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(Cinco Días, 23-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos buscan acelerar el Bizum europeo

La Iniciativa de Pagos Europea (EPI, por sus siglas en inglés) ha lanzado un llamamiento para unir esfuerzos y desarrollar una gran plataforma de pagos inmediatos común para toda Europa, similar a Bizum, con el objetivo de competir con gigantes internacionales como Visa y Mastercard. La propuesta busca integrar las distintas aplicaciones de pago que ya operan en el continente -como Bizum en España, Bancomat Pay en Italia o SIBS en Portugal- y convertirlas en una única herramienta que sirva tanto para enviar dinero como para realizar pagos en comercios. En un comunicado publicado este lunes, los bancos promotores del proyecto -principalmente de Francia, Alemania y Bélgica- alertan de que Europa se juega su autonomía en un sector estratégico como el de los pagos digitales, actualmente dominado por empresas estadounidenses. "Europa debe trazar su propio camino hacia la soberanía en materia de pagos. Ya no es una visión de futuro, sino una necesidad urgente para todos los países del continente. Debemos avanzar hacia una solución que garantice la independencia europea en este ámbito", indican. La aplicación que servirá de base para esta iniciativa se llama Wero. Aunque todavía es poco conocida fuera de Alemania o Francia, ya cuenta con más de 40 millones de usuarios. Ha sido desarrollada por la EPI y representa la evolución de otras apps como iDEAL (Países Bajos), Giropay (Alemania), Paylib (Francia) y Payconiq (Bélgica). Actualmente, permite enviar y recibir dinero entre personas, y este verano ampliará su uso al comercio electrónico. En 2026 incorporará nuevas funciones, como pagos en tiendas físicas mediante códigos QR y tecnología NFC, así como el pago de facturas. El objetivo es que cualquier ciudadano europeo pueda pagar en cualquier país con una sola aplicación, sin necesidad de recurrir a tarjetas extranjeras ni depender de plataformas internacionales. "El sector financiero europeo lleva años trabajando en soluciones locales y ahora también en una de alcance europeo, aprovechando el nuevo Reglamento de Pagos Inmediatos de la UE, que ha entrado en vigor este año", explica el comunicado. "Nuestra meta es ofrecer una solución única y paneuropea de pagos inmediatos que cubra todos los casos de uso necesarios tanto para consumidores como para comerciantes. Este ha sido el propósito desde el inicio del proyecto." La EPI está compuesta por 16 bancos de Alemania, Francia y Bélgica, entre los que se encuentran entidades como BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole o Deutsche Bank. En un principio, los bancos españoles Santander, BBVA y CaixaBank también formaban parte del consorcio, cuando se comenzó a hablar de una plataforma europea de pagos instantáneos, pero posteriormente decidieron enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de Bizum. Mientras tanto, las aplicaciones de España, Italia y Portugal se han interconectado entre sí, al igual que las de Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos, que ahora operan bajo el paraguas de Wero. La propuesta actual de la EPI es integrar todas estas plataformas en una sola red común. "Todas estas soluciones han demostrado ser eficaces. Ahora es el momento de unir fuerzas", señalan. Según datos del consorcio, en total, las distintas soluciones de pago inmediato europeas reúnen a más de 120 millones de usuarios. Las plataformas europeas de pago han ido evolucionando con éxito, ofreciendo alternativas innovadoras frente a las tarjetas internacionales y otras soluciones de pago extranjeras. Desde EPI se muestran abiertos a colaborar con las redes locales ya existentes, con el objetivo de construir un modelo interoperable y eficaz, basado en un sistema de aceptación común que permita pagos en toda Europa, sin barreras transfronterizas y con amplia cobertura en el continente. Hace justo un año, el Banco Central Europeo (BCE) instaba a la banca europea a intensificar los esfuerzos para construir una infraestructura propia de pagos, que reduzca la dependencia de operadores extranjeros y facilite transacciones más accesibles, económicas y sencillas tanto para particulares como para empresas. En esa línea, el BCE destacó la importancia de la EPI y su apuesta por crear un Bizum europeo.

