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(Expansión, 12-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba la ley que prohíbe beber y vender alcohol en colegios e institutos y otros lugares con menores

El Ministerio de Sanidad ha presentado esta semana ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley sobre el consumo de bebidas alcohólicas en menores, que introduce restricciones en la publicidad, comercialización y exposición de estos productos. La normativa entrará en vigor un año después de su publicación y no tendrá efectos retroactivos. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que prohíbe la venta y consumo de alcohol en centros educativos, instalaciones deportivas y espacios de ocio donde la mayoría de los asistentes sean menores. Asimismo, la norma impide la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas en un radio de 150 metros de estos lugares. La legislación establece limitaciones en cuanto a los espacios donde se puede consumir alcohol, así como en la publicidad, promoción y distribución del mismo. Se prohíbe la presencia de anuncios de bebidas alcohólicas en la vía pública dentro de un perímetro de 150 metros de colegios, centros sanitarios, servicios sociales y parques infantiles. También se restringe el patrocinio de marcas en elementos de mobiliario urbano de hostelería, como sillas, mesas, sombrillas o servilleteros. Además, la futura ley impide el consumo de alcohol en centros docentes (excepto universidades), instituciones de protección de menores, residencias estudiantiles que admitan menores, así como en recintos deportivos, espacios de ocio o espectáculos dirigidos específicamente a este público. El anteproyecto de ley tiene como propósito establecer un marco integral de protección para la salud de los menores y fomentar un consumo más responsable en la sociedad. El texto, presentado el pasado 30 de julio y sometido a audiencia pública en agosto, impone obligaciones a las administraciones públicas en ámbitos como educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial y el entorno familiar y laboral. Dentro de las excepciones establecidas en la normativa, se permitirá la publicidad de bebidas fermentadas con una graduación inferior al 0,5% de alcohol en los espacios donde rige la restricción de 150 metros. Esta medida supone una modificación respecto al borrador inicial, que incluía en la prohibición a las cervezas sin alcohol. El texto también contempla la prohibición del consumo de alcohol en centros educativos, instalaciones de protección de menores y residencias estudiantiles que alberguen a jóvenes, así como en cualquier recinto deportivo, de ocio o de espectáculos cuando las actividades estén dirigidas expresamente a menores. Tras ser aprobado en segunda instancia por el Consejo de Ministros, el proyecto de ley deberá iniciar su trámite parlamentario. Su objetivo es unificar normativas dispersas y armonizar las regulaciones ya existentes en comunidades autónomas y ayuntamientos para combatir el consumo de alcohol en menores o, al menos, retrasar la edad de inicio. Entre otras medidas, la legislación también prohíbe cualquier tipo de publicidad, ya sea directa, indirecta o encubierta, de productos que imiten bebidas alcohólicas. Asimismo, se veta el uso de imágenes o voces de menores de 21 años, de adultos caracterizados como niños, de mujeres embarazadas o de personajes reales o ficticios con influencia en la población juvenil. Además, se exigirá que las máquinas expendedoras incorporen mecanismos para verificar la mayoría de edad, como ocurre con las de tabaco. La normativa otorgará a las fuerzas de seguridad la facultad de realizar pruebas de alcoholemia en lugares donde el consumo de alcohol esté prohibido. También permitirá sustituir las sanciones leves por la participación en programas de concienciación. "La ciencia es clara: no existe una cantidad de alcohol segura que no tenga efectos negativos en la salud. Es momento de desmontar el mito de que el consumo moderado puede tener beneficios", ha enfatizado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. El alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida por los estudiantes de entre 14 y 18 años. En 2023, el 75,9% de los adolescentes reconoció haber bebido alguna vez en su vida, el 73,6% en el último año y el 56,6% en el último mes. Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), la edad promedio de inicio en el consumo de alcohol en España es de 14 años. Además, la percepción de facilidad para acceder a estas bebidas entre los jóvenes es considerablemente alta.

