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(Expansión, 05-09-2024) | Fiscal

El Gobierno busca apoyo a los Presupuestos con alzas fiscales "a quienes más tienen"

Pedro Sánchez dio inicio ayer al nuevo ciclo político y económico, que se perfila como uno de los más complejos e inciertos de los últimos tiempos. Lo hizo en el Instituto Cervantes, frente a alrededor de 150 representantes de diversos sectores, y respaldado por la mayoría de su Gobierno, excepto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en ese momento comparecía en el Senado para informar sobre el acuerdo fiscal alcanzado en Cataluña. Sonriente y aplaudido, Sánchez comenzó su discurso destacando la gestión de su Ejecutivo en los últimos años, criticando a los gobiernos del PP, a los que responsabilizó de la corrupción, de la fractura territorial, de los recortes en el Estado del Bienestar y de otros problemas que aquejan al país. Aun así, no dejó de recordar que lleva seis años al frente del Gobierno. "Hoy tenemos un Gobierno honesto que nació como respuesta a la corrupción hace seis años", afirmó. El presidente, cuyo discurso estuvo lleno de reproches a la oposición, en particular al modelo de baja fiscalidad de Madrid, aseguró que "vamos a trabajar para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que lleven la marca de este Gobierno progresista", adelantando que estas Cuentas, cuya mayoría parlamentaria para su aprobación aún no está asegurada, profundizarán en una "fiscalidad más justa, con impuestos que graven más a quienes más tienen". Sánchez también anunció que en el próximo Consejo de Ministros se volverá a aprobar el techo de gasto, un paso previo para la elaboración de los Presupuestos, el cual fue rechazado por Junts antes del verano. Además, advirtió que se limitarán los privilegios de "ciertas élites", señalando: "Vamos a imponer impuestos a quienes tienen en el banco lo suficiente para vivir cien vidas". Aunque dijo que esta medida no busca perjudicar a los más ricos, sino proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que sigue siendo muy desigual, sus palabras sugieren una ofensiva fiscal clara contra los grandes patrimonios. Aunque no ofreció detalles específicos, es un hecho que el Gobierno de coalición ha aumentado dos veces en tres años los impuestos sobre las rentas del capital. Actualmente, las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19%; entre esa cantidad y los 50.000 euros, al 21%; hasta 200.000 euros al 23%; entre 200.000 y 300.000 euros al 27%, y por encima de 300.000 euros al 28%, muy por encima del promedio europeo, que se sitúa en 18,6%. No obstante, Sumar, su socio de coalición, aboga por elevar aún más la presión fiscal sobre las ganancias de capital, acercándola a la de las rentas del trabajo (IRPF), y así lo propuso al PSOE durante las negociaciones de los Presupuestos para 2025. Defendiendo su política fiscal para financiar el creciente gasto social, Sánchez centró sus críticas en Madrid, acusando a la comunidad de utilizar parte de los fondos estatales para hacer "regalos fiscales" a los más ricos. "De cada 10 euros que el Gobierno ha transferido a Madrid, 3 se han destinado a favorecer a los más acaudalados", dijo. También reprochó a algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP que se quejen de la falta de recursos públicos, subrayando que su Gobierno habrá transferido 935.000 millones de euros a las comunidades, un 32% más que lo que transfirió el Ejecutivo del PP en su momento. Entre los principales ejes de la agenda política de Sánchez para este nuevo curso destaca la vivienda, tema que el presidente pretende que sea el núcleo de la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará en Cantabria. Anticipó nuevas medidas para "ampliar el parque público de vivienda, combatir la especulación, equilibrar la actividad turística con el bienestar de los residentes y garantizar que la vivienda sea un derecho para todos y no un negocio para unos pocos". Sánchez, quien afirmó que su Gobierno está "para largo" con tres años de legislatura por delante, también defendió su reciente gira por África y la apuesta por acuerdos de migración circular para enfrentar la crisis migratoria, rechazando las "deportaciones masivas de otros" y defendiendo una política que respete el derecho internacional humanitario. Asimismo, anunció 3.100 millones en inversiones para continuar con la reindustrialización del país y confirmó que su Gobierno reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales para que "los españoles trabajen para vivir, y no vivan para trabajar".

