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(El País, 17-01-2025) | Laboral

Dos de cada tres españoles de hasta 64 años trabajan, más que nunca

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado este jueves un informe sobre los datos de empleo de los 38 países que la integran. Entre los resultados, destaca que 13 de ellos registraron un récord histórico en su tasa de empleo, que mide la proporción de personas empleadas respecto al total de aquellas en edad de trabajar (entre 15 y 64 años, según la metodología de la OCDE). España se encuentra entre estos países, alcanzando un 66,3%, un nivel muy elevado en términos históricos, incluso superior al máximo registrado en 2007, durante el auge del sector inmobiliario. Sin embargo, en comparación internacional, España sigue estando por debajo de la media de la OCDE (70,3%) y de la Unión Europea (70,9%), además de tener la mayor tasa de desempleo entre sus miembros. El primer registro de la tasa de empleo en España data de 1999, cuando era del 52,9%. Esta cifra aumentó de forma constante hasta alcanzar un pico del 65,9% en el segundo trimestre de 2007, justo antes de la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Posteriormente, la tasa cayó drásticamente hasta el 54,6% en 2013, coincidiendo con el récord histórico de desempleo en España, que alcanzó los seis millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde entonces, la tasa de empleo se ha ido recuperando, con una breve interrupción durante la pandemia, y en 2024 alcanzó su nivel más alto: un 66,3% en el tercer trimestre. A pesar de este progreso, España ocupa posiciones rezagadas dentro de la OCDE. Solo Chile (64,1%), México (63,9%), Colombia (63,2%), Grecia (63,1%), Italia (62,5%), Costa Rica (62,3%) y Turquía (55,2%) tienen tasas de empleo inferiores. Además, está muy lejos de los países con mejores registros, como Nueva Zelanda (78,4%), Japón (79,5%), Suiza (80,3%), Países Bajos (82,3%) e Islandia (86,4%). Sin embargo, una lectura positiva es que España se encuentra entre los países con mayores incrementos en este indicador: su tasa de empleo subió seis décimas entre 2023 y 2024, superando el crecimiento medio de la Unión Europea (0,5 puntos) y de la OCDE (0,2 puntos). Además de España, otros 12 países alcanzaron en 2024 cifras récord en empleo, muchos de ellos europeos, como Bélgica, Francia, Alemania e Italia, además de Japón y Corea del Sur. Este aumento refleja una tendencia global impulsada por el envejecimiento poblacional, que reduce la población activa joven y genera dificultades para cubrir vacantes laborales en países desarrollados. La OCDE destaca en su comunicado que tanto la tasa de empleo (70,3%) como la tasa de actividad (74%) del conjunto de sus países miembros alcanzaron máximos históricos en 2024 desde el inicio de las mediciones en 2005 y 2008, respectivamente. Sin embargo, entre las excepciones notables a estas cifras positivas están Italia y Francia, dos de las principales economías del G7. Si se amplía la medición para incluir a toda la población en edad de trabajar, incluyendo a mayores de 65 años, el panorama para España es aún menos favorable. Según esta metodología, empleada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de empleo española se sitúa en el 51,5%, solo superando a Turquía (49,5%), Grecia (47,3%) e Italia (46,8%). Este porcentaje está lejos del promedio de la Unión Europea (54,7%) y de la OCDE (58,1%), y muy por detrás de países como Islandia, que lidera con un 74,5%. Además, España es uno de los países donde menos personas compatibilizan empleo y pensión: apenas un 5%, frente al promedio del 13% en la Unión Europea. Este dato adquiere relevancia en el contexto de un sistema de pensiones tensionado por el envejecimiento poblacional y la baja natalidad. Aunque el Gobierno ha aprobado medidas para incentivar la prolongación de la vida laboral y la compatibilidad entre empleo y pensión, los resultados aún no logran equiparar a España con el promedio europeo. Por último, el desempleo sigue siendo el principal punto débil de España en las estadísticas de la OCDE. Es el único país con una tasa de paro de dos dígitos (11,3%), muy por encima del promedio de la OCDE (4,9%) y de la Unión Europea (5,9%).