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(El País, 23-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El FMI rebaja al 2,8% la previsión global de crecimiento de la economía mundial

"La economía global está atravesando una nueva etapa". Esta afirmación del economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, no es una declaración habitual. La guerra comercial desatada por el expresidente estadounidense Donald Trump, mediante la imposición de los aranceles más altos en más de un siglo, ha provocado un giro radical en el sistema económico internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial. En este momento reina la incertidumbre propia de los grandes cambios, pero una cosa parece evidente: las decisiones de Trump han frenado no solo el crecimiento de Estados Unidos, sino también el del resto del mundo. El tono general en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, que se celebran esta semana en Washington, es de preocupación. Se anticipa un menor crecimiento económico, una inflación persistente, mercados volátiles y una elevada incertidumbre sobre el futuro. Los cambios son tan acelerados que las previsiones económicas quedan obsoletas casi al momento de su publicación. El FMI tuvo que rehacer a contrarreloj sus estimaciones tras la presentación de Trump del pasado 2 de abril. Los economistas del organismo, que normalmente tardan más de dos meses en revisar sus datos, tuvieron solo diez días para preparar nuevas proyecciones. Sin embargo, estas previsiones ya han quedado desactualizadas, ya que se basan en información recogida hasta el 4 de abril y no incluyen los acontecimientos más recientes, como la tregua parcial en los aranceles o la intensificación del conflicto comercial entre EE.UU. y China. Aunque se elaboraron escenarios alternativos, tampoco estos recogen los últimos desarrollos. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, ha asegurado que no se anticipa una recesión global, aunque el organismo concede una probabilidad del 30% a ese escenario. Lo que sí se confirma es una reducción generalizada de las previsiones de crecimiento para casi todas las grandes economías, salvo España, que destaca por su dinamismo y se posiciona como la más sólida entre los países avanzados. En contraste, ninguna otra gran economía se libra de revisiones a la baja. Estados Unidos verá caer su crecimiento al 1,8% este año (0,9 puntos menos) y al 2% en 2026, con un 37% de probabilidad de entrar en recesión. México es uno de los más afectados, con una contracción económica del 0,3% tras un recorte de 1,7 puntos. También China y Canadá experimentarán desaceleraciones notables, con revisiones a la baja de 0,6 puntos. La eurozona y la UE también ajustan sus cifras a la baja, con crecimientos esperados de solo el 0,8% y 1,2% respectivamente, mientras que Alemania se encuentra prácticamente estancada. Japón y Reino Unido también se ven afectados, con caídas de medio punto en sus proyecciones, y lo mismo ocurre con economías emergentes como Brasil, India, Indonesia, Australia, Arabia Saudí o Nigeria. En conjunto, el FMI prevé ahora un crecimiento mundial del 2,8% para este año, frente al 3,3% previsto anteriormente, y del 3% para 2026. Estas cifras son las más bajas desde la pandemia y se encuentran entre las menores del siglo XXI, excluyendo las recesiones globales de 2009, 2020 y la crisis del 2001. El FMI advierte que los riesgos siguen apuntando a la baja. Sus estimaciones resultan optimistas en comparación con las de otras entidades privadas. Georgieva ha señalado que un exceso de pesimismo también puede perjudicar la economía, razón por la cual el FMI ha moderado sus mensajes. En un escenario alternativo, que contempla la tregua arancelaria y la escalada del conflicto con China, el crecimiento mundial sería similar, pero con impactos más negativos en Estados Unidos y China, mientras que otras regiones se verían algo más beneficiadas, aunque de forma temporal. El mensaje del Fondo va más allá de una simple corrección de previsiones: se trata de un cambio estructural profundo. "El sistema económico mundial tal como lo conocíamos desde hace 80 años está siendo rediseñado, marcando el comienzo de una nueva etapa global", afirma Gourinchas. Las reglas que regían el comercio y las finanzas internacionales están siendo cuestionadas y todavía no han sido reemplazadas por nuevas normativas claras. Desde finales de enero, Estados Unidos impuso aranceles a socios clave como Canadá, China y México, culminando el 2 de abril con tarifas generalizadas. El tipo arancelario medio estadounidense alcanzó niveles superiores a los de la Gran Depresión, provocando respuestas similares por parte de sus principales socios comerciales. En un contexto de interconexión global como el actual, donde las cadenas de suministro y los flujos financieros cruzan fronteras constantemente, cualquier intento de desintegración genera graves riesgos económicos. Por ello, el FMI advierte que podríamos estar ante una "fuerte desaceleración del crecimiento global en el corto plazo". El organismo también señala que esta falta de claridad sobre el acceso a los mercados -propios y ajenos- llevará a muchas empresas a frenar inversiones y limitar compras, mientras que las entidades financieras reconsiderarán sus condiciones de crédito ante la dificultad de evaluar riesgos. Además, la imprevisibilidad de las medidas impuestas añade un grado adicional de tensión e impide construir proyecciones sólidas y actualizadas.

