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(El Economista, 01-04-2025) | Fiscal

El Supremo analiza recurrir el impuesto de Patrimonio ante el Constitucional

El Tribunal Supremo (TS) estudia la posibilidad de elevar el Impuesto sobre el Patrimonio al Tribunal Constitucional. Actualmente, el alto tribunal tiene en su agenda un recurso contra este tributo, para el cual ya se ha designado un magistrado ponente, por lo que su análisis es inminente. Con este caso, ya son cuatro los procedimientos judiciales abiertos en torno a este impuesto. El Tribunal Constitucional aceptó en abril de 2021 el recurso presentado por el Partido Popular, luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera hacer permanente este tributo mediante la Ley de Presupuestos Generales de ese año. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo argumentó que una ley presupuestaria no puede introducir cambios sustanciales en un impuesto a menos que la normativa específica del tributo lo permita expresamente. Por otro lado, en mayo de 2023, la patronal Foment del Treball interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, solicitando que se trasladara la cuestión al Constitucional. Sin embargo, casi dos años después, el Juzgado Central aún no ha admitido a trámite el recurso ni ha tomado una decisión al respecto. El cuarto proceso judicial se inició hace dos años en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), impulsado por el despacho Ros Petit. No obstante, el TSJC suspendió la tramitación del caso a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional. Según Ángel Sáez, director del despacho, el Impuesto sobre el Patrimonio es nulo desde 2014. Para entender esta afirmación, hay que revisar la evolución del impuesto. En 2008, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió mediante una ley ordinaria. Sin embargo, en 2011 fue reactivado a través de un Real Decreto-ley para ese año y el siguiente. Posteriormente, se prorrogó a 2013 mediante otra ley ordinaria. El problema surgió cuando su extensión a partir de 2014 se realizó a través de la Ley de Presupuestos Generales de 2013. Sáez recuerda que la Constitución prohíbe que una Ley de Presupuestos cree nuevos impuestos y solo permite que los modifique si la normativa del tributo lo autoriza. En este caso, la ley del Impuesto sobre el Patrimonio solo permite ajustes en aspectos cuantitativos, pero no en elementos esenciales como su aplicación o la obligación de tributar. "Desde 2014 no se ha aprobado ninguna ley que reincorpore los artículos clave del impuesto: el 36, que regula la autoliquidación; el 37, que establece los contribuyentes obligados; y el 38, que define la forma de presentación. Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2014, este impuesto no debería existir", argumenta Sáez. Aún no hay fecha para que el Tribunal Constitucional emita su fallo, ya que el recurso del PP lleva cuatro años sin resolverse. Sin embargo, Sáez considera improbable que se pronuncie en plena campaña de recaudación del impuesto, que comienza el 2 de abril y finaliza el 30 de junio. Si el fallo fuera contrario al impuesto, podría abrir la puerta a devoluciones superiores a los 12.000 millones de euros por parte de las comunidades autónomas, considerando lo recaudado entre 2014 y 2023, además de los intereses de demora. No obstante, el Tribunal Constitucional podría optar por una limitación en las devoluciones, como hizo en casos previos con el impuesto de plusvalía o con la anulación de ciertos Reales Decretos-leyes, restringiéndolas solo a aquellos contribuyentes que hayan presentado reclamaciones por vía administrativa o judicial.

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(El Economista, 01-04-2025) | Fiscal

Hacienda estrena este año el nuevo servicio digital para presentar la Renta "exprés"

