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(El Economista, 15-01-2025) | Fiscal

Las empresas deben recibir las notificaciones de Hacienda vía electrónica aunque den otro domicilio

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) confirma que las empresas tienen la obligación de comunicarse con la Administración exclusivamente por vía electrónica. Por lo tanto, aunque inicien un procedimiento con Hacienda e indiquen una dirección física para recibir notificaciones, estas solo se les pueden remitir de manera telemática. En una resolución emitida el 10 de diciembre, el TEAC reafirma el criterio establecido el 26 de abril de 2022, según el cual las notificaciones en procedimientos iniciados a petición del interesado se realizarán por el medio señalado por este, pero siempre serán electrónicas en los casos donde exista la obligación de relacionarse con la Administración a través de esta vía. Desde la entrada en vigor de la Ley de 2015 sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas, incluyendo empresas, asociaciones, sociedades y fundaciones, deben interactuar con la Administración de forma electrónica. La resolución del TEAC se centra en el caso de una empresa a la que Hacienda le imputó una responsabilidad subsidiaria por una deuda. La compañía solicitó la suspensión del procedimiento y proporcionó un domicilio físico para recibir notificaciones. Sin embargo, Hacienda envió un requerimiento de subsanación por vía telemática, utilizando el buzón electrónico asociado a la empresa. Al no revisar este buzón ni responder al requerimiento, la solicitud de suspensión fue archivada, y Hacienda continuó el proceso notificando por vía electrónica el inicio del procedimiento de apremio para el pago de la deuda. La empresa presentó un recurso ante el TEAC argumentando que tenía derecho a elegir el medio de notificación que considerara más adecuado. Sin embargo, el TEAC dictaminó que la notificación telemática es válida y eficaz, incluso en procedimientos iniciados a petición del interesado, cuando este está obligado a comunicarse electrónicamente con la Administración debido a su naturaleza jurídica.

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(La Vanguardia, 15-01-2025) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda piden tener voz en la nueva financiación

En una carta dirigida a los miembros de la comisión de expertos designada por la Generalitat, los inspectores de Hacienda advierten sobre las posibles consecuencias "negativas" del "fraccionamiento" de la Agencia Tributaria estatal. Reclaman ser tomados en cuenta en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, según manifiestan en el escrito enviado al grupo encargado de diseñar el nuevo modelo por parte del Govern. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), alerta de las implicaciones "negativas" que tendría la implementación del pacto de investidura alcanzado entre ERC y los socialistas el pasado verano, tal como está planteado en su redacción actual. Según subraya, dicho pacto llevaría al "fraccionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)". Además, critican el respaldo que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está brindando a este acuerdo y los instan a reconsiderar su postura. En el marco del acuerdo para facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) como president, ERC asegura haber conseguido un compromiso para implementar un nuevo modelo de financiación bilateral basado en un concierto económico y un cupo. Sin embargo, los socialistas insisten en que se trata de un modelo "singular" y no de un concierto al uso. Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, exigió el pasado sábado "señales claras de cumplimiento" de los puntos clave del pacto de investidura, especialmente en lo referente a financiación y mejoras en Cercanías. Advirtió que sin avances en estos aspectos no negociarán los presupuestos catalanes de 2025, que aún no han comenzado su trámite parlamentario. Entretanto, Illa declaró el domingo en El País que la financiación debe implementarse, no renegociarse, ya que forma parte del acuerdo firmado entre PSC y ERC. En su carta, los inspectores de Hacienda enfatizan que dividir la Agencia Tributaria estatal en 17 entes independientes, transferidos a las comunidades autónomas, implicaría un "desastre total" para la gestión del sistema tributario y que, además, este cambio sería "difícilmente reversible". Por ello, instan a reconsiderar la propuesta para garantizar que el nuevo modelo sea "inclusivo y equitativo". También recuerdan que el acuerdo entre PSC y ERC contradice la tendencia en Europa hacia sistemas de control fiscal centralizados o fuertemente coordinados.

