El Banco Central Europeo (BCE) ha seleccionado a varios proveedores externos y les ha solicitado presentar ofertas para las cinco licitaciones relacionadas con el euro digital, convocadas en enero y con un valor total que supera los 1.100 millones de euros. El objetivo es completar este proceso en 2025.
Este lunes, el BCE publicó su segundo informe sobre los avances en la fase de preparación del euro digital, que comenzó el 1 de noviembre de 2023. Esta etapa tiene como finalidad establecer las bases para una posible emisión de la moneda digital. El organismo planea decidir a finales de 2025 si el euro digital avanza a la siguiente fase, aunque su implementación tanto en línea como fuera de línea dependerá de que la Unión Europea apruebe la legislación necesaria.
Desde el primer informe, emitido en junio, el BCE ha finalizado el proceso de convocatoria iniciado en enero para seleccionar proveedores de componentes digitales y servicios relacionados con el euro digital. Los candidatos elegidos han sido invitados a presentar sus propuestas, y se espera que los resultados finales se publiquen en 2025.
Paralelamente, el BCE ha revisado y actualizado su reglamento sobre el euro digital tras consultar con consumidores, minoristas y proveedores de servicios de pago. El borrador revisado incorpora aportaciones de siete nuevas líneas de trabajo iniciadas en mayo de 2024, centradas en desarrollar aspectos clave del reglamento, como los estándares mínimos para la experiencia del usuario y la gestión de riesgos.
Además, el BCE ha lanzado una investigación adicional para recoger las preferencias de diseño del euro digital por parte de los usuarios. Este estudio, que combina encuestas, entrevistas y otras actividades cualitativas y cuantitativas, tiene previsto presentar sus conclusiones a mediados de 2025.
Por otro lado, el BCE está explorando la implementación de pagos condicionales, que se ejecutan automáticamente al cumplirse ciertas condiciones preestablecidas, así como otros usos innovadores del euro digital. Los resultados de estas pruebas se esperan para julio de 2025.
Finalmente, el organismo colabora con expertos de los bancos centrales del Eurosistema y otras autoridades para definir límites en la tenencia de euros digitales. Este esfuerzo busca equilibrar las necesidades de los usuarios con las posibles repercusiones en la política monetaria y la estabilidad financiera.
El número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al término del mes de noviembre ha bajado en 16.036 personas en relación con el mes anterior (-0,62%). El total de parados y de paradas se sitúa en 2.586.018 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre desde el año 2007.
La reducción del desempleo con respecto a octubre abarca a todos los sectores económicos. Desciende en Servicios en 8.693 personas (-0,46%), en Industria en 2.268 personas (-1,12%), en Construcción en 2.124 personas (-1,08%), en Agricultura en 1.902 personas (-2,17%) y, finalmente, entre el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.049 personas (-0,43%).
El desempleo femenino disminuye en 10.811 mujeres (-0,69%) hasta un total de 1.556.800 en el mes de noviembre respecto del mes anterior. El desempleo masculino se sitúa en 1.029.218 al descender en 5.225 personas (-0,51%). Si lo comparamos con noviembre de 2023 el paro femenino cae en 88.293 (-5,37%) y el paro masculino baja en 60.520 (-5,55%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 3.796 personas (-1,89%) respecto al mes anterior, hasta los 196.704.
En el mes de noviembre, el paro baja en 11 comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas corresponden a Andalucía (-8.464 personas), Comunidad de Madrid (-4.451 personas) y Cataluña (-2.307 personas).
El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.301.482. De ellos, 544.519 contratos de trabajo son de carácter indefinido, representan el 41,84% de todos los contratos apuntalando un mes más el giro a la estabilidad en el mercado de trabajo en España. Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final del mes de octubre fueron un total de 1.757.250 personas. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2024 ha sido del 72,17%, la más alta desde 2010.
El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de octubre de 2024 ha sido de 1.117,5 euros que suponen un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 44,4 euros (4,1%). Los gastos totales de octubre de 2024 ascendieron a 1.922,1 millones de euros.
