(El País, 20-02-2025) | Fiscal

El discurso contra el “infierno fiscal” une a todas las derechas en el Congreso

María Jesús Montero ya había debatido intensamente con cuatro diputados del PP, y el tono del discurso de la oposición se mantenía similar cuando llegó el turno de José María Figaredo, representante de Vox. En ese momento, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se dirigió directamente a Figaredo, una de las figuras jóvenes a las que Santiago Abascal ha dado protagonismo en el Congreso tras la sucesión de deserciones en su partido. Montero tuvo que compensar este miércoles su ausencia en la sesión de control de la semana anterior, cuando justificó su falta por motivos de salud, algo que la oposición cuestionó. Su comparecencia coincidió con la reciente tensión dentro del Gobierno sobre la aplicación del IRPF al salario mínimo, enfrentamiento que la había puesto en el foco junto a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Mientras Montero respondió a seis preguntas en una intensa jornada parlamentaria, Díaz solo tuvo que enfrentar una. No obstante, ni sus palabras ni las imágenes captadas desde el banco azul evidenciaron signos del desacuerdo que las ha separado en los últimos días. El debate dejó clara una cuestión: las diferentes corrientes de la derecha, ya sean de ámbito nacional o catalán, han intensificado su discurso contra la presión fiscal. Aunque nadie llevó la crítica tan lejos como Figaredo, los dirigentes del PP, Cuca Gamarra y Juan Bravo, hicieron referencia al "infierno fiscal", mientras que Junts optó por el término "expolio fiscal" en Cataluña, una expresión repetida por su portavoz, Míriam Nogueras, y su responsable económico, Josep Maria Cruset. Nogueras acusó al Gobierno de utilizar Hacienda para castigar a Cataluña con más inspecciones y notificaciones que en otras regiones, perjudicando a "quienes representan la cultura del esfuerzo", mientras que "otros se benefician sin trabajar". Sin embargo, no especificó a quiénes se refería con la expresión catalana "penques", que tradujo como "jetas". La ofensiva contra Montero terminó eclipsando el intercambio entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, donde también se abordó la cuestión fiscal. A diferencia de la semana pasada, cuando el líder del PP evitó centrarse en la controversia sobre el IRPF del salario mínimo, en esta ocasión fue directo y acusó al presidente de "saquear a los trabajadores españoles". Con ironía, afirmó que bajo el Gobierno de Sánchez, "los mileuristas son ahora los nuevos ricos". Esto dio pie a un cruce de cifras: mientras Feijóo enumeraba gastos que consideraba innecesarios en lo que calificó como "el Gobierno más costoso de la democracia", Sánchez respondía comparando el incremento del salario mínimo, las pensiones y el número de cotizantes a la Seguridad Social con los datos de la gestión del PP. El debate parlamentario no estuvo exento de declaraciones polémicas. Feijóo exageró al afirmar que en España "es más fácil conseguir una vivienda si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honestamente". Sánchez, por su parte, recurrió a una comparación inesperada para atacar al PP: "Usted es para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los argentinos: un gran engaño". Pero la crítica más punzante de Sánchez a Feijóo llegó cuando este ya no estaba en el hemiciclo. Aprovechando la intervención de Oskar Matute, de EH Bildu, sobre la crisis de vivienda, Sánchez atacó a los populares al insinuar que solo les preocupan dos viviendas en particular: "Un ático en Chamberí [residencia de Isabel Díaz Ayuso y su pareja] y un chalé en Moaña con acceso privado a la playa [propiedad de la pareja de Feijóo]". Montero, por su parte, defendió con insistencia la tributación del salario mínimo, argumentando que no se trata de recaudar más, sino de evitar una pérdida de 2.000 millones en ingresos públicos. Rechazó además la acusación del PP de haber aumentado la carga fiscal a las clases medias y trabajadoras. Junts continuó con sus críticas a través de Cruset, quien enumeró una serie de impuestos sobre servicios como peluquerías y funerales. Montero replicó que, si realmente se hubieran incrementado los impuestos a las clases medias, habría sido con el apoyo de Junts, cuyo respaldo es clave para la mayoría gubernamental en el Congreso. Esta jornada parlamentaria dejó entrever una dinámica que probablemente se repetirá en los próximos meses: la ofensiva del PP contra Montero no solo buscaba debilitar su gestión en Hacienda, sino también desgastar su figura de cara a su futuro liderazgo en el PSOE andaluz. En esta estrategia se implicó especialmente Elías Bendodo, quien lanzó comentarios sarcásticos sobre los conflictos internos que, según él, Montero enfrentará en el PSOE andaluz. La ministra respondió con contundencia y levantó las protestas del PP al acusar a Bendodo de mantener con ella y con Yolanda Díaz una actitud "machista". Mientras tanto, el Gobierno cerró filas ante los intentos de la oposición de explotar sus discrepancias internas. Miguel Tellado, portavoz del PP, intentó provocar a Yolanda Díaz con una pregunta condescendiente: "¿Cree que le merece la pena seguir en el Ejecutivo?". La vicepresidenta segunda esquivó el golpe recurriendo a datos para contrastar su política laboral con la del PP y remató con una respuesta firme: "Siempre merece la pena mejorar la vida de la gente".