(Expansión, 12-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump abre la puerta a suspender los aranceles a Canadá y descarta una recesión en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó este martes abierta la puerta a suspender los aranceles adicionales al acero y aluminio de Canadá que horas antes había anunciado a raíz de que el jefe de gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, anunciara un aumento del 25% en el precio de la electricidad que suministra a EEUU. "Había un señor muy fuerte en Canadá que dijo que iba a imponer impuestos y costes a la electricidad de Estados Unidos y hemos sido informado hace poco de que no lo va a hacer", indicó Trump, quién dijo que "probablemente" reconsiderará esos nuevos aranceles en represalia que anunció unas horas antes. El jefe de Gobierno de la provincia de Ontario anunció poco antes que suspende temporalmente la decisión de encarecer un 25% la electricidad que suministra a Estados Unidos después de que, según él, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, haya decidido retomar el diálogo. Ford dijo que él y Lutnick tuvieron hoy por la mañana "una conversación productiva sobre la relación económica entre Estados Unidos y Canadá". El lunes el jefe de Gobierno de Ontario había apuntado que se vio obligado a encarecer la electricidad suministrada en respuesta a las políticas de Trump. La medida suspendida ahora temporalmente iba a permitir a Ontario recaudar entre 300.000 y 400.000 dólares canadienses (207.000 y 277.000 dólares estadounidenses) adicionales al día y Ford explicó que podría aumentar más el precio si Trump incrementa los aranceles contra Canadá. Ontario es la provincia más poblada de Canadá y el centro del sector manufacturero (concentra todas las plantas de montaje de automóviles de Canadá) y adoptó represalias contra productos estadounidenses independientemente de las decididas por el Ejecutivo federal. Por otra parte, Donald Trump descartó este martes que Estados Unidos vaya a entrar en recesión y aseguró que, por el contrario, "va a experimentar un gran auge". "No lo veo en absoluto. Creo que este país va a experimentar un gran auge", afirmó Trump al ser preguntado por una periodista en la Casa Blanca sobre la posibilidad de una recesión económica. Sus declaraciones contrastan con las que hizo en una entrevista emitida el domingo por la cadena Fox News, en la que evitó prever si sus medidas económicas (centradas hasta ahora en una oleada de anuncios sobre aranceles) derivarán o no en una recesión, lo que generó nerviosismo en los mercados y provocó la caída bursátil del lunes. Además, Trump restó importancia a ese desplome, el mayor registrado desde su regreso al poder el pasado 20 de enero, al afirmar que es algo normal porque los mercados experimentan altibajos. "Van a tener caídas y los mercados van a subir y bajar. Pero ¿saben qué? Tenemos que reconstruir nuestro país", afirmó el mandatario. Trump defendió que durante su primer mandato (2017-2021) la economía estadounidense estaba en buena forma, a pesar de que en su última etapa sufrió graves estragos por la pandemia, y culpó a su sucesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025), del actual contexto inflacionario. "Biden nos dejó una economía horrible. Nos dejó una inflación terrible, y creo que el mercado iba muy, muy mal", arremetió. El mandatario hizo esas declaraciones mientras, junto al magnate Elon Musk, supervisaba cinco vehículos eléctricos de Tesla -incluido un Cybertruck- en los jardines de la Casa Blanca. Trump ha expresado su intención de comprar uno de esos vehículos para mostrar su apoyo a Musk, después de que las acciones de Tesla hayan perdido más del 50% de su valor desde su pico de diciembre debido a la oposición que han mostrado algunos clientes a la labor del consejero delegado en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés).