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(Expansión, 05-09-2024) | Fiscal

Montero promete más fondos al resto de CCAA tras conceder la financiación singular a Cataluña

La vicepresidenta, María Jesús Montero, anunció que los Presupuestos se utilizarán para duplicar el fondo de compensación interterritorial destinado a las regiones con menor renta, elevándolo a cerca de 1.000 millones de euros. Montero defendió que el pacto entre PSC y ERC es un "acuerdo solidario que profundiza en el federalismo". El acuerdo de "financiación singular para Cataluña", alcanzado entre PSC y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, fue presentado por Montero ante el Senado como un pacto que beneficiará a otras regiones. A pesar de la controversia generada por la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña a cambio de un cupo por los servicios del Estado y una cuota de solidaridad aún por definir, la ministra de Hacienda prometió más recursos para el resto de los territorios. Montero evitó calificar el pacto como un "concierto o cupo", describiéndolo en su lugar como una "nueva perspectiva de la fiscalidad autonómica". Defendió que el acuerdo ERC-PSC implementa lo previsto en el Estatuto de Cataluña, validado por el Tribunal Constitucional y acorde con la Constitución, y aseguró que garantiza la solidaridad entre territorios. Según Montero, el acuerdo permite que la Generalitat gestione y recaude los impuestos en Cataluña mediante la Agencia Tributaria catalana, en coordinación con la Administración Central. A cambio, Cataluña contribuirá a la solidaridad con otras comunidades a través de una cuota basada en los servicios prestados por el Estado, cuya aportación será transparente y explícita. Montero explicó que el acuerdo se articulará en el primer semestre de 2025 mediante una comisión mixta entre el Estado y la Generalitat. También destacó que el Estado ya reconoce particularidades fiscales en territorios como Canarias y Baleares, y mencionó que otras comunidades, como Andalucía, también tienen mecanismos similares en sus estatutos. La vicepresidenta recordó que las sucesivas reformas del sistema de financiación autonómica han incrementado la cesión de impuestos a las comunidades, y señaló que bajo el Gobierno del PP se elevó el porcentaje del IRPF transferido a las regiones del 30% al 50%. Aseguró que el actual Ejecutivo garantizará la igualdad entre los españoles y se comprometió a duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, beneficiando a las regiones de menor renta. Montero cerró su intervención subrayando la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica, que lleva una década pendiente. Sin embargo, su comparecencia fue criticada por el senador del PP, Gerardo Camps, quien acusó a la ministra de encubrir lo que considera un "separatismo fiscal". Además, el PP cuestionó la falta de claridad en las explicaciones de Montero y señaló que el pacto pone en riesgo la "ordinalidad" en la financiación, afectando a la solidaridad entre territorios. Sin dar precisiones sobre cómo se implementará, el presidente, Pedro Sánchez, aseguró durante el inicio del nuevo curso político que "vamos a promover la creación de un sistema de financiación autonómica más equitativo, que reduzca las disparidades territoriales, que atienda a las particularidades y que garantice la suficiencia del gasto público, al tiempo que exija la corresponsabilidad de los gobiernos autonómicos". En línea con su renovado discurso de corte federalista, Sánchez defendió que "la descentralización, parte esencial del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con asegurar la solidaridad y la equidad entre los territorios". Sin mostrar autocrítica, añadió que mientras su Gobierno cumple con sus compromisos, las autonomías gobernadas por la derecha no han utilizado los recursos de la financiación autonómica en beneficio de los ciudadanos, sino "para aumentar contratos con algunas empresas con vínculos familiares y para financiar sus beneficios fiscales a los más ricos".

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(El Economista, 05-09-2024) | Fiscal

Hacienda aclara la tributación cuando se renuncia a una herencia

La Dirección General de Tributos (DGT), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha aclarado cómo se tributa en el caso de una herencia cuando el heredero decide renunciar a ella. En una consulta realizada el 7 de junio, se expone que existen dos maneras de renunciar a una herencia, cada una con consecuencias fiscales distintas. Por un lado, se especifica que si la renuncia es pura, simple y gratuita, se considera que el heredero no ha llegado a aceptar la herencia. En este caso, el renunciante no será considerado heredero ni legatario y, por tanto, no tendrá la obligación de pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Por otro lado, la DGT señala que en cualquier otra forma de renuncia, se entiende que el contribuyente ha aceptado previamente la herencia antes de rechazarla. En estas situaciones, hay dos hechos que generan obligaciones fiscales. Primero, al aceptar la herencia, el contribuyente deberá abonar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por el aumento de su patrimonio derivado de la adquisición de bienes y derechos heredados. Segundo, al renunciar posteriormente, se considerará una transmisión de esos bienes o derechos a un nuevo beneficiario, lo que también estará sujeto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones por la adquisición por donación. Asimismo, si la renuncia es gratuita, se aplicará el concepto de adquisición por donación u otro acto jurídico gratuito entre vivos. Si la renuncia es onerosa, se aplicará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por transmisión patrimonial onerosa. En el caso concreto de la consulta, el contribuyente renunció de manera pura, simple y gratuita a la herencia recibida tras el fallecimiento de sus padres. La DGT concluyó que, al no haberse aceptado la herencia, el consultante no es heredero ni legatario y, por lo tanto, no está sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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(Cinco Días, 05-09-2024) | Laboral