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(Expansión, 20-02-2025) | Laboral

El Gobierno plantea una reforma para que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años

El grupo parlamentario socialista presentó ayer en el Congreso un conjunto de 37 enmiendas al Proyecto de Ley de Función Pública. Entre las propuestas, se contempla la posibilidad de que los funcionarios prolonguen su actividad laboral hasta los 72 años si así lo desean, además de establecer normativas sobre la jubilación parcial. Esta medida busca, en parte, reducir la carga financiera de las pensiones en un contexto donde el equilibrio del sistema de la Seguridad Social está en el punto de mira y requiere cada vez más recursos por parte del Gobierno. Asimismo, la extensión de la edad laboral es especialmente relevante en sectores con escasez de profesionales, como la sanidad. En particular, las enmiendas impulsadas por el PSOE incluyen disposiciones "esperadas por los empleados públicos y pactadas con sus representantes", tales como "mejoras en los permisos relacionados con la conciliación de la vida personal, familiar y laboral" y acciones dirigidas a "fomentar la inclusión de personas con discapacidad", según detalla el grupo socialista en un comunicado. Por su parte, el portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves, subrayó que su formación está abierta a colaborar con otros grupos parlamentarios que deseen contribuir a fortalecer los servicios públicos y mejorar las condiciones laborales de los empleados del sector. Entre las medidas presentadas destaca la reintroducción de la jubilación parcial en la función pública, un derecho que fue eliminado en 2012 durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, había asumido el compromiso de recuperar esta posibilidad en sus negociaciones con los sindicatos CCOO y UGT. De aprobarse conforme a la propuesta socialista, la regulación de la jubilación parcial incluiría la figura del relevista, quien cubriría las horas dejadas por el funcionario en proceso de retiro, con la novedad de que este sustituto deberá ser también funcionario de carrera. Además, se plantea ampliar la edad máxima de jubilación forzosa de 70 a 72 años, permitiendo así que aquellos funcionarios que lo deseen puedan continuar en activo por dos años adicionales tras alcanzar la edad ordinaria de retiro. Según fuentes socialistas, esta reforma pretende equiparar al sector público con el privado en cuanto a la transición entre la vida laboral y la jubilación, asegurando además la transferencia de conocimientos entre generaciones. Otro aspecto relevante de las modificaciones propuestas se enfoca en la conciliación laboral y familiar. En este sentido, se ha presentado una enmienda para que el permiso parental por el cuidado de hijos o menores acogidos sea retribuido durante un período de hasta dos semanas. Asimismo, se han incorporado medidas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en los procesos selectivos, asegurando que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes.

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(Expansión, 20-02-2025) | Laboral