La campaña de la Renta comienza este miércoles con varias novedades respecto a años anteriores. Entre los cambios más destacados, la Agencia Tributaria lanza por primera vez el servicio 'Renta Directa', que permite presentar la declaración de manera rápida y sencilla. Este sistema está dirigido a aquellos contribuyentes que no necesiten modificar los datos del borrador. Además, se habilita la posibilidad de corregir pequeños errores en la declaración, realizar el pago del impuesto mediante Bizum o tarjeta bancaria y se amplía la asistencia en municipios pequeños, extendiéndola a todos los ciudadanos, sin importar su edad. El nuevo servicio 'Renta Directa' facilitará la presentación online de la declaración a un grupo específico de contribuyentes seleccionados por la Agencia Tributaria. Estos podrán consultar sus datos fiscales y el resultado de su borrador, presentándolo directamente si están conformes. En caso de requerir modificaciones, deberán utilizar el tradicional servicio 'Renta Web'. En cuanto a los umbrales de presentación, Hacienda ajustó el límite de ingresos sujetos a declaración tras la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2024. Así, para la campaña de 2025, estarán exentos de declarar aquellos contribuyentes con dos o más pagadores cuyos ingresos anuales no superen los 15.876 euros, equivalente al SMI del año pasado. Por otro lado, quienes hayan tenido un único pagador deberán presentar la Renta si sus ingresos exceden los 22.000 euros. Otra de las novedades es la posibilidad de pagar la declaración mediante Bizum o tarjeta de débito/crédito, aunque seguirán vigentes las opciones tradicionales como la domiciliación bancaria y la transferencia. Además, se mantiene la opción de fraccionar el pago en dos plazos: el 60% en el primer pago y el 40% restante, hasta el 5 de noviembre. La asistencia personalizada en municipios pequeños, que el año pasado se limitaba a mayores de 65 años, se amplía en 2025 a toda la población de estas localidades. El programa piloto de videollamadas implementado en más de 550 localidades de 46 provincias ahora beneficiará a cualquier contribuyente, sin restricciones de edad. Por segundo año consecutivo, Hacienda aplicará el ajuste en el IRPF a los pensionistas que cotizaron en su día a las antiguas mutualidades laborales. Esto significa que verán reflejada en su declaración la devolución del IRPF cobrado en exceso por sus aportaciones pasadas. Además, el Ministerio de Hacienda trabaja en una reforma legal para devolverles en un solo pago a lo largo de 2025 lo correspondiente a los últimos cuatro años no prescritos (2019-2022). Estarán obligados a presentar la declaración todos aquellos que hayan percibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2024, aunque no deban tributar por él, ya que Hacienda lo exige como un mecanismo de control. Asimismo, todos los autónomos con actividad durante 2024 deberán presentar la Renta, independientemente de sus ingresos, incluso si no alcanzan los umbrales de 15.876 euros con dos o más pagadores o 22.000 euros con un solo pagador. Sin embargo, como medida de última hora, el Ministerio de Trabajo ha eximido a los desempleados que hayan cobrado el paro o un subsidio de presentar la declaración este año, aunque se espera que sea obligatoria a partir de 2026. Una de las mejoras destacadas en esta campaña es la posibilidad de corregir errores sin necesidad de presentar dos declaraciones separadas. Para ello, se han creado dos casillas específicas: la 669, para cuando el contribuyente discrepe con el criterio de Hacienda, y la 701, para solicitar devoluciones diferenciando si se deben a la aplicación de la norma fiscal o a un ingreso indebido por parte de la Agencia Tributaria. Entre el 2 de abril y el 30 de junio, Hacienda enviará notificaciones a los contribuyentes que estén obligados a presentar la Renta y sean propensos a no hacerlo. También alertará a aquellos que hayan presentado su declaración, pero en la que se hayan detectado errores, para que puedan corregirlos dentro del plazo voluntario.

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(Expansión, 01-04-2025) | Laboral

Las medidas destinadas a facilitar y flexibilizar las posibilidades para compaginar la jubilación y el trabajo echan a andar hoy