El Congreso de los Diputados otorgó, en el último momento, un amplio respaldo a la mayor parte de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno, presentada ante Bruselas como el primer paso para alinearse con las normas fiscales de la Unión Europea. No obstante, durante las intensas negociaciones parlamentarias, se descartaron algunas de las medidas más significativas en términos de recaudación, como el impuesto a las empresas energéticas y el incremento del gravamen al diésel, aplazadas para su reconsideración, lo que dificulta alcanzar los objetivos previstos en un contexto marcado por desafíos como el aumento del gasto en pensiones y la posible guerra comercial global que podría desencadenar un regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Aunque la Comisión Europea aprobó recientemente el Plan Fiscal Estructural del Gobierno, diseñado para reducir gradualmente el déficit y la deuda pública, el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis subrayó que España debe aún enviar un Plan Presupuestario para 2025 que concrete la implementación de dicha estrategia y garantice los compromisos de ajuste en ingresos y gastos.
El Plan Fiscal es un proyecto plurianual que los países con desequilibrios fiscales (déficit superior al 3% del PIB o deuda por encima del 60%) deben presentar a Bruselas para delinear cómo lograrán reducir su deuda a lo largo de una década. Este plan abarca un periodo de cuatro años, aunque puede extenderse a siete si se incorporan reformas estructurales, como ha hecho España. En este caso, la estrategia incluye aumentar los ingresos públicos en una décima del PIB (aproximadamente 1.500 millones de euros) mediante reformas fiscales, reducir beneficios fiscales en otra décima y aplicar ajustes basados en informes de revisión del gasto (spending reviews) de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en áreas como deducciones tributarias, gasto en medicamentos, infraestructuras y gestión de residuos.
El principal obstáculo para el Gobierno en su plan de saneamiento fiscal ha sido la necesidad de abandonar, debido a las complejas negociaciones, dos de las iniciativas con mayor potencial recaudatorio: la consolidación del impuesto a las empresas energéticas y la equiparación fiscal del diésel con la gasolina. Estas medidas, que el Ejecutivo se comprometió a retomar antes de fin de año con el apoyo de socios como Podemos y ERC, enfrentan el rechazo de Junts y PNV, preocupados por la posible reacción adversa de las empresas del sector en Cataluña y el País Vasco.
Además, la sostenibilidad de las cuentas públicas enfrenta otros riesgos. Josep Oliver, economista y codirector del think tank europeG, advierte que, debido al envejecimiento poblacional, será difícil reducir la deuda pública por debajo del 100% del PIB. Aunque España espera recibir un promedio de 500.000 inmigrantes anuales, estos también envejecerán y aumentarán la presión sobre los sistemas de pensiones, salud y dependencia. En este contexto, la AIReF evaluará en 2025 el gasto público a partir del Ageing Report de la Comisión Europea, cuyas conclusiones podrían dar lugar a ajustes adicionales requeridos para validar la reforma de las pensiones.
Por último, la posible reelección de Donald Trump plantea una amenaza global con la imposición de aranceles del 25% a productos chinos, mexicanos y canadienses, lo que podría desencadenar una guerra comercial. Según Oliver, estas medidas reducirían la demanda global, afectando especialmente a Europa, que atraviesa un periodo de vulnerabilidad tras la pérdida de Alemania como líder económico debido al encarecimiento energético. Esto podría agravar la desaceleración del crecimiento del PIB español, dificultando aún más los compromisos de consolidación fiscal.
Para Antoni Castells, catedrático de Hacienda Pública y director de europeG, la solución a largo plazo pasa por reorientar la economía española hacia sectores más productivos. Sin embargo, este cambio estructural requeriría un amplio consenso político, algo que, en su opinión, parece difícil de alcanzar.
Los ingresos tributarios en España siguen mostrando una fortaleza destacable, alcanzando cerca de 255.000 millones de euros al cierre de octubre. Esto supone un incremento del 8,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se recaudaron unos 235.000 millones. De mantenerse esta tendencia, es probable que 2024 cierre con cifras históricas de recaudación, como ya ocurrió en los tres años previos, impulsadas primero por la recuperación económica tras la pandemia y, posteriormente, por el efecto de la inflación y la mejora en el mercado laboral.
