Noticias

(El Periódico, 20-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá nombra a Eva Valle y Daniel Pérez Cid directores generales del Banco de España

El gobernador del Banco de España ha dado un golpe de efecto para reforzar la independencia de la que ha hablado desde su llegada al cargo. Tal como adelantaron ayer EL PERIÓDICO y 'activos', el banco ha nombrado este jueves a Eva Valle como nueva directora general de relaciones institucionales, europeas y transparencia. Valle fue directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy (2016-2018). Además, la comisión ejecutiva y el consejo del Banco han designado a Daniel Pérez Cid como director general de Estabilidad Financiera, con Galo Nuño como su adjunto, mientras que Susana Camiñas será la nueva directora general adjunta de supervisión. El nombramiento de Escrivá por parte del Gobierno el pasado septiembre generó controversia. Por primera vez en 45 años de democracia, un ministro (de Transformación Digital) pasó directamente del Ejecutivo a dirigir el organismo supervisor, rompiendo con la tradición de consensuar su nombramiento y el de la subgobernadora con el principal partido de la oposición, el PP. Desde entonces, el gobernador ha defendido la independencia y objetividad del Banco, y la incorporación de una exalto cargo del último Gobierno del PP refuerza esa postura. Eva Valle (Zaragoza, 1974) sustituye a Paloma Marín, quien ha sido nombrada vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Valle asumirá un área de nueva creación, una de las primeras decisiones de Escrivá, quien ha manifestado su prioridad por promover la transparencia y rendición de cuentas del Banco de España. Para los demás nombramientos, se ha optado por la promoción interna. Daniel Pérez Cid, quien ya formaba parte del equipo de estabilidad financiera, sustituye a Ángel Estrada, quien deja el cargo por razones personales. Aunque Pérez Cid es hijo del expresidente socialista gallego Emilio Pérez Touriño, su perfil es principalmente técnico, y se le consideraba uno de los posibles candidatos a subgobernador en 2018, aunque en esa ocasión el puesto fue para Margarita Delgado. Galo Nuño, quien hasta ahora era jefe de la división de política monetaria, asume el cargo de director adjunto de estabilidad financiera, sin pasar por la categoría de director de área. Por su parte, Susana Camiñas, que era directora de área de supervisión, asciende al puesto de directora general adjunta del departamento, reemplazando a Francisco Monzón, quien se jubila. En un gesto inédito, Escrivá decidió en noviembre abrir estos puestos a un proceso de selección similar al de las instituciones internacionales, conocido como 'expresiones de interés'. Este proceso estuvo abierto hasta el 22 de noviembre y recibió más de 60 candidaturas, tanto internas como externas al Banco de España. Los paneles de selección, que incluyeron tanto a directivos del Banco como a personas externas al organismo, evaluaron los perfiles y, en el caso de Eva Valle, decidieron elegirla para la Dirección General de Relaciones Institucionales en lugar de la de Estabilidad Financiera, a la que inicialmente se postulaba.

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(Expansión, 19-12-2024) | Fiscal

El Gobierno promete prorrogar un año el impuesto energético por decreto el lunes aunque el Congreso lo tumbe

