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(El País, 21-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas repunta un 15% en noviembre y encadena cinco meses de alzas interanuales

El mercado inmobiliario cerró noviembre de 2024 consolidando su tendencia al alza. La compraventa de viviendas experimentó un aumento del 15% en comparación con el mismo mes de 2023, alcanzando un total de 54.299 operaciones. Este registro marca el mejor dato para un mes de noviembre desde 2007, cuando se superaron las 56.000 transacciones. Según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este es el quinto mes consecutivo de incrementos interanuales, lo que refuerza el optimismo en el sector. El crecimiento de noviembre se enmarca en una recuperación sostenida que comenzó en julio. Desde entonces, las subidas interanuales han mostrado una variación significativa: un 19% en julio, un modesto 0,9% en agosto, un notable 41,5% en septiembre y un impresionante 51,3% en octubre. En el acumulado de enero a noviembre, las ventas de viviendas han aumentado un 8,1% en comparación con el mismo periodo de 2023. Con un mes por contabilizar, los expertos prevén que esta tendencia alcista se mantendrá, impulsada por las reducciones de los tipos de interés y el consecuente abaratamiento de las hipotecas. Según el portal Fotocasa, el año podría cerrar cerca de las 645.000 operaciones. El repunte en la segunda mitad de 2024 responde a una combinación de factores. La moderación de la inflación, junto con una mejora en el empleo y el acceso al crédito hipotecario, han sido claves para estimular la demanda. La estabilidad en los tipos de interés a lo largo del año ha favorecido la financiación, y aunque los bancos han mostrado prudencia en la concesión de créditos, los compradores han podido acceder a condiciones atractivas. El incremento de operaciones en noviembre se debió tanto a la venta de viviendas nuevas como a las de segunda mano. Las primeras registraron un aumento del 37,4%, alcanzando 12.328 transacciones. Por su parte, las operaciones de segunda mano crecieron un 9,8%, sumando 41.971 compraventas, lo que representa casi el 80% del total. Este predominio se debe a los bajos niveles de construcción y a la limitada oferta de viviendas a estrenar. El 92,4% de las viviendas vendidas en noviembre correspondieron a inmuebles libres, mientras que el 7,6% fueron protegidas. Esta baja proporción refleja la escasez de viviendas protegidas, a pesar de los esfuerzos gubernamentales por impulsar su construcción. En términos absolutos, se contabilizaron más de 50.100 operaciones sobre viviendas libres (un 15% más que en 2023) y algo más de 4.100 transacciones de viviendas protegidas (un aumento del 21%). La compraventa aumentó en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares, donde se registró un descenso del 4,3%. Las mayores subidas se dieron en La Rioja (58,2%), Madrid (35%), Castilla-La Mancha (33,9%) y Galicia (32,5%). Además, otras seis comunidades tuvieron incrementos de doble dígito: Castilla y León (28,7%), Asturias (27%), Extremadura (21,2%), País Vasco (19,1%), Cataluña (16,2%) y Cantabria (12,6%). Aunque el mercado mostró un sólido crecimiento interanual, las ventas disminuyeron un 22% respecto a octubre. Este descenso se debe, en gran parte, a la estacionalidad habitual del sector, ya que noviembre tiende a ser un mes más tranquilo tras la actividad intensa de meses anteriores. Además, octubre fue excepcionalmente positivo, con cerca de 69.500 operaciones, la cifra mensual más alta en 17 años.

