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(El Economista, 21-11-2024) | Laboral

Trabajo busca el acuerdo con CCOO y UGT para llevar cuanto antes al Congreso la rebaja de la jornada

El Ministerio de Trabajo ha programado para mañana jueves, a las 16:00 horas, una nueva reunión de la mesa de diálogo social centrada en la reducción de la jornada laboral. La reunión anterior, que estaba prevista para la semana pasada, fue suspendida debido a la DANA y la necesidad de priorizar la gestión de la emergencia. Trabajo había establecido el 11 de noviembre como fecha límite para que CCOO, UGT, CEOE y Cepyme dieran una respuesta definitiva, aceptando o rechazando su propuesta de reducir la jornada laboral semanal de las actuales 40 horas a 37,5 mediante una ley. Sin embargo, CEOE y Cepyme ya han manifestado su rechazo a esta medida, calificándola como una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva", según lo estipulado en el artículo 37.1 de la Constitución. Pese a la oposición empresarial, la vicepresidenta segunda ha garantizado que la jornada de 37,5 horas será implementada "antes de que finalice el próximo año". Con la negativa de las patronales, el Ministerio dirigirá sus esfuerzos hacia un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, con el objetivo de presentar la propuesta en el Congreso lo antes posible. Para ello, será crucial asegurar el apoyo político necesario para su aprobación. En este sentido, los líderes sindicales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han iniciado contactos con formaciones políticas como el PNV y Bildu, buscando respaldos para la medida. Además, la postura de CEOE y Cepyme podría tener consecuencias adicionales, ya que las ayudas propuestas para apoyar a las pequeñas empresas en la transición hacia la jornada reducida podrían ser eliminadas. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya había advertido que algunos elementos de la propuesta podrían modificarse si la patronal no aceptaba el acuerdo. Los sindicatos, por su parte, han adoptado una postura firme y no están dispuestos a hacer concesiones a las patronales si no se suman al pacto. El líder de UGT, incluso, ha instado al Ministerio a aprobar la reducción de la jornada "sin condiciones", sin ofrecer compensaciones a las empresas. Tanto CCOO como UGT han dejado claro que, en la reunión de mañana, pedirán a Trabajo que avance en la legislación para reducir la jornada laboral. Además de las reuniones con partidos políticos, los sindicatos han adelantado que podrían organizar movilizaciones en las próximas semanas para presionar en favor de la jornada de 37,5 horas, según afirmó Unai Sordo. En la última reunión de la mesa de diálogo, el Ministerio había incluido en su propuesta nuevas medidas con el objetivo de atraer a CEOE y Cepyme al acuerdo. Entre estas, destacaba un programa de ayudas directas de hasta 375 millones de euros destinado a microempresas con menos de cinco empleados en sectores como hostelería, comercio, agricultura, limpieza y peluquerías. Trabajo también propuso dos nuevos programas de apoyo, inspirados en el Kit Digital y el Kit Consulting, que ofrecían hasta 6.000 euros por empresa, siempre que estas mantuvieran el nivel y la calidad del empleo durante tres años. Estas iniciativas se sumaban al 'Plan Pyme 375', diseñado para empresas con menos de diez trabajadores, que incluía asesoramiento y bonificaciones para fomentar el empleo fijo y convertir contratos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo derivados de la reducción de la jornada. Estas bonificaciones, cuyo alcance aún no había sido definido, podrían oscilar entre el 20% y el 100% de las cotizaciones empresariales, con incentivos adicionales para la contratación de jóvenes y mujeres, siempre y cuando el Ministerio mantenga estas medidas tras el rechazo de CEOE. Finalmente, además de la reducción de la jornada semanal, el Ministerio busca incluir en la legislación el derecho a la desconexión digital y establecer un registro horario digital e interoperable, supervisado por la Inspección de Trabajo, para garantizar el cumplimiento de la normativa.