El impuesto a las empresas energéticas parece haber quedado definitivamente desahuciado tras el nuevo fracaso del Gobierno para alcanzar un consenso entre sus aliados parlamentarios en ambos extremos del Hemiciclo. La convocatoria del Ministerio de Hacienda para una nueva reunión destinada a redefinir el gravamen, buscando satisfacer tanto a partidarios como a detractores, se vio marcada por la ausencia de Junts y PNV. Ante esta situación, Unidas Podemos también decidió no participar en un encuentro que, sin el quórum necesario, difícilmente garantizaría la continuidad del tributo. La comisión encargada de rediseñar el impuesto sobre petroleras, gasistas y eléctricas, que recaudó unos 1.200 millones de euros el año pasado, había sido una exigencia de Unidas Podemos para respaldar la reforma fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, la primera reunión de dicha comisión, celebrada la semana pasada, ya contó con la ausencia de Junts y PNV. En esa ocasión, Podemos expresó que la reunión carecía de sentido. "Es imprescindible que Junts y PNV, como representantes de las energéticas en el Congreso, participen para avanzar en la negociación", declaró la formación morada a través de Efe, consciente de que sin sus votos cualquier acuerdo quedaría en el aire. A pesar de esto, otros socios de izquierda del Gobierno sí asistieron al encuentro, alcanzando un acuerdo simbólico. ERC, EH Bildu y BNG anunciaron en un comunicado conjunto que habían pactado con el Ejecutivo la aprobación, antes de fin de año, de un Real Decreto que prolongará el gravamen a las energéticas. Este se someterá luego a convalidación en el Congreso, donde será tramitado como Proyecto de Ley para transformarlo en un impuesto. El Gobierno ha confirmado su compromiso con estas fuerzas, así como con Podemos, de aprobar la prórroga del gravamen en el último Consejo de Ministros del año, previsto para el lunes. No obstante, la vía del Real Decreto-ley requiere ser convalidada posteriormente por el Parlamento, donde el Ejecutivo y sus aliados no cuentan con los apoyos necesarios. Salvo un cambio inesperado, la oposición de Junts y PNV impedirá que el decreto prospere en el Congreso dentro de un mes, lo que implicará su derogación. En un intento por atraer a Junts y PNV, el Gobierno y sus aliados anunciaron ayer que incluirán bonificaciones a proyectos de energías renovables en el diseño del texto, mostrando su disposición para alcanzar un consenso amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas. Además, aseguraron que la fórmula pactada, que combina decreto y tramitación posterior, es la única viable para que el gravamen entre en vigor el 1 de enero de 2025, se convierta en un impuesto en pocas semanas y se coordine con las Haciendas forales vasca y navarra. Estas promesas buscan sortear las reticencias de Junts, que rechaza un gravamen que podría llevar a Repsol a deslocalizar inversiones en Tarragona, y de PNV, que exige control foral total sobre cualquier figura impositiva de este tipo. Sin embargo, ambas formaciones siguen sin mostrar interés en las propuestas del Ejecutivo, mientras que las demandas de Podemos y sus críticas hacia otros partidos, a los que tacha de "defensores de Repsol", han acentuado las tensiones dentro del ya frágil bloque de investidura. Hacienda, por otro lado, confía en que el decreto para equiparar fiscalmente el diésel con la gasolina, que también se aprobará el lunes, tenga más posibilidades de ser convalidado.

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(El Economista, 19-12-2024) | Fiscal

Hacienda endurece la inspección a los grupos por las operaciones con sus socios y filiales

La Agencia Tributaria ha intensificado y endurecido las inspecciones a los grupos empresariales y a las empresas familiares en relación con los precios de transferencia, es decir, los valores económicos a los que realizan operaciones con filiales o socios. Los expertos advierten que estos controles pueden derivar en ajustes fiscales significativos, incrementando considerablemente los impuestos que deben pagar las empresas. Además, estas inspecciones no tienen límites claros: se revisan todas las operaciones vinculadas, llegando incluso a entrevistar a empleados y clientes para determinar si los precios están correctamente pactados. Los precios de transferencia son los importes que las empresas establecen en las transacciones con entidades relacionadas, como filiales o socios, y abarcan desde préstamos entre compañías hasta ventas o prestación de servicios. Según Antonio Puentes, socio del área fiscal de BDO Abogados, este tema es una prioridad en las inspecciones y figura cada vez más en los planes anuales de control tributario. Explica que Hacienda supervisa que estas operaciones se realicen a precios de mercado, como si se tratara de acuerdos con terceros independientes, con el objetivo de evitar que las empresas trasladen sus bases imponibles a territorios con menor carga fiscal. Por ejemplo, una matriz española con una filial en zonas de baja tributación, como Canarias o Irlanda, podría reducir su tributación efectiva si incrementa las operaciones o transfiere elementos clave del negocio a estas regiones. Flavio Sánchez, responsable de Precios de Transferencia en BDO Abogados, señala que anteriormente las inspecciones solían centrarse en temas como el uso de vehículos de empresa o gastos deducibles, cuyos ajustes fiscales eran predecibles. Sin embargo, los ajustes relacionados con precios de transferencia pueden ser mucho más significativos, llegando incluso a comprometer la rentabilidad de la empresa. Sánchez también advierte que 2024 será un año con numerosas inspecciones, ya que prescribirá el ejercicio fiscal de 2020, marcado por el impacto del Covid-19 y las pérdidas sufridas por muchas compañías. En este contexto, Hacienda está poniendo especial énfasis en cuestionar si las pérdidas de grupos con filiales en España deben permanecer en el territorio nacional. "En el fondo, lo relevante es cuánta base fiscal se deja en cada país", afirma. Las empresas que realizan operaciones vinculadas están obligadas a informar anualmente a través del modelo 232, que se presenta en noviembre. Es fundamental que la información proporcionada sea completa y esté actualizada, ya que una vez que la Agencia Tributaria accede a la documentación, comienza a realizar consultas a las compañías para verificar si las transacciones se ajustan a los precios de mercado. Antonio Puentes subraya la importancia de una estrategia preventiva. "Las empresas deben contar con una documentación adecuada sobre precios de transferencia, que es obligatoria, y cumplir con las obligaciones informativas, como el modelo 232. Esto requiere trabajar con asesores especializados para diseñar una estrategia sólida que cumpla con la normativa nacional e internacional", destaca. Además, en caso de una inspección, es crucial tener un respaldo legal robusto para resolver las disputas, ya sea en el ámbito nacional o a través de procedimientos internacionales como arbitrajes o acuerdos amistosos entre países. "Las empresas que hayan hecho un buen trabajo previo pueden afrontar la inspección de manera razonablemente favorable", añade. Por último, Sánchez concluye que la vigilancia sobre las operaciones vinculadas es una tendencia global, no exclusiva de España, ya que los grandes grupos empresariales tienen un peso significativo en la economía. No obstante, en España el impacto es mayor debido a la abundancia de empresas familiares.