El Supremo refrenda el derecho al honor de las empresas frente al acoso online

El extrabajador de una empresa de transportes publicó repetidamente en un portal de empleo comentarios como "los empleados están sometidos a condiciones inhumanas", "se exige un mínimo diario de 13 horas de trabajo" o "la empresa no paga adecuadamente". En sus mensajes, advertía a los usuarios de que tuvieran "extrema precaución" con dicha compañía, mencionando explícitamente su nombre y la ciudad donde estaba ubicada. Además, la acusó de no haberle pagado una liquidación de 11.000 euros. Tras conseguir que el sitio web eliminara las publicaciones en varias ocasiones, la empresa decidió presentar una demanda para proteger su derecho al honor. Es importante señalar que este derecho no solo pertenece a las personas físicas. El Tribunal Supremo ha vuelto a confirmar este principio en una sentencia del 23 de julio de 2024, con Rafael Saraza como ponente. La resolución reconoce que, aunque la violación del derecho al honor en el caso de las empresas es menos grave que cuando afecta a un individuo, deben cumplirse ciertos requisitos. El trabajador había sido chófer de la empresa durante casi seis meses en 2021. Tras su despido en septiembre de ese año, la empresa le ofreció una liquidación de 1.685 euros, que él rechazó, iniciando un proceso judicial. Fue entonces cuando comenzó a publicar mensajes en internet. Durante más de dos meses, usó una web de anuncios para expresar su descontento, publicando ofertas falsas en las que acusaba a la empresa de no pagar y de mantener a sus empleados en condiciones laborales abusivas. También amenazó con hacer públicas sus acusaciones en medios de comunicación. En uno de sus mensajes afirmaba: "Están buscando esclavos, no conductores". Cuando la empresa supo de las publicaciones, contactó con el portal, que las eliminó. Sin embargo, el extrabajador continuó publicando nuevos mensajes cada vez que los anteriores eran borrados. A pesar de que durante este tiempo se llegó a un acuerdo de conciliación en el que aceptó un pago de 2.425 euros, la campaña de desprestigio no cesó, lo que llevó a la empresa a presentar una demanda por intromisión ilegítima en su honor, solicitando una indemnización de 7.000 euros y el cese de las publicaciones. Inicialmente, el juzgado desestimó la demanda, pero la Audiencia Provincial de Valencia condenó al chófer a pagar una indemnización de 5.000 euros. Este apeló ante el Tribunal Supremo, alegando que simplemente ejercía su derecho a la libertad de expresión y que sus comentarios reflejaban un conflicto laboral puntual. Sin embargo, la Sala de lo Civil desestimó sus argumentos, recordando que las personas jurídicas también tienen derecho al honor, que incluye su reputación profesional. No es necesario demostrar un perjuicio económico, pero sí debe haber algo más que una crítica ordinaria, como insultos o acusaciones infundadas que pongan en duda la integridad de la empresa. La sentencia concluye que las acusaciones del extrabajador, al no estar respaldadas por pruebas, constituyeron una violación al derecho al honor de la empresa.