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(El Economista, 21-11-2024) | Laboral

La Seguridad Social calcula que a partir de febrero los sectores con muchas bajas podrán pedir la jubilación anticipada

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha fijado febrero de 2025 como fecha para la entrada en vigor de los nuevos coeficientes reductores. Este reglamento permitirá que las organizaciones patronales y sindicales, en representación de los trabajadores de actividades con alta siniestralidad o numerosas bajas, puedan solicitar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. Según las estimaciones, algunos trabajadores podrían beneficiarse de esta medida hacia finales del verano, ya que el proceso entre la solicitud y su resolución toma aproximadamente seis meses. Cabe destacar que no se aplicará a sectores completos, sino únicamente a las ocupaciones consideradas más exigentes. "El pasado 22 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó esta normativa mediante tramitación urgente. Posteriormente, se sometió a audiencia pública como muestra de transparencia. Actualmente, los servicios técnicos y jurídicos están evaluando las alegaciones presentadas, y después se enviará al Consejo de Estado para que emita su dictamen en un plazo de 15 días", explicó Saiz, quien reiteró que el objetivo es implementar la norma lo más pronto posible, con vistas a febrero de 2025. La ministra subrayó que estos coeficientes reductores aportarán "certeza" y ampliarán los derechos laborales, avanzando en protección social. Según Saiz, es "prioritario" que cualquier colectivo que considere tener derecho a la jubilación anticipada pueda solicitarlo y obtener una respuesta objetiva, considerando tanto las exigencias físicas y psíquicas de ciertas ocupaciones como la perspectiva de género. Esta medida forma parte de la última reforma de pensiones, que fue aprobada con el respaldo de sindicatos y patronales. Su finalidad es reducir la edad de acceso a la jubilación para ocupaciones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, caracterizadas por altos índices de morbilidad o mortalidad. Para determinar estos índices se considerarán todas las bajas laborales, no solo aquellas derivadas de contingencias profesionales, en respuesta a las demandas de los representantes de los trabajadores. La norma abarcará tanto a empleados por cuenta ajena como a autónomos, exceptuando a aquellos que ya cuentan con sistemas propios de coeficientes reductores, como policías, marineros o mineros. No obstante, los beneficios se aplicarán únicamente a ciertas actividades dentro de cada sector, dependiendo de las características específicas de cada ocupación. Además, solo se activarán en los casos en los que no sea posible adaptar el puesto de trabajo. Durante su intervención en el Congreso, Saiz respondió a una pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero sobre la inclusión de cuidadores de personas con alto grado de dependencia en este sistema. Vaquero recordó que estas personas quedan excluidas porque la penosidad no deriva de una relación laboral, sino del cuidado en sí. Aunque insistió en la necesidad de buscar soluciones para quienes compatibilizan trabajo y cuidados, Saiz no ofreció una respuesta concreta al respecto. El proceso de solicitud se iniciará a instancia de los sindicatos o patronales representativos del sector, ya sea de forma conjunta o por separado. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tendrá un plazo de seis meses para resolver cada caso. Se espera que, una vez en vigor, el Ministerio reciba numerosas solicitudes de colectivos que llevan tiempo reclamando estos coeficientes, como transportistas, trabajadoras de ayuda a domicilio o camareras de piso. Si el reglamento comienza a aplicarse en febrero de 2025, los primeros beneficios podrían concederse entre agosto y septiembre. Según establece la normativa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe que evaluará la morbilidad y siniestralidad del colectivo, identificará los indicadores básicos, determinará sus umbrales y analizará el impacto del trabajo, considerando especialmente factores como la edad y el género.

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(El Periódico, 21-11-2024) | Laboral

Cataluña simplificará los trámites online para pedir las ayudas a la dependencia o el reconocimiento de una discapacidad