El Gobierno acota el examen de Airef para evitar un ajuste en pensiones

La Seguridad Social ha especificado que las transferencias del Estado deberán considerarse ingresos del sistema, lo que supone casi 50.000 millones de euros provenientes de impuestos. Esta decisión aleja la posibilidad de un dictamen negativo que pudiera exigir ajustes en el sistema. Sin embargo, algunos expertos advierten que esta medida podría distorsionar la verdadera situación financiera de la Seguridad Social. El Gobierno ha dado este paso antes de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) inicie la evaluación de la reforma del sistema público de pensiones en los próximos meses, en cumplimiento de la cláusula de salvaguarda incluida para garantizar la aprobación de Bruselas. A través de un decreto aprobado el pasado martes y publicado en el BOE, el Ejecutivo ha definido los criterios sobre los que la Airef debe basar su análisis. Si la evaluación detectara un desequilibrio mayor del previsto en el sistema de pensiones, el Gobierno se vería obligado a tomar medidas correctivas, ya sea reduciendo el gasto o aumentando los ingresos mediante un incremento del mecanismo de equidad intergeneracional u otras formas de recaudación. Como cualquier decisión en este sentido debe contar primero con el respaldo de los agentes sociales y luego con el de los partidos políticos, la cláusula establece que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, la solución automática será un incremento adicional del mecanismo de equidad, el cual empezará a gravar un 1,2% del salario a partir de 2029. El nuevo reglamento aprobado detalla cómo la Airef debe evaluar la situación financiera de la Seguridad Social, destacando que las transferencias estatales serán contabilizadas como ingresos propios del sistema de pensiones. Esto incluye las aportaciones presupuestarias provenientes de impuestos, utilizadas cada año para financiar compromisos de gasto y contener el déficit del sistema. En 2023, el déficit de la Seguridad Social fue del 0,6% del PIB (unos 9.000 millones de euros), cifra que se logró gracias a las cotizaciones sociales y a la inyección de casi 44.000 millones de euros en transferencias estatales. El decreto también establece que el sistema público de pensiones incluirá tanto el Régimen General de la Seguridad Social como el Régimen Especial de Clases Pasivas. Además, se especifican los conceptos que se considerarán ingresos del sistema, haciendo mención explícita a las transferencias estatales contempladas en los Presupuestos Generales del Estado. Con esta regulación, la Airef deberá contabilizar como ingresos los cerca de 50.000 millones de euros que el Estado transfiere al sistema, una cantidad que, entre otras cosas, cubre alrededor de 23.000 millones en gastos impropios de la Seguridad Social. No obstante, los expertos advierten que esta metodología de cálculo enmascara la verdadera situación del sistema. De hecho, si solo se considerara el saldo entre ingresos por cotizaciones y gastos en pensiones, el déficit contributivo real superaría los 30.000 millones de euros, según el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia. En este contexto, la inclusión de impuestos como ingresos del sistema garantiza prácticamente un dictamen favorable de la Airef, evitando así la necesidad de nuevos ajustes o negociaciones. No obstante, Miguel Ángel García Díaz, investigador de Fedea y profesor de Economía Aplicada en la URJC, advierte que aceptar estas transferencias como parte del sistema "desvirtúa el propósito de la cláusula de cierre y no garantiza realmente la sostenibilidad financiera de las pensiones". Según sus estimaciones, incluso si se cumplieran los requisitos de gasto e ingresos fijados en la reforma (15% del PIB en gasto y 1,7% del PIB en nuevos ingresos), el sistema seguiría presentando un déficit estructural que podría superar el 2% del PIB en 2048 y el 3% si se incluyen estas transferencias. García Díaz también señala que esta estrategia de interpretación financiera "afecta negativamente la renta disponible de las generaciones futuras", lo que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

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(El País, 20-02-2025) | Laboral

El Supremo avala el plus para combatir el absentismo siempre que no tenga sesgo de género

El Tribunal Supremo ha dictaminado que una empresa puede aplicar un plus para reducir el absentismo laboral, siempre que se limite a las ausencias injustificadas y no implique un sesgo de género, como aquellas relacionadas con citas médicas de hijos o familiares, que suelen ser atendidas mayoritariamente por mujeres. En una sentencia del pasado 20 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, la sala de lo social ha estimado el recurso presentado por la empresa Verallia, dedicada al diseño, fabricación y reciclaje de envases de vidrio, contra un fallo de la Audiencia Nacional de enero de 2024. Dicho fallo respondía a una demanda de conflicto colectivo interpuesta por la CGT, que solicitaba la nulidad de un incentivo recogido en el convenio colectivo por considerarlo discriminatorio por motivos de género y enfermedad. El incentivo en cuestión es una retribución mensual de carácter individual, cuyo propósito es fomentar la productividad, mejorar la calidad y reducir el absentismo, y cuyo importe varía según el número de horas de ausencia acumuladas en el mes. Para CGT, este tipo de plus, cuando no especifica qué ausencias quedan excluidas de su cómputo, puede omitir permisos utilizados en mayor proporción por mujeres, lo que, a su juicio, constituye una discriminación. La Audiencia Nacional respaldó este argumento. No obstante, el Tribunal Supremo ha dado la razón a la empresa, al considerar que establecer un incentivo para reducir el absentismo es una práctica legítima y no ilegal. Sin embargo, el alto tribunal subraya la importancia de diferenciar entre los distintos motivos de ausencia y reconoce que la empresa tiene derecho a contabilizar las faltas injustificadas o aquellas asociadas a permisos que no generen discriminación de género, como los concedidos por cambio de domicilio o asistencia a exámenes.