Según los datos publicados por la Agencia Tributaria, solo en octubre se ingresaron 49.861 millones de euros, un aumento interanual del 10%. Este comportamiento se debe a que octubre suele ser el mes de mayor recaudación del año, ya que confluyen las declaraciones mensuales habituales, las correspondientes al tercer trimestre de las pymes y el segundo pago a cuenta del impuesto sobre sociedades, que liquida el periodo de abril a septiembre.
En detalle, la Agencia Tributaria destaca el crecimiento positivo tanto en las declaraciones trimestrales de las pymes como en el segundo pago del impuesto sobre sociedades. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, se observó un mayor dinamismo en las retenciones sobre rendimientos del trabajo, el IVA bruto y los pagos fraccionados de las empresas personales. Por su parte, en el impuesto sobre sociedades, los beneficios hasta septiembre crecieron más del 13%, y los pagos estuvieron cerca de esa cifra, generando en octubre unos ingresos de 19.725 millones de euros. Este impuesto fue el principal motor de recaudación del mes, seguido del IRPF (14.284 millones), el IVA (12.840 millones) y los impuestos especiales (1.991 millones). Otros tributos sumaron aproximadamente 1.000 millones más.
En cuanto a los ingresos habituales, la Agencia Tributaria resalta que persiste un sólido crecimiento en las retenciones del trabajo, especialmente en las grandes empresas, que habían mostrado una moderación en meses previos. También se incrementaron las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales en fondos de inversión.
La recaudación acumulada podría haber sido aún mayor, con un aumento superior al 9%, según cálculos del Ministerio de Hacienda, si no fuera por ciertas medidas normativas recientes que han reducido los ingresos. Entre ellas se encuentra la rebaja fiscal del IRPF para las rentas bajas, que al aumentar la reducción por rendimientos del trabajo ha disminuido los ingresos en unos 1.200 millones de euros. Además, el fin del endurecimiento aplicado el año pasado a los grupos consolidados ha supuesto una caída de casi 480 millones.
Por otro lado, las sentencias que reconocen devoluciones en el IRPF a mutualistas han generado un impacto negativo de unos 2.000 millones de euros para Hacienda. Aunque algunas medidas, como la recuperación gradual de los tipos habituales del IVA energético, han aumentado los ingresos, el saldo neto para Hacienda en lo que va de 2024 refleja una pérdida de 1.909 millones de euros.
La reforma fiscal aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, actualmente en proceso de revisión en el Senado, reinstaura los límites a las deducciones en el Impuesto de Sociedades para empresas con pérdidas, previamente anulados por el Tribunal Constitucional a principios de este año. Hacienda alcanzó un acuerdo con Sumar para restablecer los umbrales implementados en 2016 por el entonces ministro Cristóbal Montoro, reduciendo al 50% el porcentaje máximo que las empresas pueden descontarse, sin eliminar completamente esta posibilidad.
El objetivo es que estas medidas entren en vigor para el ejercicio de 2024, ya que el Gobierno calificó el proyecto como urgente para garantizar su aprobación definitiva antes de fin de año. El Senado tiene hasta el 4 de diciembre para presentar enmiendas o vetos (el PP prevé utilizar su mayoría para proponer uno), y el texto deberá volver al Congreso antes del 18 de diciembre, donde el PSOE confía en superar el veto con 178 votos favorables.
Según la disposición adicional decimoquinta del proyecto, a partir del 1 de enero de 2024, las grandes empresas con ingresos superiores a 20 millones de euros estarán sujetas a un tope del 50%, mientras que aquellas con más de 60 millones tendrán un límite del 25%. Además, se establece que las deducciones para evitar la doble imposición internacional no podrán exceder el 50% de la cuota íntegra del impuesto.
