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(El Economista, 19-02-2025) | Fiscal

Economía confía en aprobar el impuesto al diésel antes de que termine el plazo de Bruselas del 21 de marzo

El Gobierno dispone de un mes para aprobar el impuesto al diésel si quiere asegurarse el respaldo de la Comisión Europea para el quinto desembolso del Plan de Recuperación y recibir íntegramente los 25.000 millones de euros vinculados a esta fase. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha expresado su confianza en que la medida pueda ser aprobada antes del 21 de marzo, fecha límite para la evaluación de Bruselas, y ha señalado que aún quedan semanas de trabajo por delante. "Seguimos dentro del plazo para negociar el cumplimiento de los hitos del quinto pago", afirmó Cuerpo en una rueda de prensa en Bruselas al ser preguntado por los tiempos previstos para la aprobación del impuesto al diésel. "Todavía hay margen, seguimos dentro de los plazos", añadió para transmitir tranquilidad. Como ya ocurrió con la negociación del cuarto pago, tras el rechazo en el Congreso a la reforma del subsidio por desempleo, el ministro ha explicado que el Gobierno trabaja en dos frentes simultáneos. Por un lado, mantiene conversaciones con la Comisión Europea para certificar el cumplimiento de los hitos y objetivos relacionados con este desembolso. Por otro, continúa avanzando a nivel interno para sacar adelante la reforma de la tributación de hidrocarburos. España presentó en diciembre la quinta solicitud de pago del Plan de Recuperación, con un retraso de seis meses respecto al calendario inicial. Este proceso se llevó a cabo tras una modificación del plan que permitió adelantar hitos y objetivos de los próximos desembolsos. Si Bruselas da su visto bueno, España podrá acceder a los 25.000 millones de euros correspondientes al quinto pago, al haber adelantado 55 hitos de los tramos siguientes. Este desembolso incluye tanto transferencias como préstamos. En concreto, abarca 9.100 millones en fondos Next Generation y 16.000 millones en préstamos en condiciones favorables. Inicialmente, el quinto pago y los dos primeros tramos de préstamos contemplaban 32 medidas, pero tras la modificación del plan se amplió a 84. Sin embargo, si el Gobierno no logra aprobar el impuesto al diésel, la Comisión Europea podría optar por un desembolso parcial al considerar que no se han cumplido todos los compromisos. Aun así, el Ejecutivo aún tendría la posibilidad de solicitar nuevas prórrogas en la evaluación de Bruselas. No será sencillo para el Gobierno sacar adelante este nuevo tributo debido a la falta de apoyo parlamentario. Podemos condiciona su respaldo a la aprobación del impuesto permanente a las energéticas, una medida que, a su vez, es rechazada por PNV y Junts, lo que complica aún más la negociación. En paralelo, el Gobierno ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que plantea una simplificación regulatoria sin comprometer los objetivos medioambientales. En el escrito, se subraya que, aunque es necesario reducir la burocracia, las exigencias de transparencia climática y las obligaciones de transición bajo los estándares europeos de sostenibilidad siguen siendo esenciales. La Comisión Europea presentará la próxima semana su primer paquete "omnibus", con el objetivo de simplificar la regulación en materia de sostenibilidad empresarial, responsabilidad corporativa y taxonomía. Este plan busca reducir en un 35% las cargas administrativas para las pymes. En este contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Sara Aagesen, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han recordado a Bruselas en su carta que "el cumplimiento de los objetivos climáticos y el refuerzo de la agenda verde serán clave para fortalecer la competitividad de la Unión Europea, especialmente si se combinan con una reducción de la carga administrativa y una simplificación de las normas comunitarias".

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(El Confidencial, 19-02-2025) | Fiscal

España en el grupo de cola de la OCDE en el cumplimiento de una estrategia anticorrupción

