Noticias

(El Español, 29-01-2025) | Laboral

CSIF llama a la huelga a docentes y funcionarios del Estado el 13 de febrero por la incertidumbre con Muface

Más de 500.000 empleados públicos estatales, docentes de comunidades autónomas y universitarios están convocados a una huelga el próximo 13 de febrero. A pesar de los avances en las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras del concierto de Muface durante el pasado fin de semana, el sindicato de funcionarios CSIF ha decidido mantener las movilizaciones previstas. Según explican, esta decisión responde a la "incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario" y a la "falta de un acuerdo definitivo entre el Ejecutivo y las aseguradoras para firmar el próximo concierto sanitario". Por ello, los dirigentes del CSIF han acordado de manera unánime convocar un paro general para ese día. La huelga afectará a casi 600.000 funcionarios de diversos sectores en todo el país: personal docente de comunidades autónomas y universidades, trabajadores de la Administración General del Estado (ministerios, organismos oficiales, delegaciones del Gobierno y dependencias relacionadas) y empleados de Correos. Aunque los agentes de Policía no tienen reconocido el derecho a la huelga, el sindicato policial Jupol ha mostrado su apoyo a esta convocatoria. Desde CSIF reconocen el avance en las conversaciones con Adeslas y valoran el esfuerzo de Muface por modificar las condiciones para las aseguradoras, extendiendo el plazo de presentación de ofertas que finalizaba el lunes pasado. Sin embargo, insisten en mantener las medidas de presión hasta que se alcance "un acuerdo definitivo que elimine la incertidumbre" que afecta a los 1,53 millones de mutualistas. A esta situación de incertidumbre se suman las "numerosas" quejas recibidas diariamente en las sedes de CSIF por cancelaciones y retrasos en citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Estas problemáticas, que el sindicato atribuye a la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, serán puestas en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que investigue las posibles responsabilidades derivadas. La crisis en la gestión sanitaria de los funcionarios se remonta a octubre del año pasado, cuando se lanzó la primera oferta para el concierto 2025-2027, que incluía una mejora del 17%. Sin embargo, ninguna aseguradora participó en la convocatoria. Posteriormente, se aprobó una segunda licitación con un incremento del 33,5% en las primas, pero Adeslas y DKV se mantuvieron al margen, dejando a Asisa como la única participante y enfrentándose a posibles pérdidas. En el concierto 2021-2024, prorrogado temporalmente, las tres aseguradoras acumularon déficits cercanos a 600 millones de euros. Tras las últimas negociaciones, el Gobierno habría accedido a compensar las pérdidas de estas compañías, aunque aún no se ha cerrado un acuerdo definitivo.

LEER MÁS

(Expansión, 29-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor, en 2,52%, enfila la primera subida mensual desde marzo

El índice acumula su tercera jornada consecutiva al alza debido a las expectativas de una moderación en la reducción de los tipos de interés en la zona euro, aunque los préstamos continúan abaratándose. El euríbor a un año, referencia clave para el coste de alrededor de cuatro millones de hipotecas a tipo variable y para el precio de los nuevos préstamos hipotecarios, volvió a subir ayer, situándose en el 2,534%, su nivel más alto desde el 16 de enero. Este incremento eleva la media mensual al 2,525%, lo que indica que, salvo un cambio drástico en los tres días restantes del mes, el euríbor registrará su primera subida intermensual desde marzo pasado, cuando pasó del 3,671% al 3,718%. Desde entonces, el índice había encadenado nueve meses consecutivos de descensos. En diciembre cerró en el 2,436%, su nivel más bajo desde octubre de 2022, aunque el repunte de enero ha frenado momentáneamente esa tendencia. A pesar de este aumento, los titulares de hipotecas variables que revisen ahora su préstamo seguirán viendo reducciones en sus cuotas, ya que hace un año el euríbor se situaba en el 3,609%. Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre el euríbor, la cuota mensual disminuirá en aproximadamente 91 euros, lo que supone un ahorro anual de unos 1.092 euros. En el caso de un préstamo de 300.000 euros con las mismas condiciones, el ahorro alcanzará los 180 euros al mes o 2.160 euros al año. El repunte del euríbor llega justo antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) programada para mañana. El mercado ya da por hecho que se aplicará la primera de las cuatro reducciones de 25 puntos básicos previstas para 2025, lo que llevaría el tipo de interés hasta el 2%. Esta previsión es más optimista que la de hace apenas unos meses, cuando se esperaba que el recorte dejara el tipo en el 1,5%. Sin embargo, las nuevas presiones inflacionistas en la eurozona y la decisión de la Reserva Federal de posponer la esperada bajada de tipos en Estados Unidos han cambiado el panorama. Según la fintech Ebury, especializada en pagos, la rebaja de tipos prevista por el BCE para enero "ya está completamente incorporada en los niveles actuales del euríbor". En este sentido, la clave estará en la conferencia de prensa que ofrecerá la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tras la reunión, especialmente en la respuesta del consejo a la evolución de los indicadores adelantados PMI. En este contexto, aunque se espera que el euríbor continúe bajando en los próximos meses, el ritmo de descenso, que ya se había desacelerado en los últimos meses de 2024, podría ser más moderado a lo largo del año.