Sin embargo, otros puntos del acuerdo entre PSOE y Sumar quedaron fuera del texto final, como el aumento del tipo impositivo de las socimis del 1% al 25%, o nuevos impuestos sobre productos de lujo, seguros médicos privados y el IVA de los pisos turísticos. Estas propuestas, prioritarias para Yolanda Díaz, no recibieron apoyo ni siquiera de otros partidos de izquierda como EH Bildu, ERC, BNG y Podemos, y fueron excluidas del proyecto de ley.
La reforma fiscal surge como respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló las medidas introducidas por el Gobierno de Mariano Rajoy, no por su contenido, sino por el procedimiento empleado, ya que se había recurrido a un real decreto-ley, un instrumento inadecuado para crear o modificar impuestos. Hasta la publicación del nuevo texto en el BOE, las reducciones aplicables permanecen en el 70% de la cuota, sin importar el volumen de negocio, y del 100% en casos de doble imposición internacional. Con la nueva normativa, estas deducciones serán más restrictivas.
Este cambio ha generado preocupación entre expertos, quienes alertan de un posible impacto negativo en las previsiones financieras de las empresas afectadas, así como en su patrimonio, dado que las nuevas limitaciones incrementarán el tipo efectivo en proyectos con largos plazos de retorno. Por su parte, el PP ha criticado estas restricciones, argumentando que son innecesarias en un contexto de incremento recaudatorio del 30% respecto a 2018 y señalando que deberían haberse condicionado a inversiones productivas, claves para abordar los desafíos económicos del país.
Aunque el Partido Popular no ha definido sus próximos pasos antes del cierre del plazo de enmiendas en el Senado, ha expresado su rechazo a cualquier aumento impositivo y reprocha al Gobierno no haber explorado alternativas mediante una negociación conjunta.
El Ejecutivo, a través de un batería de enmiendas al Proyecto de Ley del impuesto mínimo del 15% ha endurecido Sociedades, arrebatando a las compañías el respiro que dio el Tribunal Constitucional en enero. Las empresas tendrán más dificultades en 2024 para compensar fiscalmente las pérdidas o evitar la doble tributación por beneficios en el extranjero. Sin embargo, para este año también hay aspectos ventajosos como la posibilidad de deducir en el impuesto las remuneraciones de directivos y administradores, los beneficios por la adquisición de coches eléctricos y puntos de recarga o la posibilidad de pagar un menor tipo para las empresas de nueva creación que obtengan por primera vez beneficios. Estos son los cambios del Impuesto de Sociedades a los que estar atentos en 2024 para reducir la factura.
Impuesto mínimo del 15%: La gran novedad en materia tributaria para 2024 es la creación y entrada en funcionamiento del nuevo impuesto mínimo del 15% para que todas las multinacionales y sus filiales tributen en Sociedades al menos por este tipo y que afectará a 830 grandes empresas en España, según prevé la Agencia Tributaria. Hacienda logrará una recaudación anual de 1.000 millones de euros con este gravamen. Las grandes empresas y multinacionales afectadas por esta figura son aquellas que hayan obtenido ingresos por encima de los 750 millones en dos de los últimos cuatro años. El impuesto gravará de un lado a las grandes compañías con matriz en España si tributan por debajo de este tipo, a sus filiales en el extranjero si también están por debajo, y a las filiales de grupos extranjeros situadas en nuestro país que paguen menos del 15%. El nuevo impuesto supondrá un antes y un después para las multinacionales a la hora de establecer su estrategia en el extranjero, realizar fusiones o comprar activos.
Compensación de pérdidas: El Ejecutivo ha logrado recuperar los cambios en el Impuesto de Sociedades que hizo el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en 2016 después de tumbarlos el Constitucional en enero bajo el argumento de que no se puede hacer modificaciones tan relevantes a un tributo a través de la figura del Real Decreto-ley, sino que debe hacerse directamente por ley. La recuperación de estas medidas conlleva que las empresas más grandes tendrán desde este ejercicio más dificultad para compensar fiscalmente las pérdidas obtenidas. Concretamente, la nueva norma (calcada a la que anuló el tribunal) establece que las empresas con ingresos de entre 20 millones y 60 millones al año solo podrán compensar en el impuesto el 50% de las pérdidas. Además, el asunto se endurece para las compañías con ingresos superiores a los 60 millones de euros, que solo podrán compensar el 25% de las pérdidas.