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(El Economista, 20-02-2025) | Laboral

La Seguridad Social paraliza la reforma de la prestación de "paro" para autónomos

El subsidio por cese de actividad para autónomos sigue estancado un año después de que la Seguridad Social iniciara el proceso para su reforma mediante la creación de un observatorio destinado a analizar los problemas de esta prestación. El principal obstáculo radica en la concesión del subsidio, ya que, según la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), aproximadamente el 60% de las solicitudes presentadas el año pasado fueron denegadas, dejando a muchos trabajadores por cuenta propia sin respaldo económico tras el cierre de sus negocios. Fuentes del Ministerio han indicado a este medio que la paralización de la reforma se debe a que actualmente el departamento está centrado en la regularización de las cuotas de los autónomos para este año. No obstante, aseguran que la modificación de la prestación por cese sigue en la agenda de la Seguridad Social y se abordará "cuando corresponda". Las principales asociaciones de autónomos, ATA, UPTA y UATAE, consideran que la reforma es una prioridad. ATA, en particular, llevará este asunto a la mesa del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) este jueves, en el marco de la reunión convocada para discutir la regularización de las cuotas. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, reconoce que la reforma del RETA ha mejorado la tasa de concesiones, aunque los resultados aún no son satisfactorios. Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España (UPTA) señala que el proceso de solicitud del subsidio sigue siendo excesivamente burocrático y no es comparable con el acceso al desempleo para asalariados. "Debería ser un pilar del sistema de protección social, pero se ha convertido en un mecanismo recaudatorio", afirman desde UPTA, subrayando que el retraso en la reforma es injustificable. Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (UATAE) apuntan que el estancamiento del proceso se debe a que el observatorio solo se constituyó formalmente, pero no ha vuelto a reunirse. Ferrero defiende que la prestación debería concederse de manera casi automática cuando el autónomo cesa su actividad, es decir, cuando hay una baja en el RETA y una declaración definitiva de cese. Además, sostiene que el diseño actual y la cuantía de la prestación no incentivan su solicitud. "Ningún autónomo cierra su negocio para recibir 700 euros", argumenta, insistiendo en la necesidad de equiparar la protección social de los autónomos con la de los asalariados mediante la concesión automática del subsidio. Desde UPTA consideran que, para mejorar la tasa de concesión, es clave establecer criterios unificados entre las mutuas encargadas de gestionar la prestación. "Si se logra esa homogeneización, el proceso será casi automático", explican. Añaden que las mutuas deben aplicar criterios comunes y objetivos para otorgar o denegar la prestación, evitando interpretaciones dispares. Por su parte, UATAE advierte que existe un superávit en las cotizaciones por cese de actividad, ya que en 2024 apenas se aprobó la mitad de las solicitudes presentadas. "Es urgente no solo hacer más accesible y eficaz la prestación, sino también garantizar una protección social adecuada", recalcan. Además, UPTA ha fijado como plazo para el Gobierno hasta finales de año para implementar el subsidio destinado a autónomos mayores de 52 años. Según esta asociación, la reforma del paro de autónomos debe ir acompañada de este nuevo subsidio, que funcionaría de manera similar al que reciben los asalariados de esa franja de edad cuando agotan su prestación por desempleo. En el caso de los autónomos, el subsidio se activaría una vez agotada la prestación por cese de actividad. "Exigimos con urgencia que el Ministerio cumpla el compromiso adquirido por la ministra Yolanda Díaz y ponga en marcha este subsidio, fundamental para garantizar la protección de quienes han dedicado su vida a sus negocios y ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad", declaró ayer el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

