Noticias

(El Periódico, 19-12-2024) | Laboral

El Gobierno afirma que ya ha estabilizado más de 321.000 plazas hasta ahora ocupadas por interinos

Las administraciones públicas españolas han regularizado hasta la fecha un total de 321.776 plazas que estaban ocupadas por personal interino, según anunció el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre, fecha límite para que todo el sector público finalice la estabilización de trabajadores temporales en situación de fraude, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para la recepción de fondos europeos y tras las reiteradas advertencias de la justicia europea. En 2021, el Gobierno había identificado 300.000 plazas ocupadas por interinos en posiciones estructurales que debían estar desempeñadas por funcionarios de carrera. Tres años después, el número de plazas regularizadas asciende a 321.776, superando en 21.776 la previsión inicial. El Ministerio se refiere a "plazas" y no a "interinos", ya que algunos trabajadores eventuales han logrado consolidar su plaza, aunque en otro puesto, mientras que otros no han podido obtener ninguna. "Los sectores más beneficiados por la estabilización han sido el docente y el sanitario, esenciales para el mantenimiento del Estado del Bienestar", destacó el ministro, quien subrayó que "nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo". A pesar de estos avances, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados trimestralmente por el INE aún no reflejan plenamente este esfuerzo. En el tercer trimestre de 2023, la tasa de temporalidad en el sector público español se situaba en el 28,6%, dos puntos por debajo de 2021, pero lejos del objetivo del 8% fijado por el Gobierno. Según López, mientras en la Administración General del Estado (AGE) la temporalidad es del 5%, en las comunidades autónomas alcanza el 42% y en los municipios, el 41%. El pasado fin de semana, cientos de personas se manifestaron en Barcelona convocadas por plataformas de interinos y sindicatos como la IAC y la CGT, para exigir soluciones para aquellos trabajadores que no han logrado estabilizar su plaza. En el caso de la Generalitat, datos preliminares indican que más del 90% de los interinos que participaron en concursos de méritos u oposiciones han conseguido consolidar su posición. El ministro también anunció su intención de presentar en el Congreso durante la primera mitad de 2025 dos proyectos legislativos orientados a incrementar la transparencia en la administración. Por un lado, la Ley de Administración Abierta, que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas semestral y participación ciudadana. Por otro lado, la Ley de Grupos de Interés, conocida como "ley de lobbies", que establecerá un marco de transparencia e integridad en las interacciones entre los grupos de interés y el personal público del Estado.

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(Cinco Días, 18-12-2024) | Laboral

El Gobierno pagará un 33,5% más por la sanidad de los funcionarios para salvar el concierto con Muface

El Gobierno intensifica sus esfuerzos para salvar el concierto de Muface y garantizar la continuidad de la sanidad concertada para 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Este martes, el Consejo de Ministros aprobó una autorización presupuestaria destinada a una nueva licitación que incrementará en un 33,5% las primas que recibirán las aseguradoras interesadas en ofrecer este servicio. Hasta ahora, las empresas implicadas en el convenio vigente, Adeslas, Asisa y DKV, habían decidido no renovar su participación. Las aseguradoras consideraron insuficiente el incremento inicial del 17% propuesto por el Gobierno para cubrir los servicios sanitarios del colectivo, dejando el pasado 5 de noviembre desierta la licitación de Muface. Esta decisión puso en riesgo la atención médica de 1,5 millones de personas. Según las empresas, el convenio 2021-2024 les ocasionó pérdidas de 600 millones de euros debido a la insuficiencia de las primas, al aumento de sus costes y a una mayor siniestralidad. La nueva licitación, prevista para el periodo 2025-2027, contempla un incremento del 33,5% en las primas para las aseguradoras. En total, el Gobierno estima un gasto de 4.478 millones de euros en los próximos tres años para garantizar la asistencia sanitaria de los funcionarios adheridos a Muface, principalmente docentes. Este importe representa casi 1.000 millones más que el desembolso realizado en el convenio actual. La ministra portavoz, Pilar Alegría, aseguró que esta medida demuestra el compromiso del Gobierno para lanzar una nueva licitación antes de que finalice el año. También transmitió un mensaje de tranquilidad a los empleados públicos afectados, garantizando que podrán seguir recibiendo los servicios sanitarios en las mismas condiciones mientras se concreta el nuevo convenio. Muface, dependiente del Ministerio de Función Pública, será responsable de publicar la nueva licitación en el portal de contratación del Gobierno. En ese momento, las aseguradoras deberán valorar si las condiciones les resultan atractivas. Aunque la licitación está abierta a todas las aseguradoras de salud del país, las empresas actuales parecen las más interesadas. Fuentes del sector indican que Adeslas y Asisa están dispuestas a aceptar el aumento del 33,5%, mientras que DKV aún debe analizar la propuesta, ya que prefiere convenios anuales en lugar de trianuales. La incertidumbre generada por la decisión inicial de las aseguradoras activó los mecanismos de los Ministerios de Hacienda y Función Pública, que trabajaron para presentar una oferta mejorada. Esta situación también motivó protestas del colectivo de funcionarios, quienes organizaron manifestaciones exigiendo al Gobierno que mejorara su propuesta para mantener el sistema sanitario concertado de Muface. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aseguró en todo momento que habría una nueva licitación antes de finalizar el año, y recordó que, como alternativa, el ministerio tiene la capacidad de prorrogar el convenio vigente hasta septiembre de 2025. Tras anunciarse la nueva oferta, el sindicato CSIF, promotor de la manifestación del pasado fin de semana en Madrid, pidió cautela hasta conocer la respuesta definitiva de las aseguradoras. Sin embargo, calificaron como positiva la mejora en las primas, al considerar que contribuirá a garantizar una atención sanitaria de mayor calidad.