Hace justo un año, el pasado 23 de enero, se celebró en el Instituto de Estudios Fiscales una jornada que sirvió de la puesta de largo de un proceso que se inició hace ya casi un lustro. Fue en 2020 cuando España dio los primeros pasos para la elaboración de una Estrategia Nacional Anticorrupción que contó con el apoyo de la OCDE y también con financiación de la Comisión Europea, a través de los fondos de recuperación y resiliencia. Desde entonces está pendiente su aprobación definitiva por parte del Gobierno, una labor que le corresponde al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) que depende de la Intervención General del Estado. El pasado 13 de noviembre, en una respuesta parlamentaria del PP, el Ejecutivo informó sobre la existencia de un borrador "en fase final de elaboración": Fue en octubre de 2020 cuando la SNCE y la IGAE solicitaron fondos europeos para la elaboración de esta estrategia, que inicialmente debía aprobarse en abril de 2024. Pero no es el único plazo a tener en cuenta, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en marzo de 2023 entró en vigor la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En esa norma se incluía una disposición adicional quinta que establecía que el Ejecutivo debía aprobar en el plazo máximo de 18 meses una estrategia contra la corrupción que, entre otros asuntos, tuviese en cuenta el cumplimiento de los objetivos de la citada norma. Ese plazo acabó en septiembre de 2024. Esto coloca a España en el grupo de cola de la OCDE en el cumplimiento de esta petición, un lugar que comparte con Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega. La organización que reúne a los países desarrollados ha insistido en varias ocasiones en que muchos de sus países miembros han implementado medidas para combatir la corrupción, pero que existen áreas que requieren atención y mejora. No es la única entidad que pone el foco en este tipo de asuntos, ya que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) también ha hecho lo propio. Este organismo dependiente del Consejo de Europa (no dependiente de la UE) ha incluido en su ronda de análisis que comienza en 2025 los avances sobre las estrategias nacionales anticorrupción. La presión sobre la elaboración de este plan integral también llega desde Bruselas. Concretamente desde el informe sobre el Estado de derecho que desde 2021 elabora la Comisión Europea y que durante años ha insistido a España para que renovase el Consejo General del Poder Judicial. En su edición de 2024, el estudio del Ejecutivo comunitario recordó que existía un mandato legal para adoptar la estrategia anticorrupción en el plazo de septiembre de 2024. "La actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha", rezaba el capítulo sobre España en el citado informe, que también desvelaba que "las organizaciones de la sociedad civil" revelaron que no se había llevado a cabo "ninguna consulta". Según el estudio de la Comisión Europea, la estrategia tiene como objetivo "establecer un sistema nacional de lucha contra el fraude" que incluye reformas legislativas y administrativas, así como "una mejora de la coordinación y la transparencia" tanto a nivel nacional como autonómico. Entre los objetivos del plan están la puesta en marcha de políticas de integridad pública, que es como la OCDE se refiere a los principios y normas destinados "a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados". El Consejo de Ministros del pasado 28 de enero aprobó el sistema de integridad en la Administración General del Estado. La apuesta por elaborar estrategias antifraude en la UE surgió como una recomendación a los Estados miembros adoptada en el Consejo Europeo Extraordinario que se celebró entre el 17 y el 21 de julio de 2020. En este foro, se decidió poner en marcha de nuevas medidas para proteger el presupuesto de la UE y los fondos Next Generation impulsados después de la pandemia para paliar la crisis económica que provocó el covid. Esta decisión adquiere relevancia si se tiene en cuenta que algunos de los casos de corrupción que rodean al Gobierno están relacionados con fondos de la UE. Por ese motivo la Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española asumir parte de la investigación relacionada con la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez. El pasado octubre, la jefa de este organismo comunitario, Laura Codruta Kövesi, se quejó en una visita a España de la falta de medios con los que cuenta en el país, lo que dificulta alguna de sus indagaciones.

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(Expansión, 18-02-2025) | Fiscal

La Comunidad de Madrid bonifica al 50% el tributo de Sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos

Madrid cerró el año 2024 con la aprobación en el Parlamento regional de dos decretos leyes que reunían ocho reducciones de impuestos, enfocadas principalmente en la compra y el alquiler de vivienda, así como en incentivos para atraer inversión extranjera. Ahora, con 2025 ya en marcha, el gobierno autonómico se prepara para poner en marcha nueve nuevas rebajas fiscales que entrarán en vigor este año, manteniendo así su estrategia de alivio impositivo progresivo. La premisa detrás de estas medidas es que la reducción de impuestos fomenta la inversión, dinamiza la economía, impulsa la creación de empleo y amplía la base tributaria, lo que a largo plazo se traduce en un aumento de la recaudación. Entre estas reducciones destaca la ampliación de la bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que pasará del 25% al 50% para hermanos, tíos y sobrinos (mientras que el descuento para familiares directos sigue siendo del 99% desde hace años). El Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dará mañana el primer paso para tramitar esta medida, que, según estimaciones del Ejecutivo madrileño, beneficiará anualmente a unos 14.000 contribuyentes y les permitirá ahorrar alrededor de 140 millones de euros. Así lo anunció la propia Díaz Ayuso en una conferencia organizada por el Club Forbes House, donde recordó que esta rebaja fiscal fue una de las promesas incluidas en su programa electoral de 2023, con el que logró una contundente victoria en las elecciones autonómicas de mayo de ese año, obteniendo su primera mayoría absoluta. "Esta medida refuerza la política fiscal de mi Gobierno, que considera que este impuesto es injusto y obsoleto, y que ya ha sido eliminado en numerosos países de la Unión Europea", señaló la presidenta madrileña, reiterando su oposición a este tributo. Ante las críticas recurrentes desde sectores de la izquierda y el Gobierno central sobre su política fiscal, Ayuso reclamó "respeto a nuestra autonomía fiscal y a la voluntad de los madrileños expresada en las urnas, que han elegido este modelo impositivo, que nos hace más atractivos y competitivos. Lejos de perjudicar al resto de España, como se afirma falsamente, es todo lo contrario". La presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó las acusaciones de "dumping fiscal", habituales desde sectores socialistas y gubernamentales, y defendió que su administración simplemente ejerce su autonomía y capacidad normativa, amparadas por la Constitución, para definir su estrategia impositiva y fortalecer la competitividad de la región, algo que, según afirmó, pueden hacer también otras comunidades autónomas. El Consejo de Gobierno aprobará mañana la apertura del proceso de audiencia e información pública del anteproyecto de ley que recoge esta medida, dando inicio así a su tramitación hasta su posterior aprobación en la Asamblea de Madrid, donde la mayoría absoluta del Partido Popular garantiza su respaldo. Además de la ampliación de la bonificación del 25% al 50% en herencias y donaciones para el grupo tres de parentesco, la nueva norma contempla una exención del 100% en donaciones entre particulares inferiores a 1.000 euros, eliminando la obligación de presentar autoliquidación en estos casos. Según cálculos del Ejecutivo regional, con esta nueva bonificación, dos hermanos que hereden de otro hermano fallecido, sin descendientes, ascendientes ni cónyuge, y que poseía una vivienda valorada en 200.000 euros y ahorros por 100.000 euros, "evitarán pagar más de 15.600 euros cada uno sobre la cuota sin bonificación, el doble de lo que se ahorra actualmente, o cerca de 7.850 euros adicionales por persona". Madrid lleva aplicando reducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones desde hace dos décadas, con un ahorro acumulado para los madrileños que asciende a casi 55.000 millones de euros desde entonces.

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(Expansión, 18-02-2025) | Fiscal

¿Qué trabajadores que cobran el salario mínimo tendrán que hacer la declaración de la Renta y tributar por la subida?

La retención aplicada a los salarios no implica necesariamente que los trabajadores deban tributar, ya que, al presentar la declaración de la Renta, pueden recuperar parte o la totalidad de lo retenido si cuentan con deducciones, como la de alquiler de vivienda, que es una de las más utilizadas por quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De acuerdo con los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), el IRPF solo afectará a una parte de los 539.719 trabajadores con ingresos anuales entre 15.876 y 16.576 euros, es decir, aquellos que superen el umbral del SMI de 2024 y alcancen el de 2025. En este sentido, deberán tributar por el incremento salarial aquellos empleados que: Perciban el SMI y trabajen a jornada completa al menos 348 días al año. Obtengan rentas del trabajo equivalentes a ese importe anual, ya sea en jornada parcial o trabajando solo algunos meses del año. La retención solo se aplicará a dos grupos específicos: Matrimonios o parejas que declaren individualmente y tengan un hijo en común mayor de 3 años. Personas solteras, separadas o divorciadas sin hijos ni otras cargas familiares. En ambos casos, la retención se aplicará únicamente al salario que supere los 15.876 euros, que es el umbral a partir del cual comienza la tributación. Sin embargo, las empleadas del hogar contratadas a jornada completa por familias no estarán sujetas a retención y no estarán obligadas a presentar la declaración si sus ingresos no superan los 22.000 euros provenientes de un solo pagador. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ha señalado que la tributación del incremento del SMI responde a una decisión política, ya que existen mecanismos técnicos para evitar que estos trabajadores tengan que tributar sin que ello suponga un gran coste fiscal. Como alternativa, Gestha propone elevar el umbral de tributación del IRPF hasta los 16.576 euros anuales, equivalente al SMI de 2025, lo que permitiría eximir a más de 500.000 trabajadores de pagar este impuesto. Según sus estimaciones, más de medio millón de contribuyentes quedarían exentos de retención y tributación en el IRPF, con un impacto fiscal moderado, que oscilaría entre 54 y 162 millones de euros, solo en el caso de los empleados acogidos al SMI. Además, esta medida también beneficiaría a trabajadores y autónomos con sueldos mensuales más elevados, pero cuyos ingresos anuales se sitúan entre 15.876 y 16.576 euros, ya sea porque han accedido a un empleo mejor remunerado por algunos meses, han estado en situación de desempleo o se han jubilado. Gestha advierte del "error de salto", que ocurre cuando la retención sobre un salario íntegro más alto reduce el ingreso neto del trabajador por debajo de aquel que percibe un sueldo menor sin retención. Para evitarlo y minimizar la pérdida de recaudación, la asociación propone un ajuste progresivo en la reducción por rendimientos del trabajo, de manera que esta disminuya gradualmente para salarios entre 16.576 y 19.747,5 euros netos anuales (aproximadamente 23.200 euros brutos), asegurando que los beneficios fiscales no se extiendan a sueldos superiores. Por último, Gestha recuerda que 8,5 millones de trabajadores (8.437.448 personas) percibirán menos de 16.576 euros anuales, principalmente debido a que trabajan a jornada parcial o han estado dados de alta solo durante algunos meses del año.