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(El Economista, 20-02-2025) | Laboral

La Mutualidad de abogados pide retener el ahorro de los que se pasen a la Seguridad Social

La Mutualidad de la Abogacía ha solicitado al Gobierno la gestión de los fondos de los profesionales que se incorporen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, hasta que estos alcancen la edad de jubilación o tengan derecho a una pensión por invalidez. Para ello, la entidad ha presentado una serie de enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE, que busca permitir el traspaso voluntario de los abogados mutualistas al RETA con el propósito de mejorar sus pensiones. Entre sus propuestas, la Mutualidad reclama que se revierta la medida prevista para 2027, según la cual los nuevos abogados deberán cotizar obligatoriamente en la Seguridad Social, eliminando así la opción de elegir entre este sistema y el de mutualidad. El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ha instado al Congreso de los Diputados a agilizar la tramitación de la ley, ya que desde su presentación por parte del PSOE en noviembre del año pasado, aún no ha sido admitida a trámite. "Necesitamos certidumbre sobre el destino de esta normativa para poder diseñar una estrategia acorde con su impacto en el RETA", ha señalado Sanz Fernández-Lomana. La propuesta legislativa pretende dar solución a la situación de miles de abogados que, tras haber cotizado durante toda su carrera en la Mutualidad de la Abogacía, perciben pensiones inferiores a los 500 euros. Según las estimaciones de la entidad, de los 65.000 abogados mutualistas que realizan aportaciones, alrededor de 2.500 recibirán menos de 500 euros de pensión, 15.000 obtendrán entre 500 y 700 euros mensuales, y los 35.000 restantes superarán los 700 euros. Para mejorar estas prestaciones, tanto de abogados como de procuradores, la proposición de ley plantea la posibilidad de que estos profesionales puedan trasladarse voluntariamente al RETA, llevándose consigo el capital acumulado en sus mutualidades. Sin embargo, la Mutualidad de la Abogacía discrepa con este planteamiento, ya que la transferencia de los fondos de manera inmediata obligaría a deshacer inversiones antes de su vencimiento, lo que generaría pérdidas económicas. En su lugar, proponen un traspaso progresivo de los fondos conforme los profesionales se vayan jubilando. Además, la ley establece que solo podrán incorporarse a la Seguridad Social aquellos abogados que estuvieran adscritos a una mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y que cumplan tres requisitos: no haber alcanzado el período mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como colegiados al 31 de diciembre de 2022 y no ser pensionistas ni en el sistema público ni en la mutualidad. El motivo de las bajas pensiones que perciben abogados y procuradores radica en que las aportaciones a la mutualidad representan solo el 80% del mínimo exigido en la Seguridad Social. Por ello, la normativa propuesta obligará a aquellos que opten por el RETA a incrementar sus cotizaciones hasta equipararlas con las del resto de los trabajadores autónomos de cara a 2027. Por otro lado, Sanz Fernández-Lomana ha reconocido que, en caso de aprobarse la ley, parte de los ahorros gestionados por la Mutualidad se verían afectados, aunque ha descartado problemas de liquidez. Actualmente, la entidad administra un total de 11.000 millones de euros, de los cuales solo un tercio corresponde a los mutualistas que tienen un régimen alternativo. Asimismo, ha señalado que la Fundación Mutualidad destinó en 2024 un millón de euros en ayudas para jubilados con pensiones reducidas, pero solo 45 personas solicitaron esta asistencia. En lo que va de año, la demanda ha sido aún menor, con solo 35 solicitudes presentadas.

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(El Economista, 20-02-2025) | Laboral

Díaz encarga un informe para promover que los trabajadores entren en los consejos de administración