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(El País, 19-12-2024) | Fiscal

España dejó de recaudar 4.443 millones de euros por fraude del IVA en 2022

España dejó de ingresar 4.443 millones de euros en 2022 debido a fraudes, evasión y elusión fiscal del IVA, así como por quiebras no fraudulentas o errores en los cálculos. Este monto representa una brecha fiscal del 4,59% entre los ingresos de IVA teóricos y lo efectivamente recaudado, según un informe publicado este miércoles por la Comisión Europea. A nivel europeo, los países miembros dejaron de recaudar aproximadamente 89.000 millones de euros en IVA ese año, aunque el informe destaca una mejora notable respecto a los 121.000 millones perdidos en 2018. Aunque España tuvo en 2022 una brecha del IVA inferior al promedio de la Unión Europea, esta aumentó 0,5 puntos porcentuales en comparación con 2021, cuando era del 4,1%. Sin embargo, el dato de 2022 es el segundo mejor desde 2018, cuando se registró un 6,5%, con picos del 7,9% en 2019 y una reducción al 6,1% en 2020. El estudio también subraya que la recaudación del IVA en España creció un 12,3% en 2022, impulsada por el aumento del PIB, el consumo final de los hogares y una considerable subida en la inversión durante 2021 y 2022. En el contexto europeo, España ocupó el décimo lugar entre los países con menor brecha del IVA, superada por Chipre, que incluso recaudó más de lo estimado (-0,67%), y por otros países como Portugal (1,30%), Irlanda (1,17%) y Alemania (4,23%), entre otros. En contraste, Rumanía lideró la lista con la mayor brecha del IVA (30,59%), seguida de Malta (25,89%) y Eslovaquia (14,62%). "El déficit de recaudación del IVA alcanzó casi 90.000 millones de euros en 2022", declaró Wopke Hoekstra, comisario europeo de política fiscal. Lamentó esta "oportunidad perdida", destacando que esa enorme suma podría haberse destinado a financiar servicios y bienes públicos esenciales como escuelas, hospitales o infraestructuras.