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(El Economista, 18-02-2025) | Fiscal

El Supremo analiza si ampliar las ventajas fiscales a las empresas dedicadas al alquiler

El Tribunal Supremo (TS) estudia la posibilidad de flexibilizar los beneficios fiscales para las empresas dedicadas al alquiler de inmuebles o fincas. El alto tribunal ha decidido admitir a trámite un recurso presentado por un contribuyente contra la Agencia Tributaria, lo que le permitirá establecer jurisprudencia sobre los requisitos que deben cumplir estas compañías, muchas de ellas empresas familiares en España, para acceder a exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sociedades. Actualmente, la normativa de estos tres tributos establece condiciones diferentes para la aplicación de estos beneficios. En el caso del Impuesto de Sucesiones y del Impuesto de Patrimonio, las exenciones dependen de los criterios fijados en la Ley del IRPF. Esto implica que una empresa dedicada al alquiler de inmuebles que desee reducir hasta en un 95% el pago de estos impuestos debe contar, como mínimo, con un empleado contratado a tiempo completo. Esto plantea una complicación en los grupos empresariales consolidados: si varias empresas dentro del grupo operan en el sector del alquiler, cada una de ellas deberá contar con su propio trabajador a jornada completa para poder beneficiarse de las exenciones fiscales en cada tributo. Por otro lado, la Ley del Impuesto de Sociedades permite a estas empresas reducir su tributación en un 40% respecto al tipo general (por ejemplo, del 25% al 15%). Sin embargo, en este caso, si la empresa forma parte de un grupo consolidado, basta con que una sola de las compañías del grupo tenga contratado a un empleado a tiempo completo para que se aplique el beneficio. Carlos Muñoz, consejero delegado de CIM Tax & Legal, destaca que la normativa del Impuesto sobre Sociedades es más flexible, ya que permite que el trabajador esté contratado por otra empresa dentro del grupo, siempre que se cumplan los requisitos del Código de Comercio. Esto facilita que varias sociedades propietarias de inmuebles que se dedican al alquiler compartan el coste de dicho empleado. "Esperamos que el Tribunal Supremo haga una interpretación favorable y unifique los criterios en todos los impuestos mencionados. Esto simplificaría la aplicación de los beneficios fiscales para las empresas familiares y permitiría una optimización de los costes dentro de estas estructuras", señala Muñoz. No obstante, recuerda que la Dirección General de Tributos ha sostenido hasta ahora que cada sociedad dentro del grupo debe contar con un trabajador contratado de forma individual para acceder a estas ventajas fiscales. En su auto del 29 de enero, el Tribunal Supremo subraya que esta cuestión tiene un alto interés casacional, ya que no existe jurisprudencia previa y podría afectar a un gran número de empresas. Además, señala que la diferencia de criterios entre la Ley del IRPF y la del Impuesto de Sociedades genera confusión y dificulta la interpretación de la normativa, especialmente para aquellas empresas de alquiler que forman parte de un grupo consolidado y buscan acogerse a estas exenciones.