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentará este jueves un nuevo grupo de expertos en democracia laboral, cuyo objetivo será elaborar, antes de septiembre, una propuesta que facilite la incorporación de los trabajadores a los consejos de administración de las empresas. Esta iniciativa, que Díaz ha defendido durante años, toma forma con la creación de un comité liderado por la profesora Isabel Ferreras, directora del Fondo Nacional de Investigación Científica (FNRS) e investigadora en Harvard y Oxford, según ha podido confirmar este medio y ha anunciado posteriormente el Ministerio. El concepto de democracia en el trabajo busca fomentar la participación de los empleados en la gestión de las empresas y, en particular, en la toma de decisiones. La entrada de los trabajadores en estos órganos será el eje central del debate impulsado por la vicepresidenta segunda, coincidiendo con la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha generado controversia en torno al IRPF, y con la inminente tramitación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral, aún sin apoyos asegurados. No obstante, el comité abordará también otros aspectos dentro del marco de "priorizar la democracia sobre los intereses económicos", según fuentes del Ministerio. El equipo de expertos estará compuesto por académicos de prestigio, entre ellos Jeremias Adams-Prassl (Universidad de Oxford), Julie Battilana (Harvard Business School), Antonio Baylos (Universidad de Castilla-La Mancha), Benjamin Braun (London School of Economics), Isabel-Gemma Fajardo-García (Universidad de Valencia), Sergio González Begega (Universidad de Oviedo), Francisca María Ferrando García (Universidad de Murcia), Daniel Innerarity (Universidad del País Vasco), Sara Lafuente Hernández (Universidad de Bruselas e Instituto Sindical Europeo), Erinch Sahan (Doughnut Economics Lab), Vicente Salas (Universidad de Zaragoza) y Edurne Terradillos (Universidad del País Vasco). Fuentes cercanas al proyecto destacan su enfoque "vanguardista", basado en el artículo 129 de la Constitución Española, que establece que "los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas, además de facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción". Si bien este artículo ha servido tradicionalmente para justificar derechos como la huelga o la representación sindical en las empresas, el nuevo comité pretende ir un paso más allá. Díaz ha decidido retomar esta iniciativa incluida en el acuerdo de Gobierno con el PSOE, que contempla "impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en sus empresas en el marco del diálogo social". La ministra ha puesto en marcha este proyecto en un momento de tensión con el sector empresarial debido a recientes negociaciones, además de los desacuerdos con otros responsables socialistas del área económica del Ejecutivo. En particular, ha protagonizado desencuentros con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en relación con la reducción de jornada, y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a raíz de la decisión de no modificar el mínimo exento de IRPF, lo que hará que aproximadamente un 20% de los perceptores del SMI tengan que tributar tras la última subida.

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(El Periódico, 20-01-2025) | Laboral

Cuerva acelera la convocatoria de elecciones en Cepyme en plena pugna con Garamendi

La disputa entre Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, y Antonio Garamendi, líder de la CEOE, sigue intensificándose dentro de la gran patronal española. Tras la decisión de la junta directiva de Cepyme de restringir la delegación del voto este martes, una medida que favorece a Cuerva y perjudica a Garamendi, el primero ha optado por acelerar el proceso electoral para dificultar la organización de una candidatura rival impulsada por el presidente de la CEOE. Según fuentes cercanas, Cuerva, cuyo mandato finaliza este año, pretende convocar elecciones "lo antes posible". El conflicto, que llevaba meses gestándose de manera discreta, salió a la luz pública a finales de enero. Garamendi, que ha perdido la confianza en Cuerva, ha estado explorando posibles candidatos para relevarlo al frente de Cepyme en las elecciones previstas para 2025. Paralelamente, ha intentado persuadir a Cuerva para que abandone el cargo de manera negociada, ofreciéndole un puesto honorífico, pero este se ha negado y ha decidido presentar batalla. Ante la falta de un candidato claro por parte de Garamendi, Cuerva ha optado por adelantar el calendario electoral, convocando elecciones en la primera mitad del año en lugar de esperar hasta finales de 2025, ya que considera que este adelanto le otorga ventaja. Como parte de su estrategia, la junta directiva de Cepyme aprobó una reforma de su reglamento interno que limita la posibilidad de delegar el voto. En un comunicado, Cepyme argumentó que esta medida busca garantizar una participación activa de sus asociaciones miembro en la toma de decisiones, asegurando que el voto sea ejercido de manera independiente y confidencial, en línea con sus estatutos. Desde el entorno de Garamendi han confirmado que presentarán un candidato para disputar la presidencia de Cepyme, aunque todavía no han oficializado ningún nombre. Entre los posibles aspirantes se barajan figuras como Fermín Albaladejo, presidente de los jóvenes empresarios; Enrique Conde, representante de la CEOE en Cantabria; y Javier González de Lara, líder de la patronal andaluza. La pugna entre Garamendi y Cuerva se libra también en el ámbito técnico y organizativo. Mientras que Cuerva consiguió el respaldo de la junta directiva de Cepyme para limitar la delegación de voto -donde cuenta con mayor apoyo de los empresarios afiliados-, Garamendi ha ejercido su influencia en el comité ejecutivo, un órgano más reducido en número de miembros, que hasta ahora había frenado esta iniciativa. Con estos movimientos, la lucha por el control de Cepyme continúa escalando.