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(Cinco Días, 18-12-2024) | Laboral

El Supremo niega la prejubilación a una mujer que dimitió por no trasladarse de provincia en el trabajo

El Tribunal Supremo ha rechazado la solicitud de jubilación anticipada presentada por una trabajadora de Banco Mare Nostrum que decidió dimitir tras negarse a un traslado impuesto por la empresa. El tribunal aclara que, para acceder a la jubilación anticipada, la finalización del contrato debe ser involuntaria, y en este caso, la empleada puso fin a su relación laboral de manera voluntaria. La sentencia, que aplica la normativa vigente en el momento de la solicitud, anterior a la Ley 21/2021, destaca que en esa época no se consideraba la extinción del contrato por decisión del trabajador como causa válida para la prejubilación. Esta reforma, aprobada posteriormente en 2021, sí introdujo esta posibilidad, por lo que el resultado habría sido diferente de haberse aplicado la legislación actual. Según los hechos probados, la trabajadora llevaba vinculada a la entidad desde 1978 y, en 2013, fue incluida en un plan de flexibilidad interna debido a la crisis económica. Este plan redujo su jornada y salario un 20% e incluía medidas de movilidad geográfica. El banco ofreció la posibilidad de rescindir voluntariamente el contrato con condiciones de bajas incentivadas si los empleados no aceptaban los traslados. En noviembre de 2014, la empresa comunicó su traslado a una oficina en un pueblo de Albacete, y la trabajadora, en desacuerdo, optó por rescindir el contrato, solicitando posteriormente la prestación por desempleo, que finalmente le fue reconocida tras varios procesos judiciales. Cinco años más tarde, la extrabajadora solicitó la jubilación anticipada, que fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) al considerar que el cese no se debió a causas ajenas a su voluntad. Aunque el Juzgado de lo Social número 10 de Málaga le dio la razón en primera instancia, reconociendo una pensión del 70% de su base reguladora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía revocó esa decisión, postura que ahora confirma el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal argumenta que, de acuerdo con el artículo 207 de la antigua Ley General de la Seguridad Social, la prejubilación solo estaba permitida en casos tasados y cerrados. En aquel momento, la ley no contemplaba como causa válida la extinción del contrato motivada por una movilidad geográfica decidida por la empresa y rechazada por el trabajador. Los magistrados refuerzan su decisión citando sentencias previas que también negaron el acceso a la prejubilación en situaciones similares, como impagos de salario que llevaron a los empleados a cesar voluntariamente. Por último, la sentencia señala que esta situación cambió con la reforma de 2021, que flexibilizó las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, permitiendo incluir los ceses laborales motivados por la voluntad del trabajador en respuesta a decisiones empresariales. Una sentencia de 2024 ya reconoció el derecho en un caso similar. No obstante, al aplicarse la normativa vigente en 2014, el Tribunal Supremo reitera que en este caso concreto no se cumplen los requisitos necesarios y, por tanto, se deniega la solicitud de la trabajadora.