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(Expansión, 20-01-2025) | Fiscal

El FMI eleva al 2,3% su previsión de crecimiento para España este año

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha vuelto a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española en 2025, incrementándolas en dos décimas. Según el organismo, el Producto Interior Bruto (PIB) de España crecerá un 2,3% este año, mientras que las perspectivas para la Unión Europea se deterioran, con recortes en países como Alemania, Francia e Italia. España sigue recibiendo respaldo en el ámbito internacional, y el FMI es el último en destacar su desempeño económico. En su reciente actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), el organismo señala que el crecimiento del PIB español supera las expectativas previas gracias a una recuperación en el consumo. Sin embargo, para 2026 se anticipa una ralentización, con una previsión de crecimiento del 1,8%, cifra que permanece sin cambios respecto a anteriores estimaciones. En contraste, los principales países de la eurozona enfrentan un panorama más desfavorable. Alemania y Francia, entre otros, han visto revisiones a la baja no solo para 2025, sino también para 2026. A pesar de estas dificultades, Alemania logrará salir de la recesión este año, aunque su PIB solo crecerá un 0,3%, mientras que Francia e Italia registrarán incrementos del 0,8% y 0,7%, respectivamente. Con un crecimiento proyectado del 2,3%, España se consolida como líder económico en la eurozona, según el FMI. Sin embargo, este dinamismo no es suficiente para compensar los recortes en otras economías importantes, lo que ha llevado al FMI a reducir las previsiones de crecimiento para toda la zona euro en dos décimas, situándolas en el 1% para este año y en el 1,4% para 2026. El informe del FMI apunta a un impulso más débil en el sector manufacturero y a la creciente incertidumbre política como factores clave detrás de las revisiones a la baja en la eurozona. Para 2026, se espera un leve repunte en el crecimiento gracias a una mayor demanda interna, impulsada por condiciones financieras más relajadas, mayor confianza y una disminución de la incertidumbre. A nivel mundial, el FMI destaca la sólida evolución de la economía de Estados Unidos, cuya previsión de crecimiento para este año ha sido revisada al alza hasta el 2,7%. Esto amplía la brecha económica entre ambas orillas del Atlántico de cara a 2025. En cuanto a las economías emergentes, las previsiones se mantienen estables, con un crecimiento promedio del 4,2%, liderado por China e India. Para América Latina, las estimaciones tampoco han cambiado, con un avance del 2,5% en la región, destacando los casos de Brasil y México, que crecerán un 2,2% y un 1,4%, respectivamente. El informe también alerta sobre varios riesgos a nivel global. Aunque el crecimiento económico sigue por debajo del promedio histórico, las diferencias regionales se acentúan. La inflación persiste como un desafío significativo, generando discrepancias en las políticas monetarias y fiscales. Asimismo, los riesgos geopolíticos, como la guerra en Ucrania y la incertidumbre en Oriente Medio, junto con problemas financieros como la apreciación del dólar, representan retos adicionales para la estabilidad económica global.

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(El Economista, 20-01-2025) | Fiscal

La falta de nuevos Presupuestos bajará en 22.200 millones el gasto público previsto