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(Cinco Días, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump estudia tasas del 25% a las importaciones de automóviles, medicamentos y chips

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovecha cada oportunidad para anunciar nuevos aranceles a las importaciones. Aunque hasta ahora sus declaraciones han sido más amenazas que medidas concretas, este lunes volvió a insistir en el tema durante una intervención en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach (Florida). En esta ocasión, aseguró que planea imponer aranceles de aproximadamente el 25% a la importación de automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, y prometió ofrecer más detalles el 2 de abril. Cuando se le preguntó específicamente sobre los aranceles a los vehículos, respondió: "Probablemente lo anunciaré el 2 de abril, pero rondará el 25%". Respecto a los sectores farmacéutico y de semiconductores, indicó: "Será del 25% o más, y aumentará significativamente en el transcurso de un año. Sin embargo, queremos dar a las empresas tiempo para establecerse en el país, ya que si fabrican dentro de Estados Unidos, no estarán sujetas a aranceles. Por ello, les daremos una pequeña oportunidad", explicó. No está claro hasta qué punto estas amenazas proteccionistas se traducirán en medidas concretas. Trump ya aprobó aranceles del 25% a Canadá y México, aunque luego los pospuso un mes a cambio de concesiones menores por parte de estos países. También estableció un arancel adicional del 10% a las importaciones procedentes de China, pero parecía dispuesto a retirarlo si el presidente Xi Jinping hacía ciertas concesiones, algo que no ocurrió. Esta falta de planificación llevó a un colapso aduanero, obligando a Estados Unidos a dar marcha atrás y eximir a la mayoría de los productos chinos de los nuevos aranceles debido a la incapacidad de procesar el volumen de importaciones. La semana pasada, Trump reanudó su ofensiva comercial imponiendo aranceles al acero y al aluminio y amenazando con represalias contra todos los países que gravan productos estadounidenses. El jueves firmó un memorando que, en la práctica, supone una declaración de guerra comercial global, especialmente contra la Unión Europea. Su administración denomina esta estrategia como "comercio recíproco" o "aranceles recíprocos", aunque en realidad no se ajusta a esa definición. Para reducir el elevado déficit comercial de Estados Unidos, Trump ha ordenado a su equipo diseñar un sistema de aranceles específicos por país. Sin embargo, este cálculo no responde a una fórmula matemática clara, sino a una combinación de factores que le permitirán justificar las medidas que desee aplicar. En apariencia, Estados Unidos está utilizando la amenaza de aranceles como herramienta de negociación para obtener ventajas económicas en el comercio internacional. El mismo jueves, además de los "aranceles recíprocos", Trump adelantó que planea establecer gravámenes a la importación de automóviles, chips y productos farmacéuticos. Al día siguiente, anunció que los aranceles a los vehículos entrarían en vigor en abril. No obstante, ha incumplido en varias ocasiones los plazos que él mismo ha fijado. La superposición de amenazas y medidas arancelarias hace difícil prever el impacto final. Por ejemplo, Estados Unidos ha declarado que los aranceles del 25% a México y Canadá, justificados por cuestiones de inmigración y el tráfico de fentanilo, se sumarán a los ya existentes sobre el aluminio y el acero. Lo mismo podría ocurrir con los automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos, sin que quede claro si los países vecinos también estarán sujetos a los "aranceles recíprocos" en represalia por el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con ellos. Esta incertidumbre podría afectar la toma de decisiones económicas, generando un clima de inestabilidad que podría retrasar inversiones o incluso adelantar importaciones para evitar futuros aranceles, algo que ya ha ocurrido en parte. Las grandes corporaciones estadounidenses e internacionales han empezado a alertar a sus inversores sobre el posible impacto de la guerra comercial impulsada por Trump. Algunas compañías advierten sobre los efectos de los aranceles ya aprobados, mientras que otras temen represalias o un conflicto comercial más amplio. También hay preocupaciones sobre las consecuencias para el crecimiento económico mundial, el aumento de los precios y la reducción de los márgenes de beneficio. Además, muchas empresas temen interrupciones en sus cadenas de suministro. Desde el viernes, Trump ha estado fuera de Washington y ha firmado sus últimas órdenes ejecutivas desde Mar-a-Lago. Este martes, rubricó un decreto que amplía su control sobre las agencias independientes, afectando incluso a la Reserva Federal. Aunque el decreto respeta la autonomía del banco central en materia de política monetaria, impone la supervisión presidencial en cuestiones relacionadas con la regulación de instituciones financieras. "El mandato no se aplicará a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal ni al Comité Federal de Mercado Abierto en la gestión de la política monetaria. Sin embargo, sí se aplicará a la Junta de Gobernadores en lo que respecta a su supervisión y regulación de las instituciones financieras", señala el documento. Además, el presidente ha ordenado que las agencias y departamentos federales informen sobre los programas, contratos y subvenciones que han sido cancelados.