Solo el 4% de las personas que inician el trámite de solicitud de una pensión por invalidez en línea logra completarlo con éxito en el primer intento. Las cifras no son mucho mejores para quienes tramitan un título de familia numerosa (7%) o una prestación social para personas con discapacidad (10%). Realizar gestiones administrativas puede convertirse en un desafío, y los portales online a menudo se perciben más como barreras que como soluciones. Ante esta problemática, la Generalitat de Cataluña ha decidido tomar medidas. Como parte del plan de modernización de los servicios públicos impulsado por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la Generalitat se ha comprometido a reformular en los próximos 12 meses los 10 trámites administrativos más demandados. Entre ellos se incluyen solicitudes como el reconocimiento del grado de discapacidad, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ayudas a la dependencia, al alquiler, y la matrícula universitaria, entre otros. Estas gestiones, que en conjunto sumaron más de medio millón de usuarios el año pasado, serán las primeras en ser revisadas. Este miércoles, el Govern reunió a 68 expertos, organizados en 12 comisiones, para lanzar oficialmente este proceso de reforma. "Existe un consenso entre la ciudadanía y el sector privado de que hay una desconexión con la administración", afirmó Dalmau durante el acto de presentación. La reforma busca simplificar, agilizar y hacer más accesibles los trámites. Aunque todavía no hay un plan cerrado, los cambios se centrarán en modificar los procesos y mejorar la información que reciben los usuarios sobre el estado de sus solicitudes. Para identificar áreas de mejora, se llevará a cabo una encuesta durante el primer trimestre de 2025, dirigida a 120.000 personas que hayan realizado trámites recientemente, con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias. Además, la Generalitat pondrá en marcha un observatorio de la administración digital, que publicará indicadores clave para medir la eficiencia de los servicios públicos. Entre estos, se incluirán datos como el tiempo promedio de respuesta, la cantidad de trámites que pueden realizarse online, el número total de solicitudes gestionadas y la valoración ciudadana de la atención recibida. Aunque los 10 trámites priorizados son solo el inicio, la reforma abarcará también gestiones dirigidas a empresas. Los expertos tienen un plazo de 10 meses para presentar propuestas, que incluirán desde cambios en el silencio administrativo para trámites empresariales, hasta la modernización del proceso de selección de empleados públicos, que actualmente puede demorar hasta dos años desde la convocatoria hasta la incorporación del funcionario. Otras áreas de mejora incluirán la actualización de normativas como la ley de urbanismo, vigente desde 2002, y la despolitización del nombramiento de directivos públicos, priorizando criterios de mérito y capacidad sobre designaciones partidistas. "Esta vez va en serio", aseguró Dalmau, reforzando el compromiso de llevar adelante una transformación profunda de la administración catalana.

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(Expansión, 21-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El nivel de financiación de las pymes se encuentra por debajo de los volúmenes sobre ventas

Las pymes españolas, que constituyen el pilar principal del tejido empresarial del país, llevan más de 15 años enfrentándose a un complejo escenario marcado por sucesivas crisis: la recesión financiera, la pandemia de la Covid-19, el impacto inflacionario y las medidas restrictivas del Banco Central Europeo (BCE) para controlar el alza de los precios mediante el endurecimiento de su política monetaria. A este difícil contexto se suman políticas económicas que, en los últimos años, han resultado adversas para la actividad empresarial. Entre estas se incluyen incrementos de impuestos y cotizaciones, mayores trámites burocráticos, una menor seguridad jurídica y regulatoria, un aumento de los costes laborales (el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% desde 2018) y un creciente intervencionismo estatal. En este entorno desfavorable, las pymes enfrentan ahora un problema adicional: la insuficiencia de financiación, recibiendo actualmente mucho menos crédito bancario en comparación con los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con Cepyme, para que las pymes recuperen el nivel de financiación de 2019, se necesitarían al menos 15.000 millones de euros adicionales en crédito bancario. Según el último Informe de Financiación a Pymes de la patronal, a finales de 2019 la financiación representaba el 18,5% de las ventas interiores, mientras que en el tercer trimestre de este año descendió al 17,8%. Para alcanzar los niveles de 2017, se requerirían cerca de 74.000 millones de euros adicionales. Este déficit financiero está afectando negativamente a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad de inversión y, en consecuencia, su crecimiento, productividad y competitividad. Esto tiene un impacto adverso en el conjunto de la economía, obstaculizando el crecimiento y la generación de empleo. Entre los factores responsables de esta situación destacan, por un lado, las medidas del BCE para combatir la inflación, que han encarecido el acceso al crédito justo cuando las empresas enfrentaban mayores costes laborales, fiscales y de insumos. Por otro lado, el impuesto extraordinario a la banca, junto con las crecientes exigencias regulatorias y provisiones, ha llevado a las entidades financieras a endurecer las condiciones de los préstamos, aumentando las garantías requeridas a las pymes y desincentivando la demanda de crédito. Aunque el BCE comenzó a reducir los tipos de interés en junio, lo que ha permitido un aumento interanual del 14,1% en los nuevos préstamos a pymes en el tercer trimestre (alcanzando los 54.200 millones de euros), Cepyme señala que estas medidas no han sido suficientes para reactivar el mercado del crédito. La persistencia de una financiación cara, con tipos de interés cercanos al 5% (4,81% para pequeñas empresas y 4,52% para medianas en el tercer trimestre), sigue siendo un obstáculo significativo. Además, la incertidumbre sobre el futuro del impuesto a la banca agrava el panorama, especialmente ante la posibilidad de que el Gobierno no solo mantenga este tributo, sino que lo endurezca, lo que podría dificultar aún más el acceso al crédito. En este contexto, el informe de Cepyme advierte que las estrictas condiciones para la concesión de préstamos han llevado a un aumento en el rechazo de solicitudes, alcanzando máximos de los últimos siete años, y a un menor interés por parte de las empresas en solicitar financiación. Esto ha reducido la demanda de crédito para proyectos de inversión a mínimos de los últimos seis años, lo que representa un obstáculo importante para el desarrollo económico y la creación de empleo a futuro.

