abordaron temas como el intercambio de ciudadanos entre Rusia y EE.UU., el conflicto palestino-israelí y el programa nuclear iraní.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que es posible alcanzar una solución duradera a través de negociaciones de paz en Ucrania y destacó la importancia de la cooperación entre EE.UU. y Rusia. Esta conversación se produce después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, afirmara que no es "realista" esperar que Ucrania recupere sus fronteras previas a 2014, ni que pueda ingresar en la OTAN en el marco de un acuerdo de paz.
El conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022. A principios de este mes, Zelenski informó que 45.100 soldados ucranianos han fallecido y 390.000 han resultado heridos. En diciembre, indicó que las bajas rusas ascendían a 198.000 muertos y 550.000 heridos. Por su parte, Naciones Unidas ha contabilizado más de 12.300 civiles fallecidos desde el inicio de la invasión.
Desde la Casa Blanca confirmaron que Trump también conversó con Zelenski, quien calificó la comunicación como "importante" y reafirmó la voluntad de Ucrania de negociar un acuerdo de paz. "Nadie desea la paz más que Ucrania", subrayó el mandatario ucraniano, añadiendo que discutieron las oportunidades para lograr la paz y las capacidades tecnológicas de Ucrania, incluyendo los drones y otras industrias avanzadas. Agradeció, además, el interés de Trump en la cooperación entre ambos países.
En el ámbito económico, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, está de visita oficial en Ucrania para negociar un acuerdo sobre el suministro de minerales estratégicos, una de las condiciones impuestas por Trump para brindar "un escudo de seguridad" frente a Rusia. "Ucrania posee tierras raras de gran valor y queremos garantías sobre lo que ofrecemos", declaró Trump a inicios de mes.
En este contexto, Zelenski adelantó que ambas naciones están trabajando en "un nuevo documento sobre seguridad, cooperación económica y asociación en materia de recursos". También afirmó que Trump le informó sobre su conversación con Putin y que continuarán en contacto para planificar futuras reuniones.
El hecho de que Trump haya negociado directamente con Putin sin involucrar previamente a la Unión Europea ha despertado inquietud entre analistas y representantes europeos. El ministro de Defensa neerlandés, Ruben Brekelmans, enfatizó la importancia de alcanzar "un acuerdo sólido para una paz duradera, en lugar de un pacto débil que fomente una mayor agresividad rusa".
Por otro lado, Nico Lange, del Center for European Policy Analysis, advirtió que mientras Trump busca "poner fin a una guerra", para Putin se trata de definir "quién dominará Europa en el futuro". En una línea similar, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió en que Ucrania y Europa deben ser parte esencial de cualquier decisión sobre el futuro del conflicto. "Lo crucial no es lo que hagan otros, sino qué papel desempeñaremos los europeos en este proceso".
La expectativa de nuevas reducciones en los tipos de interés y el creciente interés de los inversores siguen impulsando a la baja la rentabilidad de las letras del Tesoro. En la última subasta, el organismo ha colocado 2.550 millones de euros en deuda a tres y nueve meses, alcanzando los tipos más bajos en más de dos años. Aunque estos rendimientos están lejos del 4% que rozaron en su momento, cuando los bancos centrales intensificaron su lucha contra la inflación, siguen resultando atractivos. Ante la volatilidad del mercado bursátil, la deuda pública se percibe como una opción segura, lo que se refleja en una demanda total de 6.039,5 millones de euros, con una ratio de cobertura de 2,37 veces la oferta.
La mayor parte de la emisión, 1.450 millones de euros, ha correspondido a las letras a nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha descendido 24 puntos básicos, situándose en el 2,257%, el nivel más bajo desde octubre de 2022. Tras la caída de la demanda por parte de los inversores minoristas en la subasta de enero, ahora se ha registrado un leve repunte, alcanzando los 208,89 millones. No obstante, esta cifra sigue lejos del récord de 1.013 millones registrado hace un año para esta referencia.
Los 1.100 millones restantes se han colocado en deuda a tres meses, con un interés del 2,445%, por debajo del 2,516% de la puja anterior y en su nivel más bajo en dos años. Dentro del abanico de letras, las referencias a tres y seis meses se mantienen como las más rentables. Las letras a seis meses ofrecen un rendimiento del 2,495%, superior al 2,221% y al 2,257% de las emisiones a 12 y nueve meses, respectivamente. Esta mayor rentabilidad ha impulsado la demanda por parte de los ahorradores, con órdenes no competitivas -que representan en gran parte la inversión minorista- elevándose a 639,10 millones, muy por encima de los 266,25 millones del mes anterior. Además de su atractivo rendimiento, el interés de los particulares confirma la estacionalidad de este tipo de producto.