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(Expansión, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Círculo de Empresarios propone crear la categoría de empresa mediana

El Círculo de Empresarios presentará hoy una propuesta para crear una nueva categoría de empresa mediana, situada entre las pymes y las grandes compañías. El objetivo de esta iniciativa es reducir trabas burocráticas y normativas que dificultan el crecimiento de las pequeñas empresas, además de facilitar su acceso a financiación, según han adelantado fuentes del organismo a EXPANSIÓN. La propuesta consiste en definir a las Empresas de Tamaño Intermedio (ETI o Mid-Cap) como aquellas que cuentan con entre 250 y 2.999 empleados, o cuya facturación oscila entre 50 y 1.000 millones de euros, con un balance de entre 43 y 1.500 millones de euros. Según el Círculo de Empresarios, la finalidad de esta iniciativa es que el tamaño de las empresas deje de ser únicamente un criterio para segmentar la regulación fiscal, mercantil y laboral. La nueva categoría permitiría reducir el impacto del incremento de costes derivados del crecimiento empresarial y flexibilizaría las exigencias normativas que actualmente se aplican a las grandes compañías. Además, contribuiría a aligerar la carga administrativa de estas organizaciones y a mejorar sus condiciones de financiación. En paralelo, la Comisión Europea está trabajando en el diseño de una nueva categoría de empresas medianas, aunque el Círculo de Empresarios considera que la propuesta actual es insuficiente y no se ajusta a la realidad de las empresas españolas, cuyo tamaño medio es menor en comparación con el europeo. Por ello, el organismo aboga por seguir el modelo de países como Alemania y Francia, que ya cuentan con un tratamiento normativo diferenciado para sus empresas intermedias con el fin de mejorar su competitividad. "Las Empresas de Tamaño Intermedio son un pilar fundamental de la economía española y necesitan un enfoque específico para potenciar su contribución al crecimiento", sostiene Juan María Nin, presidente del Círculo de Empresarios. "Diversos estudios demuestran que el tamaño de las empresas influye directamente en la prosperidad y el desarrollo económico. Ampliar la dimensión de las compañías españolas y europeas es esencial para fortalecer su posición en el comercio internacional", añade. Por su parte, Jesús Prieto, miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios y presidente del grupo de trabajo de las ETI, señala que la creación de esta categoría facilitaría la simplificación de una regulación que actualmente limita la productividad, el crecimiento y la innovación empresarial. "En España, el reducido tamaño de las empresas está vinculado a una menor productividad del sistema económico, lo que se traduce en una asignación menos eficiente de recursos, una fuga de talento y una inversión insuficiente en investigación y desarrollo. Esta propuesta busca corregir estas carencias y promover un entorno empresarial más dinámico y competitivo", explica. Desde el Círculo de Empresarios consideran que la propuesta ayudará a identificar y fortalecer el segmento de la empresa mediana en España, sentando las bases para un marco fiscal, legal y mercantil más favorable que el de las grandes compañías. Con ello, se pretende eliminar las barreras que dificultan el crecimiento y fomentar que las pymes españolas amplíen su tamaño y competitividad.

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