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(Expansión, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cuerpo: "Escrivá demostró en la Airef que es una persona independiente"

El ministro de Economía ha afirmado que José Luis Escrivá posee un "currículum inmejorable" para asumir la gobernación del Banco de España, subrayando que el PSOE buscaba un acuerdo consensuado, pero que el PP "se ha limitado a vetar" la propuesta que corresponde al presidente del Gobierno. Destacó también que la etapa de Escrivá al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) demostró su independencia de criterio. Carlos Cuerpo ha defendido la idoneidad de Escrivá en la Comisión de Economía del Congreso, enfrentándose a duras críticas por parte del PP y Vox, aunque sin cuestionamientos por parte de los socios de Gobierno. Jaime de Olano, presidente del grupo parlamentario del PP, acusó al Gobierno de intentar "colonizar todas las instituciones". Según el ministro, Escrivá es el "candidato ideal" para el cargo de gobernador del Banco de España, subrayando que ha ocupado cargos de máxima responsabilidad en todas las áreas relevantes del banco central. Cuerpo agregó que Escrivá tiene una sólida cualificación técnica, avalada por su vasta experiencia en instituciones financieras tanto públicas como privadas, y un profundo conocimiento del Banco de España. Cuerpo destacó que Escrivá fue responsable de la creación de la Airef, convirtiéndola en una de las instituciones fiscales más reconocidas a nivel internacional, en parte gracias a la implementación de principios como la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Además, señaló su labor en el Banco Central Europeo (BCE) durante la creación del euro y su extenso conocimiento sobre los sistemas de pagos. Finalmente, el ministro subrayó que la experiencia de Escrivá como ministro lo posiciona de manera ideal para liderar la transformación del Banco de España en un contexto de rápida digitalización de la economía, incluyendo la incorporación de la inteligencia artificial. En respuesta a las críticas del PP, Cuerpo aseguró que la Ley de Autonomía del Banco de España garantiza la independencia de sus altos cargos, destacando que los mandatos son de seis años, improrrogables, y que las causas de cese están claramente definidas. Respecto a la falta de acuerdo con el PP, el ministro señaló: "Hemos agotado los plazos al máximo, pero el PP se ha limitado a vetar la capacidad de proponer candidato que la ley otorga al presidente del Gobierno".

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(El Economista, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

José Luis Escrivá, un gobernador para el Banco de España con más de dos décadas de experiencia en banca

El PSOE ha despejado la incógnita y ha nombrado a José Luis Escrivá Belmonte como el nuevo gobernador del Banco de España, sucediendo a Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato de seis años concluyó en junio. Escrivá, tras haber estado al frente de dos ministerios en gobiernos de coalición, es el primer ministro en pasar del Consejo de Ministros al organismo supervisor. Con más de veinte años de experiencia en el sector bancario, tanto en el ámbito público como en el privado, su nombramiento está respaldado por su sólido perfil técnico y su profundo conocimiento del sistema financiero, aunque el proceso de selección, al no haberse alcanzado un consenso entre socialistas y populares, ha generado algunas críticas. Quienes han trabajado con él lo describen como un "analista", "trabajador incansable" y "muy exigente". Nacido en una familia destacada de Albacete, Escrivá está casado y tiene dos hijos. Su madre, 'Carmina' Belmonte, fue la primera alcaldesa democrática de la ciudad, y su tío Carlos Belmonte, quien da nombre al estadio de fútbol local, también fue alcalde. Escrivá se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con premio extraordinario y completó estudios de posgrado en Análisis Económico y Econometría. Comenzó su carrera profesional en el Banco de España hace más de 30 años, donde ocupó diversos puestos en el servicio de estudios, forjando su reputación de trabajador incansable. Con el tiempo, en roles de mayor responsabilidad, se le reconoció como un líder "ultraexigente" y orientado a los resultados. Su habilidad se manifiesta en su capacidad para gestionar reformas. Escrivá prefiere manejar proyectos clave a través de equipos de trabajo especializados y diseñados para tareas concretas, un enfoque que le permite impulsar cambios estructurales. Además, otorga gran importancia al análisis académico antes de implementar políticas públicas. Tras su etapa en el Banco de España, Escrivá amplió su carrera internacionalmente, trabajando desde 1993 en el Instituto Monetario Europeo y, posteriormente, en el Banco Central Europeo (BCE), donde fue Jefe de la División de Política Monetaria. De regreso en España, ocupó puestos de alto nivel en BBVA, incluyendo el de Economista-Jefe y Director de Finanzas Públicas, así como en el Banco Internacional de Pagos en Basilea. En 2014, el PP lo eligió para presidir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cargo que desempeñó con independencia y donde destacó por sus evaluaciones del gasto público. Aunque no está afiliado al PSOE, Escrivá fue nombrado ministro en dos gobiernos de Pedro Sánchez, donde dejó su huella en la reforma del sistema de pensiones y en la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) durante la pandemia. Su labor en el Ministerio de Seguridad Social se caracterizó por un enfoque riguroso, basado en plazos y análisis detallados, con el objetivo de ajustar el sistema de pensiones, aunque algunos, incluido el propio Banco de España, consideraron sus reformas insuficientes.