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(Expansión, 18-12-2024) | Laboral

Los convenios colectivos deberán incorporar la reducción de jornada a 37,5 horas antes del final de 2025

El Ministerio de Trabajo ha ido revelando gradualmente ciertos aspectos esenciales sobre la implementación de la reducción de la jornada laboral. Uno de los puntos que más inquietud generó entre las organizaciones empresariales durante las negociaciones tripartitas fue el periodo de transición para aplicar la medida, es decir, el plazo que tendrían las empresas para adaptar los convenios colectivos al nuevo límite semanal de 37,5 horas. Finalmente, todo apunta a que prevalecerá una aplicación más inmediata, lo que obligará a empresas y sindicatos a incluir esta reducción de jornada en los convenios colectivos antes de que termine 2025. Según el calendario manejado por el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que prevé la aprobación parlamentaria de la medida no antes de mayo de 2025, esto dejaría un margen de algo más de seis meses para que los marcos laborales adapten sus condiciones al nuevo límite. Este escenario, uno de los más temidos por la CEOE, implicará reabrir muchas de las 4.000 mesas de negociación de convenios existentes en España para incorporar la nueva normativa. Fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN destacan la complejidad del proceso, ya que no existe un único modelo para cumplir con esta reducción. Según el Gobierno, la medida impactará a doce millones de trabajadores en España. En los convenios donde se requieran ajustes -no siempre será un cambio directo de 40 a 37,5 horas-, las partes negociadoras deberán decidir cómo implementarlo. Podría tratarse de una reorganización de jornadas con menos días laborables y refuerzo de plantilla, una ampliación del periodo vacacional, o incluso la introducción de cierres temporales para compensar las horas reducidas. Estas decisiones deberán tomarse en el plazo disponible para cumplir con la normativa. La vicepresidenta Yolanda Díaz confirmó ayer que, antes del 31 de diciembre de 2025, todos los asalariados en España tendrán una jornada laboral reducida. En su intervención, recordó que la jornada de 40 horas semanales, establecida en 1983, se implementó rápidamente tras su publicación en el BOE, y sugirió que el Gobierno busca replicar ese enfoque con la nueva normativa. Por otro lado, la CEOE había solicitado respetar la vigencia de los convenios colectivos y aplicar la medida a medida que estos vencieran. Además, el Ministerio de Trabajo indicó que el acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO está próximo. Según Díaz, este acuerdo, que no cuenta con el respaldo de la CEOE ni incluye ayudas iniciales para empresas pequeñas, será llevado al Consejo de Ministros y al Congreso para su tramitación. Finalmente, la vicepresidenta criticó al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acusándolo de perjudicar a las trabajadoras españolas, quienes -más de diez millones según el INE- serían las más beneficiadas por la reducción. Asimismo, Díaz destacó dos aspectos clave: ya está negociando con Junts, que condiciona su apoyo a la inclusión de ayudas para pymes, y pidió al PP que respalde la medida y no trate de bloquearla como ocurrió con la reforma laboral.

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(El Economista, 18-12-2024) | Laboral

Los jueces ya dan la razón a los autónomos a los que se les reclaman las ayudas del Covid

Empiezan a emitirse las primeras sentencias favorables para los autónomos a quienes las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social han reclamado la devolución de las ayudas recibidas durante la pandemia por el cierre total o parcial de sus actividades. Una reciente sentencia, dictada el pasado 4 de diciembre por el Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, ha respaldado a una guía turística que tuvo que cesar completamente su actividad durante el estado de alarma. La profesional solicitó la ayuda al quedarse sin ingresos, la cual fue concedida por la Seguridad Social. Sin embargo, en abril de este año, la mutua colaboradora le exigió el reintegro de la prestación, alegando que durante ese período había generado ingresos. Para demostrar que no obtuvo ingresos en el tercer trimestre de 2020, la autónoma presentó documentación que incluía los modelos de IVA correspondientes a ese trimestre y al mismo período de 2019, los modelos de IRPF de 2020 y una declaración jurada que acreditaba una caída del 75% en su facturación. Según estos datos, la facturación del tercer trimestre de 2019 ascendió a 11.156 euros, mientras que en el mismo trimestre de 2020 fue de cero euros. No obstante, la mutua, en una resolución emitida el 5 de junio, consideró insuficientes estos documentos y solicitó la devolución de la ayuda, argumentando que la trabajadora no había demostrado que sus ingresos netos en el tercer trimestre de 2020 fueran inferiores a 5.818 euros o, mensualmente, a 1.993 euros. El Real Decreto-ley que regulaba estas ayudas estipulaba que los autónomos podían acceder a ellas si, debido al estado de alarma, su facturación disminuía en un 75% o si sus ingresos trimestrales eran inferiores a 5.818 euros. Las ayudas se otorgaron de forma provisional, sujetas a verificaciones posteriores, y en caso de detectarse incumplimientos, se procedería a su reclamación. La magistrada María Fátima Beardo Olivares resolvió que la prestación por cese de actividad únicamente requería la suspensión del trabajo o una reducción del 75% en los ingresos, siempre que estos no superaran los 5.818,75 euros netos en el trimestre y que dicha suspensión estuviera directamente vinculada a la pandemia. En el caso de la demandante, se verificó que cumplía con todos los requisitos, ya que su actividad como guía turística se interrumpió temporalmente y continuó ejerciéndola hasta junio de 2022. Por ello, la jueza estimó la demanda en su totalidad. Desde el despacho Unive Abogados, que llevó el caso, destacan la importancia de esta sentencia frente a las revisiones de las mutuas colaboradoras que, basándose en interpretaciones restrictivas de la normativa, están declarando como indebidas numerosas ayudas. Carlos Moreno, abogado encargado del caso, subraya que este fallo no solo soluciona la situación particular de la trabajadora, sino que también sienta un precedente alentador para otros autónomos que enfrentan resoluciones administrativas similares y que no reflejan adecuadamente su situación durante la pandemia. Cabe recordar que, durante el estado de alarma, la Administración otorgó un total de 3.741 millones de euros en ayudas a 1,48 millones de profesionales autónomos.

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(El Periódico, 18-12-2024) | Laboral

El coste salarial crece un 4%

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los resultados de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del tercer trimestre, que muestran un incremento interanual del 4,1% en el coste salarial por trabajador. Esto significa que el coste medio mensual ha pasado de 2.118 euros en 2023 a 2.205 euros en 2024. Estos datos son clave para los expertos encargados de recomendar al Ministerio de Trabajo una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que permita mantener su objetivo de representar el 60% del salario medio y garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. Aunque la próxima reunión aún no tiene fecha, se espera que el equipo de expertos, compuesto por miembros del Gobierno, sindicatos y universidades, se reúna pronto. La Encuesta de Estructura Salarial, principal referencia salarial del país, no puede ser utilizada en tiempo real debido a su retraso en la publicación. Por este motivo, el Ministerio también considera otras estadísticas como la ETCL, que indica que los salarios han crecido por encima de la inflación acumulada hasta noviembre (2,8%), lo que se traduce en una ganancia de poder adquisitivo. Estos datos coinciden con la tendencia observada en otras fuentes, como los convenios colectivos, que hasta noviembre registran un incremento del 3,74%, y el Índice de Coste Laboral Armonizado, que muestra un aumento del 4,9%. El último incremento del SMI, que lo situó en 1.134 euros brutos en 14 pagas, cumplió con el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio, según el Ministerio de Trabajo. Para mantener este compromiso, fijado en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, el SMI debería seguir subiendo al menos al mismo ritmo que el resto de los salarios y por encima de los precios. Una vez que los expertos emitan su recomendación, se iniciarán las negociaciones con sindicatos y patronales, aunque el Gobierno puede aprobar la subida sin necesidad de apoyo parlamentario. La ETCL también analiza el coste laboral total por empleado, que no solo incluye los salarios, sino otros gastos asociados. Este coste global ha crecido un 4,4% interanual, alcanzando los 3.021 euros al mes. Aunque ya había superado los 3.000 euros en trimestres anteriores, es la primera vez que se registra en un tercer trimestre, lo que consolida la tendencia al alza de los costes laborales en España. A nivel europeo, el informe de Eurostat publicado esta semana muestra que los salarios en España crecieron un 4,7% en el tercer trimestre, una cifra muy cercana a la media de la Unión Europea (5%). Sin embargo, los aumentos más pronunciados se observan en el este del continente, con subidas del 17,1% en Rumanía, 15,1% en Croacia y 14,1% en Hungría, impulsadas por tasas de inflación más elevadas. En contraste, países como Francia (2,7%), Alemania (4%) e Italia (5,2%) presentan incrementos más moderados. Por último, los datos también reflejan una leve reducción de las vacantes de empleo sin cubrir en España, que se situaron en 150.541 en el tercer trimestre, por debajo de las cifras del trimestre anterior y del mismo periodo de 2023. A pesar del notable crecimiento del mercado laboral, con unos 400.000 trabajadores más, la tasa de vacantes española permanece estable en un 0,9%, una de las más bajas de Europa. En comparación, países como Países Bajos (4,3%), Bélgica (4,2%) o Austria (3,8%) enfrentan mayores dificultades para cubrir puestos de trabajo, debido a tasas de paro más reducidas. Mientras tanto, el promedio europeo ha disminuido hasta el 2,2%, influido por la desaceleración económica en países como Alemania.

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(El Economista, 17-12-2024) | Laboral

El TJUE se pronunciará el jueves sobre si las empleadas del hogar deben registrar la jornada laboral

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitirá este jueves 19 de diciembre su decisión respecto a la legalidad de la exención para los empleados del hogar de registrar el inicio y el fin de su jornada laboral. El caso que llega al TJUE tiene su origen en el despido de una trabajadora en 2011. La empleada presentó una demanda al considerar que su despido fue injusto y reclamó el pago de días de vacaciones no disfrutados y de pagas extraordinarias. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao solo estimó parcialmente sus demandas, argumentando que no había pruebas suficientes de los días adicionales trabajados debido a la falta de obligación de registro horario. Según el Real Decreto del 14 de noviembre de 2011, que regula la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, estos empleados están exentos de registrar su jornada laboral. Inconforme con la resolución, la trabajadora llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que elevó una cuestión prejudicial al TJUE el 5 de julio de 2023. La consulta busca determinar si la normativa española que exime a los empleadores del hogar de registrar las jornadas laborales, a diferencia de otros sectores, contraviene la normativa comunitaria en materia de igualdad y regulación del tiempo de trabajo. El TSJPV señala en su cuestión prejudicial que la trabajadora no dispone de pruebas sobre la jornada laboral ni sobre el salario que reclama, lo que resulta en una indemnización reducida por despido y la desestimación de gran parte de sus reclamaciones salariales. "La sentencia deja desprotegida a la trabajadora demandante, al ampararse en la inexistencia de obligación de registro horario en el ámbito del empleo doméstico", explica el tribunal. El TJUE decidirá si esta normativa nacional es discriminatoria para los trabajadores del hogar en comparación con los empleados de otros sectores.

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(La Vanguardia, 17-12-2024) | Laboral