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(El Periódico, 17-01-2025) | Laboral

La OIT sitúa a España dentro de los países con menos brecha entre los salarios más altos y los más bajos

La desigualdad salarial entre los trabajadores con ingresos altos y bajos ha disminuido significativamente a nivel global desde el inicio del siglo XXI, y España no ha sido la excepción. Sin embargo, según el informe "Informe mundial sobre salarios 2024-2025" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), estas disparidades siguen siendo "inaceptablemente altas". A pesar de ello, España se posiciona entre los países con menor desigualdad entre los sueldos más altos y más bajos. El informe señala que, globalmente, el 10% de los trabajadores con los ingresos más bajos perciben apenas el 0,5% de la masa salarial total, mientras que el 10% con los salarios más altos acumulan casi el 38%. En el caso de España, la proporción es similar para el segmento con menores ingresos, pero el 10% con los sueldos más elevados concentra un 23% de la masa salarial. Basado en datos de 72 países, que abarcan aproximadamente el 73% de los trabajadores asalariados del mundo, el estudio revela que en dos tercios de estas naciones la desigualdad salarial ha disminuido desde comienzos del siglo. Según la OIT, esta reducción global se debe, principalmente, a una caída en los ingresos reales de los trabajadores con salarios más altos. En países como España, donde el salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado un notable incremento en los últimos años, esta tendencia es especialmente evidente. Por el contrario, en naciones como Francia, Italia y el Reino Unido, los empleados con los sueldos más altos han visto aumentar su poder adquisitivo. En el informe, titulado "¿Está disminuyendo la desigualdad salarial en el mundo?", se destaca que España es un país con baja desigualdad salarial. Solo el 1,3% de los asalariados perciben un sueldo considerado como "bajo ingreso" (menos del 50% de la mediana salarial). Este porcentaje es inferior al promedio mundial, donde el 17% de los trabajadores en países de bajos ingresos, el 11% en países de ingresos medios y el 3% en países de altos ingresos se encuentran en esa categoría. Sin embargo, la OIT aclara que los datos de España no incluyen a las microempresas ni a las trabajadoras del hogar. En cuanto a la desigualdad, el informe identifica a Estonia y Estados Unidos como los países con mayores brechas salariales, donde cerca del 10% de los trabajadores perciben menos de la mitad de la mediana. Por el contrario, Bélgica y Portugal destacan por la casi inexistencia de empleados con salarios bajos, gracias a un alto cumplimiento de sus salarios mínimos. España e Italia también presentan características similares en este aspecto. No obstante, la OIT advierte que, en España, las mujeres y los migrantes están sobrerrepresentados en el colectivo del 1,3% de trabajadores con salarios bajos. Las mujeres constituyen el 60% de este grupo y los migrantes, el 26%. La OIT subraya que, tras el aumento de la inflación desde 2021, los salarios reales, tanto en España como a nivel mundial, están recuperando terreno con la progresiva disminución de la inflación. A pesar de ello, los salarios en España aún registran una pérdida de poder adquisitivo del 1,5% desde 2021, ya que han crecido menos que la inflación acumulada en este periodo (12,1%). Desde la crisis financiera de 2008, la pérdida de poder adquisitivo se eleva al 4,5%. El informe también destaca que, aunque la productividad por trabajador ha crecido un 9% desde 1999, los salarios han perdido el 0,8% de su capacidad adquisitiva en el mismo periodo. Esto sugiere que los beneficios derivados de la mayor productividad han sido absorbidos por las empresas o destinados al pago de impuestos, en lugar de ser transferidos a los trabajadores.

