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(El País, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El número de nacimientos creció en España en 2024 por primera vez en la última década

El año pasado nacieron en España 322.034 bebés, lo que representa un aumento de 1.378 nacimientos en comparación con el año anterior. Aunque este incremento es apenas del 0,4%, es significativo porque supone la primera vez en una década que la natalidad en España experimenta un crecimiento. Así lo ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que advierte que estos datos son estimaciones basadas en las inscripciones de los registros civiles informatizados. Por ello, será necesario esperar a las cifras definitivas y analizar la evolución de los nacimientos en los próximos meses para determinar si este leve repunte marca el inicio de una recuperación o si se trata de una variación puntual. A pesar de esta ligera subida, el número de nacimientos en España ha disminuido un 24,7% en la última década, entre 2014 y 2024. Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, atribuye este incremento al impacto de la inmigración. Según explica, "si la fecundidad sigue bajando pero la natalidad aumenta, significa que hay más población en edad fértil, y la única manera de que esto ocurra es a través de la llegada de inmigrantes". Por su parte, Amand Blanes, investigador y Doctor en Demografía de la misma universidad, señala que aunque los datos no son definitivos, reflejan una ligera ralentización en la tendencia descendente de la fecundidad en España. En su opinión, este fenómeno se debe a un ligero aumento en el número de mujeres en edad reproductiva. En un estudio publicado en septiembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) analizó por primera vez la relación entre fecundidad, familia e infancia en España. Los resultados indicaron que la conciliación laboral, los ingresos económicos y el precio de la vivienda siguen siendo los principales obstáculos para formar una familia. Según el informe, basado en 5.742 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en España, el 77,3% de los encuestados considera que la falta de recursos económicos es la principal razón para tener menos hijos. Además, un 44,1% mencionó las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, mientras que un 26,4% afirmó que retrasar la maternidad es una forma de evitar afectar su carrera profesional. Los datos del INE también revelan un retraso progresivo en la edad de maternidad en los últimos años. Un claro indicador de esta tendencia es el crecimiento del número de nacimientos en madres de 40 años o más, que ha aumentado un 8,5% en la última década. En 2014, solo el 7,2% de los nacimientos correspondían a madres de este grupo de edad, mientras que en 2024 la cifra ascendió al 10,4%. A pesar del incremento en los nacimientos, la cifra no fue suficiente para compensar el número de defunciones, que ascendió a 439.146 en 2024, un 0,7% más que en 2023. Esto significa que España registró un saldo vegetativo negativo de 114.937 personas, es decir, murieron 114.937 personas más de las que nacieron. Este saldo negativo se ha repetido durante los últimos ocho años y, en los últimos cinco, las defunciones han superado a los nacimientos en más de 110.000 personas anualmente. En términos de edad y género, la mayor reducción en la mortalidad se observó en hombres de entre 5 y 29 años (-6,1% respecto a 2023) y en mujeres de entre 85 y 89 años (-6,0%). A nivel regional, Cantabria (13,3%) y Baleares (5,7%) fueron las comunidades autónomas donde más aumentaron los nacimientos, mientras que los descensos más marcados se produjeron en Galicia (-4,4%) y el País Vasco (-3,7%). En cuanto a las defunciones, los mayores incrementos respecto a 2023 se registraron en Cantabria (6,1%), así como en Castilla y León y Extremadura (ambas con un aumento del 5%). Por el contrario, la mayor reducción en la mortalidad se produjo en la ciudad autónoma de Melilla, con una caída del 14%. El crecimiento vegetativo fue negativo en todas las comunidades autónomas, salvo en Madrid, que registró un saldo positivo de 2.707 personas, Murcia (852), Baleares (237) y las ciudades autónomas de Melilla (370) y Ceuta (142). En el otro extremo, los mayores saldos vegetativos negativos se dieron en Galicia (-19.333), Castilla y León (-16.385) y Cataluña (-13.668).