Evitar la doble imposición: Del mismo modo, dentro de estas medidas que ha reactivado el Ejecutivo, también limita las deducciones que pueden aplicarse las compañías para evitar tributar dos veces por beneficios obtenidos en el extranjero. Las minoraciones aplicadas no podrán impedir que la sociedad pague, al menos, un 50% de la cuota del impuesto.
Reversión de los deterioros: Finalmente, la tercera medida que se recupera a pesar de haberla tumbado la justicia son los límites para que las empresas puedan revertir o devolver al fisco las deducciones que se aplicaron en su día por las pérdidas obtenidas por el deterioro del valor de participaciones o acciones en otras compañías. A partir de 2024, tendrán que distribuir estos deterioros en partes iguales durante tres ejercicios: 2024, 2025 y 2026. Cabe matizar que las pérdidas que se obligan a revertir se refieren a las deducciones hechas antes del 1 de enero de 2013, con motivo de la gran crisis.
Sueldos de administradores: Por primera vez en este año, y gracias a un fallo del Tribunal Supremo, las compañías podrán deducir en el Impuesto de Sociedades los sueldos que pagan a sus administradores y a sus directivos, siempre que ejerzan una actividad empresarial, aunque en los estatutos de la compañía no se recoja que estos cargos están remunerados.
Ventajas por coches eléctricos: Las compañías que inviertan en determinados coches eléctricos tanto este 2024 o en 2025 podrán disfrutar de libertad de amortización del coste. Es decir, podrán desgravarse este gasto en el Impuesto de Sociedades cómo mejor quieran (de forma total o parcial) y cuándo mejor les venga (el año o años que prefieran), según su estrategia tributaria. Los tipos de coche que pueden adquirirse para tener derecho a esta ventaja son cinco. Además, las empresas que instalen puntos para recargar las baterías de estos vehículos también tendrán la libre amortización de la inversión realizada. Finalmente, aquellas compañías que realizan inversiones para poner en marcha instalaciones de energía renovable, como pueden ser parques de placas solares, también podrán amortizar el coste de la inversión en el impuesto libremente por hasta un máximo de 500.000 euros, siempre que mantengan el mismo número medio de empleados durante los dos años siguientes de realizar la inversión.
Donaciones: La reforma de la Ley de Mecenazgo, que entró en vigor en enero de este año, trae mayores deducciones en Sociedades para las empresas que contribuyan a una buena causa o a varias. Las compañías que realicen donaciones a ONGs o fundaciones reconocidas tendrán derecho a deducir en la cuota íntegra del impuesto hasta el 40% del valor de la aportación. Es decir, si donan 100.000 euros, podrán desgravarse 40.000 euros. No obstante, la cantidad que se minora no puede exceder el 15% de la base imponible del tributo. Es decir, si la base imponible (el dinero sobre el que se aplica el tipo del Impuesto de Sociedades) es de un millón de euros, la deducción por la donación realizada no podría superar los 150.000 euros. Por otro lado, si la contribución que hace la compañía a una ONG, fundación o cualquier otra entidad es recurrente, es decir, que se repite al menos durante dos años seguidos, la deducción podrá alcanzar hasta el 45% del importe donado.
Aviso a grupos consolidados: El Ejecutivo ha prorrogado para los ejercicios 2024 y 2025 una medida que incluyó en de la ley que sacó adelante el gravamen a la banca y energéticas, y que se aplicó solo en 2023, que consistía en limitar a los grupos consolidados la compensación de las bases imponibles negativas (las pérdidas) de sus filiales. Es decir, estos grupos solo podrán incluir en la base imponible el 50% de las pérdidas de sus filiales y no la totalidad de las mismas. Por ejemplo, si un grupo tiene dos filiales, una gana 1.000 euros y la otra pierde 800 euros, en vez de tributar por 200 euros, al poder solo compensar el 50% de las pérdidas, tributará por 600 euros.