Junts encarecerá su apoyo para la reducción de la jornada laboral

El Gobierno ha comenzado a desplegar esfuerzos en el ámbito parlamentario para asegurar un acuerdo que permita avanzar en la reducción de la jornada laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha expresado públicamente su confianza en lograr los apoyos necesarios, pese a las divergencias iniciales entre los partidos que respaldan al Ejecutivo respecto a la propuesta de implantar las 37,5 horas semanales. Tanto el Gobierno como los sindicatos, que actualmente están llevando a cabo reuniones con diferentes formaciones políticas, consideran que aún hay margen para alcanzar un consenso, a pocos días de que se firme el acuerdo bipartito entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales UGT y CCOO. Sin embargo, para que la medida prospere, el Ejecutivo deberá intensificar sus esfuerzos, principalmente debido a la oposición mostrada por algunos socios clave de la coalición, como PNV y Junts. Estas formaciones han manifestado serias reservas sobre la implantación generalizada de las 37,5 horas. Ayer mismo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se reunió con Carles Puigdemont en Waterloo para abordar el tema, destacando tras el encuentro que aún queda trabajo por hacer para convencer a Junts. "Tenemos la sensación de que hay que seguir dialogando, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en ello", afirmó Álvarez. Junts ya había advertido al Gobierno a principios de año que cualquier negociación sobre la reducción de jornada debía considerar el impacto en el tejido productivo catalán. Estas preocupaciones han sido respaldadas por las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec, que rechazan una reducción generalizada de la jornada laboral mediante la reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. En este contexto, fuentes empresariales aseguran que el Gobierno probablemente tendrá que reintroducir ayudas a las empresas, eliminadas en las últimas versiones del acuerdo con los sindicatos. Esta decisión se tomó tras el rechazo de CEOE y Cepyme, que consideran que las compensaciones propuestas no cubren los costes estructurales de la medida, estimados en 15.000 millones de euros anuales según el Consejo General de los Gestores Administrativos. Además, las patronales insisten en que la definición y distribución de la jornada laboral debe ser un tema negociado en los convenios colectivos, y no impuesto por ley. La oposición de las organizaciones empresariales catalanas se justifica especialmente por el peso de sectores como la hostelería y el turismo en la economía de la región. Estos sectores emplean a un alto porcentaje de trabajadores con convenios por encima de las 37,5 horas, lo que implicaría mayores costes salariales, nuevas contrataciones o más horas extras. Según las fuentes, regiones como Gerona y Tarragona, donde Junts tiene una fuerte presencia institucional, serían especialmente afectadas, lo que podría elevar el precio político de un eventual apoyo de la formación a la medida. Además, las mismas fuentes dan por hecho que durante el trámite parlamentario se recuperarán las ayudas económicas para las pequeñas y medianas empresas, posiblemente incluso superando las planteadas en el llamado 'Plan Pyme 375' diseñado por el Ministerio de Trabajo. Estas ayudas, según advierten, tendrían un alcance limitado para paliar el impacto de la medida. En paralelo, Junts recientemente consiguió una rebaja fiscal para pymes y micropymes en el marco de la reforma tributaria, con una reducción del impuesto de sociedades para empresas con una facturación inferior a un millón de euros. Este antecedente refuerza su capacidad de negociación frente al Gobierno. Por su parte, Foment del Treball ha intensificado la presión con la publicación de un manifiesto titulado "Sí a la economía productiva, sí al diálogo social, sí a la democracia", en el que rechazan la aplicación generalizada de la medida debido a los "elevados costes laborales" que implicaría. La patronal argumenta que esto afectaría negativamente los presupuestos de las empresas, al incrementar los salarios, las contrataciones y las horas extras. En este contexto, Foment y otras organizaciones empresariales piden que se respete el diálogo social como el mecanismo principal para tomar decisiones, protegiendo los intereses de empresas, trabajadores y la economía en su conjunto.

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(La Razón, 17-12-2024) | Laboral

Los trabajadores que decidan retrasar su jubilación en 2025 podrán acceder a una paga extra única

En 2025, la edad de jubilación se establecerá en 66 años y 8 meses para quienes no hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses. Sin embargo, la Seguridad Social subraya que existen atractivos incentivos económicos para quienes decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad legal de retiro. Desde 2022, los trabajadores tienen acceso a diferentes beneficios que permiten aumentar su pensión si optan por retrasar su jubilación. Entre las opciones disponibles, destaca un incremento del 4% en la pensión anual por cada año completo trabajado después de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Este aumento tiene carácter permanente. Además, otra alternativa es recibir un pago único al momento de retirarse, que puede oscilar entre 5.000 y 12.000 euros por cada año adicional cotizado, dependiendo de los años acumulados antes de jubilarse. También existe una modalidad combinada que permite disfrutar de un aumento porcentual en la pensión y, simultáneamente, recibir parte del pago único. Para acceder a esta bonificación económica, se deben cumplir ciertos requisitos: haber alcanzado la edad legal de jubilación (66 años y 8 meses en 2025 si no se cumplen 38 años y 3 meses cotizados; 65 años si se supera ese periodo), haber trabajado al menos un año completo después de cumplir la edad ordinaria de retiro y mantenerse dado de alta o en una situación equivalente durante el tiempo adicional trabajado. El importe del pago único depende tanto de los años extra cotizados como de la base reguladora del solicitante. Así, para quienes tienen bases bajas, el incentivo es cercano a los 5.000 euros anuales por cada año adicional; en el caso de bases medias, varía entre 7.500 y 9.000 euros, mientras que los trabajadores con bases altas pueden recibir hasta 12.000 euros. Retrasar la jubilación no solo genera beneficios económicos para los pensionistas, sino que también contribuye a reducir la presión sobre el sistema de pensiones, ya que implica más años de cotización y retrasa el momento en que el sistema comienza a pagar la pensión. Por ejemplo, un trabajador que prolongue su vida laboral cinco años podría aumentar su pensión mensual en un 20% o recibir un pago único superior a los 50.000 euros, dependiendo de su base de cotización. En los últimos años, un creciente número de trabajadores ha optado por retrasar su jubilación. En 2022, el 5,4% de los nuevos jubilados eligieron esta opción, cifra que aumentó al 7,8% en el primer trimestre de 2023 y que alcanzó el 9,7% en 2024, reflejando un interés cada vez mayor en estas ventajas.

