Noticias

(Expansión, 24-12-2024) | Fiscal

Batería fiscal de fin de año: se extienden las deducciones por obras en vivienda y se mantienen los límites para módulos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un Real Decreto-ley que incluye diversas medidas tributarias, como la extensión de deducciones en el IRPF relacionadas con la eficiencia energética y la compra de vehículos eléctricos, beneficiando tanto a hogares como a familias. Asimismo, se amplían hasta 2025 los límites excluyentes del método de estimación objetiva utilizado por numerosos autónomos, y se eleva el umbral que obliga a presentar la declaración de la renta, favoreciendo a los contribuyentes con menores ingresos. Entre las disposiciones aprobadas, destaca la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 de la deducción por obras que mejoren la eficiencia energética en viviendas. Esta medida, ligada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), permite deducir en el IRPF porcentajes del 20%, 40% o hasta el 60% del coste de dichas mejoras. También se extiende el beneficio fiscal por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, con una deducción del 15% del coste total. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se amplía la libertad de amortización hasta 2025 para inversiones en energías renovables, incentivando la transición energética y la competitividad empresarial, al tiempo que se refuerza la seguridad energética del país. Por otro lado, se prorrogan durante 2025 los límites cuantitativos del IRPF para el método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen límites específicos. En el IVA, también se extienden las condiciones del régimen simplificado y el especial de agricultura, ganadería y pesca. En relación con la renta, se incrementa de 1.500 a 2.500 euros el límite de ingresos procedentes de un segundo pagador para estar exento de declarar, beneficiando a quienes perciben hasta 22.000 euros siempre que el segundo pagador no supere dicho umbral. Esto reduce la carga fiscal para los contribuyentes con rentas bajas. Además, el decreto incluye a los artistas de arte sacro en el grupo 861 de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, ofreciendo mayor seguridad jurídica a su actividad. También se pospone al 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre líquidos para cigarrillos electrónicos, otorgando tiempo adicional a los afectados para adaptarse. En el ámbito autonómico, se prorrogan las entregas a cuenta con los valores actualizados de 2024, a la espera de aplicar las de 2025, que serán las más altas registradas hasta ahora. Asimismo, se regula nuevamente el régimen excepcional de endeudamiento autonómico para 2025, permitiendo a la Comunidad Valenciana financiar gastos extraordinarios derivados de la DANA a través de mecanismos adicionales de financiación. Por último, se modifica la Ley de Contratos del Sector Público con el propósito de promover la vivienda pública, flexibilizando los procedimientos en los contratos de concesión para facilitar la construcción de viviendas sociales o asequibles en terrenos públicos.

LEER MÁS

(Expansión, 24-12-2024) | Fiscal

El Gobierno firma la prórroga del impuesto a las energéticas pese al rechazo parlamentario

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley para extender hasta 2025 el impuesto a las compañías energéticas, un gravamen que había sido derogado recientemente debido al rechazo de PP, Vox, Junts y PNV en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha confirmado esta prórroga, destacando que la principal novedad consiste en un incentivo fiscal que permitirá deducir del impuesto las inversiones estratégicas relacionadas con la descarbonización. "Incorporamos así incentivos a la transición energética", subrayó el presidente durante su intervención. No obstante, la convalidación de esta medida en el Congreso se anticipa complicada. La falta de apoyo de partidos como PNV y Junts hace poco probable que obtenga el respaldo necesario. De hecho, tras la reciente derogación del gravamen con los votos de PP, Junts, PNV y Vox, el Gobierno se ha visto obligado a aprobarlo de nuevo en lugar de simplemente prolongarlo como inicialmente previsto. Por otro lado, Podemos ya ha anunciado su oposición. Isa Serra, coportavoz del partido, afirmó en rueda de prensa que su formación no respaldará la prórroga del impuesto porque considera que incumple el acuerdo alcanzado con el PSOE para hacer permanente este gravamen. Además, expresó su rechazo a la propuesta de aumentar el impuesto al diésel, calificándola de injusta al trasladar el coste del cambio climático a las clases trabajadoras en lugar de a las grandes empresas. "Es absurdo eliminar impuestos a las grandes energéticas, principales responsables de la contaminación, y cargar más a las familias trabajadoras", criticó. En cuanto al aumento de la fiscalidad del diésel para equipararla con la gasolina, su aprobación sigue sin estar clara. El Gobierno está negociando esta medida en un real decreto ley independiente, que aún no cuenta con el consenso de sus socios.