En un escenario donde los inversores se acostumbran a convivir con una volatilidad elevada, la renta fija ha comenzado a mostrar una correlación negativa con la renta variable. En las últimas semanas, se ha observado cómo la venta acelerada de acciones ha ido acompañada de un aumento en la compra de deuda. Durante meses, los inversores han apostado por títulos a plazos más largos, pero con la orientación inflacionista de la política económica en Estados Unidos, los valores a corto plazo están ganando atractivo como refugio seguro. A ello se suma que, a diferencia de años anteriores, estos activos siguen ofreciendo rentabilidades interesantes.
La próxima cita del Tesoro en los mercados será el 20 de febrero con una emisión de deuda a medio y largo plazo. Además, el organismo liderado por Paula Conthe está pendiente de lanzar la segunda emisión sindicada del año, que tradicionalmente se destina a colocar deuda con vencimientos de entre 15 y 30 años. En 2023, se adjudicaron 6.000 millones de euros en bonos con vencimiento en 2054, marcando la primera emisión a ese plazo en dos años, desde que el Banco Central Europeo abandonó la política de tipos de interés cero.
El fuerte interés por la deuda a corto plazo también se refleja en las emisiones con vencimientos más largos. Un ejemplo de ello es la operación realizada a comienzos de año, en la que el Tesoro captó 15.000 millones de euros con una demanda de 139.000 millones, superando incluso el récord de 138.000 millones alcanzado el año anterior, justo antes de la quinta bajada de tipos por parte del BCE.
Los altos tipos de interés y el crecimiento progresivo de la actividad comercial impulsaron a la banca a un año excepcional. Si se analiza el negocio en España de las seis entidades cotizadas, excluyendo a Bankinter, que no desglosa su beneficio por país, los resultados son aún más favorables. En el mercado doméstico, la gran banca obtuvo en 2024 un beneficio de 15.787 millones de euros, representando la mitad del total y superando en un 36% las cifras del año anterior, a pesar del impacto del impuesto extraordinario al sector. Este crecimiento es cuatro veces superior al registrado en el negocio internacional y casi duplica el incremento del 20% en los beneficios globales de las entidades.
España se consolida así como el pilar clave de los resultados de los grandes bancos multinacionales, favorecida especialmente por la política del Banco Central Europeo (BCE), que mantuvo el coste del dinero elevado. Aunque Fráncfort recortó los tipos en cuatro ocasiones el año pasado, situando el de depósito en un 3%, este nivel sigue siendo alto tras una década de tipos en cero o en negativo. La banca española destaca en Europa por su fuerte dependencia del margen de intereses, en gran parte debido a la alta presencia de hipotecas a tipo variable, cuyo valor aumentó con la subida del euríbor.
Sin embargo, esta situación tiene un doble filo, ya que la sensibilidad de los bancos españoles a la política monetaria puede jugar en su contra si los tipos continúan a la baja. Conscientes de este riesgo, las entidades han tomado medidas para reducir su exposición a estos cambios, ya sea impulsando las hipotecas a tipo fijo o invirtiendo en carteras de deuda con mayor rentabilidad.
La bajada de los tipos, además, estimulará la demanda de crédito y reactivará la actividad comercial, que en los últimos años se había visto afectada por unas condiciones financieras más restrictivas. Este es el panorama que han esbozado los directivos bancarios en la presentación de sus resultados anuales, donde anticipan que un posible estrechamiento del margen de intereses podrá ser compensado con un mayor volumen de negocio.
Otro factor favorable para la banca española es el sólido desempeño de la economía nacional, que en 2023 registró el mayor crecimiento de Europa -superior al 3%-, impulsado por el auge del turismo y la estabilidad del mercado laboral, en contraste con un continente europeo en fase de estancamiento. Sorprendentemente, España, que en el pasado se encontraba a la cola de las grandes economías europeas, ha logrado destacarse como la más dinámica. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará en 2024, con el Gobierno estimando un crecimiento del PIB del 2,6% y el Fondo Monetario Internacional proyectando un 2,3%.
A pesar del pago de 1.478,6 millones de euros por el impuesto extraordinario al sector, un aumento respecto a los 1.120 millones del año anterior, la banca se benefició de un ahorro de casi 1.900 millones al no tener que realizar aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos ni al fondo único de resolución europeo (FUR), tras haber completado dichas dotaciones el año previo, lo que compensó en parte el impacto del gravamen.
Entre los seis bancos cotizados en España, Unicaja fue el que experimentó el mayor crecimiento en su beneficio neto, con un aumento del 115%, alcanzando los 573 millones. La entidad, que opera exclusivamente en el mercado español, logró consolidar su posición tras años de saneamiento de su balance y la integración con Liberbank, transformando su rentabilidad en una característica estructural. No obstante, su rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 9,1% aún se encuentra por debajo del promedio del sector en España (16%), aunque el fuerte impulso de su rentabilidad en el último año ha reducido esta brecha significativamente.
Por su parte, Santander obtuvo en España un beneficio de 3.762 millones de euros, un 59% más que en 2023, convirtiéndose en la mayor contribución a las ganancias del Grupo al representar casi un tercio del total. Su margen de intereses creció un 9,3%, superando el incremento global del 7,9%, mientras que las comisiones aumentaron un 6,2%. En términos de rentabilidad, su RoTE en España ascendió 7,5 puntos porcentuales hasta el 21,7%, situándose por encima del 16,3% registrado por el Grupo en su conjunto.