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(El Confidencial, 21-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España prevé que la DANA reste entre 3.000 y 4.500 M al PIB en el inicio de 2025

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha presentado este miércoles una estimación preliminar sobre el impacto económico de la DANA ocurrida el pasado 29 de octubre, que afectó a 78 municipios, principalmente en la Comunidad Valenciana, además de algunas zonas de Andalucía y Cuenca. Según el análisis realizado con dos modelos econométricos que comparan este evento con desastres naturales similares, la reducción en el PIB nacional se situaría entre 0,2 y 0,3 puntos, equivalente a una pérdida de entre 3.000 y 4.500 millones de euros, concentrada en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, Escrivá cree que este impacto podría compensarse con la evolución positiva de otras regiones, lo que evitaría una revisión a la baja en la previsión de crecimiento del PIB para 2025, actualmente estimada en un 2,2%. "Existen datos agregados que sugieren revisiones al alza del PIB en los últimos trimestres, lo que podría neutralizar el impacto de la DANA", señaló Escrivá durante las jornadas macroeconómicas organizadas por la APIE. Los municipios afectados representan el 2% de la población, el 2% del empleo nacional y el 3% de la actividad industrial, siendo este último sector especialmente significativo por el tipo de tejido productivo de la región. El Banco de España anticipa que el impacto económico será fuerte en los primeros momentos, pero se reducirá rápidamente, y prevé que en un año los efectos negativos se habrán compensado gracias a las inversiones en reconstrucción y ayudas dirigidas a empresas y familias. Escrivá destacó que la experiencia adquirida durante la pandemia ha mejorado los mecanismos de respuesta, permitiendo una identificación más precisa de las áreas afectadas y una aplicación más selectiva de las medidas. El Gobierno central ya ha movilizado 14.300 millones de euros en ayudas, principalmente directas, a través de dos reales decretos. Además, las administraciones valencianas han aportado fondos adicionales, y el Banco Europeo de Inversiones ha dispuesto un paquete financiero de 900 millones de euros. Aunque el Banco de España no ha calculado aún el impacto fiscal total, este incluirá tanto las ayudas otorgadas como las inversiones en infraestructuras. En términos inflacionarios, la DANA podría generar un aumento del IPC de aproximadamente un 0,15% a largo plazo, un efecto que Escrivá calificó como "poco significativo". En el ámbito laboral, 1.699 empresas han solicitado ERTE, afectando a 19.846 trabajadores, lo que equivale al 1,9% del empleo de la Comunidad Valenciana. En el sector financiero, casi 8.000 préstamos están bajo moratoria de pagos, mientras el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido cerca de 30.000 reclamaciones. Asimismo, se han tramitado 715 avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo presidente, Manuel Illueca, indicó que los bancos podrán comenzar a conceder préstamos con avales públicos "próximamente", una vez finalicen los ajustes tecnológicos necesarios. El primer real decreto de ayudas del Gobierno contempla una línea de avales de 5.000 millones de euros para facilitar financiación en condiciones favorables a hogares, autónomos y empresas afectadas.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