Casi un año después de que el Ministerio de Seguridad Social alcanzara un acuerdo tripartito con empresarios y sindicatos a finales de julio de 2024, y siete meses después de su firma en La Moncloa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de CEOE, Cepyme, UGT y CCOO, entran en vigor, a partir del 1 de abril, las medidas diseñadas para facilitar la compatibilidad entre la jubilación y el empleo, permitiendo así el cobro simultáneo de una pensión y un salario. Aunque se trata de la tercera fase de la reforma de pensiones-cuyas dos primeras etapas fueron aprobadas en 2021 y 2023 por el entonces ministro José Luis Escrivá-, esta última serie de cambios no es menor. El Gobierno confía en que contribuirá a prolongar voluntariamente la vida laboral de los trabajadores. Desde el Ministerio de Seguridad Social, ahora liderado por Elma Saiz, se espera que esta medida ayude a compensar la disminución de la participación laboral de los jóvenes, consecuencia del envejecimiento demográfico, y, al mismo tiempo, genere un ahorro en el gasto público retrasando el acceso a la jubilación. No hay que olvidar que para 2025 se prevé un récord en el gasto en pensiones, alcanzando los 216.000 millones de euros. La reforma introduce cambios clave en la jubilación parcial, tanto con cómo sin contrato de relevo, así como en las modalidades de jubilación activa y demorada. La jubilación parcial permite reducir la jornada laboral a partir de los 62 años, combinando el salario con la pensión. Con la reforma, se adelanta en un año la posibilidad de acogerse a esta modalidad. Antes, la edad mínima para optar a ella se incrementaba progresivamente hasta alcanzar los 63 años en 2027, siempre que se contara con al menos 36 años y seis meses de cotización. Ahora, se permite acceder a partir de los 33 años cotizados, tres años antes de la edad ordinaria de retiro. Cabe recordar que, a partir de 2027, la edad legal de jubilación será de 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses, y de 65 años para quienes superen ese umbral. La norma establece que, si la jubilación parcial se produce más de dos años antes de la edad ordinaria, durante el primer año solo podrá reducirse la jornada laboral entre un 20% y un 33%, lo que afectará el porcentaje de pensión a percibir. A partir del segundo año, la reducción podrá situarse entre el 25% y el 75%, como ocurría antes de la reforma si se cumplían los requisitos de edad. Sin embargo, según el abogado laboralista Ignacio Solsona, esta normativa puede generar distorsiones. Por ejemplo, si un trabajador accede a la jubilación parcial con 62 años y ocho meses, deberá mantener la reducción de jornada entre el 20% y el 33% durante 12 meses, en lugar de aplicarse solo hasta alcanzar el umbral de dos años de anticipación respecto a la edad ordinaria. Para acogerse a esta modalidad, se mantienen requisitos previos como contar con al menos seis años de antigüedad en la empresa y tener un contrato indefinido a jornada completa. Además, es necesario pactar con la empresa la transición a la jubilación parcial, ya que esta debe suscribir un contrato de relevo para el trabajador que cubrirá el puesto cuando el jubilado parcial se retire definitivamente. Sin embargo, las empresas no están obligadas a aceptar este tipo de jubilación a menos que esté estipulado en el convenio colectivo. Se mantiene la posibilidad de acumular la jornada laboral restante, lo que permite concentrar el trabajo en un período determinado y disfrutar de un periodo de inactividad antes de la jubilación total. No obstante, tanto el trabajador jubilado parcialmente como la empresa deberán seguir pagando el 100% de las cotizaciones sociales correspondientes. Para acceder a la jubilación parcial en las condiciones mencionadas, la empresa debe contratar a un trabajador relevista, que puede ser un desempleado, un temporal de la misma empresa o un trabajador con contrato fijo discontinuo. Este contrato debe ser indefinido y a tiempo completo, eliminándose la posibilidad de contratación a tiempo parcial. Además, la base de cotización del relevista deberá ser al menos del 65% de la que tenía el trabajador jubilado parcialmente. El contrato deberá mantenerse al menos dos años después de la jubilación definitiva del trabajador relevado. Existe también la posibilidad de acceder a la jubilación parcial sin necesidad de contratar a un relevista, aunque bajo condiciones más estrictas. En este caso, se requiere haber alcanzado la edad legal de retiro (65 o 67 años en 2027, según los años cotizados) y contar con al menos 15 años de cotización, dos de los cuales deben haberse acumulado en los últimos 15 años previos a la jubilación. Este tipo de jubilación permite compatibilizar una parte o la totalidad de la pensión con un salario, ya sea como trabajador por cuenta ajena o como autónomo. Para acceder a ella, debe haber transcurrido al menos un año desde la edad ordinaria de retiro. Además, se flexibiliza el requisito de años cotizados: antes se exigían 36 años y seis meses para acceder al 100% de la prestación, mientras que ahora basta con el mínimo de 15 años. El cambio más significativo es el porcentaje de pensión a percibir. Si la jubilación activa se solicita un año después de la edad ordinaria, se cobrará el 45% de la pensión; a los dos años, el 55%; a los tres años, el 65%; a los cuatro años, el 75%; y el 100% si se accede cinco años después, es decir, a los 70 o 72 años. Una vez en jubilación activa, el porcentaje inicial de la pensión aumentará un 5% por cada año trabajado, con un máximo del 100%. Sin embargo, las cotizaciones realizadas durante la jubilación activa no aumentarán la base reguladora ni generarán el complemento económico por demora, aunque ahora sí será compatible con la jubilación activa. Para los trabajadores autónomos, las condiciones han empeorado si tienen empleados a su cargo. Para beneficiarse de la jubilación activa, el autónomo deberá contar con un trabajador indefinido con al menos 18 meses de antigüedad o contratar a uno nuevo de forma indefinida, siempre que no haya trabajado con él en los dos años previos a la jubilación. Antes de la reforma, un autónomo con empleados podía acceder al 100% de la pensión desde el primer año de jubilación activa. Ahora, en los tres primeros años, solo cobrará el 75%; en el cuarto año, el 80%; y solo a partir del quinto año podrá recibir el 100% de la prestación. En otras palabras, lo que antes se percibía inmediatamente ahora se obtiene tras cinco años de espera.