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(El Periódico, 23-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba el plan de inversiones para alcanzar el 2% del PIB de gasto en defensa este año con 10.471 millones

El Gobierno ha acelerado su apuesta por la inversión en defensa durante el primer trimestre de 2025 con el objetivo de alcanzar el 2% del PIB comprometido con la OTAN y la Unión Europea en el marco del plan de modernización militar. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Nacional para el Desarrollo e Impulso de la Tecnología y la Industria de la Seguridad y Defensa, que será remitido a Bruselas en las próximas horas. Según ha anunciado el presidente Pedro Sánchez desde La Moncloa, con este plan España alcanzará este mismo año el objetivo del 2% del PIB en gasto militar. La inversión total asciende a 10.471 millones de euros. "Es un compromiso ambicioso pero equilibrado", ha afirmado el presidente, asegurando que se financiará sin subir impuestos, sin generar déficit y sin afectar al gasto social. Sánchez ha enfatizado que "no se recortará ni un euro en políticas sociales" para costear esta inversión en seguridad y defensa, reconociendo al mismo tiempo las discrepancias con algunos de sus socios parlamentarios. De hecho, el partido Sumar ha mostrado su oposición en el Consejo de Ministros a determinadas partes del plan, especialmente aquellas relacionadas con la producción y adquisición de nuevos sistemas de armamento. A pesar de ello, el presidente del Gobierno ha minimizado las diferencias, considerándolas matices, y ha defendido que existe consenso sobre los puntos esenciales del proyecto. Una parte importante del presupuesto -cerca del 20%- se destinará a este ámbito, y será sufragado íntegramente con fondos nacionales. Los otros ejes del plan contemplan mejoras en los recursos humanos y materiales de las Fuerzas Armadas para equipararlas con los estándares europeos (35% del total); el refuerzo en capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad (31%); la mejora del papel del Ejército en situaciones de emergencia o catástrofes naturales (17%); y el refuerzo de la protección de los casi 3.000 militares españoles desplegados en misiones internacionales bajo el amparo de la OTAN, la UE o la ONU. En cuanto a la financiación, se utilizarán principalmente remanentes de los presupuestos de 2024, recursos del fondo de recuperación europeo, ahorros derivados de la bajada en el coste de la deuda pública, y partidas no ejecutadas del presupuesto prorrogado de 2023. No será necesario recurrir al Congreso ni aprobar nuevos presupuestos, ya que, según ha señalado Sánchez, se trata de decisiones que puede adoptar el Ejecutivo en el ejercicio de sus competencias constitucionales. Algunas de estas medidas ya se han comenzado a aplicar mediante transferencias de crédito y el uso del Fondo de Contingencia. En la última reunión del Consejo de Ministros, por ejemplo, se aprobó un préstamo de 1.000 millones de euros al Ministerio de Industria para financiar el programa espacial PAZ 2, destinado a proporcionar imágenes por satélite a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado. Buena parte de la inversión también se dirigirá a la Armada, y se contempla la concesión de créditos para facilitar su ejecución. Aunque el despliegue de este plan estaba previsto para antes del verano, se ha optado por adelantarlo para cumplir los compromisos ante la próxima reunión del comité de planificación de la OTAN. El objetivo es canalizar el incremento del gasto militar y concentrar en este plan la inversión adicional requerida por la Comisión Europea. En 2024, España cerró con un gasto militar del 1,4% del PIB -por encima del 1,28% inicialmente previsto-, y con esta iniciativa se pretende dar un salto de seis décimas. El Gobierno pretende aprovechar este esfuerzo en defensa como una oportunidad para avanzar en innovación y desarrollo tecnológico, inspirándose en la experiencia de los fondos europeos. La meta es promover una reindustrialización equilibrada y sostenible en todas las provincias mediante la colaboración público-privada. "Queremos que este plan sirva para generar empleo, apoyar a nuestras empresas e impulsar la transformación industrial y digital del país, como hicimos durante la pandemia", ha afirmado Sánchez. En esta línea, el Ejecutivo defiende que este programa no solo refuerza la seguridad nacional y el cumplimiento de compromisos internacionales, sino que también representa una palanca para dinamizar la economía. Según las estimaciones del Gobierno, el impacto económico del plan se situará entre el 0,4% y el 0,7% del PIB, con la previsión de generar cerca de 100.000 empleos, de los cuales unos 36.000 serán directos. Además, el 87% de las inversiones se quedarán en España y solo el 5% se destinarán a compras fuera de la Unión Europea, limitadas a componentes no disponibles en el mercado común.