LEER MÁS

(El Periódico, 29-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña activa un plan para reducir la burocracia con un ahorro anual estimado en 429 millones

Nuevo avance del Govern en su objetivo de reducir la burocracia en la administración pública. En la reunión de este martes, el Ejecutivo liderado por Salvador Illa ha dado a conocer el 'Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028', una estrategia que busca transformar los procesos administrativos en servicios más ágiles, digitales y adaptados a las necesidades empresariales. Este plan tendrá un impacto económico estimado de 1.718 millones de euros durante los próximos cuatro años, lo que supondrá un ahorro anual de 429,7 millones para 106.240 empresas, según las proyecciones de la Generalitat. La iniciativa renueva y amplía el alcance de la 'Finestreta Única Empresarial' (FUE), con el propósito de reducir la burocracia, simplificar los trámites más complejos y fomentar el desarrollo económico. Entre las principales novedades figura la simplificación de procedimientos administrativos especialmente largos, como los relacionados con aspectos medioambientales, urbanísticos o sanitarios. Hasta ahora, el exceso de trámites ha llevado a más de 200 entidades económicas y sociales a reclamar reformas para aliviar las cargas administrativas. Un estudio de la patronal Pimec revela que las pymes catalanas destinan una media de 41,1 horas mensuales a gestiones burocráticas. Frente a esta situación, el Govern del PSC ha puesto en marcha diversas iniciativas, como la creación de una comisión de expertos para abordar la reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites en línea. La implementación de la metodología BIM ('Building Information Modeling') será clave en este plan. Este sistema permitirá transformar los proyectos técnicos en modelos de datos estandarizados, facilitando una revisión más eficiente por parte de las administraciones y reduciendo los tiempos de tramitación en un 30%, pasando de tres años a dos. Según los cálculos del Ejecutivo, esta modernización permitirá a las empresas iniciar sus actividades más rápidamente, con un impacto económico positivo de 291,9 millones de euros anuales. Además, la estandarización documental y la integración de los procesos en la ventanilla única generarán un ahorro adicional de 29,4 millones de euros al año en costes administrativos para unas 22.030 empresas. El objetivo del plan es "simplificar la burocracia y extender servicios digitales personalizados y proactivos a todos los sectores productivos". La integración de los sistemas de información entre la Generalitat y los ayuntamientos será fundamental para evitar duplicidades y facilitar una gestión unificada de los datos, lo que permitirá que la información solo se proporcione una vez. La automatización de los trámites no solo ahorrará tiempo y recursos a las empresas, sino que también les permitirá centrarse en actividades de mayor valor añadido. El plan también contempla el uso de modelos predictivos y servicios digitales proactivos, que generarán un ahorro anual de 108,4 millones de euros y beneficiarán a más de 853.000 gestiones empresariales. Asimismo, introduce medidas para reducir las cargas burocráticas habituales de sectores como la industria y la agricultura. Estas acciones complementan otras iniciativas recientes, como la actualización del marco para priorizar proyectos empresariales estratégicos, promovida por la Conselleria de Empresa.