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(Expansión, 16-01-2025) | Laboral

Díaz ofrece subir el salario mínimo a 1.184 euros, pero no logra apoyos

La propuesta de incremento del salario mínimo interprofesional para 2025 presentada por el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales se sitúa finalmente en el nivel más alto de la recomendación elaborada por el comité de expertos. Este organismo entregó este miércoles un informe que proponía una revalorización dentro de un rango entre el 3,4% y el 4,4%. La propuesta del equipo liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz plantea un aumento de 50 euros al mes, lo que elevaría el salario mínimo a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, equivalente a 16.576 euros anuales. No obstante, aunque la intención del Ministerio es alcanzar un consenso en la mesa de diálogo social sobre esta actualización, parece que la medida no contará con el respaldo unánime de los agentes implicados. En la primera reunión tripartita celebrada este miércoles con representantes de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y de los sindicatos (UGT y CCOO), la propuesta del Gobierno no logró apoyos claros. Por un lado, los empresarios indicaron que definirán su posición en los próximos días tras analizar la propuesta oficial y las demandas sindicales. Sin embargo, el vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya adelantó que el aumento de 50 euros no será respaldado por las organizaciones empresariales si no va acompañado de medidas complementarias, como la posibilidad de revisar los precios de los contratos públicos, un tema bloqueado actualmente por la ley de desindexación. Además, la patronal rechaza esta subida, argumentando que afectaría especialmente a sectores como el agrícola, el empleo doméstico, y a pequeñas empresas y autónomos, ya golpeados por el aumento de los costes laborales. Es importante recordar que la propuesta del Gobierno, que representa un aumento del 4,4% para 2025, supone un crecimiento acumulado de casi el 61% en el salario mínimo desde 2018. Según cálculos de Cepyme, este incremento de 50 euros al mes implicaría un coste adicional para las empresas de aproximadamente 80 euros al mes por trabajador, lo que equivale a más de 1.000 euros anuales. Así, el salario de 1.184 euros mensuales en 14 pagas supondría un coste total para la empresa, incluyendo cotizaciones sociales y otros conceptos, de entre 1.816 y 1.903 euros mensuales, dependiendo del tipo de cotización por accidentes de trabajo. Por otro lado, los sindicatos tampoco están satisfechos con la propuesta actual. UGT y CCOO exigen un aumento de entre el 5% y el 6%, lo que situaría el salario mínimo en torno a los 1.200 euros mensuales. Los sindicatos argumentan que el incremento debería ser mayor, ya que no está garantizado que el Ministerio de Hacienda eleve el mínimo exento de IRPF al nivel del nuevo salario mínimo, lo que podría implicar que estas rentas queden sujetas a gravamen. Esta cuestión, que depende del departamento liderado por María Jesús Montero, sigue sin resolverse, ya que no se ha aclarado si el aumento del salario mínimo llevará consigo automáticamente una actualización del mínimo exento. Este punto, que no está bajo el control del Ministerio de Trabajo, podría ser determinante para que los sindicatos respalden o no la revalorización propuesta. A pesar de esto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró que el Ministerio poco puede hacer respecto a la política tributaria, aunque se muestra partidario de ajustar el mínimo exento al mismo nivel que la subida del salario mínimo. Además, señaló que la propuesta del Gobierno es flexible y podría ajustarse para intentar conseguir el apoyo de los agentes sociales, al menos de forma parcial. Por su parte, fuentes empresariales sugieren que, si llegan a aceptar alguna cifra, esta estaría más cerca del 3%, en línea con las recomendaciones del Acuerdo Nacional de Convenios (AENC) para 2025 y con el aumento salarial promedio pactado en convenio, que fue del 3,07% al cierre de diciembre, según datos del Ministerio de Trabajo.

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(El País, 16-01-2025) | Laboral

El sueldo de tres millones de trabajadores públicos crecerá otro 0,5% con carácter retroactivo desde 2024