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(Expansión, 01-04-2025) | Laboral

Airef alerta de que la reforma de las pensiones pasa el primer examen pero exigirá "hacer ajustes" de ingresos o gasto

La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno ha superado por un estrecho margen la evaluación de la Unión Europea, evitando así un ajuste automático en forma de aumento de cotizaciones. Este resultado ha sido posible gracias al sólido crecimiento del PIB y a la inclusión de las transferencias estatales a la Seguridad Social en los cálculos. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advirtió ayer que la reforma no contribuye a mejorar la sostenibilidad del sistema, ya que para 2050 generará el doble de gastos que de ingresos. Además, si no se aplican medidas correctivas, la deuda pública podría dispararse hasta el 181% del PIB en 2070 y el déficit alcanzar el 7,7%. El análisis de la reforma de las pensiones, impulsada por el actual gobernador del Banco de España y exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue exigido por la Comisión Europea al estar vinculado a los hitos del Plan de Recuperación y los fondos Next Generation. Bruselas estableció que el gasto medio en pensiones entre 2022 y 2050 no debía superar el 15% del PIB, siempre que los ingresos adicionales generados por la reforma alcanzaran al menos el 1,7%, lo que permitiría un gasto neto máximo del 13,3%. Si los ingresos estuvieran por debajo de esa cifra, sería necesario un ajuste o, en caso de incumplimiento, se activaría un "mecanismo de cierre" que obligaría al Gobierno a tomar medidas correctivas en un mes o, en su defecto, aumentar las cotizaciones de manera automática. Para evaluar el impacto de la reforma, la Comisión encargó a la Airef que estimara los ingresos basándose en las proyecciones del informe comunitario de envejecimiento (Ageing Report). Este análisis debía completarse antes de abril de 2025. Sin embargo, apenas un mes antes, el Gobierno modificó por decreto el criterio de evaluación, obligando a la Airef a incluir en su análisis las transferencias estatales a la Seguridad Social, que se financian con impuestos y cubren parte del déficit del sistema. A pesar de las críticas que suscitó esta decisión, la Airef aplicó el nuevo criterio de forma estricta, considerando solo una fracción de las transferencias estatales recientes: aquellas destinadas a financiar pensiones no contributivas y las que compensan reducciones de cotizaciones por contratación de ciertos colectivos. Como resultado de su análisis, la Airef concluyó que el crecimiento del PIB ha permitido contener el gasto medio en pensiones hasta el 14,6% del PIB, por debajo del umbral del 15%. Además, estimó que los ingresos adicionales generados por la reforma y las transferencias alcanzan 1,4 puntos del PIB, cifra inferior al 1,7% exigido. No obstante, como el gasto también se mantiene dentro del límite, el saldo final es del 13,2%, justo una décima por debajo del tope del 13,3%, lo que supone un margen de apenas 1.600 millones de euros. A pesar de este ajuste, la Airef considera que la regla de gasto comunitaria es un indicador limitado y que no refleja completamente los problemas de sostenibilidad del sistema. Según sus estimaciones, la reforma incrementará el gasto público en 2,7 puntos del PIB para 2050, mientras que los ingresos solo aumentarán en 1,4 puntos, lo que elevará el gasto en pensiones hasta el 16,1% del PIB en ese año. Además, la dependencia de las transferencias estatales crecerá en 2,4 puntos del PIB (unos 38.000 millones de euros), dificultando los esfuerzos por equilibrar las cuentas públicas. En el marco del Plan Fiscal Estructural de medio plazo enviado a Bruselas en octubre, el Gobierno se comprometió a un crecimiento medio del gasto del 3%. No obstante, según la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, "para hacer encajar un gasto en pensiones superior al 4% dentro de un compromiso de gasto medio del 3%, será necesario realizar ajustes". En definitiva, las proyecciones de la Airef indican que, si no se adoptan medidas para aumentar los ingresos o reducir el gasto, la reforma de las pensiones ejercerá una fuerte presión sobre el sistema, elevando la deuda pública del 102% actual al 181% en 2070 y disparando el déficit del 3% al 7,7%.