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(El Periódico, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Óscar López sustituirá a Escrivá como ministro de Transformación Digital y Función Pública

Óscar López ha sido designado como el nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública, sucediendo a José Luis Escrivá. López, quien hasta ahora ocupaba el puesto de jefe de Gabinete de la Presidencia, fue elegido por Pedro Sánchez para asumir esta responsabilidad, como adelantó el diario El País. Con una trayectoria destacada en el PSOE, López fue secretario general en Castilla y León entre 2008 y 2012, y líder de la oposición en esa comunidad. También desempeñó el rol de secretario de organización del PSOE y presidió Paradores entre 2018 y 2021, antes de volver a la política tras la salida de Iván Redondo, convirtiéndose en uno de los hombres de confianza de Sánchez. Ahora, López tendrá bajo su responsabilidad áreas clave como las inversiones en proyectos tecnológicos y la reforma de la Administración Pública. Por su parte, Diego Rubio, quien actualmente es secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica, asumirá el puesto que deja vacante López. Rubio ya formaba parte del equipo de Moncloa y, previamente, dirigió la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia País entre 2020 y 2023. Escrivá deja en manos de López la tarea de continuar con la reforma profunda de la Administración General del Estado (AGE), especialmente en lo relativo a la digitalización y la inteligencia artificial. Durante su mandato, Escrivá ya había presentado varias propuestas en el Congreso y el Senado, y destacó su plan para eliminar la tasa de reposición del sector público, con la intención de agilizar las convocatorias de empleo público, que López tendrá que gestionar en adelante. El reto de López será afrontar el envejecimiento de la plantilla pública, que ha visto una reducción del 10% desde la crisis financiera, y planificar la jubilación del 60% de los funcionarios de carrera para 2032, un total de 100.000 empleados públicos. También está pendiente la negociación de una jubilación flexible en el sector público. Escrivá, además, dejó en marcha la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), una empresa pública destinada a gestionar inversiones de hasta 20.000 millones de euros en proyectos tecnológicos como el Perte Chip y el programa NextTech, los cuales ahora estarán bajo la gestión de López.

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(El País, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La economía de la eurozona repunta en agosto, pero disminuyen los pedidos y el empleo

La actividad del sector privado en la zona euro experimentó en agosto su mayor crecimiento desde mayo, impulsada por la rápida recuperación del sector servicios gracias a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París. Así lo revela el índice PMI, elaborado por S&P Global y Hamburg Commercial Bank (HCOB), que subió de 50,2 puntos en julio a 51 en agosto. Este incremento marca seis meses consecutivos de crecimiento, el periodo de expansión más largo de los últimos dos años. Sin embargo, la fragilidad económica de la eurozona sigue presente, como lo reflejan la disminución de la confianza empresarial, el empleo y los pedidos. Francia, beneficiada por el impulso olímpico, se consolidó como uno de los principales motores de la expansión económica en agosto. El sector privado de la segunda mayor economía de la zona euro creció al ritmo más rápido desde mayo de 2022, alcanzando 53,1 puntos. Aun así, quedó por detrás de España, que obtuvo el mejor resultado del PMI con 53,5 puntos, su cifra más alta en dos meses. S&P Global también destacó los sólidos crecimientos en Irlanda (52,6) e Italia (50,8), mientras que Alemania, uno de los principales motores de la Unión Europea, registró su segunda caída consecutiva, situándose en 48,8 puntos. El economista jefe del HCOB, Cyrus de la Rubia, afirmó que el "efecto olímpico" influirá en el crecimiento del PIB de la zona euro durante el tercer trimestre, aunque advirtió que este impulso será temporal. "Es posible que las repercusiones positivas se prolonguen hasta septiembre, pero prevemos que la desaceleración del crecimiento, que comenzó en mayo, se reanude en los próximos meses", comentó. Los datos de la encuesta de agosto también sugieren una reducción en las presiones sobre los costes, ya que el aumento de los precios de los insumos ha disminuido a lo largo del año, acercándose a los niveles promedio anteriores a la pandemia. No obstante, los precios cobrados subieron al ritmo más rápido desde abril. "En cuanto al Banco Central Europeo, los últimos datos sobre precios probablemente le ofrezcan un ligero respiro", indicó de la Rubia. El sector servicios fue el principal responsable de la recuperación económica de la eurozona, alcanzando su nivel más alto en tres meses. El Índice PMI de Actividad Comercial en este sector aumentó de 51,9 en julio a 52,9 en agosto, alineándose con su promedio histórico (52,7) desde 1998. Por otro lado, la industria manufacturera continuó en contracción, sumando diecisiete meses consecutivos de declive en la producción. El empleo también mostró un retroceso general por primera vez desde principios de 2021, aunque de manera moderada. El Índice PMI de empleo ajustado estacionalmente cayó por debajo del nivel de 50, lo que indica una leve disminución en la creación de empleo. Mientras que los servicios mantuvieron la generación de empleo, el sector manufacturero redujo su personal. Esta disminución ocurrió en un contexto de creciente incertidumbre empresarial, con la confianza cayendo por tercer mes consecutivo. A pesar de que las empresas esperan un aumento en la actividad en los próximos doce meses, el nivel de optimismo alcanzó su punto más bajo en lo que va del año. El volumen de nuevos pedidos también descendió. La demanda se vio afectada por la caída en las ventas del sector manufacturero, aunque la ligera mejora en los pedidos al sector servicios compensó en parte esta caída. Las exportaciones continuaron siendo un obstáculo, ya que tanto los fabricantes como las empresas de servicios experimentaron una reducción de pedidos internacionales a mediados del tercer trimestre.