Las retribuciones de los tres millones de empleados públicos aumentarán un 0,5%, una subida que no solo será efectiva a partir de ahora, sino que también tendrá carácter retroactivo para todo 2024. Este incremento se confirmó tras la publicación del dato definitivo del IPC armonizado de diciembre, al que estaba vinculado este ajuste adicional, que se suma al 2% aprobado en junio pasado, también con efecto retroactivo para el mismo año. Este incremento forma parte del acuerdo alcanzado en octubre de 2022 entre el Gobierno, UGT y CC OO, aunque sin el respaldo de CSIF. Dicho acuerdo estableció una senda de aumentos salariales que incluyó un 1,5% adicional para 2022, sumado al 2% inicial; un 2,5% para 2023, posteriormente elevado en un 0,5%; y un 2% para 2024, con la posibilidad de añadir otro 0,5% si el IPC armonizado de 2022 a 2024 superaba el incremento fijo acumulado para esos años. Esta última condición es la que ha justificado este nuevo ajuste, que ya se daba por descontado. Con esta actualización, los empleados públicos tendrán un incremento salarial del 2,5% en 2024, frente a una inflación promedio del 2,8%, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo de tres décimas. Según CSIF, este retroceso se suma a los ya registrados en los últimos años: en 2023, los precios subieron un 3,5% frente a un aumento salarial del 3%; en 2022, el IPC fue del 8,5% y las retribuciones crecieron un 3,5%; y en 2021, mientras la inflación alcanzó el 3,1%, las nóminas solo subieron un 0,9%. No obstante, entre 2018 y 2020 los empleados públicos sí ganaron algo de poder adquisitivo. En un comunicado, CSIF ha criticado que los funcionarios sigan perdiendo poder de compra, acusando al ministro de Función Pública, Óscar López, de estar más centrado en asuntos internos del PSOE que en atender las demandas del colectivo. Por su parte, UGT y CC OO, defensores del acuerdo, consideran que ha sido positivo. "Con este último incremento, las subidas salariales acumuladas entre 2022 y 2024 alcanzan en torno al 10%", afirman en un comunicado conjunto, destacando además avances en derechos laborales, empleo público, jornadas laborales, incapacidad temporal y jubilación parcial anticipada. Mientras tanto, los salarios en el sector privado han registrado un aumento promedio del 3,1% en 2024, según la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo. Esto representa seis décimas más que las nóminas públicas. Sin embargo, el incremento no ha sido uniforme: 3,3 millones de trabajadores del sector privado perdieron poder adquisitivo al recibir subidas inferiores al 2,5%, 3,4 millones mantuvieron su capacidad de compra con un alza promedio del 2,9%, y 3,9 millones mejoraron su poder adquisitivo con un incremento promedio del 4,1%. Además, los 9,3 millones de pensionistas también ganaron poder adquisitivo gracias a un aumento del 3,8% en sus prestaciones. El Ministerio de Función Pública inició en diciembre los preparativos para establecer un nuevo aumento salarial, convocando una mesa general de Administraciones Públicas. Sin embargo, según los sindicatos, aún no se ha iniciado la negociación. CSIF ha urgido al Gobierno a avanzar en estas conversaciones para acordar una nueva subida salarial, eliminar la tasa de reposición y aprobar una nueva oferta de empleo público para 2025, subrayando la necesidad de hacerlo en un contexto de presupuestos prorrogados.

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(El País, 16-01-2025) | Laboral