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(El Economista, 22-04-2025) | Fiscal

Fedea estima que no ajustar el IRPF a la inflación cuesta 736 euros a una familia media

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que la falta de actualización del IRPF conforme al aumento de la inflación desde 2015 le supone a una familia media -compuesta por dos adultos y dos hijos, con unos ingresos anuales de 50.000 euros- un coste adicional de unos 736 euros al año. Esto representa un incremento del 30% en la cantidad que deben abonar por este impuesto. Sin embargo, Fedea advierte que el impacto es proporcionalmente aún más significativo para los hogares con ingresos más bajos. Así lo detalla en su informe Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación y otras medidas estructurales, donde se evalúan tanto las reformas que sí se han llevado a cabo como aquellas que quedaron en el camino. El documento explica que, cuando los precios suben -como ha ocurrido en los últimos años-, también lo hacen los sueldos nominales. Sin embargo, aunque el poder adquisitivo real no varíe, los contribuyentes acaban tributando más, ya que sus ingresos les sitúan en tramos superiores del IRPF. Para ilustrarlo, Fedea analiza el caso de una familia tipo con 50.000 euros brutos anuales en 2024, que paga actualmente 3.170,75 euros en concepto de IRPF. Si el impuesto se hubiera ajustado al incremento acumulado de los precios desde 2015 -actualizando tanto los tramos como los mínimos personales y familiares-, esta familia pagaría solo 2.434,36 euros. Es decir, está asumiendo un coste adicional del 30,25%, o 736,39 euros más. En el mismo informe, Fedea critica que no se haya avanzado en reformas clave, como la modificación de la Ley del Suelo, destinada a agilizar la construcción de vivienda, o la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Salud Pública, que se considera crucial para afrontar futuras crisis sanitarias. Para la fundación, el hecho de que estas propuestas no hayan salido adelante refleja la falta de voluntad política para alcanzar consensos, incluso en asuntos de interés general en los que no existen grandes diferencias ideológicas. "Ambos grandes partidos, PSOE y PP, deberían reflexionar", señalan los autores del informe. Respecto a la Ley del Suelo, Fedea argumenta que su reforma es imprescindible para evitar los bloqueos frecuentes en el desarrollo urbanístico, que afectan a barrios e incluso municipios enteros, debido a la anulación de planes urbanísticos. Según explican, esto se debe a que en España los instrumentos de ordenación territorial se consideran normas con rango de reglamento en lugar de simples actos administrativos. Esto los somete a un marco legal rígido y a la revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que genera inseguridad jurídica para los promotores inmobiliarios. Otro asunto que preocupa a la fundación es la implementación de una directiva europea sobre la información que deben proporcionar las empresas en relación con la sostenibilidad. Esta normativa amplía el concepto de sostenibilidad para abarcar no solo aspectos medioambientales, sino también cuestiones sociales, laborales, de gobernanza, y compromisos en derechos humanos, así como la lucha contra la corrupción. La directiva exige que empresas medianas y grandes -a partir de 250 empleados, aproximadamente- elaboren informes detallados sobre dos aspectos: cómo afectan estos temas a su actividad y cuál es el impacto de su operación y la de sus proveedores en estos ámbitos. Además, deben detallar sus planes para contribuir a los objetivos definidos por la norma. Fedea advierte que esta exigencia supone una carga significativa para muchas compañías, obligándolas a realizar un ejercicio de reporte "complejo y costoso" que va más allá de proporcionar información objetiva. A juicio de la fundación, se les impone una responsabilidad desproporcionada al exigirles que asuman un papel activo en la solución de problemas sociales sin una justificación clara de los beneficios que se espera obtener a cambio.

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(Expansión, 22-04-2025) | Laboral

El Gobierno ha elevado un 4,4% la penalización para las empresas que firmen contratos temporales inferiores a 30 días

Las empresas que formalicen contratos temporales de menos de 30 días con sus empleados tendrán que abonar este año un 4,4% más en concepto de cotización adicional, una penalización pensada para desincentivar este tipo de contratación breve. Este recargo asciende en 2025 a 32,60 euros, frente a los 31,22 euros que se exigían el año anterior. El Ejecutivo comunicó recientemente esta subida, la cual se debe al aumento de las bases mínimas de cotización para este ejercicio, adaptadas al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha quedado fijado en 1.184 euros mensuales repartidos en 14 pagas. Como ha ocurrido con el incremento del SMI, esta penalización se aplica con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto implica que las empresas que hayan dado por finalizados contratos de menos de 30 días en los primeros meses de 2025 deberán regularizar estos pagos con la Seguridad Social en la próxima liquidación. Esta medida se implantó en la reforma laboral de 2021 con el propósito de reducir la excesiva temporalidad, muy presente en sectores como la hostelería o el comercio, que recurren a este tipo de contratos para afrontar picos de actividad. Así, además de la cotización correspondiente al salario, las empresas están obligadas a abonar este recargo adicional. Aunque el impacto económico de esta medida en las compañías es limitado, se suma a otras cargas laborales que han aumentado este año, como la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) o el incremento de las cotizaciones en los salarios más altos. Este nuevo ajuste, que supone un incremento de 1,38 euros respecto al año anterior, afectará aproximadamente a un tercio de los contratos firmados en el país. Sólo en marzo, el 32,6% de los contratos registrados -más de 380.000- tenían una duración inferior a 30 días, según datos del SEPE recogidos por Europa Press. Dentro de ese grupo, la mayoría -unos 258.164 contratos- no superaban la semana de duración. Otros 66.385 se firmaron para un periodo de entre 16 días y un mes, y 55.732 tenían una duración de entre ocho y quince días. A pesar de que esta medida pretende reducir la contratación temporal, los datos muestran que no está teniendo el impacto esperado por la ministra Yolanda Díaz. En marzo, la temporalidad creció un 6,3% respecto al mismo mes del año anterior, con más de 658.000 contratos temporales, lo que equivale al 56,4% de todos los acuerdos laborales firmados en ese mes.