El G20 insiste en la creación de un impuesto global a las grandes fortunas

Los países del G20 expresaron este lunes su respaldo a la implementación de una "tributación progresiva" que permita que las personas más ricas contribuyan de manera más efectiva al pago de impuestos. Asimismo, acordaron continuar analizando la propuesta de Brasil para la posible creación de un impuesto global dirigido a los superricos. "Respetando plenamente la soberanía fiscal, buscaremos colaborar para asegurar que quienes poseen un patrimonio neto extremadamente elevado tributen de forma efectiva", señala la declaración final del foro, publicada al término del primer día de la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Esta mención, de carácter general, hace referencia a la iniciativa presentada por Brasil, que propone la negociación de un acuerdo o tratado internacional para evitar que los multimillonarios evadan impuestos transfiriendo sus fortunas a países con legislaciones fiscales más laxas. De acuerdo con la propuesta brasileña, un impuesto global del 2 % aplicado a las fortunas de aproximadamente 3.300 multimillonarios podría generar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales. Estos fondos se destinarían a programas para combatir la pobreza, el hambre y el cambio climático. "Esperamos seguir discutiendo estos temas en el G20 y en otros foros relevantes, contando con el apoyo técnico de organizaciones internacionales, la academia y especialistas", afirmaron los líderes en el documento. Brasil ya ha iniciado conversaciones con un grupo de trabajo de la ONU sobre fiscalidad justa, con los países miembros de la OCDE y con Sudáfrica, que asumirá la presidencia del G20 en diciembre, para garantizar que el debate continúe en el foro. La inclusión de este tema en la agenda del G20 y el eventual inicio de negociaciones, que podrían extenderse durante años, fueron considerados un logro por la presidencia brasileña del foro. Los líderes del G20 destacaron que la cooperación en esta materia podría incluir el intercambio de mejores prácticas, el diseño de mecanismos para combatir la evasión fiscal y el análisis de prácticas fiscales perjudiciales. Coincidieron en que la tributación progresiva es una herramienta clave para reducir desigualdades, fortalecer la sostenibilidad fiscal, fomentar un crecimiento económico inclusivo y equilibrado, y avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta línea, felicitaron a países como España por implementar reformas fiscales enfocadas en disminuir desigualdades y promover sistemas tributarios más equitativos. La redacción general y flexible de la propuesta permitió su aprobación, pese a la oposición de países como Estados Unidos y Alemania a la creación del impuesto global. Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, quien también se ha mostrado contrario a esta medida y a cualquier tipo de intervención estatal en la economía, aclaró en un comunicado que apoyó la declaración únicamente para no bloquear el consenso, aunque no está de acuerdo con varios puntos del texto.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

Las empresas españolas lideran a nivel mundial en transparencia y sostenibilidad fiscal

El informe Global Tax Transparency and Tax Sustainability, elaborado por PwC Tax & Legal, analiza 872 empresas en 21 jurisdicciones y destaca que España se posiciona como líder en transparencia fiscal. Con una puntuación del 66,6%, España supera ampliamente a otros países como Alemania (50,2%), Reino Unido (44,3%) y Dinamarca (41,3%). Además, cuatro de las diez primeras posiciones del ranking global están ocupadas por multinacionales españolas, aunque el informe no especifica sus nombres por motivos de privacidad. Este liderazgo se atribuye tanto al desempeño empresarial como al sólido marco normativo español en materia de gobierno corporativo y fiscalidad. "El estudio demuestra que las empresas españolas son referentes globales, pero queda camino por recorrer, especialmente en el contexto de la aplicación de la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa", explica Francisco González Fernández-Mellado, socio responsable de NewLaw, Tax Reporting & Strategy en PwC Tax & Legal. Sin embargo, este avance tiene lugar en un contexto de inestabilidad. Según Javier González Carcedo, socio de Fiscal y responsable de Mercados de PwC, "la polarización política está debilitando la seguridad jurídica del sistema fiscal, generando incertidumbre entre empresas, inversores y ahorradores". Además, menciona el posible impacto de aranceles internacionales dependiendo de los resultados electorales en Estados Unidos, lo que refleja la interrelación entre fiscalidad y sostenibilidad. El informe subraya que las iniciativas de gobierno corporativo e información fiscal en España, junto con las normativas de la UE y los estándares como el GRI 207, están impulsando prácticas de transparencia entre las empresas españolas. Este estándar, ampliamente utilizado, fomenta la publicación de información no financiera. Desde la perspectiva de sostenibilidad, Francisco González Fernández-Mellado enfatiza que "la fiscalidad debe considerarse un elemento estratégico para las empresas". Además de los impuestos que estas soportan, también juegan un rol clave en la recaudación de tributos como el IRPF o el IVA, colaborando directamente con el Estado. En España, la Ley de Sociedades de Capital establece desde 2015 ciertas responsabilidades clave para los consejos de administración de las empresas cotizadas. Estas incluyen gestionar y controlar los riesgos fiscales, aprobar inversiones con riesgos significativos y evitar operaciones complejas que puedan comprometer la transparencia. También deben definir la estrategia fiscal de la empresa y garantizar la supervisión de riesgos fiscales a través de los comités de auditoría. Asimismo, están obligadas a divulgar información fiscal país por país, como beneficios antes de impuestos y el impuesto sobre sociedades pagado. El Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria Española también fomenta la cooperación voluntaria entre empresas y autoridades fiscales. Según el informe, el 86% de las empresas del Ibex 35 está adherido a este código, y un 66% presenta informes de transparencia fiscal anuales, aunque no sea obligatorio. El documento destaca además la norma UNE 19602 de cumplimiento fiscal, que proporciona directrices para que las empresas implementen sistemas para gestionar riesgos fiscales y promover buenas prácticas. Cada vez más organizaciones están adoptando esta normativa como parte de su compromiso con la transparencia y el cumplimiento fiscal voluntario.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

El Gobierno promete un año más de gravamen a las energéticas para que sus socios apoyen el tipo mínimo a multinacionales

Cuando parecía que el proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global del 15% para multinacionales exigido por la Unión Europea estaba al borde del fracaso, Hacienda decidió maniobrar prometiendo extender un año más el impuesto a las energéticas para contentar a los socios de la izquierda, al tiempo que ofrecía a las derechas incentivos fiscales para las empresas afectadas y planteaba endurecer el gravamen a la banca. Esta estrategia busca recomponer los apoyos a una iniciativa clave en medio del desgaste del bloque de investidura. "La actitud del Gobierno es como si estuviéramos en una lonja, donde lanza propuestas y los grupos tienen que competir para mejorarlas", expresó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, reflejando el descontento generalizado. Incluso Sumar, el socio menor del Ejecutivo, criticó al PSOE por priorizar las demandas de Junts y PNV, como eliminar el impuesto a las energéticas, antes de integrar las propuestas de su propio bloque. La tensión alcanzó su punto álgido cuando ERC, Bildu y BNG bloquearon el lunes el nuevo tributo a la banca y amenazaron con rechazar todo el proyecto si no se reinstauraba el impuesto a las energéticas. Ante la negativa de la izquierda a ceder, y bajo las acusaciones del PP de "secuestro" tras un receso que se prolongó hasta la madrugada, Hacienda reaccionó prometiendo prorrogar el impuesto extraordinario a las energéticas hasta finales de 2025 mediante un Real Decreto-ley. Sin embargo, para evitar un choque con Junts, aseguró que se mantendrían los incentivos fiscales para las empresas que inviertan en descarbonización. El objetivo es equilibrar la balanza: extender el tributo pero con exenciones fiscales para minimizar el impacto en empresas como Repsol, que han advertido sobre posibles deslocalizaciones. Esta concesión fue suficiente para ERC, Bildu y BNG, pero Unidas Podemos rechazó la propuesta al considerarla insuficiente sin garantías de que Junts apoyará posteriormente el decreto, lo que pone en riesgo la reforma fiscal en la votación del jueves. Míriam Nogueras, portavoz de Junts, criticó que algunos partidos "dejaron todo para última hora" y sugirió que la reforma se aprobará en los términos negociados por su grupo, sin aclarar su postura sobre el decreto del impuesto a las energéticas. Paralelamente, el Gobierno ofreció endurecer el gravamen a la banca, elevando del 6% al 7% la tasa máxima para las mayores entidades, como gesto hacia los partidos de izquierda. A pesar de las incertidumbres, la Comisión de Hacienda dio luz verde al proyecto, que incluye la transposición de la directiva europea, junto con medidas como el incremento del IRPF para ahorros superiores a 300.000 euros, un impuesto a los vapeadores, mayores tributos al tabaco, rebajas en el Impuesto de Sociedades para pymes y cooperativas, deducciones en eficiencia energética y beneficios fiscales para artistas y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Este paquete se someterá a votación final en el Congreso. La gran duda es si las últimas concesiones bastarán para reactivar mañana el impuesto a la banca y garantizar la prórroga del tributo a las energéticas, tras ser rechazados el lunes. En cambio, medidas como la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, la eliminación de beneficios para las Socimis, el IVA del 21% para pisos turísticos o el impuesto a bienes de lujo parecen destinadas al fracaso.