Renunciar a las nuevas cuentas públicas invalida el techo de gasto proyectado hace meses, que ascendía a 195.353 millones de euros, excluyendo las transferencias de los fondos europeos. Esta cifra supera con creces los 173.065 millones establecidos como límite en los Presupuestos vigentes desde hace dos años. Extenderlos por otro año implicaría un ahorro superior a los 22.200 millones de euros según las previsiones de gasto. Además, mantener un límite de gasto inferior contribuiría a que España cumpla con las normativas europeas. Es importante recordar que el Gobierno había proyectado realizar un ajuste mínimo del 0,8% del PIB hasta 2027. Esta cifra podría haber aumentado considerablemente si las negociaciones con Junts hubieran prosperado, ya que el partido de Puigdemont demandaba una senda fiscal que permitiera a las comunidades autónomas alcanzar un déficit del 0,8%, siete décimas más de lo que inicialmente proponía el Ejecutivo. Esa diferencia habría tenido que ser absorbida por el Estado, dificultando el cumplimiento de los compromisos fiscales con la Unión Europea. Pese a este escenario, el Gobierno no da por perdida la relación con Junts, que ha exigido una reunión urgente en Suiza con los socialistas. El PSOE ha confirmado su disposición a asistir, aunque aún no se ha concretado la fecha ni la identidad de los representantes que participarán en el encuentro. Por ahora, se desconoce si el presidente Pedro Sánchez liderará la delegación. Puigdemont, por su parte, ha insistido en la gravedad de la situación y ha presionado al PSOE para que tome una decisión respecto a la iniciativa que Junts ha registrado en el Congreso, la cual busca forzar una cuestión de confianza sobre Sánchez. El pasado jueves, la Mesa del Congreso decidió aplazar nuevamente la calificación de dicha propuesta. Según Puigdemont, esta inacción parlamentaria marca un "punto de no retorno" en la relación entre ambos partidos. El Gobierno, sin embargo, ha respondido de manera cauta. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, aseguró que algunos acuerdos con Junts ya están en marcha, mientras que otros están en proceso de negociación. Fuentes parlamentarias interpretan las exigencias de Puigdemont como un intento de resolver su situación personal, ya que la ley de amnistía aún no le permite regresar a Barcelona. Consideran que mientras esto no se solucione, el líder de Junts seguirá aumentando la presión sobre el Gobierno. Aun así, Puigdemont ha admitido que su postura supone "una apuesta arriesgada", aunque mantiene abierta la posibilidad de provocar un colapso legislativo. Al mismo tiempo, ha rechazado respaldar la moción de censura planteada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al no querer alinear sus votos con los de Vox. Una prórroga presupuestaria definitiva supondría un revés político para Sánchez, al evidenciar por segundo año consecutivo que carece de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el principal proyecto legislativo. Este contexto añade presión al Ejecutivo, ya que los Presupuestos actuales provienen de la legislatura anterior. En este complejo panorama, Sumar, socio de coalición, busca mediar en el conflicto. Desde la formación aseguran que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo que permita desbloquear los Presupuestos de 2025. Según fuentes de Sumar, mantener el apoyo de Junts es clave para aprobar varias leyes importantes, como la reducción de la jornada laboral, que Yolanda Díaz quiere llevar al Consejo de Ministros el próximo 4 de febrero con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Mientras tanto, las comunidades autónomas se enfrentan a la incertidumbre presupuestaria. Once gobiernos regionales ya han comenzado a trabajar bajo la premisa de un déficit del 0,1%, conforme al techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, otras comunidades, como Baleares, Murcia, Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana, esperan el desenlace de las negociaciones entre el Gobierno y Junts para planificar sus cuentas.

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(El Periódico, 20-01-2025) | Fiscal

Hacienda pone Bizum en su punto de mira sobre autónomos y empresarios

El Ministerio de Hacienda está trabajando en un real decreto que introducirá nuevas medidas para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Entre los cambios más significativos se encuentra la obligación para las entidades emisoras de tarjetas de presentar una nueva declaración a partir del próximo año, siempre que los movimientos superen los 25.000 euros anuales. Sin embargo, estas medidas no se limitarán únicamente a las tarjetas físicas. También se incluirán herramientas de pago como Bizum, un servicio que permite realizar pagos instantáneos a través de una aplicación móvil utilizando únicamente el número de teléfono de los usuarios. En este sentido, Hacienda planea otorgar especial relevancia a la declaración de ingresos de empresarios y autónomos que utilicen este tipo de sistemas de pago. Con el objetivo de identificar y evitar operaciones en efectivo no declaradas, Hacienda está revisando la normativa vigente, que actualmente establece un límite de 3.000 euros para la declaración anual de cobros realizados con tarjeta por parte de autónomos y empresarios. Este umbral será eliminado, y las entidades estarán obligadas a remitir esta información con periodicidad mensual. Además, la nueva normativa ampliará la obligación de informar a los pagos efectuados mediante Bizum y otros sistemas de pago móvil, sin importar si las transacciones tienen origen en la Unión Europea o fuera de ella. La información que las entidades deberán facilitar a Hacienda incluirá datos de identificación completos de los empresarios o profesionales, el importe mensual percibido a través de Bizum y las cuentas bancarias en las que se han recibido dichos fondos. Estas medidas buscan incrementar la transparencia y mejorar el control de las operaciones financieras.

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(El Economista, 20-01-2025) | Laboral

Saiz flexibilizará la ley que permite que los jubilados vuelvan a trabajar a tiempo parcial

La Seguridad Social retomará este mes las reuniones con los agentes sociales para abordar una reforma pendiente. Durante los últimos años, el Gobierno ha promovido políticas dirigidas a aumentar la edad media de jubilación, introduciendo mayor flexibilidad para compatibilizar salario y pensión, además de endurecer las condiciones para las jubilaciones anticipadas. Ahora, el foco se centra en la jubilación flexible, una modalidad que permite a los pensionistas reincorporarse al mercado laboral mediante contratos a tiempo parcial. Siguiendo la línea marcada por la ministra Elma Saiz y su predecesor, José Luis Escrivá, la reforma, que se iniciará a finales de enero, busca incentivar este esquema para que más jubilados retomen la actividad laboral. La normativa actual de la Seguridad Social es conocida por su rigidez en la regulación de las condiciones y los momentos para jubilarse. Este fue uno de los primeros desafíos que identificó el actual gobernador del Banco de España al asumir la gestión del sistema de pensiones. En un contexto de envejecimiento demográfico acelerado, la ley española establece, por norma general, la incompatibilidad entre el cobro completo de una pensión y los ingresos derivados de una actividad profesional. Para abordar esta limitación, Escrivá impulsó medidas que ampliaron las posibilidades existentes. Originalmente, la jubilación demorada solo beneficiaba a autónomos con empleados, quienes podían recibir su pensión íntegra junto a los ingresos por su actividad. Con el tiempo, se han implementado penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y estímulos económicos para quienes decidan prolongar su vida laboral más allá de los 65 o 67 años, aunque estos incentivos aún tienen un impacto limitado. La jubilación flexible, una modalidad aún poco conocida, quedó pendiente de reforma en la pasada legislatura. Esta opción permite a los pensionistas volver al mercado laboral como empleados a tiempo parcial, trabajando entre el 50% y el 75% de la jornada, siempre que acrediten al menos 33 años cotizados. A cambio, recibirían una proporción de su pensión equivalente al porcentaje trabajado. Para fomentar su adopción, el Gobierno podría flexibilizar los requisitos, eliminando la obligación de cotización completa, como ya ocurrió con la jubilación activa. Un estudio reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) analiza el sistema de pensiones español en un contexto de envejecimiento poblacional y creciente dependencia económica. El documento destaca la necesidad de una transición laboral más prolongada y flexible para mitigar el impacto de una tasa de dependencia cada vez mayor. Los autores, José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera Forteza, proponen una reforma estructural que permita compatibilizar plenamente el cobro de la pensión con ingresos laborales, sin límites económicos. Según los expertos, es necesario dejar de considerar la jubilación flexible como una "jubilación parcial con reducción de pensión". Proponen que los pensionistas puedan reincorporarse al mercado laboral sin enfrentar penalizaciones económicas, lo que haría más atractiva esta modalidad para los trabajadores por cuenta ajena. Además, sugieren la creación de un contrato laboral específico para jubilados activos o flexibles, con condiciones especiales, particularmente en los casos de despido o extinción contractual. Este tipo de contrato, argumentan, debería estar exento de costes indemnizatorios para las empresas, ya que los trabajadores jubilados cuentan con una renta asegurada en forma de pensión pública. Esta propuesta, subrayan, respetaría la Ley 15/2022 sobre no discriminación por edad y proporcionaría un marco jurídico especial para garantizar una transición laboral eficiente y equitativa.

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(El Economista, 20-01-2025) | Laboral

Los sindicatos vascos pelean por un SMI propio de 1.600 euros

Los principales sindicatos del País Vasco han unido fuerzas con el objetivo de negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) específico para Euskadi, algo sin precedentes desde 2017, cuando acordaron exigir la prevalencia de los convenios autonómicos. CCOO, ELA, LAB y UGT han propuesto a Confebask reunirse el 6 de febrero para constituir una mesa de negociación con el propósito de alcanzar un acuerdo interprofesional que establezca un salario mínimo en los convenios colectivos. La patronal vasca ha aceptado la fecha planteada. Aunque no hay consenso sobre la cifra, algunos sindicatos apuntan a un mínimo de 1.600 euros mensuales. Por su parte, el Gobierno vasco elaborará un informe basado en criterios objetivos para definir un intervalo que contemple diferentes perspectivas. Los sindicatos presentaron sus solicitudes de forma independiente ante el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. A pesar de no coincidir en la cifra concreta, comparten la intención de establecer un SMI propio y reflejarlo en los convenios. Desde el Ejecutivo vasco, consideran que la creación de la mesa de negociación en el CRL es "la vía adecuada". Mikel Torres, vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, aseguró que el Gobierno respalda esta iniciativa desde que el Parlamento vasco aprobó la resolución correspondiente. Torres señaló que los presupuestos de 2025 incluyen dos líneas de acción relacionadas con este objetivo: un estudio socioeconómico para determinar un intervalo basado en datos económicos objetivos y el apoyo técnico a la mesa de negociación mediante estudios complementarios. Respecto al estudio, informó que actualmente está en proceso de contratación pública y se espera contar con él antes del verano. Aunque las conversaciones comiencen en febrero, el proceso de negociación se extenderá durante varios meses. El consejero subrayó que el enfoque del Gobierno es proporcionar un "intervalo" en lugar de cifras específicas, enfatizando la importancia de basarse en datos socioeconómicos sólidos. Torres indicó que mantener un rango amplio facilitará el acuerdo, ya que permitirá que todas las partes se sientan representadas. Además, destacó que los convenios colectivos en Euskadi ya cuentan con los salarios medios más altos de España, lo que acerca las cifras propuestas al contexto actual. Sin embargo, establecer un salario mínimo de negociación colectiva aportaría seguridad jurídica, especialmente en los salarios más bajos. Desde ELA, se argumenta que el SMI estatal es insuficiente para garantizar una vida digna a muchas personas que trabajan en Euskadi. Según datos del INE, el PIB per cápita en el País Vasco asciende a 39.547 euros, en comparación con los 30.968 euros de la media estatal. Asimismo, el salario medio en Euskadi alcanza los 32.313,73 euros, frente a los 26.948,87 euros del promedio nacional. El sindicato recuerda que, según un informe del Gobierno vasco de 2022 sobre pobreza, son necesarios ingresos anuales de 19.848 euros para cubrir las necesidades básicas en Euskadi. Sin embargo, en 2024 el SMI se situó en 15.876 euros y, en el mejor de los casos, alcanzará los 16.576 euros en 2025. Este desfase, según ELA, demuestra la urgencia de establecer un SMI adaptado a la realidad económica vasca.

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(El País, 20-01-2025) | Laboral

El Gobierno reconoce a las aseguradoras que podrá compensarlas por sus pérdidas en Muface

Los departamentos legales de las aseguradoras vinculadas a Muface están trabajando intensamente. Esto ocurre después de que Adeslas y DKV anunciaran su decisión de no participar en la nueva licitación, a pesar del incremento del 33,5% en las aportaciones que el Gobierno destinará a financiar la atención sanitaria de 1,53 millones de funcionarios y sus familiares. Las aseguradoras están ahora explorando fórmulas para proteger a quienes decidan participar en el convenio 2025-2027, ante el riesgo de incurrir en pérdidas como sucedió en el acuerdo actual, prorrogado hasta el 1 de abril. En respuesta a una consulta pública realizada por Asisa, la única aseguradora que sigue evaluando su participación en la licitación, Muface se ha pronunciado sobre la posibilidad de compensar los desequilibrios financieros. Esta consulta se tramitó a través del portal de contratación del sector público, donde se publican licitaciones y contratos con la Administración central. Según la mutualidad, que depende del Ministerio de Transición Digital y Función Pública, no es posible establecer un porcentaje fijo de desviación que permita identificar una ruptura del contrato administrativo, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. En los fallos citados, los porcentajes de desequilibrio oscilan entre el 2,5% y el 3,5%. Sin embargo, en el concierto sanitario 2021-2024, las pérdidas superaron ampliamente esos valores. Muface también hace referencia a un dictamen del Consejo de Estado de 2019, donde se reconoce que una quiebra económica significativa podría justificar compensaciones incluso con desviaciones inferiores al 5%, siempre que se deba a riesgos imprevisibles. El modelo Muface lleva años enfrentando problemas de financiación. Los mutualistas -en su mayoría docentes- aportan una cuota obligatoria mensual que, sumada a una contribución estatal, permite cubrir la atención sanitaria privada o pública, según la elección de cada afiliado. El Gobierno propuso aumentar en un 33,5% las cantidades destinadas a las aseguradoras, elevando el total a 4.500 millones de euros para tres años. No obstante, solo Asisa sigue evaluando su participación en la licitación. Durante el periodo 2021-2024, las tres aseguradoras que participaron reportaron pérdidas conjuntas de 600 millones de euros, atribuidas principalmente a la inflación derivada de la guerra en Ucrania y al aumento inesperado de la demanda de servicios sanitarios por parte de los mutualistas. Asisa ha preguntado a Muface qué circunstancias podrían considerarse como riesgos imprevisibles para activar la cláusula 8.7.3 del nuevo convenio, que contempla "el restablecimiento del equilibrio económico-financiero". Muface ha indicado que se pueden reclamar compensaciones por incrementos significativos en los costos o en la frecuencia de uso del servicio, como los provocados por una inflación excepcional o una situación sanitaria que aumente la demanda de atención, tal como ocurrió en 2022 y 2023. Este reconocimiento busca ofrecer garantías a Asisa y a posibles participantes en la licitación, ante el temor de sufrir grandes pérdidas. Adeslas, por ejemplo, calculó que mantener su participación en el nuevo convenio le habría supuesto pérdidas de 250 millones de euros, mientras que DKV las estimó entre 70 y 100 millones. Además, Muface aclaró que las desviaciones presupuestarias pueden acreditarse mediante auditorías de cuentas, aunque admite que otros medios válidos en derecho también podrían ser utilizados. La cláusula 8.7.3, incluida en el nuevo convenio para facilitar la compensación por cambios en las condiciones del servicio, responde a la salida masiva de aseguradoras del sistema de mutualismo administrativo, un fenómeno que anteriormente ya afectó a Sanitas, Caser y Mapfre. Por otro lado, los abogados de algunas aseguradoras ya están evaluando si podrían reclamar compensaciones por las pérdidas sufridas en el convenio 2021-2024, basándose en la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla esta posibilidad incluso en ausencia de una cláusula específica. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a explorar soluciones jurídicas para resarcir a las aseguradoras afectadas por las pérdidas del periodo anterior, con el objetivo de incentivar su participación en el nuevo convenio 2025-2027. Sin estas garantías, sería difícil atraer a varias compañías para competir en la licitación.

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(El País, 20-01-2025) | Laboral

Un juez reconoce el desempleo a un interino entre su cese y su incorporación como funcionario

El Juzgado de lo Social número 5 de Santander ha dictado una sentencia que obliga al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a pagar la prestación por desempleo a un funcionario interino durante el periodo que transcurrió entre su cese como interino y su toma de posesión como funcionario de carrera en un nuevo puesto. Según ha informado el sindicato CSIF, que representó al trabajador, esta sentencia es firme y no admite recurso, lo que abre la posibilidad de que sirva como precedente en situaciones similares. El conflicto surgió cuando este empleado público, que trabajaba como interino en la comisaría de la Policía Nacional de Torrelavega (Cantabria) desde 2008, cesó en su puesto el 16 de mayo de 2023 tras aprobar una oposición que le otorgó una plaza como funcionario de carrera en el SEPE de Orense. Ese mismo día, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó tanto su cese como la asignación de un titular para su antiguo puesto y su nombramiento como funcionario de carrera. Conforme a la normativa vigente, el trabajador disponía de un mes para incorporarse a su nuevo destino. En este caso, el funcionario asumió su nuevo cargo solo diez días después de su cese, el 26 de mayo. Sin embargo, decidió solicitar la prestación por desempleo correspondiente a los días que transcurrieron entre ambas fechas (del 16 al 26 de mayo). Esta solicitud fue rechazada inicialmente por el SEPE, alegando que el empleado público no encajaba en las circunstancias requeridas para percibir dicha prestación. El funcionario presentó un recurso contra la negativa inicial el 7 de julio de 2023, pero el SEPE volvió a desestimarlo, argumentando que el trabajador tenía "la expectativa de un puesto de trabajo" y que el margen de tiempo para su incorporación no podía considerarse como situación de desempleo. Tras este segundo rechazo, el empleado interpuso una demanda judicial con el apoyo legal del sindicato CSIF el 22 de septiembre de 2023. El juez, en su fallo, concluyó que el periodo entre el cese de un empleo y el inicio de otro está cubierto por la contingencia de desempleo, independientemente de que el trabajador disponga de un plazo para incorporarse al nuevo puesto. En este sentido, afirmó que este margen no implica una renuncia al trabajo ni una exclusión de la situación de desempleo. La sentencia reconoce al funcionario el derecho a percibir 398,67 euros por los diez días transcurridos entre su cese como interino y su nombramiento como funcionario de carrera. Esta resolución, al ser firme, representa un importante precedente para casos similares en el ámbito de la función pública.

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(Cinco Días, 20-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco Mundial mantiene sus previsiones y estima un crecimiento del 2,7% para este año y el siguiente

El periodo más crítico ha quedado atrás, pero nuevos desafíos se vislumbran en el horizonte, amenazando con ralentizar el crecimiento de la economía mundial. Según el último informe de Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, publicado este jueves, la economía global avanzará un 2,7% tanto este año como el próximo. Este ritmo se verá afectado por el bajo desempeño de las dos principales potencias económicas, China y Estados Unidos, además de las tensiones comerciales y la incertidumbre generalizada. Estas tasas coinciden con las de 2024 y se sitúan 0,4 puntos porcentuales por debajo del promedio registrado entre 2010 y 2019, antes de la pandemia. Las economías en desarrollo enfrentarán los mayores retos, ya que su crecimiento no será suficiente para reducir la pobreza ni para aproximarse a los niveles de ingreso de los países más avanzados. "En términos generales, el potencial de crecimiento mundial ha caído aproximadamente un tercio", señala el organismo. El crecimiento económico, aunque moderado, estará impulsado por una inflación en descenso que permitirá nuevas reducciones en las tasas de interés, aunque estas seguirán siendo más altas que en la década pasada. Esto aliviará las cargas de deuda y reforzará el consumo. Sin embargo, el comercio mundial crecerá a un ritmo inferior al de la década anterior en casi dos tercios de las economías, y el progreso de los países emergentes y en desarrollo será más lento, dificultando la convergencia de ingresos. Además, persisten riesgos significativos que podrían empeorar las perspectivas globales. El Banco Mundial destaca el aumento de las políticas que distorsionan el comercio, un problema que afecta especialmente a los países menos desarrollados. Este escenario podría agravarse con la posible vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien ha anunciado medidas proteccionistas a partir del 20 de enero. En 2024, las restricciones al comercio internacional fueron cinco veces más numerosas que en el periodo 2010-2019, lo que contribuyó a una desaceleración económica: del 5,9% en la década del 2000 al 3,5% en la de 2020. El Banco Mundial aboga por una mayor cooperación internacional y el fortalecimiento de un sistema comercial basado en reglas comunes. La economía global también enfrenta incertidumbres relacionadas con los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como inestabilidades en regiones como África. Estas situaciones podrían alterar los mercados de materias primas y los intercambios comerciales. Otros riesgos incluyen un posible repunte de la inflación, la vulnerabilidad de la deuda soberana, el cambio climático, un desempeño más débil de las principales economías y una mayor fragmentación comercial. Si estos riesgos se materializan, el crecimiento global podría reducirse aún más. Sin embargo, un avance más sólido de las mayores economías y una desinflación sostenida podrían mejorar las perspectivas económicas. Los países desarrollados crecerán un 1,7% en 2025 y un 1,8% en 2026. Estados Unidos experimentará un crecimiento del 2,3% y el 2%, respectivamente, mientras que la zona euro se expandirá más lentamente, con un 1% y un 1,2%. Las economías emergentes mantendrán un crecimiento más firme, del 4,1% en 2025 y del 4% en 2026. En el caso de China, el avance será moderado en comparación con sus estándares históricos: un 4,5% en 2025 y un 4% en 2026. A pesar de estos ritmos, el progreso será insuficiente para sostener un desarrollo económico robusto. El informe subraya que las economías emergentes cerrarán el primer cuarto del siglo XXI con las perspectivas de crecimiento a largo plazo más débiles desde el año 2000. En las últimas décadas, los países en desarrollo han ganado peso en la economía global, pasando de representar el 25% en 2000 al 45% en la actualidad. Sin embargo, la crisis financiera de 2008 frenó su avance, reduciendo los flujos de inversión extranjera directa a la mitad en relación con el PIB. En los últimos diez años, excepto en China e India, las tasas de crecimiento promedio de la renta per cápita han sido medio punto porcentual inferiores a las de los países avanzados, ampliando la brecha entre ricos y pobres. Según Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial, los próximos 25 años serán más desafiantes para los países en desarrollo que los últimos 25. Factores como la alta deuda, el bajo crecimiento de la inversión y la productividad, y los crecientes costos asociados al cambio climático dificultarán su progreso. En este contexto, se requerirá un enfoque estratégico renovado que fomente las reformas internas, potencie la inversión privada, profundice las relaciones comerciales y promueva un uso más eficiente de los recursos.

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(Expansión, 20-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro de EEUU adoptará "medidas extraordinarias" para no superar el techo de deuda

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, informó este viernes que su departamento implementará "medidas extraordinarias" a partir de la próxima semana para evitar sobrepasar el límite de endeudamiento. Yellen comunicó esta decisión mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a tan solo tres días de que Joe Biden entregue el mando presidencial a Donald Trump. En concreto, Yellen explicó que el Tesoro comenzará a aplicar dichas "medidas extraordinarias" el 21 de enero, un día después de la toma de posesión del nuevo presidente republicano. Estas acciones incluyen la suspensión de aportaciones a cuentas como el Fondo de Pensiones y Discapacidad del Servicio Civil y el Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados del Servicio Postal. Dichas contribuciones serán reembolsadas una vez que el Congreso decida aumentar o suspender el límite de deuda. Yellen subrayó que la duración de estas medidas está rodeada de incertidumbre debido a la dificultad de prever con precisión los ingresos y pagos del gobierno federal con varios meses de antelación, según recogió la agencia Efe. "La imposición del límite de deuda no implica nuevos gastos, pero sí plantea el riesgo de que el Gobierno federal no pueda cumplir con sus obligaciones legales existentes, aprobadas previamente por el Congreso y presidentes de ambos partidos", añadió. Actualmente, la deuda de Estados Unidos supera los 36 billones de dólares, y Yellen instó al Congreso a actuar con rapidez para salvaguardar la confianza y el crédito del país. Por su parte, Trump también solicitó al Congreso, durante las negociaciones de una prórroga presupuestaria en diciembre, que se incluyera una suspensión del límite de deuda. Sin embargo, algunos republicanos, preocupados por el incremento de la deuda, se opusieron a esta propuesta. El presidente electo esperaba obtener un alivio similar al de Biden, quien en junio de 2023 logró suspender el techo de deuda hasta el 1 de enero pasado.

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