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(El País, 20-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

En 2024 se concedieron 423.761 préstamos para la compra de vivienda

El mercado hipotecario en España ha recuperado dinamismo tras un periodo de incertidumbre y contracción. En 2024, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 11,2% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 423.761 operaciones, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto convierte a 2024 en el segundo mejor año para el sector desde la crisis financiera de principios de siglo, solo superado por el excepcional 2022, cuando la demanda acumulada durante la pandemia impulsó la actividad inmobiliaria. En esta ocasión, el repunte ha sido favorecido por la bajada de los tipos de interés y la consecuente reducción del coste de los préstamos, lo que ha animado a muchas familias a solicitar financiación para la compra de una vivienda. El importe medio de estas hipotecas también se incrementó un 2,7%, situándose en 145.673 euros. En cuanto a las condiciones, seis de cada diez préstamos se firmaron a tipo fijo, mientras que el resto fueron a tipo variable. El contraste con 2023 es evidente. En aquel año, el endurecimiento de las condiciones de financiación, derivado de los elevados tipos de interés y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares debido a la inflación, provocó un fuerte retroceso en el mercado inmobiliario. La concesión de hipotecas cayó casi un 18%, y las compraventas de viviendas se redujeron un 10%. Sin embargo, 2024 ha estado marcado por una recuperación gradual, especialmente a partir del segundo semestre, cuando la moderación de los tipos de interés, impulsada por la política monetaria del Banco Central Europeo, comenzó a estimular la demanda. Hasta ese momento, la actividad hipotecaria mostraba signos de estancamiento, pero con la llegada del verano, la expectativa de menores costes financieros impulsó progresivamente la contratación de hipotecas. Desde julio, el volumen de préstamos comenzó a crecer con fuerza, registrando en cinco de los seis meses siguientes incrementos de dos dígitos. El punto álgido se alcanzó en octubre, con un crecimiento interanual del 60%, según el INE. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, señala que este aumento no solo responde a la caída del euríbor, sino también a un efecto de anticipación por parte de los compradores. "Muchos hogares que planeaban adquirir una vivienda en uno o dos años adelantaron su decisión al ver que los precios se disparaban. Mientras que en el primer semestre del año los precios subían en torno al 4%, en la segunda mitad del año el incremento fue del 8% o incluso del 10%, lo que generó una sensación de urgencia en quienes temían quedarse fuera del mercado si esperaban demasiado", explica. Este fenómeno ha impulsado aún más la recuperación hipotecaria, especialmente en los segmentos de compradores más dependientes de la financiación. No obstante, el crecimiento no ha sido uniforme en todo el país. Sergio Nasarre, catedrático de Derecho Civil y fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda, destaca que la mejora en el acceso a la financiación ha favorecido principalmente a quienes residen en zonas menos tensionadas, donde los precios de la vivienda son más accesibles y las familias pueden convertirse en propietarias con mayor facilidad. En cambio, en regiones con alta demanda turística o fuerte presencia de inversores extranjeros, el mercado sigue dominado por compradores que no necesitan recurrir a hipotecas. Las diferencias territoriales son notorias. En comunidades con menor presión demográfica, como La Rioja, Aragón, Asturias, Galicia, Navarra y Castilla y León, la concesión de hipotecas creció por encima de la media nacional. En cambio, en zonas donde la demanda es más elevada y la accesibilidad a la vivienda representa un desafío, el crecimiento fue más moderado. En Madrid y el País Vasco, por ejemplo, el incremento apenas superó el 10%. Las áreas turísticas presentan una situación particular. En Baleares, el crecimiento fue del 9%, en Andalucía del 7% y en Canarias del 4%. Estas regiones, caracterizadas por una fuerte inversión extranjera y un alto volumen de compras al contado, registran un menor número de hipotecas. Además, en los casos en que los compradores internacionales requieren financiación, suelen recurrir a bancos de sus países de origen, lo que reduce el impacto en el mercado hipotecario nacional, según explica Montalvo. El aumento del importe medio de las hipotecas está directamente relacionado con la subida del precio de la vivienda. De acuerdo con los últimos datos de los registradores de la propiedad, el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.086 euros, estableciendo un nuevo récord histórico. Este dato sitúa a 2024 como el año con el coste más alto para la compra de vivienda, superando incluso los niveles de 2006 y 2007, los momentos más álgidos de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo, sin ajustar por la inflación acumulada desde entonces.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