Los beneficios que las empresas ofrecen a sus empleados impactan directamente en su productividad y lealtad. Por esta razón, muchas compañías buscan atender las demandas de sus trabajadores, siempre que sean compatibles con sus objetivos. Estas solicitudes y tendencias quedan reflejadas en el estudio Gestión de los planes de beneficios de empleados en las empresas, elaborado por MercerMars Benefits.
Uno de los aspectos más solicitados a lo largo de los años en este informe ha sido una mayor flexibilidad, según las respuestas de aproximadamente 6.000 profesionales. Las principales demandas incluyen flexibilidad horaria (implementada por el 97% de las empresas), políticas de teletrabajo (presentes en el 90%, aunque solo un 37% las aplican a toda la plantilla), jornadas intensivas los viernes (adoptadas por el 88%) y durante el verano (27%), así como días adicionales de vacaciones (ofrecidos por el 50% de las empresas).
Estos beneficios son más comunes en pequeñas empresas que en multinacionales. En cambio, aquellas con una mayoría de empleados en trabajos manuales o técnicos y horarios por turnos enfrentan más dificultades para flexibilizar las jornadas, aunque suelen ofrecer estas opciones al personal de servicios centrales.
Las compañías suelen agrupar estas medidas en un Plan de Beneficios, el cual debe ser accesible para todos los empleados para garantizar que comprendan el valor que se les ofrece y el esfuerzo invertido en satisfacer sus necesidades. Sin embargo, en 2023, más del 40% de los trabajadores afirmaron no tener información sobre estos planes, y más del 70% desconocía los conceptos de salario emocional y flexibilidad laboral disponibles para ellos.
El estudio actualizado de MercerMarsh Benefits para 2024 destaca que el acceso a plataformas digitales que centralicen la información sobre beneficios y compensaciones mejora significativamente la percepción de los empleados sobre el compromiso de sus empresas con su bienestar. A pesar de esto, el 42% de las empresas no comunica de manera directa el paquete de compensación total, lo que obliga a los empleados a buscar información en fuentes externas.
Actualmente, las empresas están ajustándose a las demandas de los trabajadores y, en promedio, ofrecen 18 beneficios, destacando las ventajas sociales y la retribución flexible. Los seguros de salud lideran los planes de beneficios, presentes en el 87% de las empresas. Aunque requieren una inversión significativa, son altamente valorados por los empleados, junto con el pago de comidas durante el horario laboral.
No obstante, muchas empresas enfrentan obstáculos para implementar un Plan de Beneficios. La principal barrera es la falta de presupuesto (72%), seguida de la falta de recursos (44%) y la dificultad para identificar medidas beneficiosas (37%). Entre las empresas que están diseñando un plan, la flexibilidad laboral es el aspecto más considerado (67%), seguido de la ampliación de beneficios (55%) y la estrategia de comunicación (54%). Otras propuestas incluyen el desarrollo de plataformas de bienestar (33%), planes de pensiones, formación, pagos de comida y anticipos salariales (27% cada uno).
En conclusión, contar con un Plan de Beneficios bien estructurado es esencial para aumentar la satisfacción y reconocimiento de los empleados, lo que a su vez mejora la atracción y retención de talento. De hecho, el 53% de las empresas considera que sus planes son diferenciadores y clave para mejorar su competitividad en el mercado laboral.
España se posicionará en contra de la propuesta impulsada por la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea (UE) respecto a la directiva sobre prácticas laborales durante la reunión de ministros de Trabajo de este lunes. La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, buscará frenar la iniciativa liderada por el Gobierno de Viktor Orbán reuniendo un grupo de países suficiente para formar una minoría de bloqueo, evitando así que la propuesta avance. Según el Ministerio de Trabajo español, el texto propuesto por Hungría podría deteriorar las condiciones laborales de las personas en prácticas con contrato de trabajo.