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(El País, 01-04-2025) | Laboral

Los expertos han reclamado una “transformación profunda” de las “ineficaces” políticas activas de empleo

La sede del Consejo General de Economistas (CGE) fue este lunes el escenario de un coloquio centrado en la reforma de las políticas activas de empleo, en el que también participó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los expertos coincidieron en la necesidad de una transformación profunda del actual sistema, que consideran ineficaz, y señalaron como prioridad la mejora en la recopilación y análisis de datos sobre las necesidades del mercado laboral y las competencias de los desempleados, especialmente en un país como España, que lidera la tasa de paro en Europa con un 10,4%, frente al 5,8% de media en la UE. En un documento conjunto, Fedea y el CGE abogan por "reforzar los vínculos con el tejido empresarial para conocer con detalle qué perfiles demanda y poder ajustar mejor la oferta laboral, alineando las capacidades y aptitudes de los desempleados con las vacantes reales". Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, subrayó esta idea: "Las oficinas de empleo no tienen información precisa sobre las empresas de su entorno, desconocen qué necesitan. Y tampoco han logrado identificar adecuadamente los perfiles de los demandantes de empleo para conectar ambas partes". García también apuntó a la falta de coordinación entre administraciones como un obstáculo adicional: "Cuando trabajé en la Junta de Andalucía, no teníamos acceso a los datos de la Seguridad Social, aunque los solicitábamos. Esa información sería fundamental para diseñar políticas más eficaces y con verdadero impacto social". Además, señaló que los servicios privados de intermediación tampoco ofrecen mejores resultados que los públicos. Según el investigador, "necesitamos un cambio estructural de enfoque y acceso completo a los datos disponibles. Hoy la tecnología permite consultar registros en tiempo real. Si alguien va a una oficina de empleo y dice que es jardinero, debería poder saber cuántas ofertas hay en su provincia o en otras, y tomar decisiones informadas". Los expertos también propusieron "modernizar la infraestructura digital del sistema de empleo, incorporando herramientas que automaticen procesos, optimicen el cruce de datos y ofrezcan una atención más ágil y personalizada a usuarios y empresas". En esta línea, también sugieren reorganizar internamente los servicios públicos de empleo, mejorar la colaboración entre el SEPE y las comunidades autónomas e impulsar alianzas público-privadas. Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y representante del CGE en el Consejo Superior de Estadística del INE, señaló que los avances actuales en empleo responden más al crecimiento económico y al auge del turismo que a la eficacia de las políticas aplicadas. En su opinión, "se necesitan planes de choque desde los servicios públicos de empleo, centrados especialmente en los parados de larga duración, incluyendo apoyo formativo y psicológico para facilitar su reinserción laboral". Asimismo, tanto el CGE como Fedea reclaman una revisión profunda de la formación para el empleo. Proponen flexibilizar los actuales certificados de profesionalidad y adaptarlos a los sectores con mayor potencial de desarrollo, así como diseñar incentivos a la creación de empleo ajustados a las necesidades específicas de cada comunidad autónoma. También proponen reforzar el compromiso de los desempleados en su proceso de inserción laboral, exigiendo una búsqueda activa y continuada, y estableciendo requisitos más estrictos para rechazar ofertas laborales adecuadas. García alertó de que las actuales normativas, como la ley de Función Pública o la de subvenciones, limitan en gran medida los cambios necesarios, y abogó por reformarlas. Tanto él como el CGE insistieron en la importancia de establecer un sistema permanente de evaluación que permita medir el impacto real de las políticas, corregir desviaciones y concentrar recursos en las medidas que han demostrado ser más eficaces. Otra propuesta destacada fue la creación de mecanismos de jubilación más flexibles, o incluso jubilación activa, que permitan compatibilizar el cobro de la pensión con el ejercicio de una actividad remunerada. El coloquio fue moderado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y contó también con la participación del presidente del CGE, Valentín Pich.

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(El Periódico, 01-04-2025) | Laboral

Saiz descarta recortes en las pensiones o subir cuotas tras el aval de la Airef

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha mostrado muy confiada respecto al futuro del sistema público de pensiones tras conocer el informe favorable emitido este lunes por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según Saiz, el respaldo del organismo permite asegurar no solo la viabilidad del sistema, sino también seguir avanzando en materia de protección social, sin necesidad de recortes en las prestaciones ni de nuevas subidas de cotizaciones. Durante la pasada legislatura, el Gobierno liderado entonces por José Luis Escrivá -actual gobernador del Banco de España- introdujo una cláusula de garantía en la reforma del sistema de pensiones. Este mecanismo, acordado con la Comisión Europea, establece que si las nuevas fuentes de financiación no son suficientes para cubrir el aumento esperado del gasto, el Ejecutivo deberá actuar, ya sea reduciendo el gasto o aumentando los ingresos. La AIReF fue designada como el organismo encargado de revisar, cada tres años, si estas medidas son adecuadas. El primer dictamen, publicado este lunes, concluye que de momento no se requieren ajustes, ya que el gasto se mantiene dentro de los márgenes previstos. "El mensaje principal es claro: no se necesitan medidas adicionales en materia de pensiones. Hoy por hoy, la sostenibilidad está asegurada, y los resultados están siendo incluso mejores de lo esperado. Por eso miramos al futuro con optimismo", declaró la ministra ante los medios. Saiz también destacó que las nuevas vías de financiación ya están dando resultados positivos, lo que ha permitido ir recuperando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocido como la "hucha de las pensiones"-, que llegó a superar los 66.000 millones de euros hace más de una década, pero que fue agotándose para afrontar las consecuencias de la crisis económica. Según sus previsiones, el fondo alcanzará los 14.000 millones de euros a finales de este año, lo que equivale aproximadamente al 1% del PIB. "Cuando el Gobierno de coalición progresista llegó al poder, esta hucha estaba prácticamente vacía. Ahora estamos en camino de devolverle su papel estratégico en la estabilidad del sistema", afirmó la ministra.

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(Cinco Días, 01-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Lagarde llama a Europa a “caminar hacia la independencia” ante los aranceles de Trump

Christine Lagarde conoce de primera mano cómo actúa Donald Trump. Durante su primer mandato, ella ocupaba el cargo de directora gerente del Fondo Monetario Internacional, entre 2011 y 2019, con sede en Washington. En una entrevista reciente en France Inter, la actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) lo describió como alguien que enfoca todo desde una lógica transaccional: "Hace algo, le pone un precio, y espera un beneficio a cambio. Como si se tratara de un negocio", afirmó. Esta fue su única referencia directa a la personalidad del expresidente estadounidense. Su mensaje principal, sin embargo, fue una llamada a Europa para que refuerce sus vínculos internos frente a la nueva oleada de aranceles que Trump podría anunciar o aplicar el próximo 2 de abril. "Nos encontramos a dos días de posibles cambios geopolíticos y geoeconómicos profundos impulsados por el presidente de EE. UU. Para Europa, esto puede marcar el inicio de una senda hacia una mayor autonomía. Él lo denomina el 'Día de la Liberación'. Yo lo veo como el momento en que debemos unirnos y tomar las riendas de nuestro futuro", señaló. La presidenta del BCE advirtió que la guerra comercial tendrá efectos negativos. De hecho, el propio banco estima que las medidas ya comunicadas podrían reducir el PIB de la zona euro en tres décimas, cifra que aumentaría hasta medio punto si Bruselas decide responder con contramedidas, algo que parece inevitable. "Una guerra comercial siempre deja perdedores. No hay ganadores. Ni siquiera Estados Unidos, que sufrirá una subida de precios y una presión inflacionaria que afectará a los consumidores. Los fabricantes de coches allí están desesperados", comentó. Aunque una reacción europea pueda agravar la situación económica, Lagarde considera que es una señal necesaria. "Para tener una posición sólida en la negociación, debemos demostrar que no vamos a ceder", explicó, aunque recordó que esas decisiones corresponden a los Gobiernos, no al BCE. Pese al panorama tenso, Lagarde ve una oportunidad para que Europa atraiga capitales que escapan de la incertidumbre generada por la administración estadounidense. "Debemos jugar nuestras cartas. Europa es una de las economías más grandes del mundo, y los inversores nos miran de otra manera desde hace un par de meses. Aquí se respeta la seguridad jurídica", destacó. Añadió que las empresas en la UE tienen más claridad sobre las normativas fiscales y otras reglas, y que esa estabilidad debe ser utilizada estratégicamente y con unidad. También mencionó una fortaleza en el plano microeconómico: "Los europeos ahorran bastante más que los estadounidenses", apuntó. Sin embargo, lamentó que esos ahorros se destinen mayoritariamente a cuentas o depósitos de baja rentabilidad, y que en parte terminen invertidos en deuda estadounidense. "Estamos financiando la economía de EE. UU.", dijo. Por eso, abogó por una reflexión profunda sobre cómo canalizar mejor esos recursos dentro de Europa. En un contexto tan volátil, Lagarde rechazó dar por finalizada la crisis inflacionaria, a pesar de que los precios ya se sitúan cerca del objetivo del BCE, con una previsión del 2,3%. "Ojalá pudiera decir que la situación está completamente bajo control. Es una lucha constante. Hemos pasado del 10,6% en octubre de 2022 a los niveles actuales, pero debemos mantenernos vigilantes", advirtió, recordando que los conflictos comerciales podrían frenar los avances logrados. Además, explicó que el impacto de los aranceles se deja sentir incluso antes de que entren en vigor, ya que su sola expectativa altera las decisiones de inversión y consumo tanto en empresas como en consumidores. Aunque no mencionó explícitamente a Alemania, reconoció que los países con mayor peso exportador serán los más afectados. "Los más expuestos al comercio exterior serán los más golpeados", afirmó. Como aspecto positivo, subrayó que el principal socio comercial de Europa es el propio continente, por lo que instó a fortalecer las relaciones internas y a mejorar los mecanismos de toma de decisiones en las instituciones europeas para ganar agilidad. Finalmente, Lagarde apeló a que los miembros del BCE mantengan una actitud de apertura y curiosidad intelectual para poder anticiparse a posibles amenazas para la estabilidad de precios, incluyendo factores como la Defensa, la energía o la salud. Recordó que las decisiones del BCE se sustentan en tres pilares: las previsiones de inflación, la inflación subyacente, y la manera en que sus medidas se trasladan a la economía real. Sobre la próxima reunión del BCE, programada para los días 16 y 17 de abril, reconoció que existen diferencias de criterio entre quienes apuestan por seguir bajando tipos de interés y quienes abogan por una pausa. "Algunos quieren avanzar muy rápido. Otros prefieren ir paso a paso y analizar el terreno", comentó. ¿Y ella? "Yo me guío por los datos. No intento anticiparme ni hacer predicciones a corto plazo", concluyó.