A pesar de que en 2024 el negocio en España fue el eje central del Grupo, la distribución de los beneficios podría cambiar el próximo año. Se espera que los ingresos en España se mantengan estables debido a la reducción en la contribución de la banca comercial por la bajada de tipos, mientras que mercados como Estados Unidos y México serán las principales fuentes de crecimiento, según explicó la presidenta de la entidad, Ana Botín, en su última intervención.
La decisión de Donald Trump de imponer un arancel del 25% al acero y al aluminio importados a Estados Unidos, afectando directamente a la Unión Europea, ya es oficial y entrará en vigor el 12 de marzo. En un contexto de incertidumbre sobre las posibles represalias europeas y la escalada de la tensión comercial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a Washington que estas tarifas "injustificadas" provocarán una respuesta "firme y proporcional". "La UE defenderá sus intereses económicos", ha afirmado en un comunicado en el que lamenta profundamente la medida de Trump.
Este arancel supone el primer desafío de la nueva Administración estadounidense a los intereses europeos, dado que el bloque representa el 15% de las importaciones de acero de EE. UU. y el impacto recaerá especialmente sobre Alemania, la mayor economía de la UE.
El mensaje de Von der Leyen, alineado con la estrategia de esperar, analizar y luego reaccionar, llega poco antes de su encuentro en París con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, en el marco de una cumbre sobre Inteligencia Artificial. Este será el primer contacto de la jefa del Ejecutivo europeo, quien mantenía una estrecha relación con el expresidente demócrata Joe Biden, con el equipo de Trump. En la reunión, Von der Leyen intentará persuadir a Vance -y, por extensión, a Trump- de que la balanza comercial entre EE. UU. y la UE no es tan desigual como sostiene Washington. Argumentará que, aunque EE. UU. compra más productos europeos de los que exporta, la UE adquiere y consume más servicios estadounidenses, lo que equilibra la relación comercial.
Como antesala a esta reunión, Vance ha lanzado en la cumbre sobre IA un mensaje a la UE respecto a su normativa tecnológica, que mantiene bajo investigación a varios gigantes tecnológicos estadounidenses, incluyendo X (antes Twitter) y su dueño, Elon Musk, quien forma parte del equipo de Trump. Washington considera que la regulación europea es demasiado restrictiva y puede frenar la innovación. En Bruselas, algunos temen que Trump utilice la defensa de sus empresas tecnológicas como moneda de cambio en la negociación para evitar una guerra comercial.
Mientras tanto, la Comisión Europea sigue analizando el impacto de los aranceles y busca vías de diálogo con Washington para evitar una escalada. Bruselas insiste en que estas tarifas son ilegales según las normas de la Organización Mundial del Comercio y ha convocado para este miércoles una reunión de ministros de Comercio para abordar el asunto.
La UE podría reaccionar rápidamente reintroduciendo aranceles a productos emblemáticos estadounidenses, como el bourbon o las motocicletas Harley-Davidson, tal como hizo en 2018, cuando Trump impuso restricciones similares durante su primer mandato. Dichos aranceles quedaron suspendidos tras la llegada de Joe Biden y el acuerdo para no aplicar gravámenes a ciertas cuotas de acero y aluminio europeo. Si Bruselas decide rescindir este acuerdo, podría establecer aranceles de hasta el 50% sobre importaciones valoradas en 4.800 millones de euros. Este pacto expira a finales de marzo.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respaldado a Von der Leyen, afirmando que "la UE se mantendrá unida para proteger los intereses de sus empresas, trabajadores y ciudadanos". Otros líderes europeos, incluido el español Pedro Sánchez, han expresado su apoyo en la misma línea.
Desde Bruselas aseguran que la respuesta será "proporcionada", lo que sugiere que, al menos inicialmente, se limitará a represalias comerciales sin recurrir a medidas más drásticas. Sin embargo, la UE cuenta con otros mecanismos, como el reglamento anti-coerción, que le permite restringir el acceso al mercado europeo a determinados bienes o servicios, bloquear la participación de empresas extranjeras en licitaciones públicas o en proyectos financiados con fondos comunitarios. Aunque esta herramienta fue diseñada para hacer frente a presiones de China o Rusia, ahora podría aplicarse también a Estados Unidos. Algunos sectores piden que se utilice contra las grandes tecnológicas estadounidenses, que en su mayoría han apoyado a Trump.
Pese a la tensión, la Comisión Europea cree que aún hay margen para la negociación y para evitar una guerra comercial o, al menos, limitar su impacto. "Seguimos comprometidos con el diálogo constructivo", ha asegurado este martes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en el Parlamento Europeo. "Estamos preparados para negociar y buscar soluciones beneficiosas para ambas partes. Hay mucho en juego", ha subrayado, reiterando que los aranceles son injustificados y económicamente perjudiciales.
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