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(Expansión, 20-11-2024) | Fiscal

¿Hay que pagar el IVA por el alquiler turístico? Tributos aclara cuándo

El aumento en la cantidad de viviendas destinadas al alquiler turístico ha generado un incremento en las consultas dirigidas a Hacienda sobre su tratamiento fiscal. Recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) se ha pronunciado sobre la aplicación del IVA en este tipo de servicios. Según los expertos de Audiconsultores ETL Global, la DGT ha establecido los criterios para determinar cuándo el alquiler de viviendas turísticas está sujeto o exento de IVA. En la consulta V1099-24, relacionada con una sociedad arrendadora que ofrece servicios adicionales como limpieza, cambio de ropa de cama y toallas, conserjería, consigna de equipajes, recepción operativa todo el año, gestión de taxis, información turística, impresión de documentos y atención multilingüe disponible las 24 horas, la DGT concluye que este tipo de arrendamiento no está exento de IVA. Considera que se trata de servicios propios de la industria hotelera, por lo que corresponde aplicar un tipo reducido del 10%. Por otro lado, en la consulta V1096-24, que aborda el caso de un arrendador que únicamente ofrece atención telefónica 24 horas y asistencia durante la estancia, la DGT determina que estos servicios no son característicos de la industria hotelera. En consecuencia, este arrendamiento está exento de IVA. Sin embargo, Tributos aclara que esta exención no afecta a los posibles servicios adicionales que puedan ofrecerse de forma independiente, los cuales deberán tributar según corresponda.

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(El Economista, 20-11-2024) | Fiscal

El Supremo aclara la tributación en el IRPF por la venta de todas las acciones de una empresa

El Tribunal Supremo (TS) ha clarificado la forma en que debe tributar en el IRPF la venta del total de participaciones de una empresa por parte de un socio, resolviendo las discrepancias que existían en los juzgados sobre este asunto. En dos sentencias recientes, de los días 24 y 30 de octubre, el TS establece que la ganancia o pérdida derivada de esta operación debe calcularse tomando como referencia la diferencia entre el valor de adquisición de las participaciones y el valor de transmisión. Por ejemplo, si una participación fue adquirida por 100 euros y vendida por 150, se tributará por los 50 euros de ganancia obtenidos. El fallo, con ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, respalda la postura de la Agencia Tributaria, que defiende esta metodología, frente a la posición del contribuyente. Este último argumentaba que la venta del 100% de las participaciones constituía un caso de "separación del socio", lo que implicaría una tributación distinta. Según el artículo 37.1, apartado b, de la Ley del IRPF, la transmisión de acciones no cotizadas debe tributar por la diferencia entre su valor de adquisición y el de transmisión. No obstante, el apartado e del mismo artículo dispone que, en casos de separación de socio, las ganancias o pérdidas se calculan considerando la diferencia entre el valor de adquisición de las participaciones y su valor de mercado. La controversia radicaba en determinar si la venta del 100% de las participaciones de un socio a un tercero debía considerarse como una transmisión habitual o como un supuesto de separación del socio. El Tribunal Supremo zanja la cuestión al concluir que dicha operación debe tratarse como una transmisión ordinaria de participaciones no cotizadas, "independientemente de si la transmisión comprende todas las acciones o solo una parte". El TS aclara que la separación de un socio, según la Ley de Sociedades de Capital, implica un procedimiento formal en el que interviene la propia sociedad. Este proceso incluye varios pasos obligatorios, como informar al socio del valor de sus participaciones, realizar un informe de valoración, efectuar el pago o reembolso, y formalizar la escritura de reducción de capital o adquisición de las participaciones. En sus sentencias, el alto tribunal destaca que la separación de un socio genera implicaciones tanto para el socio como para la sociedad, ya que ambos pueden obtener ganancias o pérdidas patrimoniales. Por tanto, concluye que la pérdida de la condición de socio por la venta de todas las participaciones a un tercero no puede calificarse como una separación de socio a efectos tributarios. En consecuencia, las ganancias o pérdidas deben declararse en el IRPF calculando la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de las participaciones.

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