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(El País, 22-04-2025) | Laboral

El convenio de la construcción incluye un protocolo contra la discriminación del colectivo LGTBI+

La patronal y los sindicatos mayoritarios del sector de la construcción -que da empleo a alrededor de 1,4 millones de personas en España- han alcanzado un acuerdo para incluir un protocolo de protección frente a la discriminación del colectivo LGTBI+ en su convenio colectivo. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha confirmado que ha pactado esta medida con CC OO del Hábitat y UGT FICA, como un avance relevante en la defensa de los derechos del colectivo. Este tipo de medidas responde a una nueva exigencia legal que obliga a que los convenios incluyan acciones específicas para garantizar la igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Según detalla la CNC, se han añadido dos anexos al convenio: uno con medidas orientadas a lograr la igualdad real y otro con un protocolo detallado para actuar frente a casos de acoso o violencia hacia personas LGTBI+. Aunque el documento aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, desde la patronal aseguran que lo será en breve. Los representantes del sector han considerado necesario actualizar el régimen disciplinario del convenio, añadiendo nuevas infracciones relacionadas con la igualdad y la no discriminación. Entre las iniciativas se encuentran cláusulas que promueven la equidad en aspectos como el acceso al trabajo, la formación, la promoción interna, el uso de lenguaje inclusivo, así como permisos y beneficios sociales. La nueva normativa será de obligado cumplimiento para todas las empresas del sector con más de 50 empleados. Además, la CNC destaca que estas medidas no solo afectan al personal contratado, sino también a quienes se postulen para un empleo, a empleados temporales, proveedores, clientes y cualquier otra persona que acceda a las instalaciones de las empresas. "La construcción reafirma así su compromiso con la comunidad LGTBI+, posicionándose como un sector puntero en la protección de sus derechos y en la lucha contra cualquier forma de discriminación o violencia", sostiene la CNC. Este conjunto de iniciativas está vinculado al desarrollo reglamentario de la llamada "ley trans", que establece que los convenios deben incluir cláusulas específicas sobre igualdad de trato para personas LGTBI+, formación para prevenir discriminación en procesos de selección y promoción, protocolos frente al acoso y la violencia, y acciones que fomenten entornos laborales diversos e inclusivos. También se subraya la necesidad de impulsar la inclusión de personas trans, uno de los grupos más afectados por la exclusión laboral. Estas políticas fueron acordadas por CEOE, Cepyme, CC OO y UGT junto al Ministerio de Trabajo, y deben implementarse obligatoriamente en empresas de más de 50 personas, aunque pueden extenderse a empresas más pequeñas si así se recoge en sus convenios colectivos. No obstante, las asociaciones LGTBI+ han denunciado que muchas compañías están retrasando la aplicación de estos protocolos. El plazo para iniciar las negociaciones terminó el 8 de enero, y el 8 de abril era la fecha límite para cerrarlas. En caso de no haber alcanzado un acuerdo, las empresas están igualmente obligadas a aplicar unas medidas mínimas establecidas por ley, y se enfrentan a posibles sanciones si incumplen. Este nuevo marco legislativo entra en vigor en España en un momento en que otros países, como Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, han dado pasos atrás en materia de diversidad. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), se destaca que este contexto internacional pone en valor el papel de las leyes y del Estado de derecho como garantía frente a los vaivenes políticos. Además, FELGTBI+ ha pedido al Ministerio de Trabajo que supervise la aplicación de estas medidas y ha recordado la promesa pendiente de aprobar un protocolo específico de inserción laboral para personas trans. "Actualmente, cuatro de cada diez personas trans están en riesgo de pobreza, un 16% más que la media de la población", subraya el colectivo.