Solo los trabajadores rasos mantuvieron su poder adquisitivo en 2024

Los salarios de los empleados sin personal a cargo aumentaron en promedio un 2,81% en 2024, lo que equivale a unos 681 euros anuales adicionales, un incremento en línea con el crecimiento de los precios. Esto permitió que su poder adquisitivo se mantuviera estable. Sin embargo, la situación fue diferente para los mandos intermedios, cuyos ingresos disminuyeron un 0,77% (equivalente a 345 euros más al año) en términos reales, y para los altos directivos, que a pesar de incrementar sus remuneraciones un 0,57% (unos 485 euros adicionales), no lograron superar el aumento del IPC. Estas cifras, unidas a las tendencias de años anteriores, muestran que todas las categorías acumulan pérdidas de poder adquisitivo en las últimas décadas, según el informe Evolución Salarial 2007-2024, presentado en Barcelona por EADA Business School y la consultora ICSA Grupo. El estudio, basado en 80.000 encuestas realizadas entre julio de 2023 y 2024 a trabajadores del sector público y privado, revela que el salario medio anual de los empleados fue de 27.087 euros, el de los mandos intermedios alcanzó los 42.717 euros, y el de los altos directivos llegó a 88.832 euros. La comparación de la evolución salarial con el IPC confirma que, desde 2007, el índice de precios ha aumentado un 39,70%, mientras que los salarios no han podido seguir este ritmo: los empleados han subido un 38,28%, los directivos un 29,29% y los mandos intermedios un 22,74%. Este último grupo es el más afectado, especialmente debido a la coyuntura económica y los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, que han transformado sus funciones, según explicaron Jordi Assens, profesor de EADA, y David Suárez, socio-director de ICSA Grupo. El informe también analiza las diferencias sectoriales, destacando que la banca y los seguros ofrecen las mejores remuneraciones para directivos (94.843 euros anuales) y mandos intermedios (52.031 euros), mientras que la industria lidera en sueldos para empleados (30.565 euros de media). Por otro lado, sectores como el comercio y el turismo se mantienen en la cola salarial en las tres categorías. Según Assens, aunque el sector servicios ha liderado la creación de empleo, sus bajas retribuciones generan dudas sobre la sostenibilidad de este modelo y sugieren la necesidad de impulsar sectores de mayor productividad. En términos de tamaño empresarial, las pequeñas empresas han realizado el mayor esfuerzo para incrementar las remuneraciones en todas las categorías, destacando un aumento del 1,44% en los puestos directivos. Sin embargo, las grandes empresas han sido las que mejor han remunerado a sus empleados, con incrementos salariales medios del 4,85%, impulsados por convenios colectivos propios más beneficiosos que los sectoriales, según señaló Suárez. Por último, las diferencias salariales por regiones muestran a Madrid y Cataluña como líderes, mientras que La Rioja y Extremadura tienen las retribuciones más bajas. Sin embargo, estas disparidades no siempre reflejan una pérdida de poder adquisitivo, ya que los costes de vida, especialmente en vivienda, alquiler y alimentos, varían entre territorios y atenúan las diferencias geográficas en términos reales.

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(El Periódico, 16-01-2025) | Laboral

La brecha salarial entre la gran empresa y la pequeña crece y ya supera los 440 euros al mes

La brecha salarial entre grandes empresas y pequeñas se amplió en 2024, ya que las primeras incrementaron sus remuneraciones tres veces más que las segundas. Así lo revela el informe anual de salarios realizado por la escuela de negocios Eada y la consultora Icsa, que detalla que los sueldos en España crecieron en promedio un 2,8%, igualando el ritmo de la inflación. Cada año, Eada e Icsa elaboran este estudio para analizar la evolución de los salarios en el país. El informe de 2024, basado en encuestas a 80.000 profesionales realizadas entre julio de 2023 y julio de 2024, destaca que los empleados de base han sido los principales beneficiados del mercado laboral, con mayores aumentos salariales tanto en términos porcentuales como absolutos. Sin embargo, esta mejora ha sido mucho más notoria en las grandes empresas, ampliando la brecha con las pymes, que representan la mayor parte del tejido empresarial. En 2024, el salario medio de un empleado base en España alcanzó los 2.256 euros brutos mensuales (en 12 pagas), un 2,8% más que el año anterior. Sin embargo, las diferencias entre empresas son evidentes: mientras un empleado de una gran empresa gana en promedio 2.511 euros, en una microempresa con menos de 10 trabajadores el salario medio es de 2.067 euros. Esta disparidad ha crecido debido a que las grandes compañías incrementaron los sueldos un 4,8%, mientras que en las microempresas el aumento fue solo del 1,4%, llevando la diferencia a 443 euros mensuales. El análisis también refleja un panorama diverso según el nivel profesional: 2024 fue un año positivo para los empleados base, moderado para los altos directivos y negativo para los mandos intermedios. Los empleados base lograron mantener su poder adquisitivo (+2,8%), los directivos tuvieron incrementos insuficientes para igualar la inflación (+0,6%), y los mandos intermedios experimentaron una reducción de salarios (-0,8%). A pesar de estas variaciones, ninguno de los grupos ha recuperado el poder adquisitivo perdido durante el repunte inflacionario de 2021, y todos son más pobres en términos reales que hace tres años. El informe atribuye la disminución salarial de los mandos intermedios al impacto de la inteligencia artificial (IA), que ha sustituido muchas de las tareas de control que tradicionalmente realizaban. La automatización de procesos mediante IA ha reducido la demanda de este tipo de perfiles, haciéndolos más prescindibles. Además, el estudio identifica una relación entre el tamaño de la empresa y la evolución salarial de los mandos intermedios. En las grandes compañías, los sueldos de este grupo disminuyeron un 2,8% en 2024, mientras que en las medianas bajaron un 0,7% y en las pequeñas aumentaron un 0,8%. Datos adicionales, como la encuesta sobre el uso de tecnologías TIC del INE, indican que las empresas más grandes hacen un uso más intensivo de la IA, lo que podría explicar estas tendencias.