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(El Periódico, 18-02-2025) | Fiscal

La recaudación del IRPF por la hacienda catalana es a día de hoy "ilegal"

Nueva controversia en torno a la financiación singular de Cataluña y, en particular, sobre la futura gestión y recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF) a partir del próximo año. La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha expresado su rotundo rechazo después de que la 'consellera' de Economía, Alícia Romero, anunciara el pasado viernes que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) utilizará la próxima campaña de la renta como un "banco de pruebas" en preparación para asumir la gestión del IRPF, según lo pactado entre el PSC y ERC. Además, Romero adelantó la incorporación de 90 nuevos trabajadores a la ATC de forma permanente y otros 102 de manera temporal para reforzar la campaña de la renta, ampliando a más de 80 los puntos de atención a los contribuyentes. La IHE, que ya había mostrado su oposición a este modelo de "financiación singular", insiste en que su implementación requiere la transferencia a la ATC de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) en Cataluña. En su comunicado, advierten que esto supondría el desmantelamiento de la AEAT en la comunidad autónoma. Además, la asociación sostiene que un sistema similar al cupo vasco y navarro no está recogido en la Constitución ni en su normativa de desarrollo, por lo que consideran que el régimen propuesto es actualmente ilegal. También señalan que algunos de sus impulsores han afirmado que este sería el primer paso hacia la independencia de Cataluña. Ante la imposibilidad de instaurar este nuevo modelo de inmediato, la estrategia planteada, según los inspectores de Hacienda, consiste en una implantación gradual que comenzaría con la gestión del IRPF, seguida por la del IVA y otros tributos, hasta alcanzar el control total sobre la gestión, inspección, recaudación y liquidación de todos los impuestos en Cataluña. En este contexto, la Generalitat ha dado ya el primer paso mediante el refuerzo de la estructura de la ATC para la campaña del IRPF de este año, incrementando su presencia territorial y el número de oficinas. "El aumento de personal irá acompañado de un despliegue territorial significativo: se habilitarán 36 oficinas en toda Cataluña, incluidas cuatro en las capitales de provincia, con más mostradores de atención. En total, se pasará de 35 a 87 mostradores, lo que supone un incremento del 148% respecto a la campaña anterior", subraya la Generalitat. En este sentido, Romero afirmó que el objetivo es que la ATC asuma en solitario la gestión de la renta a partir del próximo año, por lo que la campaña actual servirá como un ensayo en esa dirección. Los inspectores de Hacienda consideran que en cualquier otra comunidad autónoma este refuerzo se enmarcaría dentro de la colaboración entre Administraciones, pero en el caso de Cataluña lo interpretan como un movimiento para que la ATC gestione la campaña de forma exclusiva en el futuro, sin participación de la AEAT. Para ellos, esto representaría una situación inédita en el resto del país. En su comunicado, el colectivo manifiesta su preocupación por lo que consideran "una falsa colaboración", que en última instancia llevaría a la desaparición de la AEAT en Cataluña. Hasta ahora, recuerdan, la Agencia Tributaria estatal ha gestionado las campañas del IRPF en todo el territorio nacional, procesando cada año en Cataluña cerca de cuatro millones de declaraciones, incluyendo su grabación, liquidación y devolución. Por ello, los inspectores reclaman a la Agencia Tributaria estatal que no adopte ninguna medida que altere la actual prestación de los servicios tributarios en Cataluña mientras no se modifiquen las normas vigentes del sistema tributario. En cuanto a la campaña del IRPF, exigen que se mantenga la tradicional colaboración entre ambas administraciones y advierten contra cualquier intento de gestionar el impuesto fuera del marco legal. Finalmente, recuerdan la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista y advierten de posibles responsabilidades, incluso penales, por cualquier medida o gasto público destinado a instaurar un régimen fiscal que, según ellos, carece de respaldo legal en la actualidad.

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(El País, 17-02-2025) | Fiscal

Las Comunidades Autónomas se deberían financiar de manera ortodoxa en los mercados y no con el Estado como banquero

La deuda de las comunidades autónomas ha crecido de manera vertiginosa desde la crisis financiera. Desde 2008, ha aumentado en aproximadamente 15 puntos porcentuales, alcanzando el 21% del PIB, un nivel muy superior al 13% establecido como objetivo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para el sector territorial. Reducirla hasta ese umbral requeriría un largo proceso acompañado de fuertes ajustes. Según el centro de estudios Fedea, para lograrlo en los próximos 10 o 20 años, las autonomías deberían generar un superávit primario anual de entre el 0,5% y el 0,1% del PIB, un escenario poco probable considerando la evolución histórica de sus presupuestos, especialmente en las regiones más endeudadas. Cataluña es la comunidad con mayor deuda en términos absolutos, y los independentistas de ERC han acordado con el PSOE una quita parcial, que se extendería al resto de los territorios. Sin embargo, la medida genera controversia entre los líderes autonómicos y será el tema central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero, donde participarán el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos. El informe de Fedea, elaborado por el catedrático de Economía Diego Martínez López, señala que el objetivo es que las comunidades autónomas obtengan financiación de forma independiente en los mercados, sin depender del Estado como su principal prestamista. No obstante, advierte que los altos niveles de endeudamiento actuales representan un obstáculo para ello. Para comprender la situación actual, es necesario remontarse a 2012, cuando el Tesoro puso en marcha los mecanismos extraordinarios de liquidez con el fin de auxiliar a las comunidades que no podían acceder a los mercados financieros. A través de estos préstamos, el Estado ha seguido proporcionando financiación a las autonomías a un coste más reducido. Regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha han sido las principales beneficiarias de estos mecanismos y, en consecuencia, son las que actualmente tienen una mayor deuda con el Estado. En cambio, otras comunidades, como Madrid, que no han recurrido a estos préstamos, rechazan la propuesta de condonación pactada entre el Gobierno y Cataluña. El acuerdo entre ERC y PSOE prevé la cancelación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado, lo que equivale a unos 15.000 millones de euros. Sin embargo, aún no se han concretado las cifras ni los porcentajes que podrían aplicarse al resto de las autonomías. Martínez López sugiere eliminar progresivamente los mecanismos extraordinarios de liquidez, ya que considera que el Estado no es un prestamista eficiente a medio y largo plazo para otras administraciones. No obstante, reconoce que suprimirlos de forma abrupta sería inviable para las comunidades con mayores dificultades financieras. Por ello, propone una transición gradual hacia la financiación en los mercados, acompañada de ciertas condiciones, como vincular la reestructuración o condonación de la deuda a ajustes fiscales específicos y avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, una tarea pendiente desde hace más de una década. El informe plantea varias alternativas a la condonación de deuda. Una opción sería reestructurarla mediante la ampliación de los plazos de amortización o la reducción de los tipos de interés. Otra posibilidad es establecer un periodo de carencia durante el cual solo se paguen los intereses, posponiendo el debate sobre una posible quita para más adelante. Por último, se menciona la condonación parcial de la deuda en manos del Estado a través de una transferencia de capital condicionada a su uso exclusivo para amortizar los préstamos objeto de condonación, lo que supondría el mayor coste para el Estado. Por otro lado, el estudio descarta intervenir en la deuda de las comunidades que no tienen obligaciones pendientes con el Estado, como Madrid, ya que ello requeriría modificar la legislación vigente y podría generar una interferencia innecesaria en sus relaciones financieras con los mercados.

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(El Economista, 17-02-2025) | Fiscal

Las CCAA pueden bajar los tipos o ampliar los tramos para que el SMI tribute menos

En los últimos años, el crecimiento de la renta mínima ha llevado al Ministerio de María Jesús Montero a incrementar el mínimo exento tras cada subida desde 2022, con el objetivo de evitar que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) tuvieran que tributar. Para ello, Hacienda ha ajustado el mínimo deducible por rendimientos del trabajo, elevándolo para que el conjunto de deducciones cubriera la cuantía anual del SMI. Sin embargo, esta cuestión escapa a la competencia de las comunidades autónomas. Jaume Sanaú, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, explica que solo el Gobierno central tiene potestad para decidir sobre la obligación de declarar o no en el IRPF, aunque las comunidades sí pueden legislar sobre la cuota autonómica. Ante este marco, las regiones tienen tres alternativas: reducir los tipos impositivos, ampliar los tramos de renta o modificar los mínimos personales y familiares, según señala Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense e investigador asociado a Fedea. El diseño del impuesto sobre la renta establece que su gestión se divide en un 50% entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, salvo en el caso de Navarra y el País Vasco, que cuentan con sus propios sistemas forales. Para el resto de territorios, la única exigencia establecida es que el impuesto mantenga su progresividad, lo que les permite modificar el tipo autonómico, crear nuevos tramos o elevar la deducción sobre la parte de la renta destinada a cubrir necesidades básicas, con un límite del 10%. Este último concepto varía según la situación familiar, es decir, en función de la existencia de hijos, su número y edad, la presencia de ascendientes a cargo o el grado de discapacidad de los familiares, pero está fijado de manera general en 5.550 euros. Este debate no es nuevo, ya que surgió en 1994 cuando se discutió si las prestaciones por desempleo debían tributar y reaparece periódicamente debido a la carga fiscal que soportan las rentas más bajas. Los expertos consideran que la mejor opción es reducir los tipos impositivos, ya que modificar los tramos generaría nuevamente la misma discusión tan pronto como el SMI volviera a incrementarse. La reducción de los tipos impositivos tendría como consecuencia una disminución de los recursos disponibles para las comunidades autónomas. Esto se debe a que, del 50% del IRPF que gestionan, solo retienen íntegramente el 25%, mientras que el 75% restante se destina a un fondo común que se reparte entre todas las comunidades según su población ajustada. Además, este porcentaje se calcula en función de los ingresos que recibe el Gobierno central, por lo que una bajada de tipos autonómicos implicaría una menor recaudación directa para la comunidad afectada. Por este motivo, la dirección del Partido Popular ha optado por trasladar la presión al Gobierno central en lugar de exigir a sus comunidades autónomas que adopten medidas compensatorias. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo señalan que la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP ya han aplicado reducciones de los tipos impositivos y destacan que Cataluña es la región con una mayor carga fiscal. Por ello, descartan abrir un debate interno sobre este tema en un momento en el que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas están en juego debido a la caída del decreto. Sin embargo, esta postura no ha sido bien recibida por algunos dirigentes regionales, según adelantó El Mundo. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha tomado la iniciativa en este asunto, ya que en su comunidad hay cerca de 100.000 trabajadores que perciben el SMI. Desde la Consejería de Hacienda de Murcia han anunciado la creación de un nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF con un tipo reducido, para garantizar que el aumento del salario no se vea absorbido por los impuestos. En el caso de un trabajador soltero y sin hijos, el 43% de la subida salarial (unos 300 euros) se destinaría al pago de tributos. Otras comunidades como Madrid, Castilla y León y Baleares también prevén reducir el tipo autonómico, mientras que otras regiones aún están valorando sus opciones. Andalucía, por su parte, es la comunidad con mayor número de beneficiarios del SMI, con 476.100 asalariados en 2023, según datos del Ministerio de Trabajo. Le siguen Madrid y Cataluña, donde es más frecuente el perfil de jóvenes sin cargas familiares que acaban de acceder al mercado laboral. Cataluña, gobernada por Salvador Illa, es la región que aplica los tipos impositivos más altos sobre las rentas bajas. De no introducirse cambios, el 20% de los trabajadores que perciben el SMI y están obligados a tributar deberían pagar 357,43 euros al año. Esta cifra es casi 80 euros superior a los 280,68 euros que se abonarían en la Comunidad Valenciana o los 287,12 euros en Madrid. Asturias ocupa el segundo lugar en presión fiscal sobre estas rentas (348,5 euros), seguida de Murcia (339,56 euros), lo que coloca a esta última entre las regiones con más margen para aplicar cambios en su política fiscal.

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(El Economista, 17-02-2025) | Fiscal

Alquilar una vivienda a un familiar por debajo de precio puede reducir la factura del IRPF

La Dirección General de Tributos (DGT) aclaró en una resolución del 4 de diciembre que alquilar una vivienda a un familiar de hasta el tercer grado (cónyuge, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos o sobrinos) por un precio inferior al del mercado puede reducir la tributación en el IRPF. En lugar de pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por el alquiler, el propietario deberá tributar por un porcentaje del valor catastral del inmueble, que será del 1,1% si ha sido revisado o del 2% si no lo ha sido. Por ejemplo, si un padre alquila un piso valorado en 150.000 euros a su hijo por una renta simbólica de 100 euros al mes, obtendría unos ingresos anuales de 1.200 euros. A esta cantidad se le restarían los gastos asociados a la vivienda, como comunidad, reparaciones, seguros, IBI e intereses hipotecarios, que podrían sumar 3.000 euros, lo que resultaría en un saldo negativo de 1.800 euros. Dado que en este caso no existiría una base imponible, la Ley del IRPF establece que el propietario debe tributar, al menos, por el rendimiento mínimo computable. Esto significa que el impuesto se calcularía sobre 3.000 euros si se aplica el 2% del valor catastral o sobre 1.650 euros si se aplica el 1,1%. En cambio, si la vivienda se alquila a precio de mercado, la base imponible del IRPF sería más elevada. Por ejemplo, si se arrienda por 900 euros mensuales, se generarían ingresos anuales de 10.800 euros. Tras descontar los gastos de 3.000 euros, el rendimiento neto sería de 7.800 euros. No obstante, al destinarse a vivienda habitual, se aplicaría una reducción del 50% (en zonas no tensionadas), lo que implicaría tributar sobre 3.900 euros. Esta resolución de Tributos responde a la consulta de una contribuyente cuyos padres planean arrendarle un inmueble. La DGT recuerda que, según la Ley del IRPF, cuando el inquilino sea un familiar de hasta tercer grado, el rendimiento mínimo a declarar no podrá ser inferior al porcentaje del valor catastral estipulado por la normativa.

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(El Confidencial, 17-02-2025) | Fiscal

Montero ha garantizado que sólo el 20% de los perceptores del SMI tendrán que hacer frente al pago del IRPF

María Jesús Montero mantiene un enfrentamiento con Yolanda Díaz sobre la tributación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La ministra de Hacienda reapareció este viernes en Sevilla tras varios días de silencio y tensiones dentro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. La también vicepresidenta primera defendió que, tras la última subida del SMI a 1.184 euros mensuales en 14 pagas (un incremento del 61% desde 2018), este debe comenzar a tributar. Esta postura choca directamente con la de la ministra de Trabajo, lo que ha generado un conflicto dentro del Ejecutivo sin una solución clara a la vista. No obstante, Montero ha asegurado que la coalición sigue siendo "más sólida que las discrepancias". Según la ministra de Hacienda, los salarios mínimos ya tributaban en 2024, por lo que no ha habido un aumento fiscal, sino la continuidad de una situación previa. Además, justificó la medida afirmando que busca evitar una reducción en los ingresos fiscales que financian el Estado del bienestar. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de adaptar el análisis a la nueva realidad salarial: "No se pueden hacer las mismas valoraciones que cuando el SMI era de 735 euros". Montero insistió en que su intención es que el salario mínimo continúe aumentando y contribuya al sistema fiscal como el resto de rentas. La ministra explicó que solo el 20% de los trabajadores que perciben el SMI deberán pagar el IRPF en su declaración de la renta, principalmente aquellos sin hijos o personas mayores a su cargo. En su opinión, estos ciudadanos deben asumir sus obligaciones fiscales como el resto. Además, recordó que la subida de 50 euros del SMI en 2025 incluía desde el principio la previsión de que este comenzara a tributar, tal y como recomendaron los expertos que asesoran al Gobierno. Según estos análisis, normalizar el pago del IRPF en los salarios mínimos era la consecuencia lógica de elegir el tramo alto de subida. "No se puede vestir un santo para desvestir a otro", afirmó Montero en su intervención, donde envió varios mensajes velados a Yolanda Díaz sin mencionarla directamente. En su discurso, Montero criticó duramente el "populismo fiscal" y sugirió que la ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Gobierno se acerca peligrosamente a la política de "vaciamiento fiscal" que, según ella, practica el Partido Popular. De hecho, tanto Sumar como el PP han presentado en el Congreso iniciativas legislativas para restablecer la exención del IRPF para quienes perciban el SMI. A pesar de la creciente oposición en el Parlamento, Montero no ha dado detalles sobre cómo el PSOE planea superar la mayoría contraria a la tributación del SMI en la Cámara Baja. Aunque en los últimos días se hablaba de un posible acuerdo entre los socios de Gobierno, la contundencia de Montero en su comparecencia no apunta a un acercamiento. Sin embargo, en Sumar aún confían en alcanzar un pacto. "No voy a hacer política sobre cuándo se enteró o no la señora Yolanda Díaz", replicó Montero, recordando que el Ministerio de Hacienda ya había advertido el año pasado que la exención fiscal del SMI no se mantendría indefinidamente. El trasfondo de este debate tiene una motivación clara: la necesidad de aumentar los ingresos del Estado. Algunas de las reformas fiscales impulsadas por Montero han fracasado en el Congreso por falta de apoyos, lo que ha generado preocupación en la Administración central. Además, dentro del PSOE existe la convicción de que el fin de la exención del IRPF al SMI debe aplicarse lo más lejos posible de una cita electoral, con la vista puesta en las elecciones andaluzas de junio de 2026. En esta comunidad se concentra una de cada cinco personas que perciben el SMI, lo que convierte el tema en un asunto especialmente sensible para Montero, que se enfrentará a Juanma Moreno en esos comicios. En su intervención, la ministra de Hacienda rechazó las críticas del PP, que en los últimos días han arreciado especialmente desde el Gobierno andaluz. Según sus datos, un salario de 1.184 euros mensuales supone un pago de unos 700 euros anuales en IRPF, una cifra que, según ella, es comparable con lo que ocurre en otros países europeos como Francia y Alemania, donde el SMI también tributa. Montero argumentó que el aumento del salario mínimo en los últimos años ha cambiado su naturaleza, alejándolo de la idea de una prestación y acercándolo al resto de rentas sujetas a tributación. "Voy a seguir haciendo pedagogía", concluyó, defendiendo que su postura es coherente con la línea de un Gobierno progresista, a pesar de las críticas de sus socios de coalición y de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.

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