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(El Economista, 22-04-2025) | Laboral

La calidad del empleo no va a más: cada nuevo trabajador firma una media de 2,27 contratos al año

Durante 2024, un total de 6,78 millones de personas firmaron 15,42 millones de contratos laborales en España, lo que equivale a una media de 2,27 contratos por trabajador, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esta cifra refleja una menor rotación respecto al año 2021, cuando la media era de 2,72 contratos por persona antes de la reforma laboral, y sitúa el índice en niveles similares a los anteriores a la crisis económica de 2008. No obstante, los datos más recientes apuntan a que la tendencia positiva iniciada tras la reforma se ha estabilizado. En comparación, el índice de 2023 fue ligeramente inferior, situándose en 2,26 contratos por persona. Esta leve subida se explica por una reducción tanto en el número de contratos, que cayó en 24.101, como en el de trabajadores contratados, que descendió en 46.347. Pese a ello, la reforma ha supuesto un cambio notable si se analiza la evolución desde antes de la pandemia, cuando el índice alcanzó un pico de 2,93 en 2019. Actualmente, aunque el índice sigue por encima del mínimo histórico (2,1 a inicios de los 2000), ya no se registran mejoras significativas. Este estancamiento puede interpretarse como el cierre de una etapa en la que la reforma laboral logró frenar el aumento de la temporalidad que se había intensificado tras la crisis financiera y el auge del sector servicios. En contraste con la reforma de 2012, que propició un aumento de la rotación, la normativa de 2021 ha tenido un efecto inverso. Sin embargo, el dato de 2024 -idéntico al de 2006- confirma que no se han logrado avances adicionales en este aspecto. Lo positivo es que estos resultados se han alcanzado sin que haya habido una destrucción neta de empleo, a diferencia de lo que ocurrió durante la pandemia. Por primera vez, el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE ha hecho público el índice de rotación según cada tipo de contrato. Aunque no se indica cuántas personas firmaron cada modalidad, el estudio desglosa datos por tipo: indefinidos ordinarios a tiempo completo o parcial, fijos discontinuos y los diversos temporales. En el caso de los contratos indefinidos, el índice medio se sitúa en 1,26. Las conversiones de temporales e incentivos específicos apenas alcanzan el 1,01, lo que indica una contratación más estable. En cambio, entre los nuevos trabajadores indefinidos -sin vínculo previo con la empresa- la rotación es algo mayor. Para los indefinidos ordinarios, la media es de 1,20, mientras que en los fijos discontinuos asciende a 1,46. En cuanto a los contratos temporales, el promedio es de 1,96, aunque varía según la modalidad: los eventuales por circunstancias de la producción tienen un índice de 2,29 y los del ámbito artístico alcanzan los 4,17 contratos por persona. Un dato curioso es que la media general de rotación (2,27) supera a la registrada por separado en los contratos indefinidos y temporales. Esta diferencia se debe a que una misma persona puede firmar más de un tipo de contrato en el mismo año, especialmente en sectores con baja cualificación. Por eso, los índices desglosados deben entenderse como estimaciones aproximadas y no exactas. El índice general también debe leerse como un promedio, ya que hay trabajadores que pueden haber firmado tres o más contratos en un mismo año. Aunque años atrás el SEPE ofrecía datos más detallados sobre cuántos contratos firmaba cada persona, desde 2013 esa información dejó de publicarse. Otro contraste relevante es el que surge con los datos mensuales del SEPE, donde la rotación es mucho menor. Por ejemplo, en marzo de 2024 se firmaron 1,167 millones de contratos entre 952.918 personas, lo que arroja una media de 1,22. Esa ratio fue de 1,05 para los contratos indefinidos y 1,32 en los temporales. Sin embargo, estos datos mensuales no reflejan del todo la rotación anual, ya que una misma persona puede firmar múltiples contratos a lo largo del año. Un análisis de la evolución histórica muestra que, aunque la contratación total ha caído desde la reforma laboral, el número de personas contratadas no lo ha hecho en igual proporción. Por ejemplo, en 2019 se registraron 22,5 millones de contratos -el máximo histórico-, frente a los 15,42 millones de 2024, lo que supone una caída del 31,5%. Sin embargo, el número de trabajadores contratados se redujo solo un 11,73%, es decir, 899.669 personas menos. En ese mismo periodo, el índice de rotación descendió de 2,93 a 2,27.

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(El Economista, 22-04-2025) | Laboral

La Seguridad Social devolverá antes del 30 de abril las cuotas pagadas de más por los autónomos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones fijó un calendario para regularizar las nuevas cuotas de cotización de los trabajadores autónomos, y el próximo día 30 marca el final de este proceso. A tan solo nueve días de que concluya el plazo, desde el departamento aseguran a elEconomista.es que "todo avanza correctamente" en lo referente a cumplir los tiempos para comunicar a los autónomos que han cotizado por debajo de lo que les corresponde, así como para reembolsar a quienes han pagado de más. Será entonces cuando el ministerio pueda obtener una imagen clara del funcionamiento del sistema implementado en 2023 y calcular los ingresos reales que generará esta reforma. En caso de que no se cumplan los plazos, la Seguridad Social deberá abonar intereses a los beneficiarios, tal como establece el artículo 29 de la Ley General de la Seguridad Social. Si se pagan las cantidades fuera de plazo, el recargo será del 10% si se abonan en el primer mes natural tras el vencimiento, y del 20% si se excede ese período. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Ministerio, el 50,7% de los autónomos deberá ajustar su cuota. Dentro de este grupo, alrededor de 880.000 profesionales tendrán que pagar una cantidad adicional, con una media de hasta 450 euros, y dispondrán de un mes para hacerlo, hasta el 30 de abril. Por otro lado, unos 990.000 autónomos recibirán devoluciones de hasta 600 euros por haber cotizado en un tramo superior al que les correspondía. No obstante, este reembolso solo se efectuará si no optan por mantener esa cotización más alta, lo cual podría ser beneficioso a largo plazo para acceder a mejores prestaciones, como la jubilación. En febrero, un 60% de los notificados decidió continuar con la base superior elegida. Del análisis de los datos aportados por la Agencia Tributaria sobre 3.729.782 autónomos, se concluyó que el 49,3% no necesitaría modificar su tramo de cotización. Esto incluye tanto a quienes no tienen periodos que regularizar (21,9%) como a aquellos que ya están cotizando correctamente dentro del tramo que les corresponde (28,11%). El Ministerio detectó un desequilibrio en el sistema cuando impulsó el cambio en las bases de cotización. Antes de la reforma, un 80% de los autónomos cotizaba por la base mínima, a pesar de que sus ingresos reales eran mayores, lo que generaba un déficit estructural, ya que este régimen depende en gran medida de la financiación cruzada con otros. Además, al cotizar por bases más bajas, estos trabajadores acababan percibiendo prestaciones inferiores al resto de asalariados. Con la entrada en vigor del nuevo modelo, los autónomos deben elegir su tramo de cotización en función de sus beneficios reales. La implantación del sistema basado en ingresos netos ajustó tanto las bases mínimas como los tramos y las cuotas mensuales que se deben pagar. Esta modificación obliga a los trabajadores por cuenta propia a abonar una cuota mensual que va desde los 200 hasta los 590 euros, dependiendo de sus ingresos. Para quienes declaran más de 1.700 euros netos al mes, la cuota se incrementa. La reforma dejó claro que algunos autónomos tendrían que pagar hasta 90 euros más al mes. De cara al próximo ejercicio, las cuotas estarán entre los 350 y los 590 euros mensuales, mientras que los autónomos con menos ingresos -aproximadamente el 40%- se beneficiarán de una reducción que puede llegar a los 30 euros mensuales.

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(El Economista, 22-04-2025) | Laboral

Saiz permitirá elevar la jornada a los jubilados que vuelvan a trabajar

La Seguridad Social ha propuesto a los agentes sociales una medida para fomentar la jubilación flexible, que permitiría a los jubilados que deseen volver a trabajar aumentar su jornada parcial, la cual actualmente está limitada entre el 50% y el 75%. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunió ayer con los sindicatos y la patronal para seguir avanzando en el desarrollo del acuerdo de pensiones alcanzado el 31 de julio de 2024. Durante la reunión, se discutieron posibles mejoras para hacer más atractiva la jubilación flexible, una modalidad que permite a los jubilados que ya reciben pensión reincorporarse al trabajo. La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, explicó a los medios que actualmente solo unas 3.000 personas están acogidas a este tipo de jubilación, lo que la convierte en una opción "prácticamente inexistente" por su falta de atractivo. El Ministerio está estudiando diferentes opciones para promover esta modalidad sin que interfiera con otros tipos de jubilación, como la demorada o la activa, y se comprometió a enviar una propuesta legislativa antes de la próxima reunión programada para el 5 de mayo. Además, se contempla modificar las reglas sobre las incompatibilidades y compatibilidades del sistema, así como introducir incentivos para el inicio de la jubilación flexible, sin que se limite únicamente al recálculo de la pensión al final del contrato a tiempo parcial. En la reunión también se trataron otros temas, como los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación. Se espera que el Consejo de Estado emita su informe sobre este asunto a finales de este mes o principios de mayo. Además, el Ministerio está negociando la transferencia parcial de las bajas laborales por traumatología.

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(El Periódico, 22-04-2025) | Laboral

Los sindicatos critican la “parálisis” de la reducción de jornada y preparan un Primero de Mayo reivindicativo

Los líderes sindicales han exigido este lunes al Gobierno que acelere la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales promesas del Ejecutivo en materia laboral para esta legislatura. Desde la sede de Comisiones Obreras, su secretario general, Unai Sordo, ha sido claro: "Queremos recordarle al Gobierno que esto hay que sacarlo adelante. Que haya bajado la atención mediática no significa que vayamos a dejar de presionar. Hay que avanzar rápido". A su lado, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en que "es hora de poner en marcha el proceso legislativo. No tiene sentido que esté paralizado. Hay que impulsarlo ya, no es momento de esperar". Ambos han hecho estas declaraciones durante la presentación de las movilizaciones del Primero de Mayo, que este año se celebrarán en medio centenar de ciudades y estarán marcadas, según los sindicatos, por el rechazo a las políticas de Donald Trump. "Este Primero de Mayo es especialmente relevante, probablemente uno de los más significativos a nivel global en más de un siglo", ha afirmado Álvarez. El acuerdo para reducir la jornada laboral se presentó el 20 de diciembre junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Desde entonces, ha habido tensiones entre los Ministerios de Economía y Trabajo. El anteproyecto fue aprobado en una primera vuelta por el Consejo de Ministros el 4 de febrero, y tras el informe del Consejo Económico y Social, debe volver al Gobierno antes de iniciar su recorrido parlamentario. Sin embargo, no cuenta con mayoría asegurada en el Congreso. Junts, cuyo voto es clave, ya ha expresado sus reservas: "Tampoco apoyamos ahora mismo este proyecto de ley", dijeron a Díaz en una reciente comisión. Ante estas reticencias, la cocoordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha reiterado este lunes el compromiso con la medida: "Seguimos trabajando intensamente. Esta es una propuesta fundamental y vamos a sacarla adelante". También ha defendido la discreción en las negociaciones como una clave del éxito político. Sordo ha aclarado que, aunque la reducción de jornada no encabece las reivindicaciones del Primero de Mayo por el contexto internacional, no por ello dejarán de exigir su aplicación: "Vamos a ser firmes. Esto se tiene que aprobar a tiempo". También ha advertido que el retraso está empezando a dificultar las negociaciones colectivas: "Al no saberse cómo terminará el proceso, la patronal se resiste a hablar de subidas salariales". El dirigente sindical ha anunciado que reanudarán las movilizaciones iniciadas en Barcelona en cuanto arranque el trámite parlamentario. "Debe entrar en vigor este año. No podemos mirar hacia otro lado. Hay que afrontar las enmiendas", ha remarcado. Por su parte, Álvarez ha subrayado que "no se puede seguir esperando" y ha defendido la urgencia de comenzar el debate parlamentario: "Ahí veremos quién apoya realmente esta medida. Quien se oponga irá en contra de lo que quiere la mayoría de la sociedad". El líder de UGT ha urgido a que la reforma se apruebe "cuanto antes" para que pueda aplicarse en 2025, como estaba previsto. El Ejecutivo ya ha incumplido el paso intermedio: la aplicación de las 38,5 horas en 2024. Ambos sindicalistas han recordado también que el Gobierno tiene pendiente reformar el sistema de indemnización por despido, después de los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que cuestionan su legalidad bajo la Carta Social Europea. "Es evidente que el actual sistema genera inseguridad jurídica", ha advertido Sordo. "La patronal deberá decidir si prefiere una reforma pactada o que lo determinen los tribunales". Álvarez ha añadido que el Ejecutivo "tiene la obligación" de legislar conforme al marco jurídico europeo. Asimismo, han lamentado el repunte de la siniestralidad laboral, con un aumento del 10% en las muertes en el trabajo en lo que va de año, hasta alcanzar los 796 fallecimientos. Por ello, han pedido reforzar las políticas de prevención, una cuestión que también están negociando con el Gobierno. Una parte importante de la comparecencia ha estado dedicada al contexto internacional y a la amenaza que, en su opinión, suponen las políticas del expresidente estadounidense. "Este Primero de Mayo quiero animar a los trabajadores a que salgan a la calle", ha dicho Álvarez, denunciando lo que llama "la internacional del odio", que según él "rechaza todo lo que defendemos: la igualdad, los derechos LGTBI+, la inclusión de migrantes, y nuestras conquistas sociales". Ha manifestado su deseo de que estas movilizaciones sean "el inicio de una nueva etapa de fortalecimiento del sindicalismo". En términos similares se ha expresado Sordo: "Estados Unidos va camino de convertirse en una autocracia. Lo que estamos viendo es un desafío a las reglas democráticas y comerciales. Trump actúa como el matón del patio". Ha advertido que parte de la derecha europea está asumiendo ese discurso, lo que exige una respuesta firme. "España no le debe nada a Estados Unidos. Esta guerra comercial carece de justificación y busca minar nuestro modelo económico", ha sentenciado, pidiendo intensificar las relaciones con regiones como América Latina o China. Álvarez, en esa línea, ha pedido mirar a otros mercados "sin complejos".

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