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(Expansión, 19-12-2024) | Laboral

Muface obliga a las aseguradoras a prorrogar su seguro de salud para los funcionarios

El Ministerio para la Transición y la Función Pública ha logrado sortear el último obstáculo mediante una prórroga del seguro con el que Adeslas, Asisa y DKV garantizan la atención sanitaria a los empleados públicos. La extensión de esta cobertura, comunicada el martes pasado a las aseguradoras, no especifica una fecha exacta de duración, aunque se prevé que sea de al menos dos meses. Según lo informado, el periodo abarca desde el 1 de enero de 2025 hasta el final del mes posterior (posiblemente febrero) a la firma del nuevo convenio, cuya conclusión podría darse en enero. El acuerdo actual expira el 31 de diciembre. Posteriormente, como es habitual, los mutualistas tendrán el mes de enero para elegir entre las aseguradoras participantes en el convenio o inclinarse por la sanidad pública. Sin embargo, el retraso en la renovación del concierto para los próximos años ha alterado los plazos habituales. El Consejo de Ministros aprobó el martes pasado la licitación del nuevo convenio para 2025, 2026 y 2027, que incluye un aumento del 33,5% en la prima que se pagará a las aseguradoras que participen. Está previsto que los detalles de la licitación se publiquen este viernes, tras lo cual se abrirá un plazo -que podría concluir a mediados de enero- para que las entidades analicen las condiciones y decidan si participan o se retiran del proceso. En caso de que alguna aseguradora participe, se iniciará un periodo hasta febrero para que los funcionarios que lo deseen puedan cambiar de entidad o pasar a la sanidad pública. Este proceso culminaría en febrero, momento en el que entraría en vigor la nueva cobertura, haciendo necesaria la prórroga como medida temporal. No obstante, está por confirmarse si las aseguradoras aceptarán la propuesta del Gobierno, que plantea un aumento escalonado de la prima: 19,37% en 2025, 7,25% en 2026 y 4,32% en 2027. Este incremento acumulado del 33,5% en tres años fue calificado como una "buena noticia" por el sindicato de funcionarios CSIF, aunque se mostró cauto a la espera de la reacción de las aseguradoras. Sin embargo, este incremento no alcanza el 40% solicitado por Adeslas y DKV para dejar de asumir pérdidas por este servicio. "La subida queda varios puntos porcentuales por debajo de nuestra propuesta, cuyo objetivo es eliminar las pérdidas asociadas a esta prestación", indicó Adeslas, la aseguradora preferida por la mayoría de los mutualistas. Además, expresó su preocupación por la incertidumbre que genera un concierto con vigencia de tres años. Por su parte, DKV aún no ha valorado públicamente la oferta, aunque ha reiterado en ocasiones anteriores que no participará en la licitación si no se incrementa la prima un 40% en un solo año. Asisa, la segunda aseguradora más elegida, no aludió directamente a las pérdidas en su valoración del incremento del 33,5% aprobado por el Gobierno. En su lugar, manifestó su disposición a alcanzar un acuerdo con la Administración que garantice la sostenibilidad del modelo a mediano y largo plazo. También subrayó la necesidad de abordar otros desequilibrios, como los demográficos, de cobertura y de oferta de servicios, que solo pueden evaluarse a partir del contenido detallado del concierto. Cabe recordar que Asisa estuvo dispuesta a participar en la primera licitación, que contemplaba un aumento del 17,12% para 2024 y 2025, bajo la condición de no ser la única proveedora del servicio, algo que consideraba inviable. Por este motivo, no se adhirió al acuerdo inicial. La incógnita ahora es si el nuevo aumento del 33,5% durante tres años resultará suficiente para que alguna de las aseguradoras, incluida Asisa, asuma la prestación sanitaria para 1,5 millones de funcionarios y sus familias.

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(El Economista, 19-12-2024) | Laboral

El Supremo rechaza como tiempo laboral el camino de la casa del trabajador al primer cliente