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(Cinco Días, 14-01-2025) | Fiscal

Tiene hasta el 31 de marzo para informar a Hacienda de cuentas o depósitos de más de 50 mil euros en el extranjero

Abrir una cuenta bancaria o contratar un depósito en una entidad extranjera con el objetivo de obtener ingresos adicionales se ha convertido en una práctica común en los últimos años. Plataformas como Trade Republic, que ha promocionado de manera agresiva productos financieros vinculados al tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE), o Raisin, que ofrece acceso a depósitos en bancos europeos con rendimientos superiores al 3,5%, han facilitado que muchos ciudadanos españoles opten por este tipo de inversiones en el extranjero. Si usted se encuentra en esta situación, es posible que deba informar a Hacienda antes del 31 de marzo. En concreto, si tiene más de 50.000 euros en una cuenta bancaria con un IBAN extranjero al cierre de 2024 o si contrató depósitos que superan esa cantidad en una entidad fuera de España, está obligado a presentar el modelo 720 ante la Agencia Tributaria. Este formulario, que también aplica a otros bienes como valores, derechos, seguros o inmuebles ubicados en el extranjero, es meramente informativo, pero su presentación es obligatoria. El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones económicas. El modelo 720, aprobado en 2012 durante el Gobierno del PP liderado por Mariano Rajoy, prevé multas que oscilan entre 300 euros y 20.000 euros si no se presenta. Si el formulario se entrega con errores o datos falsos, las sanciones pueden empezar desde 500 euros, según explica la Agencia Tributaria. Para rellenarlo correctamente, se recomienda acceder al informe fiscal de 2024 proporcionado por el banco y volcar los datos en el formulario, específicamente en la casilla 027, ubicada en la página 5, apartado B, "rendimientos del capital mobiliario". Al seleccionar esa casilla, se despliega una opción para ingresar los datos correspondientes. Además, al realizar la declaración de la renta en 2025 (cuyo plazo inicia el 2 de abril), es probable que deba introducir manualmente los intereses generados en cuentas remuneradas o depósitos en el extranjero. A diferencia de los bancos españoles, que retienen automáticamente el impuesto, las entidades extranjeras no suelen hacerlo. Por lo tanto, es fundamental verificar si el banco aplicó la retención fiscal en su país de origen para evitar pagar impuestos dos veces. Lo más recomendable es informar al banco extranjero sobre su residencia fiscal en España al abrir la cuenta o contratar el depósito. Si no lo hace, el banco podría aplicar retenciones en el país de origen, lo que podría derivar en una doble imposición. En tal caso, es necesario detallar estas retenciones en la declaración de la renta, específicamente en la casilla de doble retención fiscal. Es importante recordar que los impuestos solo se pagan sobre los intereses generados, no sobre el saldo total de la cuenta. Por ejemplo, si tiene 10.000 euros en una cuenta con un 3% TAE, habrá obtenido 300 euros en intereses, y los impuestos se calcularán únicamente sobre esa cantidad. Por otro lado, quienes no hayan declarado activos en el extranjero estando obligados a hacerlo podrían enfrentarse a sanciones adicionales por ganancias de patrimonio no justificadas. En caso de descubrirse estos activos no declarados, además de abonar los impuestos correspondientes, se aplicará una multa que puede oscilar entre el 50% y el 100% de la cantidad defraudada. La Agencia Tributaria califica esta infracción como grave.

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(Expansión, 14-01-2025) | Fiscal

El plan de vivienda del Gobierno presenta ayudas fiscales al alquiler

El presidente del Gobierno presentó un conjunto de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, que incluyen la ampliación del parque público con inmuebles de Sareb, deducciones en el IRPF para fomentar alquileres asequibles, avales públicos, un plan estratégico de vivienda en Valencia, la aplicación del 21% de IVA a los alquileres turísticos como Airbnb y un incremento fiscal para compradores no residentes de fuera de la Unión Europea. "En esta situación de emergencia habitacional, lo que necesitamos son más viviendas y menos Airbnb. Es responsabilidad de las administraciones públicas priorizar el uso residencial y frenar la expansión descontrolada del turismo especulativo que afecta a los vecinos", afirmó el presidente Pedro Sánchez. Durante su intervención, detalló medidas para intervenir en el mercado inmobiliario con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda. Entre estas, destacan incentivos fiscales para reducir los precios del alquiler, la ampliación del parque público de vivienda y restricciones a los pisos turísticos, las Socimis y los inversores extranjeros. En el acto titulado Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en Madrid, Sánchez subrayó la necesidad de proteger a los ciudadanos frente a los abusos del mercado y asegurar que las viviendas cumplan su función como hogares, no como negocios. Según el Gobierno, este plan busca equilibrar la oferta y la demanda mediante tres pilares: incrementar la vivienda disponible, mejorar su regulación y ofrecer más ayudas públicas. Entre las acciones más relevantes, se prevé transferir a la Empresa Pública de Vivienda unas 30.000 viviendas de Sareb, comenzando por las 13.000 ya destinadas al alquiler, y garantizar que todo el parque público permanezca en manos estatales para evitar su privatización. Asimismo, se impulsará la construcción de 25.000 nuevas viviendas mediante créditos y avales del ICO, y se promoverá la modernización de la construcción a través de un Plan Estratégico financiado por los fondos europeos Next Generation, con sede en Valencia. Otra medida destacada es la implementación de avales públicos que den seguridad a propietarios para alquilar a precios asequibles, empezando en 2025 con alquileres para menores de 35 años. También se incentivará la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler asequible durante al menos cinco años. En el ámbito fiscal, se establecerán deducciones en el IRPF de hasta el 100% para propietarios que ajusten los precios de sus alquileres al Índice de Precios de Referencia, una estrategia destinada a sortear las limitaciones de la Ley de Vivienda en comunidades gobernadas por el PP. Además, se aplicará un IVA del 21% a los pisos turísticos gestionados por plataformas y se limitarán las ventajas fiscales de las Socimis que no ofrezcan alquileres asequibles. Finalmente, el Ejecutivo endurecerá las condiciones para compradores extracomunitarios no residentes, aumentando los impuestos hasta un 100% sobre la adquisición de inmuebles con fines especulativos. También se reforzarán las inspecciones para detectar fraudes en el alquiler de temporada, y se prevé un nuevo Plan Estatal de Vivienda en 2026 enfocado en jóvenes, mayores, personas vulnerables y residentes en áreas degradadas.

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(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal

La CNMC publica hoy el informe sobre el cumplimiento de los bancos del "impuestazo"

El tiempo es un elemento crucial, tanto de forma positiva como negativa, especialmente cuando se trata de evaluar el impacto de las decisiones tomadas o de verificar el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, con frecuencia, estas constataciones llegan en un momento en el que su relevancia práctica ha disminuido considerablemente. Hoy, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presenta el informe solicitado por el Gobierno en julio de 2023 para determinar si los bancos han cumplido con la prohibición de trasladar a los clientes el coste del gravamen extraordinario impuesto a las principales entidades. Este gravamen, inicialmente aprobado para los años 2022 y 2023 y ampliado posteriormente a 2024, se ha transformado recientemente para aplicarse durante otros tres años (2024, 2025 y 2026), modificando tanto sus condiciones como las entidades afectadas. La solicitud formal a la CNMC para analizar si los bancos cumplían con la normativa llegó en julio de 2023. Desde entonces, la Comisión ha tardado aproximadamente un año y medio en completar su evaluación y emitir el informe correspondiente. Es llamativo que la publicación de este análisis coincida justo con el final de la prohibición para que los bancos repercutan estos costes a sus clientes. A partir de ahora, el nuevo impuesto podrá ser tratado como un coste adicional, al igual que otros impuestos y tasas que enfrentan las entidades financieras. Esto evidencia una discrepancia entre la decisión gubernamental de proteger a los clientes y la capacidad real de supervisión para garantizar su cumplimiento. Un obstáculo importante fue el acceso a los datos bancarios. Aunque la normativa establecía que el Banco de España debía colaborar con la CNMC, la información necesaria está bajo la jurisdicción del Banco Central Europeo (BCE) debido a la creación del Eurosistema. Esta situación dificultó la obtención de los datos, ya que el BCE mantiene estricta confidencialidad sobre la información de las entidades que supervisa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitía consultar los datos sin copiarlos ni sacarlos del ámbito del BCE, lo que implicó un proceso más lento y restringido. El informe de la CNMC no ofrece conclusiones definitivas. No se puede afirmar categóricamente que los bancos hayan incumplido la normativa, pero tampoco se descarta. La falta de tensiones en los balances durante los años 2023 y 2024, junto con la elevada liquidez del sistema financiero español, ha contribuido a esta ambigüedad. Según los últimos datos disponibles, en septiembre de 2023, la ratio de cobertura de liquidez del sistema bancario español era del 181%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%. Por el lado del crédito (activo), los datos muestran que las entidades no han trasladado el coste del gravamen a los deudores. Durante estos años, el endeudamiento de empresas y familias se ha mantenido estable, lo que ha llevado a los bancos a limitar el aumento del coste de los créditos para mantener su competitividad. En septiembre de 2023, la deuda total de empresas y familias alcanzaba los 1,7 billones de euros, un 109% del PIB, cinco puntos menos que el año anterior. Aunque los controles establecidos por el Gobierno son positivos, su eficacia queda en entredicho cuando los resultados se conocen una vez que las normativas han perdido vigencia. Esto evidencia la necesidad de diseñar mecanismos de supervisión más ágiles y oportunos.

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(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes que adquieran una vivienda

El Partido Popular (PP) ha planteado diez medidas relacionadas con la vivienda que serán implementadas por las comunidades autónomas bajo su gestión, como respuesta a lo que consideran una falta de acción del Gobierno frente a la actual emergencia habitacional. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido que este plan del PP podría llevar al país a una situación similar a la burbuja inmobiliaria de 2008, que tuvo graves consecuencias económicas para España. Entre las medidas anunciadas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar a los jóvenes la compra de su vivienda habitual. Este compromiso fue incluido en la "Declaración de Asturias", un acuerdo alcanzado durante un encuentro privado entre los líderes autonómicos del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, celebrado el pasado fin de semana. Feijóo presentó esta iniciativa públicamente en un acto en Oviedo como parte de un decálogo de propuestas en materia de vivienda. Dicho decálogo incluye, además, una apuesta por una nueva Ley del Suelo, la derogación de la actual Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, la reducción de impuestos, el aumento de suelo disponible para construcción, y mayores incentivos al alquiler. "Con un gran esfuerzo y compromiso por parte de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, reduciremos el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda con más respaldo por parte de la administración pública", afirmó Feijóo. No obstante, reconoció que esta medida tendrá implicaciones en los ingresos de las arcas autonómicas. En su intervención, Feijóo explicó que esta rebaja está dirigida a "jóvenes menores de 40 años", aunque el documento oficial de la declaración se limita a mencionar a "jóvenes" sin especificar un rango de edad. Cada comunidad autónoma establecerá los límites de renta y precio de la vivienda para aplicar esta medida. El plan también incluye una reducción del impuesto sobre la transmisión de viviendas protegidas, aunque no se detalla el porcentaje. Entre las iniciativas se encuentran: la simplificación de trámites burocráticos, la promoción de suelo público para construir viviendas protegidas, garantizar alquileres asequibles a un precio un 30% inferior al del mercado, y la extensión hasta los 40 años de las líneas públicas de avales hipotecarios. Además, el PP propone fomentar el alquiler mediante seguros de impago y multirriesgo, así como ayudas para reformar viviendas que se encuentren desocupadas y se destinen al alquiler. Feijóo destacó el trabajo de su partido en el diseño de estas propuestas, en contraste con lo que calificó como la falta de acción del Gobierno, al que acusó de estar centrado en intereses partidistas y no en las necesidades de los ciudadanos. El colectivo prioritario al que van dirigidas estas medidas incluye familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, y municipios afectados por la despoblación, así como cascos históricos y zonas rurales. "España atraviesa una situación crítica en materia de vivienda. Las familias, especialmente los jóvenes, enfrentan precios inaccesibles, salarios bajos y el mayor paro juvenil de Europa. Los propietarios sufren la ocupación de sus viviendas y los promotores enfrentan numerosas trabas administrativas para construir nuevas viviendas. Si no se construyen más, los precios seguirán subiendo", concluyó Feijóo.

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(Expansión, 10-01-2025) | Fiscal

Presión fiscal y costes salariales, los grandes frenos para la competitividad de la economía española

El 51% de los economistas españoles prevé un deterioro de la economía en los próximos meses, mientras que tres de cada cuatro señalan los elevados impuestos y las crecientes cargas laborales como "barreras" importantes, según el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas de España (CGE). A pesar de que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha destacado repetidamente la fortaleza y resiliencia de la economía nacional, calificándola de pasar de ir "como una moto" a "como un cohete", la percepción entre los expertos no es tan optimista. El crecimiento económico no se percibe de manera homogénea en todos los sectores, ni sus beneficios han llegado de igual forma a empresas y familias. En 2024, el número de procedimientos concursales alcanzó cifras récord en más de una década, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, lo que evidencia las dificultades económicas de muchas empresas. Aunque a nivel macroeconómico se observan indicadores positivos, los economistas advierten de la existencia de importantes desafíos que condicionan el crecimiento futuro, como la crisis de la vivienda, el alto endeudamiento público y las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. A esto se suma la carga impositiva y laboral, que, según más del 70% de los economistas, representa uno de los principales obstáculos para la competitividad empresarial. El informe del CGE, correspondiente al segundo semestre de 2024, muestra que la presión fiscal preocupa al 74% de los economistas, mientras que el 72% señala los costes salariales como una barrera significativa. Estas preocupaciones se enmarcan en un contexto de cambios en el ámbito laboral y fiscal. El aumento previsto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 y la reducción de la jornada laboral han generado tensiones entre los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar. Por su parte, las recientes reformas fiscales han introducido nuevos impuestos que afectan a sectores estratégicos como la banca y la energía, lo que, para el 66,7% de los economistas, supone un freno a la competitividad. El impacto de estas medidas varía según el sector de actividad. Por ejemplo, el 83,3% de los economistas que trabajan en el comercio considera que los cambios fiscales tendrán efectos negativos, mientras que este porcentaje es del 71,4% en el sector bancario y del 70,5% en la industria. En términos generales, los economistas muestran una visión menos optimista que el Gobierno sobre el futuro económico. Más del 51% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses, frente al 16,7% que espera una mejora. Además, el 45,1% anticipa una caída en la demanda interna y el consumo de los hogares en los primeros meses de 2025, mientras que solo el 16,1% detecta señales de recuperación en este ámbito.

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(Expansión, 10-01-2025) | Fiscal

Amplia batería de rebajas tributarias y promesa de seguir bajando impuestos allá donde gobierne el PP

El presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado este fin de semana en Asturias una reunión con sus líderes autonómicos para ajustar su estrategia contra el Gobierno central y fortalecer su propuesta como alternativa política, aprovechando el control de una docena de comunidades autónomas. Aunque el encuentro se centrará en nuevas iniciativas relacionadas con la vivienda y el fortalecimiento del mercado único, el eje principal será la apuesta común por una política de reducción de impuestos. Según documentos internos a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el PP planea destacar su enfoque fiscal, resaltando las más de cien rebajas impositivas implementadas en sus territorios en el último año y comprometiéndose a continuar con nuevas reducciones. La cumbre, que comenzará este sábado en Colunga y finalizará el domingo con una declaración en Oviedo, tiene como objetivo dar continuidad al compromiso asumido en Córdoba en marzo pasado. En el documento de balance del último año, el PP reafirma su intención de mantener una política de reducción de impuestos para ciudadanos y empresas. "Renovamos nuestro compromiso de alcanzar estándares más altos en la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, y rechazamos firmemente cualquier intento del Gobierno central de imponer medidas que limiten estas reducciones", señala el texto que será analizado por Feijóo, los once presidentes autonómicos del PP y el vicepresidente de Canarias, donde el partido gobierna en coalición con Coalición Canaria. El PP asegura que su modelo fiscal, aplicado en las comunidades que administra, fomenta una mayor riqueza para los ciudadanos y genera ingresos más efectivos para financiar servicios públicos, en contraste con lo que considera una excesiva presión fiscal impuesta por el Gobierno a personas con ingresos medios y bajos. Asimismo, el partido se compromete a replicar casos de éxito en otras regiones y a defender la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. La política tributaria ha sido, en los últimos años, uno de los principales puntos de confrontación entre el PP y el PSOE. Mientras el Gobierno se niega a ajustar la tarifa del IRPF a la inflación, las regiones gobernadas por el PP han liderado reducciones fiscales para aliviar el impacto de la mayor inflación de las últimas décadas. Por otro lado, las crecientes bonificaciones en impuestos como el de Patrimonio han llevado al Ejecutivo a crear el Impuesto a las Grandes Fortunas y a considerar medidas similares en Sucesiones y Donaciones. Además, el PP ha intentado influir en las reformas fiscales del Gobierno utilizando su mayoría en el Senado para proponer medidas como la reducción del IRPF para jóvenes, incentivos a bancos que rebajen hipotecas o inviertan en vivienda, y la exención fiscal para ayudas a afectados por desastres naturales, siendo esta última la única aprobada. De este modo, acusando al Gobierno de promover un "infierno fiscal", el PP aprovechará este encuentro en Asturias para destacar las más de cien rebajas tributarias implementadas en sus comunidades durante el último año, reforzando su posición como alternativa política en su camino hacia La Moncloa.

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(El Periódico, 10-01-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria está intensificando el control sobre los autónomos y las empresas con el objetivo de reducir la economía sumergida

La Agencia Tributaria ha anunciado la implementación de nuevas iniciativas para fortalecer el control fiscal sobre autónomos y empresas. Estas medidas están orientadas a combatir la economía sumergida y optimizar la recaudación tributaria. Entre los principales cambios destaca la exigencia de información más detallada y frecuente sobre los ingresos de los profesionales, pasando de reportes anuales a mensuales. Este ajuste tiene como finalidad incrementar la transparencia en las transacciones económicas y facilitar la detección temprana de posibles irregularidades. El eje de esta estrategia radica en la modificación de las obligaciones informativas de las entidades financieras hacia la Agencia Tributaria. Actualmente, los bancos deben reportar anualmente los movimientos en las cuentas de sus clientes. Sin embargo, con la nueva normativa, deberán proporcionar datos mensuales sobre los cobros realizados por autónomos y empresas a través de tarjetas de crédito y débito, terminales de punto de venta (TPV), datáfonos y aplicaciones de pago móvil como Bizum. Hacienda argumenta que disponer de información con mayor periodicidad permitirá evaluar con mayor precisión los riesgos fiscales, agilizar la investigación de posibles fraudes y aplicar medidas cautelares o embargos de forma más eficiente. Además, destaca la importancia de identificar de manera temprana actividades fraudulentas o ingresos no declarados, contribuyendo así a un sistema tributario más equitativo. Estas nuevas obligaciones no se limitarán a los bancos nacionales, sino que también se extenderán a entidades financieras extranjeras que operen en España, incluidas las entidades de pago y de dinero electrónico. Estas deberán informar sobre la titularidad de cuentas de clientes españoles, los pagos realizados mediante tarjetas, Bizum, movimientos en efectivo y los cobros de autónomos y empresas, manteniendo la periodicidad mensual establecida. Con esto, se busca evitar posibles lagunas legales que faciliten la evasión fiscal. Otro punto relevante de la propuesta es el control sobre el uso de tarjetas prepago y virtuales, muy comunes en compras online. Hacienda pretende identificar a los titulares de estas tarjetas y exigir información sobre transacciones que superen un importe específico, aún no definido en el borrador de la normativa. El objetivo es evitar que estas modalidades se utilicen para ocultar ingresos y reforzar la transparencia en las operaciones económicas. Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, se señala que estas medidas buscan solucionar la falta de información proveniente de entidades financieras extranjeras, dificultando la ocultación de bienes e ingresos. El propósito final es garantizar un sistema tributario más justo y eficiente, reduciendo el impacto de la economía sumergida en las arcas públicas. Estas nuevas disposiciones implicarán una fiscalización más estricta de la actividad económica de los autónomos, quienes deberán estar al tanto de los cambios y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante una contabilidad clara y precisa. Aunque las medidas pueden generar inquietud en este colectivo, su finalidad es combatir el fraude fiscal y promover la equidad tributaria, en beneficio de todos los contribuyentes a largo plazo.

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(El Economista, 10-01-2025) | Fiscal

Jersey e Islas Vírgenes, los dos paraísos fiscales británicos acaparan el 90% de la inversión opaca española

El 90% de la inversión española en paraísos fiscales se concentra en Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, ambos territorios bajo la jurisdicción de la Corona británica. De los 799,11 millones de euros destinados a estas jurisdicciones entre 2020 y septiembre de 2024, 733,9 millones fueron canalizados hacia estas dos regiones, según datos de DataInvex, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. En detalle, las Islas Vírgenes recibieron 390,5 millones y Jersey 343,4 millones. El resto de la inversión en territorios opacos fue dirigido a lugares como Guernsey, otra isla del Canal de la Mancha bajo jurisdicción británica, así como a Liberia y Bahréin. La Comunidad de Madrid concentra el grueso de estos flujos, con un 93,6% del total (748,1 millones de euros). Cataluña ocupa el segundo puesto con 38,5 millones, seguida del País Vasco con 4,6 millones. El año 2023 destaca como el periodo con mayor volumen de inversión en paraísos fiscales, alcanzando un récord de 741,6 millones de euros. En paralelo, durante el mismo periodo (enero de 2020 a septiembre de 2024), España destinó 144.783 millones de euros a inversiones en el extranjero. Solo en los primeros nueve meses de 2024, se invirtieron 20.728 millones fuera del país. Entre los principales destinos destacan Luxemburgo (22.238 millones), Países Bajos (2.714 millones) e Irlanda (2.598 millones), todos ellos estados de la Unión Europea con regímenes fiscales más favorables. También sobresalen las inversiones en Estados Unidos (27.415 millones), Reino Unido (26.781 millones), México (8.750 millones), Alemania (7.723 millones) y Brasil (5.801 millones), entre otros. Por otro lado, España atrajo entre 2020 y septiembre de 2024 un total de 141.528 millones de euros en inversión extranjera. En 2023, esta cifra alcanzó los 28.215 millones, con Estados Unidos como principal emisor (28,9%), seguido de Reino Unido (13,1%), Alemania (10,6%) y Francia (9,2%). Además, países como Australia, Suiza, Canadá y México aumentaron su participación, demostrando, según el Gobierno, una mayor diversificación de la confianza en España. El sector servicios, incluyendo turismo y hostelería, captó el 54,3% de la inversión extranjera, mientras que el 42,2% se dirigió a la industria y el 3% a la construcción. Entre los subsectores destacados figuran el comercio mayorista, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y los combustibles. Por comunidades autónomas, Madrid lidera como el principal receptor de inversiones extranjeras, concentrando más del 54% en 2023, aunque con un leve descenso respecto a la media de los últimos cinco años. Cataluña ocupa el segundo lugar con un 16,5%, y la Comunidad Valenciana es tercera con un 12%. Estas cifras, según el Gobierno, confirman que España ha consolidado un nivel de atracción de inversiones extranjeras cercano a los 30.000 millones de euros anuales, mejorando su posición competitiva frente a otros destinos internacionales.

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