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(El País, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas crece un 20% en julio y los préstamos hipotecarios suben un 31%, según notarios

En julio de 2024, el número de compraventas de viviendas en España creció un 20,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, alcanzando las 70.101 transacciones. Además, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda aumentó un 31,1%, según los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Notariado. El informe detalla que el precio medio del metro cuadrado en España se situó en 1.731 euros, lo que representa un incremento del 2,8% en comparación con el año pasado. Las compraventas de pisos aumentaron un 19,9%, con un total de 53.682 unidades, mientras que las viviendas unifamiliares crecieron un 21,3%, alcanzando las 16.418 unidades. En cuanto a los precios, los pisos experimentaron una leve disminución del 0,1%, situándose en 1.897 euros por metro cuadrado. Por otro lado, el precio medio de las viviendas unifamiliares subió un 11,2%, alcanzando los 1.441 euros por metro cuadrado. El crecimiento en la compraventa de viviendas se observó en todas las comunidades autónomas. Las que superaron la media nacional fueron Asturias (41,6%), País Vasco (36,4%), Galicia (30,2%), Extremadura (29,5%), Canarias (25,9%), Navarra (24,4%), Andalucía (22,2%), Cataluña (21,7%), Madrid (21,5%), Cantabria (21,4%) y Castilla-La Mancha (20,2%). Por debajo de la media nacional se encontraron Castilla y León (17,6%), La Rioja (16,3%), Aragón (11,8%), Baleares (11,2%), Comunidad Valenciana (11,1%) y Murcia (11,0%). El informe también señala que el precio del metro cuadrado subió un 2,8% en términos interanuales. En trece comunidades autónomas se observó un aumento en el precio de la vivienda, mientras que en las cuatro restantes se produjo una disminución. Las mayores subidas se registraron en Galicia (23,8%), Murcia (21,6%), Baleares (14,8%), Castilla y León (13,3%), Aragón (13,2%), Cantabria (12,8%) y Castilla-La Mancha (11%). Los precios disminuyeron en Navarra (-34,9%), La Rioja (-4,3%), Cataluña (-3,1%) y País Vasco (-0,1%). El estudio también revela que la superficie media de las viviendas en España disminuyó un 0,5% interanual. Se observaron aumentos en la superficie en nueve comunidades autónomas, descensos en siete y estabilidad en una. Las comunidades con mayores incrementos fueron Navarra (25,5%), Cantabria (4,6%), La Rioja (2,0%), Cataluña (1,8%), Madrid (1,5%), Asturias (1,3%), Extremadura (1,2%), Aragón (1,1%) y Baleares (1,0%). La Comunidad Valenciana mantuvo una tasa estable (0,0%). Las autonomías con variaciones negativas en la superficie fueron Galicia (-9,3%), Castilla-La Mancha (-4,9%), Murcia (-2,2%), Andalucía (-1,2%), Castilla y León (-0,8%), País Vasco (-0,7%) y Canarias (-0,6%).