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(La Vanguardia, 16-01-2025) | Laboral

Economía acepta que la comisión delegada debata en dos semanas la reducción de la jornada

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, han acordado que el próximo 27 de enero la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae) aborde el acuerdo de diálogo social relacionado con la reducción de la jornada laboral. El ministro de Economía solicitó este miércoles una nueva reunión tras el encuentro mantenido el pasado lunes. Ambos ministros se comprometieron a reunirse esa misma tarde para dar continuidad a las negociaciones entre sus departamentos, manteniendo su postura conjunta de seguir dialogando sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2025. Fuentes de ambos ministerios han transmitido un mensaje coincidente a los medios, asegurando que continuarán trabajando en este asunto con el objetivo de que la medida llegue al Consejo de Ministros "lo antes posible". Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, la propuesta podría ser discutida en el Consejo de Ministros en un plazo aproximado de dos semanas. Con este avance, se superaría el "bloqueo" que Yolanda Díaz había señalado como una acción deliberada por parte del Ministerio liderado por Carlos Cuerpo. La vicepresidenta ha denunciado que este obstáculo se estaría ejerciendo a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, un órgano encargado de examinar y decidir los temas que llegan al Consejo de Ministros. Finalmente, la medida será debatida en dicha comisión el próximo 27 de enero.

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(El Economista, 15-01-2025) | Laboral

Las empresas "pasan" de hacer fijos a sus temporales

El 42% de los contratos firmados en 2024 fue de carácter indefinido, lo que representa un avance significativo en comparación con el 9,6% registrado en 2019, pero también evidencia un estancamiento respecto al 43% alcanzado en 2023. Esto pone de manifiesto que, aunque la reforma laboral ha fortalecido la contratación estable en los nuevos acuerdos, la conversión de contratos temporales a indefinidos ha perdido impulso. En 2022, el primer año completo con la nueva normativa, se logró un récord de 1,13 millones de conversiones, pero desde entonces han caído un 66%, alcanzando únicamente 444.654 el año pasado, una reducción del 9,4% en comparación con 2023. Esto, a pesar de que las prórrogas de contratos temporales crecieron un 5,1%, superando el millón, cifra que multiplica por 2,5 los contratos que se transformaron en indefinidos. Estos datos confirman que los contratos temporales siguen siendo una puerta poco efectiva hacia el empleo estable en España. Aunque inicialmente parecía que la reforma laboral, con sus mayores exigencias para convertir contratos temporales en indefinidos, había generado un cambio, los resultados de los últimos años han demostrado que ese efecto fue pasajero. Según las estadísticas anuales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la contratación total en 2024 alcanzó los 15,42 millones de contratos, una leve caída respecto a los 15,44 millones de 2023. De estos, 6,48 millones fueron indefinidos y 8,94 millones temporales. La disminución anual se centró en los contratos indefinidos, que se redujeron en 140.000 (un 2,1% menos), mientras que los temporales aumentaron en 120.000 (un 1,3% más). Sin embargo, en comparación con 2019, los contratos indefinidos han crecido un 200%, mientras que los temporales han caído un 56%. Es razonable asumir que la combinación de menos contratos temporales y más contratos indefinidos iniciales ha llevado a un descenso en las conversiones de temporales a indefinidos en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esto se refleja en el hecho de que, antes de la reforma, el 38% de los contratos indefinidos provenían de conversiones de temporales, mientras que en 2024 esta cifra se redujo al 6,9%, frente al 7,4% de 2023 y al 18,9% de 2022, cuando se registró el récord de 1,34 millones de conversiones. En 2020, la pandemia generó una caída drástica en la contratación, especialmente en los contratos indefinidos, lo que provocó mínimos históricos en las conversiones. Sin embargo, estas se recuperaron con fuerza en 2021, aunque las cifras de ese año estuvieron influenciadas por la crisis sanitaria. El verdadero punto de inflexión llegó con la reforma laboral, que eliminó los contratos temporales por obra y servicio e impuso límites más estrictos a la renovación de contratos temporales, afectando especialmente a aquellos por circunstancias de producción, que tradicionalmente lideraban las conversiones. Sin embargo, tras el auge inicial de 2022, las conversiones comenzaron a descender drásticamente, cayendo a la mitad de los niveles de 2019. Esto ya no puede explicarse por un aumento en la contratación indefinida, dado que en 2022 los contratos indefinidos representaban el 38% del total, solo cinco puntos menos que en 2024. Este cambio sugiere que muchas empresas han adaptado sus políticas de contratación para evitar los límites impuestos por la reforma, optando por contratos indefinidos desde el inicio en lugar de convertir temporales. Esto les permite evitar la antigüedad acumulada por el trabajador y aplicar el período de prueba. Por otro lado, aunque el número total de prórrogas de contratos temporales también ha disminuido en línea con el descenso general de los contratos temporales, en 2024 esta tendencia se revirtió por primera vez desde la reforma. Las prórrogas representaron el 12,47% del total de contratos temporales, un nivel similar al 11,9% de 2019. Durante la pandemia, esta tasa llegó al 14% debido a la incertidumbre y el parón de la actividad económica. Además, la duración de las prórrogas ha cambiado: antes de la reforma, en 2019, el 65,5% duraba menos de tres meses, mientras que en 2024 esta cifra alcanzó el 85,4%. Asimismo, el 96% de los contratos temporales solo se prorrogan una vez.

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(El País, 15-01-2025) | Laboral

El PP apoyará la reforma de pensiones del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha anunciado que su formación respaldará la última reforma de las pensiones que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados. Este apoyo se dará a pesar de no compartir "la forma en que se llevó a cabo", pero sí coincidiendo "en el contenido y el fondo" de la propuesta. Sin embargo, Feijóo ha dejado claro que este respaldo no se extiende a los recientes anuncios del Gobierno en materia de vivienda, los cuales calificó como "soluciones temporales y superficiales". Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, Feijóo adelantó esta postura del PP, aunque señaló que será necesario que el grupo parlamentario popular ratifique la decisión de manera formal. A pesar de ello, dejó clara su posición personal, indicando su intención de persuadir a los diputados de su partido para que voten a favor de la reforma. El líder del PP expresó su apoyo a un acuerdo que ya ha sido alcanzado entre los agentes sociales, como la patronal y los sindicatos, aunque criticó que no se haya gestionado previamente en el Congreso de los Diputados. Según Feijóo, "este acuerdo debería haberse debatido y negociado en la Cámara, pero entendemos que el consenso entre la patronal y los sindicatos es un respaldo suficiente para que el PP apoye el real decreto ley". El pacto, firmado durante el verano, introduce medidas que facilitan la compatibilidad entre el salario y la pensión a través de distintas modalidades de jubilación, como la jubilación activa, demorada y parcial. Si el Congreso da su aprobación final, las modificaciones en la normativa comenzarán a aplicarse a partir del 1 de abril. Entre las principales medidas figura la ampliación de la jubilación parcial con contrato de relevo, que tendrá una vigencia de cuatro años y será específica para la industria manufacturera. Esta reforma establece que tanto la empresa como el trabajador deberán cotizar por el 80% de la base de cotización correspondiente a un puesto a tiempo completo. Además, los relevistas contratados deberán ser indefinidos, trabajar a tiempo completo y no podrán ser despedidos en los dos años posteriores al fin del contrato del jubilado parcial. Otra modificación significativa es la flexibilización del acceso a la jubilación parcial tras alcanzar la edad legal de jubilación. Se eliminan requisitos como la cotización completa, permitiendo que los trabajadores puedan cobrar salario y pensión con al menos 15 años de cotización. En cuanto a la jubilación parcial anticipada, la reforma permite adelantar la salida del mercado laboral hasta tres años antes de la edad ordinaria, en lugar de dos, ajustando la jornada laboral. Para optar a esta modalidad, los trabajadores deberán cumplir requisitos como una edad máxima tres años menor a la legal de jubilación, 33 años de cotización, seis años de antigüedad en la empresa y la firma de un contrato de relevo. Aquellos que anticipen el máximo permitido (tres años) solo podrán reducir su jornada al 33% durante el primer año.

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(Expansión, 14-01-2025) | Laboral

CEOE rechazará la subida del salario mínimo de 50 euros al mes que plante

La próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que planea el Ministerio de Trabajo para 2025 no contará con el apoyo de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme. Según la propuesta del departamento liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, se prevé un incremento de 50 euros mensuales, lo que situaría el SMI en 1.184 euros al mes, tomando como referencia el límite superior recomendado por el comité de expertos convocado por el Gobierno, que sugirió una horquilla de aumento entre el 3,4% y el 4,4%. Aunque es probable que los sindicatos respalden esta medida, a pesar de las críticas iniciales de UGT sobre la tributación del incremento en el IRPF, la patronal, liderada por Antonio Garamendi, ya ha anticipado su rechazo. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, afirmó en rueda de prensa que las condiciones actuales no justifican esta subida. Según Amor, un aumento acumulado del 60% en el SMI en los últimos seis años no se corresponde con el crecimiento de la economía, los negocios de los autónomos ni la inflación en ese mismo período. Cabe destacar que el rechazo empresarial no es vinculante, ya que la decisión final sobre el SMI corresponde exclusivamente al Gobierno, y la mesa de diálogo social tiene un carácter meramente consultivo. Sin embargo, Amor criticó que el Ejecutivo, en los últimos años, siempre haya optado por aplicar los aumentos máximos posibles. La oposición de las organizaciones empresariales se basa principalmente en el impacto que este incremento tendrá en los costes laborales, especialmente para pequeñas y medianas empresas y autónomos con empleados a cargo. Según datos de ATA, en los últimos cinco años, sectores como el campo y el empleo del hogar, donde el 99% de los trabajadores perciben el SMI, han perdido 174.000 empleos. Además, las pequeñas empresas con menos de cinco empleados han eliminado 62.000 puestos de trabajo en este periodo, debido a que los aumentos salariales afectan de forma desproporcionada a los pequeños negocios. Desde ATA advierten que el incremento de 50 euros mensuales hasta los 1.184 euros supondrá un coste adicional de 1.000 euros anuales por empleado, de los cuales 700 corresponden al salario y el resto a cotizaciones sociales. Además, se suma el impacto de la reducción de jornada del 6,25%, lo que elevaría el coste anual por trabajador a más de 3.000 euros. Amor subrayó que muchos autónomos no podrán asumir este aumento, afectando también a familias que necesitan contratar cuidadores. Por otro lado, fuentes empresariales advierten que esta medida se suma a otros aumentos de costes, como el mecanismo de equidad intergeneracional, la subida de bases máximas, la cuota de solidaridad y la reducción de jornada, lo que complica aún más la situación para las empresas. Desde la CEOE se insiste en que cualquier incremento del SMI debería alinearse con el aumento promedio de los salarios pactados en convenio colectivo, el crecimiento económico y los precios de los contratos públicos. De no ser así, se advierte que esta medida podría perjudicar gravemente a autónomos y empresas que trabajan con la Administración, incrementando su vulnerabilidad ante el aumento de costes.

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