LEER MÁS

(El País, 24-12-2024) | Fiscal

Los recursos tributarios rebasan los 270.000 millones entre enero y noviembre

La recaudación de impuestos está en camino de alcanzar niveles récord históricos. Antes de la pandemia, los ingresos tributarios apenas superaban los 200.000 millones de euros anuales, un umbral que solo se había logrado antes del colapso de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, tras la crisis sanitaria, estas cifras han quedado atrás. Entre enero y noviembre de este año, los principales impuestos estatales han generado 273.993 millones de euros, lo que supone un aumento del 38% respecto al mismo periodo de 2019. El IRPF sigue siendo el principal motor del sistema tributario, aportando 121.069 millones de euros hasta la fecha, un 7,5% más que el año anterior. Según el último informe de la Agencia Tributaria, los ingresos totales crecieron un 8,3% en términos homogéneos hasta noviembre, con un incremento mensual superior a 19.000 millones de euros. El avance del IRPF, del 8,4% en los primeros once meses del año en términos ajustados, se debe al incremento de las retenciones sobre el trabajo y el capital, así como a los pagos fraccionados. Esto refleja la fortaleza del mercado laboral y las subidas salariales de los últimos años. Además, noviembre, mes clave para los segundos pagos de las declaraciones con resultado a ingresar, mostró incrementos cercanos al 10% tanto en el sector privado como en el público, incluyendo también las pensiones. Las retenciones por rendimientos de capital mobiliario crecieron un notable 40,6%, mientras que los dividendos y las ganancias patrimoniales en fondos de inversión mostraron aumentos excepcionales, superando el 67%. En el lado opuesto, las ayudas destinadas a paliar los efectos de la DANA en municipios valencianos han implicado un diferimiento en la recaudación de 307 millones de euros, que se ingresarán en febrero del próximo año. El impuesto de sociedades ha experimentado un crecimiento aún mayor que el IRPF, con un aumento del 9,5% hasta noviembre en términos homogéneos, gracias al incremento de los pagos fraccionados impulsados por la mejora de los beneficios empresariales. Este avance ha sido generalizado, beneficiando tanto a grandes empresas y grupos como a pymes, con un total de 33.926 millones de euros recaudados. Por su parte, el IVA acumuló un crecimiento del 6,6% en lo que va del año, alcanzando 86.374 millones de euros, en parte por la recuperación de los impuestos energéticos, como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que en noviembre aportó 484 millones tras su suspensión el año anterior. Además, la Agencia Tributaria anticipa que en diciembre comenzará a notarse el impacto de la eliminación gradual de las rebajas fiscales sobre los alimentos, que concluirá al inicio del próximo año. Los impuestos especiales, por su parte, han registrado un aumento cercano al 6%. El incremento de los ingresos fiscales ha contribuido a reducir el déficit de las Administraciones Públicas, que a finales de octubre se situaba en el 1,05% del PIB (16.671 millones de euros), un 15% menos que en el mismo periodo de 2023. La Administración central sigue siendo la principal responsable del saldo negativo, con un déficit del 1,48% del PIB, debido en parte a la liquidación de 2022 del sistema de financiación autonómica y local. En cambio, las comunidades autónomas y los municipios registraron superávits del 0,39% y el 0,06%, respectivamente. La Seguridad Social también mostró un ligero superávit del 0,04% del PIB hasta septiembre. Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha informado que el déficit del Estado hasta noviembre alcanzó el 2,35% del PIB, equivalente a 37.228 millones de euros, en parte debido a las transferencias de fondos asociadas a la financiación autonómica y local, que supusieron un aumento del desajuste de 13.523 millones respecto al año anterior. Además, la actualización de las entregas a cuenta de 2024 representó un incremento adicional de 10.348 millones. El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas al 3% para el cierre de este año.

LEER MÁS

(Cinco Días, 24-12-2024) | Laboral

El Consejo de Ministros aprueba una subida del 2,8% de las pensiones contributivas

Las pensiones no contributivas subirán un 9% a partir del 1 de enero de 2025. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, el último del año aún vigente, la revalorización de las prestaciones sociales que cobran aquellas personas más vulnerables del sistema asistencial español. Algo más de 450.000 personas se verán directamente beneficiadas de dicho incremento, la mayoría de ellas mujeres. El Consejo de Ministros, además, ha formalizado la subida del 2,8% de las pensiones contributivas en 2025, de acuerdo a la inflación media de los 12 últimos meses, hasta noviembre pasado. Esa será la subida general. En particular las pensiones mínimas subirán alrededor del 6%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital aumentarán un 9%. Si bien, con carácter general, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, no obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%. Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros). La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que uno de los pilares de la labor del Ejecutivo ha sido el fortalecimiento del estado de bienestar. "En el ámbito educativo, la inversión pública ha crecido de manera constante. Hemos alcanzado un récord histórico en la asignación de becas y hemos impulsado la formación profesional", ha afirmado. En lo que respecta a las universidades, Sánchez ha recordado la firma de un acuerdo con las comunidades autónomas para ampliar las plantillas de docentes en los centros públicos y aumentar las ayudas para estudiantes. "La universidad pública es fundamental para garantizar una sociedad basada en la meritocracia y en la igualdad de oportunidades". El presidente también destacó el refuerzo al sector cultural y aseguró que se han fortalecido tanto los servicios públicos como los servicios sociales. "Hemos protegido el poder adquisitivo de las personas mayores y, hoy mismo, hemos aprobado un incremento del 2,8% en las pensiones contributivas". Sin embargo, Sánchez reconoció que aún persisten desafíos, como los altos niveles de pobreza infantil, que calificó de inaceptables. "Debemos seguir avanzando. La prosperidad solo tiene sentido si es compartida por todos", concluyó.

LEER MÁS

(El Economista, 24-12-2024) | Laboral

Un tercio de los despidos colectivos incluye prejubilaciones a los 55 años

Las prejubilaciones han adquirido un papel central, aunque poco discutido, en las políticas de empleo destinadas a los trabajadores de mayor edad. Este mecanismo, que facilita la salida anticipada del mercado laboral antes de alcanzar la edad legal de jubilación, resulta poco compatible con la creciente oposición social al "edadismo" y con las iniciativas gubernamentales para fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral. A pesar de ello, sigue siendo una práctica común y, según un estudio de Cuatrecasas, está presente en el 30% de los despidos colectivos, afectando especialmente a empleados mayores de 55 años. El análisis de Cuatrecasas muestra que en el 62% de los procesos de despido colectivo, anteriormente conocidos como ERE, las prejubilaciones representan entre el 16% y el 24% del total de afectados. En un 31% de los casos, este porcentaje es inferior al 15%, y solo en un 8% supera la cuarta parte del total de trabajadores despedidos. De media, las prejubilaciones impactan a dos de cada diez empleados en los despidos colectivos donde se aplican. Aunque las prejubilaciones no están reguladas de forma específica ni cuentan con estadísticas públicas detalladas, desempeñan un rol clave en los ajustes de plantilla. Según el informe, esta medida permite a las empresas gestionar la salida de los trabajadores mayores de forma más ordenada y menos conflictiva, al tiempo que promueve la renovación generacional y la adaptación de las plantillas a las necesidades actuales. El estudio también señala que las prejubilaciones suelen recibir más atención que los despidos ordinarios en los anuncios públicos, dado que se consideran opciones más aceptables debido a los beneficios que ofrecen a los afectados. Sin embargo, no todas las empresas tienen capacidad para ofrecer condiciones atractivas. Estas prejubilaciones suelen ser voluntarias, con el trabajador aceptando su inclusión en el proceso de despido colectivo a cambio de una compensación económica que asegura un nivel de ingresos hasta la jubilación, asimilándose en ocasiones a las bajas incentivadas. En los casos de despidos colectivos, las prejubilaciones incluyen planes de rentas que garantizan un porcentaje del salario neto, generalmente alrededor del 80%. Estos ingresos suelen complementarse con prestaciones y subsidios por desempleo abonados por el SEPE, lo que convierte a los prejubilados en parados registrados. Además, los convenios especiales con la Seguridad Social permiten mantener las cotizaciones y garantizar los derechos de jubilación futuros, en ocasiones combinados con el subsidio para mayores de 52 años, mejorando así las futuras pensiones. La edad media de acceso a estas prejubilaciones es de 55 años, extendiéndose hasta los 63, lo que facilita la transición hacia una jubilación anticipada involuntaria con menores penalizaciones en la pensión, una ventaja que no tienen quienes no han pasado por un despido colectivo. Cabe destacar que los convenios con la Seguridad Social son obligatorios en despidos colectivos de mayores de 55 años, incluso cuando no incluyen planes de rentas. Según Cuatrecasas, un 49% de estos despidos suscriben convenios, y aunque un 19% de los procesos no contempla prejubilaciones, es habitual que ambos mecanismos se combinen, incrementando así el porcentaje de trabajadores mayores afectados.

