La inflación anual estimada del IPC en enero de 2025 es del 3,0%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de dos décimas en su tasa anual, ya que en el mes de diciembre esta variación fue del 2,8%.
Esta evolución es debida, principalmente, al aumento de los precios de los carburantes, frente a la bajada de enero de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de la electricidad, que suben más que en el mismo mes del año anterior. En sentido contrario, destaca la influencia a la baja de ocio y cultura, cuyos precios se reducen más que en enero del año pasado.
La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye dos décimas, hasta el 2,4%. Los precios de consumo registran en enero una tasa del 0,2% respecto al mes de diciembre, según el indicador adelantado del IPC.
En el mes de enero la tasa de variación anual estimada del IPCA se sitúa en el 2,9%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del -0,1%.
Hasta el momento, alrededor de 140 países, incluyendo España, se han adherido al plan de la OCDE, y varios de ellos ya han implementado legislación o están evaluando la adopción formal del impuesto mínimo global. Sin embargo, la OCDE ha tenido que reaccionar ante la orden de Trump, lo que ha generado inquietud en el organismo con sede en París. Su secretario general, Matthias Cormann, reconoció que "han surgido preocupaciones" entre representantes estadounidenses sobre distintos aspectos del acuerdo fiscal global. No obstante, transmitió un mensaje de tranquilidad al afirmar que la OCDE seguirá colaborando con Estados Unidos y el resto de los países para fomentar la cooperación internacional, garantizar estabilidad, evitar la doble imposición y proteger las bases impositivas.
La incertidumbre entre los expertos en fiscalidad es notable. "El desacuerdo de Estados Unidos provocará ajustes y tendrá repercusiones regulatorias a nivel global. Se buscarán puntos en común y se avanzará hacia una simplificación del Pilar II", señala Cástor Gárate, responsable de fiscalidad internacional de EY Abogados. Explica que la normativa fiscal estadounidense actual no se alinea con el Pilar II, lo que significa que si una empresa estadounidense tributa por debajo del 15%, esa diferencia podría ser asumida por una filial europea del mismo grupo. En la práctica, los incentivos fiscales de EE.UU. perderían su efectividad económica al trasladarse la carga impositiva a otro país.
Además, Gárate advierte que este impacto perjudica las arcas estadounidenses y es visto por el ala republicana como una amenaza inaceptable a la soberanía fiscal del país. En su opinión, más que una salida del acuerdo, lo que se confirma es que EE.UU. nunca tuvo intención de adherirse al Pilar II, ya que sus principios implican ceder parte de la soberanía fiscal a organismos internacionales, algo que choca con la visión del legislador estadounidense.
Por su parte, Roberta Poza, experta en política fiscal europea en Deloitte, recuerda que desde el principio existían dudas sobre la implementación del Pilar II en EE.UU. En su opinión, reconocer el sistema Gilti (Global Intangible Low Taxed Income), que impone un impuesto mínimo pero con un cálculo global, sería una solución menos conflictiva. A diferencia del Pilar II, que exige alcanzar el umbral mínimo en cada jurisdicción donde opere un grupo, Gilti es una alternativa que, en gran medida, cumple con el objetivo del impuesto mínimo global.
Si EE.UU. no adopta estas medidas, los países europeos podrían aplicar la regla UTPR (Undertaxed Profits Rule) a las empresas estadounidenses, obligándolas a pagar en sus países de operación la diferencia hasta alcanzar el 15% de tributación efectiva. Esto podría derivar en represalias de EE.UU., como el aumento de aranceles, una reacción similar a la que tuvo cuando Europa implementó impuestos a los servicios digitales. En este contexto, Poza considera que Europa debería replantear su estrategia fiscal, especialmente si se tiene en cuenta la necesidad de políticas tributarias que fomenten la competitividad y la inversión empresarial, como sugiere el informe Draghi.
El plan de Trump de llevar a cabo la mayor reducción de impuestos en la historia de EE.UU. se vería obstaculizado por la imposición de un tipo mínimo en Sociedades. Más que el umbral en sí, el problema radica en la restricción que supondría para implementar incentivos a sectores estratégicos como la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.
Actualmente, el impuesto de sociedades en EE.UU. es del 21%, aunque el tipo efectivo medio es algo menor, situándose en torno al 20%. Para las grandes multinacionales, la carga impositiva promedio ronda el 11%, lo que las convierte en las principales beneficiadas del anuncio de Trump.
En cuanto al respaldo de su partido, Trump no tendrá dificultades para lograr la prórroga de la reducción fiscal vigente, que él mismo impulsó durante su mandato al rebajar el impuesto de sociedades del 35% al 21%. Sin embargo, su ambición va más allá: busca reducir aún más la tasa hasta el 15%, lo que supondría un ahorro de aproximadamente 200.000 millones de dólares para las empresas.
Lograrlo no será sencillo, pero Trump ha demostrado su capacidad para alinear a los congresistas republicanos en torno a sus propuestas. Además, los estados controlados por el Partido Republicano utilizan la política fiscal como herramienta para atraer inversión. En regiones como Texas o Florida, los impuestos son considerablemente más bajos en comparación con los estados demócratas, donde la presión fiscal es mayor. Esto refuerza su interés en evitar cualquier avance hacia una armonización tributaria global.
El Gobierno finalmente accedió a las demandas de Junts y decidió dividir el contenido del decreto ómnibus original. Aunque el Ejecutivo aprobó la mayor parte del denominado "escudo social", se vio obligado a posponer la adopción de otras medidas económicas, entre ellas la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Como consecuencia, las regiones dejarán de recibir 9.700 millones de euros, ya que Junts considera necesario renegociar estos fondos.
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros excluye los anticipos a cuenta destinados a las comunidades autónomas, una decisión que afecta a más de 10.000 millones de euros. Junts ha exigido desvincular esta actualización y condicionarla a la negociación de la senda fiscal, que establecerá los objetivos de déficit que deberán cumplir los distintos niveles de la Administración, incluyendo los gobiernos autonómicos.
Las entregas a cuenta son adelantos de fondos que el Estado transfiere a las comunidades en función de las previsiones de recaudación tributaria para el año en curso. Representan la mayor parte de los recursos de las autonomías y se actualizan anualmente en función del crecimiento económico y la evolución de los ingresos fiscales, que en los últimos años han mostrado una tendencia positiva. Sin esta actualización, que asciende a unos 10.000 millones de euros, las comunidades recibirán en 2025 prácticamente la misma cantidad que en 2024, es decir, alrededor de 135.400 millones de euros a distribuir entre las 15 autonomías de régimen común.
Las regiones más afectadas por la congelación de estos fondos son Cataluña, que dejaría de recibir 1.190 millones de euros; Andalucía, con 1.820 millones menos; y Madrid, que perdería 1.280 millones. Otras comunidades también verán reducido el monto de sus anticipos: la Comunidad Valenciana en 800 millones, Galicia en 700 y Castilla y León en 600.
Además, el decreto deja fuera una corrección técnica impulsada por el Gobierno para mitigar el impacto contable del nuevo impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. En concreto, se planteaban ajustes en los periodos impositivos y de devengo para evitar que el nuevo tributo, aprobado en diciembre, coincidiera con el gravamen temporal ya existente.
A la espera de nuevas negociaciones con Junts, también queda en suspenso la ampliación del umbral de ingresos del segundo pagador en el IRPF, que se preveía aumentar de 1.500 a 2.500 euros para aplicar el límite general de 22.000 euros en la obligación de declarar. Esta medida, según el texto original del decreto, tenía como objetivo reducir la carga fiscal de los contribuyentes con menores ingresos.
Asimismo, la ampliación por un año más de las deducciones en el IRPF para quienes realicen obras de mejora de eficiencia energética en viviendas sigue pendiente de acuerdo. Lo mismo ocurre con la prórroga de los beneficios fiscales para la compra de vehículos eléctricos enchufables, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga.