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que el tiempo que un trabajador emplea para desplazarse desde su domicilio al del primer cliente, así como desde la casa del último cliente hasta su vivienda, no debe considerarse como tiempo de trabajo. En una sentencia fechada el 27 de noviembre, con el magistrado Juan Molins García-Atance como ponente, el alto tribunal señala que, según el Estatuto de los Trabajadores, el tiempo de trabajo se computa de manera que, al inicio y al término de la jornada, el empleado se encuentre en su lugar de trabajo. Por tanto, queda excluido el tiempo de desplazamiento hasta el puesto como tiempo de trabajo a efectos de remuneración. El Supremo explica que la normativa busca evitar que se considere como tiempo de trabajo todo el periodo previo y posterior a la jornada laboral, como pueden ser los desplazamientos, los actos preparatorios, el cambio de ropa, la firma o fichaje de entrada y salida, o el traslado dentro de la empresa, entre otros. Esta sentencia resuelve una disputa entre sindicatos y una empresa. Los sindicatos habían solicitado que se reconociera como tiempo de trabajo el trayecto desde el domicilio del empleado hasta el de los clientes. Aunque la Audiencia Nacional dio inicialmente la razón a los sindicatos, la empresa recurrió la decisión, y el Supremo ha anulado ese fallo. A pesar de reafirmar una doctrina establecida en su sentencia del 1 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo admite que, en casos concretos, ha reconocido los desplazamientos como tiempo de trabajo cuando concurren "circunstancias específicas". La sentencia recuerda también un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 1 de diciembre de 2015, que consideró los desplazamientos como tiempo de trabajo en un caso particular en el que la empresa no tenía un centro de trabajo fijo y había cerrado sus oficinas. En esa situación, el TJUE determinó que, al no contar con un lugar físico central, los desplazamientos desde los domicilios de los empleados debían computarse como jornada laboral. En otros fallos, el Supremo también ha reconocido los desplazamientos como tiempo de trabajo bajo determinadas condiciones. Por ejemplo, en una sentencia del 7 de julio de 2020, el tribunal resolvió que debía considerarse tiempo de trabajo porque dentro de un mismo grupo empresarial, en algunos municipios, se incluían los trayectos en la jornada laboral y en otros no, sin justificación. Asimismo, en otro fallo del 9 de junio de 2021, concluyó que debía computarse porque la empresa había cambiado su criterio, dejando de considerar los desplazamientos como tiempo de trabajo cuando antes sí lo hacía.

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(El Economista, 19-12-2024) | Laboral

Gobierno y sindicatos recuperarán la jubilación parcial de los funcionarios

El Gobierno y los sindicatos han firmado este miércoles un acuerdo que restituye el derecho de los empleados públicos a acogerse a la jubilación parcial, permitiéndoles compatibilizar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la pensión. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, junto con Julio Lacuerda, secretario general de UGT Servicios Públicos, y Luciano Palazzo, coordinador de Área Pública de CCOO, sellaron este pacto tras semanas de negociación. La medida responde a una demanda histórica tanto del colectivo de empleados públicos como de los sindicatos, además de cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022. La implementación del acuerdo implicará modificar el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Durante la firma, el ministro destacó: "Recuperamos un derecho eliminado con las medidas de austeridad adoptadas por el anterior Gobierno en 2012 y eliminamos una desigualdad injusta con los trabajadores del sector privado". La reintroducción de esta modalidad en el sector público tiene como objetivo facilitar una transición gradual entre la vida laboral y la jubilación, al mismo tiempo que fomenta la transferencia de conocimientos entre generaciones. López subrayó que esta iniciativa busca garantizar que los empleados más experimentados compartan su experiencia con las nuevas generaciones de trabajadores. En el sector público, el puesto del trabajador que releva al jubilado parcial se regulará como personal funcionario de carrera. Las plazas deberán incluirse en las ofertas de empleo público o en los planes de planificación equivalentes del año en que se produzca la jubilación, garantizando así que esta medida no genere costes adicionales para el presupuesto. Además, el acuerdo establece que la jubilación parcial en el ámbito público se ajustará a lo dispuesto en la normativa de la Seguridad Social y Clases Pasivas, con las adaptaciones necesarias. Este marco se basa en el regulador pactado el 31 de julio de 2024 en la mesa de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO. El compromiso incluye trasladar de manera inmediata el contenido del acuerdo a la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas para iniciar el proceso de modificación normativa.

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(El Periódico, 19-12-2024) | Laboral

El Gobierno afirma que ya ha estabilizado más de 321.000 plazas hasta ahora ocupadas por interinos