Para bloquear la iniciativa, Díaz necesita que al menos tres países se sumen al rechazo. Si logran formar un grupo de cuatro Estados en contra, no importará que Hungría consiga la mayoría cualificada en el Consejo (que requiere el apoyo del 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE), ya que esta minoría de bloqueo detendría la propuesta.
La Comisión Europea presentó en marzo una directiva para mejorar y controlar las condiciones de los trabajadores en prácticas. Tras las elecciones europeas, el Parlamento y el Consejo han estado definiendo sus posiciones para negociar la versión final del texto legal, que después deberá integrarse en las legislaciones nacionales. La directiva busca establecer un marco legal básico que distinga las prácticas formativas de las relaciones laborales. Sin embargo, las competencias de la UE en regulación laboral son limitadas, y la directiva propuesta se centra más en definir lo que no son las prácticas para becarios.
El Ministerio de Trabajo español considera que la propuesta húngara representa un retroceso y desvirtúa el objetivo inicial de la directiva, que era garantizar prácticas de mayor calidad. Según Trabajo, el texto planteado por Hungría no regula adecuadamente aspectos como la calidad de la formación, el número de horas o el tipo de supervisión, a diferencia del Estatuto del Becario en España, que establece normas claras en estos ámbitos.
España busca apoyo de otros Estados para impedir que avance la propuesta de Hungría. Si logra su objetivo, la presidencia polaca del Consejo, que asumirá el cargo en 2024, tendrá que retomar el expediente y trabajar en una nueva posición común entre los países miembros para negociar con el Parlamento Europeo.
El Gobierno español aboga por mantener estándares como los reflejados en su legislación nacional, donde los contratos formativos están vinculados a estudios oficiales y a un plan de formación que incluye una supervisión adecuada del trabajador en prácticas. Díaz advierte que la propuesta de Orbán permitiría que los trabajadores en prácticas sustituyan a empleados regulares, y aboga por una regulación que permita a las inspecciones laborales intervenir en estos casos.
Este no es el primer desacuerdo de Díaz con la presidencia del Consejo de la UE. En el pasado, ya bloqueó una propuesta de la República Checa sobre la directiva de trabajadores de plataformas digitales, defendiendo una posición crítica que finalmente se negoció y cerró en 2023 bajo la presidencia española del Consejo.
Los sindicatos de empleados públicos han anunciado movilizaciones y concentraciones para el próximo 11 de diciembre con el objetivo de presionar por un acuerdo en torno a la licitación de Muface. Este proceso, clave para garantizar la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios, quedó desierto el pasado 5 de noviembre, una situación sin precedentes.
Las protestas se llevarán a cabo en Madrid. Por la mañana, los manifestantes se concentrarán frente a la sede de Unespa, la patronal de las aseguradoras, a la que han reclamado "responsabilidad y decoro" en el proceso de nueva licitación. Por la tarde, las movilizaciones continuarán tanto en Madrid como en las capitales de provincia frente a las delegaciones de Muface.
Entre los convocantes se encuentran sindicatos como Comisiones Obreras (CC.OO.), UGT, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), la Unión Federal de Policía (UFP), USIE, la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). Por su parte, CSIF, otro sindicato representativo de los funcionarios, no participará en esta convocatoria y ha programado su propia movilización para el 14 de diciembre.
"Es fundamental renovar el convenio de Muface", han declarado los sindicatos convocantes, quienes aseguran que, en este momento, no existe "ninguna alternativa viable" y piden al Gobierno que acelere el proceso. Han exigido un acuerdo estable y satisfactorio que garantice la calidad de la asistencia sanitaria para los empleados públicos y mejore las prestaciones actuales.
Los sindicatos también han instado a las aseguradoras a actuar con responsabilidad, subrayando que este proceso trata sobre la salud de los mutualistas y no únicamente de resultados económicos. Criticaron que algunas aseguradoras han enviado cartas a los mutualistas asegurando que a partir del 31 de enero se quedarán sin asistencia sanitaria, lo que calificaron como una acción que genera "incertidumbre y temor" entre personas vulnerables. "Esto no puede convertirse en una negociación despiadada en la que los afectados sean rehenes", denunciaron.