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(El Mundo, 05-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Rey abre el Año Judicial con esperanza de normalidad

Hoy, el Rey inaugura el Año Judicial en un momento en que resurgen las esperanzas de que la normalidad regrese a este importante poder del Estado en España. Después de cinco años de parálisis, el Consejo General del Poder Judicial eligió esta semana a Isabel Perelló como nueva presidenta de la institución y del Tribunal Supremo, tras el acuerdo alcanzado semanas atrás entre PSOE y PP sobre la composición del órgano de gobierno de los jueces. Felipe VI asistirá hoy a la sede del Tribunal Supremo, donde solo él y el controvertido Fiscal General del Estado aparecerán nuevamente en la foto presidencial. Después de años en los que los bloqueos políticos han impedido cumplir con el mandato constitucional (principalmente por parte del PP), parece que los ciudadanos pueden empezar a recuperar la confianza en una justicia que ha sido vista como excesivamente politizada. El hecho de que el nuevo liderazgo del CGPJ y el Supremo esté encabezado por una mujer es significativo, especialmente considerando que el 57% de los jueces en activo son mujeres. Es un avance simbólico, pero lo más importante es que se ha roto una situación que ha tenido graves consecuencias para la Justicia, tanto en sus funciones como en su credibilidad. Aunque no se puede decir que la crisis de la Justicia esté totalmente superada, los recientes avances representan pasos decisivos hacia la normalización. El actual sistema de elección de los miembros del Consejo, basado en el reparto entre los principales partidos, sigue siendo un lastre del pasado. Mientras no se implemente un nuevo método de selección, persistirá el riesgo de que la Justicia siga politizada. Uno de los principales retos que enfrentará Isabel Perelló será precisamente la reforma de este sistema. El pacto entre PSOE y PP ante la Comisión Europea estipula que el CGPJ tiene un plazo de seis meses para presentar una propuesta que permita la "participación directa" de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de origen judicial. Durante este tiempo, el Consejo deberá analizar los sistemas utilizados en otros países europeos y proponer una reforma que reciba el apoyo de tres quintos de la institución. Sin embargo, dicha propuesta no será aprobada automáticamente, ya que deberá ser enviada al Gobierno y al Parlamento para que los poderes ejecutivo y legislativo decidan su destino. Solo entonces se sabrá hasta dónde están dispuestos a llegar los principales partidos. Además de esta reforma, el Consejo también debe abordar con urgencia el nombramiento de alrededor de 100 jueces y magistrados en diversos tribunales, vacantes debido a los bloqueos institucionales de los últimos años. Estos nombramientos requieren consenso, ya que se necesita una mayoría reforzada de 13 votos. El Tribunal Supremo tiene actualmente 27 vacantes, y a esto se suman otras 40 en los tribunales superiores de justicia, 31 en las audiencias provinciales y 2 en la Audiencia Nacional. Estas cifras alarmantes explican la lentitud y falta de eficacia del sistema judicial en los últimos años. Entre los nombramientos más destacados está el del presidente de la Sala Segunda del Supremo, un puesto ocupado por el magistrado Manuel Marchena desde 2019, cuyo mandato termina en noviembre. Esta sala, encargada de los casos penales más importantes de España, será uno de los focos principales de negociación en las próximas semanas, dada su relevancia. En este proceso de normalización judicial y de recuperación de la separación de poderes, es fundamental superar las etiquetas que se asignan a jueces y magistrados, como progresistas o conservadores. Los jueces deben ser imparciales y cumplir la ley sin influencias ideológicas o políticas. No obstante, esta cuestión seguirá siendo difícil de resolver mientras los partidos sigan interviniendo en los nombramientos y decisiones judiciales. Además, el desprestigio judicial se ve agravado por las críticas de las fuerzas políticas a las sentencias que no les favorecen. Esto mina la credibilidad del sistema judicial y refuerza la percepción de politización. En contraste con el consenso logrado para el nombramiento de Perelló, ayer se dio otro ejemplo de politización en la designación de José Luis Escrivá, exministro, como gobernador del Banco de España. Aunque su currículo es adecuado para el puesto, su reciente paso por el gobierno genera dudas sobre su independencia, lo que ha sido criticado como un nuevo caso de "puertas giratorias" en las instituciones.

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