Hacienda pone el foco en reestructuraciones y fusiones

Las operaciones de reestructuración y fusión están bajo una estricta vigilancia por parte de Hacienda. La aplicación del régimen fiscal especial para fusiones, escisiones y otras reorganizaciones societarias (FEAC), regulado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y con impacto en todo el sistema tributario, ha sido motivo de frecuentes discrepancias interpretativas desde su creación. En particular, la valoración de la existencia de motivos económicos válidos en estas operaciones ha sido un punto de fricción constante entre los contribuyentes y la Administración Tributaria. En relación con este asunto, Natalia Jaquotot, subdirectora general de impuestos sobre personas jurídicas de la Dirección General de Tributos (DGT), ha señalado un cambio relevante en la postura de la Administración. "Hemos decidido suspender todas las consultas vinculadas a operaciones de canje de valores o aportaciones no dinerarias de participaciones realizadas por personas físicas", afirma. La razón de esta pausa radica en que el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) sobre estas operaciones aún no está completamente definido. El principal desafío radica en la interpretación de lo que constituye una "ventaja fiscal abusiva" dentro de estas operaciones. Jaquotot explica que el TEAC ha ido modificando su postura y ampliando el concepto de ventajas fiscales consideradas abusivas. Mientras que las primeras resoluciones se centraban en reservas expresas, decisiones posteriores han extendido este análisis a las plusvalías tácitas. Joaquín Arroyo, inspector de Hacienda y titular de la Vocalía 6ª de apoyo a impuestos directos, también ha abordado la polémica y ha sido tajante: "El objetivo es corregir una ventaja fiscal indebida, no el diferimiento legítimo". Según Arroyo, las resoluciones recientes no introducen cambios en la definición de "motivo económico válido", sino que interpretan la cláusula antiabuso. Uno de los puntos más controvertidos es el tratamiento de los dividendos percibidos por sociedades hólding. En un principio, se consideraba que, siempre que los dividendos permanecieran dentro del ámbito empresarial, no se impediría la aplicación del régimen especial. Sin embargo, en resoluciones más recientes, el TEAC ha rechazado este criterio, concluyendo que si los dividendos se utilizan para financiar otras sociedades o crear nuevas empresas, podría interpretarse como una ventaja fiscal abusiva. Los expertos advierten que el régimen FEAC se perfila como el nuevo foco de conflicto tributario, con el riesgo de generar incertidumbre y litigios en los próximos años. "Nos enfrentamos a una controversia fiscal que promete prolongarse en el tiempo", señala Ignacio Quintana, socio de PwC Tax & Legal. Ante esta situación, la DGT ha optado por la prudencia y ha decidido suspender la emisión de consultas sobre estas operaciones hasta que el TEAC fije una posición definitiva. Según Jaquotot, "el diferimiento fiscal es una característica intrínseca del régimen de neutralidad y no debe considerarse, por sí solo, una ventaja fiscal abusiva que deba ser regularizada". Otro aspecto que genera debate es la eliminación de sociedades hólding dentro de estructuras empresariales. La DGT ha aclarado que la reducción de carga fiscal derivada de la supresión de un hólding no implica necesariamente la inaplicación del régimen FEAC, siempre que se analicen las circunstancias concretas de cada operación. "El simple ahorro fiscal no es un motivo suficiente para excluir la aplicación del régimen", subraya Jaquotot. La incertidumbre en torno al régimen FEAC quedó patente en la reciente jornada "Novedades en fiscalidad empresarial para 2025", organizada por APD y PwC, donde se destacó la complejidad del tema y la necesidad de que las empresas sean extremadamente cautelosas al planificar sus reestructuraciones. La decisión de la DGT de frenar la emisión de consultas refleja la falta de claridad en la interpretación del régimen y la expectativa de que el TEAC consolide su postura en el futuro. Ignacio Quintana advierte que la interpretación del concepto de "ventaja fiscal abusiva" sigue siendo un tema recurrente en el ámbito fiscal, con cambios que reabren debates que se creían cerrados. "Estamos ante un nuevo episodio de un largo culebrón fiscal", comenta. Además, destaca la falta de uniformidad en los criterios aplicados al diferimiento fiscal, aspecto sobre el cual el TEAC ha emitido resoluciones contradictorias. El experto también plantea la posibilidad de que el criterio del TEAC sobre el diferimiento fiscal pueda extenderse a la eliminación de sociedades hólding, lo que implicaría considerar la reducción del Impuesto sobre el Patrimonio como una ventaja fiscal cuestionable. "Ante este panorama, las empresas deberán actuar con extrema prudencia al diseñar sus estrategias de reestructuración, anticipándose a posibles interpretaciones desfavorables de la Administración", concluye. Se vislumbra, así, un futuro complejo y lleno de posibles conflictos en materia tributaria.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

El Tribunal Supremo ha fijado un nuevo criterio sobre el IVA reducido en la compra de viviendas

El Tribunal Supremo ha determinado que no es obligatorio contar con la cédula de habitabilidad en el momento de la compra de un inmueble para beneficiarse del tipo reducido de IVA del 7%, siempre que la construcción esté finalizada y destinada a ser utilizada como vivienda. Este caso surge a raíz de un recurso de casación presentado por una empresa contra una sentencia de la Audiencia Nacional que le denegaba la devolución de ingresos indebidos por IVA. La empresa había abonado un IVA del 16% al adquirir varios edificios en 2007 y reclamaba la aplicación del tipo reducido al considerar que los inmuebles eran viviendas. El Supremo ha señalado que lo verdaderamente relevante es la naturaleza del inmueble como vivienda, es decir, que esté terminado y pueda ser habitado, sin que la falta de la cédula de habitabilidad suponga un impedimento. El tribunal argumenta que exigir este documento supondría condicionar la aplicación del IVA a normativas que varían según cada comunidad autónoma, lo que generaría desigualdades. Este fallo aporta claridad sobre los requisitos para aplicar el IVA reducido en la compraventa de viviendas, destacando que lo fundamental es la realidad física y el destino del inmueble, por encima de los trámites administrativos. Además, el TS busca evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Administración en aquellos casos en los que se haya pagado un IVA superior de manera indebida. La sentencia enfatiza que el concepto de vivienda debe interpretarse de manera objetiva, considerando si el inmueble es adecuado para alojar a personas. Aunque la cédula de habitabilidad es un documento útil para demostrar esta condición, no es el único medio de acreditación, lo que abre la posibilidad de utilizar otras formas de prueba.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

La Unión Europea mantiene a Rusia en su "lista negra" de paraísos fiscales

Según la Unión Europea, Rusia es uno de los once territorios, entre ellos Panamá, que no cumplen con los estándares en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. La Federación Rusa fue incluida en la lista negra de paraísos fiscales del bloque comunitario en febrero de 2023, un año después de la invasión de Ucrania, aunque ya en 2022 había sido añadida a la lista gris, que engloba a países que no cumplen las normativas europeas en materia tributaria pero han manifestado su intención de realizar cambios. Tres años después del inicio de la guerra, las relaciones económicas, comerciales y políticas entre la UE y Rusia están prácticamente suspendidas, en un contexto de sanciones impuestas por los Estados europeos en respuesta a la agresión de Moscú. En este escenario, la UE actualizó ayer su listado de jurisdicciones con baja tributación y falta de cooperación fiscal, manteniendo a Rusia en la lista negra. La decisión, más simbólica que práctica, refuerza la postura europea de aislamiento hacia el régimen de Putin, dado que la cooperación entre ambas partes se ha reducido al mínimo. El mantenimiento de Rusia en la lista negra coincide con el creciente protagonismo de Estados Unidos en el conflicto, con la intención de negociar unilateralmente el fin de la guerra, sin involucrar plenamente a la UE ni al Gobierno ucraniano. Para el bloque europeo, esta decisión refuerza su mensaje de que sigue manteniendo una postura firme frente a Rusia, pese al cambio de rumbo en la política exterior estadounidense con el regreso de Donald Trump a la presidencia. Junto con Rusia, la UE ha decidido mantener a Panamá en su lista de paraísos fiscales, junto a otros nueve territorios que siguen sin cumplir con las exigencias europeas en materia tributaria. Panamá, un país que aparece frecuentemente en esta clasificación, ha estado recientemente en el centro de la atención internacional tras las declaraciones de Donald Trump, quien antes de asumir la presidencia insinuó la posibilidad de "recuperar" el Canal de Panamá, un enclave estratégico que conecta los océanos Atlántico y Pacífico. Además de Rusia y Panamá, la lista negra de la UE, creada en 2017 y revisada cada seis meses, incluye a Anguila, Fiyi, Guam, Palau, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Vanuatu. Aunque el bloque reconoce ciertos avances en algunas de estas jurisdicciones, considera que aún persisten áreas de preocupación que deben abordarse. Por otro lado, la lista gris de la UE recoge a ocho países: Antigua y Barbuda, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Brunei Darusalam, Eswatini, Seychelles, Turquía y Vietnam. Estos territorios aún no cumplen plenamente los estándares europeos, pero han expresado su compromiso de realizar cambios para mejorar su nivel de cooperación. En la última actualización, Costa Rica y Curaçao han salido de la lista gris tras implementar reformas tributarias consideradas satisfactorias por la UE. En cambio, Brunei Darusalam ha sido incorporado a este grupo debido a su régimen de exención fiscal para ingresos extranjeros, que se ha comprometido a modificar o eliminar antes de finales de 2026.

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(Expansión, 19-02-2025) | Fiscal

Bruselas promete "años" de flexibilidad fiscal para elevar el gasto militar

La Comisión Europea tiene previsto presentar en marzo una propuesta para permitir la activación de la cláusula de escape nacional en las reglas fiscales, con el fin de facilitar el aumento del gasto en defensa. Sin embargo, la reunión del Ecofin concluyó sin un acuerdo para financiar de manera conjunta este incremento, como propone España. Apenas unos meses después de reinstaurar las restricciones presupuestarias para controlar el déficit y la deuda pública, flexibilizadas durante la pandemia de Covid-19, Bruselas estudia ahora la posibilidad de permitir mayor margen de gasto, esta vez centrado en la inversión en defensa. "Una paz duradera solo puede lograrse desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Está claro que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia seguridad. Necesitamos incrementar el gasto en defensa, y con ese objetivo hemos estado dialogando con la Comisión Europea y los Estados miembros sobre la posibilidad de excluir estas inversiones del cálculo del déficit y la deuda", explicó Andrzej Domanski, ministro de Finanzas de Polonia y actual presidente rotatorio del Consejo de la UE, tras la reunión del Ecofin. Por su parte, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió que la implicación de Estados Unidos en la seguridad europea es ahora menos previsible con el regreso de Donald Trump a la presidencia. En este contexto, coincidió en la necesidad de que los 27 refuercen su gasto militar. Para facilitarlo, adelantó que la Comisión trabaja en una propuesta que permitiría a los países que lo necesiten activar cláusulas de escape nacionales, de modo que la inversión en defensa no se compute como déficit y sea compatible con el reequilibrio de las cuentas públicas. "Estamos trabajando en los detalles, pero está claro que esto no se resolverá en un año, ya que nuestras preocupaciones en materia de seguridad y el desarrollo de nuestras capacidades de defensa requieren más tiempo", afirmó. Bruselas espera presentar un primer borrador en la reunión del Ecofin de marzo, con el objetivo de alcanzar un consenso en mayo. Esta iniciativa permitiría a los países con menor inversión en defensa aumentar su gasto sin comprometer la estabilidad fiscal. No obstante, deja en manos de cada Estado la responsabilidad de financiarlo, en contraposición a la propuesta de España, que aboga por una estrategia de financiación conjunta a nivel europeo. En los últimos días, el ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la emisión de deuda común, la movilización de fondos del BEI y la activación del MEDE para afrontar el desafío. Sin embargo, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo entre los Estados miembros para asumir el esfuerzo de manera colectiva.

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(El Economista, 19-02-2025) | Fiscal

El Supremo endurece las pruebas que reportar a Hacienda para deducir en el IRPF pérdidas en bolsa

El Tribunal Supremo (TS) ha endurecido los requisitos que los contribuyentes deben cumplir para que la Agencia Tributaria acepte la deducción en el IRPF de las pérdidas derivadas de inversiones en bolsa. Según la nueva doctrina, los ciudadanos deberán acreditar el motivo específico de la pérdida, ya sea por la venta de las acciones, la disolución o la liquidación de la empresa en la que invirtieron. Además, si los datos reflejados en su declaración no coinciden con los que dispone Hacienda, deberán aportar información adicional que respalde su solicitud. En una sentencia del 20 de enero, cuyo ponente fue la magistrada María de la Esperanza Córdoba Castroverde, el Supremo establece los criterios para que los contribuyentes puedan justificar adecuadamente las pérdidas que afecten a su patrimonio. El fallo resuelve un litigio entre un ciudadano y la Agencia Tributaria, en el que el contribuyente intentó deducirse una pérdida de 8.080 euros en su declaración de la Renta, alegando la desaparición de ciertos títulos de su cartera de valores. Como prueba, presentó un certificado bancario que indicaba la baja de las acciones en su cuenta de valores. Sin embargo, Hacienda consideró insuficiente esa justificación y abrió una inspección para solicitar información adicional. Ante la falta de más pruebas, el fisco le giró una liquidación del IRPF. El contribuyente, tras perder en primera y segunda instancia, recurrió al Supremo argumentando que el certificado bancario debía ser suficiente y que Hacienda ya cuenta con información sobre las cuentas de valores, ya que los bancos la reportan anualmente. Sin embargo, el Supremo recuerda que el artículo 33.5 de la Ley del IRPF establece que las pérdidas patrimoniales solo son deducibles si están debidamente justificadas. La sentencia explica que esta exigencia busca evitar que los contribuyentes declaren pérdidas basadas únicamente en su propia voluntad, cerrando así la puerta a posibles estrategias de elusión fiscal. Asimismo, el tribunal señala que, en el ámbito tributario y judicial, la carga de la prueba recae sobre quien alega su derecho. En este caso, el contribuyente es quien solicita la deducción y, por tanto, le corresponde demostrar la existencia real de la pérdida, ya que la Administración tributaria no dispone de esa información por sí sola. El Supremo respalda así la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que había considerado insuficiente el certificado bancario como prueba. Según el TSJA, la baja de los títulos en la cuenta del contribuyente no demuestra por sí sola que se haya producido una pérdida patrimonial, ya que las acciones podrían haberse transferido a otra entidad. Por ello, el tribunal exige que el contribuyente demuestre si la pérdida se debe a una venta por debajo del precio de adquisición o a la desaparición de la empresa en la que se invirtió. Con esta resolución, el Supremo refuerza la obligación de los contribuyentes de aportar pruebas sólidas para justificar la deducción de pérdidas en bolsa y evita posibles maniobras de optimización fiscal que no estén debidamente acreditadas.

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(El Economista, 19-02-2025) | Fiscal

Economía confía en aprobar el impuesto al diésel antes de que termine el plazo de Bruselas del 21 de marzo

El Gobierno dispone de un mes para aprobar el impuesto al diésel si quiere asegurarse el respaldo de la Comisión Europea para el quinto desembolso del Plan de Recuperación y recibir íntegramente los 25.000 millones de euros vinculados a esta fase. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su confianza en que la medida pueda ser aprobada antes del 21 de marzo, fecha límite para la evaluación de Bruselas, y ha señalado que aún quedan semanas de trabajo por delante. "Seguimos dentro del plazo para negociar el cumplimiento de los hitos del quinto pago", afirmó Cuerpo en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntado por los tiempos previstos para la aprobación del impuesto al diésel. "Todavía hay margen, seguimos dentro de los plazos", añadió para transmitir tranquilidad. Como ya ocurrió con la negociación del cuarto pago, tras el rechazo en el Congreso a la reforma del subsidio por desempleo, el ministro ha explicado que el Gobierno trabaja en dos frentes simultáneos. Por un lado, mantiene conversaciones con la Comisión Europea para certificar el cumplimiento de los hitos y objetivos relacionados con este desembolso. Por otro, continúa avanzando a nivel interno para sacar adelante la reforma de la tributación de hidrocarburos. España presentó en diciembre la quinta solicitud de pago del Plan de Recuperación, con un retraso de seis meses respecto al calendario inicial. Este proceso se llevó a cabo tras una modificación del plan que permitió adelantar hitos y objetivos de los próximos desembolsos. Si Bruselas da su visto bueno, España podrá acceder a los 25.000 millones de euros correspondientes al quinto pago, al haber adelantado 55 hitos de los tramos siguientes. Este desembolso incluye tanto transferencias como préstamos. En concreto, abarca 9.100 millones en fondos Next Generation y 16.000 millones en préstamos en condiciones favorables. Inicialmente, el quinto pago y los dos primeros tramos de préstamos contemplaban 32 medidas, pero tras la modificación del plan se amplió a 84. Sin embargo, si el Gobierno no logra aprobar el impuesto al diésel, la Comisión Europea podría optar por un desembolso parcial al considerar que no se han cumplido todos los compromisos. Aun así, el Ejecutivo aún tendría la posibilidad de solicitar nuevas prórrogas en la evaluación de Bruselas. No será sencillo para el Gobierno sacar adelante este nuevo tributo debido a la falta de apoyo parlamentario. Podemos condiciona su respaldo a la aprobación del impuesto permanente a las energéticas, una medida que, a su vez, es rechazada por PNV y Junts, lo que complica aún más la negociación. En paralelo, el Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que plantea una simplificación regulatoria sin comprometer los objetivos medioambientales. En el escrito, se subraya que, aunque es necesario reducir la burocracia, las exigencias de transparencia climática y las obligaciones de transición bajo los estándares europeos de sostenibilidad siguen siendo esenciales. La Comisión Europea presentará la próxima semana su primer paquete "omnibus", con el objetivo de simplificar la regulación en materia de sostenibilidad empresarial, responsabilidad corporativa y taxonomía. Este plan busca reducir en un 35% las cargas administrativas para las pymes. En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han recordado a Bruselas en su carta que "el cumplimiento de los objetivos climáticos y el refuerzo de la agenda verde serán clave para fortalecer la competitividad de la Unión Europea, especialmente si se combinan con una reducción de la carga administrativa y una simplificación de las normas comunitarias".

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(El Confidencial, 19-02-2025) | Fiscal

España en el grupo de cola de la OCDE en el cumplimiento de una estrategia anticorrupción

Hace justo un año, el pasado 23 de enero, se celebró en el Instituto de Estudios Fiscales una jornada que sirvió de la puesta de largo de un proceso que se inició hace ya casi un lustro. Fue en 2020 cuando España dio los primeros pasos para la elaboración de una Estrategia Nacional Anticorrupción que contó con el apoyo de la OCDE y también con financiación de la Comisión Europea, a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Desde entonces está pendiente su aprobación definitiva por parte del Gobierno, una labor que le corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) que depende de la Intervención General del Estado. El pasado 13 de noviembre, en una respuesta parlamentaria del PP, el Ejecutivo informó sobre la existencia de un borrador "en fase final de elaboración": Fue en octubre de 2020 cuando la SNCE y la IGAE solicitaron fondos europeos para la elaboración de esta estrategia, que inicialmente debía aprobarse en abril de 2024. Pero no es el único plazo a tener en cuenta, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2023 entró en vigor la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En esa norma se incluía una disposición adicional quinta que establecía que el Ejecutivo debía aprobar en el plazo máximo de 18 meses una estrategia contra la corrupción que, entre otros asuntos, tuviese en cuenta el cumplimiento de los objetivos de la citada norma. Ese plazo acabó en septiembre de 2024. Esto coloca a España en el grupo de cola de la OCDE en el cumplimiento de esta petición, un lugar que comparte con Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega. La organización que reúne a los países desarrollados ha insistido en varias ocasiones en que muchos de sus países miembros han implementado medidas para combatir la corrupción, pero que existen áreas que requieren atención y mejora. No es la única entidad que pone el foco en este tipo de asuntos, ya que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) también ha hecho lo propio. Este organismo dependiente del Consejo de Europa (no dependiente de la UE) ha incluido en su ronda de análisis que comienza en 2025 los avances sobre las estrategias nacionales anticorrupción. La presión sobre la elaboración de este plan integral también llega desde Bruselas. Concretamente desde el informe sobre el Estado de derecho que desde 2021 elabora la Comisión Europea y que durante años ha insistido a España para que renovase el Consejo General del Poder Judicial. En su edición de 2024, el estudio del Ejecutivo comunitario recordó que existía un mandato legal para adoptar la estrategia anticorrupción en el plazo de septiembre de 2024. "La actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha", rezaba el capítulo sobre España en el citado informe, que también desvelaba que "las organizaciones de la sociedad civil" revelaron que no se había llevado a cabo "ninguna consulta". Según el estudio de la Comisión Europea, la estrategia tiene como objetivo "establecer un sistema nacional de lucha contra el fraude" que incluye reformas legislativas y administrativas, así como "una mejora de la coordinación y la transparencia" tanto a nivel nacional como autonómico. Entre los objetivos del plan están la puesta en marcha de políticas de integridad pública, que es como la OCDE se refiere a los principios y normas destinados "a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados". El Consejo de Ministros del pasado 28 de enero aprobó el sistema de integridad en la Administración General del Estado. La apuesta por elaborar estrategias antifraude en la UE surgió como una recomendación a los Estados miembros adoptada en el Consejo Europeo Extraordinario que se celebró entre el 17 y el 21 de julio de 2020. En este foro, se decidió poner en marcha de nuevas medidas para proteger el presupuesto de la UE y los fondos Next Generation impulsados después de la pandemia para paliar la crisis económica que provocó el covid. Esta decisión adquiere relevancia si se tiene en cuenta que algunos de los casos de corrupción que rodean al Gobierno están relacionados con fondos de la UE. Por ese motivo la Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española asumir parte de la investigación relacionada con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. El pasado octubre, la jefa de este organismo comunitario, Laura Codruta Kövesi, se quejó en una visita a España de la falta de medios con los que cuenta en el país, lo que dificulta alguna de sus indagaciones.