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(Expansión, 01-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro bate récord y vive su mejor trimestre en 39 años

En el primer trimestre del año, el oro ha reafirmado su papel como activo refugio con una fortaleza no vista en casi cuatro décadas. Durante los tres primeros meses de 2025, el metal precioso ha experimentado un incremento superior al 18%, una subida que no se registraba desde el tercer trimestre de 1986, cuando su valor aumentó un 22,5%. Este repunte es especialmente significativo, ya que el oro ha encadenado una serie de máximos históricos, el más reciente alcanzado en la última sesión, cuando su cotización subió cerca de un 1% y superó por primera vez la barrera de los 3.100 dólares por onza. El ascenso del oro se produce en un contexto de creciente incertidumbre en los mercados financieros globales. La semana pasada, el anuncio de nuevos aranceles al sector automovilístico ya incentivó la demanda del metal, pero las compras se han disparado aún más ante la inminente llegada del denominado "Día de la Liberación", en el que se espera que Donald Trump presente oficialmente los pilares de su estrategia comercial. En el último mes, el oro ha recibido flujos de inversión por valor de 10.600 millones de dólares (aproximadamente 9.630 millones de euros), según datos de Bank of America a través de EPFR Global. Se trata de una de las mayores entradas de capital en un periodo tan corto. Los inversores temen que una guerra comercial de gran escala pueda ralentizar el crecimiento de la economía mundial y aumentar el riesgo de una recesión en Estados Unidos. En este contexto de fuga de capital desde activos de riesgo hacia opciones más seguras, los analistas consideran que el oro aún tiene margen para seguir subiendo tanto en el corto como en el mediano plazo. De hecho, las principales firmas de análisis han elevado sus proyecciones para este año, situando el precio del metal entre los 3.300 y los 3.400 dólares por onza. En los últimos días, Citi, Goldman Sachs y Bank of America han actualizado sus previsiones sobre el precio del oro. Citi estima que en los próximos tres meses la onza alcanzará los 3.200 dólares; Goldman Sachs prevé que cerrará el año en torno a los 3.000 dólares; mientras que Bank of America va más allá, proyectando un valor de 3.350 dólares en 2026 y de 3.500 dólares en un plazo de dos años.

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(El País, 01-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor se estanca en marzo ante las dudas sobre la continuidad de los recortes de tipos