Dentro de sus demandas, los sindicatos exigen una solución inmediata a la licitación y plantean la creación de una mesa de debate una vez resuelto este proceso, para abordar a largo plazo la situación de la cobertura sanitaria de los mutualistas. Su objetivo es garantizar estabilidad y tranquilidad para los funcionarios, quienes, denuncian, se enfrentan a una incertidumbre recurrente cada vez que se renueva la licitación.
Los representantes sindicales, que aseguran representar a funcionarios de todos los sectores, reconocieron la gravedad del problema y destacaron la necesidad de trabajar de forma conjunta. "Hemos priorizado la protección sanitaria de 1,5 millones de personas por encima de nuestras demandas específicas", señalaron. Sobre la ausencia de CSIF en esta convocatoria, los sindicatos recalcaron que están apostando por la unidad en este asunto crítico.
El euríbor se ha transformado en una especie de "paga extra" para los millones de titulares de hipotecas variables. Los hogares con préstamos que serán actualizados próximamente se beneficiarán de un ahorro medio de más de 1.500 euros al año, lo que supone un importante alivio financiero. Además, las caídas del índice hipotecario no parecen haber tocado fondo aún. En noviembre, el euríbor marcó su octavo mes consecutivo a la baja, cerrando en el 2,506%, muy por debajo del 4,022% registrado hace un año. Este descenso anual es el mayor desde diciembre de 2009 y posiciona al indicador en su nivel más bajo en dos años, abriendo la puerta a nuevas reducciones en las cuotas hipotecarias.
Tres factores principales explican este retroceso del euríbor. Por un lado, la inflación en la zona euro muestra señales de estabilización, situándose en noviembre en el 2,3% y manteniéndose por debajo del 3% durante todo el año. Por otro, el Banco Central Europeo (BCE) ha reducido los tipos de interés tres veces en sus últimas cuatro reuniones, con perspectivas de nuevos recortes, tanto en diciembre como a lo largo del primer semestre de 2025. Finalmente, la debilidad económica en Europa, especialmente en Francia y Alemania, aumenta la presión sobre el BCE para estimular la economía, lo que repercute en un euríbor más bajo.
Esta situación beneficia a quienes ya tienen hipotecas variables, al reducir sus cuotas, y a quienes buscan financiamiento, ya que se enfrentan a menores intereses y condiciones más accesibles. Sin embargo, las perspectivas económicas no son alentadoras. Francia enfrenta desafíos como inestabilidad política y una elevada deuda pública, mientras que Alemania, con su dependencia del comercio, el gas ruso y la industria automotriz, está al borde de la recesión. Este contexto ha llevado a que el BCE se enfoque en reactivar el crecimiento, lo que también influye en la caída del euríbor.
En noviembre, el indicador osciló entre subidas y bajadas, cerrando el mes con una tasa diaria del 2,461%. Para una hipoteca media en España -140.451 euros a 23 años y un diferencial del 1%-, esto supone un ahorro mensual de 128 euros, equivalente a 1.537 euros al año. A futuro, las previsiones del Panel de Funcas apuntan a que el euríbor cerrará 2025 alrededor del 2,35%, mientras que CaixaBank Research proyecta un nivel ligeramente superior al 2% para diciembre de ese año.
Las entidades bancarias ya están adaptando sus ofertas hipotecarias a este escenario. Los préstamos a tipo fijo por debajo del 3%, que antes eran poco comunes, se han vuelto más accesibles, aunque la velocidad de ajuste varía entre los bancos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el tipo medio en septiembre fue del 3,14%, y los expertos esperan que las nuevas bajadas se reflejen en las ofertas de 2025.
El atractivo de las hipotecas en este contexto ha impulsado un aumento en las formalizaciones, que crecieron un 33,9% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, alcanzando las 41.306 operaciones. Sin embargo, este incremento en la demanda puede presionar al alza los precios de la vivienda, reduciendo el impacto positivo del descenso del euríbor para quienes aspiran a ser propietarios.
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