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(El Economista, 19-02-2025) | Laboral

Los planes de pensiones pierden 10.000 millones de euros desde la reforma de Escrivá

Los planes de pensiones del sistema individual han dejado de recibir cerca de 10.000 millones de euros en patrimonio desde 2021, año en el que se implementó la primera reducción del límite de aportaciones a estos productos de inversión. Esta medida formó parte del plan impulsado por el entonces ministro de Seguridad Social y actual presidente del Banco de España, José Luis Escrivá, con el objetivo de fomentar los planes de empleo. Ese año, el tope máximo de aportaciones se redujo drásticamente de 8.000 a 2.000 euros, y en 2022 se estableció un nuevo límite de 1.500 euros. Desde entonces, los planes individuales solo han conseguido aumentar su patrimonio gracias al buen desempeño de los mercados financieros. En 2023, cerraron con un total de 92.242 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,6% respecto al año anterior. Sin embargo, las salidas netas de dinero han sido constantes. En 2021, los reembolsos superaron a las aportaciones en 152 millones de euros, cifra que ascendió a 666 millones en 2022 y a 814 millones en 2023. Aunque en 2024 la fuga de capital se redujo ligeramente a 760 millones, estas cifras siguen sin compensar la caída en las aportaciones brutas. Además, las prestaciones pagadas, que en los últimos dos años han superado los 2.300 millones de euros, han acentuado la reducción del patrimonio total. Según cálculos de Inverco, si se mantiene el límite actual de aportaciones, los planes de pensiones individuales dejarán de recibir 2.700 millones de euros anuales en aportaciones brutas. No obstante, la asociación de gestoras no ha podido determinar con precisión hacia dónde se ha redirigido ese capital, a pesar del aumento registrado en los fondos de inversión de perfil conservador. En cuanto a los planes de empleo, el lanzamiento de productos simplificados, como el del sector de la construcción, ha permitido que por primera vez en trece años cerraran el ejercicio con captaciones netas, aunque por un monto modesto de 170 millones de euros. A pesar de ello, los planes de promoción pública aún no han logrado despegar. Por este motivo, Inverco insiste en la necesidad de incluir en los convenios colectivos la obligatoriedad de debatir su implementación, aunque esto no implique su adopción definitiva. "La clave para el éxito de los planes de empleo está en la negociación colectiva", afirmó José González, presidente de la agrupación de fondos de pensiones de Inverco, durante un encuentro con la prensa.

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