El euríbor ha mostrado un comportamiento volátil en lo que va de año: subió en enero, descendió en febrero y se ha mantenido prácticamente estable en marzo. Este vaivén ha desorientado a quienes tienen una hipoteca a tipo variable, acostumbrados a una tendencia claramente bajista durante la segunda mitad del año pasado. Ahora, el indicador parece haberse tomado un respiro. Cerró marzo en el 2,398%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022, aunque apenas por debajo de la tasa de febrero (2,407%). Aun así, quienes vayan a revisar su hipoteca próximamente recibirán buenas noticias: en comparación con el euríbor de hace un año (3,718%), se ahorrarán alrededor de 117 euros mensuales -más de 1.400 euros al año- en un préstamo medio de 145.673 euros a 25 años. Durante las 21 jornadas hábiles de marzo, el euríbor bajó en 14, subió en 6 y solo se mantuvo sin cambios en una. La media mensual se vio afectada por una primera semana con varias subidas, pero el resto del mes permitió recuperar terreno. De hecho, el 31 de marzo, el euríbor diario cayó al 2,306%, su valor más bajo del año, lo que abre la puerta a posibles nuevas caídas en abril. Muchos esperaban que una bajada de tipos del Banco Central Europeo el pasado 6 de marzo impulsara aún más la caída del euríbor. Sin embargo, el mercado ya había anticipado ese movimiento, por lo que su impacto fue limitado. La atención se centró entonces en las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del BCE, que insistió en la elevada incertidumbre actual y en la necesidad de seguir dependiendo de los datos económicos y geopolíticos para tomar decisiones. Para quienes tienen préstamos o planean solicitarlos, la noticia menos alentadora es que el BCE no descarta hacer una pausa en la bajada de tipos en su próxima reunión del 16 y 17 de abril. En el lado positivo, la inflación sigue bajando. El precio del gas natural se ha reducido cerca de un 30% desde los máximos de febrero, gracias en parte a los avances hacia un posible acuerdo de paz en Ucrania. Además, en febrero, la inflación en la zona euro bajó dos décimas, situándose en el 2,3%, muy cerca del objetivo del BCE. España registró la misma tasa, favorecida por las lluvias que han aliviado los costes energéticos. Para los analistas, la evolución errática del euríbor no ha sido una sorpresa. "La tendencia general sigue siendo a la baja, aunque ahora con más altibajos que en 2024, por el aumento de la incertidumbre", explica Antonio Gallardo, economista de Asufin. Simone Colombelli, responsable de Hipotecas de iAhorro, coincide: "El euríbor está atravesando una fase de estabilización lógica tras las caídas bruscas anteriores, y eso es positivo considerando de dónde venimos". Las previsiones de Bankinter también apuntan en esa dirección: prevén que el euríbor cierre el año en torno al 2,10%. No obstante, para 2026 anticipan un repunte hasta el 2,50%, aunque reconocen que hacer estimaciones a tan largo plazo es cada vez más difícil, especialmente ante la incertidumbre que generan políticas como las de aranceles impulsadas por Donald Trump. Pese a la pausa del euríbor en marzo, la tendencia hacia hipotecas más asequibles se mantiene. Según el Instituto Nacional de Estadística, el tipo medio de interés para préstamos hipotecarios en enero fue del 3,08%, el más bajo desde abril de 2023. Además, el 64,2% de las nuevas hipotecas se contrataron a tipo fijo, la proporción más alta en casi un año, debido al atractivo de unas cuotas más estables y previsibles. Este contexto está reactivando el mercado inmobiliario. La compraventa de viviendas acumula ya siete meses seguidos de crecimiento y en enero se cerraron 60.650 operaciones, la cifra más alta desde 2008 y un 11% más que el año anterior. De esas transacciones, 38.058 (el 62%) se financiaron con hipoteca, la mayor cifra en un mes de enero desde 2019. El resto, un 38%, se realizó al contado. El repunte ha sido especialmente fuerte en la obra nueva, cuyas ventas crecieron un 30,9%, mientras que el mercado de segunda mano subió un 6,1%.

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(El Economista, 01-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Supremo aclarará en qué casos una persona autoriza a la Administración para recibir notificaciones "online"

El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará sobre en qué circunstancias la Administración puede considerar que una persona física ha aceptado recibir notificaciones electrónicas. Actualmente, solo las empresas, los autónomos y los contribuyentes con altos recursos económicos están obligados a comunicarse digitalmente con la Administración, mientras que las personas físicas, en principio, no tienen esta obligación. Sin embargo, en algunas ocasiones, la Administración envía notificaciones electrónicas a ciudadanos que no están obligados a utilizar este medio y asume que han aceptado esta forma de comunicación simplemente por haber recibido y abierto el mensaje. Ahora, en un auto fechado el 19 de marzo y con el magistrado Rafael Toledano Cantero como ponente, el Supremo deberá determinar si el mero acuse de recibo o la constancia de notificación en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) pueden considerarse prueba suficiente de que la persona ha dado su consentimiento para recibir notificaciones electrónicas de la Administración. El alto tribunal considera necesario establecer un criterio claro, ya que esta cuestión no ha sido abordada previamente y afecta a un gran número de casos. Además, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado que si un ciudadano accede voluntariamente a su DEH y consulta la notificación, se entiende que ha sido debidamente informado, incluso si no tenía la obligación de usar este canal para comunicarse con la Administración. El Supremo resolverá así el caso de un contribuyente al que Hacienda envió varias notificaciones electrónicas para informarle sobre la derivación de responsabilidad por la deuda de una empresa. Sin embargo, el Tribunal Económico-Administrativo de Canarias falló a favor del ciudadano, señalando que no existía prueba de que hubiera consentido expresamente recibir comunicaciones por esta vía.

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