Las administraciones públicas españolas han regularizado hasta la fecha un total de 321.776 plazas que estaban ocupadas por personal interino, según anunció el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre, fecha límite para que todo el sector público finalice la estabilización de trabajadores temporales en situación de fraude, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para la recepción de fondos europeos y tras las reiteradas advertencias de la justicia europea. En 2021, el Gobierno había identificado 300.000 plazas ocupadas por interinos en posiciones estructurales que debían estar desempeñadas por funcionarios de carrera. Tres años después, el número de plazas regularizadas asciende a 321.776, superando en 21.776 la previsión inicial. El Ministerio se refiere a "plazas" y no a "interinos", ya que algunos trabajadores eventuales han logrado consolidar su plaza, aunque en otro puesto, mientras que otros no han podido obtener ninguna. "Los sectores más beneficiados por la estabilización han sido el docente y el sanitario, esenciales para el mantenimiento del Estado del Bienestar", destacó el ministro, quien subrayó que "nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo". A pesar de estos avances, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados trimestralmente por el INE aún no reflejan plenamente este esfuerzo. En el tercer trimestre de 2023, la tasa de temporalidad en el sector público español se situaba en el 28,6%, dos puntos por debajo de 2021, pero lejos del objetivo del 8% fijado por el Gobierno. Según López, mientras en la Administración General del Estado (AGE) la temporalidad es del 5%, en las comunidades autónomas alcanza el 42% y en los municipios, el 41%. El pasado fin de semana, cientos de personas se manifestaron en Barcelona convocadas por plataformas de interinos y sindicatos como la IAC y la CGT, para exigir soluciones para aquellos trabajadores que no han logrado estabilizar su plaza. En el caso de la Generalitat, datos preliminares indican que más del 90% de los interinos que participaron en concursos de méritos u oposiciones han conseguido consolidar su posición. El ministro también anunció su intención de presentar en el Congreso durante la primera mitad de 2025 dos proyectos legislativos orientados a incrementar la transparencia en la administración. Por un lado, la Ley de Administración Abierta, que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas semestral y participación ciudadana. Por otro lado, la Ley de Grupos de Interés, conocida como "ley de lobbies", que establecerá un marco de transparencia e integridad en las interacciones entre los grupos de interés y el personal público del Estado.

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(Cinco Días, 19-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed recorta los tipos hasta el 4,5%, pero prevé menos rebajas en 2025

La Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en un cuarto de punto en su última reunión del año, pero dibuja un panorama más incierto para 2025, con una relajación de la política monetaria que será más lenta de lo que se preveía inicialmente. Se espera que solo se produzcan dos recortes en todo el año. Con esta decisión, los tipos en Estados Unidos cierran el año por debajo del 4,5%. Desde mañana, el rango del precio del dinero se ubicará entre el 4,25% y el 4,5%, cumpliendo así con el plan previamente establecido. Este recorte es el tercero y último de 2024. Tras mantener los tipos en un máximo histórico del 5,5% durante más de un año, el banco central estadounidense inició la reducción en septiembre con una significativa rebaja de medio punto, el doble de lo que el mercado anticipaba. Posteriormente, en noviembre, se efectuó un segundo recorte de un cuarto de punto, dejando entrever un tercer ajuste en diciembre, tal como lo anunció en su momento el presidente de la Fed, Jerome Powell, quien defendió un enfoque gradual. La incógnita ahora radica en lo que sucederá en 2025. Según las proyecciones más recientes de la Fed, el ritmo de relajación será más lento de lo que se estimaba hace unos meses. En septiembre, las previsiones apuntaban a entre cuatro y cinco recortes para el próximo año, con la posibilidad de que los tipos cerraran 2025 por debajo del 3,25%. Esto habría supuesto una reducción acumulada de más de un punto durante el año. Sin embargo, las expectativas actuales son más moderadas, y la mayoría de los gobernadores (10 de 19) anticipan que los tipos terminarán el próximo ejercicio en un rango entre el 3,75% y el 4%. Esto se traduciría, probablemente, en dos recortes de un cuarto de punto cada uno. Para 2026, aunque las previsiones son menos consensuadas, se estima un ritmo similar de ajustes, con los tipos cerrando el año entre el 3,25% y el 3,5%. Desde la Fed insisten en la necesidad de actuar con prudencia ante las incertidumbres económicas, evitando referirse directamente a las políticas del presidente electo, Donald Trump, aunque estas podrían tener un impacto significativo en las decisiones del banco central. Expertos advierten que medidas como los aranceles y las deportaciones masivas anunciadas por Trump podrían intensificar las presiones inflacionarias, complicando el plan de la Fed. Algunos analistas incluso sugieren que estas circunstancias podrían forzar al banco central a revertir las bajadas y volver a subir los tipos. Por ahora, este escenario no se contempla, pero la Fed se muestra más cautelosa y anticipa menos recortes, combinados con pausas en el ajuste de la política monetaria. El mercado ya da por hecho que en la reunión de finales de enero el organismo mantendrá los tipos sin cambios, inaugurando el año con una pausa que podría extenderse al menos hasta marzo o incluso hasta la primavera. Desde la Fed subrayan la necesidad de observar avances más claros en la inflación hacia el objetivo del 2%. Sin embargo, en los últimos dos meses, la inflación ha mostrado una tendencia opuesta, con ligeros repuntes consecutivos que la situaron en el 2,8% en noviembre. En contraste, la economía sigue mostrando solidez. Aunque el desempleo ha aumentado ligeramente, se mantiene en niveles históricamente bajos. Al mismo tiempo, la victoria de Trump en las elecciones de noviembre ha generado euforia en los mercados, que han alcanzado máximos históricos en las últimas semanas, al igual que el dólar, que ha registrado un fuerte ascenso en el último mes y medio.

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(El País, 19-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña pierde 275 empresas hasta septiembre, la mayoría con destino Madrid

La incertidumbre y la ausencia de reglas claras no son aliados para los negocios, y el sector empresarial en Cataluña está acusando la incertidumbre generada por el acuerdo entre ERC y el PSC para avanzar hacia la soberanía fiscal en la región. Aunque el impacto del procés ha disminuido en las urnas, con la pérdida de la mayoría independentista en las elecciones autonómicas de mayo, persisten las dudas sobre si la Generalitat asumirá la gestión de todos los impuestos generados en Cataluña (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, entre otros). Este escenario, sumado al temor de un posible incremento de la carga fiscal, ya elevada, ha reactivado la fuga de empresas, un fenómeno que afecta al tejido productivo catalán de forma continua desde hace años. Pese a que Cataluña sigue atrayendo empresas que deciden mudarse entre comunidades y algunas de las que se marcharon durante el procés consideran regresar (como Cementos Molins, primera cotizada en hacerlo), el número de compañías que abandonan la región supera al de las que llegan. Entre enero y septiembre, según datos de Informa D&B, 429 empresas se trasladaron a Cataluña, mientras que 704 se mudaron a otras regiones, dejando un saldo negativo de 275. En el tercer trimestre, el periodo estival no frenó esta tendencia, con la pérdida de 75 empresas. El saldo negativo de 275 empresas es el más alto registrado entre comunidades autónomas y triplica la cifra del mismo periodo de 2023, cuando se perdieron 80 compañías. Además, es el peor resultado desde 2021, cuando se registró una pérdida neta de 348 empresas. En los últimos años, los balances anuales fueron de 218 empresas perdidas en 2022 y 128 en 2023. Esto evidencia un resurgimiento de la fuga empresarial en los últimos trimestres, impulsado por factores como los ecos del procés, la dependencia del Gobierno central de los partidos independentistas y las dudas sobre la implementación de un modelo fiscal catalán. Mientras Cataluña sufre esta fuga, la Comunidad de Madrid continúa siendo la principal receptora de empresas que trasladan su sede social. Entre enero y septiembre, de los 4.020 cambios de domicilio registrados en España, 1.369 eligieron Madrid, el 34% del total. Aunque 1.170 empresas dejaron Madrid en ese periodo, la región terminó con un saldo positivo de 199 empresas, frente a las 38 ganadas en el mismo periodo de 2023. A pesar de haber registrado un saldo negativo en el tercer trimestre (-26 empresas), algo inusual, Madrid ha acumulado unas 5.500 compañías desde 2015, coincidiendo con las pérdidas de Cataluña, que no ha tenido un solo trimestre positivo en este periodo. La Comunidad de Madrid contrasta con Cataluña al ofrecer un entorno político y jurídico estable, favorable a la inversión, con impuestos moderados y una reducción gradual de las trabas administrativas. Tras Madrid, la Comunidad Valenciana fue la segunda región con mayor saldo positivo, sumando 87 empresas entre enero y septiembre, aunque será necesario esperar los datos del cuarto trimestre para evaluar el impacto de la histórica dana que azotó la región en octubre. Andalucía, Galicia y Baleares completan la lista de regiones con balances positivos, mientras que Navarra (-81), País Vasco (-60) y Murcia (-38) acompañan a Cataluña en las comunidades con pérdidas empresariales netas.

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