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(Cinco Días, 16-12-2024) | Laboral

Los autónomos que hayan pagado cotizaciones de más deberán pedir la devolución antes de abril de 2025

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha comenzado el primer proceso de ajuste de las cuotas que pagan los trabajadores autónomos para alinear sus cotizaciones sociales mensuales con sus ingresos netos reales. Desde esta semana, ha iniciado el envío de notificaciones a estos profesionales, indicándoles si su cuota actual se corresponde con sus ingresos o si están pagando más o menos de lo debido. En los casos en que la regularización resulte a favor del autónomo, podrán optar por mantener una cuota más alta para mejorar su futura pensión y demás prestaciones, o solicitar el reembolso automático del exceso abonado, que podrá gestionarse antes de abril de 2025, según informó este viernes la Seguridad Social. Si, por el contrario, el ajuste determina que el autónomo debe abonar una diferencia, tendrá que hacerlo dentro del plazo establecido en la resolución. Las notificaciones sobre el resultado de la regularización serán enviadas a través del servicio de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social y del portal DEHú. Es importante mantener actualizado el correo electrónico. Estas notificaciones pueden incluir un trámite de audiencia para que el autónomo decida si prefiere conservar una base de cotización superior a la que corresponde a sus ingresos, mejorando así sus coberturas, o la resolución directa de su regularización. Una vez recibida la notificación, o transcurridos 10 días naturales desde su emisión, el trabajador podrá acceder al servicio de regularización anual de cuotas. Para resolver dudas, la Seguridad Social ha habilitado el número de teléfono 91 908 70 67, atendido por un equipo especializado. Este canal se suma a las opciones disponibles en el portal y la app IMPORTASS, donde los autónomos pueden consultar el detalle de su notificación y resolución, verificar el estado de su regularización o realizar otros trámites, como mantener su base de cotización o pagar las diferencias pendientes. También se puede acudir presencialmente a las oficinas de la TGSS para gestionar cualquier aspecto relacionado. Además de esta regularización, en 2025 habrá cambios en el sistema de cotización de los autónomos. Será el tercer año de aplicación del modelo basado en los ingresos reales, que obliga a encuadrar la base de cotización en uno de los 15 tramos definidos según distintas franjas de rendimientos netos. Desde enero, los autónomos incluidos en los primeros cuatro tramos (con ingresos mensuales entre 670 y 1.300 euros) pagarán una cuota mínima más baja que en 2024, que oscilará entre 202 y 295 euros. Para quienes declaren rendimientos entre 1.300 y 1.700 euros mensuales, la cuota se mantendrá en 294 euros. Sin embargo, para quienes superen los 1.700 euros de ingresos netos, las cuotas aumentarán en comparación con 2024. Por ejemplo, un autónomo con rendimientos netos entre 3.620 y 4.050 euros mensuales (tramo 13) y que cotice por la base mínima pagará 496 euros al mes en 2025, frente a los 400 euros de este año. En el último tramo (15), que incluye a quienes ganan más de 6.000 euros al mes, la cuota mínima será de 598 euros. Cabe destacar que 2025 será el último año con las tablas de cotización vigentes dentro de este nuevo sistema, que se aplicará progresivamente hasta 2032. Durante el próximo año, los interlocutores sociales deberán negociar las franjas de ingresos y las cuotas para los años siguientes. Otra novedad será el incremento del tipo de cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que pasará del 0,70% actual al 0,80% en 2025. Además, los autónomos estarán obligados nuevamente a presentar su declaración de la renta, independientemente de sus niveles de ingresos.

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