LEER MÁS

(Expansión, 28-01-2025) | Fiscal

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pone en jaque el sistema sancionador tributario español

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha vuelto a poner en tela de juicio si el sistema español de recursos frente a sanciones administrativas cumple con las garantías exigidas por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al estar restringido a una única instancia. En particular, el TEDH ha solicitado a España que aporte sus observaciones sobre una posible vulneración del derecho a una doble instancia de revisión jurisdiccional, consagrado en el artículo 2 del Protocolo número 7 del CEDH. Este tema ya fue abordado en 2020 en la conocida sentencia Saquetti Iglesias, donde el Tribunal se pronunció con claridad. "Si el TEDH concluye que las limitaciones existentes en la revisión casacional de sentencias dictadas en única instancia en el ámbito contencioso-administrativo español son incompatibles con el núcleo esencial del artículo 2 del Protocolo número 7 del CEDH, quizá sea el momento, sin más demoras, de reformar el sistema de recursos para garantizar una segunda instancia de plena jurisdicción en este ámbito", afirman Carlos Durán Haeussler y Alejandro Villegas Viñeta, abogados de Uría Menéndez, firma que ha llevado este nuevo caso ante el TEDH. El mencionado artículo del CEDH establece que toda persona declarada culpable de una infracción penal tiene derecho a que dicha declaración o condena sea revisada por un tribunal superior, lo que convierte la doble instancia en una garantía procesal esencial. Esto implica que el sancionado debe poder someter su caso al análisis de, al menos, dos órganos jurisdiccionales. No obstante, como explican Durán Haeussler y Villegas Viñeta, en España la revisión judicial de los hechos que sustentan las sanciones administrativas -incluidas las tributarias- está limitada a una única instancia. En este contexto, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo no abarca cuestiones puramente fácticas y se restringe a cuestiones de derecho con interés casacional objetivo para la jurisprudencia. El caso que ahora analiza el TEDH implica una sanción tributaria recurrida primero en vía económico-administrativa y luego ante la Audiencia Nacional. Tras desestimarse el recurso, la sociedad interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue inadmitido por falta de interés casacional objetivo. Posteriormente, tras la negativa del Tribunal Constitucional a admitir el recurso de amparo, el recurrente acudió al TEDH, argumentando que su sanción solo había sido revisada por un tribunal con plena jurisdicción -la Audiencia Nacional-, ya que el Supremo no analizó el fondo de su culpabilidad. El TEDH ya se pronunció sobre esta cuestión en el caso Saquetti Iglesias, concluyendo que, bajo el antiguo régimen de casación contencioso-administrativa, el sistema español no cumplía con el CEDH al no garantizar una revisión por un tribunal superior. Según dicha sentencia, las restricciones al derecho de recurso vulneraban la esencia misma del derecho consagrado en el artículo 2 del Protocolo número 7. El nuevo caso, denominado Caravella Invest, S.L., permitirá al TEDH evaluar por primera vez si la reforma introducida por la Ley Orgánica 7/2015 cumple con las exigencias de una doble instancia jurisdiccional plena, conforme al CEDH. Diversas sentencias del Tribunal Supremo han concluido que la preparación del recurso de casación contra sanciones administrativas de naturaleza penal satisface el requisito de revisión por un tribunal superior. Sin embargo, esta postura no es unánime, como evidencian los votos particulares de algunas de estas resoluciones, que defienden que solo una reforma legislativa podría garantizar plenamente el derecho a una doble instancia. Este planteamiento es compartido por buena parte de la doctrina científica y profesional, que aboga por instaurar una segunda instancia en el orden contencioso-administrativo, al igual que existe en otros órdenes jurisdiccionales, incluido el penal.

LEER MÁS

(El Economista, 28-01-2025) | Fiscal

El Supremo impide que Hacienda aproveche la vía penal para perseguir deudas prescritas