Por último, aún falta consenso para definir la prórroga de los límites cuantitativos que determinan la aplicación del método de estimación objetiva en el IRPF durante 2025, excepto para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Esta medida pretende garantizar un marco estable que permita a los pequeños autónomos seguir utilizando este sistema para calcular sus rendimientos netos, evitando así un aumento en sus obligaciones contables y de facturación.
La Agencia Tributaria implementará el sistema de envío inmediato de facturas el próximo 1 de julio de 2025. Para esa misma fecha, también estará operativa una plataforma gratuita dentro de la sede electrónica de Hacienda, destinada a empresas y autónomos con menor volumen de facturación. Esta herramienta permitirá remitir facturas al fisco sin necesidad de invertir en un software especializado.
Javier Hurtado, inspector adjunto al Jefe de Área de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, explicó este martes que la obligación para que las empresas envíen sus facturas de manera inmediata a Hacienda entrará en vigor el 1 de enero de 2026, mientras que los autónomos deberán cumplir con esta normativa a partir del 1 de julio de ese mismo año. No obstante, el sistema estará disponible desde el 1 de julio de 2025 para aquellos profesionales y empresas que deseen empezar a utilizarlo de forma anticipada.
"A partir de ese momento, todo aquel que lo desee podrá utilizar el sistema en tiempo real, sin necesidad de pruebas. La información será válida y llegará directamente a la Agencia Tributaria", afirmó Hurtado. Además, recomendó que las empresas que ya cuenten con softwares de facturación adaptados a los nuevos requisitos fiscales comiencen a utilizarlos antes de 2026 para evitar contratiempos. "Es mejor no esperar hasta el último momento", advirtió.
La obligación de enviar facturas al instante al fisco proviene de la ley de 2021 contra el fraude fiscal y no debe confundirse con la normativa que exige la emisión de facturas en formato digital, establecida en la Ley Crea y Crece, cuya entrada en vigor ha sido aplazada hasta 2027.
Hurtado también detalló que la plataforma gratuita para contribuyentes con menor facturación está en su fase final de pruebas y estará plenamente operativa para el 1 de julio de 2025. Destacó que esta herramienta será especialmente útil para aquellos que emitan menos de veinte facturas al año. Asimismo, aclaró que los profesionales que elaboran sus facturas manualmente o con máquinas no están obligados a utilizar estos nuevos sistemas electrónicos.
Por su parte, Èlia Urgell, responsable del área Fiscal y de Facturación en Wolters Kluwer Tax & Accounting España, explicó que los programas de facturación que adquieran las empresas y autónomos deberán generar un registro de cada factura en el momento de su emisión o instantes antes, garantizando su inalterabilidad, accesibilidad, conservación y trazabilidad. Además, estos programas deberán contar con una declaración responsable que certifique el cumplimiento de dichos requisitos.
Para ajustarse a la normativa, las empresas podrán optar por el sistema "verifactu", que envía automáticamente cada registro de facturación a Hacienda, o por un sistema "no verifactu", que almacena las facturas en el sistema sin enviarlas de inmediato. En este último caso, será imprescindible que los usuarios tengan acceso a todos los registros y puedan descargarlos en el formato exigido por la Agencia Tributaria para remitirlos cuando sea necesario.
Hurtado añadió que los sistemas "no verifactu" deberán estar preparados para enviar las facturas al fisco, ya que la intención es que en el futuro esta obligación sea universal. Además, señaló que la Agencia Tributaria incrementará los requerimientos de información a aquellos empresarios que no remitan sus facturas de forma inmediata.
La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado que las personas autorizadas en una cuenta bancaria, ya sean individuos o empresas, no tienen ninguna responsabilidad tributaria sobre los ingresos o gastos que se realicen en dicha cuenta.
En una resolución emitida el pasado 20 de diciembre, la DGT señala que, por norma general, "el simple hecho de ser autorizado en una cuenta no implica una responsabilidad tributaria", según lo establecido en la Ley General Tributaria.
El organismo recuerda que la normativa establece la responsabilidad solidaria en el pago de deudas tributarias para aquellas personas que hayan colaborado en una infracción fiscal o hayan ayudado al deudor principal a ocultar bienes. En estos casos, una vez que se les declare responsables solidarios, se les podrá exigir el pago total de la deuda.
Asimismo, la DGT subraya que los administradores de una empresa pueden ser considerados responsables subsidiarios de las deudas de la compañía, lo que faculta a la Agencia Tributaria a reclamarles el pago de los importes adeudados.
"En base a lo anterior -señala Tributos-, se puede concluir que, si el consultante incurriera en alguna de las circunstancias previstas en la normativa, podría ser considerado responsable solidario o subsidiario. No obstante, el mero hecho de estar autorizado en una cuenta corriente, por sí solo, no constituye un supuesto de responsabilidad tributaria".
Además, la DGT recuerda que la Audiencia Nacional, en una sentencia del 27 de diciembre de 2018, ya determinó que para que la Agencia Tributaria pueda reclamar responsabilidad a un autorizado en una cuenta bancaria (como en el caso analizado, que correspondía a una empresa), debe aportar pruebas concretas sobre los movimientos y el uso que se haya hecho de dicha autorización. "La mera condición de autorizado no es suficiente. Es necesario conocer en qué tipo de operaciones, en plural, se ha hecho uso de esta autorización", concluyó la Audiencia Nacional.
La pensión media contributiva en España ha alcanzado los 1.305 euros en enero, superando por primera vez la barrera de los 1.300 euros mensuales en 14 pagas. La pensión de jubilación, la más común, está cerca de un nuevo récord, situándose en 1.498 euros. Estos incrementos corresponden a la primera nómina de 2025, que incluye la revalorización general del 2,8% aprobada por el Gobierno. Sin embargo, este decreto no fue ratificado en el Congreso debido al rechazo del PP, Vox y Junts, quienes también bloquearon medidas como las ayudas al transporte y la prórroga del salario mínimo. El Ejecutivo insiste en aprobar el paquete en su conjunto, sin dividirlo, como exige la oposición. Si no se produce ningún cambio antes de la próxima nómina, los pensionistas podrían volver a percibir las mismas cantidades que en 2024.
Según los datos publicados este martes por la Seguridad Social, la pensión media contributiva ha aumentado un 4,5%, pasando de 1.249 euros en enero de 2024 a 1.305 en el mismo mes de 2025. Este crecimiento supera la revalorización del 2,8% debido a varios factores: las pensiones mínimas han aumentado entre un 6% y un 9%, y las nuevas altas suelen ingresar al sistema con pensiones más altas que las de los beneficiarios fallecidos. Esto contribuye a incrementar la media.
La pensión media de jubilación ha alcanzado los 1.498 euros, un 4,4% más que hace un año, lo que supone un aumento de más de 60 euros. También han crecido las pensiones de viudedad (de 892 a 932 euros), orfandad (de 501 a 524 euros) y las de favor de familiares (de 737 a 778 euros).
El número de pensionistas también ha seguido creciendo, situándose en 9.316.509 personas, que perciben un total de 10.294.786 pensiones, un 1,6% más que en enero de 2024. Este incremento se debe a que algunas personas reciben más de una pensión. Las pensiones de jubilación son las más numerosas, con 6.558.073 prestaciones en enero, 100.000 más que un año antes.
El aumento en las pensiones y en el número de beneficiarios ha elevado el gasto del sistema a un récord de 13.432 millones de euros, un 6,2% más que en enero de 2024. La mayor parte de este gasto, 9.823 millones, corresponde a pensiones de jubilación, lo que supone un incremento de casi 600 millones respecto al año anterior.
En su informe, el departamento liderado por Elma Saiz destaca la reducción de las jubilaciones anticipadas: "El número de jubilaciones anticipadas se ha reducido significativamente, representando menos del 30% del total, con 108.968 casos, un 10,4% menos que en 2019, cuando alcanzaban el 40% de las nuevas jubilaciones. Actualmente, el 70,4% acceden con la edad ordinaria". Durante 2024, se registraron 368.065 nuevas pensiones de jubilación.
El Gobierno también subraya el impacto de los incentivos para retrasar la jubilación, introducidos en 2022. En 2024, el 9,3% de las nuevas pensiones correspondieron a jubilaciones demoradas, frente al 4,8% en 2019. Esto se traduce en 34.273 altas de este tipo, frente a las poco más de 14.000 registradas en 2019. Como resultado de este retraso voluntario y de la disminución de las jubilaciones anticipadas, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa ahora en 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019, según datos de la Seguridad Social.
El Gobierno finalmente alcanzó un acuerdo con Junts para reactivar, en el Consejo de Ministros de ayer, la mayor parte del paquete de medidas sociales incluidas en el fallido decreto ómnibus. Entre ellas se encuentran la actualización de las pensiones, la revisión de las cotizaciones y las ayudas tanto para el transporte como para los damnificados por la DANA. La clave del pacto fue una doble concesión a Junts: aceptar la tramitación de un debate sobre una cuestión de confianza-aunque el presidente del Gobierno adelantó que no se someterá a ella-y fragmentar el decreto original, dejando para más adelante la negociación de asuntos como la financiación autonómica, las rebajas fiscales y las ayudas para la compra de vehículos o la industria electrointensiva.
Las negociaciones entre el Ejecutivo y el grupo de Carles Puigdemont se prolongaron durante toda la mañana, retrasando el inicio del Consejo de Ministros, previsto para las 9:30, hasta las 12:30 para dar tiempo a cerrar el acuerdo. El objetivo principal era corregir los efectos sociales derivados de la derogación del decreto ómnibus de finales de 2024, rechazado por el Congreso la semana anterior con los votos de PP, Vox y Junts.
"Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley social que recoge prácticamente todas las medidas del escudo social que aprobamos en diciembre", anunció el presidente Pedro Sánchez tras la reunión de su gabinete. Explicó que el nuevo decreto incluye un total de 29 medidas, entre ellas la actualización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas, ayudas para municipios, hogares y empresas afectadas por la DANA en Valencia, apoyo al transporte público gratuito y asistencia a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.
A cambio, Sánchez reconoció haber aceptado la tramitación de una proposición no de ley impulsada por Junts en el Congreso para abrir un debate, sin carácter vinculante, sobre la necesidad de que el presidente se someta a una cuestión de confianza. No obstante, aclaró que la Constitución otorga al presidente del Gobierno, previa deliberación con el Consejo de Ministros, la decisión final sobre este asunto, y adelantó que "el Gobierno no ve necesario" someterse a ella. Desde Junts señalaron que su intención es únicamente abrir el debate y, tras introducir mejoras técnicas en el texto registrado, esperan poder impulsarlo entre febrero y marzo.
Otra concesión a Junts ha sido la inclusión en el decreto de un "sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos", una iniciativa ya prevista en el plan de vivienda de Sánchez, pero que tuvo que adelantarse para que Junts aceptara prorrogar la prohibición de desahucios de familias vulnerables, una condición esencial para asegurar el respaldo de los partidos situados más a la izquierda, como Podemos. Además, el decreto contempla el bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros en hogares vulnerables y la restricción de despidos en empresas que reciben ayudas públicas.
Entre otras medidas, el nuevo decreto mantiene la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,8%, el incremento del 6% en las pensiones mínimas contributivas y un aumento del 9% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). También eleva las bases máximas de cotización y aplica la cuota de solidaridad, además de subir la pensión máxima hasta los 3.276,60 euros mensuales. Asimismo, se restablece el escudo antiopas para proteger a empresas estratégicas de inversiones extranjeras. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no prorrogar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024, argumentando que el Ministerio de Trabajo ya ha instruido su aplicación hasta que se apruebe el de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Otras medidas económicas del decreto original han sido aplazadas.
"Hasta ayer, el Gobierno afirmaba que no se modificaría ni una sola coma del real decreto ómnibus. Hoy ese decreto ha sido eliminado y sustituido por otro que incluye solo medidas urgentes y sociales", celebró la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Por su parte, Sánchez evitó mencionar el papel de Junts en el rechazo del decreto original y centró sus críticas en la "coalición negacionista de PP y Vox", acusándolos de oponerse al escudo social con argumentos falsos, como la supuesta inclusión de subidas fiscales sobre los alimentos. También justificó la cesión al PNV del palacete en París que alberga el Instituto Cervantes, alegando que fue arrebatado por la Gestapo y el franquismo.
"El Gobierno puede perder una votación en el Parlamento, como ha ocurrido, pero no nos resignamos a perder la mayoría social del país", afirmó Sánchez, asegurando que seguirá trabajando para recuperar las medidas pendientes del decreto ómnibus. El PP, que no ha aclarado si apoyará este nuevo decreto, criticó que Sánchez haya cedido ante Puigdemont en lugar de buscar respaldo para algunas de las medidas iniciales.
En 2024 se generaron 468.100 nuevos puestos de trabajo, alcanzando un récord histórico con 21.857.900 personas ocupadas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque esta cifra es inferior a la del año 2023, que fue excepcional con la creación de 750.000 empleos, nunca antes había habido tantas personas trabajando en España.
Este crecimiento en la ocupación vino acompañado de una significativa reducción del desempleo, con 265.300 personas menos en paro el año pasado, situando la tasa de desempleo en un 10,6%, el nivel más bajo en 16 años, desde el segundo trimestre de 2008 (10,36%). Según el Ministerio de Economía, la disminución del paro fue especialmente destacada entre las mujeres, con una reducción de 167.000 desempleadas en el último año.
El aumento del empleo y la caída del paro se dieron en un contexto de crecimiento de la población activa, que sumó 202.800 personas en el último año. Esto permitió que la tasa de ocupación alcanzara un nuevo máximo histórico en un cuarto trimestre, situándose en el 67,5%.
La mayor parte de los nuevos empleos, un 97% del total, fueron generados por el sector privado, que creó 453.500 puestos de trabajo. Paralelamente, la tasa de temporalidad continuó disminuyendo, reduciéndose más de un punto en el último año hasta el 15,48%. Este descenso se explica por un aumento de 590.000 empleos indefinidos (un crecimiento anual del 4%, el doble que el de la ocupación general) y una caída de 134.000 puestos temporales (una reducción del 4,4% respecto al año anterior). Este patrón de mejora en la calidad del empleo también se observó en el último trimestre del año.
Otro dato positivo del mercado laboral en 2024 fue la reducción de 94.700 hogares en los que todos sus miembros estaban en paro y el incremento de 249.900 hogares con todos sus integrantes empleados. En términos regionales, la ocupación creció en casi todas las comunidades autónomas, excepto en el País Vasco (-4,2%), Murcia (-1%) y Extremadura (-0,2%). Por el contrario, Asturias lideró el crecimiento con un aumento del 8,5% anual, seguida por Baleares (5,8%) y Ceuta (17%).
Un aspecto destacado en 2024 fue el aumento del empleo entre la población extranjera, que representó el 40% de los nuevos puestos de trabajo. Mientras que el empleo entre la población española creció un 1,5%, entre los extranjeros avanzó un 6%. El sector servicios impulsó la creación de empleo, generando nueve de cada diez nuevos puestos, con un crecimiento del 2,6%. La construcción también destacó con un aumento del 3,1% (44.800 empleos nuevos), mientras que la industria creció un 1,9% (55.300 puestos adicionales).
Por género, la creación de empleo se distribuyó en su mayoría entre hombres (260.700) y mujeres (207.400). En cuanto a edades, se generaron empleos en todos los grupos, excepto entre las personas de 40 a 44 años, donde el empleo cayó en 95.400 trabajadores (-3%). Los jóvenes entre 16 y 19 años lideraron el crecimiento del empleo con un aumento del 16%, seguidos por los de 20 a 24 años (+7,4%). También destacó el incremento del empleo entre las personas mayores de 50 años, con un aumento del 5% en la franja de 50 a 55 años y del 4% en los mayores de 55 años.
No obstante, el aumento del empleo juvenil contrasta con la calidad de los nuevos puestos. Aunque la mayoría de los empleos fueron a tiempo completo (290.700), la mayoría de estos beneficiaron a los hombres (210.400 frente a 80.300 mujeres). Por otro lado, de los empleos a tiempo parcial (177.400), la mayoría fueron ocupados por mujeres (127.100 frente a 50.300 hombres). Esta tendencia fue especialmente marcada en el último trimestre del año, probablemente impulsada por contrataciones estacionales en campañas comerciales como el Black Friday y la Navidad. Durante este periodo, se destruyeron 230.200 empleos a tiempo completo y se crearon 265.000 a tiempo parcial, mayoritariamente ocupados por mujeres (194.400).
En definitiva, 2024 cerró con avances históricos en el empleo, aunque persisten retos relacionados con la calidad y la equidad en el mercado laboral.
Casi la totalidad de los nuevos trabajadores en 2024 fueron asalariados, mientras que el colectivo de autónomos creció de forma muy limitada, con solo 8.500 nuevos autónomos, lo que supone un incremento del 0,26% respecto al año anterior. No obstante, es relevante, aunque preocupante, la pérdida de 46.000 autónomos con empleados a su cargo (empleadores) y 10.800 miembros de cooperativas. Estas caídas se vieron compensadas por el aumento de 58.000 trabajadores por cuenta propia sin asalariados y otros 6.900 que colaboran en negocios familiares.
Sin embargo, durante el último trimestre del año se observó un cambio notable: el número de trabajadores autónomos creció de forma inusual, con un aumento de casi 108.000 personas, lo que representa un crecimiento superior al 3% en solo tres meses. De estos nuevos autónomos, la mayoría (58.800) no tenían empleados a su cargo, aunque 30.000 sí contaban con trabajadores bajo su supervisión.
Estas cifras coinciden con los datos de afiliación a la Seguridad Social difundidos a principios de enero, que señalaron la creación de 501.952 empleos en 2024, alcanzando un total de 21.337.962 afiliados medios al sistema. Este es el segundo año consecutivo en el que el mercado laboral supera la barrera de los 500.000 nuevos puestos, aunque la tasa de crecimiento se desaceleró ligeramente, pasando del 2,66% al 2,41%. Por su parte, el Ministerio de Trabajo también adelantó que el número de personas desempleadas se redujo en 2024, cerrando el año con 2.560.718 parados, la cifra más baja registrada en los últimos 17 años para un cierre anual.
Además, según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España se encuentra entre los 13 países de los 38 que conforman el organismo que lograron un récord en su tasa de empleo. En España, el 66,3% de la población en edad de trabajar (15 a 64 años) está empleada, superando incluso los niveles registrados en 2007 durante el auge inmobiliario. Sin embargo, aunque esta cifra representa un avance significativo, España sigue por debajo de la media de la OCDE (70,3%) y de la Unión Europea (70,9%), además de mantener la tasa de desempleo más alta entre los países miembros.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abordado el debate sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde una perspectiva de "dignidad" en los salarios y "poder adquisitivo" de los trabajadores. Sin embargo, estos argumentos, que también se aplican en el caso de las pensiones, contrastan con la falta de interés del propio Ejecutivo en aplicarlos a las ayudas sociales. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), utilizado para calcular el importe de estas prestaciones, no ha experimentado ningún aumento desde 2023, a pesar de que Díaz prometió una subida del 3% el año pasado. Pero el problema no se reduce solo a este incumplimiento reciente. El IPREM fue creado en 2004 con el objetivo de desvincular las ayudas sociales del SMI, lo que ha generado una brecha creciente en las últimas dos décadas. Como resultado, un subsidio por desempleo se mantendrá en 2025 en 480 euros, cuando, si se aplicara el cálculo original vinculado al SMI, podría ascender a 888 euros, es decir, 408 euros más.
El intento de Díaz por incrementar el IPREM quedó sin efecto hace un año. Ahora, con el inicio de las negociaciones presupuestarias para 2025, Sumar ha vuelto a solicitar una subida del 5%. Sin embargo, la prórroga de los Presupuestos de 2023 debido a la fragilidad parlamentaria del Gobierno dificulta que esta propuesta prospere. Además, el debate se ha centrado en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y en un nuevo aumento del SMI del 4%, situándolo en 1.184 euros, dejando en un segundo plano la cuestión del IPREM.
Aun así, Díaz puede reivindicar haber impulsado el incremento del IPREM en su mandato, con un alza del 11,5%, pasando de 538 a 600 euros. No obstante, en el mismo periodo, el SMI ha aumentado más del doble, un 26%, hasta alcanzar los 1.134 euros actuales. Los sindicatos, en especial CC.OO., insisten en la necesidad de que el Gobierno haga un esfuerzo adicional para mejorar este indicador y, con ello, las ayudas públicas. Para comprender la controversia, es importante conocer el origen y el propósito del IPREM.
En 2004, con la llegada del PSOE al Gobierno bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se impulsó un aumento del SMI de 465 a 490,5 euros, que al año siguiente subió hasta los 513 euros. Este fue el inicio de un plan para alcanzar los 800 euros, aunque la crisis financiera truncó ese objetivo.
Sin embargo, junto con la promesa de elevar el SMI, se introdujo una reforma para mitigar su impacto en las cuentas públicas, lo que afectó directamente a las ayudas destinadas a colectivos vulnerables, como los parados de larga duración. En ese contexto, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para el cálculo de subsidios y prestaciones sociales, incluyendo el subsidio por desempleo, lo que generó un desequilibrio significativo.
Antes de 2004, el acceso a la protección asistencial para los desempleados dependía de que su renta no superara el 75% del SMI, y ese mismo porcentaje se aplicaba para calcular la cuantía del subsidio. Con la creación del IPREM, el cálculo pasó a basarse en el 80% de este indicador, que en un principio tenía el mismo valor que el SMI, es decir, 460,5 euros. Sobre el papel, esto supuso una mejora de 23 euros en la ayuda para los desempleados, elevando el subsidio de 345,38 a 367,8 euros. Sin embargo, este beneficio fue efímero, ya que la norma que creó el IPREM también contemplaba un incremento del SMI a 490,5 euros, generando desde el inicio una diferencia de 30 euros, que no ha dejado de crecer con el tiempo.
Mientras el SMI se fija tras consultas con sindicatos y empresarios (aunque la decisión final corresponde al Gobierno), el IPREM se establece dentro de los Presupuestos Generales, lo que lo convierte en una variable más discrecional. Como resultado, desde 2004 el SMI solo se ha congelado en dos ocasiones debido a la crisis financiera, mientras que el IPREM ha permanecido invariable hasta en once ocasiones, incluida la de 2025. Además, cuando ha subido, lo ha hecho en menor proporción.
Las consecuencias de esta divergencia son evidentes. Mientras que el SMI ha aumentado y, con ello, el número de personas que cumplen los requisitos para recibir ayudas, la cuantía de estas prestaciones ha crecido mucho menos, lo que ha supuesto un ahorro para el Estado. Desde 2018, el SMI ha subido un 56% (62% si se concreta la propuesta para 2025), mientras que el IPREM solo ha aumentado un 11,5%.
Si el IPREM no se hubiera introducido y los subsidios hubieran seguido ligados al 75% del SMI, hoy su cuantía sería de 851 euros en lugar de los 480 actuales, una diferencia de 371 euros. Si, además, se concreta la subida del SMI prevista para 2025, situándolo en 1.181 euros, el subsidio alcanzaría los 881,5 euros, es decir, 405 euros más que con el sistema del IPREM.
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