(Expansión, 12-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La creación de empresas vuelve a terreno negativo en enero

El número de nuevas sociedades mercantiles registró un ligero descenso del 0,4% en enero en comparación con el mismo mes de 2024, con un total de 10.677 empresas creadas. Este retroceso supone un retorno a tasas negativas tras seis meses consecutivos de crecimiento en la creación de empresas. Para la constitución de estas 10.677 nuevas sociedades, se suscribieron más de 505 millones de euros, lo que representa una caída del 44,6% respecto a enero de 2024. Además, el capital medio suscrito se situó en 47.326 euros, experimentando un desplome del 44,4%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En cuanto a la disolución de empresas, esta se redujo un 0,8% en términos interanuales, con un total de 3.907 sociedades desaparecidas en enero. Esto equivale al cierre de 126 empresas por día durante el mes. Del total de empresas disueltas, el 88,5% cesaron su actividad de manera voluntaria, mientras que el 7,7% lo hizo tras fusionarse con otra sociedad. Por sectores, el 18,5% de las sociedades mercantiles creadas en enero pertenecían a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros, mientras que el 17,1% se dedicaba al comercio. En el caso de las empresas disueltas, el 20,5% operaba en el sector comercial y el 16% en el de la construcción. Por otro lado, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 0,7% interanual en enero, alcanzando las 3.661 empresas. El capital suscrito en estas ampliaciones superó los 2.986 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,5% respecto al mismo mes de 2024. Además, el capital medio suscrito ascendió a 815.711 euros, un 9,7% más. En términos mensuales (enero de 2025 frente a diciembre de 2024), la creación de empresas creció un 13,1%, mientras que las disoluciones aumentaron un 20,5%. A nivel territorial, las comunidades autónomas con mayor número de empresas creadas en enero fueron Madrid (2.286 sociedades), Cataluña (2.124) y Andalucía (1.864). En contraste, las regiones con menor actividad en la constitución de sociedades fueron La Rioja (31), Cantabria (103) y Navarra (109). Nueve comunidades registraron un aumento en la creación de empresas respecto al año anterior, destacando Cantabria (+43,1%) y Canarias (+26,5%), que fueron las únicas con incrementos de dos dígitos. En cambio, ocho comunidades experimentaron caídas interanuales, siendo las más pronunciadas en Baleares (-24,1%), Murcia (-16,9%), La Rioja (-13,9%), Castilla-La Mancha (-12,6%) y Navarra (-10,7%), todas con descensos de doble dígito.

(Expansión,11-03-2025) | Fiscal

El PP lleva al Congreso una moción contra el "infierno fiscal" del Gobierno

El Partido Popular vuelve a arremeter contra el Gobierno con su crítica a la política fiscal. El principal partido de la oposición ha llevado al Congreso de los Diputados una moción en la que denuncia el "infierno fiscal" al que, según sostiene, están siendo sometidos los ciudadanos. En ella, solicita el respaldo del Parlamento a una serie de medidas alternativas para revertir esta situación. La propuesta, que será debatida entre hoy y mañana y votada el jueves, plantea restablecer las rebajas fiscales en alimentos y energía, ajustar el IRPF a la inflación, eximir del Impuesto sobre la Renta a quienes perciben el salario mínimo y reforzar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El documento, presentado por el portavoz del PP, Miguel Tellado, acusa a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de "negar la realidad" reflejada en los datos de la Agencia Tributaria, Eurostat y el Banco de España sobre la política fiscal del Ejecutivo socialista en los últimos seis años y medio. En particular, el PP critica que Montero rechace la idea de un aumento de la presión fiscal en España, cuando Eurostat indica que la recaudación tributaria y las cotizaciones sociales han pasado del 35,2% del PIB en 2018 al 37% en 2023, un incremento de 1,8 puntos. Aunque este porcentaje sigue por debajo del 40% de media en la Unión Europea, el dato contrasta con la reducción de 1,1 puntos registrada en el conjunto de la UE. Asimismo, el PP se apoya en estudios del Instituto Juan de Mariana para acusar al Gobierno de haber llevado a cabo 97 subidas de impuestos desde 2018, aunque el Ministerio de Hacienda desacredita este cálculo al considerar que incluye actualizaciones catastrales y tributos municipales opcionales, como la Plusvalía. La oposición también critica la decisión del Ejecutivo de eliminar la reducción temporal del IVA en los alimentos básicos, aplicada hasta enero. Otro de los puntos clave de la moción se centra en el IRPF. El PP denuncia que la negativa del Gobierno a ajustar este impuesto a la inflación ha provocado un aumento del tipo medio efectivo, que ha pasado del 12,8% en 2019 al 14,7% en 2023, lo que ha supuesto un coste de 11.000 millones de euros para los contribuyentes debido a la "progresividad en frío". Además, el partido critica que Hacienda haya comenzado a aplicar el Impuesto sobre la Renta a los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tras su última subida. Según los cálculos del PP, de los 914 euros adicionales que costará cada trabajador con SMI a las empresas en 2024, solo 354 euros llegarán al asalariado, mientras que el Estado retendrá 560 euros, un 61% del incremento. Ante esta situación, el PP ha registrado una moción consecuencia de interpelación urgente, instando al Congreso a exigir al Gobierno la aplicación de diversas reducciones fiscales. En primer lugar, el PP solicita que se recupere la rebaja del IVA de los alimentos básicos al 2% hasta finales de 2025. De este modo, se retomaría la reducción aplicada en el último trimestre de 2024, cuando la tasa pasó del 0% al 2% antes de regresar al tipo superreducido del 4%. La medida abarcaría productos como el pan común, harinas panificables, leche de origen animal, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. Asimismo, el partido aboga por reinstaurar medidas fiscales que reduzcan el coste de la electricidad, incluyendo la rebaja del IVA en la electricidad y el gas, así como la neutralización del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, estableciendo un tipo del 0% mientras el sistema eléctrico no incurra en déficit de tarifa. En cuanto al IRPF, el PP propone ajustarlo a la inflación para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Para ello, plantea la modificación de al menos los tres primeros tramos del impuesto, así como la actualización de los mínimos personales y deducciones vinculadas a circunstancias familiares y personales, siguiendo el modelo aplicado en las comunidades autónomas gobernadas por el partido. Además, la moción sugiere elevar el mínimo exento del IRPF y modificar las retenciones para garantizar que los trabajadores que perciban el SMI, fijado en 16.576 euros brutos anuales, queden exentos de tributar por este concepto. Por último, el PP insta al Gobierno a aprobar un nuevo Real Decreto-Ley que garantice las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, permitiéndoles planificar de manera adecuada la prestación de servicios públicos. El partido recalca que esta medida debe tramitarse de forma independiente y no incluirse en un paquete legislativo con otras cuestiones, como ocurrió con la propuesta gubernamental que fue rechazada en el Congreso con el voto en contra del PP.

(El Economista, 11-03-2025) | Fiscal

Las empresas plantan cara a Hacienda y recurren las trabas para compensar pérdidas

Los grupos consolidados han decidido enfrentarse a Hacienda y han comenzado a impugnar las restricciones impuestas para compensar en el Impuesto de Sociedades las pérdidas de sus filiales. Una sentencia desfavorable para la Agencia Tributaria podría traducirse en un impacto significativo para las arcas públicas, con devoluciones a las empresas que superarían los 3.000 millones de euros, lo que equivale a aproximadamente 1.000 millones por cada año en que la medida ha estado vigente. Expertos en fiscalidad consultados por elEconomista.es coinciden en señalar que las compañías están presentando numerosos recursos contra estos límites, argumentando que vulneran el principio constitucional de capacidad económica. Según esta interpretación, Hacienda estaría gravando ingresos inexistentes con el único fin de aumentar la recaudación. Jaime Gordillo, experto en Fiscalidad de Eversheds Sutherland, señala que varias empresas ya han recurrido esta medida y otras están valorando hacerlo. La razón, explica, radica en que el artículo 56 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades considera al grupo fiscal como un único contribuyente, por lo que la limitación en la compensación de pérdidas altera el principio de capacidad económica, generando una carga tributaria superior a la real. El Gobierno introdujo por primera vez este límite del 50% para la compensación de pérdidas de grupos consolidados en la Ley de diciembre de 2022, la misma que instauró los impuestos extraordinarios a la banca, las energéticas y las grandes fortunas. Gracias a esta restricción, la Agencia Tributaria logró recaudar 1.098 millones de euros adicionales en 2023, según el Informe de Recaudación de ese año. En diciembre de 2024, con la aprobación del impuesto mínimo global del 15% para las grandes empresas, el Ejecutivo decidió prorrogar estos límites a la compensación de pérdidas para los ejercicios 2024 y 2025. Con esta normativa, los grupos consolidados, independientemente de su tamaño o volumen de facturación, deben declarar en el Impuesto de Sociedades la totalidad de las ganancias de sus filiales, pero solo pueden deducir la mitad de sus pérdidas. Por ejemplo, si un grupo empresarial cuenta con una filial que obtiene beneficios de 200.000 euros y otra que registra pérdidas de 100.000 euros, solo podrá compensar el 50% de estas últimas. En consecuencia, tributará sobre 150.000 euros en lugar de 100.000 euros. Como novedad para 2024 y 2025, el 50% de las pérdidas no compensadas podrá aplicarse en los diez años siguientes, distribuyéndolas equitativamente. Así, siguiendo el mismo ejemplo, los 50.000 euros no deducidos podrán compensarse en cuotas anuales de 5.000 euros durante una década, comenzando en 2025 si la limitación se aplicó en 2024, y en 2026 si la restricción se impuso en 2025. Hasta el momento, los recursos presentados por las empresas se encuentran en fase administrativa y aún no han sido elevados a los tribunales. Los casos más avanzados están en proceso de revisión por los tribunales económico-administrativos regionales, aunque se espera que eventualmente lleguen al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y, posteriormente, a la vía judicial.

(Expansión,11-03-2025) | Laboral

Un tercio de las empresas frena contrataciones o despide pro la subida del SMI estos años según el Banco de España

Mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostiene que las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) no afectan al empleo, una parte considerable del tejido empresarial español, compuesto en su mayoría por pymes, discrepa y advierte de las consecuencias de estos aumentos. Según argumentan, el incremento del SMI, que ha crecido más de un 60% desde 2018, no solo repercute en la contratación y el mantenimiento de puestos de trabajo, sino que también influye en los precios de venta y, en consecuencia, en la inflación, ya que las empresas intentan mitigar la reducción de sus márgenes de beneficio. Así lo refleja la última encuesta del Banco de España sobre la evolución de la actividad empresarial en el primer trimestre del año. Según el estudio, casi un tercio de las cerca de 7.000 empresas encuestadas ha tenido que limitar la contratación de nuevos empleados o recurrir a despidos debido a las subidas del SMI desde 2019. En concreto, un 21% de las compañías ha reducido significativamente sus contrataciones, mientras que un 10,1% ha optado por ajustar su plantilla mediante despidos. Esto pone de manifiesto que los continuos incrementos del salario mínimo, que ha pasado de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025 y que en los últimos años no han contado con el respaldo de las organizaciones empresariales, han generado un impacto en una parte del sector productivo. Muchas empresas no solo han reducido su capacidad de contratación o han despedido trabajadores, sino que también han visto disminuidos sus márgenes de beneficio. Según la encuesta, el 32% de las empresas atribuye la reducción de sus márgenes a las subidas del SMI, lo que ha llevado al 26% a trasladar estos costes a sus precios de venta, en un momento en que el contexto internacional, marcado por la guerra arancelaria impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, reaviva el temor a una crisis inflacionaria. En este escenario, el 58% de las empresas encuestadas prevé incrementar los precios de sus productos en los próximos doce meses, lo que representa un aumento de casi seis puntos respecto al sondeo anterior. Tanto en la industria como en el sector servicios se espera un repunte de la presión inflacionaria, derivada del alza en los precios de venta y en los costes de producción. De hecho, el 70,2% de las compañías estima que sus costes aumentarán en el próximo año, mientras que el 76,6% anticipa un encarecimiento de los costes laborales. A pesar de que el 76% de las empresas declara que menos del 10% de sus trabajadores percibe el SMI, el 24% restante representa una parte significativa del tejido empresarial. Dentro de este grupo, un 13% indica que el salario mínimo afecta entre el 10% y el 50% de su plantilla, mientras que un 11% señala que el impacto es elevado, ya que más de la mitad de sus empleados lo perciben. En estas empresas, los efectos de las subidas del SMI son más evidentes: el 43% de aquellas donde su incidencia es alta ha reducido sus contrataciones. A las crecientes cargas laborales se suma la preocupación por el encarecimiento de la energía, lo que incrementa los costes de producción. Asimismo, la incertidumbre sobre la política económica sigue siendo el principal factor que condiciona la actividad empresarial, afectando negativamente al 51% de las compañías, según el informe. Si bien esta inquietud es generalizada en los distintos sectores, las empresas industriales y comerciales son las más afectadas, con un 61% y 60% respectivamente, frente al 41% de las firmas de actividades profesionales y el 36% de las dedicadas al ocio. A pesar de estos desafíos, las empresas prevén una mejora significativa de su facturación en el segundo trimestre de este año, con un crecimiento superior al registrado en el mismo periodo de 2024. Además, el impacto del encarecimiento de los gastos financieros sigue reduciéndose, favorecido por la gradual relajación de la política monetaria del Banco Central Europeo.

(El País, 11-03-2025) | Laboral

Los costes salariales se moderan y vuelven a quedar por debajo de la inflación

El incremento de los costes laborales en las empresas se desacelera. Según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicado este lunes por el INE, el coste por hora efectiva de trabajo aumentó un 2,3% en el último trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se trata de un crecimiento más moderado que en años recientes, cuando la negociación colectiva impulsó importantes subidas salariales debido al impacto de la inflación. A pesar de estos aumentos, los salarios siguen perdiendo terreno frente al encarecimiento de los precios. El análisis detallado del informe revela que el coste salarial por hora efectiva subió un 2,2%, mientras que al excluir pagos extraordinarios y atrasos el incremento fue del 2,7%, y por otros conceptos alcanzó el 2,6%. Estos valores en conjunto explican la subida global del 2,3%. Por su parte, la inflación cerró 2024 en un 2,8%, ligeramente por encima del crecimiento del coste laboral. En trimestres anteriores, los salarios crecieron a un ritmo superior al de los precios, lo que permitió una leve recuperación del poder adquisitivo. No obstante, esta mejora es insuficiente para compensar la pérdida sufrida en los peores momentos de la inflación en 2022. El alza de los precios comenzó en 2021 debido a la crisis en las cadenas de suministro, y se agravó en 2022 con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que disparó los costes energéticos e introdujo incertidumbre en la economía global. En aquel momento, la inflación en España alcanzó un promedio anual del 8,4%, mientras que los salarios solo crecieron entre un 3% y un 4%, lo que provocó una notable pérdida de poder adquisitivo. A pesar del repunte salarial registrado desde entonces, impulsado en gran parte por el acuerdo entre sindicatos y empresarios en 2023, la recuperación aún está lejos de equilibrar el impacto de la inflación pasada. El coste laboral acumula 14 trimestres consecutivos al alza respecto al mismo periodo del año anterior, en un contexto de persistentes subidas de precios. La mayor variación se registró en el primer trimestre de 2024, con un incremento del 7,6% respecto al mismo trimestre de 2023. Desde entonces, la evolución ha sido más irregular: un aumento del 1,8% en el segundo trimestre, un 5,4% en el tercero y ahora el 2,3% en el cuarto. El ICLA es un índice que establece un punto de referencia (equivalente a 100) y mide la evolución desde entonces. Tomando como base los costes salariales de 2020, el índice ha ascendido hasta 118,4, su nivel más alto hasta la fecha. El coste salarial total ha crecido aún más, alcanzando un valor de 120, lo que supone un máximo histórico. Esta estadística es de gran interés para las empresas, ya que permite evaluar el encarecimiento del factor trabajo en su conjunto, incluyendo impuestos, cotizaciones sociales y otros gastos asociados. Por sectores, los mayores incrementos en el coste laboral por hora efectiva de trabajo se registraron en actividades financieras (+6,1% en comparación con el último trimestre de 2023), actividades artísticas (+4,6%) e industrias extractivas (+4,4%). En cuanto al coste salarial, el sector financiero lidera el aumento con un 6,8%. En contraste, el encarecimiento del factor trabajo ha sido menor en educación (+1,3%) y administración pública (+0,5%), mientras que en la construcción incluso se ha reducido ligeramente (-0,3%).

(El País, 11-03-2025) | Laboral

Las retribuciones de los nuevos convenios colectivos firmados han crecido un 3% hasta febrero

Este lunes también se ha dado a conocer la estadística de convenios colectivos, elaborada por el Ministerio de Trabajo. Según este informe, que analiza la evolución salarial en 2.212 convenios, los sueldos han aumentado un 3% hasta febrero en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento es muy similar al registrado en febrero del año pasado, cuando se situó en un 2,85%. Es importante destacar que este indicador solo refleja la evolución de los salarios incluidos en convenios colectivos, lo que no representa la totalidad de la población asalariada. En la actualidad, la estadística recoge información de 6,6 millones de trabajadores del sector privado, mientras que el número total de empleados por cuenta ajena en empresas ronda los 15 millones. Por otro lado, los convenios firmados en lo que va de 2025 contemplan aumentos salariales del 3,44%, un nivel ligeramente superior al de los acuerdos anteriores que aún tienen efectos económicos, lo que sitúa la media general en el 3,03%. Como es habitual, las subidas son mayores en los convenios de ámbito provincial, autonómico o estatal (3,05%) que en los de empresa (2,74%). La estadística también ofrece datos sobre el tiempo de trabajo pactado, un aspecto relevante en el contexto del intento del Gobierno por reducir la jornada laboral. Según los datos de febrero, el promedio anual de horas pactadas se sitúa en 1.753,35, lo que equivale a una jornada semanal de 38,4 horas. Esta cifra es ligeramente inferior a la de febrero del año anterior, cuando alcanzaba las 38,6 horas. El informe del ministerio también desglosa la distribución de los trabajadores según el tipo de jornada. En febrero, el 12,15% de aquellos incluidos en la estadística tenían una jornada pactada inferior a 37,5 horas semanales. Este porcentaje no contempla a los empleados públicos, que generalmente no se incluyen en los convenios colectivos. Además, el 31,4% trabaja entre 37,5 y 38,5 horas; el 49,1% entre 38,5 y 39,5 horas; y el 7,4% supera las 39,5 horas semanales. En el ámbito legislativo, el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada volverá próximamente al Consejo de Ministros para una segunda aprobación antes de someterse a votación en el Parlamento. Para que la medida salga adelante, el Ejecutivo necesita el respaldo del PNV y de toda la izquierda, que en principio están a favor, así como el apoyo de Junts o del PP. Sin embargo, ambos partidos expresaron su rechazo la semana pasada en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados. No obstante, aunque Junts se mostró crítico con la propuesta, dejó abierta la posibilidad de reconsiderar su postura en el futuro.

(El Economista, 11-03-2025) | Laboral

Cuerva da marcha atrás en la reforma del voto tras sus dudas sobre la Asamblea de Cepyme

El presidente de Cepyme ha convocado para este martes al Comité Ejecutivo y a la Junta de la organización con el objetivo de debatir su decisión de paralizar la reforma del sistema de votación dentro de la patronal. Dicha reforma tenía como propósito limitar o incluso eliminar la delegación ilimitada de votos. Según fuentes empresariales, la principal razón detrás de la decisión de Cuerva radica en la incertidumbre sobre la postura que adoptará la Asamblea, el tercer pilar de gobierno de Cepyme, ante esta cuestión. Existe un riesgo significativo de que este órgano rechace la propuesta. En las últimas semanas, se ha evidenciado que la opinión de la Asamblea es imprescindible para una reforma de tal envergadura, ya que afecta directamente a cómo votarán sus aproximadamente 451 integrantes en las elecciones de la patronal. Se espera que en breve se confirme la fecha en la que se celebrarán dichos comicios, en un contexto de creciente tensión entre Cuerva y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien respalda la candidatura de la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. Los informes jurídicos encargados por el equipo de Cuerva para avalar su propuesta dejan claro que la Asamblea debe ratificar cualquier cambio en el sistema de votación. Esto significa que la aprobación que obtuvo la iniciativa en la Junta de Cepyme el mes pasado no es suficiente para garantizar su aplicación. En su momento, ese respaldo fue interpretado como un triunfo de Cuerva sobre los partidarios de Garamendi. Sin embargo, un reciente informe elaborado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, aunque apoya la eliminación de la delegación ilimitada de votos, también señala que cualquier modificación debe contar con la validación de la Asamblea para que tenga efectos definitivos. En caso contrario, la reforma podría ser impugnada legalmente. Este escenario plantea un dilema para Garamendi, ya que, aunque cuenta con apoyos en la Asamblea, convocar a este órgano tan cerca de las elecciones de la patronal implica un riesgo significativo. La votación de sus 451 miembros podría anticipar el resultado electoral, favoreciendo a Cuerva o a la candidata de CEOE, Ángela de Miguel. El desafío es tal que una eventual derrota de Cuerva en la Asamblea podría interpretarse como un revés definitivo para su reelección al frente de Cepyme. Por otro lado, los delegados también enfrentan una situación comprometida, ya que muchos de ellos dependen de CEOE en aspectos clave, como la financiación que reciben.

(El Economista, 11-03-2025) | Laboral

CSIF anuncia movilizaciones desde el 19 de marzo para exigir al Gobierno la subida salarial de los funcionarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado, mediante un comunicado, el inicio de movilizaciones a partir del 19 de marzo para exigir al Gobierno la negociación de una mejora salarial para los empleados públicos. En este sentido, el sindicato ha informado que la primera concentración tendrá lugar frente al Ministerio de Hacienda en Madrid, con la previsión de extender las protestas en próximas fechas a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en todo el país. Entre sus principales reivindicaciones se encuentran la negociación de un nuevo acuerdo retributivo, la equiparación salarial y la eliminación de la tasa de reposición en la oferta de empleo público. "Nos preocupa profundamente la incapacidad del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la demora en las reformas de Función Pública, Sanidad y Educación, entre otros sectores. Exigimos la convocatoria de la Mesa General de las Administraciones Públicas", advierten desde CSIF. En concreto, el sindicato reclama al Ejecutivo: La negociación de un nuevo acuerdo salarial, dado que el anterior finalizó el 31 de diciembre. CSIF demanda que las subidas salariales sean automáticas cada año, al igual que ocurre con las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional. La recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, incluyendo el pago íntegro de la paga extra. Una nueva oferta de empleo público para 2025 sin la restricción de la tasa de reposición. Evaluación del plan de estabilización de plazas de personal interino, garantizando que el porcentaje de estos trabajadores no supere el 8% del total a finales de año. Implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en todo el país, así como el desarrollo de la carrera profesional en todas las administraciones y la regulación del teletrabajo. Igualdad salarial entre empleados públicos de distintas administraciones. Mejoras en las condiciones de jubilación y aprobación inmediata de la normativa que permita a funcionarios y personal estatutario acceder a la jubilación parcial, son otros puntos reclamados

El Gobierno aprueba la ley que prohíbe beber y vender alcohol en colegios e institutos y otros lugares con menores

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CSIF anuncia movilizaciones desde el 19 de marzo para exigir al Gobierno la subida salarial de los funcionarios

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