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que la Agencia Tributaria no puede utilizar la vía penal para reclamar deudas tributarias que ya hayan prescrito. En una sentencia emitida el pasado 7 de enero, cuyo ponente fue el magistrado Manuel Marchena, el TS dejó claro que, una vez que transcurre el plazo de prescripción para el pago de una deuda tributaria, que es de cuatro años, Hacienda no puede iniciar posteriormente una investigación penal para intentar cobrar dicha deuda. El problema radica en que los delitos fiscales tienen un plazo de prescripción de cinco años, lo que la Administración solía aprovechar para intentar recuperar el dinero mediante acciones penales, incluso cuando el período de prescripción administrativa ya había expirado. Sin embargo, el Supremo sostiene que la Ley General Tributaria limita las competencias de la Agencia Tributaria respecto a deudas ya prescritas. Según esta normativa, Hacienda solo puede investigar ejercicios prescritos si esto resulta necesario para calcular las cantidades correspondientes a períodos que aún no han prescrito. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que la estrategia de la Agencia Tributaria equivale a una "extravagante resurrección" del derecho a investigar, algo que contradice el marco legal. En su fallo, el tribunal argumenta que la Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, pretende justificar una capacidad de inspección retroactiva que no tiene respaldo en la ley, lo cual expone a los contribuyentes a una fiscalización indebida y excede los límites del plazo prescriptivo. Además, el Supremo advierte que investigar deudas prescritas vulnera principios fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica y el derecho a un proceso con todas las garantías. Esaú Alarcón, abogado fiscalista de Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, destaca que esta sentencia consolida un criterio jurisprudencial que el Supremo ya había fijado en noviembre de 2020. Ahora, con esta nueva resolución, se refuerza dicho criterio y se establece que, una vez transcurridos los cuatro años de prescripción administrativa, la inspección tributaria pierde toda facultad para iniciar actuaciones relacionadas con el quinto año que aún no ha prescrito penalmente. Alarcón subraya la importancia de este fallo para evaluar los riesgos fiscales de los contribuyentes, ya que solo dentro del período de prescripción administrativa es posible considerar llevar un caso a la vía penal en ese quinto año. Sin embargo, aclara que esto no elimina la prescripción penal, ya que los delitos fiscales podrían ser perseguidos entre el quinto y el décimo año por medio de denuncias presentadas por la Fiscalía, un juez o cualquier otro mecanismo, aunque no a través de inspecciones tributarias. En resumen, los funcionarios de Hacienda tendrán la obligación de denunciar posibles delitos fiscales, pero no podrán iniciar investigaciones tributarias por medio de procedimientos de inspección una vez que la vía administrativa haya prescrito.

LEER MÁS

(Expansión, 28-01-2025) | Laboral

El absentismo laboral cuesta a las empresas 13.961 millones, el triple que hace diez años

En 2024, se registraron 8,71 millones de bajas laborales por contingencias comunes, lo que representa un aumento del 6,9 % en comparación con 2023 y más del doble de las cifras alcanzadas en 2015. Estas bajas tuvieron un coste total de 28.987 millones de euros, distribuidos entre la Seguridad Social y las empresas, según el informe más reciente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Este fenómeno refleja una tendencia ascendente e imparable en el absentismo laboral en España, que se ha convertido en un problema significativo tanto para las arcas públicas como para el tejido empresarial. El impacto no solo se traduce en un elevado coste económico, sino también en una notable pérdida de productividad y competitividad. El contexto es complejo: el aumento de las bajas laborales se suma a otros desafíos como las continuas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), el incremento de impuestos y cotizaciones sociales, las trabas burocráticas, y más recientemente, la propuesta de reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. En este panorama, el absentismo laboral por contingencias comunes alcanzó en 2024 un gasto récord equivalente al 2 % del PIB, un 14,4 % más que en 2023 y casi el triple de lo registrado hace una década, cuando el coste rondaba los 10.146 millones de euros. Del total, 15.025 millones de euros correspondieron a la Seguridad Social, frente a los 5.340 millones de 2015, mientras que el coste directo para las empresas ascendió a 13.961 millones, casi tres veces más que hace diez años. El número de trabajadores en baja por incapacidad temporal también se disparó: un 6,9 % más que en 2023 y un 121 % más que hace una década, lo que equivale a que alrededor de 1,2 millones de empleados faltaran diariamente a sus puestos de trabajo. Aunque esta tendencia se intensificó con la crisis del Covid, no ha disminuido significativamente tras el fin de la pandemia. Algunos expertos asocian este incremento al envejecimiento poblacional, al aumento de los problemas de salud mental y a la ineficiencia de la Seguridad Social en la gestión de las bajas. Según AMAT, en patologías como las traumatológicas, la recuperación de los trabajadores podría ser más ágil si las Mutuas pudieran intervenir en los procesos de recuperación y emitir el alta médica, algo que actualmente está restringido a los servicios públicos de salud, afectados por largas listas de espera y una elevada carga asistencial. Para Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, el aumento descontrolado del absentismo laboral es un problema grave que debería ocupar un lugar prioritario en la agenda política. Según Garrido, "no podemos permitirnos el gasto desmesurado que representan las bajas laborales para los recursos públicos y privados. Si las Mutuas pudieran gestionar y agilizar estos procesos, se ahorrarían millones de euros". En cuanto a la duración de las bajas, en 2024 el promedio fue de 42,6 días, un dato similar al de 2015 (42,29 días), pero con una diferencia importante: el número de trabajadores de baja ha aumentado considerablemente. Además, las cifras promedias ocultan un problema más profundo: el año pasado se registraron 133.341 bajas de larga duración, superiores a un año, un récord que supera con creces las 118.143 de 2020, en plena pandemia, y que cuadruplica las cifras de diciembre de 2019, antes del impacto del Covid.

LEER MÁS

(Expansión, 28-01-2025) | Laboral

La Seguridad Social estudia el alta progresiva para trabajadores que estén de baja más de 90 días

El Ministerio ha iniciado las negociaciones con empresarios y sindicatos para abordar la reforma de la incapacidad temporal, centrando la atención en la posibilidad de implementar un sistema de "altas progresivas". Esta medida permitiría una reincorporación gradual de los trabajadores a sus puestos, siempre y cuando ya hayan recibido el alta médica. Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la progresividad se aplicaría únicamente a ciertas patologías y estaría limitada en el tiempo, dependiendo de la naturaleza de cada caso. La negociación surge en un contexto marcado por el creciente coste de las bajas laborales, que desde 2019 se ha más que duplicado, alcanzando en 2024 los 15.600 millones de euros, según los datos presupuestarios de la Seguridad Social. Sin embargo, en la primera reunión con los agentes sociales, el Ministerio dejó claro que esta reforma no tiene como objetivo reducir el gasto en incapacidad temporal, una aclaración que busca calmar las tensiones surgidas entre los sindicatos. De hecho, la vicepresidenta Yolanda Díaz ya había manifestado su oposición a cualquier medida que pudiera perjudicar los derechos de los trabajadores. El punto central de la propuesta es que la alta progresiva solo se planteará tras el alta médica oficial y siempre que el médico considere que beneficia al trabajador. "No se puede trabajar estando de baja", enfatizó Saiz, subrayando que el objetivo es avanzar en los derechos laborales, no acortar los tiempos de recuperación ni reducir costes de forma indirecta. Este enfoque ha generado el respaldo inicial de los sindicatos, aunque mantienen una postura vigilante para evitar que la medida derive en presiones indebidas sobre los trabajadores. La reincorporación gradual estaría restringida a bajas de larga duración, es decir, aquellas superiores a 90 días, y su duración se ajustaría en función de la patología. Entre los casos que podrían ser elegibles, el Gobierno ha mencionado enfermedades oncológicas y accidentes cardiovasculares, y se prevé que en las próximas reuniones se incorpore el Ministerio de Sanidad para definir los criterios clínicos. A pesar de las intenciones del Ejecutivo, los sindicatos han marcado una línea roja: no permitirán que esta medida se utilice para justificar recortes en los gastos de incapacidad temporal ni para acelerar injustificadamente los procesos de recuperación. Unai Sordo, secretario general de CCOO, afirmó que cualquier debate vinculado al ahorro en gasto público será rechazado. "Cuando alguien está de baja, está de baja, y el alta médica implica otra situación distinta", declaró, insistiendo en que el enfoque debe ser exclusivamente garantizar el bienestar de los trabajadores. Sordo reconoció que, en ciertos casos, una reincorporación gradual puede ser beneficiosa si un médico lo considera necesario, pero reiteró que esto no puede ser confundido con una alta progresiva que obligue a trabajar a personas que aún no están completamente recuperadas. En este sentido, los sindicatos permanecen atentos para asegurar que cualquier regulación futura respete los derechos laborales y las condiciones de salud de los trabajadores.

LEER MÁS

(El Economista, 28-01-2025) | Laboral

Las empresas afrontan un caos para cerrar sus nóminas tras caer el decreto ómnibus

A menos de una semana de terminar enero, las empresas españolas -sobre todo las de más pequeño tamaño- afrontan un calvario burocrático a la hora de acometer un trámite, habitualmente tan rutinario, como cerrar las nóminas mensuales de sus plantillas. Los juristas y asesores consultados por elEconomista.es hablan literalmente de un "caos" por los cientos de consultas que reciben, en los últimos días, de firmas desorientadas sobre el modo de manejar la sorpresiva suspensión de las tres alzas de cotizaciones sociales diseñadas para 2025. Estos incrementos fueron tumbados la semana pasada junto con el resto del decreto ómnibus que el Gobierno llevó al Congreso. Desde el Gobierno confirman que la triple subida de cuotas -relacionadas con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la nueva cuota de solidaridad y el incremento de las bases máximas-, se ha quedado en el aire tras el voto en contra de PP y Junts. Ahora bien, el Ejecutivo también baraja que ésa sea una de las medidas que intentarían recuperar en el plazo más breve posible, quizá por la vía de un Decreto-Ley específico, junto con la revalorización de las pensiones del 2,8% en febrero y en los meses sucesivos (el incremento de enero, en este caso particular, ya está garantizado). Y es esa inconcreción la que crea inseguridad jurídica en la gestión de las nóminas de los 22 millones de asalariados existentes en España, frente al silencio oficial que aún guarda la Tesorería de la Seguridad Social. La falta de comunicados oficiales afecta de forma directa a las empresas dado que son ellas, en mayor medida que el trabajador, las que tienen que soportar la proporción más alta de estos nuevos pagos. Según las fuentes consultadas, las compañías desconocen si el proceder adecuado será activar la triple alza de cotizaciones en las nóminas de enero, como muchas tenían previsto, y posteriormente tramitar las solicitudes que sean necesarias para obtener devoluciones en concepto de "ingresos indebidos", por parte de la Seguridad Social. En teoría, las firmas cuentan también con la opción de extremar la cautela y no hacer efectivo ninguno de los incrementos de cuotas ahora suspendidos, con la perspectiva de hacer ajustes en el futuro, y aplicarlos de modo retroactivo, en caso de que los incrementos se recuperen en algún momento del futuro. Ahora bien, el alcance de esa retroactividad, e incluso la posibilidad misma de aplicarla, ya es objeto de un intenso debate entre los expertos. De este modo, podría plantearse un escenario más complicado en el que solo una parte del incremento de las cuotas estaría en condiciones de actualizarse con efectos a 1 de enero de 2025. Parece indudable que la retroactividad sí tiene alcance en lo que concierne a las bases de cotización. Pero no está tan claro qué ocurriría, en concreto, con el MEI, cuyo tipo impositivo estaba previsto que creciera una décima en este ejercicio, hasta el 0,8%. De acuerdo con Juan Manuel Ortiz Pedregosa, socio fundador de Iurislaw Consultores Jurídicos, y vocal de la Junta Directiva de la asociación de abogados laboralistas Asnala, "será necesaria una regulación específica al respecto en el futuro ya que, al ser una medida limitativa de los contribuyentes interesados, no podría tener efecto retroactivo".

LEER MÁS

(El País, 28-01-2025) | Laboral

Cuerpo anuncia que el Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará la reducción de jornada

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), que se reúne este lunes, debatirá sobre la reducción de la jornada laboral, una de las propuestas destacadas del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar. Este cambio busca reducir la jornada ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales. Según lo acordado entre Cuerpo y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esta tarde se discutirán dos aspectos clave: en qué Consejo de Ministros se aprobará la medida y si se tramitará de manera ordinaria (como defiende Economía) o urgente (como propone el Ministerio de Trabajo). Cuerpo ha adelantado que el calendario prevé que la medida se trate en el Consejo de Ministros de la próxima semana, aunque no ha aclarado si se optará por la tramitación urgente. Otro tema a tratar será la recuperación de las medidas de apoyo a pequeñas empresas que quedaron fuera del texto acordado con los sindicatos debido al rechazo de las patronales CEOE y Cepyme. Trabajo prefiere que el acuerdo con los sindicatos permanezca intacto en esta fase, dejando posibles ajustes para el trámite parlamentario, donde las negociaciones serán complicadas debido a la falta de mayoría del Ejecutivo y el rechazo de los partidos de derecha. "Esta tarde tenemos una reunión importante de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Es un paso más hacia adelante", indicó Cuerpo en un evento de Cepyme en la Bolsa de Madrid. También destacó que es esencial que estas discusiones se lleven a cabo en un órgano que reúna a los ministros con competencias económicas. Al ser consultado sobre la urgencia y el Consejo de Ministros en el que se abordará la medida, Cuerpo explicó que el proceso incluye una revisión en la comisión de subsecretarios antes de llegar al Consejo de Ministros, lo cual podría ocurrir, si todo avanza según lo planeado, la próxima semana. Subrayó que el objetivo es que esta reforma sea una realidad lo antes posible, acompañando a las empresas, especialmente a las pymes, en este proceso para garantizar su éxito. Por su parte, Yolanda Díaz, durante un desayuno informativo, defendió el acuerdo alcanzado con los sindicatos. La líder de Sumar espera que la norma se tramite por la vía de urgencia y que se respete el pacto de gobierno que beneficiará a unos 12 millones de trabajadores asalariados. "Es una medida que transforma la vida de las personas, fomenta la igualdad, reduce el impacto climático y tiene un enfoque feminista al beneficiar especialmente a sectores precarizados liderados por mujeres", afirmó. Díaz también criticó duramente la postura de la patronal, que ha cuestionado la constitucionalidad de la reducción de jornada. Recordó que en 1990 los empresarios ya recurrieron una medida similar y expresó su sorpresa por el rechazo de la CEOE, calificándolo como una actitud alejada de lo que debería ser el papel de la patronal en la sociedad. Además, instó a la patronal a reconsiderar su postura y a trabajar en favor de un diseño de país más inclusivo y equitativo.

LEER MÁS

(El País, 28-01-2025) | Laboral

Cuerva anuncia que se presentará a la reelección de CEPYME

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha anunciado este lunes que se presentará a la reelección como líder de la patronal. Este anuncio llega después de que la semana pasada se diera a conocer que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, planea impulsar un candidato alternativo para sustituirlo. "Estoy orgulloso de haber formado parte de Cepyme y seguiré dispuesto a liderar un proyecto que considero más necesario que nunca en este momento tan complicado para las pymes", declaró Cuerva durante el evento Cepyme 500 de 2024, celebrado en la Bolsa de Madrid. En el mismo acto participó Garamendi, quien, sin mencionar a Cuerva directamente, criticó su estrategia comunicativa: "Yo esto lo dejo para casa, que es donde se deben hablar las cosas". A pesar de las tensiones, Cuerva comenzó su intervención con palabras cordiales hacia Garamendi, describiendo su relación como "de amistad, sinceridad y colaboración". También destacó el legado de Garamendi como expresidente de Cepyme (2014-2019) y su lucha por el futuro de las empresas españolas: "Antonio ha trabajado mucho y bien tanto en CEOE como en Cepyme, y yo continúo ese legado". Sin embargo, reconoció una de las principales críticas que le dirige CEOE: tener un discurso demasiado propio que a veces choca con el de la patronal principal. En su defensa, señaló: "Fue Antonio quien impulsó que Cepyme tuviera más presencia". Cuerva aclaró que las discrepancias no son de índole personal, sino conceptual. Explicó que el debate gira en torno a la unidad de acción empresarial y añadió: "No es momento de dividir esfuerzos, sino de multiplicarlos. España necesita unidad, al igual que nuestras pymes y grandes empresas". Cuando los periodistas le preguntaron si Garamendi le había explicado los motivos para buscar un relevo, Cuerva respondió: "Esa pregunta deberían hacérsela al presidente de CEOE, para entender las razones de esa falta de confianza". Por su parte, Garamendi evitó entrar en detalles, limitándose a señalar que los cambios en Cepyme, como en otras organizaciones dentro de CEOE, se tratarán al final del mandato: "Cuando toque, se hablará. Es un tema interno y no voy a hacerlo público". Cuerva también confirmó que Garamendi ha expresado su intención de apoyar a otro candidato, aunque aseguró desconocer quién será: "No tengo ni idea de quién es. Solo sé que tengo muchas ganas de seguir liderando un proyecto que esta organización merece". Fuentes cercanas indican que Garamendi ha contactado a algunos vicepresidentes de Cuerva, pero ninguno ha mostrado interés en asumir el cargo. Fuera de Cepyme, suena el nombre de Salvador Navarro, presidente de los empresarios valencianos, como posible candidato.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF