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(El País, 20-11-2024) | Laboral

Trabajo abre expediente a 106 empresas por obligar a ir a trabajar durante una alerta meteorológica

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado procedimientos sancionadores contra 106 empresas por presuntas infracciones de la normativa de prevención de riesgos laborales durante la reciente DANA. Las acusaciones apuntan a que estas compañías obligaron a sus empleados a trabajar a pesar de las alertas naranjas o rojas por fenómenos meteorológicos extremos. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó este lunes en Valencia que la normativa de prevención de riesgos laborales, de carácter estatal, se aplica en todo el país sin excepciones. "No hay ningún salvoconducto que permita eludir la ley", enfatizó Díaz durante su visita para abordar las consecuencias de la DANA del pasado 29 de octubre. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya había advertido días atrás sobre empresas que emitieron salvoconductos para justificar que sus empleados se desplazaran al trabajo pese a las alertas climáticas. Según trascendió, la Consejería de Interior y Justicia de Valencia habría emitido estos permisos a trabajadores de empresas como Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otras. Díaz recordó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995, establece claramente que un trabajador puede interrumpir su actividad o evitar desplazarse si considera que su salud o vida están en peligro. Asimismo, destacó que las recomendaciones de las autoridades no solo buscan garantizar la seguridad individual, sino también la colectiva. "Al desplazarse en alerta roja, no solo se pone en riesgo la vida propia, sino también la de los demás", añadió. Pese a estas sanciones, la ministra destacó que la mayoría de las empresas cumplen con la normativa, calificando esta conducta general como "muy positiva". Sin embargo, animó a los trabajadores que enfrenten situaciones de riesgo a denunciar ante la Inspección de Trabajo. Recordó la existencia de herramientas como el buzón de fraude del Ministerio, que permite realizar denuncias de forma completamente anónima, y aseguró que los empleados no pueden ser represaliados por defender su seguridad. "En una democracia, ni trabajadores ni empresas están por encima de la ley", afirmó. Además, Díaz indicó que los despidos realizados como consecuencia de esta catástrofe ambiental serán considerados nulos, lo que implica la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados. En relación con el impacto laboral de la DANA, el Ministerio informó que hasta el momento se han registrado en la Comunidad Valenciana 1.490 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que están ofreciendo protección a más de 18.600 personas. Este mecanismo, según la ministra, se está gestionando con un seguimiento diario y riguroso. Durante su visita a Valencia, Díaz mantuvo reuniones con sindicatos, empresarios, autoridades locales y alcaldes de los municipios más afectados. Además, mencionó el plan dotado con 50 millones de euros destinado a la contratación de personas desempleadas en las zonas más perjudicadas, una medida que será gestionada directamente por los ayuntamientos de estas áreas.

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(El Economista, 20-11-2024) | Laboral

El Supremo sacude los despidos disciplinarios al blindar el derecho del trabajador a defenderse

La reciente decisión del Tribunal Supremo de modificar su propia doctrina para defender la necesidad de un trámite de "audiencia previa" en los despidos disciplinarios genera incertidumbre para las empresas que consideren cesar a empleados bajo esta modalidad. Este tipo de despidos representa el 54% de las bajas de afiliación por despido, alcanzando las 430.716 en lo que va de año, un aumento del 7,2%. En su sentencia, la Sala de lo Social aclara que el cambio jurisprudencial no tiene carácter retroactivo, como ocurre con las leyes, pero podría dar lugar a numerosas declaraciones de improcedencia si este trámite no se cumple a partir de ahora. Esto es especialmente relevante, considerando que el despido disciplinario se utiliza con frecuencia como alternativa al despido exprés, eliminado en la reforma laboral de 2012. El fallo altera la interpretación que España ha aplicado desde 1986 al artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mientras que el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores exige la audiencia previa solo para delegados sindicales y afiliados a sindicatos, el Tribunal Supremo concluye ahora que esta exclusión no se justifica en otros casos, basándose en el marco jurídico desarrollado en las últimas tres décadas. Aunque los juristas continúan evaluando las implicaciones del fallo, este no detalla aspectos clave como las consecuencias específicas de omitir el trámite o cómo debe implementarse. Ante esta falta de claridad, se especula que el Gobierno podría ajustar el artículo 55 del Estatuto para ofrecer mayor seguridad a empresas y empleados. Hasta entonces, las compañías deberán reconsiderar sus procedimientos para efectuar despidos disciplinarios. Este escenario es significativo, ya que más de la mitad de los despidos registrados en la Seguridad Social corresponden a causas disciplinarias. En septiembre, superaron las 54.000, un hito que ni siquiera se alcanzó durante la pandemia. Si bien los despidos ya efectuados no se verán afectados, el impacto de esta nueva doctrina se hará sentir en los futuros casos. Además, cabe señalar que los datos de la Seguridad Social, aunque actualizados, reflejan únicamente la baja inicial, siendo habitual que el despido disciplinario se utilice como una vía sencilla para negociar una indemnización posterior. Este tipo de despido no conlleva compensación automática y su tramitación es más simple: basta con una carta de despido, dejando el conflicto a resolver en conciliación con una compensación más alta. Según el Ministerio de Trabajo, la indemnización media en despidos disciplinarios es de 8.000 euros, frente a los 6.600 euros de los objetivos. Sin embargo, las estadísticas de Trabajo, más desactualizadas (correspondientes a 2022), muestran diferencias significativas con las de la Seguridad Social. Trabajo reporta 149.863 despidos disciplinarios, equivalentes al 29% del total, frente al 55% que reflejan los registros de afiliación. A pesar de estas discrepancias, ambas fuentes coinciden en el aumento de despidos desde la reforma laboral. Queda por ver el impacto real de la sentencia del Supremo en estas cifras. Desde 2021, las causas de nulidad en los despidos se han incrementado, y algunos expertos vinculan esto al auge de la contratación indefinida. Sin embargo, este argumento resulta controvertido, ya que sugiere un posible abuso de los despidos para tratar a los nuevos indefinidos como temporales. Aunque el empleo indefinido ha crecido, no lo ha hecho al mismo ritmo que los despidos, que se han duplicado desde 2021, con un aumento del 145% entre indefinidos. Los despidos disciplinarios, en particular, han crecido un 112%, y entre los contratos fijos el aumento es aún mayor, alcanzando el 185%.

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(El Confidencial, 20-11-2024) | Laboral

El Ministerio de Función Pública trabaja en un pliego para salvar Muface

El Gobierno vuelve a evidenciar divisiones internas en un asunto crucial: el futuro de Muface, que afecta a 1,5 millones de funcionarios que reciben atención sanitaria a través de un convenio con aseguradoras privadas. Las aseguradoras, por su parte, han manifestado su descontento ante la posibilidad de que se les imponga un impuesto adicional sobre los seguros de salud. El Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García de Sumar, publicó este lunes un informe que plantea la desaparición de Muface. En este documento, Sanidad propone prorrogar los contratos actuales durante nueve meses para organizar la transición de los funcionarios al sistema de salud público. Según el informe, el modelo Muface es insostenible porque no cuenta con un equilibrio adecuado entre los usuarios que requieren más servicios y aquellos que hacen un uso menos frecuente. La decisión del Ministerio de Sanidad fue tomada sin consultar al resto del Ejecutivo. En respuesta, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, bajo la dirección de Óscar López del PSOE, trabaja contrarreloj para redactar un nuevo pliego que garantice la continuidad de Muface. Mientras Sumar respalda la propuesta de Sanidad, el PSOE intenta evitar un conflicto con los funcionarios. Fedeca, la federación de asociaciones de funcionarios, calificó el plan de Sanidad como "una ocurrencia que genera incertidumbre y desconcierto". La situación de Muface se complica aún más a medida que se acerca la fecha de vencimiento del actual convenio, el 31 de diciembre de 2024. Aunque el Gobierno tiene la opción de extenderlo nueve meses más, las aseguradoras advierten que esta medida podría agravar la crisis del sistema. En el último pliego, que quedó desierto, Función Pública ofreció un incremento del 17,2% en las primas para los próximos dos años, con asignaciones de 1.337 millones en 2025 y 1.344,5 millones en 2026. Sin embargo, las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV rechazaron participar, alegando pérdidas de 200 millones anuales en el convenio anterior. DKV, la más crítica, estimó que con las nuevas condiciones perdería 74 millones en dos años. A pesar de la urgencia, no se han establecido contactos al más alto nivel entre las aseguradoras y Función Pública, que espera ajustar las condiciones para que al menos dos aseguradoras acepten el nuevo pliego y así evitar el colapso de Muface. Entre tanto, persisten los temores sobre el impacto en los funcionarios, cuyos sindicatos han amenazado con movilizaciones, así como el posible colapso en la sanidad pública al recibir 1,5 millones de nuevos pacientes. También preocupa el efecto en el empleo y los servicios en la sanidad privada. Antes del verano, el Gobierno ofreció a las aseguradoras un aumento del 24% en las primas, considerado insuficiente pero aceptable como punto de partida. No obstante, días antes de publicar el pliego, la oferta se redujo al 14%, lo que generó malestar en las aseguradoras. Finalmente, se propuso un 17%, que tampoco ha sido suficiente para resolver el conflicto. A esto se suma el desacuerdo por la propuesta consensuada entre PSOE y Sumar de eliminar la exención del impuesto sobre primas de seguros para los seguros de salud, un tributo del 8% que podría agravar el aumento de precios en este tipo de pólizas.

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(El Periódico, 20-11-2024) | Laboral

El Gobierno reforma el reglamento de extranjería para sumar a casi 1 millón de migrantes al mercado laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reforma del reglamento de extranjería, con el objetivo de facilitar la incorporación laboral de cientos de miles de personas extranjeras que ya residen en España, ya sea como estudiantes o conviviendo con familiares. La reforma también agiliza los procesos para que familiares de residentes, como parejas, padres, hermanos o hijos, puedan obtener permisos de residencia y trabajo en el país. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lleva trabajando en esta reforma desde principios de año, con la intención de completar los cambios iniciados en 2022. Las modificaciones, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, entrarán en vigor dentro de seis meses, en mayo de 2025. Según explicó la ministra Elma Saiz tras la reunión del Consejo de Ministros, se espera que estas medidas permitan regularizar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años. Actualmente, los trabajadores nacidos fuera de España representan más del 13% de los afiliados a la Seguridad Social, contribuyendo significativamente al crecimiento del empleo, ya que más del 40% de los nuevos puestos de trabajo en el último año han sido ocupados por personas migrantes. La reforma introduce varios cambios importantes, según los últimos borradores revisados por especialistas. Uno de los más destacados es el fortalecimiento del arraigo por formación. Ahora, quienes cursen estudios de formación profesional o superiores podrán solicitar permisos para trabajar hasta 30 horas semanales, sin necesidad de que el empleo esté relacionado con la formación. Además, se amplía de tres meses a un año el plazo de los visados para la búsqueda de empleo. Otro cambio significativo es la reducción de los plazos para solicitar el arraigo social. Mientras que antes se requerían tres años de residencia en el país, ahora será suficiente con dos, siempre que se puedan acreditar vínculos familiares de primer grado con un residente. También se elimina la exigencia de presentar un precontrato laboral para obtener el permiso de trabajo, un requisito que complicaba la regularización. La reforma también busca facilitar la reagrupación familiar. Las personas con nacionalidad española podrán traer a familiares de primer grado (parejas, padres, hermanos o hijos) que llegarán con permiso de trabajo. Para ello, deberán demostrar que han sostenido económicamente a esos familiares en el país de origen durante al menos seis meses y acreditar ingresos mínimos equivalentes al 100% del IPREM más un 75% adicional por cada miembro adicional de la familia. Esta gestión podrá realizarse desde España, simplificando los trámites y evitando posibles trabas en consulados o embajadas. Además, se introduce una nueva vía para renovar los permisos de trabajo para aquellas personas que en el pasado contaron con autorización laboral, pero que la perdieron por diversos motivos. En términos generales, la reforma busca regularizar la situación de personas extranjeras que ya residen en España y facilitar la llegada de familiares de residentes, al tiempo que intenta contribuir al crecimiento económico y laboral del país. Sin embargo, su éxito dependerá en gran medida de la capacidad de las oficinas de extranjería para gestionar estas solicitudes de manera ágil y efectiva, ya que actualmente enfrentan importantes cuellos de botella.

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(El País, 20-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España ha concedido casi 250.000 permisos de residencia a directivos e inversores extranjeros en 10 años

España ha otorgado cerca de 250.000 permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios entre 2014 y 2023, dirigidos a perfiles como directivos internacionales, investigadores, emprendedores o inversores que han adquirido inmuebles por más de medio millón de euros. Estos datos, publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, coinciden con los diez años de vigencia de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores. Esta normativa, promovida durante el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica, buscaba impulsar la internacionalización empresarial y atraer talento y capital extranjero. Sin embargo, el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la eliminación de las golden visa vinculadas a la compra de inmuebles e inversiones empresariales. De los permisos concedidos, algo más de la mitad corresponde a los solicitantes principales y el resto a sus familiares directos. El colectivo más numeroso es el de personal directivo o altamente cualificado, con 104.303 permisos. Le siguen los inversores, de los cuales más del 95% se asocia con la compra de bienes inmuebles, con un total de 61.606 beneficiarios. En tercer lugar, se encuentran los investigadores (27.002). En menor proporción están los empleados trasladados por sus empresas, personas en busca de empleo o formación, emprendedores y trabajadores audiovisuales, así como los titulares de la tarjeta azul, destinada a ciudadanos extracomunitarios provenientes de países europeos. En cuanto a la procedencia de los solicitantes, América Central y del Sur lidera el listado, seguida de Asia y países europeos no comunitarios, aunque estos últimos han experimentado un notable incremento en los últimos años. También se registran solicitudes provenientes de América del Norte, África y Oceanía. Por edades, la mayoría de los permisos se concentran en personas de entre 24 y 44 años. La distribución geográfica muestra que Madrid y Barcelona concentran el mayor número de permisos, con 86.410 y 77.678 respectivamente. En Madrid, predominan los directivos y profesionales altamente cualificados, mientras que en Barcelona hay un equilibrio mayor entre estos perfiles y los inversores. En ambas ciudades, América Central y Asia destacan como principales regiones de origen, aunque en Barcelona se ha observado un incremento significativo de solicitantes de países europeos no comunitarios. Un dato relevante es el auge de las golden visa desde la pandemia. Estas pasaron de 2.060 en 2020 a 5.425 en 2023. Este aumento se ha visto acelerado en 2024 debido al anuncio del Gobierno sobre su eliminación. La semana pasada, el Congreso aprobó la supresión de esta vía de acceso a la residencia, aunque aún está pendiente la aprobación definitiva en el Senado. Eva Cano, economista experta en fiscalidad y representante de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI), destaca que las compras de inmuebles superiores a 500.000 euros han pasado de representar el 5,6% de las transacciones en 2020 a un 11% en 2023. Según Cano, estas inversiones no solo han dinamizado el sector inmobiliario, sino que también han generado ingresos fiscales significativos a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que oscila entre el 6% y el 11% del valor de las propiedades. Sin embargo, otros expertos cuestionan este impacto, señalando que algunos inversores solicitan la golden visa como medida de seguridad, sin residir en España ni utilizar los inmuebles adquiridos. Este fenómeno es frecuente entre ciudadanos de países como Rusia, México, Venezuela o China, y pone en evidencia una diferencia clave de la golden visa frente a otras autorizaciones de residencia de la ley 14/2013: no exige la residencia efectiva en el país.

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(La Vanguardia, 20-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC propone que se pueda retirar efectivo en los comercios rurales ante la falta de cajeros

La CNMC ha planteado en un reciente estudio, elaborado a petición del Defensor del Pueblo, la posibilidad de facilitar la retirada de efectivo en los comercios como una solución para combatir la exclusión financiera. La solicitud se centró en identificar mecanismos que aseguren la competencia en áreas donde no hay suficiente presencia de entidades bancarias. Desde 2008, la digitalización y el cierre de oficinas han reducido el número de cajeros automáticos en España en un 30%, afectando especialmente a residentes en zonas rurales, personas mayores y aquellos con menores habilidades digitales. Ante esta situación, la CNMC destaca su preocupación por el impacto de estos cambios en la competencia dentro del sector financiero. Para abordar el problema, se han implementado medidas tanto privadas, como el "Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca", firmado por asociaciones bancarias, como públicas, a través de ayudas, contratos o servicios de empresas como Correos. El informe de la CNMC sugiere varias recomendaciones, entre las que destaca la creación de una normativa específica para regular los servicios de cashback y cash-in-shop. Estos servicios se presentan como alternativas o complementos a los cajeros automáticos. En el caso del cashback, el cliente puede solicitar dinero en efectivo al pagar con tarjeta o aplicación móvil en una tienda, sumando el importe deseado al de la compra. Por otro lado, el cash-in-shop permite retirar efectivo sin necesidad de realizar una compra, funcionando como un cajero dentro del comercio. La CNMC también propone desarrollar programas educativos y de información financiera para explicar el uso, las funcionalidades, los límites y los posibles riesgos asociados a estos servicios. Además, recomienda diseñar una solución de mercado que permita integrar el cashback y el cash-in-shop mediante tarjetas de débito o crédito, asegurando la compensación y liquidación de las operaciones. Según la entidad, esta estrategia haría estos servicios más accesibles para colectivos vulnerables o con menos habilidades digitales.

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(Expansión, 19-11-2024) | Fiscal

El Gobierno prorrogará el impuesto a las energéticas para tratar de salvar el tributo a las multinacionales

La mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso se opone a incluir un impuesto a las entidades financieras en el proyecto de ley que establece un tipo mínimo para las multinacionales. Sin embargo, la decisión definitiva será tomada por el Pleno el próximo jueves. El frágil equilibrio político que el Gobierno había intentado mantener para sacar adelante su reforma fiscal comenzó a resquebrajarse este lunes, cuando el Congreso mostró su rechazo a medidas como los impuestos a la banca, el diésel y las Socimis. Este revés pone en serio peligro el núcleo central del plan tributario de Hacienda, aunque el Ejecutivo podría intentar salvar el gravamen a las multinacionales a cambio de mantener el impuesto a las energéticas hasta 2025, una demanda de ERC, EH Bildu y BNG, pero que podría costarle el apoyo de Junts. Pese a los aplazamientos en la tramitación del proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global, que buscaban ganar tiempo para llegar a acuerdos, el Ejecutivo no ha logrado un consenso con todos sus aliados parlamentarios. Esto deja en incertidumbre las principales medidas recaudatorias de la reforma, pendientes de la votación final en el Pleno del jueves. Además, la prolongación del impuesto a las energéticas también enfrenta obstáculos sin un acuerdo con Junts y el PNV. El lunes, la mayoría de la Comisión de Hacienda rechazó dos veces el impuesto a la banca: tanto al intentar incluirlo como transacción en el proyecto de ley, como en forma de enmienda particular. Este rechazo refleja el descontento de ERC y Bildu por la retirada inicial del impuesto a las energéticas, una concesión del Gobierno a Junts y el PNV. Como respuesta, ERC y Bildu votaron en contra del tributo bancario, alineándose inusualmente con el PP y Vox, con el objetivo de presionar para renegociar el paquete fiscal. Aunque el Pleno del Congreso volverá a debatir la medida este jueves, la caótica votación del lunes, con recesos e intervenciones de los letrados de la Cámara, evidenció la falta de cohesión entre los socios habituales del Gobierno y la vulnerabilidad de su minoría parlamentaria. El Ejecutivo enfrenta ahora una reforma fiscal muy debilitada, a pesar de haberla comprometido ante la Unión Europea tanto en el Plan de Recuperación, que condiciona el desembolso de 7.200 millones de euros de ayudas Next Generation, como en el Plan Fiscal Estructural, que prometía aumentar los ingresos en 4.500 millones anuales a partir de 2025. Por el momento, el Parlamento parece inclinarse por rechazar tres de las medidas con mayor potencial recaudatorio de la reforma fiscal inicial: los impuestos a la banca y las energéticas, que juntos sumaron 2.860 millones de euros este año, y la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, estimada en 2.400 millones según la Airef. La votación también mostró la oposición a varias concesiones del ala socialista del Gobierno hacia Sumar, como la eliminación del régimen fiscal especial para las Socimis, la retirada de la exención tributaria en las primas de seguros médicos y la creación de un impuesto al lujo. Por otro lado, la Comisión de Hacienda aprobó la reactivación de la triple subida fiscal societaria introducida por Cristóbal Montoro en 2016 y anulada por el Tribunal Constitucional en enero, lo que evitaría una mayor pérdida de recaudación. También se dio luz verde a medidas como la rebaja del Impuesto de Sociedades para cooperativas y empresas pequeñas, la mejora fiscal para actividades artísticas, y bonificaciones a la Seguridad Social para clubes deportivos sin ánimo de lucro. Asimismo, se apoyó el incremento del tipo marginal del IRPF sobre los rendimientos del ahorro al 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, y se aprobaron nuevos impuestos sobre el tabaco líquido y alzas en el tabaco tradicional para desalentar el consumo. Finalmente, se aceptó una enmienda contra el fraude en hidrocarburos en el marco de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para grandes empresas, una medida que incluso el PP estaba dispuesto a respaldar si el Gobierno retiraba el resto de la reforma fiscal.

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(Expansión, 19-11-2024) | Fiscal

La competitividad fiscal de la economía española se desploma en cinco años

La reforma fiscal que impulsa el Gobierno de coalición no solo ha generado tensiones políticas significativas entre Sánchez y sus aliados parlamentarios, sino que también ha suscitado preocupación entre los actores económicos y las organizaciones empresariales. Estas alertan que la presión fiscal en España ya es "excesivamente elevada" y que "no existe margen para aumentarla más" sin el riesgo de agravar la fuga de inversiones, que aún se encuentran por debajo de los niveles de hace cuatro años, y de fomentar la deslocalización empresarial. Así lo señaló este lunes Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), durante la presentación del informe Competitividad fiscal 2024. En este documento se destaca que las continuas subidas de impuestos impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Sánchez constituyen un "lastre para el crecimiento económico". Según Fernández de Mesa, "una presión fiscal empresarial mayor a la de los países vecinos genera deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y pérdida de competitividad para los residentes". España es uno de los países desarrollados que más ha incrementado los impuestos en los últimos años, con un aumento de la recaudación de 1,8 puntos del PIB entre 2018 y 2023, frente a una reducción de 1,1 puntos en el promedio de la UE. Esto sitúa a España como el tercer país de la UE con mayor incremento de la carga fiscal en dicho periodo, solo superado por Chipre y Lituania. Además, la presión fiscal normativa (la carga tributaria potencial sobre la economía, independientemente de la recaudación real) es un 17% superior a la media de la UE. Por otro lado, el esfuerzo fiscal ajustado por renta per cápita de los españoles supera en un 13,7% el promedio del bloque europeo, cifra ya elevada dentro del contexto internacional y por encima de otros países de la OCDE, según el informe elaborado por el servicio de estudios de CEOE. Otro factor preocupante es el aumento de la carga fiscal sobre las empresas. En España, estas aportan más del 32% de la recaudación pública total, frente al 25,8% de media en la UE, lo que agrava aún más su competitividad. Como resultado, el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation sitúa a España en el puesto 33 de 38 economías desarrolladas en 2024, después de caer diez posiciones desde 2019, cuando ocupaba el puesto 23. Solo Islandia, Portugal, Francia, Italia y Colombia están por debajo. Íñigo Fernández de Mesa también criticó que "los impuestos a menudo se utilizan como una herramienta política en lugar de un instrumento para recaudar de manera justa y eficiente". Según el IEE, el problema fiscal en España no radica en una falta de ingresos tributarios, sino en el continuo incremento del gasto público, que supera el crecimiento de la recaudación. A pesar de que esta última alcanzará los 295.000 millones de euros en 2024, según la Airef, marcando un récord histórico con 95.000 millones más que en 2019, el déficit público no ha logrado bajar del 3% exigido por las reglas fiscales de la UE, y la deuda pública sigue creciendo en términos absolutos, alcanzando 1,63 billones de euros en septiembre, según el Banco de España. El IEE subraya que la reforma fiscal demandada por la Unión Europea no implica necesariamente subidas de impuestos. "Lo que la UE busca es potenciar el crecimiento económico, algo que se logra más eficazmente reduciendo impuestos que incrementándolos". El think tank de la CEOE insiste en que cualquier aumento en la recaudación debería basarse en ampliar las bases imponibles y combatir el fraude fiscal, en lugar de incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga elevada en comparación con otros países. Además, advierte sobre los efectos negativos de los impuestos selectivos, como los aplicados a bancos y energéticas, al enviar un mensaje disuasorio a la inversión internacional. Según Gregorio Izquierdo, director general del IEE, "los impuestos discriminatorios con nombre y apellido son los más perjudiciales, ya que aumentan significativamente el riesgo de deslocalización empresarial".

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(El País, 19-11-2024) | Fiscal

Los españoles pagaron 22.880 millones en impuestos ambientales en 2023

Los españoles pagaron 22.880 millones de euros en impuestos ambientales durante 2023, lo que supone un incremento del 10,7% respecto al año anterior, según el informe preliminar de Cuentas Medioambientales publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los hogares asumieron casi la mitad de esta cifra, concretamente el 42,8%, aunque esta proporción es 5,8 puntos inferior a la registrada en 2022. Además, destaca el notable aumento del 87,7% en los tributos relacionados con la contaminación, impulsado principalmente por la entrada en vigor del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Siguiendo la clasificación del sistema de cuentas nacionales, los impuestos sobre los productos -excluyendo el IVA y los tributos sobre las importaciones- alcanzaron los 16.064 millones de euros en 2023, lo que representa un crecimiento del 6,6% en comparación con 2022. Los impuestos relacionados con la producción ascendieron a 5.000 millones, un aumento del 32,8%, mientras que otros impuestos ambientales corrientes sumaron 1.816 millones, con un descenso del 1%. La fiscalidad ambiental en España se divide en tres grandes categorías: impuestos sobre la energía, que representaron el 77,5% del total en 2023; sobre el transporte; y sobre la contaminación y los recursos (13,7% y 8,8%, respectivamente). Los impuestos vinculados a la contaminación y los recursos experimentaron un incremento significativo del 87,7% respecto al año anterior, un crecimiento atribuido por el INE al impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que generó 596 millones de euros en ingresos durante el ejercicio. En contraste, los aumentos en los impuestos ambientales sobre la energía y el transporte fueron más moderados, con incrementos del 7% y el 3,5%, respectivamente. Según el informe, los hogares asumieron el 42,8% del total de impuestos ambientales en 2023. En términos desglosados, los hogares pagaron el 72,7% de los impuestos relacionados con el transporte y el 42% de los tributos sobre la energía. Por su parte, las actividades económicas cubrieron el porcentaje restante, abonando el 96% de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, así como el 58% de las tasas relacionadas con la energía. En cuanto a los sectores económicos, las actividades que más contribuyeron al pago de impuestos ambientales en 2023 fueron la industria manufacturera, con un 20,4% del total, y el sector de transporte y almacenamiento, que aportó un 14,6%. En el extremo opuesto, las industrias extractivas y el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero fueron los que menos aportaron, con un 0,5% y un 1,0% del total, respectivamente.

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(El Economista, 19-11-2024) | Fiscal

Hacienda endurece la deducción del IVA de los coches de empresa

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha endurecido los requisitos para la deducción del IVA en la compra o alquiler de vehículos de empresa, exigiendo a las compañías pruebas claras sobre su uso. El TEAC ha establecido que las empresas deberán demostrar de forma "fehaciente" ante la Agencia Tributaria que los vehículos adquiridos o arrendados (a través de renting o leasing) para directivos o empleados son utilizados con fines empresariales o profesionales. En caso contrario, no se permitirá la deducción del 50% del IVA asociado a estas operaciones. En tres resoluciones recientes, dos del 27 de septiembre y una del 18 de octubre, el TEAC determinó que las empresas están en mejor posición para probar el uso profesional de los vehículos, ya que pueden justificar para qué se utilizan. Por su parte, la Administración, ante la falta de pruebas por parte de las compañías, debe recurrir a indicios que respalden la conclusión de que los vehículos no se destinan a actividades empresariales. El TEAC subraya que es responsabilidad del contribuyente demostrar que el vehículo está afecto a la actividad económica para poder deducir el IVA soportado. Además, aclara que si se prueba que los vehículos cedidos a socios, administradores, directivos o empleados tienen un uso empresarial, aunque sea mínimo, se podrá deducir el 50% del IVA. Esta postura sigue la doctrina del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 10 de julio de 2018 reconoció el derecho a deducir el IVA incluso cuando el uso empresarial del bien no sea exclusivo ni predominantemente significativo. En una resolución específica del 18 de octubre, el TEAC se pronunció sobre un conflicto entre una empresa y Hacienda, en el que esta última había denegado la deducción del 50% del IVA de un coche cedido a un socio. Hacienda argumentó que los usuarios del vehículo eran dos socios indirectos y un administrador que no percibían retribuciones de la empresa, por lo que consideraba que el uso del coche estaba relacionado con fines personales y no profesionales. La compañía alegó, en su defensa, que los socios disponían de sus propios vehículos, que realizaban labores de dirección o gerencia a través de empresas vinculadas que les retribuían, y que los coches también eran utilizados por empleados. No obstante, el TEAC desestimó estos argumentos al considerar que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran la relación de los vehículos con la actividad profesional, basándose únicamente en declaraciones sin sustento documental. Por ello, respaldó los indicios recabados por Hacienda que concluían que los vehículos no estaban destinados a uso empresarial y ratificó la denegación de la deducción.

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