LEER MÁS

(El País, 23-12-2024) | Laboral

Las aseguradoras tendrán hasta el 15 de enero para presentarse al concierto de Muface

La administración pública ha reactivado los esfuerzos para garantizar la continuidad del modelo Muface, que ofrece atención médica privada a cerca de un millón y medio de funcionarios y sus familias. Tras el anuncio del Gobierno de incrementar un 33,5% el importe que perciben las aseguradoras por este servicio, se ha dado un nuevo paso con la publicación de los pliegos de condiciones en el Portal de Contratación del Estado. Este es el segundo intento de licitación, ya que el convenio inicial, publicado el pasado 5 de noviembre, quedó desierto porque las aseguradoras consideraron insuficiente el aumento propuesto. Ahora, las compañías tendrán hasta el 15 de enero para presentar sus ofertas. El nuevo convenio, que tendrá vigencia desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, abarca un periodo de 33 meses. Durante el primer trimestre de 2025, las aseguradoras actuales (Adeslas, Asisa y DKV) seguirán prestando el servicio bajo una prórroga forzosa, aunque se les aplicará la nueva propuesta de incremento, que contempla una mejora del 19,37% en 2025, un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027. El contrato tiene un presupuesto total de 4.478 millones de euros, lo que supone un aumento de 957 millones respecto al periodo anterior. La duración también se extiende de dos a tres años, distribuyendo los costos anuales en 1.303 millones de euros en 2025, 1.490 millones en 2026 y 1.685 millones en 2027. La prima por mutualista subirá un 33,5% a lo largo del periodo, casi el doble del 17,12% inicialmente propuesto por el Gobierno. De este modo, pasará de 1.032 euros actuales a 1.262 euros en 2027. Entre las novedades, destaca un cambio en el cálculo de la prima, que ahora será incremental según tramos de edad: se pagará más por asegurar a personas mayores y menos por las más jóvenes. Este modelo beneficia a 1,5 millones de personas, incluyendo titulares y beneficiarios, siendo el 65% docentes de distintos niveles educativos y el 17% funcionarios de cuerpos de la Administración General del Estado. El futuro de Muface ha generado preocupación entre los empleados públicos, habituados a elegir cada año entre sanidad pública y privada. La retirada inicial de las tres aseguradoras principales en noviembre provocó movilizaciones de sindicatos representativos de profesores, policías, funcionarios de prisiones y personal de Hacienda y Aduanas, quienes presionaron al Ministerio de Función Pública y a las aseguradoras para alcanzar un acuerdo. Además de la inquietud entre los mutualistas, la situación ha evidenciado tensiones dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, liderado por Sumar, elaboró un informe que sugería integrar a los funcionarios de Muface en el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el ala socialista del Ejecutivo ha rechazado esta posibilidad, defendiendo la continuidad del modelo actual.

LEER MÁS

(El Confidencial, 24-12-2024) | Laboral

El Gobierno duplica sus subvenciones a los sindicatos

La relación entre los sindicatos y el Gobierno de Pedro Sánchez es tan cercana que incluso el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha viajado a Waterloo para intentar mediar con Carles Puigdemont. La financiación pública destinada a las organizaciones sindicales ha experimentado un notable incremento desde que el líder socialista asumió la presidencia. A partir de 2022, el Ejecutivo se posicionó como el que más recursos asigna anualmente a subvencionar estas entidades. En una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros, se aprobó una partida de 32 millones de euros para 2025, casi duplicando los 17 millones actuales y alcanzando un récord histórico. Nunca antes un Gobierno había destinado tal cantidad anual a financiar sindicatos. La cifra supera ampliamente los precedentes históricos, siendo equivalente a cuatro años del mandato de Mariano Rajoy. Entre 2015 y 2018, durante el Gobierno del PP, se destinaron 35,5 millones de euros a estas organizaciones, una cantidad similar a la que el Ejecutivo actual prevé asignar solo en 2025. Bajo la gestión de Rajoy, en un contexto marcado por la crisis económica, las ayudas anuales a los sindicatos rondaban los 8,8 millones, lo que implica que el presupuesto actual representa un incremento del 263% respecto a esa etapa. Este crecimiento no tiene precedentes en la historia reciente de España. En comparación, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, las subvenciones sindicales se situaban en torno a los 15 millones anuales, y en el periodo de José María Aznar fueron de 10 millones. Estas cifras contrastan con las asignaciones actuales. CCOO y UGT son los principales beneficiados, en parte gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Las subvenciones sindicales comenzaron en 1982, durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Desde que Sánchez asumió la presidencia, el gasto total en subvenciones sindicales asciende a 114,6 millones de euros. El presupuesto destinado a este fin creció significativamente en 2021 con la aprobación de los nuevos presupuestos. Las asignaciones pasaron de 8,8 millones anuales a 13,8 millones, y en 2022 subieron a 17 millones. La estrecha relación entre las organizaciones sindicales y Moncloa quedó reflejada en 2022, cuando el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, destinó 4,5 millones de euros a la reforma de la sede de UGT en Madrid. Además, el Ejecutivo reservó 100 millones de euros de los fondos europeos para la modernización de 42 sedes sindicales. CCOO y UGT han sido un pilar fundamental para el Gobierno de Sánchez en los últimos años, respaldándolo en negociaciones clave como la reducción de la jornada laboral, los ERTE durante la pandemia, el aumento de las pensiones y la subida del salario mínimo. Durante el 44º Congreso de UGT, Pepe Álvarez elogió a Sánchez, calificándolo como una persona "de palabra y de fiar", mientras el presidente era ovacionado con proclamas de "¡aguanta, Pedro!". El más reciente acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales podría ser una de las pocas victorias parlamentarias del PSOE en esta legislatura. Al igual que ocurrió con el Estatuto del Becario en 2023, este pacto fue alcanzado sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme.

LEER MÁS

(El País, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre por el tirón del consumo privado y público

La economía española continúa mostrando un crecimiento sólido, destacándose frente a la debilidad que presentan otras grandes economías de la eurozona, como Alemania y Francia. Según los datos confirmados este lunes por el INE, el PIB creció un 0,8% en el tercer trimestre, marcando cinco trimestres consecutivos con tasas del 0,7% o superiores. A este ritmo, los analistas prevén que el año cierre con un crecimiento del 3,1%, superando el 2,7% registrado en 2023. Los principales impulsores de este crecimiento han sido, por un lado, el consumo privado, que aumentó un 1,2% gracias a la mejora del empleo, la llegada de inmigrantes y la recuperación del poder adquisitivo en un contexto de moderación de precios y subidas salariales. Por otro lado, el consumo público creció un 2,5%, destacándose como un motor clave desde la pandemia, aunque representa solo el 20% de la actividad económica. Sin embargo, la inversión sigue mostrando señales preocupantes, con un retroceso del 1,3% en el trimestre, a pesar de los fondos europeos y las reducciones en los tipos de interés. Además, el sector exterior registró una leve contribución negativa debido a que el aumento de las importaciones (+0,9%) superó al de las exportaciones (+0,4%), impulsado por la recuperación del consumo doméstico. En cuanto a los sectores económicos, destacaron las actividades recreativas (+4,5%) gracias a la temporada estival, así como la agricultura (+1,1%), la administración pública, educación y sanidad (+1,4%) y las actividades financieras (+1,1%). Sin embargo, la construcción cayó un 1,5%, afectada por la falta de mano de obra a pesar de la creciente demanda de vivienda. En términos interanuales, el PIB aumentó un 3,3%, impulsado principalmente por el consumo público, que creció un 5,1%, en parte debido al incremento de presupuestos en personal, sanidad y educación por parte de las comunidades autónomas. El consumo privado también avanzó un 3%, favorecido por el crecimiento de la población inmigrante, que representó el 85% del empleo generado en los primeros nueve meses del año. Las exportaciones subieron un 4,3%, mientras que las importaciones aumentaron un 3,2%. La inversión, aunque creció un 1,6% interanual, sigue mostrando una evolución débil, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. No obstante, sectores como las manufacturas (+4,4%) y las actividades inmobiliarias (+7,6%) han mostrado un desempeño destacado. A pesar de que el PIB total se sitúa un 6,6% por encima de los niveles prepandemia, el PIB per cápita solo ha crecido un 3,1%, reflejando que parte del crecimiento se debe a la mayor población activa y no a mejoras en la productividad. Además, el consumo per cápita sigue un 0,7% por debajo de las cifras previas a la crisis sanitaria, lo que contribuye a la percepción de una recuperación económica más lenta. Mirando hacia 2024, los analistas anticipan una moderación gradual del crecimiento, que podría situarse en torno al 2,5%. Esto se explicaría por un menor impulso del consumo público, un turismo más estable y un incremento de las importaciones. Sin embargo, se espera que factores como la mejora de las rentas familiares, un repunte de la inversión y una mayor ejecución de los fondos europeos sustenten el crecimiento económico del próximo año.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 24-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga dos años el "escudo antiopas" para limitar inversiones extranjeras en sectores estratégicos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la extensión, hasta el 31 de diciembre de 2026, del régimen transitorio que suspende la liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España procedentes de países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Esta medida, conocida como "escudo antiopas", tiene como objetivo proteger sectores estratégicos y de interés nacional que puedan comprometer la seguridad, salud o el orden público. La prórroga afecta a las inversiones reguladas en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio. El régimen es aplicable a inversiones extranjeras directas que impliquen la adquisición de una participación igual o superior al 10% del capital social de una empresa española o la obtención de control sobre la misma, según lo estipulado en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. En el caso de empresas no cotizadas, el escudo se activa si la inversión supera los 500 millones de euros. Para las empresas cotizadas, afecta a aquellas con sede social en España y cuyas acciones, total o parcialmente, se negocien en mercados secundarios oficiales españoles. Asimismo, este régimen también cubre inversiones realizadas por residentes en España cuando el control efectivo de la inversión corresponda a personas o entidades residentes en países de la UE o la AELC. En este contexto, la titularidad real se define como la posesión directa o indirecta de más del 25% del capital o derechos de voto, o el control efectivo a través de otros medios. Con esta prórroga, el Gobierno refuerza su compromiso de salvaguardar sectores clave frente a adquisiciones que puedan poner en riesgo intereses estratégicos nacionales.

LEER MÁS

(El Periódico, 24-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga el Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos hasta junio

El Gobierno ha decidido extender hasta el 30 de junio de 2025 las ayudas contempladas en el Plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta prórroga reafirma el compromiso del Ejecutivo con la movilidad sostenible. Además de esta ampliación temporal del programa, que cuenta con un presupuesto total de 1.550 millones de euros, el Gobierno ha prolongado también hasta el 30 de junio de 2024 la deducción fiscal del 15% para la compra de vehículos eléctricos. De esta manera, las comunidades autónomas podrán seguir gestionando las solicitudes de ayuda destinadas a la adquisición de vehículos cero emisiones, atendiendo a las demandas del sector automovilístico, que había solicitado la continuidad del programa ante la falta de incentivos adicionales. El Plan Moves III ya había sido prorrogado en junio pasado, tras la salida de Wayne Griffiths, ex presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y CEO de Seat/Cupra, quien había liderado varias iniciativas para fomentar la compra de coches eléctricos. El actual presidente de Anfac y CEO de Grupo Renault España, Josep Maria Recasens, señaló recientemente que mantenía conversaciones con el Gobierno para garantizar la continuidad de estas ayudas. Según Recasens, la estructura del Plan Reinicia Auto+, diseñado para atender a los afectados por la DANA en Valencia, podría servir como modelo para futuros programas de incentivos más efectivos y de mayor impacto en el mercado de vehículos eléctricos. Recasens destacó que el éxito del Plan Reinicia Auto+ podría sentar las bases para un Moves más ambicioso, asegurando que en su última reunión con el Ministerio de Industria recibió el compromiso del Gobierno de extender las ayudas para fortalecer el sector y fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible en España.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF